El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) es un galimatías que nació muerto. En sus inicios fue pensado como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, pero que no eran sujetos de crédito por parte del sistema financiero tradicional. Con tremenda algarabía se aprobó en 2008 el SBD, sin embargo, desde entonces, no ha funcionado tal como se pensó, y hoy, duerme el sueño de lo justos, esperando una reforma en la Asamblea Legislativa, mientras los recursos se mantienen ociosos.
Desde 2008, el impacto el SBD ha sido mínimo. Los datos, así lo demuestran: desde su inicio repartió ¢68.000 millones (unos $133,3 millones) que se distribuyeron entre unos 4.300 beneficiados, entre créditos y avales. Dicha estadística, para el número de Pymes existente en Costa Rica, es insignificamente, pues quiere decir que impacta alrededor del 5% de la población empresaria del país.
En la actualidad el SBD cuenta con ¢256.000 millones que reúne en los tres fondos que lo nutren. No obstante, el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) no puede ser utilizado, al Fondo Nacional de Desarrollo (Finade) le quedan pocos recursos, y el tercero –el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide)– es administrado por cada uno de los cuatro bancos públicos, pero la Secretaría Técnica del SBD no puede asegurar que esos dineros estén siendo colocados bajo los criterios establecidos por la ley.
Pero además, se ha cuestionado la forma como se han venido administrando los recursos de los fondos del SBD. Al respecto, Ricardo Monge, quien elaboró en el 2009 el estudio Banca de desarrollo y Pymes en Costa Rica, ha señalado que “El SBD cayó en el gobierno anterior presa de presiones de grupos de interés que se habían beneficiado y que consideraban propios los fideicomisos que nutrieron el sistema”.
Y es que resulta simplemente sorprendente el manejo que ha tenido el Fondo de Crédito para el Desarrollo, conformado por el 17% de las captaciones de los Bancos Privados, también denominado como peaje bancario. En la actualidad, esos recursos no pueden ser utilizados debido a que, de hacerlo, debilitarían los indicadores financieros de la entidad que los administra.
Así las cosas, el dinero que ha permanecido ocioso por tres años representa el 25% del patrimonio de todos los grupos financieros que operan en el país. En perspectiva, estos recursos alcanzarían para construir cuatro Estadios Nacionales y podrían otorgarse, con él, 2.700 créditos por ¢65 millones cada uno, el monto máximo que es permitido asignar a un préstamo en el SBD.
Pero no. Una vez más, la realidad demuestra la veracidad de aquella frase que reza: "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones". Una vez más, la realidad demuestra que los políticos que creen que pueden resolver el mundo a punta de leyes, basados en la ocurrencia y no en el análisis serio y racional de los problemas, están muy equivocados. Una vez más, la realidad nos da la razón con respecto a las intervenciones gubernamentales: siempre generan más problemas de los que pretenden resolver.
El SBD es la crónica de un error anunciado, que muestra cómo el manejo político de los recursos económicos nunca genera buenos resultados. Miles de millones de colones que podrían ponerse a disposición de los costarricenses no pueden ser utilizados por el error en el diseño de un sistema que nació muerto, y que no parece tener una solución inmediata.
Esas son las consecuencias de la intervención estatal, intervención que algunos grupos piden a gritos para salir de la crisis económica. Pues bien, amigos lectores, saquen sus propias conclusiones.
Desde 2008, el impacto el SBD ha sido mínimo. Los datos, así lo demuestran: desde su inicio repartió ¢68.000 millones (unos $133,3 millones) que se distribuyeron entre unos 4.300 beneficiados, entre créditos y avales. Dicha estadística, para el número de Pymes existente en Costa Rica, es insignificamente, pues quiere decir que impacta alrededor del 5% de la población empresaria del país.
En la actualidad el SBD cuenta con ¢256.000 millones que reúne en los tres fondos que lo nutren. No obstante, el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) no puede ser utilizado, al Fondo Nacional de Desarrollo (Finade) le quedan pocos recursos, y el tercero –el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide)– es administrado por cada uno de los cuatro bancos públicos, pero la Secretaría Técnica del SBD no puede asegurar que esos dineros estén siendo colocados bajo los criterios establecidos por la ley.
Pero además, se ha cuestionado la forma como se han venido administrando los recursos de los fondos del SBD. Al respecto, Ricardo Monge, quien elaboró en el 2009 el estudio Banca de desarrollo y Pymes en Costa Rica, ha señalado que “El SBD cayó en el gobierno anterior presa de presiones de grupos de interés que se habían beneficiado y que consideraban propios los fideicomisos que nutrieron el sistema”.
Y es que resulta simplemente sorprendente el manejo que ha tenido el Fondo de Crédito para el Desarrollo, conformado por el 17% de las captaciones de los Bancos Privados, también denominado como peaje bancario. En la actualidad, esos recursos no pueden ser utilizados debido a que, de hacerlo, debilitarían los indicadores financieros de la entidad que los administra.
Así las cosas, el dinero que ha permanecido ocioso por tres años representa el 25% del patrimonio de todos los grupos financieros que operan en el país. En perspectiva, estos recursos alcanzarían para construir cuatro Estadios Nacionales y podrían otorgarse, con él, 2.700 créditos por ¢65 millones cada uno, el monto máximo que es permitido asignar a un préstamo en el SBD.
Pero no. Una vez más, la realidad demuestra la veracidad de aquella frase que reza: "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones". Una vez más, la realidad demuestra que los políticos que creen que pueden resolver el mundo a punta de leyes, basados en la ocurrencia y no en el análisis serio y racional de los problemas, están muy equivocados. Una vez más, la realidad nos da la razón con respecto a las intervenciones gubernamentales: siempre generan más problemas de los que pretenden resolver.
El SBD es la crónica de un error anunciado, que muestra cómo el manejo político de los recursos económicos nunca genera buenos resultados. Miles de millones de colones que podrían ponerse a disposición de los costarricenses no pueden ser utilizados por el error en el diseño de un sistema que nació muerto, y que no parece tener una solución inmediata.
Esas son las consecuencias de la intervención estatal, intervención que algunos grupos piden a gritos para salir de la crisis económica. Pues bien, amigos lectores, saquen sus propias conclusiones.
