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miércoles, 21 de mayo de 2014

Desde la tribuna: garantías o repartidera de lo ajeno

El Estado de Derecho o República es la forma de Estado contemporánea.  Se caracteriza sobre las anteriores por la prelación o preeminencia del elemento Pueblo o Nación en relación con los demás elementos del Estado (Gobierno, Territorio y elemento teleológico o Fin).

Algunos han empezado a agregar calificativos o adjetivos al Estado de Derecho hasta convertirlo en algo ajeno a su esencia o concepción fundamental. El tema es que admite calificaciones, acentos o especialidades en tanto no signifiquen una negación de su fundamento, pues dejaría de ser Estado de Derecho.

Porque es cuestión elemental que se maneje jurídicamente, que haya un sistema democrático y republicano de emisión del Derecho, que haya un tipo de Constitución Política y un sistema jurídica devenido en función de la importancia y concepto de Constitución. La Declaración de Derechos de la Constitución, por ejemplo, no admite toda clase de derechos sino los fundamentales y basados en un poder de autodeterminación (libertad).  Sería absurdo convertir en libertades públicas derechos más bien programáticos o que signifiquen un despojo ajeno.

Asimismo, el modo de emisión y contenidos de la ley como instrumento jurídico han de estar bien definidos. La democracia no puede pasar por encima de la Constitución y sus derechos básicos, pues entonces se convertiría en un Estado sin instancias, sin reglas básicas y en el que simplemente la mayoría lo puede todo. Se supone que tal ha de ser parte de la función de un tribunal constitucional.  

Sin embargo, la elección de magistrados de la Sala ha de tener en cuenta todo ello, pues de no ser así se puede caer en el reino de lo absurdo. La Sala ha sido dadivosa y generosa con lo ajeno. Por ejemplo repartiendo prestaciones (servicios) de la CCSS, estrictamente en sistema hospitalario. El sistema hospitalario fue concebido para asegurados, pero la Sala ha extendido los beneficios, imponiendo solidaridad más allá de las finanzas de la institución.   El resultado es que muchas veces el asegurado sufre un evidente menoscabo de su situación, en ventaja de otros necesitados.  

Es el mismo caso de las filas de la CCSS.  La Sala ha sido generosa y arbitraria pasando a los primeros lugares a quienes reciben citas demasiado espaciadas en el tiempo. Pero el hecho real es que tales resoluciones de la Sala constituyen una abierta violación de los derechos de quienes hacían fila desde antes.
Hace poco la Sala ha establecido que el Instituto de Aguas (AyA o ICAA) debe dotar a determinadas poblaciones indígenas de agua potable, aunque no tengan cómo pagar.  ¡Qué fácil y qué bonito! ¿De dónde saldrán los pagos?  Pues de los demás, de los que sí pagan.  Entonces la tarifa de agua se convierte en un impuesto (de los muchos que ya trae, en cuenta el de bomberos e hidrantes, aunque no se cumpla bien en su ejecución) de repartidera.  Muy meritorio, pero poco preciso en cuestión de derechos constitucionales. 

Algunos menesterosos se organizan y hacen “Asadas”, asociaciones para proveer a los acueductos rurales.  Sacrifican su tiempo y comodidad para proveerse de agua potable.  Algunos logran insertarse en el sistema de AyA y ahí van lidiando con requisitos y necesidades.  Pero ahora la Sala inventa un nuevo derecho a cargo de … ¡sólo Dios sabe quien!

Muy parecido al cuento de que el ICE era muy generoso porque llevaba la electricidad y el teléfono a los grupos que no podían pagar los costos. Solo que nunca lo hizo gratis, porque cobraba la factura a los demás, a su gusto y antojo  (por eso es que el rebalanceo de tarifas le ha costado sangre).  

En estos casos, los operadores estatales (Sala e Ice) inventan derechos más allá del texto de la Constitución y varían algunas concepciones.  Por ejemplo, el inciso 13 del artículo 121 de la Constitución preceptúa cuál es la vía inequívoca para los impuestos.  Los artículos 50 y siguientes establecen el íter y proporción de las Garantías Sociales, en cuenta los seguros sociales, pero ellos los proponen y disponen en otras vías “creativas”, repartiendo alegremente lo ajeno, siendo generosos y dadivosos con los bienes y derechos ajenos y quedando bien.

Entonces los derechos fundamentales se desvalorizan, se ven regateados por las mismas autoridades que juraron cumplirlos y respetarlos y, además, convertimos la gestión y elección pública en una repartidera, un negocio de arrebatar a los demás y una descarada lucha por ofrecer más de lo ajeno e inventar vías y mecanismos para hacerlo.

La lucha electoral se convierte en otra cosa, la gestión pública también y las decisiones políticas por la misma vía.  No es de extrañar que la inversión se espante, que el talento humano se vaya a mejores ambientes y que hasta Intel se marche del país.  

¿Y las Garantías Constitucionales? ¡Hace rato que pesan más las inexistentes demandas demagógicas que las preexistentes libertades públicas!  Es más fácil, taquillero y de moda repartir lo ajeno que seguir al precepto de Justiniano de “dar a cada uno lo suyo”!

Las señales sociales resultan complicadas y ambiguas, la seguridad jurídica se erosiona y la demagogia encuentra caldo de cultivo.  Asimismo, se evade el manejo técnico y apropiado de las instituciones gubernamentales y políticas. Recordemos que de buenas intenciones...

Federico Malavassi Calvo

jueves, 7 de noviembre de 2013

Jumanji empresarial: en el Día de la Constitución

Hoy, 7 de noviembre, se celebra un año más de nuestra Constitución Política.  Aprobada por la Asamblea Constituyente el 7 de noviembre de 1949, nuestra Carta Fundamental está a prácticamente 3 años de alcanzar la vigencia que tuvo la Constitución de 1871.

Lo curioso es que la Constitución del 71, a pesar de las maniobras de la Junta de Gobierno, fue tomada como base de discusión para la actual.  En su esencia, primaron los contenidos de la Carta del 71. 
También es importante cotejar que la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812) fue el documento de mayor influencia en la Carta del 71.  Vistas las cosas así, se puede apreciar que ha habido continuidad y consistencia en el desarrollo constitucional costarricense.

La Constitución actual recibió, dentro las normas de la Carta del 71, la profunda reforma social aprobada en 1943.  Esta reforma, inspirada en los principios cristianos de Justicia Social es una de las grandes reformas constitucionales de la vida jurídica costarricense.

La Constitución vigente también tuvo su gran par de reformas, la que en 1989 incorpora de pleno la Justicia Constitucional en nuestro sistema, creando la Sala Constitucional y la jurisdicción especializada y la que resulta de la integración de las Leyes de Reforma Constitucional  N° 8281 de 28 de mayo del 2002 y N° 8364 de 01 de julio de 2003) que incorporan al ámbito constitucional los institutos del Referéndum y la Iniciativa Popular en la formación de las leyes y conceptúan al gobierno como participativo, integrando al Pueblo en su gestión. 

Nuestra Carta fundamental está bien concebida y contiene los elementos suficientes para un adecuado desarrollo jurídico y social.  Su adecuada interpretación le permite ser instrumento idóneo para la protección de los derechos fundamentales, para la distinción entre los derechos de libertad y los programáticos y para evitar un gobierno abusivo y expoliador. Contiene un elenco básico de derechos fundamentales y una bien construida división de poderes.

Yo celebro su vigencia e insisto en su adecuada interpretación.  Estimo que es una herramienta básica para la protección de las libertades públicas y los derechos elementales. 

Federico Malavassi Calvo

miércoles, 2 de octubre de 2013

Desde la tribuna: la libertad va pareja con la responsabilidad

Es fundamental entender que las libertades públicas son un derecho fundamental que tiene como esencia un poder de autodeterminación.  Luego el Estado reconoce el derecho y lo positiviza y tutela.

El poder de autodeterminación implica la posibilidad de libertad, de elección, de hacer por uno mismo.

La idea es que uno ejerce la libertad, pero asume las consecuencias del acto.  Eso es la responsabilidad.

Por ello no corresponde al ámbito de la libertad la idea de derechos programáticos (que no dependen del poder de autodeterminación), derechos  o expectativas de acción pública, de acciones gubernamentales o de repartición o creación de derechos que no corresponden a la gestión personal de cada cual.

No son propiamente libertades aquellos derechos a estirar la mano para pedir, para exigir conductas en favor de uno o de prerrogativas y concesiones por parte del Estado.

Esta cuestión no es solamente éticamente relevante sino que corresponde a la naturaleza de los derechos y acciones.

Algunos creen que estos “derechos” de nueva generación son derechos de libertad o implican libertad por sí mismos.

Es un tema fundamental para entender la libertad y la diferencia entre las doctrinas que la propugnan y las pseudoposiciones de libertad….
 
Federico Malavassi Calvo

martes, 2 de abril de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: desafíos para el liberalismo en Costa Rica

Dada la limitación de tiempo para esta exposición, brevemente expondré lo que considero son 10 importantes retos de índole doméstica, que enfrentará el liberalismo en Costa Rica en los años venideros. El orden en que se presentan esos retos no es indicativo de su importancia relativa: eso se lo dejo a ustedes. Asimismo, haré un breve comentario o propuesta acerca de lo que ese  grupo de pensamiento podría ofrecer como solución alternativa a esos retos, en un marco de libertad. Soy consciente de que habrá muchas otras opciones a las que yo formule, las que también podríamos llamar de corte liberal.

RETO 1: Se está haciendo frecuente que en nuestro país, bajo el nombre de “derechos”, se otorguen los más diversos subsidios, a fin de promover políticas estatales que los políticos consideran deseables. Ejemplos son pagar para mandar los hijos a las escuelas y la provisión de servicios de guarderías públicas.

COMENTARIO: Costos en que tradicionalmente incurrían los padres, son ahora trasladados al erario público, sin que siquiera se determine una rentabilidad apropiada en el uso de esos recursos, además de desincentivar el esfuerzo familiar, responsable de generar los ahorros para enfrentar esas necesidades. Se rompe así un vínculo de responsabilidad familiar en la crianza de los hijos, pues ahora parte sustancial de ella es trasladada al estado. Además, estas políticas constituyen un elemento del gasto público, que aumenta un déficit que daña principalmente a las familias trabajadores, a través de la inflación. 

La moda es llamar “derecho” a lo que alguien puede considerar como bueno y se legisla para que las personas lo dispongan por decisión gubernamental. Algún día, se mencionará el “derecho” a respirar, caminar, tomar leche, ir al futbol, lo que sea considerado por algún legislador como deseable o bueno o simplemente para poder ejercitar una imaginaria “justicia social”. Se ha alterado el concepto fundamental de “derecho”, que es inherente a la naturaleza del individuo y no el producto de una decisión otorgada por el cuerpo político. Usualmente la provisión de algo que sea considerado como bueno, se le otorga a un grupo en particular y no a la generalidad de las personas. A esa provisión se le llama “derecho” y no un dotación monetaria, por el simple hecho de que se consideró que algunos merecen ese pago.

RETO 2: Continuará la búsqueda de rentas del empresariado, ya sea buscando aranceles, limitaciones a la competencia, exoneraciones impositivas y definición de políticas que le generen un beneficio particular, entre otras.

COMENTARIO: El liberalismo debe continuar su esfuerzo por mostrar que dicha búsqueda de privilegios, otorgados a algunos por el cuerpo político, es dañina para la sociedad como un todo, que probablemente tiene un efecto negativo sobre las finanzas del estado, que encarece los costos a los consumidores y, ante todo, que impide los beneficios que la competencia brinda a consumidores y usuarios.

RETO 3: Ante una muy extendida creencia de que las regulaciones son casi siempre deseables, veremos que habrá mayor presión política por introducir nuevas y mayores regulaciones en el ámbito económico, tanto para empresas como para individuos.

COMENTARIO: Será una tarea muy ardua el confrontar esta idea, la cual asume que el Estado sabe de todo y mejor que las personas que están directamente involucradas. Lo más importante será mostrar que dichas regulaciones, introducidas pretendidamente para favorecer al consumidor, más bien le perjudican. Además, de que, una vez puesta en práctica, la regulación suele ser seguida de mayores regulaciones, que lo que hacen es profundizar los daños. Nunca para eliminarlas por ineficientes, onerosas o por ser incapaces de lograr los propósitos para los cuales fueron introducidas inicialmente.

RETO 4: Un serio problema que seguirá enfrentando el movimiento liberal del país es el llamado “free rider” (oportunistas, aprovechados, que no trabajan por lo que tienen). A pesar de que la nación, parafraseando al gran pensador liberal Adam Smith, se enrique, se beneficia, enormemente con la vigencia de la libertad en la economía, algunas personas dejan que sean otras, en vez de ellos, quienes financieramente encaren el costo que implica la vigencia de la libertad. Que sea algún otro, en vez de ellos, quien sufrague el costo que tiene la libertad, que, como sabemos, no es un bien gratuito.

COMENTARIO: Es necesario reiterar que, en caso de que se propongan políticas que dañan la libertad, luchar contra ellas tiene un costo, el cual es necesario sufragarlo.  No ayudar a que se tenga éxito en la lucha por la libertad, terminará por afectar incluso a quienes creen que, en un corto plazo, no lo van a ser.  La historia es muy clara en ejemplos de ello.

RETO 5: En estos momentos, y creo que tal vez por algún buen rato, cualquier partido político de carácter liberal no pasará de ser una minoría eterna.  Lo que hoy el elector liberal encara es escoger entre la pureza política o la viabilidad política.
COMENTARIO: Puesto a escoger entre esas alternativas, me inclino por sugerir a los electores liberales que escojan por aportar su caudal intelectual, a aquel partido político que menos se aleje de sus postulados liberales.  La realidad de la política actual está a punto de extinguir nuestra posibilidad de influir, para que las decisiones estatales hagan el menor daño posible a la libertad. Sugiero, y bien podría estar equivocado, que seamos activos partícipes de la política electoral, según nuestras preferencias personales, pero en ambientes políticos en donde podamos ejercer alguna influencia en la definición de políticas. Tenemos las ideas, que serán las que en última instancia nos validen ante el electorado.

RETO 6: Estaremos a la defensiva en el embate redistribucionista que uno observa por todos lados. La idea de que es justo quitarles a unos para darles a otros, por las razones que sean, prevalecerá aún más que hoy en el campo político, en especial cuando, en nombre de una visión tergiversada de democracia, dicha redistribución se sustentará en votaciones de una simple mayoría de uno más. 

COMENTARIO: Debemos enfatizar que la solución a la pobreza radica en las posibilidades de crecimiento de una nación. Es necesario exponer claramente la falacia social-democrática de John Stuart Mill, de que era posible distanciar las decisiones de optimización de la producción, de aquellas de su distribución. Esto es, la creencia social demócrata de que el estado no debe intervenir en las decisiones de producción de una economía, pero sí en la distribución de los bienes que surgen del esfuerzo productivo.  Es imposible separar ambas funciones –producción y distribución- en una economía. Al afectarse la distribución del producto por decisión gubernamental, se afectan los incentivos necesarios para hacer máxima la producción. Ese es un sofisma del pensamiento social-democrático, que debemos exponer permanentemente.  

RETO 7: Aumentará la presión para para que se aprueben mayores impuestos, a fin de llenar un déficit provocado por un exceso de gasto público. También escucharemos adosado, que es necesaria una reforma tributaria (al menos en el caso del impuesto sobre la renta).

COMENTARIO: Es conocida nuestra posición en cuanto a cómo cerrar el déficit del sector público: reducir el gasto gubernamental excesivo que constituye la raíz del problema. Más complicada es la propuesta de reformar el impuesto sobre la renta. Soy partidario de un impuesto bajo y uniforme (flat tax), pero soy realista de que, en nuestro país, hoy vivimos dos regímenes tributarios totalmente diferentes. Uno actualmente aplicable a empresas y personas ubicadas en el territorio nacional y otro con una exoneración plena del impuesto sobre la renta a gran cantidad de empresas, principalmente extranjeras, que se haya en zonas francas y similares. Soy consciente del beneficio para el país de la inversión extranjera, pero hay una enorme distorsión, cuando sólo los primeros son el objeto de cualquier aumento tributario, en tanto que a los segundos no se les hace partícipes de financiar el gasto estatal, que incluso puede ir en su propio beneficio, directo o indirecto.

Propongo, en primer lugar, que la reforma tributaria no se traduzca en un aumento de la carga impositiva y, en segundo lugar, que haya un sistema tributario dual, con tasas bajas y uniformes dentro de cada uno de los grupos.  Las empresas atraídas a invertir en zonas francas del país, empezarían a pagar después de cinco años de haber iniciado sus operaciones de producción, de manera que ya pueden haber recuperado, al menos en gran parte, su inversión inicial. Una tasa uniforme entre 5 y 10% es la que propondría para aplicarle a estas empresas, en tanto que las nacionales pagarían una tasa uniforme del 20% y las personas físicas una única del 12%. Por supuesto, que se eliminarían todas las exoneraciones actuales, excepto la llamada exención básica. Hoy esas exoneraciones más favorecen a quienes tienen mayores ingresos que a los de menores ingresos: todos iguales ante la ley.

RETO 8: La posición democrática que parece persistir en nuestro medio, de que una mayoría hace razón, continuará su embate, poniendo en peligro las libertades individuales.

COMENTARIO: Quedemos muy en claro: como el político liberal Winston Churchill, creo que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos.  Esto significa que no estaré de acuerdo en que, por una mayoría democrática, se conculquen los derechos esenciales de las personas, derechos propios de la naturaleza humana, que no deben estar sujetos a la volubilidad política, sino ser garantizados permanentemente por el orden político. Hay gente que cree que, porque una mayoría opina en cierta manera, eso da razón para definir leyes en dicho sentido. Me imagino, por ejemplo, que si una mayoría democrática cree que los gordos y bigotones deben ser eliminados, es razón para así hacerlo. Así lo hizo Hitler con los judíos, Stalin con muchas etnias en Rusia o Mao en el caso de la Revolución Cultural. Como ser humano, como gordo y bigotón, me opongo hasta la muerte frente a tal pretensión –de todos modos me iban a acabar. Por eso es necesario cuando hablamos de una democracia, que esta sea limitada y no ilimitada. Que esté refrenada por el principio esencial de la libertad individual. Los derechos de las minorías deben siempre estar garantizados ante las pretensiones de una mayoría del momento.

RETO 9:   Ojalá que en los años venideros, veamos una disminución de las trabas burocráticas y en el número de entes burocráticos.

COMENTARIO: Es necesario fortalecer nuestros esfuerzos por mostrar el enorme costo que para nuestra sociedad tienen tales obstáculos y desperdicio de recursos escasos. No podemos quedarnos contentos y satisfechos con que, en un índice acerca de Cómo Hacer Negocios, el país haya avanzado 12 lugares entre el 2012 y el 2013, si continuamos en la ignominia e inutilidad de ser el número 110 entre 185 naciones. Seguimos estando sumamente atrasados en cuanto a la eficiencia con que el país –principalmente el estado- promueve la creación de empresas. Continuamos siendo una más del montón del Tercer Mundo.  Les doy un dato: Mientras que en Costa Rica se estima que se tarden 60 días (si es que se lo creen), en América Latina y el Caribe, el promedio es de 53 y en los países desarrollados, que conforman lo que se denomina la OCDE, se dura tan sólo 12 días.

RETO 10: En nombre de una lucha en contra de la pobreza, probablemente veremos cómo se tomarán medidas, que más bien frenan nuestras posibilidades de crecimiento.

COMENTARIO: El principio económico fundamental es la limitación de recursos que se pueden destinar a satisfacer la infinitud de necesidades y deseos de los seres humanos. Es el principio de la escasez. Ante esto, es trascendental el tema de cómo lograr el mayor incremento posible de la producción, destinada a satisfacer esas aspiraciones.  El sistema de mercado, basado en la propiedad privada, en la división del trabajo y el intercambio libre entre las personas, ha probado históricamente ser el factor que, con mayor posibilidad, permite que las economías crezcan.  El estado es necesario en dicho orden económico. De su necesidad para asegurar la vigencia de los contratos y la seguridad externa y externa de una nación, no debe dejarse que se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico.  Al afectar las decisiones de las personas de intercambiar libremente, introduce distorsiones que hacen que los individuos no busquen la mayor producción posible. 

Habrá intervenciones gubernamentales que, en ciertas circunstancias, podrían ser deseables, como, por ejemplo, cuando la acción de una persona afecta a otra y no se le compensa debidamente por ello (externalidades negativas claramente definidas y en donde se tome en cuenta el costo de esa intervención estatal). Lo que está sucediendo es que, ante cualquier situación o circunstancia que se presenta en la economía, que no sea del pleno gusto de una persona o grupo de ellas, se busca usar el poder regulatorio del estado, para que el libre accionar de aquellas personas, sea forzado a conformarse con los intereses propios de quienes demandan regulaciones y no a los de los partícipes del libre intercambio.  

CONCLUSIÓN: 

Al final de la jornada, soy optimista en cuanto al futuro de la libertad en nuestro país. Es cierto que hay momentos en que el pesimismo se hace presente. Pero me acuerdo de cuando era un boy scout, siendo niño, en que, al anochecer, antes de dormirnos, nos reuníamos alrededor de unos leños que ardían.  Al rato empezaban a apagarse hasta que la luz se extinguía. Algo similar me parece que sucede con la libertad en nuestro país.  Pero nunca habré de olvidar que, en aquel entonces, teníamos, a la par nuestra, fósforos, yesca y tal vez algún leño semi-encendido, que al día siguiente nos devolverían el fuego perdido.

La libertad es inherente al alma humana. Debemos luchar porque haya siempre un fósforo en la mano de algún individuo, que permita que la flama de la libertad pueda seguir alumbrando el camino del progreso humano. Soy optimista en que eso lo podremos lograr.

*Palabras expresadas en ocasión del seminario de ANFE “Perspectivas para el Liberalismo en Costa Rica”, celebrado el 21 de marzo del 2013 en el Hotel Holiday Inn.

Jorge Corrales Quesada

domingo, 10 de junio de 2007

¿Conciencia ecológica?


Recientemente los estudiantes de la Universidad de Costa Rica nos vimos sorprendidos con la noticia de que el próximo 5 de junio solo se va a permitir el ingreso de vehículo 0 emisiones al campus.

En ASOJOD nos preocupamos por el ambiente pero consideramos que esta medida no provoca más que perjuicios, además de no cumple la función por la cual se instaura. Un análisis básico de la medida nos muestra entre posibles perjuicios:

• Genera un costo extra para profesores y estudiantes: Aquellos que insistan en venir en un vehículo contra la sapiencia de la UCR, tendrán que pagar un parqueo (nada barato por cierto), en las cercanías del campus. No nos olvidemos que muchos trabajan después de clases y el venir en automóvil particular es una necesidad. Esto sin contar los costos extra por buses o taxis.

• Pone en peligro la seguridad de los profesores y estudiantes: Por su parte aquellos valientes que decidan venir en patines, bicicleta, pogo saltarín, carreta o similares se enfrentaran a la posibilidad de quedar maltrechos o hasta paralíticos; bien conocido es que las vías costarricenses con costos son adecuadas para carros, menos para medios alternativos de transporte.

• Producirá caos en el transporte público: Cualquiera que viaje en bus a la Universidad habrá notado lo difícil que es obtener un asiento, tan siquiera un espacio de pie en muchas rutas. Con esta medida tal parece que no quedara más que abarrotar hasta el techo de pasajeros. Además entre más cargado esta un vehículo, más contamina.

• ¡No resuelve nada!: Las fabricas seguirán con su smog, los carritos y motos seguirán circulando ese día con su RITEVE alterado contaminado alegremente; y más importante, muchos estudiantes simplemente le dirán ha algún familiar que los pase dejando y recogiendo, contaminado el ambiente de paso.

Así las cosas parece ser que la educación ese miércoles será exclusiva de los estultos o valientes que decidan seguirle el juego a los “ecólogos de escritorio” que tomaron esta medida sin considerar sus efectos. Esperemos que los impulsores de esa disposición recapaciten .