Lineamientos para una Alianza Electoral

Desde varios meses atrás conocemos a la perfección quienes son los flamantes aspirantes a la presidencia por parte de Liberación Nacional. Pero, la semana anterior, hemos conocido nuevos intereses políticos por parte de miembros de la oposición. A la luz de esta dispersión de candidatos con la que aparentemente contará la oposición, bien vale la pena insistir una vez más en el tema de una Alianza para las próximas elecciones.

Al día de hoy, no cabe duda alguna que el único partido que cuenta con una estructura propiamente dicha es el PLN, de ahí la necesidad imperiosa por parte de los distintos miembro de la oposición de lograr consolidar una alianza y dejar de una vez por todas la atomización de sus fuerzas, ya que esta sólo beneficia al Partido oficialista. Evidentemente, lo anterior resulta muy fácil de decir, por ello la verdadera pregunta transita por cómo lograr una verdadera operativización de la Alianza, problema que en ASOJOD creemos que pasa por dos claves: personalismos y contenidos.

El plano de los personalismos probablemente sea el que más celos produzca, evidentemente existen demasiadas personas con ambiciones personales que desean llegar a la Presidencia. En este sentido, la decisión de quién debe ser el candidato debe proceder de un verdadero proceso democrático, esto es, una convención abierta en donde cualquiera (sin necesidad de partido alguno) pueda presentar su nombre, siendo la ciudadanía la que elija a quien mayor confianza le merezca. Los perdedores por su parte tendrán una cuota de poder proporcional al número de votos que alcancen, logrando así mantener un equilibrio justo entre todos los aspirantes y distintas fuerzas políticas.

Por otra parte, queda pendiente el tema del contenido de los programas de Gobierno.  En este aspecto, salta a la vista que la Alianza estará conformada por Partidos con visiones ideológicas radicalmente distintas por lo que se vuelve obligatorio encontrar un marco de acción común que resulte lo menos controvertida posible, pero que a su vez resulte altamente urgente en nuestro país. Bajo estos parámetros nos atrevemos a plantear los siguientes ejemplos: modernización de la infraestructura nacional (haciendo un especial énfasis en un sistema de transporte público eficiente por ejemplo un metro), modernizar el sistema de contratación administrativa (haciendo los procedimientos más ágiles y totalmente en línea), una profunda simplificación de trámites para los emprendedores, una profundización del sistema gobierno digital (no puede existir trámite alguno en el Estado que no pueda gestionarse en línea salvo obvias excepciones), una reforma al sistema político costarricense (elección de diputados, listas abiertas y desbloqueadas, reelección de los diputados, posibilidad de que personas sin partidos políticos postulen sus candidaturas, un sistema más riguroso de elección de magistrados), una solución definitiva al problema del empleo público y crecimiento del gasto y la deuda, un énfasis en el tema de la inseguridad que tanta zozobra y tragedias ha causado dentro de la sociedad costarricense, y una preocupación compulsiva en el tema de la ética en la función pública y la eliminación de todo tipo de corrupción.

Sinceramente, creemos que estos son los dos pilares fundamentales bajo los cuales debe de ser articulada la Alianza, de no ser así tendremos a los verdiblancos cuatro años más…

Desde la tribuna: ¿será posible blanquear el poder?

Tal como se blanquean ilegítimos capitales, hoy día se blanquea poder ilegítimo por medio de votaciones, manipuladas por el miedo, el clientelismo y por un torticero concepto de gobernabilidad.

Mucha tinta y elaborada verborrea se gasta en proponer gobernabilidad y en sostener que ésta consiste en aplicar el concepto de “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar) al poder ejecutivo y permitir que, quien ocupe la presidencia, haga según su antojo.

Este concepto bastardo de gobernabilidad puede contrastarse con el de buen gobierno, aunque muy pocas veces se reflexione sobre la diferencia.

Como el concepto de democracia electorera domina en el ambiente mediático, se opera un reduccionismo conceptual que deja todo al servicio del poder. Por democracia solo se entiende votaciones, por gobierno solo se entiende poder ejecutivo y por ciudadano solo se entiende súbdito.

Los criterios, en consecuencia, para calificar de buena o mala la gobernabilidad se ven también reducidos tres: a) ¿hubo votación? b) quien ganó el Poder Ejecutivo ¿tiene la primera y última palabra? c) ¿obedecen los ciudadanos, otros magistrados y funcionarios públicos al Poder Ejecutivo? En caso de que la respuesta sea negativa a alguna de estas preguntas, se considera mermada la gobernabilidad.

La calidad de la gestión pública no interesa en última instancia y prevalece, como criterio central, la obediencia al poder ejecutivo. En tal escenario, el debate y la contrastación de ideas y la pluralidad de iniciativas carece de interés y estorba al ejercicio de un escabroso poder, blanqueado por votaciones.

Con un concepto de democracia reducido a votaciones, poco a poco se va logrando erosionar cualquier descentralización del poder y se va blanqueando su ilegítima y dañina concentración. Este es un proceso que se auto-refuerza con el tiempo y va carcomiendo todas las instituciones republicano-democráticas. La impunidad germina y florece, emanada de estas erróneas conceptualizaciones de la administración del poder.

La palabra gobernabilidad se ha convertido en palabra comadreja, vaciada de su verdadero contenido y utilizada para blanquear la concentración de poder en nuestras sociedades. Hay incluso, quienes entregan propiedad y libertad a cambio de una votación y con seguridad insistirán políticos y sus acólitos en acrecentar esa entrega y eliminar cualquier atisbo de rebeldía ante el abuso y el descaro de los detentadores del poder.

Como también existe la posibilidad de que gobierno y bondad sean términos contradictorios y que quienes hablan de buen gobierno, estén cayendo en una fatal quimera, la desconfianza activa frente a la gobernabilidad bastarda, se convierte en un deber ciudadano y, la rebeldía, en una manifestación de la dignidad, ante el entreguismo electorero.

Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: causa y modo de corrupción

Ya lo había dicho John Emerich Edward Dalberg-Acton, conocido como Lord Acton: “el poder corrompe … y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Generalmente, la gente común debe limitar sus aspiraciones a lo que alcancen sus posibilidades. ¡No queda otra!

Debido a ello es que nace la afirmación que dice que la economía existe porque los recursos son escasos. Esta escasez de recursos establece un límite a las posibilidades. Y, por supuesto, tal situación lleva a la necesidad de tomar decisiones, al imperioso requerimiento de elegir.

¿Qué hacer ante una determinada cantidad de recursos y con una lista más grande de deseos, aspiraciones, obligaciones o expectativas? Debe escogerse lo que se va a hacer de acuerdo con las posibilidades reales. ¡Casi nunca se puede hacer todo! ¿Por qué? Porque los recursos no alcanzan para todo. Algunas veces es el dinero, otras veces puede ser el tiempo, en algún caso será la capacidad de ejecución y así sucesivamente.

En lo personal, cada uno irá viendo, conociendo y entendiendo sus límites. En ciertos casos sucederá que la plata no alcanza y no se puede adquirir todo lo que se quiere. Otras veces, sencillamente no se puede hacer algo porque no alcanza el tiempo o porque la persona no tiene como duplicarse o multiplicarse para enfrentar múltiples tareas o estar en varias partes a la vez.

Se espera que la vida nos vaya madurando y superemos con conocimiento e inteligencia ese primer estado de chiquillos que quieren todo (una carta del Niño Dios con peticiones interminables, el capricho de los párvulos que lo piden todo y lloran y hacen berrinche por sus deseos) para transformarnos en adultos capaces de escoger adecuadamente qué es lo mejor que podemos hacer con nuestros limitados recursos.

Se presume que con estudios y formación todo el mundo sabrá cuánto tiene, cuánto puede, cómo debe administrar y programarse, cómo ha de ordenar sus necesidades y deseos en relación con sus posibilidades o recursos.

Un buen padre de familia, por ejemplo, comprenderá la importancia de la educación y la salud de sus hijos. Por tal razón, si tuviera necesidad de recortar sus gastos, ordenará sus finanzas alrededor de las necesidades de los menores: alimentación, educación y salud. Es de esperar que, en caso de no alcanzarle los recursos para todo lo que quiere, entonces postergue otras cosas como diversión, cambio de muebles, vacaciones y hasta la adquisición de ropa nueva.

Si una sociedad ha invertido mucho en educación, enseñanza de las matemáticas, estudio de la administración, cívica y comprensión de las responsabilidades personales (obligaciones legales y morales) hay una gran probabilidad de que la gente tenga claras sus prioridades y adopte buenas decisiones. Incluso, en tal estado de conocimientos, más bien es de esperar que la gente tome magníficas resoluciones: programe y planifique sus gastos, aproveche bien y rinda apropiadamente sus recursos, administre sus recursos de una manera óptima y asuma con toda responsabilidad sus obligaciones. Con buena información, además, la gente no debería ser sorprendida “asando elotes”, o sea, en situaciones embarazosas sino que habría de ser factible que sus elecciones tuviesen un alto grado de previsión (ahorros y seguros, por ejemplo).

Algunas religiones y filosofías, asimismo, llegan también a proponer actitudes especiales en la vida: no dejarse llevar por determinados deseos, comprender las posibilidades reales de cada uno, usar adecuadamente los talentos (una de las parábolas más intensas del Evangelio, la cual comprende toda una lección de vida), aprovechar el tiempo y, en algunos casos, simplemente entender la felicidad como un estado en el cual la persona ha superado todos los deseos, ¡no desea nada! Se trata del desarrollo de virtudes y actitudes.

Incluso, es un principio del Derecho privado –el cual rige las relaciones entre particulares, entre las persona de carne y hueso- que a la par de la autonomía de la voluntad o libertad (la cual le permite a cada cual hacer todo aquello que no esté prohibido) aparezca la ineludible igualdad jurídica. En virtud de ella, nadie tiene una potencia jurídica superior en la relación entre particulares y, por tal motivo, ninguno puede imponer su voluntad a los demás (hay libertad, pero la tenemos todo y todos somos iguales).

Por tal motivo (recursos limitados), la vía natural para obtener bienes y servicios es el contrato o acuerdo de voluntades. Se trata de una esencial limitación de nuestras posibilidades o recursos en la vida social.

El problema surge cuando el poder permite a algunos romper las reglas de la economía y la convivencia. Entonces todas las enseñanzas se van por la borda. Así sucede, por ejemplo, cuando el niño más grande le quita la merienda al condiscípulo pequeñito. También cuando el ladrón, el estafador, el defraudador y el abusivo se apropian de los bienes ajenos usando vías inapropiadas.
En estos casos, se trata de un poder ilegítimo que abusa del otro (le roba, le arrebata, lo viola, lo coacciona). Estos abusivos toman lo que quieren y no reconocen sus límites, afectando profundamente la convivencia. Entre más fuertes y listos sean los abusivos, más poderosos son.

El poder corrompe. ¿Cuántas veces el poderoso abusa del débil, del indefenso, del desvalido, del vulnerable, del pequeño? ¿Cuántas veces el poderoso le quita al prójimo sus bienes y su tranquilidad? ¿Cuántas veces el poderoso “matonea” al más débil?

En la organización de la vida social se ha confiado en que el Estado y sus órganos e instituciones realicen algunas funciones públicas. Se espera y así se ha previsto en las normas, que el Estado realice sus tareas con probidad y corrección, con arreglo a buenas prácticas de todo tipo y, por supuesto, financieras y administrativas.

Aunque se discuta intensamente cuánto debe planificar el Estado la vida social (porque la evidencia ha mostrado que ello es inapropiado y empobrecedor) en cambio nadie polemiza acerca de que sí se planifiquen y programen adecuadamente las actividades públicas, o sea, el desempeño propio del Estado y sus instituciones.

En el área del quehacer público, en el ámbito del servicio público, en el espacio de los cometidos y recursos públicos ya ni siquiera se habla del desempeño o prudencia de “un buen padre de familia” (expresión jurídica que sintetiza lo que se espera de un administrador privado). Aquí, en el ámbito público, en donde impera la custodia de los recursos públicos (no solo el dinero sino un conjunto más complejo de bienes, instrumentos y competencias), los principios del servicio público y del Estado de Derecho, deben aparecer las más depuradas técnicas de administración, las óptimas prácticas, la probidad, el respeto a las normas jurídicas, técnicas científicas, la lógica, las reglas del arte, la transparencia y el respeto.

Sin embargo, muchas veces sucede exactamente lo contrario. ¿Por qué sucede así? Simplemente porque se ha podido transgredir todo lo que se ha querido.

“Se ha podido …”, o sea, un poder.

Un ejemplo lo encontramos en las disposiciones constitucionales relativas al presupuesto nacional. El artículo 176 de la Constitución Política preceptúa que las gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables. Es una regla que debe acatarse en la tramitación de la aprobación del presupuesto nacional. No obstante, esta simple regla ha sido irrespetada frecuentemente. Ello lleva al déficit presupuestario. No un déficit sobreviniente sino progamado.

En tal simple hecho se retrata un Estado (políticos, Administración Pública, funcionarios públicos) que no actúa como debe sino quiere y puede (un poder), aprovechándose de diversas coyunturas (indiferencia de la Sala Constitucional, complicidad de mayorías legislativas y diputados oficiales, inutilidad y complicidad de otras instancias de control).

Se torna entonces en el ejercicio de un poder sin control, que aunque es efecto también es causa y desemboca en varias formas de corrupción, mala administración, mala programación y planificación públicas, falta de probidad, mala técnica e irrespeto a normas de diversa naturaleza.

Este poder desmedido y abusivo pasa entonces a otras formas de corrupción tales como clientelismo político, empleomanía, duplicación de funciones, relajación de las formas e instrumentos de control de la función pública, ineptocracia, estatolatría y burocratización.

Como hemos oído, entonces también se llega a otros males, en parte corrupción y en parte convocados por el abuso de poder: la cleptocracia mira el aparato público como un botín y lo toma como presa (si no hay control, ni servicio público, ni análisis de resultados entonces hay campo libre) y aparece un Estado pseudopandillero (afincado en monopolios, tramitología enfermiza y cuellos de botella).

Finalmente, el poder y la corrupción rebasan los límites pasándole la factura de todos los desmanes y desafueros a la sociedad. Así aparecen los paquetes tributarios, la inflación, el deterioro de los servicios y bienes públicos y la indiferencia ante las necesidades sociales.

Todo porque el aparato público (políticos y funcionarios) se brincaron la cerca y usaron el poder para hacer lo que no debían. Ello, per se, implica corrupción (aunque en algún estadio pudiese ir acompañada de supuesta “buena intención”, la cual sabemos que termina empedrando el camino al infierno) y así debe entenderse.

Abusaron con monopolios, con exceso de funciones, con presupuestos deficitarios, con mal manejo monetario. ¡Ese poder es sinónimo de corrupción! La corrupción llama a más corrupción: más clientelismo, más ineptocracia, trámites excepcionales para aprobar impuestos.

Si se les da más recursos y funciones, tendrán más poder y entonces tenderán a abusar más. Es una espiral sin fin.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: tácticas del miedo

Con motivo de la aprobación legislativa del nuevo paquete de impuestos, que sin duda ha generado bastante malestar entre los ciudadanos, el gobierno ha promovido el temor entre las personas, particularmente potenciales contribuyentes, de que si aquél no se aprueba, casi que nos lloverán lenguas de fuego desde los cielos.

Primeramente algunos funcionarios de gobierno aseveraron que, de no aprobarse, surgiría una grave crisis social por falta de gasto público, mostrando con ello sus buenos antecedentes intelectuales de índole Keynesiana, y que dicha ausencia originaría problemas para que nuestra economía pueda crecer, aún cuando el propio Ministro de Hacienda, al preguntársele acerca de ese efecto esperado de los nuevos tributos, dijo que el propósito del paquete era una propuesta para aumentar la recaudación de los gravámenes y no para que creciera la economía. Habló con la verdad de las cosas, el señor Ministro, porque lo que en esencia está detrás de la propuesta gubernamental es tan sólo recoger todo el dinero posible, para entonces proceder a gastarlo, a como hay lugar.

La mejor prueba de la actitud de este gobierno, en cuanto a que la reducción supuesta de su déficit, la logrará tan sólo por la vía de más y mayores impuestos y no mediante la reducción del gasto, fue demostrar con su decisión, y con la ayuda del encubrimiento legislativo del PAC, que aceptaba tan sólo una disminución de su presupuesto del 2012, ya de por sí ilegal, de un 0.004%; es decir, de algo menos de la mitad de un uno por ciento de dicho presupuesto. Tan misérrima reducción lo que hace es desnudar al gobierno en cuanto a sus intenciones encubiertas acerca de cómo “reducir el déficit”. Si hubiera optado por la firmeza y la honestidad, debió haber agregado, para nuestra ilustración cívica, que eso “de reducir el déficit era sólo si se aumentaban los impuestos, pero nunca rebajando el gasto público”.

El menor crecimiento económico esperado de este año que ya lo tenemos encima, al fin ya fue aceptado hace pocos días por el Banco Central. Es un menor crecimiento que en mucho será producto del aumento esperado de impuestos que disminuirá el rendimiento de cualquier inversión que pretendan realizar las personas del sector privado. Estas anticipan una reducción del consumo de las familias y, por ende, de sus ventas reales, lo cual les motivará para no crecer tanto, no aumentar más los inventarios y generar menos empleo. Todo esto se traducirá en ingresos y ahorros a la baja.

Ese aumento de impuestos sí va a afectar la economía, al generar mayor inseguridad e incertidumbre, las que afectan negativamente los prospectos de buenos rendimientos de sus riesgosas inversiones. ¿Quién va a querer invertir más, si, al final del camino, el Estado está esperándolo para atuzarlo con mayores gravámenes, a la vez que con sus acciones el gobierno lo que hace es aumentar el riesgo, cuando se incurre en nuevas inversiones?

Quien sí se verá afectado en el jolgorio que espera tener con los nuevos impuestos, es el Gobierno, pues en caso de que no se apruebe el paquete de tributos que nos pretende imponer, se verá casi obligado a reducir los gastos, pero esta vez en serio y no sólo de habladas, como ha sido siempre que ha jurado que con el paquete del momento al fin se acabará con el déficit. La ilusión es que sin esos mayores tributos se verá obligado a bajar la gastadera: si no se le da más plata, entonces, sí se vería obligado a rebajar el gasto. Pero ya sabemos que, aún así, tratará, de zafarse de la camisa de fuerza, que significa no tener esos mayores ingresos tributarios que anhela lograr con su paquetazo. Ya nos amenazó con que, si no le damos esos tributos de más, podría emplear otras medidas con tal de no rebajar el gasto gubernamental. Esta amenaza no es broma, y ya algunos funcionarios gubernamentales la han mencionado públicamente. De nuevo, no es una amenaza a nuestras vidas que surge por una maldad nuestra, al no querer aprobarle al fisco mayores impuestos o tan sólo porque queramos llevar salarios reales mayores a nuestros hogares, que nos hemos ganado honradamente.

Para amedrentarnos a que aprobemos las mayores alcabalas, nos han conminado hacerlo con la amenaza de que, si no logran aquello, entonces aumentarán los intereses, pues para financiar sus pretensiones de gasto público acudirán a los mercados de crédito para pedir prestado; esto es, con sus actos, el gobierno aumentará el endeudamiento de todos los ciudadanos. Como en Costa Rica el ahorro es muy bajo relativamente (un 17% del PIB) y con el paquetazo más bien este gobierno lo que va a lograr es que aún se ahorre menos, posiblemente sí tendrá lugar dicho aumento en las tasas.

Pero, si el mercado de fondos prestables no le da al gobierno lo que quiere (al precio que quiere), nos lanzó la otra más fuerte amenaza contra todos los ciudadanos, sobre todo a los reticentes a que le den carta blanca como pretende con el paquetazo: acudir a la emisión monetaria del Banco Central (me imagino que con sus Letras del Tesoro, para guardar las apariencias formales), a fin de obtener los fondos necesarios y con ellos financiar el gasto público. El proceso inflacionario que tendrá lugar y que afectará más a los más pobres, será posible si el Banco Central se despoja de su independencia y se rehúsa a emitir ese exceso de dinero. Tal vez la última esperanza de que eso no se dé radica en el credo antiinflacionario que hasta hoy ha esgrimido don Rodrigo Bolaños, pero sólo el tiempo podrá mostrarnos la realidad de las cosas. Y todo con tal de no reducir el gasto público...

La segunda gran táctica empleada por los políticos del gobierno es la tragicomedia griega: ahora resulta que, según este gobierno, si no le aprobamos los impuestos el país quedará indefenso ante el efecto de la caída de la economía europea, contagiada por la declinación griega tan conocida. Algunos funcionarios estatales nos han dicho que, así como el país pudo salir bien librado de la crisis anterior (llamémosla la de Estados Unidos) (¿bien librado nuestro país con un aumento del desempleo de menos de un 6% hasta un 7.7%; con una caída del crecimiento del PIB de casi un 6% anual a prácticamente 1% en el 2010?), se hace necesario blindar nuestra economía ante una posible caída de Europa.

Lo cierto es que tal debacle es tan sólo una posibilidad, pero en verdad parece tener poco que ver con el arreglo de nuestro desorden fiscal y más bien con que el Banco Central pueda tener acceso a líneas de crédito en caso de que haya un congelamiento de los préstamos internacionales entre bancos. Eso sucedió en la crisis reciente de los Estados Unidos y los mismos banqueros han alabado la eficiencia con que reaccionaron los principales órganos de crédito en el mundo (el FMI, la FED, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el BID entre muchos otros), que permitieron que nuestro país no se viera envuelto en ese estrangulamiento del crédito, que en sus inicios caracterizó a la crisis estadounidenses.
Es decir, la no aprobación del paquete tributario no impide que el Banco Central, tal como lo hizo en ocasión de lo más duro de la crisis del 2009-1010, logre acuerdos de soporte de liquidez internacional, en caso de que una caída de la economía europea la provoque.

Lo que se podría aprender de la crisis griega es que los déficit gubernamentales pueden echar por la borda cualquier esfuerzo de crecimiento económico sostenido y que no es posible que todo mundo, al mismo tiempo y por medio del Estado, pueda seguir viviendo a costas de todos los demás. Los griegos lo primero que ahora tienen que hacer, y los países más serios de Europa se encargarán de que así sea, es reducir su gasto estatal en todo lo posible, generar recursos con la venta de una serie de empresas estatales que bien podría estar en manos privadas y, en lo posible, recoger mejor sus tributos por medio de un control de la evasión impositiva. Sólo así podrán fluir hacia Grecia los aportes de recursos que le permitan salir del casi abismo en que se encuentra.

Esa lección si la podrían aprender las autoridades gubernamentales, en vez de pretender asustarnos en cuanto a que, si no les aprobamos su paquetazo, la tragedia griega se convertiría en una tragedia criolla. Lo que hace falta aquí, así como en Grecia, es orden, certeza y seriedad en la conducción de la cosa pública.

Jorge Corrales Quesada

Flash legislativo

El pasado lunes se consiguió algo histórico para el control político y el equilibrio de poderes que requiere toda democracia: por primera vez en muchísimos años, la Asamblea Legislativa improbó la liquidación de gastos del Gobierno Central, con lo cual hizo un fuerte llamado de atención por la cantidad de recursos desperdiciados, el financiamiento de gasto corriente con deuda, los errores de gestión, la falta de transparencia y rendición de cuentas que afectan a los costarricenses.

Con el voto de 26 de los 46 legisladores presentes (toda la fracción del PLN votó en contra), se aprobó el Dictamen Negativo de Mayoría de la Liquidación Presupuestaria, liderado por la Diputada libertaria Marielos Alfaro, quien preside la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público y se ha convertido en la más crítica del gasto y desorden que tiene esta Administración y ha logrado, junto con el resto de Diputados de su fracción y la Alianza por Costa Rica, darle un golpe severo a la gestión del Gobierno de Laura Chinchilla.

Esperemos que este hito abra las posibilidades para impulsar una agenda legislativa tendiente a meter en cintura al Ejecutivo, limitarle su posibilidad de endeudamiento y obligarlo a ordenar la casa, al tiempo que ofrezca la posibilidad a los Diputados de contar con argumentos y valor para enterrar, de una vez por todas, el mal llamado proyecto de Solidaridad Tributaria.

¡NO a más impuestos debe ser la consigna!