Desde la tribuna: la gestión legislativa

Ha resultado sorprendente el llamamiento del candidato Araya a los diputados electos del PLN, en el sentido de entregar el control de la futura Asamblea Legislativa al PAC. Ello deviene grotesco y hasta repugnante, pues el PLN cuenta con una tercera parte de los diputados electos (será la fracción más grande), en tanto el PAC ni siquiera completa una cuarta parte del futuro congreso.

Cuando en 1966 el PLN perdió la elección presidencial, viendo que había obtenido mayoría legislativa acuñó la frase de “gobernaremos desde el Congreso”.  Ahora no hay ningún gesto de gallardía ni nada parecido. No debe olvidarse que dicho período, si bien incómodo para el Poder Ejecutivo, se caracterizó por una gran labor de control político por parte del Legislativo y por un funcionamiento interesante de las previsiones constitucionales.

Se atribuye a don José Joaquín Trejos (Presidente 1966-1970) haber expresado que la furiosa oposición del PLN y la constante llamada a seguir la normativa constitucional especialmente en cuanto al tema presupuestario, más bien le había “facilitado” hacer bien las cosas.  Ello por cuanto el celo por las normas constitucionales por parte del PLN  (en su papel de oposición) le facilitaba lidiar con la presión por aumentar el gasto público.

En el juego democrático y en los organismos colegiados integrados por elecciones, se espera que haya contradictorio, discusión, representación de intereses contrapuestos, deliberación y los roles propios de organismos parlamentarios. No es parte del juego entregarse, rendirse, callarse, ceder ante los demás ni tampoco hay regla alguna de la que se pueda deducir que hay que entregar el control del parlamento a quien presuntamente gane la elección presidencial.

Ello no solo es repugnante sino poco republicano. No encuentro cómo podría justificarse tan complicado entuerto. Por tal motivo, es menester recordar que el Poder Legislativo es un poder diferente del Ejecutivo.  Ambos órganos constitucionales forman parte del gobierno (por ello es un yerro mayúsculo reservar la expresión “gobierno” para el Ejecutivo, yerro en el que incurren constantemente comunicadores y algunos políticos).  Del texto constitucional y de la doctrina y discusiones constitucionales se deriva que el Legislativo es predominante y control del Ejecutivo y su posición constitucional es similar a la de una Junta Directiva o una Asamblea sobre un Gerente.  En el sistema de frenos y contrapesos se prevén mecanismos de compensación, como por ejemplo la posibilidad de los vetos y la capacidad para convocar sesiones extraordinarias y la de presentar proyectos de ley.    Este es el instrumento preciso de ejercicio de las relaciones entre los órganos desde la perspectiva del Ejecutivo.

Un buen ministro de la Presidencia (o de cualquier ramo) tiene la posibilidad de mejorar el posicionamiento de su gestión a través de sus relaciones personales, de su habilidad política y de su aceptación en la Asamblea y entre los diputados.  Sin embargo, bajo ningún concepto podrá entender el Ejecutivo que tiene prelación sobre el Legislativo, que deba deducirse que el Presidente de la Asamblea y el Directorio deban seguir el plan o color del Ejecutivo o que el ganar el Ejecutivo da peso moral para tomar el Legislativo.  

La organización constitucional asume el principio de la división de poderes.  Las normas constitucionales favorecen el funcionamiento de los frenos y contrapesos.  El Derecho Constitucional resguarda los derechos ciudadanos y de su tutela se favorece el funcionamiento de los órganos constitucionales en un plan y dinámica muy diferente al torpe deseo del frustrado candidato del PLN.  

Para los principios republicanos y nuestra doctrina constitucional es fundamental que se evite la concentración de poder.  Por tal razón, no entiendo cómo razona el entregado candidato, pues –aparte de lo que se pueda decir de su “renuncia” o posición “pasiva”, tan discutible y poco encomiable- su propuesta es por una extraña concentración de poderes.

Algunos medios y comunicadores han salido a alabar la “renuncia” y la entrega  (no estamos hablando de una canción).  ¡Qué tentación la de algunos comunicadores!    De alguna manera están sobrepasando su función, que habría de ser más crítica y menos cortesana.  Ya en el pasado hubo un comunicador que se entregó (también) al famoso pacto “Figueres-Calderón” y, escondiendo al principio que había sido uno de sus redactores, apareció en su espacio haciendo alarde de sorpresa y brinco en los ojos ante el pacto de los hijos de los caudillos. En la actualidad parece que algunos comunicadores medio responsables de la renuncia, también quieren tener crédito en la entrega.  

Mal servicio para la democracia.  No se trata de que se las fuerzas políticas no se puedan poner de acuerdo.  Ello podría ser resultado de discusiones o posiciones bien establecidas, cantadas y determinadas.  Pero no de una entrega incondicional precedida de una renuncia con atisbos de inconstitucionalidad.  

Gran servicio hace a la Patria el diputado que pelea por lo que quiere, que busca el posicionamiento de sus ideas e intereses, que busca el mejor desempeño de sus fuerzas y partido.  Mal ha terminado siempre el pacto de entrega, silencio y “dejar hacer y pasar”.  Es bueno dar libertad a los ciudadanos, pero no a los contrincantes políticos.  El mejor favor es vigilarlo, complicarle sus pretensiones, obligarlo a luchar y explicar, a obtener los votos y a sopesar su situación.

¿Cómo es que el entregado candidato quiere regalar lo que el pueblo de Costa Rica no eligió, ni votó, ni ofreció ni regaló?  Cosa rara, singular y desatinada. El electorado hizo perder a todos.  El sistema no deja la Presidencia vacante sino que obliga a decidir entre los menos desfavorecidos.  ¡Ah!  Pero el asustado candidato ahora pretende dar control y directorio a quien el pueblo no dio siquiera una cuarta parte de los diputados.  

Se espera que en el Parlamento haya al menos deliberación, presentación de proyectos (de gobierno), exhibición de argumentos y uso de la palabra.  No que haya un grupo de entregados …  el rol de la oposición es oponerse, el rol de los que tienen más número es intentar ganar las votaciones, el rol de quienes hablan es intentar convencer, exhibir, criticar y cuestionar.  La entrega tan poco digna es reprobable y va contra la línea de los papeles que han de hacerse en el Congreso.  Es peor que ser tureca.  Aparte de mostrar poco entendimiento constitucional, jurídico, político, histórico y parlamentario, tal propuesta carece de sentido lógico y de valor.

En los organismos colegiados se espera la deliberación y discusión.  En las oposiciones se espera el contradictorio.  Eludirlo es traicionar los principios mismos de tal integración.  La Constitución no prevé dictadura, monarquía, tiranía o concentración del poder.  ¡Todo lo contrario!   

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: picadillo legislativo

Desde la perspectiva de la libertad, ¿hay alguna interpretación del resultado electoral de febrero de 2014? Insisto en que no hay que echarse a morir por los números finales. Hay que intentar comprender la voluntad del electorado. El mayor número se quedó sin votar (30%), ¡ese fue el partido más grande.

Creo que en todos los partidos hubo bienintencionados que tenían como motivo algo encomiable: 

a) unos votaron por el PLN intentando frenar el peligro socialista, estatista o chavista que vieron en el FA, otros votaron por el PLN apreciando la apertura de este partido hacia ciertas necesidades urgentes en torno a la libertad (apertura energética, aprecio por algunos candidatos a ministros y su posición respecto de asuntos específicos), en su ánimo había una opción de libertad;
 

b) buena parte de los votos del PAC son prestados, un sector del electorado optó por este partido como una oportunidad para desplazar al PLN del poder, fin que en sí mismo encarna un importante principio del republicanismo y de la democracia costarricense, cual es la alternabilidad en el poder y evitar la concentración y el vicio del continuismo, no repararon en el estatismo paquiano ni su regodeo en los paquetes tributarios y las vías legislativas abusivas, sino que pensaron que el mensaje del PAC anticorrupción y su probabilidad de derrotar al PLN eran una oportunidad para usarlos con este motivo;

c) indudablemente la mayor cantidad de votos del ML son votos prolibertad, ello es irrefutable; aunque el ML ha quedado como uno de los derrotados de estas elecciones por algunos vicios y prácticas inaceptables (incluso incompatibles con sus supuestas posiciones liberales) es claro que la mayor parte de los votantes que lo favorecieron con el voto lo ha hecho pensando en la libertad;

d) en relación con el PUSC, es evidente que su candidato es uno de los ganadores morales del torneo, pues supero maniobras, traiciones y emboscadas; su mensaje fue perfectamente compatible con la libertad y es evidente que sus planteamientos armonizaron el socialcristianismo con el liberalismo;

e) incluso en el FA, estoy seguro que muchos de sus votos no iban por las propuestas estatistas sino contra la corrupción que ha caracterizado buena parte del actuar de algunos partidos, de alguna gente en el poder y como protesta contra el PLN y algunos problemas del status quo.

f) Y … ¿entre los votos del resto? .  No dudo que encontraremos en muchos de estos votos por minoritarios y emergentes actos de libertad, de decisión individual y de determinación personal que pueden identificarse con libertad y buenos deseos.

Ahora bien, el resultado electoral ha determinado un “picadillo legislativo”.  No ha habido tarta grande para ninguno. El partido que más diputados saca, el PLN, apenas logra una tercera parte de la totalidad de los diputados. El que sacó más votos en la elección presidencial, el PAC, apenas estaría acercándose a una cuarta parte de la totalidad de diputados. Juntos, ambos partidos, lograrían tres votos más que la mayoría absoluta  (29) pero estarían muy lejos de la mayoría calificada (38).

¿Les conviene ir juntos? Históricamente, el mejor socio del PLN ha sido el PAC. Cada vez que el PLN  ha intentado pasar impuestos, incluso por la vía inconstitucional, ha encontrado en el PAC el amigo incondicional. Ello dice mucho, sobre todo a quienes piensan que se trata de un mismo pensamiento estatista y poco inclinado al sector privado.  

Algunos hemos expresado que cada vez que el PAC avala la voracidad fiscal del PLN, reniega de su lucha contra la corrupción. ¿Por qué?  Porque le ayuda a tapar los malos manejos administrativos, la falta de control, la ineficacia y los huecos producidos por dineros mal gastados. 

No obstante, hay un dilema para el eventual ganador, si resulta ser del PAC. Combinarse con el PLN es evidenciarse como más de lo mismo, como pensamiento igual y como retrato del otro. Si resulta ser el PLN, no tendrá sonrojo alguno en echarse al PAC a la bolsa para poner impuestos y seguir en las mismas.  El PLN tiene larga experiencia en absorber diputados y partidos.  

Y … ¿los demás diputados?  ¿Qué harán o qué pueden hacer?  Allí puede estar el meollo del asunto. Si el PLN gana, intentará absorber a todos y comprometerlos con “gobernabilidad” y mucha responsabilidad y demás eufemismos del negociado.  ¡Siempre lo ha hecho!

Si el PAC gana, podría optar por una administración de gallardía y poderes separados, al estilo de los expresidentes Echandi y Trejos  (vetos, concentración en la acción administrativa y respeto a los espacios legislativos propios). También podría apostar al cogobierno (si lo dejan sus propios integrantes, sobre todo los más conspicuos) y convocar a algún tipo de acción cívica o coalición para intentar sacar adelante algunas tareas importantes.  

Pero también puede pensarse que el mandato del pueblo costarricense tiene como resultado el “picadillo”, no para que se pongan de acuerdo sino para que efectivamente haya frenos y contrapesos, crítica y control, dificultad y mucha oposición.

No quería al PAC con presidencia y asamblea, sino como instrumento para desplazar al PLN.  Tampoco quería a éste desarmado sino con la posibilidad de hacer una brava oposición (como con Echandi y Trejos).  

No quiere el  pueblo, mayorías concertadas ni ciertos partidos acomodaticios, apenas les ha dado a algunos para salir adelante y hacer méritos para determinar qué decidirá en el futuro.

No quiere a nadie con comodidad porque está cansado de leyes y leyes, de confundir las funciones con la legislación y no reparar en cuánta coacción y contradicciones se derivan del activismo legislativo.  Quiere un pluralismo que trabaje, que proponga, que discuta, que controle, que estudie y no cómodas mayorías, ni grupos legislativos fuertes.

Tal vez, hasta acaricie la idea de un cuatrienio sin leyes, sin más coacción, sin más impuestos, sin más limitaciones a la sociedad, sin más tareas para un Estado desfinanciado y endeudado, sin más crecimiento del sector público, sin más regulaciones y simplemente como un paréntesis en el torbellino de erradas decisiones y exceso de disposiciones. 

Quizás haya determinado que no quiere más demagogia ni falsas promesas, irresponsabilidades legislativas ni negociados inaceptables, más cargas tributarias ni angurrias impositivas … quizás desea un período de paz sin amenazas a sus bienes y vidas … ¡quizás, quizás, quizás! 

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: consideraciones acerca de la no reelección del Magistrado Cruz

Mucho se ha hablado sobre el acontecimiento político de los últimos días: la decisión de 38 Diputados de no mantener en su cargo al Magistrado Fernando Cruz. Algunos han argumentado que se debió al cobro de “facturas políticas”, especialmente por el voto negativo que este dio a temas como TLC con Estados Unidos y el proyecto minero de Crucitas. Esos mismos han alegado que tal hecho significa la “politización de la Corte”, el castigo a un juez independiente, la amenaza a quienes no vendan su voluntad y voto, la imposición del capricho político de ciertos líderes de partidos para que las cosas se hagan como desean, el fin de la independencia de poderes, la dictadura en democracia. 

En ASOJOD pensamos que muchas de estas afirmaciones son erróneas y contradictorias. Para aclarar nuestra posición, queremos abordar primero los elementos procedimentales y formales que cobijan la actuación del Plenario y, posteriormente, hacer reflexiones de fondo sobre lo sucedido. 

En ese orden de ideas, vale la pena iniciar dejando claro que lo que hizo la Asamblea Legislativa se enmarca dentro de sus competencias, según lo dispone el artículo 158 de la Constitución Política, toda vez que 2/3 partes del total de sus miembros, es decir, 38 legisladores, acordaron no reelegir al Magistrado Cruz. La discusión procedimental acerca de esta decisión, se reduce a la determinación de un evento: el plazo en que se actuó. Tal como lo indica el artículo 163 constitucional, “la elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante”. 

El punto medular de la cuestión es, entonces, ¿cuándo venció el plazo de los treinta días naturales? Siendo que Fernando Cruz fue electo Magistrado el 14 de octubre de 2004, según consta en el Acta Nº 87 del Plenario Legislativo. No obstante, fue juramentado, y por tanto tomó posesión de su cargo con plena efectividad jurídica, el 19 de octubre de 2004, tal como lo indica el acta Nº 88 del Plenario Legislativo. Siendo así, si se parte de que periodo de nombramiento transcurre del 14 de octubre de 2004 hasta el 14 de octubre de 2012, los 30 días naturales correrían a partir del día siguiente del vencimiento, es decir, desde el 15 de octubre de este año, agotándose el 13 de noviembre. Por el contrario, si se asume que el periodo del nombramiento empieza a correr desde el 19 de octubre de 2004, cuando es juramentado y puede comenzar a fungir como Magistrado, y vence el 19 de octubre de 2012, entonces los 30 días naturales comenzarían a correr desde el 20 de octubre de los corrientes, finalizando el domingo 18 de noviembre. En la primera tesis, la votación realizada por el Plenario el jueves 15 de noviembre fue extemporánea y, por tanto, no tendría validez. En la segunda, lo actuado por el Plenario fue correcto y se apega a derecho.Sobre este tema es que tendrá que resolver la Sala Constitucional, aunque desde ya externamos nuestra preocupación de que, en este caso, ella sea juez y parte.

En ASOJOD nos plegamos a la segunda tesis, es decir, que el nombramiento de un Magistrado comienza a correr desde que asume posesión de su cargo y sus actos tienen efectos jurídicos. La juramentación no es un acto meramente formal, pues no es hasta que se dé que un Magistrado puede tomar asiento en la Sala a la cual fue designado, emitir su voto y firmar resoluciones. Lo acontecido el 14 de octubre de 2004 fue el acto electivo previo, que designa al candidato como Magistrado.Asumir que los plazos corren desde el momento en que se le designa es tan absurdo como pensar que los 4 años del mandato presidencial corren a partir del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones declara al ganador de los comicios. En términos más sencillos, sería pretender que el periodo de doña Laura Chichilla comenzara el 7 de febrero de 2010 y venciera el 7 de febrero de 2014. Y no vemos a nadie espoleando esa tesis. Por el contrario, lo que es ampliamente aceptado es que asume el 8 de mayo de 2010, día a partir del cual sus actos tienen efectividad jurídica, y vence el 8 de mayo de 2014, cuando entregue la banda presidencial a quien resulte ganador de las próximas elecciones. 

Todo esto quiere decir que, desde el punto de vista del procedimiento legislativo, lo actuado fue apegado al derecho. Ahora bien, hay otro punto sobre este mismo tema que hay que valorar: la resolución que emitió el Presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados. En ella, declaró la nulidad absoluta de la votación, por ser extemporánea y reafirmar que el Magistrado Cruz seguiría en su cargo. En primer lugar, el Diputado Granados no tiene competencia para anular una votación del Plenario Legislativo, tal como se colige de la lectura del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (competencias del Presidente de la Asamblea). Asumir que un legislador, ocupando el puesto de Presidente del Congreso, puede anular lo decidido por el Plenario no solo contraviene el principio de igualdad de los diputados (entre los cuales el Presidente es prima inter paris), sino que hace peligrar la democracia, concentrando muchísimo poder en unas solas manos. En segunda instancia, el Diputado Granados tampoco podía emitir una resolución sobre este tema, toda vez que la Sala Constitucional acogió, para su estudio, un recurso planteado por otros legisladores y, por lo tanto, se suspende la decisión final sobre los actos en cuestionamiento. 

Pero aparte de las consideraciones procedimentales, el análisis de fondo se torna necesario. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que la función de la Corte Suprema de Justicia, como Poder dentro del Estado costarricense, es eminentemente política, aunque lo haga a través del Derecho. Dentro del diseño republicano, los poderes tienen la tarea política de servir como contrapesos, como frenos, como controles entre sí, especialmente la Sala Constitucional, cuya labor es interpretar la Constitución Política y dirimir los conflictos entre ciudadanos, entre ciudadanos y Estado y entre los Poderes del Estado.

Por si fuera poco, la composición de las altas esferas de poder dentro del Poder Judicial es, eminentemente, política: su nombramiento es político –no técnico como algunos quieren hacer ver, a pesar de que se exijan algunos requisitos formales–. Sobre este punto, nos llama poderosamente la atención que quienes alegan que la decisión de no reelegir a un Magistrado por sus posiciones políticas (implementadas a través de lo jurídico) es una intromisión en el Poder Judicial, una afrenta a su independencia, una “politización de la justicia”, no sostengan el mismo criterio acerca del mecanismo por el cual son escogidos los Magistrados. ¿Por qué no es daño a la separación e independencia de Poderes que los Diputados designen a los Magistrados, pero sí lo es que aquellos quiten a estos? ¿Por qué los miembros del Poder Judicial que realizaron vigilias y marchas la semana anterior no exigen que se modifique la forma en que se escogen Magistrados? ¿Por qué no critican a la Corte Suprema de Justicia por exigir a doña Laura y a los Diputados restituir a un Magistrado? ¿Por qué no es intromisión de Poderes cuando la Sala IV le ordena a la Asamblea proceder de determinada manera? ¿Por qué no cuestionan los nexos, intereses y torceduras de brazos que se puedan dar para poner en sus sillas a los Magistrados? ¿Por qué no han cuestionado, con la misma vehemencia, la designación del Fiscal General, habiendo sido viceministro de Seguridad de la Administración Chinchilla Miranda y a quien algunos partidos políticos han cuestionado con severidad por el trato diferenciado en las investigaciones contra dichas organizaciones por presuntos delitos cometidos en campaña? 

Hay que tener claro algo: el criterio de elección de los Magistrados, por más que duela, no es otro que el criterio político, ya que unos presentan su currículum, se someten al escrutinio de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, son evaluados y, una vez en Plenario, como ha ocurrido en muchas ocasiones, salen nuevos nombres que no pasaron por ese filtro y terminan siendo Magistrados. Eso significa que si, de verdad, estamos comprometidos con la independencia de los jueces y la separación de poderes, deberíamos exigir, como ciudadanos, que su designación recaiga en elecciones populares, donde cada uno de nosotros pueda escoger entre los distintos candidatos que se presentan, tal como lo hemos expuesto en ASOJOD.El criterio seguirá siendo político, pero es preferible que sea la visión política del ciudadano la que determine la escogencia y no la de los líderes de partidos políticos, que imponen su línea a las fracciones legislativas y sobre lo cual, ni siquiera tenemos información o conocimiento.

Otra consideración importante es que, también como lo hemos dicho, nos preocupa que los Magistrados –especialmente los de la Sala Constitucional– no sean políticamente responsables ante nadie por sus decisiones. No existe forma alguna de que los ciudadanos le pasemos la factura política a los Magistrados por sus votos, por sus pensamientos y por los daños que sus interpretaciones generan, a nuestro parecer, a la libertad y derechos individuales. Lo que sostenemos es que no sólo debe variar la forma en que ellos son elegidos, dando paso a la votación popular para colocarlos en sus puestos, sino también la contrapartida lógica de ese poder: la revocatoria de su mandato, es decir, la existencia de mecanismos para que los mismos ciudadanos que les damos poder, se lo quitemos cuando lo consideremos pertinente. 

Pero, al igual que en el caso del Presidente y los Diputados, los ciudadanos no gozamos de ese derecho fundamental de quitar a un mal gobernante, de forma pacífica, sin tener que esperarnos a la finalización de su mandato. Y dado que tampoco existe, dentro del ordenamiento jurídico actual, mecanismo real alguno (aunque si formal pero de muy difícil aplicación) para remover a un Magistrado de su puesto, la única esperanza que tenemos es esperar a que venza su mandato. No obstante, siendo que solamente los Diputados pueden tomar la decisión de reelegir o no a un Magistrado (ni siquiera de quitarlo de su puesto antes de que finalice el periodo por el que fue nombrado), nos parece que, a más no haber, nuestros representantes políticos (o aquellos por los que votamos a la espera de que nos representaran y defendieran nuestros valores, intereses y expectativas) puedan pasarle, en nuestro nombre, la factura por sus decisiones. En el caso de don Fernando en específico, pero en el de la mayoría de los Magistrados de la Sala Constitucional en general, creemos que con sus decisiones han afectado seriamente la libertad y los derechos individuales. Votos como el emitido contra el TLC, contra la libertad de empresa y trabajo (porteo, propinas de los saloneros, etc.), contra la propiedad privada (ley antitabaco, obligatoriedad de dejar entrar a cualquier persona a centros comerciales privados, etc.) son motivo para que, políticamente, apoyemos su salida. 

Sin embargo, aclaramos que utilizar criterios políticos para quitarle el apoyo a un Magistrado por sus posiciones no es nada nuevo. Siendo que se trata de nombramientos políticos, es perfectamente lógico que existan destituciones políticas y los que se rasgan las vestiduras por el caso de Cruz hoy, las validaron antes. En 2009, los Diputados del PAC negaron su voto a la Magistrada Calzada por apoyar el TLC y en 2004, otros legisladores hicieron lo mismo con los Magistrados Mora y Solano. ¿Por qué entonces ahora si vienen algunos a reclamar el voto en contra de Cruz y no lo hacen con aquellos que, en su momento, decidieron hacer lo mismo con otros Magistrados? Una prueba más de la típica inconsistencia de callar cuando nos conviene y vociferar cuando no. 

Aunado a lo anterior, pensamos que así como debe existir alternancia en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, también debe existir en la Corte Suprema de Justicia. No compartimos la idea de que los Magistrados se reelijan automáticamente si no alcanzan los 38 votos en contra, toda vez que esta regla decisional tan alta no se alcanza con facilidad, haciendo que algunos de ellos permanezcan en sus puestos por muchos años, entronizándose en el poder. Tampoco validamos que se invierta la regla, de forma tal que un Magistrado es electo o reelecto si tiene 38 votos a favor, pues al igual que en el caso anterior, significaría que el poder sigue estando en los líderes de los partidos políticos y en sus fracciones legislativas, no en los ciudadanos.

Nuestro espíritu republicano no sólo se encuentra en la vehemente defensa de la independencia de poderes, asegurada únicamente si los ciudadanos pueden elegir y exigir cuentas a los miembros de estos, sino también en el necesario cambio de quienes los ocupan. Creemos firmemente en que lo dicho por Lord Acton –“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”– se convierte en una realidad cuando quienes ocupan el poder lo hacen de manera indefinida, sin posibilidad de estar controlados, sin tener que rendir cuentas ni explicaciones, sin estar sujetos a la amenaza de la destitución. Quien sabe que tiene su puesto asegurado per secula seculorum, no tiene incentivos para hacer bien las cosas. Periodos tan largos y con reelección automática para los Magistrados se convierten en una amenaza para disipar cualquier control a su poder. Es demasiada tentación que quizá pocos puedan soportar. 

Una de las principales lecciones de Popper en el terreno del diseño institucional, de las reglas del juego apropiadas para garantizar el funcionamiento de una sociedad libre, fue que no importa tanto quién ocupe el poder sino cómo se configuran reglas capaces de impedir que haga daño. Mecanismos como los que tiene nuestro país que permiten entronizar a quienes tienen el poder, dándoselos por tiempo ilimitado, eliminando cualquier control que los limite, cualquier amarra que les imposibilite ejercerlo a su antojo, son contrarios a ese principio de resguardo de la sociedad libre. Esos son los verdaderos elementos de una dictadura en democracia.

Como liberales y como republicanos, somos del criterio de que lo hecho por la Asamblea Legislativa estuvo bien. Tal vez la forma en que se hizo y la comunicación política de lo actuado no fueron correctas y las declaraciones torpes e irresponsables del Diputado Fabio Molina despertaron una gran preocupación acerca del futuro nombre de quien ocupe esa silla vacía, en tanto el "mensaje que transmitieron" podría ser que los juristas deben alinearse a los caprichos del poder establecido o, de lo contrario, estarán fuera. Coincidimos con que la homogenización de la Sala no es sana para el ejercicio republicano ni para el mejoramiento de las tesis jurídicas. Lo mejor sería  contar con un Tribunal compuesto por los más diversos criterios ideológicos, ya que solo a partir de la confrontación de ideas y criterios totalmente distintos puede avanzar el conocimiento.

Por supuesto que en ASOJOD esperamos que quien le sustituya no sea una marioneta de cualquier líder de partido político –independientemente de su orientación ideológica– sino alguien con criterio propio, independiente y honesto. Deseamos que sea alguien que defienda la libertad y el progreso, aunque sabemos que la probabilidad es baja, tanto porque quienes detentan el poder en Costa Rica no comparten esos valores como porque la propia letra de la Constitución no da para mucho, por su contenido evidentemente socialdemócrata.

Tema Polémico: La política como el arte de lo cínico

En la campaña política pasada se le vendió a los costarricenses la imagen que la actual Presidente era “firme y honesta”. Desafortunadamente, su administración ha estado plagada de situaciones que ponen en entredicho tal caracterización. Las tres más recientes se refieren al accionar concerniente al informe de la Procuraduría respecto a las famosas cartas de recomendación, a la desaparición sistemática de la “choritrocha”, y al hoyo negro que ha aparecido en la autopista General Cañas.

No nos interesa determinar en este tema polémico el porque de cada una de estas situaciones: corrupción, estupidez, ineficiencia, mal asesoramiento, etc. Sino, las respuestas que el propio Gobierno ha tomado ante dichas situaciones.  Debemos decir, que a pesar de lo grave de dichos acontecimientos, la respuesta del Gobierno ha sido absolutamente nula. En ninguna de ellas se muestra arrepentimiento, preocupación, mea culpa, etc. Todo lo contrario, en cada una de ellas encuentran algún portillo, legal o coyuntural para evadir responsabilidades. El malestar e indignación de la ciudadanía no interesa, ya que este es un Gobierno ciego y sordo, siendo que lo más grave no es que este tipo de cosas sucedan, sino que cuando sucedan el Gobierno no sienta el más mínimo pudor y la más mínima vergüenza. Actitud que debemos aclarar que no sólo se encuentra en la mandataria, sino en todo su equipo de Gobierno especialmente en el Ministro de Comunicación que como todo un sofisma es al que le corresponde la penosa tarea de “maquillar” las tortas.

Sin duda alguna, el gran reto de la oposición de cara a las próximas elecciones es articular una propuesta coherente y sistemática para devolverle a Costa Rica una vida republicana de frenos y contra pesos, de lo contrario la legitimidad del sistema seguiría bajo el preocupante camino que hoy en día recorre.

Tema polémico: ¿deber ser los magistrados elegidos popularmente?

La reciente decisión de la Sala Constitucional de avalar la prohibición de ventas de ciertos alimentos y bebidas en las sodas escolares calienta un debate que, por mucho tiempo, en las democracias representativas se ha querido evitar: la existencia de Magistrados, con un altísimo poder político, sin pasar por el tamiz de la elección ni por el control popular de sus decisiones. De ahí que en ASOJOD nos proponemos hacer una reflexión que brindará argumentos para contestar que sí a la pregunta que titula este artículo.

Los magistrados, en tanto actores políticos trascendentales, deberían estar sujetos al control ciudadano, asumir responsabilidad política por sus decisiones que son, más que jurídicas, políticas y rendir cuentas por ellas. Deberían estar sujetos por un pueblo que, a su vez, debería exigir que se le respete como soberano, como conjunto de individuos capaces de tomar las decisiones que más les convengan para su propia vida y que delegan, parcial pero no totalmente, el poder en representantes que administren la res publica. 

Uno de los mayores aportes políticos del liberalismo a través de la historia, fue traerse abajo el absolutismo monárquico que pretendía instaurar a los reyes como poseedores de un poder otorgado por dios. Las revoluciones liberales de los siglos XIII a XVIII en Europa y Estados Unidos, permitieron avanzar hacia un sistema donde el rey tenía el poder total a otro donde existía un Parlamento como freno y contrapeso de las competencias regias y/o eclesiásticas (en el caso de las teocracias o de las sociedades altamente dominadas por alguna religión). Parlamento que si bien inicialmente fue conformado por miembros de la burguesía y la nobleza que exigían derechos frente al Rey y buscaban controlar su poder (como en el caso de la Magna Carta Libertatum de 1215), con el tiempo fue conformándose de forma más democrática, hasta alcanzar la representación plenamente popular, al ampliarse los derechos civiles y políticos a prácticamente todos los ciudadanos mayores de edad (por supuesto que en la actualidad todavía persisten algunas restricciones en distintos países que imposibilitan un pleno ejercicio del derecho al voto). Con ello, quienes detentan el poder político pasaron de ser elegidos por dios, luego por algunas castas hasta ser sometidos, actualmente, a la escogencia popular.

Pero ¿por qué eso sucedió solo con el Parlamento (tanto a nivel nacional como al local) y, con la Presidencia en el caso de los regímenes presidencialistas? ¿Por qué no incluyó a los jueces, a los que tienen poder para dictar sentencias vinculantes? Pareciera ser que ese impulso por hacer que cada vez más se democratizara y dispersara el poder, pasando de unas pocas manos a la mayor cantidad de manos posibles, se detuvo en las últimas décadas hasta enterrar el debate de la judicatura, incluso a nivel académico. ¿Por qué ya nadie reflexiona si quiera acerca de este trascendental punto? ¿Por qué hemos dado por sentado que el juez tiene que ser designado y no elegido? ¿Por qué volvemos a creer en la designación de un funcionario por medio de una mente todopoderosa y omnisciente, llámese dios o político? Es como si con la extensión del derecho al voto a casi todos los ciudadanos se hubiese acabado el problema, cuando la realidad demuestra que quedan muchísimas reformas por hacer. Por ello, siguiendo esa tradición liberal y alimentando el debate frente a una especie de nuevo absolutismo jurídico-político en manos de los magistrados, en ASOJOD consideramos que lo lógico y consecuente es someter al magistrado a la elección popular.

En el caso costarricense, los magistrados, especialmente los constitucionales, tienen la máxima cuota de poder en todo el sistema político. Dos frases del ex magistrado Piza Escalante, ilustran lo anterior: "la Constitución dice lo que la Sala dice que dice" y "después de la Sala, solo está dios". O sea, que la última palabra sobre prácticamente todo, el control sobre todas las decisiones que sean susceptibles de pasar por la perspectiva jurídica, lo tienen los magistrados de la Sala Constitucional, quienes no son responsables políticamente por sus decisiones, no rinden cuentas ante nadie ni son sujetos de ningún tipo de control. Siendo así cabe preguntarse, recobrando la frase de Juvenal, ¿quién custodia a estos custodios?.

¿Se justifica que exista un poder político sin control, es decir, un poder absoluto en estos tiempos? El liberalismo, como ya lo hemos dicho, ha combatido históricamente esto y siendo que una de sus máximas es que el poder esté distribuido en la mayor cantidad de manos, que el ciudadano tenga el poder de decisión sobre cada vez más aspectos de su vida, sería lógico pensar que debería impulsar en su agenda, la democratización y el control del poder de los magistrados, llevándolo hasta la máxima acepción que sería permitirle al individuo decidir, como ocurre con Presidente y Diputados, a quién sienta en la silla de poder. Si se ha defendido la elección popular en los otros casos, ¿por qué no en el de los magistrados?

Por supuesto, no faltará quien considere contraproducente una elección popular de magistrados y argumente que es peligroso dejar a la "gradería de sol" tomar esa decisión por su desconocimiento o porque es fácilmente manipulable o que se trata de puestos calificados que no pueden estar abiertos a que participe cualquier persona. Pero la primer premisa implicaría tener la misma posición contra la elección popular que ya hace esa "gradería de sol" para Presidente, Diputados, Alcaldes, Concejales y demás puestos. Además, sería presumir que el ciudadano no tiene capacidad de discernimiento, que no puede tomar decisiones, que no sabe qué es lo que más le conviene para su propia vida y que no puede ejercitar su libertad. Sería darle razón al argumento de los estatistas de tratar al ciudadano como un eterno infante, negándole la oportunidad de hacer sus propias escogencias y reforzaría aquella nefasta creencia de que "siempre habrá alguien mejor capacitado para tomar decisiones por nosotros". El temor a la manipulación no tiene sentido, porque de existir, aplica para la elección de los puestos que ya son sometidos a votación y jamás justifica que se le niegue el poder decisional a los ciudadanos en esos casos. Al menos nunca hemos escuchado a alguien decir que debería eliminarse la elección popular de Presidente y Diputados porque los medios de comunicación, los partidos políticos y otros manipulan la intención de voto con promesas falsas y engaños.

En el mismo orden de ideas, alegar que son puestos "clave" que requieren selectividad en la participación es un aspecto operativo y no aborda el problema de fondo. Aún permitiendo la elección de magistrados, podría perfectamente establecerse requisitos para la postulación, como ya existe en otros casos (vgr. para ser Presidente de la República se requiere ser mayor de 35 años y para ser Diputado, mayor de 21). Otros aspectos operativos, como la forma de elección, la periodicidad y demás, podrían ser discutidos como elementos subsidiarios -propuesta que podríamos abordar a futuro y extendiéndola a los jueces de todas las demás jurisdicciones, pues hoy nos centramos en la Constitucional-, pero no invalidan el asunto de fondo: quitarle el poder de decisión a las élites políticas y partidarias que hoy nombran y mantienen a los magistrados para dárselo a la ciudadanía.

Someter a los magistrados a la elección popular, pese a los riesgos y temores que puedan surgir, tiene enormes ventajas. En el escenario actual su nombramiento y permanencia depende de la lealtad y utilidad del magistrado al partido político que tenga mayoría. Siendo que, para no continuar en su puesto cuando se vence el nombramiento, se requiere mínimo 38 votos en contra de su renovación de mandato, basta con que el partido cuyos votos impidan alcanzar la regla de toma de decisiones, proteja al candidato. ¿Cómo conseguir esto? El hecho de que algunos actuales magistrados tengan 20 o más años en sus puestos demuestra que siendo leales a los intereses de ese partido, votando afirmativamente sus propuestas -a pesar que en algunos casos se voten en contra, más por dar la apariencia de imparcialidad que por convicción jurídica-, se les puede mantener contentos.

Sobre este punto podría decirse que variando el mecanismo, se resuelve el problema. Es decir, que se invierta el procedimiento y se requiera el voto afirmativo de 38 Diputados para nombrar o mantener a un magistrado. No obstante, esto sigue dejando el poder de decisión en cúpulas partidarias y en legisladores que, como nos ha demostrado la realidad, están muy alejados de representar la voluntad popular y responden a sus propios intereses de corto o mediano plazo. Igual los magistrados seguirían siendo responsables ante los Diputados y no ante los ciudadanos que, como bien sabemos, muchas veces ni siquiera son escuchados o atendidos por sus representantes políticos.

En cambio, al permitir la elección directa de magistrados, el ciudadano podría castigarlos o premiarlos políticamente por sus decisiones. Fallos tan polémicos en los últimos años como el de fecundación in vitro, porteo, impuestos, fumado, Crucitas, reelección presidencial y otros, perfectamente podrían haber generado que los votantes, conformes o disconformes con la posición asumida por los magistrados, los premien o castiguen en la próxima elección. Además, se abre la puerta importantísima para el cambio pacífico del poder, de forma que esos magistrados que llevan anquilosados en una Corte, muchas veces viendo las cosas desde una torre de babel. y con posiciones fijas en algunos temas, puedan dar lugar a otros jueces con perspectivas diferentes que actualicen la interpretación del derecho. Monopolizar el poder nunca es bueno; ya lo había dicho George Bernard Shaw cuando señaló que "los políticos y los pañales han de cambiarse a menudo y por los mismos motivos". Lo mismo aplica a los magistrados.

Por ello, creemos que abriendo esta posibilidad, podríamos avanzar en ese arduo pero necesario camino de devolverle al ciudadano el poder, quitándoselo a castas y grupos específicos para hacer que las políticas públicas cada vez tengan menor impacto negativo sobre los individuos y su libertad sea menos constreñida.