Tema polémico: un nuevo Papa más tolerante y tolerable

En ASOJOD siempre hemos tenido una posición muy crítica contra la religión y sus instituciones, especialmente contra la Iglesia Católica, que es la más fuerte en nuestro país, por sus posiciones contrarias a la libertad y a los derechos individuales.En ocasiones anteriores, hemos atacado la peligrosa intromisión de la Iglesia en las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, eutanasia, aborto y unión de personas del mismo sexo. Como siempre hemos dicho, todas esas decisiones corresponden únicamente a los individuos que viven la situación y a la Iglesia ni al Estado influído por esta.

Sin duda, el rostro más visible de la Iglesia es el Papa. Y Benedicto XVI, en su anterior postura como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antigua Inquisión en el medioevo) y en su actual papado, ha sido muy enfático en censurar muchísimas de esas libertades. Su posición, sumamente conservadora, ha influido en los diferentes Estados -y el costarricense no es la excepción- para que el camino hacia una sociedad respetuosa de los derechos indivuales sea más intrincado y complejo, como lo demuestra la renuencia de este Gobierno para discutir temas como la unión civil de parejas del mismo sexo. Por el contrario, inspirada por la idiotez y el fanatismo, la Administración Chinchilla Miranda declaró de interés público una conferencia de un médico que pretende ofrecer la "cura" a la homosexualidad. Retrógrado, medieval, despreciable, estúpido y otros adjetivos son los que merece tal decisión.

Lo cierto es que, con su sorpresiva renuncia (que desearíamos también influyera en la renuncia de nuestra muy católica señora Presidente de la República) se abre un nuevo capítulo político en el Vaticano para la elección de su sucesor. Sea desde la perspectiva espiritual para los creyentes, donde elegirán al designado por Dios para representarlo en la tierra o desde la perspectiva laica, donde un Estado elegirá a su nuevo gobernante, el cónclave que se celebrará en marzo próximo será todo un evento mundial.

Por supuesto, en ASOJOD esperaremos que, aunque parezca difícil y poco probable, el nuevo Papa tenga una posición más acorde con los nuevos tiempos y sea más sensato que su predecesor. La gran cantidad de personas con enfermedades de transmisión sexual, los niños abandonados producto de embarazos no deseados, los discriminados por su orientación sexual, la víctimas de violencia de género así lo exigen. Estos flagelos requieren un abordaje serio, basado en más libertad y más racionalidad, en lugar de más intervención y oscurantismo medieval.

Lo mismo esperamos en nuestro país. Tal vez un Papa y una Iglesia más flexibles y tolerantes puedan influir en los sacerdotes criollos para que, desde sus púlpitos o desde la Conferencia Episcopal, le bajen el tono a su oposición y comiencen a dar señales de respeto a la dignidad humana, poniendo por encima del dogma a los individuos.

Tema polémico: control de armas

Desafortunadamente este año que termina, ha estado lleno de matanzas y tiroteos perpetrados por una serie de locos y perversos. Por supuesto, que después de la tragedia los distintos actores sociales se preguntan el por qué de los hechos, así como posibles soluciones. Sin duda, en el apartado de las soluciones una de las primeras opciones es el tema de control de armas, al cual el día de hoy dedicaremos nuestro tema polémico.

Partimos del hecho que en estos temas pueden darse dos tipos de regulaciones. La primera de ellas se refiere al acceso de las armas. En este sentido, partimos del hecho que el derecho a comprar un arma (consecuencia del derecho a la propiedad y legítima defensa), conlleva aparejado como todo derecho una responsabilidad. Así, se puede afirmar que todas aquellas restricciones referentes a al aptitud física, psicológica, destrezas en el manejo de las armas, históricas (antecedentes penales), resultan absolutamente legítimas, razonables y proporcionales. Es decir, quien compra un arma debe demostrar que se encuentra totalmente capacitado para tenerla y portarla, lo que nos lleva al segundo tipo de regulación.

Respecto al segundo tipo nos referimos a aquellas regulaciones que pretenden restringir la portación de armas en determinados centros públicos. Sin duda, entendemos la intención detrás de esta limitación, pero consideramos que la misma no resulta idónea para el fin que persigue: esto en razón de que una regulación de este tipo no detendrá a los delincuentes, ya que estos introducirán las armas de forma clandestina, con la ventaja de que sus “blancos” se encontrarán totalmente desarmados. Así las cosas, resulta mucho más riesgoso para uno de estos dementes tratar de llevar a cabo alguna de sus perversiones en un ambiente rodeado de armas que libre de estas.

Como se puede ver, la regulación del tema de armas es todo un arte. En donde deben balancearse dos objetivos sumamente deseables: a) que personas no idóneas tengan acceso a ellas, y b) que la ciudadanía no quede desarmada e indefensa frente a los múltiples agresores que se encuentran en la calle. Encontrar este balance es una tarea ardua que  requiere de una postura crítica, y no de posturas políticamente correctas.

Tema polémico: el ocaso de la democracia costarricense

El día de ayer, La Nación publicó una encuesta donde revela algo que se ha convertido en una tendencia preocupante: el aumento de la cantidad de ciudadanos que están decepcionados de la democracia y prefieren, en su lugar, un autoritarismo. Según dichos datos, 43% de los encuestados aseguraron que es mejor tener otro sistema diferente al democrático, cuando dicha variable había registrado 22% en la encuesta de 2006.

En ASOJOD observamos con temor esta situación que va in crescendo, no por la defensa axiologica de la democracia, sino por la vulnerabilidad que amenazaría los derechos individuales. Nos explicamos. En reiteradas ocasiones hemos indicado que validamos la idea churchilliana de la democracia,  por cuanto, parafraseando al célebre ex Primer Ministro británico, ella es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. Lamentablemente, la evolución institucional ha llegado a un punto donde el abanico de opciones en regímenes políticos no es prolífico: dictadura, monarquía, democracia y anarquía, con variaciones de grado que las acercan o alejan del "tipo ideal" utilizando el concepto weberiano. Podríamos hablar del minarquismo, que dicho sea de paso, es un modelo más acorde con las ideas que sostenemos en ASOJOD, como un sistema donde el Estado debe proteger los derechos individuales de la coerción que pueda existir en las relaciones humanas, dejando todas las demás actividades humanas sujetas a la relación voluntaria y contractual de los individuos. No obstante lo anterior, y muy a nuestro pesar, el minarquismo no ha sido aplicado, al menos con claridad y decisión, en diferentes momentos históricos. Lo mismo podríamos decir de la anarquía, que pareciera ser solo posible en colectivos muy pequeños, aunque siempre con la duda de que la propia inexistencia de reglas es una regla que anula el significado literal del término. 

Independientemente de esta reflexión teórica, lo cierto es que la historia política de la humanidad se ha caracterizado, en diferentes momentos y con gradaciones diversas, en organizaciones monárquicas, dictatoriales (muchas veces siendo el mismo monarca el mandamás totalitario) y democracia (con más o menos peso de los derechos individuales y con formas de organización del gobierno parlamentario, presidencialista o mixto). En este sentido, consideramos que los datos de la encuesta antes mencionada, aunado a la vivencia por la que han pasado la mayoría de los pueblos latinoamericanos, son motivos suficientes para preocuparnos. Si la conclusión a la que se pudiera llegar al ver los números es que la gente apostaría por un modelo minarquista, celebraríamos con algarabía; pero el panorama no es tan alentador. Tristemente, cuando se observa que el porcentaje de personas que expresamente preferirían el establecimiento de un gobierno autoritario pasó de 11% en 2006 a 22% en este año, los temores comienzan a tomar fuerza. 

Si de ese 43% apuntado en el primer párrafo que prefiere un sistema diferente al democrático, un 22% expresamente escoge el autoritarismo, es dable pensar que el 21% no debe tardar mucho en convencerse de lo mismo. Si a eso se le suma el descontento manifiesto de la ciudadanía con el proceso electoral, reflejado en el abstencionismo (que ha subido como la espuma en los últimos tres comicios nacionales), entonces cada vez se vuelve más probable que unos pocos elijan a quien gobierne el país y con la flacidez institucional, el mal diseño de las reglas de juego constitucionales y la concentración de poder en pocas manos, no parece tan descabellado pensar que pronto el cerco contra la libertad se irá estrechando. 

Como lo dijimos antes, el motivo de nuestra preocupación no es la democracia per se, sino la protección de los derechos y libertades individuales. La democracia tiene muchísimos defectos, especialmente porque es un modelo que permite o posibilita la tiranía de las mayorías y aunque la teoría y práctica de los derechos humanos ha avanzado hasta un punto donde en casi todas las latitudes se impide que las mayorías decidan sobre algunos derechos de las minorías, lo cierto es que todavía persisten enormes violaciones a ese principio, especialmente en materia económica, donde se legaliza e institucionaliza el robo del producto del trabajo individual mediante impuestos, se empeña el futuro de las personas con endeudamiento estatal, las regulaciones que políticos y burócratas imponen a empresarios y trabajadores, etc. 

Y todos estos problemas se agravarían en caso de un gobierno autoritario. Si ya de por sí, el nuestro es un sistema político de partido hegemónico, en el cual el PLN tiene prácticamente copados todos los puestos de poder y la oposición es sumamente débil, desarticulada y golpeada por diferentes cuestionamientos (muchos de ellos impulsados por un sistema judicial parcializado), la existencia de un gobierno autoritario formalmente instaurado complicaría más la situación. No queremos ni imaginarnos cuán grave sería la amenaza contra las libertades económicas, así como las civiles y políticas. Sin duda, el escenario es, cuando menos, aterrador.

A pesar de nuestro tono negativo, no todo está perdido. El sistema político y el régimen democrático costarricense deben reinventarse para poder satisfacer los deseos, expectativas, intereses y valores de los ciudadanos. Se requiere mucha más participación de estos, más espacios políticos, mayor desconcentración de poder, fortalecimiento del sistema republicano de frenos y contrapesos, más libertad, menos Estado y un compromiso de los actores políticos para hacer las modificaciones correspondientes. Aunque suene difícil, todo pasa porque el ciudadano comience a exigir más poder y hacer valer sus libertades y derechos, en lugar de cruzarse de brazos y sentarse a esperar que los cambios surjan por sí solos.

La democracia costarricense, al menos en la forma en la que la hemos conocido desde hace años, está agotada y su ocaso se acerca. Depende de nosotros los individuos lo que surja en su lugar: un totalitarismo al estilo de los demás países latinoamericanos o una minarquía respetuosa de los derechos y libertades.

Tema Polémico: Los impuestos como robo legalizado

Hace muchos años la novelista y filósofa Ayn Rand escribió una de las reglas éticas más importantes para la humanidad:

"No puede haber semejante cosa, en las leyes o en la moralidad: Acciones prohibidas a un individuo y permitidas a una muchedumbre."

Precisamente a desmenuzar brevemente esta profunda idea dedicaremos nuestro tema polémico del día de hoy.

Lo primero que debemos apuntar es que la piedra angular de dicho pensamiento son los derechos individuales, pero más importante la inalienabilidad de los mismos. Es decir, los individuos tienen derechos por el sólo hecho de ser personas, por lo que no pueden ser substraídos por autoridad o asociación alguna, ya que esto supondría que un individuo o asociación posee más derechos que otros. En este sentido, obtenemos un nuevo principio ético igual de importante: la igualdad de todos los seres humanos, así como la no instrumentalidad de los individuos. Evidentemente, el respeto irrestricto a los cánones mencionados anteriormente, sólo pueden derivar en una sociedad de individuos libres, respetuosos de unos y otros, que tratan entre ellos a partir de la persuasión y del intercambio en beneficio propio y nunca a través de la fuerza o intimidación.

Propiamente en el tema de los impuestos el mencionado principio sólo puede conducir a un reproche ético de los mismos. Es decir, si yo como individuo no tengo el derecho a tomar la propiedad de otro individuo (sin importar que la misma la utilice para servir al “bien común”, evidentemente el Estado o cualquier otro tipo de asociación puede hacerlo. Destacamos esta tensión, no con el propósito de alimentar una especie de anarquismo o eliminación de los impuestos, los cuales nos hemos resignado considerándolos como un mal necesario. Pero, si queremos destacar el poder psicológico que podría tener dicho principio para la consecución y materialización de políticas públicas. Lo que quiere decir esto, es que si la ciudadanía y los políticos tuvieran conciencia de que los impuestos son un robo legalizado, su tratamiento de los mismos sería totalmente distinto. Existiría vergüenza e indignación en sugerir un paquete de impuestos, habría que justificar y “demostrar” la necesidad de dichos impuestos, habría que demostrar que esta es la única solución posible ya que los problemas de gasto, despilfarro, corrupción y recaudación han sido previamente solventados. Cosas que hoy en día no ocurren ni por asomo, los políticos extraen sin vergüenza alguna los recursos de los ciudadanos, los utilizan como les da la gana, y siempre los aumentos de impuestos son la primera solución a cualquier problema que aparezca.

Por ello, queremos llamar la atención el día de hoy de esta verdad tan simple y sencilla pero tan útil e importante, ya que ella puede ser el primer aire de cambio de las relación Estado-Individuo.

Jumanji empresarial: Gobierno, gobernados y gobernables

La civilidad y la gobernabilidad no son un asunto de la sola competencia de quienes administran las funciones públicas o de los partidos que luchan por el poder; es, en cambio, una cuestión del interés general de la sociedad y de los gestores locales.

Gobernar quiere decir que alguien tiene la autoridad y la responsabilidad de disponer el funcionamiento del Estado y de las gestiones colectivas evolutivas. La autoridad se la confiere el voto de los ciudadanos y se enmarca en el sistema legal; la responsabilidad se la tiene que exigir la población entera en el marco de esa misma ley. Gobernable quiere decir, entonces, que ese Estado o colectividad se pueden gobernar, y la gobernabilidad es la calidad de gobernable que adquiere esa situación.

Pero estos términos y las acciones que representan deben primeramente ser entendidos de modo explicito y tácito en una democracia. Se refieren a las obligaciones y a los derechos de las partes del pacto abierto que se establece entre gobernantes y gobernados. Este pacto no confiere a unos ni a otros márgenes ilimitados de acción. Para los primeros se fijan prerrogativas y responsabilidades de las cuales, desafortunadamente, todavía no rinden cuentas de modo satisfactorio a quienes muchas veces las padecen más que disfrutarlas, lo cual se convierte en una serie creciente de agravios y es una de las principales fuentes del descontento y la incredulidad con respecto de quienes gobiernan. Para los otros representa la necesidad de aceptar una cierta coerción en aras de poder vivir colectivamente. Esto ni modo, expresa una restricción de las libertades. Por eso la única manera práctica de definir las libertades es en el marco de la aceptación de esas mismas restricciones.

Sin embargo, en el difícil campo de las libertades una cosa es que aceptemos las reglas y exijamos cada vez más abiertamente un esquema de legalidad y de responsabilidades en la vida pública, y otra, por cierto muy distinta, es entenderse como personas y como grupo gobernable.

El gobierno en un entorno democrático y libre no se ejerce sobre seres gobernables, sobre un rebaño. El gobierno no aplica el mismo rasero a su visión sobre la sociedad y sobre sus propias funciones. En la economía debería de pretender reducir las restricciones, desreglamentar las transacciones y reducir las interferencias y, todo ello, para generar mercados libres y una adecuada protección a los derechos de propiedad. Sabemos que en ello hay una gran parcialidad y que se acaba beneficiando a unos por encima de otros. Pero en política el gobierno no acepta la misma medida y quiere todas las ventajas de la gobernabilidad, la que parece entender como la concesión de un cheque en blanco para controlar.

La única manera de entender hoy la gobernabilidad, si nos tomamos en serio el asunto de la democracia, es en cuanto a la posibilidad de tener un buen gobierno. Gobernable es una cualidad que deberíamos asociar solamente con una sociedad en la que se reducen las fricciones políticas, las desigualdades en oportunidades, las violaciones a la ley y las ventajas de grupos privilegiados.

No tiene, entonces, nada que ver con la aceptación explícita o tácita de la población de ser gobernable. No queremos ser gobernables, sino que aceptamos el compromiso y hasta la restricción que puede significar ser gobernados. A partir de ello se puede establecer el único pacto posible entre la sociedad y quienes dirigen el gobierno y representan el Estado.

No son convenientes los pactos de gobernabilidad y de civilidad porque éstos tienden a entenderse como un modo de mantener un poder que muestra hoy grandes signos de debilidad y de fractura. Ese es un poder cuyo desgaste se puede compensar cada vez menos con esquemas de recompensas que, habiendo estado, eso sí, muy bien articuladas, son cada vez menos eficientes. Lo que se quiere es acceder a un verdadero estado de derecho, en el que las leyes sean claras y con pocas regulaciones, que no se interpreten al gusto del cliente y que sirvan para que el país sea gobernable en virtud de los resultados positivos que se alcancen en la vida diaria de sus habitantes.

Así mismo, las instituciones que se crean para asegurar el adecuado funcionamiento del Estado, deben de ser siempre tan evolutivas como el mismo mercado. De lo contrario, estas terminaran por convertirse en agentes depredadores de las instituciones generadoras de riqueza.

Lo importante; claro está, no es quien gobierna en un país, sino cual es la actitud de los ingobernables de libre pensamiento, que con su continuo escrutinio de las acciones del Estado, obligan a los gobernantes a comportarse según las reglas establecidas.

Andrés Pozuelo Arce

Flash Legislativo

El día de ayer, la Asamblea Legislativa archivo el expediente Nº 17.900 que pretendía habilitar la técnica de la fecundación in vitro (FIV). A pesar que en ASOJOD defendemos los derechos individuales, en este caso, los sexuales y reproductivos y consideramos que el Estado costarricense erró olímpicamente cuando, en el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la FIV valiéndose de argumentos puramente religiosos -origen de la vida basada en la concepción católica-, lo cierto del caso es que, entratándose de este proyecto en particular, más bien celebramos su entierro.

Por supuesto, no faltaron los amigos de la doxa y de los pronunciamientos aventurados e irresponsables-como los publicados en el foro de La Nación y en varias redes sociales- que culpan a la Asamblea Legislativa sin conocer, a profundidad, el contexto. La verdadera responsabilidad de que los costarricenses veamos atropellado, una vez más, un derecho individual no debe recaer, por esta vez, en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley que envió el Gobierno era sencillamente absurdo. Independendientemente de las posturas religiosas que asumieron algunos legisladores para oponerse, la iniciativa tenía serios gazapos jurídicos y económicos, como lo es obligar a la Caja a financiar la técnica. Tal como lo hemos denunciado con otros casos -como el de la Viagra-, los estatistas encuentran cómodo poner al ciudadano como el pato de la fiesta, obligándolo a pagar de su bolsillo la atención médica y los procedimientos de otros, lo cual es inaceptable.

Además, sólo permitía la técnica para parejas casadas, excluyendo de la posiblidad a las personas en unión de hecho o cualquier otra modalidad de convivencia. Por si fuera poco, pretendía limitar excesivamente la transferencia embronaria heteróloga, mejor conocida como donación de un tercero desconocido para la pareja o para la mujer, con lo cual se restringe el derecho de las mujeres solas a procrear. También obligaba a los pacientes a practicarse una infinidad de exámenes que le permitieran al Estado verificar que eran aptos o no para acceder a la FIV.

Enhorabuena que esta iniciativa tan mal planteada fue archivada. Ella representaba esa costumbre tan arraigada en el político costarricense de hacer todo a la carrera, con base en ocurrencias y sin ninguna seriedad y, mucho menos, previsión de las consecuencias nefastas que traerá. Por primera vez en mucho tiempo, los Diputados tomaron una decisión responsable y sensata, evitando dejarse llevar por las pasiones y las presiones mediáticas.

En ASOJOD estamos a favor del derecho de cada quién a decidir sobre su cuerpo y vida y esperamos que pronto existan otras iniciativas para permitir la FIV como lo que es, un derecho individual, sacando al Estado de la excesiva reglamentación y, especialmente, evitando que todos los demás ciudadanos tengamos que pagar por los procedimientos. En lo que no estamos de acuerdo es en una iniciativa que traslade costos coercitivamente a los ciudadanos, que restrinja el derecho de reproducción de los individuos y que entrometa al Estado en el proceso. Esas, precisamente, eran las características del expediente Nº 17.900.

Tema polémico: ¿celebrar la independencia?

El pasado 15 de septiembre los costarricenses celebraron el Día de la Independencia. La antorcha de la independencia cruzó calles y avenidas mientras se alumbraba la noche con los tradicionales faroles. Miles cantaron el Himno Nacional y otros tantos desfilaron. Múltiples formas de celebrar la historia pero, en la mayoría de los casos, conmemoraciones carentes de sentido crítico que invite a pensar sobre el significado de ser independientes en la actualidad.

Es, también, época en que retumban los discursos ligeros, aludiendo al “sentido profundo de la patria”, a los “valores comunes” que le son propios y le da identidad. “Hacer patria es subordinar el interés individual al interés supremo de la nación” dijo la señora Presidenta de la República, demostrando hasta dónde el colectivismo ha calado hondo en la mentalidad de nuestros gobernantes, en perjuicio de los derechos y valores individuales.

En ASOJOD no podemos tomar con ligereza tales conceptos y declaraciones. Hemos señalado en diversas ocasiones el peligro existente en conceptos aparentemente bien intencionados y loables: el bien común, la patria, el pueblo y otros tantos de tinte tan difuso como colectivista, pero cuya amenaza yace, precisamente, en su carente objetividad de contenido y, por ende, en la facilidad con que cada quien (generalmente quienes detentan el poder) los dota del significado más ventajoso. ¿Cuántas políticas públicas diseñadas para favorecer el “bien común” han terminado por afectar a cada uno de los costarricenses?

Pero, más allá de la forma en que la independencia se llena de contenido, debemos preguntarnos por la vigencia del concepto mismo ¿Qué significa ser independientes bajo el paradigma de la interdependencia global?

La era de las redes nos convierte en ciudadanos del mundo donde las fronteras tradicionales territoriales carecen completamente de sentido. Ser independiente es antítesis del sometimiento, sin embargo, dependemos más que nunca de las decisiones, aparentemente insignificantes, tomadas en cualquier parte del mundo. Particularmente los gobiernos lucen inútiles para atender, y mucho menos, regular los problemas nacionales o globales, cediendo, en muchos casos, el protagonismo ante instancias supranacionales o transnacionales.

En definitiva, entendemos la independencia bajo la lógica de la aldea cuando vivimos en la era de las redes. Celebramos contemplando al pasado, pero enfrentando los desafíos que nos impone la actualidad.

Conviene entonces preguntarnos ¿de qué somos realmente independientes? Tal vez nos demos cuenta que la independencia carece de toda validez empírica y que su significado nos remite, cada vez más, a un pasado romántico de nuestra historia, cuya celebración no es otra cosa que la excusa perfecta para invocar un colectivismo contrario a la libertad individual.

Tema polémico: el referéndum del odio colectivista

En este Tema polémico, queremos comentar acerca de un evento cuyos procedimientos preparatorios se han presentado en los últimos días: se trata del referéndum para decidir la unión civil de personas del mismo sexo. Ya en el pasado, en ASOJOD habíamos expuesto nuestra defensa al derecho que tiene cada ser humano para decidir con quién intercambia sentimientos, experiencias y, en general, con quién desea asociarse para compartir su vida. Esto como una manifestación más de la libertad de decisión que tiene cada individuo en el marco del manejo de su propia vida y cuerpo.

No obstante, como es bien sabido, en Costa Rica ese derecho no se respeta de entrada. Es más, un grupo de colectivistas han pretendido someter su reconocimiento a un referéndum. En las últimas semanas se ha informado que ya prácticamente están listas las firmas de petición y que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició con los preparativos para la misma, decidiéndo realizarla en la misma fecha que las elecciones municipales.

Entratándose de una sociedad tan conservadora como la nuestra, el resultado de esta consulta popular podría ser, cuando menos, predecible. Y a pesar que, a todas luces, se está sometiendo un derecho individual a la decisión de la masa, los "defensores" de los derechos humanos, los "paladines" de la equidad y la justicia social, los "pregoneros" de la inclusión, tanto a nivel nacional como internacional, no hayan dicho gran cosa ante este abuso. Mientras nos dicen que todos los seres humanos tienen derecho al agua, al turismo y a cuanta sandez se les ocurra, guardan silencio ante el atropello que resulta de la negativa a un derecho tan elemental como el de unirse a la persona que se ame y gozar de los mismos derechos que cualquier otra relación sentimental.

En ASOJOD no sólo repudiamos con vehemencia a aquellos que utilizan categorías anticonceptuales como "familia", "sociedad", "bien común", "buenas costumbres", etc. para pisotear este derecho individual, sino que también lo hacemos contra quienes guardan silencio ante este exabrupto. Pero ellos no son los únicos que merecen nuestra más airada crítica: también la reciben quienes dicen defender este derecho a elegir con quién unirse en una relación sentimental, pero a la vez, niegan el derecho a elegir con quién intercambiar bienes y servicios o el derecho a decidir cómo utilizar el dinero que legítimamente pertenece a su dueño o el derecho a elegir sin interferencia del Gobierno.

Todas son caras de la misma moneda: el odio, el revanchismo, la hipocresía y la patológica creencia de que alguien -el gobernante, el cura, el académico, etc.- sabe mejor que cada individuo cómo se debe vivir. Se trata de la misma práctica deleznable y repulsiva de someter los derechos individuales al capricho de la masa, una masa mediocre e ignorante, perversa y degenerada, que necesita autosatisfacerse sabiendo que nadie puede ser diferente, donde se demuestra el odio . la envidia y el miedo que subyace en los colectivistas respecto a dejar al individuo libre para decidir, actuar y vivir.

Desgraciadamente, sabemos que la libertad y los derechos individuales llevan las de perder cuando se somenten a la voluntad de la muchedumbre. Por eso, las esperanzas de prevalencia de la decencia y responsabilidad en la votación durante ese referéndum son bastante reducidas.

El proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo

En este episodio se comenta la controversia alrededor del proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo.

Los riesgos a la propiedad privada

Como en este país somos expertos en copiar las malas ideas, queríamos advertir de un nuevo concepto que amenaza con poner en peligro absoluto la propiedad privada. En Estados Unidos se ha desarrollado el concepto de: "Eminent Domain", el cual permite que el Estado expropie a sus ciudadanos para permitir el desarrollo de proyectos PRIVADOS que el ominisciente planificador central considera deseables para la ¿sociedad?

Es cierto que en Costa Rica la propiedad privada puede ser expropiada para impulsar proyectos estatales de interés general, pero de ninguna forma se puede el Estado expropiar para darle esa zona a entes privados para que desarrollen sus actividades privadas.

Tipos de gobierno

Toda sociedad necesita reglas fundamentales para gobernarse. Esas normas surgen de costumbres y convenios que se plasman en constituciones. Los ciudadanos hacen esas reglas en su calidad de mandantes para que el gobierno, en su calidad de mandatario (quien recibe mandatos), ejerza el poder. Son los pueblos los que organizan gobiernos para proteger sus derechos y así buscar satisfacer sus propios intereses en paz.

La disyuntiva es si la función prioritaria de esos gobiernos es la preservación de reglas del juego, basadas en principios éticos, dejando a cada quien cuidar sus intereses, con la consiguiente obligación de respetar los resultados de la buena conducta (y castigar la mala), aunque los resultados no siempre agraden. O bien, si su función es la de prioritariamente intentar satisfacer los múltiples y variados intereses de todos.

Los conflictos entre derechos e intereses es un asunto de prioridades. Por ejemplo, puede ser de interés de la comunidad expropiar un terreno para construir un supermercado, pero si el propietario del terreno quiere usar su propiedad con otro propósito, ¿qué ha de privar, el derecho del ciudadano o el interés de la comunidad?

En ambos casos la decisión implica un costo social, ya sea prescindir del beneficio del supermercado o prescindir del beneficio que representa para la comunidad respetar el derecho de propiedad. Y, considerando la extensa utilidad que para la sociedad tiene el respeto al derecho de propiedad, prescindir del mismo tiene un costo inconmensurable. Históricamente, los gobiernos fueron creados precisamente para proteger derechos que la gente aceptaba como natos, como el derecho a disponer de lo legítimamente adquirido.

La respuesta al dilema de la función del gobierno depende de si se reconoce la importancia de respetar las reglas del juego o si sólo se deben respetar cuando los resultados se consideran buenos. La decisión estará sesgada por falta de realismo si suponemos que la élite política, que llamamos gobierno, está integrado por abnegadas personas que anteponen los intereses de la sociedad a sus propios intereses y que tienen la capacidad y los conocimientos necesarios.

Tenemos que escoger entre dos sistemas porque son mutuamente excluyentes: uno implica subordinar intereses a los derechos y el otro subordinar derechos a intereses, asumiendo los costos y beneficios de la “solución” que se adopte, para luego vivir con sus consecuencias.

Varias falacias dificultan la escogencia. Una es la deificación del gobierno, atribuyéndole facultades que realísticamente no posee para satisfacer los intereses de la sociedad. Y la otra que no es fácil comprender cómo surge un orden económico espontáneo, como el lenguaje o el dinero, cuando el gobierno no se encarga de satisfacer intereses, sino de hacer respetar los iguales derechos de todas las personas. Necesariamente hay que escoger y vivir con las consecuencias. No hay nada perfecto.

Manuel Ayau

En Guardia

Voy a rebatir la parodia de Alf Giebler, publicada en La Nación el pasado jueves bajo el título “¡Qué rico el caos vial!” Mi respuesta es: Se abrió para darle rico.

Dice que el próximo paso de quienes adversamos la restricción vehicular sería “plantear otro recurso para eliminar señales de alto, semáforos y restricciones de velocidad.” No sé si peca de ingenuo o ignorante. Yo soy liberal, no estúpido. Sé muy bien que todo derecho nace con limitaciones (soy abogado), pero sé también que en la jerarquía de las normas la Constitución prima sobre los decretos ejecutivos y no es válido restringir libertades ni imponer sanciones por decreto. ¡Elemental, mi querido Giebler!

El Mopt restringió la circulación sin fundamento e impuso multas sin tener facultades para ello. Y, claro, la Sala IV lo frenó. Empero, dice Alf que los magistrados “se pasaron”. Alf. ¡Oh Alf! Yo le pregunto: ¿Se pasaron de listos, ignorantes, o insinúa que prevaricaron para defender intereses privados? Yo, en cambio, pienso que actuaron bien al juzgar la constitucionalidad del decreto. Permitir al Ejecutivo gobernar por decreto ignorando las garantías es muy peligroso. Solo cabe en regímenes totalitarios.

Luego dice que “no pensamos en el prójimo, la colaboración y disciplina vial”. De nuevo, se resbala. Sí pensamos en el prójimo, pero lo hacemos inteligentemente. Prójimos son los 4,5 millones que vivimos en Costa Rica y merecemos una solución más eficaz. Insistir en nuestra maldad “por pretender que el Gobierno debe resolver, sin ayuda nuestra, el problema” revela una pobre visión de Estado. Los problemas no se resuelvan por colaboración espontánea. Al Estado le corresponde construir puentes y carreteras. Para eso pagamos tasas e impuestos. Esa es nuestra colaboración. Y si no hay recursos suficientes para un plan vial, puede ajustar impuestos o contratar empréstitos y cumplir su deber. Eximirlo de responsabilidad y permitirle escapar ileso es inaceptable.

Finalmente, arguye que no me da la mente para contar placas y calcular los vehículos fuera de circulación. Bueno… Pero yo no me refería a un cálculo tan simplón. Estudios realizados en el exterior demuestran que las restricciones se evaden a largo plazo pues la gente se acomoda, circula por vías aledañas, o adquiere otro vehículo. La Defensoría demostró que en este corto tiempo las presas se habían desplazado a caminos y calles aledañas para evadir la restricción. Ahora volvieron al centro de la capital. Si se restaura la prohibición se haría nugatoria a largo plazo, el Gobierno continuaría evadiendo sus deberes, y habríamos sacrificado una libertad fundamental.

Jorge Guardia

La nueva ofensiva contra la prensa

He aquí la amenaza más inmediata contra la democracia en las Américas: un movimiento sincronizado de varios presidentes autoritarios para silenciar a los medios de comunicación independientes en toda la región.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, un discípulo del presidente venezolano Hugo Chávez, dijo en días recientes que cuando asuma en julio la presidencia de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) propondrá la creación de un mecanismo regional para defender a los gobiernos contra las críticas de los medios de comunicación.

No estoy bromeando. En lo que se consideraría un disparate en cualquier democracia moderna del mundo, Correa dijo el 28 de mayo que propondrá ''la creación de instancias que defiendan a los ciudadanos y a los gobiernos legítimamente electos de los abusos de la prensa''. La propuesta fue inmediatamente respaldada por Venezuela y Bolivia, cuyos presidentes constantemente se refieren a cualquier crítica que les hace la prensa como ``terrorismo mediático''.

Lo que es peor, todo esto ocurre en el momento en el que Correa está usando artimañas administrativas para cerrar la estación televisiva Teleamazonas, y justo cuando Chávez ha ordenado públicamente a los ministros de su gabinete que cierren Globovisión, la emisora de televisión más independiente de Venezuela. Chávez ya cerró, en el 2007,RCTV, la emisora más antigua del país.

Durante su discurso radial semanal del 30 de mayo, Correa dijo que emprenderá acciones legales para ''acabar con la prensa corrupta'', o sea, la que no es de su agrado. Horas más tarde, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador, CONARTEL, impuso una sanción de $20 a Teleamazonas por emitir imágenes de una corrida de toros en el horario de las 6 de la mañana a las 21 horas de la noche, en el que se prohíbe emitir corridas de toros.

Una segunda violación --por inocente que sea-- podría provocar la suspensión del canal durante 90 días, y una tercera, su cierre definitivo, según las leyes ecuatorianas.

En Venezuela, el 28 de mayo, Chávez le pidió a la fiscal general del país y al ministro de obras públicas que ''inicien acciones'' contra Globovisión, o renuncien a sus cargos. El gobierno de Chávez ha iniciado una investigación contra Globovisión por supuestamente ''incitar al pánico'', por haber informado antes que los medios oficiales el 4 de mayo sobre un terremoto que estaba sacudiendo a Caracas. Globovisión fue el primer medio en informar --correctamente-- que el terremoto era de una magnitud de 5.4.

Carlos Lauria, director para Latinoamérica del Comité Para la Protección de los Periodistas, de cuyo directorio soy miembro, me comentó que: ``Es insólito que en la reunión anual de la OEA el 2 de junio, se hayan pasado todo el tiempo hablando de la readmisión de Cuba, y nadie mencionó los ataques gubernamentales contra los medios que se están produciendo hoy en día en Venezuela, Ecuador y otros países''.

En una declaración conjunta de fines de mayo, los relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y las Naciones Unidas --que operan con cierta autonomía-- emitieron un comunicado expresando su ''preocupación'' por las declaraciones del gobierno venezolano que, según decían, ``generan una atmósfera de intimidación en la cual el derecho a la libertad de expresión se ve seriamente limitado''.

Cuando le pregunté su opinión sobre la reciente propuesta de Correa de crear un mecanismo regional para defender a los gobiernos de los medios independientes, la Relatora Especial de la OEA Catalina Botero me dijo: ``No conozco los detalles de la propuesta. Pero creo que lo más necesario sería fortalecer las instituciones que defienden la libertad de expresión contra los ataques de los gobiernos, y no al revés''.

Mi opinión: No podría estar más de acuerdo. Lo más desalentador de los recientes ataques contra la prensa no es que los presidentes narcisistas-leninistas de Ecuador y Venezuela intenten silenciar a los medios independientes --después de todo, necesitan acallar a sus críticos para poder perpetuarse en el poder-- sino que las principales democracias de la región no se hayan pronunciado al respecto.

Según la Carta Democrática de la OEA, los 34 países miembros de la organización tienen la ''obligación de promover y defender'' la democracia, incluyendo la libertad de prensa.

Sin embargo, ¿donde están las protestas oficiales por los recientes ataques a los medios a la región? No se escucha ni una palabra al respecto de los presidentes de los principales países democráticos, mientras avanzan estas propuestas de crear mecanismos legales para silenciar a los medios independientes, ni ante las amenazas contra Teleamazonas y Globovisión, para que no sigan la misma suerte de la venezolana RCTV hace dos años.

Si las democracias de la región siguen haciéndose las distraídas, estarán contribuyendo a la creencia de que los tratados interamericanos sobre la democracia y las libertades fundamentales son un chiste, y estarán cavando su propia fosa.

Andrés Oppenheimer

Venezuela: de mal en peor...

En esta entrevista Gabriela Calderón explica la persecusión que lanzó el gobierno de Chávez en contra del evento Universidad El CATO- CEDICE.

Activismo Católico

Ahora resulta que al final de las tediosas misas justo después de comer el cuerpo de Cristo ¿canibalismo? los guardianes de la moral ajena se dedican a recoger firmas para impedir las uniones entre parejas del mismo sexo.

¿Cuándo será el día en que Costa Rica aprenda que los derechos individuales no deben estar sujetos al beneplácito de las mayorías? ¿Cuándo será el día en que se les permita a los individuos vivir sus vidas en forma tranquila, sin tener que pedirle permisos a nadie?

¿Este es el futuro de Costa Rica?

Una vez más, los llamados a ser los futuros tomadores de decisiones a nivel nacional, los futuros representantes y profesionales de Costa Rica hacen de las suyas, pisoteando las esperanzas de aquellos que deseamos un lugar más próspero donde vivir. Resulta que este viernes, estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica y de algunos colegios de secundaria, bloquearon el paso en la salida a Heredia y en la Fuente de la Hispanidad, protestando contra la supuesta reducción del presupuesto educativo, aunque al final terminaron bramando contra el TLC, el calentamiento global y hasta el papel de la prensa mexicana de cara al esperado partido entre aztecas y costarricenses.

Estos jóvenes, que en lugar de estar estudiando, asistiendo a clases, leyendo o trabajando, despilfarran los recursos de los tax payers en manifestaciones callejeras, generando gran caos vial y afectando el derecho al libre tránsito de las demás personas, que perdieron compromisos o tuvieron afectaciones directas en sus vidas. Estas personas no han comprendido que su libertad de expresión es tal en tanto y en cuanto no vaya aparejada de la violación de las libertades de otras personas. Perfectamente pueden bailar, cantar, brincar, gritar, en donde sea, pero no pueden limitar el paso de las personas.

¿Dónde quedó la Policía? Evidentemente faltó su presencia y el cumplimiento de la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos. A nuestros gobernantes le tiembla el pulso cuando de hacer valer los derechos consagrados en la Constitución se trata. Por eso, en ASOJOD no podemos dejar escapar esta oportunidad para criticar con dureza tanto a esos holgazanes que, sin el más mínimo reparo, pretenden conseguir las cosas por la fuerza, por las tácticas de amedrentamiento y por el atropello de nuestros derechos individuales, como a las ineficientes y torpes autoridades que no pueden hacer valer las normas.

Cincuenta años después, Cuba no tiene mucho que mostrar

Cincuenta años después de que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, la gran pregunta sobre la revolución cubana no es si fue justificada, sino si valió la pena. Sobre la base de las evidencias disponibles, la respuesta es un claro no.

Un vistazo desapasionado sobre la Cuba de hoy demuestra que aunque el país ha erradicado los bolsones de pobreza extrema que existían durante la dictadura de Fulgencio Batista, la mayoría de la población tiene un estándar de vida más bajo y menos oportunidades de progreso personal que hace cinco décadas.

Los cubanos de hoy tienen un ingreso per cápita más bajo que gran parte de los países latinoamericanos. Tienen menos televisores, teléfonos, computadoras y automóviles en proporción con su población que la mayoría de los países de la región y figuran en el último lugar de América Latina en porcentaje de personas con acceso a internet, incluso por debajo de Haití.

Y aunque en algunos rubros Cuba sale bien parada, como en la alfabetización y la mortalidad infantil, en otros deja mucho que desear. Cuba, por ejemplo, tiene uno de los índices de suicidio más altos de las Américas.

Antes de hablar de mis impresiones de cuando viajaba con frecuencia a la isla a principios de la década de 1990, veamos las estadísticas concretas.

En el aspecto positivo, Cuba tiene un 99.8 por ciento de alfabetización entre los adultos, uno por ciento más que Trinidad y Tobago, y una tasa de mortalidad infantil de 6 por cada mil nacidos vivos, un poco más baja que la de Chile, según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2008. Eso convierte a Cuba en el país con la mejor tasa de alfabetización de adultos y mortalidad infantil en la región.

Sin embargo, según el Anuario Estadístico de la ONU de 1957, Cuba ya estaba entre los cuatro países latinoamericanos con más alfabetizados y con mayor porcentaje de consumo calórico en ese año, así como el índice más bajo de mortalidad infantil de la región. En otras palabras, Cuba ha ascendido tres puestos en la clasificación de alfabetización y ha conservado su primer lugar en el índice de mortalidad infantil.

En lo que respecta al ingreso per cápita, el Informe de Desarrollo Humano de la ONU --la fuente estadística favorita del régimen cubano-- indica que el ingreso per cápita de la isla es $6,000 anuales, aunque la cifra está acompañada por un asterisco que indica que se trata de un cálculo del gobierno cubano y que ``procuramos generar un cálculo más preciso''.

De hecho, Cuba se niega a calcular su ingreso per cápita según las normas internacionales. Lo mismo ocurre con el índice de pobreza. Cuba emplea métodos estadísticos internacionales en los sectores que le conviene, como en algunos rubros de la salud y la educación, pero se niega a hacerlo en áreas en las que no sale bien parada. El informe sobre la ONU deja en blanco el casillero que corresponde a Cuba en el rubro del porcentaje de la población que vive en la pobreza.

''Ni las Naciones Unidas ni ninguna otra institución internacional tienen la menor idea de cuál es el ingreso per cápita o la tasa de pobreza en Cuba porque Fidel [Castro] ordenó que el país usara su propia metodología'', dice Carmelo Mesa Lago, profesor de Economía retirado de la Universidad de Pittsburgh, que desde hace tiempo es uno de los analistas más serios de la economía cubana.

''Las cifras del gobierno cubano no son creíbles, lo que hace que todo el mundo tenga que usarlas con un asterisco o no usarlas en absoluto'', añadió.

Lo que se puede constatar es que el salario promedio de los cubanos es de alrededor de $20 mensuales, según lo han reconocido los medios oficiales, lo que daría un ingreso promedio de $240 anuales.

Incluso si uno quiere darle al gobierno cubano el beneficio de la duda y aceptar su dudosa cifra de ingreso per cápita de $6,000 anuales --que supuestamente toma en cuenta los subsidios a los alimentos, la salud y la educación--, Cuba ocupa el puesto número 21 en Latinoamérica, muy por debajo de países como Argentina, México, y Brasil e incluso por debajo de la República Dominicana, Surinam y Belice, según el informe de la ONU.

Otras instituciones internacionales publican cifras que ofrecen un cuadro aún más sombrío de la Cuba actual.

Mientras que en 1959 Cuba ocupaba el primer lugar de Latinoamérica en el porcentaje de familias con televisores, hoy sólo el 70 por ciento de las familias cubanas tienen televisor, comparado con 97 por ciento en Argentina, 93 por ciento en México, 83 por ciento en El Salvador y 76 por ciento en la República Dominicana, según los Indicadores Mundiales de Desarrollo de 2008 del Banco Mundial.

En lo que corresponde a los teléfonos, sólo 9 por ciento de los cubanos tienen acceso a un teléfono de línea fija y apenas 1 por ciento de la población está suscrita a un servicio de telefonía móvil, según las cifras del Banco Mundial, uno de los porcentajes más bajos de la región, muy inferior al de Honduras.

Lo que es peor, sólo 2 por ciento de los cubanos tiene acceso a internet. En comparación, 27 por ciento de los costarricenses, 10 por ciento de los guatemaltecos y 7 por ciento de los haitianos tiene acceso a internet, según las cifras del Banco Mundial.

El gobierno cubano culpa de sus problemas económicos al embargo comercial de Estados Unidos. Pero aunque algunos creemos que el embargo en su forma actual es una política desacertada, tiene tantos agujeros que difícilmente se le puede culpar por el bajo nivel de vida en la isla. Estados Unidos es ya el principal exportador de productos alimenticios a la isla y muchos otros productos estadounidenses entran a Cuba a través de terceros países.

La vida en Cuba es sombría, según pude apreciar cuando viajaba a la isla y lo que cuentan los recién llegados.

La isla es como un enorme jardín de infantes, donde todos tienen garantizado un ingreso de susbsistencia pero el gobierno decide lo que uno puede estudiar, donde uno puede trabajar, que cosas uno puede comprar y si puede viajar al exterior. Es un buen lugar para subsistir si uno es un holgazán, o un inepto, pero puede ser muy exasperante para el que sea ambicioso o tenga opiniones propias.

Recuerdo una entrevista que le hice en La Habana al nieto del Che Guevara, Canek Sánchez Guevara, en 1991, cuando era un joven veinteañero y tocaba en una banda de rock heavy metal. Canek, quien más tarde emigró a México, era muy crítico --como muchos jóvenes cubanos-- de la revolución.

''Esta revolución está en ruinas'', me dijo. ``No hay comida, ni libertad... La gente dice que todo es culpa de la agresión yanqui, pero eso es un mito... un cuento infantil''.

La gente joven no tenía nada que hacer en Cuba, me dijo Canek. El estudiaba diseño gráfico en una escuela de arte pero consideraba que era una pérdida de tiempo.

''No hay papel, ni lápices, ni interés de parte de los profesores en hacer nada'', me dijo. ``Y si te gradúas, no hay trabajo en tu especialidad. Te van a pedir que vayas al campo para trabajar en la agricultura. Aquí no hay futuro''.

Cuando le pregunté que pensaría el Che Guevara de estas palabras si estuviera vivo, el nieto del héroe cubano dijo: ``Estaría orgulloso de mí. El Che Guevara era un rebelde. Jamás aprobaría en lo que ha terminado esta revolución''.

Y las cosas no han cambiado mucho desde entonces. No es sorprendente que cada periodista que viaja a la isla regrese contando lo mismo: es un país detenido en el tiempo, esperando --hasta el momento en vano-- que algo cambie.

La parte de la familia del Che Guevara que conocí en Cuba es un ejemplo típico de la división generacional que existe en la isla. Los abuelos tienden a apoyar la revolución --han invertido su vida en ella-- mientras los cubanos de mediana edad tienden a ser escépticos y la mayoría de los jóvenes son críticos. Como me dijo un joven en La Habana, ``esta revolución se ha convertido en una institución''.

La desesperanza que reina en la isla es posiblemente uno de los factores que inciden en el alto índice de suicidio, de 24.8 por cada 100,000 personas. A principios de esta década Cuba tenía el índice de suicidio más alto de Latinoamérica, pero este año ha descendido al cuarto puesto, detrás de Guyana, Uruguay y Trinidad y Tobago, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Los funcionarios gubernamentales admiten que muchos cubanos se quejan de la falta de alimentos y oportunidades, pero alegan que la mayoría del país apoya a la revolución. Lo dudo mucho, por tres motivos fundamentales. Primero, porque he escuchado a muchos cubanos decir lo contrario --muchos con miedo a que los escuchen-- en la época en la que viajaba a la isla con frecuencia. Segundo, porque una encuesta realizada en Cuba este mismo año por el Instituto Internacional Republicano revela que casi el 70 por ciento de los cubanos de entre 19 y 49 años dijo que les gustaría tener un sistema democrático con elecciones multipartidistas y libertad de expresión.

Tercero, y más importante, porque el régimen cubano tiene una maquinaria de encuestas muy bien aceitada. Si el gobierno de Castro creyera que puede ganar en elecciones libres y que el pueblo cubano está tan orgulloso de los logros de la revolución, hubiera permitido elecciones libres hace mucho tiempo. Si no lo ha hecho es porque sabe que las perdería.

Entonces, ¿valió la pena mejorar algunos indicadores sociales al precio de bajar el estándar de vida general de la isla?

Definitivamente no. Otros países, como Chile y Costa Rica, han reducido la pobreza a un mínimo y con mucho menos trauma social.

En Cuba casi el 10 por ciento de la población huyó al exilio, cientos de miles de familias quedaron separadas, sin poder verse durante muchos años, y miles --decenas de miles, según algunos informes-- han muerto en el mar tratando de abandonar la isla. Millones de los que se quedaron fueron forzados al llamado trabajo voluntario, a cortando caña o destinados a otras ``tareas revolucionarias''.

Y todo eso sin tomar en cuenta a las víctimas de la violencia política. Un total de 2,077 cubanos murieron en las llamadas guerras internacionalistas de Cuba en Angola, Mozambique, Etiopía y otros países africanos, según cifras oficiales citadas por el autor Norberto Fuentes en su Autobiografía de Fidel Castro.

Además, el Archivo Cubano, con sede en Nueva Jersey, afirma que ha documentado 8,273 ejecuciones, asesinatos extrajudiciales y desapariciones en la isla desde 1959.

''Tenemos los nombres y las fuentes de todas esas muertes y están disponibles en internet'', dice María Werlau, directora del Archivo.

El precio que han pagado los cubanos en libertades básicas perdidas ha sido enorme. Hay más de 200 prisioneros políticos en la isla, entre ellos 29 periodistas arrestados en el 2003, según los grupos de derechos humanos. Adolfo Fernández Saínz, uno de esos 29 periodistas, cumple una condena de 15 años de cárcel por ''subvertir el orden interno de la nación''. En su juicio, el gobierno presentó ''pruebas'' de su delito confiscadas en el apartamento del periodista: una máquina de escribir y libros prohibidos, entre ellos 1984, de George Orwell.

Mi conclusión: la dictadura cubana ha mejorado algunos indicadores sociales, pero otros países latinoamericanos han hecho lo mismo sin sacrificar libertades básicas y a un costo muchísimo menor en sufrimiento humano. Para los cubanos, la revolución puede haber sido justificada, pero no valió la pena.

Andrés Oppenheimer

Viernes de Recomendación

Este día les presentamos una pincelada de la incultura política latinoamericana: el peronismo. En este ensayo titulado "¿Qué significa el peronismo?", el Dr. Alberto Benegas Lynch muestra los abusos de poder y el retraso que sufrió la República de Argentina gracias a dicho movimiento político.

Así es muy difícil

"Las madres adolescentes protagonizan el 20% de los 73.000 nacimientos anuales que se registran en el país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2007 nacieron 500 niños de madres menores de 15 años; y 13.981, de madres de entre 15 y 19 años.

Ese mismo año, nacieron 2.035 niños cuyo padre tenía entre 15 y 19 años. Además, se registraron 488 nacimientos de madres primerizas, menores de 15 años.

Esos nacimientos representaron el 1,6% del total registrado en el 2007."

En ASOJOD, somos unos claros defensores de la responsabilidad individual. Creemos que este tipo de hechos solamente comprometen el futuro de dichos "padres/niños", y de sus hijos. Pero a pesar de la situación, no existe razón por la cual la propiedad de algún ciudadano deba de ser extraída para subsidiar o financiar este tipo de bromas -que de graciosas no tienen nada-.

A menos de que queramos vivir en el estado que brillantemente describió Bastiat ("El Estado es la gran ficción en donde todo mundo trata de vivir a expensas del resto"), cada uno debe responder por sus actos sin pasarle la factura al resto de la sociedad.

¡Impresionante!

Nuestros respetos. Es increíble como un reo -con apenas el sétimo año- es capaz de diferenciar entre el concepto de vida biológica y vida axiológica. Escuchar sus afirmaciones es refrescante, pues habla de hacerse responsable, de no ser una carga, para los demás de no querer vivir encarcelado, siendo todos estos deseos éticos, dignos de admiración.

En ASOJOD esperamos que la Sala IV acepte su recurso, y le permita a este ciudadano ser dueño de su vida. Para bien o para mal la responsabilidad de vivir lleva consigo también la responsabilidad de morir. Él ya asumió la primera y quiere asumir la segunda.