Bailout

En este corto video el profesor Russell Roberts de la George Mason University, explica que fue lo que causó la crisis financiera, los efectos de los planes de salvataje, así como soluciones alternativas a la crisis.

Entrevista: Dan Mitchell, crisis financiera.

–¿Piensa usted que las medidas de rescate del Gobierno contribuirán a restaurar la economía?

–Las medidas de rescate empeoran la economía, porque impiden que los mercados privados operen. Ya lo vimos en Japón, en la década de 1990.

Cuando tienes una burbuja, lo mejor que se puede hacer es dejarla explotar tan rápidamente como sea posible. Cuando uno se quita una curita poco a poco, resulta muy molesto. Si se la quita de una vez, se acabó. Y entonces la economía puede volver a crecer.

Pero cuando el Gobierno interfiere y aplica medidas de rescate, no solo está recompensando a las instituciones por haber tomado decisiones equivocadas, sino además está agrandando y haciendo más profundos los problemas económicos.


–¿Habría dejado usted llegar a la bancarrota a los grandes fabricantes de autos, como General Motors, Chrysler o Ford?

–Las empresas que están en bancarrota es porque tenían que ir a la bancarrota. Lo mejor para General Motors habría sido caer en bancarrota, para reorganizarse, negociar contratos razonables con los sindicatos, y emerger de la bancarrota en una posición más fuerte. En cambio, el rescate solo retrasa las reformas necesarias que tienen que aplicarse, si se quiere ser competitivos en una economía global.

–¿Qué habría pasado con los ahorros de las personas, si el Gobierno hubiera dejado a los bancos caer en bancarrota?

–Hace veinte años, muchos de los bancos llamados cooperativas de ahorro y crédito (Savings and loans) fueron a la bancarrota por tomar malas decisiones, pero entonces el Gobierno no los rescató.

Los accionistas perdieron su dinero y los ejecutivos su trabajo; los clientes, en cambio, tomaron sus ahorros y los trasladaron a otras instituciones que no estaban en quiebra. Eso hizo que el sistema completo funcionara muy bien, en comparación con el enredo que los políticos están haciendo hoy.

–¿Qué va a pasar en los próximos años, teniendo en cuenta las decisiones que el Gobierno acaba de tomar?

–Desafortunadamente, parece que Obama piensa hacer exactamente lo mismo que Bush. Será un presidente con un Gobierno grande e intervencionista. Lo que no funcionó con Bush no funcionará con Obama. Así es que no estoy muy contento.

–¿Defiende un sistema con menos intervención estatal y menos impuestos?

–Sí: un Gobierno más pequeño, que interfiera menos, y tasas (de impuestos) fijas y más bajas. Medidas como esas hicieron que Hong Kong creciera tan rápido y se haya hecho tan rico. Así es que yo seguiría las políticas de Hong Kong. Sin embargo, Bush y Obama están intentando hacer un país más parecido a Francia: un Estado de bienestar, con crecimiento lento y un alto nivel de desempleo.

El error keynesiano de Barack Obama

Políticos y burócratas están avanzando con un gigantesco plan de estímulo de $800.000 millones para supuestamente devolverle el crecimiento a la economía estadounidense. ¿Funcionará? Décadas de investigaciones macroeconómicas sugieren que no. De hecho, el renacimiento del keynesianismo para combatir la recesión parece derivarse más de la conveniencia política que de la teoría económica moderna o de la experiencia histórica.

La idea de utilizar la política fiscal para estimular la economía durante una recesión era promovida por John Maynard Keynes durante los años treinta. Keynes argumentaba que las economías de mercado pueden verse estancadas en un hueco muy profundo y que solamente grandes infusiones de estímulos gubernamentales pueden reanudar el crecimiento. Él propuso la tesis de que el alto desempleo en la Gran Depresión se debía a los “salarios estáticos” y a otros problemas de mercado que prevenían el retorno al equilibrio de pleno empleo. Es interesante que Keynes no ofreció evidencia alguna para demostrar que los salarios estáticos eran un serio problema, e investigaciones posteriores indicaron que los salarios de hecho cayeron substancialmente durante la década de los treinta. De hecho, uno necesita analizar a una serie de intervenciones gubernamentales para explicar por qué la recesión duró tanto.

A pesar de los defectos en el análisis de Keynes, su prescripción de un estímulo fiscal para aumentar la demanda agregada durante una recesión fue ampliamente aceptada. Los gobiernos llegaron a creer que al manipular el gasto o los recortes de impuestos temporales ellos podían administrar científicamente la economía y suavizar los ciclos económicos. Muchos economistas pensaron que había una relación inversa entre la inflación y el desempleo que podía ser explotada por políticos hábiles. Si el desempleo estaba subiendo, el Estado podía estimular la demanda agregada para reducirlo, pero con el efecto secundario de una inflación algo más alta.

Los Keynesianos pensaron que el estímulo fiscal funcionaría al contrarrestar el problema de los salarios estáticos. Los trabajadores serían engañados al aceptar los salarios reales más bajos mientras que los niveles de precios subían. Los salarios nominales al alza fomentarían más esfuerzos laborales y más contratación por parte de las empresas. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que el Estado no puede engañar continuamente a los mercados privados, porque las personas prevén y son generalmente racionales. El error de Keynes fue ignorar el comportamiento microeconómico real de los individuos y las empresas.

El dominio del keynesianismo se acabó en los setenta. El gasto público y los déficit se dispararon, pero el resultado fue una inflación más alta y el desempleo no se redujo. Estos eventos, y el auge del monetarismo liderado por Milton Friedman, acabaron con la creencia de que había una relación inversa entre el desempleo y la inflación. El keynesianismo estaba errado y su prescripción de una intervención fiscal activa estaba mal concebida. De hecho, las investigaciones de Friedman demostraron que la Gran Depresión fue causada por un fracaso de la política monetaria del Estado, no por un fracaso de los mercados privados como Keynes lo había dicho.

Aún si un estímulo del Estado fuese una buena idea, los políticos probablemente no lo implementarían de la manera que la teoría keynesiana lo sugería. Para componer una recesión, los políticos necesitarían reconocer el problema temprano y luego implementar una estrategia contra-cíclica rápida y eficiente. Pero la historia estadounidense revela que las acciones de estímulo del pasado han sido demasiado inoportunas o inadecuadas para en realidad haber ayudado. Además, muchos políticos son conducidos por motivos que están en conflicto con la presunción keynesiana de que ellos buscarán diligentemente servir el interés público.

El fin del keynesianismo en los setentas creó un vació en la macroeconomía que fue llenado por la teoría de “expectativas racionales” desarrollada por John Muth, Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro y otros. Para la década de los ochentas el keynesianismo a la antigua estaba muerto, al menos entre los nuevos líderes de la macroeconomía.

Los teóricos de las expectativas racionales sostenían que las personas toman decisiones económicas razonadas basándose en sus expectativas del futuro. No pueden ser engañados sistemáticamente por el Estado e inducidos a tomar acciones que los dejarán en una peor situación. Por ejemplo, las personas saben que un estímulo al estilo keynesiano podría derivar en una inflación más alta, entonces ajustarán su comportamiento, lo cual tiene el efecto de nulificar el plan de estímulo. Un gasto de estímulo endeudará más al Estado, pero no aumentará la producción real o el ingreso sostenido en el tiempo.

Es difícil encontrar un libro de texto de macroeconomía estos días que considere a un estímulo keynesiano como una herramienta de política pública sin serios errores, razón por la cual la actual propuesta de $800.000 millones ha tomado por sorpresa a muchos macroeconomistas. John Cochrane de la Universidad de Chicago recientemente indicó que la idea de un estímulo fiscal es “enseñada solamente para mostrar sus falacias” en los cursos universitarios. Thomas Sargent de New York University indicó que “las calculaciones que yo he visto respaldando al paquete de estímulo son hechas a la ligera e ignoran lo que hemos aprendido en los últimos 60 años de investigaciones macroeconómicas”.

Es cierto que la teoría keynesiana ha sido actualizada en recientes décadas, y que ahora incorpora ideas de nuevas escuelas de pensamiento. Pero la aseveración de la administración de Obama de que su paquete de estímulo creará hasta cuatro millones de trabajos es asombrosa. Muchos macroeconomistas de primera línea son críticos del plan, incluyendo a Greg Mankiw de Harvard y John Taylor de Stanford, quienes han sido los líderes en actualizar el modelo keynesiano. Taylor señaló que “la teoría de que un estímulo de gasto gubernamental a corto plazo reactivará la economía está basada en teorías keynesianas anticuadas y estatistas”.

Un resultado de la revolución de las expectativas racionales ha sido que muchos economistas han cambiado su enfoque de estudiar cómo manipular los ciclos económicos de corto plazo a investigar las causa del crecimiento a largo plazo. Es en el largo plazo que los economistas pueden proveer el consejo más útil sobre cuestiones tales como reforma tributaria, regulación y comercio.

Mientras que muchos economistas han volcado su atención al crecimiento a largo plazo, los políticos desafortunadamente tienen horizontes de tiempo de más corto plazo. Suelen combinar poco conocimiento de economía con un gran apetito de proveer arreglos rápidos a las crisis y recesiones. Su demanda de soluciones muchas veces es igualada por la oferta de propuestas dudosas por parte de economistas demasiado ansiosos. Muchos economistas respetados presionaron por la aprobación del paquete de estímulo de $170.000 millones a principios de 2008, pero éste resultó ser un fracaso. La lección es que los políticos deberían ser más escépticos de economistas que dicen saber cómo resolver recesiones con esquemas grandiosos. Los economistas saben mucho más acerca de los factores que generan el crecimiento a largo plazo, y eso debería ser el enfoque primordial de los esfuerzos para reformar del gobierno.

El actual plan de estímulo impondría una pesada deuda a los estadounidenses jóvenes, pero haría poco, si no es que nada, para ayudar a que la economía crezca. De hecho, podría tener efectos similares a aquellos de los programas del Nuevo Trato (New Deal), de los cuales Milton Friedman concluyó “obstaculizaron la recuperación de la contracción, prolongaron y añadieron al desempleo y fijaron las bases para un Estado cada vez más entrometido y costoso”. Un precedente será creado con este plan, y los políticos necesitan decidir si quieren continuar hipotecando el futuro o permitir que la economía se ajuste y retorne al crecimiento por sí sola, como siempre lo ha hecho en el pasado.

Desafortunadamente, el Presidente Obama no ha propuesto reforma fiscal de largo plazo alguna, y como su predecesor parece tener una visión keynesiana de corto plazo. Los recortes de impuestos de 2001 y 2003 fueron generalmente vendidos como medidas de estímulo temporales y el presidente Bush aprobó de los créditos tributarios de 2008 calificándolos de una “inyección de estímulo” para la economía. No queda claro si las creencias keynesianas o los factores políticos conducen al plan de estímulo de $800.000 millones. Pero como Robert Barro de Harvard indicó en su desapruebo del plan de estímulo, solo porque la economía está en crisis, no “invalida todo lo que hemos aprendido acerca de la macroeconomía desde 1936”.

Ike Brannon y Chris Edwards

Crisis hipotecaria: ¿Quién causó el desastre?

"El sector privado nos metió en este desastre y el Gobierno tiene que sacarnos de él".

Esa es la versión del congresista Barney Frank y no parece moverse de ella. Como ha explicado en los últimos días, la presente crisis financiera es producto de dejar al libre mercado sin regulación, de modo que la clase política sólo sería culpable de haber no meter en cintura a los capitalistas. La debacle de Wall Street fue provocada por "malas decisiones que se tomaron por gente del sector privado", decía Frank. El país se encuentra en crisis "gracias a la filosofía conservadora que exige que el mercado sea respetado". Una filosofía que "se remonta a Ronald Reagan, cuando en su discurso de investidura decía, que el Gobierno no era la respuesta a nuestros problemas, sino que era el problema."

En realidad no es eso lo que dijo Reagan. Sus palabras textuales fueron: "En esta crisis actual, el Gobierno no es la solución a nuestro problema; el Gobierno es el problema". Si fuera presidente hoy, diría algo muy parecido.

Porque mientras la crisis hipotecaria que sacude Wall Street tiene su porcentaje de culpables en el sector privado (muchos de los cuales han venido descubriendo últimamente lo penosa que puede ser la disciplina del sector privado), ellos no fueron los que "nos metieron en este desastre". Eslóganes absurdos de Barney Frank al margen, los agentes de crédito hipotecario no se despertaron un día por las buenas decidiendo abandonar los estándares tradicionales de crédito para realizar préstamos desaconsejables a deudores que no cumplían con los requisitos. Se aproximaría más a la verdad decir que despertaron para descubrir que el Gobierno les obligaba y que les exigía hacerlo.

La raíz de esta crisis se remonta a la administración Carter. Fue entonces cuando los funcionarios públicos, empujados por los activistas de extrema izquierda, empezaron a acusar a los agentes de préstamo hipotecario de racismo y de negarse a prestar dinero en barrios deprimidos porque a los negros se les estaban negando hipotecas con una frecuencia mayor que a los blancos de las zonas suburbanas.

La presión para prestar a las minorías (esto es, a deudores con historiales de crédito deficientes) se volvió insufrible. En 1977 el Congreso aprobaba la Ley de Reinversión Comunitaria, que dotaba de poder a los agentes reguladores para castigar a los bancos que "no cumplan las necesidades crediticias" de "vecindarios de renta baja, minoritarios o deprimidos." En 1995, bajo el Presidente Clinton, la ley se hizo aún más severa. Los agentes de crédito respondieron relajando sus estándares de garantía y realizando créditos cada vez menos respaldados. Las dos agencias hipotecarias públicas, Fannie Mae y Freddie Mac, estimularon estos préstamos arriesgados autorizando criterios aún más "flexibles" en virtud de los cuales se podían prestar hipotecas a los deudores más insolventes.

Todo esto se justificaba como medio de elevar el acceso a la propiedad de las casas entre las minorías y los pobres. Las políticas de discriminación positiva se impusieron frente a las prácticas empresariales prudentes. Un manual difundido por el Banco de la Reserva Federal de Boston aconsejaba a los prestamistas pasar por alto el sentido común financiero. "La ausencia de historial crediticio no debe ser visto como un factor negativo", instruían las directrices de la Reserva. Los solicitantes carentes de los ahorros suficientes para pagar la entrada y los costes deben poder depender en su lugar de "donaciones, préstamos o ayudas procedentes de parientes, organizaciones sin ánimo de lucro o agencias municipales". A los agentes de crédito se les indujo hasta a aceptar pagos de la seguridad social y prestaciones por desempleo como "fuentes de ingreso válidas" para cumplir los criterios de una hipoteca. No obedecer podría significar una demanda.

Mientras los precios de vivienda seguían subiendo –y con millones de prestatarios no cualificados sumándose a la demanda– el espejismo de que todo esto era una buena política pública se pudo defender. Pero no se necesita ser un genio financiero para reconocer que llegaría el día de lamentarse. "¿Qué significa que los bancos de Boston empiecen a realizar más préstamos a minorías?" preguntaba yo en esta columna en 1995. "Lo más probable es que con conocimiento de causa estén aprobando préstamos de riesgo para quitarse de encima a los federales y los activistas. . . Cuando la oleada de ejecuciones hipotecarias se extienda por el todo el país, ¿cuál de los banqueros, los políticos y los reguladores que hoy que se felicitan planea asumir la culpa?".

Barney Frank no. Y eso que su huella está presente por todo este fiasco. Una y otra vez Frank insistía en que Fannie Mae y Freddie Mac eran empresas sólidas. Hace cinco años, por ejemplo, cuando la administración Bush proponía una regulación mucho más estricta de las dos hipotecarias, Frank se mostraba inflexible en que "estas dos entidades, Fannie Mae y Freddie Mac, no se enfrentan a ninguna crisis financiera". Cuando la Casa Blanca advertía de "riesgo sistemático para nuestro sistema financiero" a menos que los gigantes hipotecarios fueran controlados, Frank denunciaba que la administración estaba más preocupada por la seguridad financiera que por la vivienda.

Ahora que la burbuja ha explotado y el "riesgo sistemático" es evidente para todo el mundo, Frank afirma veladamente: "El sector privado nos metió en este desastre". Bien, demos puntos al congresista por jeta. Wall Street y los agentes privados de crédito tienen mucho por lo que responder, pero fue Washington y la clase política los que descarrilaron este tren. Si Frank busca un culpable a quién echarle la culpa, podrá encontrar un sospechoso muy probable en el espejo más cercano.

Jeff Jacoby, columnista del Boston Globe.