¡Háganle números!

El día de ayer se confeccionaron 700 multas en razón de la restricción vehicular. Esto quiere decir que si cada multa equivale a 34 700 colones y se realizaron 700, ergo si la matemática no nos falla,el gobierno "recaudo" la suma nada modesta de 24 290 000 colones. ¿Qué se hará con ese dinero? Quién sabe. Pero aquí va una humilde sugerencia, porque no destinar esos recursos para mejorar el sistema vial costarricense para no tener más innecesarias e inconstitucionales restricciones. Parece que el capitalismo fabrica automóviles más rápido que lo que el gobierno construye caminos ¡que pena!

¡Lamentable!

El día de hoy comenzó a regir nuevamente la restricción vehicular en San José. En ASOJOD hemos consistentemente condenado esta medida. La libertad no es algo que nos parece que se puede relativizar para "contribuir a bajar la factura petrolera". Afortunadamente tres Magistrados de la Sala Constitucional opinaron igual. Esperamos que esta minoría se convierta en mayoría en un futuro cercano.

En Guardia

Voy a rebatir la parodia de Alf Giebler, publicada en La Nación el pasado jueves bajo el título “¡Qué rico el caos vial!” Mi respuesta es: Se abrió para darle rico.

Dice que el próximo paso de quienes adversamos la restricción vehicular sería “plantear otro recurso para eliminar señales de alto, semáforos y restricciones de velocidad.” No sé si peca de ingenuo o ignorante. Yo soy liberal, no estúpido. Sé muy bien que todo derecho nace con limitaciones (soy abogado), pero sé también que en la jerarquía de las normas la Constitución prima sobre los decretos ejecutivos y no es válido restringir libertades ni imponer sanciones por decreto. ¡Elemental, mi querido Giebler!

El Mopt restringió la circulación sin fundamento e impuso multas sin tener facultades para ello. Y, claro, la Sala IV lo frenó. Empero, dice Alf que los magistrados “se pasaron”. Alf. ¡Oh Alf! Yo le pregunto: ¿Se pasaron de listos, ignorantes, o insinúa que prevaricaron para defender intereses privados? Yo, en cambio, pienso que actuaron bien al juzgar la constitucionalidad del decreto. Permitir al Ejecutivo gobernar por decreto ignorando las garantías es muy peligroso. Solo cabe en regímenes totalitarios.

Luego dice que “no pensamos en el prójimo, la colaboración y disciplina vial”. De nuevo, se resbala. Sí pensamos en el prójimo, pero lo hacemos inteligentemente. Prójimos son los 4,5 millones que vivimos en Costa Rica y merecemos una solución más eficaz. Insistir en nuestra maldad “por pretender que el Gobierno debe resolver, sin ayuda nuestra, el problema” revela una pobre visión de Estado. Los problemas no se resuelvan por colaboración espontánea. Al Estado le corresponde construir puentes y carreteras. Para eso pagamos tasas e impuestos. Esa es nuestra colaboración. Y si no hay recursos suficientes para un plan vial, puede ajustar impuestos o contratar empréstitos y cumplir su deber. Eximirlo de responsabilidad y permitirle escapar ileso es inaceptable.

Finalmente, arguye que no me da la mente para contar placas y calcular los vehículos fuera de circulación. Bueno… Pero yo no me refería a un cálculo tan simplón. Estudios realizados en el exterior demuestran que las restricciones se evaden a largo plazo pues la gente se acomoda, circula por vías aledañas, o adquiere otro vehículo. La Defensoría demostró que en este corto tiempo las presas se habían desplazado a caminos y calles aledañas para evadir la restricción. Ahora volvieron al centro de la capital. Si se restaura la prohibición se haría nugatoria a largo plazo, el Gobierno continuaría evadiendo sus deberes, y habríamos sacrificado una libertad fundamental.

Jorge Guardia

Tema Polémico: Restricción de tránsito en San José

Para esta ocasión, en nuestro Tema Polémico, queremos abordar un asunto que está causando posiciones encontradas y gran complicación entre los ciudadanos costarricenses. Se trata de la restricción ordenada por las autoridades gubernamentales sobre el ingreso de ciertas placas según el día al casco metropolitano de San José, misma que a juicio de ASOJOD, es una de las peores "soluciones" que se pudieron implementar para la actual escalada en el precio del petróleo.

La primera razón por la cual afirmamos lo anterior es jurídica: toda restricción a la libertad corresponde hacerla a la Asamblea Legislativa, no al Poder Ejecutivo. Nos preocupa pensar que el Ejecutivo esté pretendiendo gobernar vía decreto, siguiendo los pasos -aunque en el nivel micro- de regímenes irrespetuosos del Estado de Derecho.

Otra situación preocupante es incomprensible contradicción que produce esta medida con el impuesto a la circulación. Las personas pagan un impuesto precisamente para poder circular por las carreteras, pero esta medida abiertamente se los impide. ¿Y el dinero? En los bolsillos del Estado sirviendo para pagar cualquier otra cosa que a los políticos de turno se les haya ocurrido (como por ejemplo los préstamos solicitados al BCIE y que fueron usados para pagar consultorías). Una vez más el Estado costarricense limita nuestras libertades con toda la tranquilidad del mundo.

Asimismo, es claro que esta medida no resolverá el problema, como tampoco lo ha hecho el etanol. El precio internacional del crudo no va a disminuir porque la gente no saque el carro hoy día. Es más, la gente ni siquiera lo guarda: como hemos visto en las noticias, usa su vehículo aún cuando exista el riesgo de que le apliquen una multa. Sólo es cuestión de evitar al oficial de tránsito, tomar rutas alternas o, en última instancia, esperar a que pase la hora de la restricción.

Resulta curioso observar las entrevistas que le hacen a los conductores: TODOS alegan que ocupan su carro y que por eso no lo van a dejar guardado. Es comprensible; con la inseguridad ciudadana y la pésima calidad del transporte público ¿cuál es el incentivo que tienen las personas para dejar de usar su vehículo? En este sentido, no hay nada de malo con que el individuo escoja una opción sobre otra. Se trata de una cuestión de jerarquía de preferencias: si la gente prefiere utilizar su vehículo (para ahorrar tiempo, por seguridad, por comodidad o por la razón que sea) a reducir el consumo de combustible, está haciendo ejercicio de su libertad de decisión y disponiendo de sus recursos para usarlos como mejor le parezca. De eso se trata el mercado: gente decidiendo libremente cómo invertir los recursos que posee. El problema de las multas, como toda intervención del Estado, es que distorsiona ese proceso de libre decisión de los individuos. Las multas que se imponen no consiguen desestimular el uso de vehículos, sino que lo único que provocan es sacar de la economía recursos que los individuos podrían estar usando en otras actividades de compra/venta, mismas que dinamizarían la economía y crearían más riqueza para más personas.

Aparentemente, la finalidad de esta medida es reducir la "factura petrolera". ¿Pero paga el Estado esa factura? Porque si bien es cierto que RECOPE es la que importa el petróleo, una vez que se refine y esté en los expendios y centros de servicio, es el usuario mismo el que paga esa factura. ¿Por qué quiere el Estado evitar que el individuo use sus recursos como mejor le parezca? Obviamente porque el Estado, una vez más, pretende hacernos virtuosos e inculcarnos a la fuerza la conciencia social. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la intervención del Estado no mejora las situaciones, sino que las empeora. ¿Por qué en este caso habría de ser diferente? ¿por qué en este caso se permite esa intervención? Es un acto de necedad pretender aplicar los mismos procedimientos y esperar un resultados diferentes.

Si lo que se pretende es que la gente consuma menos combustible no se deben implementar este tipo de medidas. Lo que se debe hacer es eliminar todos los subsidios y trasladar el precio real del combustible al usuario. Así, este decidirá si incrementar, mantener o reducir la cantidad que consume. Es decir, con esa eliminación, el usuario es el que ejercitaría su propia libertad y aplicaría su escala de preferencias.