martes, 30 de junio de 2015

La columna de Carlos Federico: ¿cómo hacer más eficiente a un Estado ineficiente?

Hay un libro recientemente escrito por John Micklethwait y Adrian Woolridge, titulado The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State [La Cuarta Revolución: La Carrera Global para Reinventar el Estado] (New York: The Penguin Press, 2014), que creo debería de ser leído por todo ciudadano interesado en temas de políticas públicas.  Particularmente, porque con base en experiencia de naciones, tales como India, China, Singapur y los países nórdicos, nos brinda señalamientos útiles para lograr una más elevada eficiencia en las economías, con un estado que permita un mayor y mejor crecimiento económico.

En lo concreto, basado en la experiencia de los países nórdicos en sus reformas recientes -digamos de 1990-1995 a la fecha- el libro trata del caso de una atención hospitalaria pública, transformada de sistemas en que el estado prestaba directamente el servicio de salud, hacia otro en que la prestación del servicio está a cargo de empresas privadas, debidamente reguladas por un estado, que conserva la rectoría y definición de las políticas de bienestar en ese sector.

Señalan dichos autores:

“El estado de Occidente ha formulado promesas que no puede cumplir. Sin embargo, es más interesante la razón por la cual los países nórdicos [de Europa] continuaron con su esfuerzo [de reforma]. Una vez que empezaron a rediseñar su gobierno, se encontraron con que funcionaba.

Muchas de las reformas han producido no sólo un gobierno más económico, sino un mejor gobierno….

Los países nórdicos brindan abundante evidencia en contra [de la elefantiasis del estado y de una muy baja productividad]: de que es posible contener al gobierno, al tiempo que se mejora su actuación…

Nuestro argumento va precisamente en contrario de que los nórdicos apenas están empezando. En el siglo veinte, la tecnología tendía a enfocarse en su poder y en una administración súper grande. En el siglo veintiuno presionará crecientemente hacia la dirección opuesta. La tecnología no sólo encogerá al gobierno, sino que también hará que mejore. En el siglo veinte, las buenas reformas al gobierno fueron arruinadas repetidamente por intereses creados especiales. En el siglo veintiuno se está haciendo más fácil que prácticas de mejor gobernabilidad orienten y dirijan al interés común. Esto no significa que el estado va en camino de hacerse pequeño… sino que eso es posible lograrlo.” (Op. Cit., p. 176, 177 y 178).

Por ello leí con suma atención un artículo publicado en La Nación del 13 de junio, el cual se titula “Contratar servicio es más barato que operar EBÁIS: Estudio preliminar de CCSS destaca calidad de atención a pacientes.” Después de leerlo, me sentí orgulloso de que en Costa Rica se puedan realizar tareas que la sociedad ha encargado al estado, de forma más barata (económica) y con una mejora en su calidad. Esto es, se ha evolucionado de un sistema en donde el estado brindaba directamente el servicio -todos eran empleados públicos de la Caja o de un ente similar- hacia uno en el cual están a cargo de entes privados, que cumplen con los objetivos que le ha definido el estado, mediante el uso en el sector público (en este caso el de la salud) de técnicas eficientes de administración, más propias de empresas privadas que de entes estatales.

El informe de la Caja en mención es el DRSS-FISSCT-0824-15, que aún está en proceso y que todavía –a la fecha de la publicación de La Nación- la Junta Directiva de la CCSS no lo conoce formalmente. Pero el informe preliminar ya nos brinda datos que deberían de entusiasmarnos, en cuanto a que es posible mejorar la Caja, al menos en algunos aspectos, en donde, sin que disminuya la calidad del servicio, sino todo lo contrario, se logran grandes economías en una institución que, como sabemos, posee serios problemas financieros.

Dice La Nación: “El documento de abril [del 2015] muestra que mientras una consulta de urgencia  cuesta ₡39.000 en un…EBÁIS de las cooperativas [ente privado], a la Caja le sale en ₡60.000.” También compara los costos en un EBÁIS de las cooperativas con otro de la Caja, en cuanto a una consulta de medicina en general. En las primeras cuesta ₡11.230, en tanto que “en uno administrado por la CCSS vale ₡17.737. “Por su parte, la consulta dental ronda los ₡7.695 en las cooperativas, y se eleva a ₡15.213 en centros de la Caja.”

Vean el ahorro que se ha logrado para los costarricenses: “La Red de Servicios de Salud [de la CCSS] calcula que este año se invertirán ₡29.000 millones en comprar servicios a COOPESAÍN, COOPESANA, COOPESIBA, COOPESALUD y ASEMECO, una cifra que hubiera superado los ₡47.000 si la CCSS hubiera asumido esa atención. El ahorro superaría los ₡18.000 millones,” que bien se puede emplear en mejorar otros servicios que brinda la CCSS a sus cotizantes, primordialmente.

Aún más interesante, en opinión de los autores del estudio de referencia, “Estos costos menores, comparados con los de la Caja… se obtienen con una mayor producción y con atención de calidad a embarazadas, bebés y enfermos crónicos.” De acuerdo con el periódico, “La diferencia en el costo entre servicios iguales se debe, entre otras razones, al uso del expediente electrónico, aprovechamiento del tiempo porque el personal ni participa en huelgas ni se incapacita mucho, y al uso de medios electrónicos para sacar citas.” Pero, antes de que los profetas usuales de la desesperanza, nos salgan diciendo que el cambio ha provocado una caída en la calidad de los servicios percibidos por los pacientes, reseño lo que señala don José Pablo Ross, de COOPESANA, que “la producción es mayor y esto abarata costos. La disconformidad de la gente ES PORQUE QUIERE MÁS SERVICIOS  [las letras en mayúscula son mías], pero la Caja no deja.” Ello lo reitera un gerente médico de COOPESAÍN, don José Fabio Barquero, quien “atribuyó los resultados a la organización. Dijo que donde hay dificultades para cumplir, como la contratación de médicos especialistas, se debe a que la misma Caja impide a nuevos profesionales laborar con proveedores externos, aunque sean servicios que luego se dan a la institución.”

Claro que esto ha de tener muy preocupados a algunos recalcitrantes ideológicos, quienes creen que el estado debe de hacer de todo, no importa su costo ni la calidad del servicio a los cotizantes de la Caja. Pero los ciudadanos que conocen y han experimentado el mejor servicio que brindan aquellas empresas privadas, han acudido a señalarlo así, dando un mentís a quienes no les gusta tan sólo por mantener una ideología obsoleta o bien porque les disminuye el número de asociados a sus sindicatos. Es posible mejorar la eficiencia en un estado ineficiente.

Hay esperanzas… Por una Caja mejor para todos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 29 de junio de 2015

Tema Polémico: Alianza PAC, FA y Sindicatos ¿Por qué se sorprenden?

La semana pasada el Partido Acción Ciudadana tomó la decisión de suscribir un pacto con el Frente Amplio y un grupo de Sindicatos. Esto ha sido objeto de críticas por parte de muchos sectores acusando al PAC de haberse aliado con los comunistas y chavistas. A nosotros sinceramente nos impresiona más el hecho de que muchas personas a estas alturas del partido no han terminado de comprender que el PAC es un partido de izquierda y su alianza con el FA y los sindicatos es únicamente normal. Es iluso pensar que un partido como el PAC de repente ahora apoye ideas más liberales, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada; y se alíe con los sectores privados de la economía. Lo que nos da rabia es que mucha gente votó por el PAC pues pensaban que se trataba de un socialismo más light y menos peligroso pero poco a poco el PAC ha venido enseñando su verdadero rostro. Pues que ilusos y como se nota que todos los que votaron por el PAC creyendo que eran diferentes no son lectores regulares nuestro blog porque nosotros lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo ya. 

Y si tan solo fuera este famoso pacto pero son muchas cosas. Desde que el PAC tomó el poder aumento más el gasto estatal, le ha cerrado las fronteras a productos agrícolas, quiso meternos un nuevo reglamento confiscatorio de urbanismo, eliminó cualquier posibilidad de aumentar la participación del sector privado en el mercado eléctrico, nos viene amenazando cada día más con más impuestos, etc. El mismo vicepresidente de la república se ha dejado decir que el problema del déficit fiscal ha sido haber firmado tantos tratados de libre comercio en el pasado. Y tan solo ha pasado un año de gobierno. A este ritmo quien sabe cómo terminará este país cuando terminen los cuatro años de gobierno. 

martes, 23 de junio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: atentos al Segundo Presupuesto Extraordinario del 2015

Ya en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa están en discusión las mociones al segundo presupuesto extraordinario de este año. Una vez definidas éstas, el presupuesto pasaría al plenario para su aprobación o rechazo.  Por eso, es importante prestar atención a lo que está sucediendo en dicha Comisión, pues allí podría definirse la conformación final que tendrá tal presupuesto.  Esto es crucial a la luz de la cuestionada aprobación del desaforado presupuesto ordinario, que el gobierno logró que se pasara para este año. ¿Se acuerdan? Traía un incremento del 19% con respecto al equivalente del año anterior, aprobado en momentos en que los ciudadanos somos testigos de una seria crisis de financiamiento en el sector público.

Por tal motivo, resulta interesante la disputa que La Nación del 29 de mayo pasado expone en su comentario “Oposición y Frente Amplio en pulso por cortes al Presupuesto: Gobierno pidió rebaja de ₡60.000 millones en plan de gastos.” Digo que resulta interesante porque, por una parte, justamente es el gobierno dispendioso el que propone una reducción del gasto (claro, primero lo aumentó desproporcionadamente y ahora reduce su crecimiento en un poco), lo cual es, de por sí, una rebaja más que insuficiente, pero podría indicarnos que el gobierno reconoce que ese es el camino que debe y tendrá que recorrer en su manejo de las finanzas públicas. Ojala no esté yo equivocado. Por otra parte, porque también es sugestivo al exhibirnos una conducta del Frente Amplio que parece ir en contra de lo que aparenta ser la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y así, en vez de buscar recortar el gasto estatal, más bien obstaculiza dicha política.

Resulta que, en palabras del diputado liberacionista Rolando González, "el Frente Amplio se ha dedicado a intentar mantener las partidas que el propio Gobierno propuso reducir, mientras el resto de agrupaciones quieren (sic) recortarlas.”

Son tres los argumentos cajoneros del Frente Amplio, en palabras del diputado José Ramírez, que son desenfundados para oponerse a la reducción del gasto estatal. El primero, que no se les consultó de parte del ministerio de Hacienda a las instituciones cuyo presupuesto el gobierno propuso reducir.

Esto yo no lo puedo saber si así se hizo o no, ni tampoco si es relevante y si tampoco se puede enderezar, en caso de ser algo esencial. 

El segundo alegato y “la principal preocupación”, según el diputado Ramírez, es que “varias de las instituciones consultadas están en contra de las rebajas al plan de gastos”, entre ellas, “el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Fundación Omar Dengo (FOD) y casi todas las instituciones descentralizadas.” Bueno, no sé qué esperaba ese diputado y cualquier persona con dos dedos de frente: ¿Qué esas instituciones estuvieran brincando de felicidad porque les van a recortar las platas, que la ciudadanía les entrega por medio de los impuestos que paga?, o ¿qué aplaudieran gozosas por los recortes a su gastadera, sus sueldos y demás cosas propias de sus feudos? Obviamente que se oponen a que les quiten las mieles argentadas que constituyen las fuentes de sus gastos.  Me imagino que, si se mocionara en la Asamblea para reducirle el sueldo a ese diputado, tardaría muy poco en reclamar por ello y, en caso de no que no lo haga así, entonces debo presuponer que es por masoquismo o por un cinismo mal disfrazado (ya sé que por la Patria lo haría, pero, perdone, eso no se lo creo).

Por lo tanto, no vale como argumento para oponerse al recorte en el gasto gubernamental, el simple hecho de que eso “no les parece a los afectados”, quienes siempre argumentarán cualquier cosa que se les ocurra, con tal de que nos se les toquen la minita de oro de la cual viven. Excusas para el gasto son las que precisamente abundan y sólo la realidad de la escasez es la que exige que no puedan tener de todo, todo el tiempo y en todo lugar.

El tercer alegato del diputado es que “la propuesta final [de reducción] no cumpliría con la petición del Poder Ejecutivo, al punto de que, según Ramírez, el recorte real en gastos directos quedaría apenas en poco más de ₡40.000 millones y no en ₡60.000 millones”, como fue lo que inicialmente señaló la petición gubernamental. Éste sí que es un buen argumento, pero no para oponerse con obstáculos a los recortes, como lo ha hecho el diputado, sino para promover mayores reducciones, de manera que, al menos con ello, el gobierno se vea obligado a cumplir con lo que dijo que se proponía hacer.  La verdad es que uno no ve tal motivación en el diputado del Frente Amplio, sino todo lo contrario: lograr que haya más y más gasto estatal. No una reducción del derroche.

Me gusta lo que observo, al momento en que escribo este comentario, en cuanto a voluntad y firmeza en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, en lo referente al segundo presupuesto extraordinario: Una actitud de ir realizando los recortes presupuestarios que la economía nacional exige. El plan del gobierno reduce los gastos directos en ₡60.000 millones y en no ejecutar ₡146.000 millones como pago de su deuda, pero, entendámoslo de una vez por todas, posponer la amortización de una deuda no significa que se reduce el gasto estatal, sino sencillamente, que su pago se deja para después. Por ello, la reducción verdadera propuesta por el gobierno podría ser de tan sólo ₡60.000 millones. Ante esto, el diputado González indicó -responsablemente en mi opinión- que el bloque opositor quiere “aún más reducciones presupuestarias.” Me parece que una opinión similar se la escuché a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, señora Rosibel Ramos, acerca de lo crucial que era poner orden en el gasto estatal, empezando por este segundo presupuesto extraordinario.

Es indispensable que los diputados del bloque opositor se opongan a las intenciones del Frente Amplio de impedir una reducción del gasto gubernamental.  No quiero ser malpensado, imaginando que, lo que esa agrupación política en verdad desea, es la anarquía económica, que se ocasionaría por la permanencia de un desenfrenado gasto gubernamental. Por el contrario, aplaudo el objetivo del bloque opositor de reducir aún más la disminución de gasto que se incorpora en el segundo presupuesto extraordinario que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, pues lo que está en juego es el inicio de la restauración de la salud económica de los hogares costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

viernes, 19 de junio de 2015

Viernes de Recomendación

Esta semana nuestro país estuvo lleno de entrevistas y debates en cuanto al tema del deficit fiscal y las finanzas públicas. En razón de la importancia de esta temática queríamos compartir con ustedes las mismas.

Por un lado tenemos las entrevistas efectudas en el programa "Hablando Claro", al Diputado Otto Guevara, a la Contralora  Marta Acosta y el economista Luis Mesalles.

Así mismo, les compartimos el debate realizado entre los Diputados Otto Guevara y Patricia Mora en cuando a la educación superior universitaria.

martes, 16 de junio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: ñangazos proteccionistas

Quiero ser muy honesto con ustedes, amigos lectores: así imagino yo los golpes recientes que los impulsos proteccionistas de algunas autoridades de gobierno han ocasionado a los bolsillos de los ciudadanos. Ñangazo es una buena palabra para describirlo y tiene la virtud de que la generalidad de los costarricenses conoce bien el sentido de esa palabra. Es un mordisco o mordedura que usualmente lo identificamos como la de un animal, pero que también creo es lícito hablar de un ñangazo a los presupuestos de las familias: Es una extracción violenta de los recursos limitados de los consumidores, cuando, por medio de la imposición de un arancel a las importaciones o una prohibición abusiva o indebida, un estado da a lugar a un descenso en la oferta de bienes y servicios en la economía, lo cual se traduce en un aumento en los precios. Ese es el ñangazo a nuestros presupuestos familiares, cuando para comprar lo mismo que antes, ahora hay que desembolsar más plata, que en este caso va a dar, parte al estado, y parte a los productores que se decidió proteger.

Pero, como veremos luego, el ñangazo no afecta sólo a los consumidores, pues puede dar lugar a medidas que también dañan a exportadores que no han tenido nada que ver con la decisión gubernamental.

Eso sí, lo de los aguacates no es el único ñangazo reciente: lo cierto es que el proteccionista ministerio de Agricultura, por medio de dependencias suyas, desde hace un rato ha venido, pedacito por pedacito, erosionando las posibilidades de consumo de los ciudadanos. Veamos algo de esa historia: 

  • Se ha restringido la importación de pollo desde Canadá y los Estados Unidos. 
  • Se ha limitado la importación de frijoles desde Nicaragua.
  • Se ha impedido importar cebolla del exterior.
  • Con la exigencia de una aprobación de parte del gobierno de Costa Rica a las plantas chilenas productoras de embutidos, se ha restringido su importación, sin pensar que Chile exporta, desde hace buen tiempo, embutidos a muchos países del mundo, sumamente exigentes en cuanto a normas fitosanitarias.
  • El arancel impuesto a las importaciones de arroz es notorio, aunque después el gobierno proteccionista medio echó marcha atrás, al permitir, ante la barbaridad de lo actuado, que hubiera a cambio cuotas de importación de arroz proveniente de Uruguay y Argentina. Toda la restricción arancelaria ha sido para favorecer a un grupo poderoso, pero muy reducido, de productores domésticos.
  • En un artículo de don Emilio Bruce, en La República del viernes 05 de junio de este año y que lleva por título “Sinceramente. ¡Todo acto conlleva consecuencias!, señala limitaciones a las importaciones de miel de abeja, especias, carne de res y de cerdo, pescado, plátano verde, chile jalapeño, huevos deshidratados…

Esta conducta gubernamental, particularmente del ministerio de Agricultura, es síntoma de un envalentonamiento de las fuerzas proteccionistas, especialmente ancladas en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), sin dejar de lado un disimulado ministerio de Economía. 
De los anteriores productos, el que sin duda más discusión pública ha provocado es la reciente prohibición a la importación de aguacate, por lo cual me centraré en comentar dicho caso, pero ello no extingue el análisis que se podría hacer de los casos de restricciones similares a las importaciones arriba citadas. Todos son bichos de la misma especie, aunque varíen en detalles. Poseen la característica limitante de las importaciones, con un poco velado interés de proteger los intereses de grupos productores nacionales, en una búsqueda clara de lograr una protección que les genere rentas; esto es, ingresos que no devienen de su eficiencia productiva y en competencia, sino de la limitación a competidores más eficientes del resto del mundo para operar en el mercado nacional. 

Todos esos casos descansan en limitar la competencia, de manera que así puedan cobrar un precio mayor que el que ellos podrían lograr si tuvieran que competir con otros productores internacionales más eficientes.  Este precio más elevado es el ñangazo que nos dan a los presupuestos de los consumidores, quienes, sin poder optar por los plenos beneficios del comercio internacional, si ahora quieren esos productos deberán pagar más por ellos; esto equivale a una reducción real de los ingresos familiares del promedio de los consumidores: el poder adquisitivo de sus salarios es así disminuido.

También la política que el gobierno está poniendo en práctica constituye una amenaza para otros productores nacionales, además de aquellos que utilizan los productos cuya importación es restringida. como materia prima para su propia producción. Me refiero al marco legal en que descansa nuestro comercio internacional. Estamos, desde hace más de tres décadas regidos por acuerdos multinacionales que cubren nuestro comercio internacional, que en esencia tienen como objetivo disminuir un proteccionismo oneroso para los participantes en dichos acuerdos y, a la vez, aumentar las posibilidades de consumo de las familias. La reducción de aranceles que se busca (aún pendiente de llevarse a plenitud) no es lo único. También existían barreras no arancelarias que tenían un efecto disuasivo del libre intercambio entre las personas y las naciones y que se han venido disminuyendo y dimensionado a la realidad de los mercados.  Voy a citar unos cuantos ejemplos de tales prácticas, pero hay muchas, pero muchas, otras más: subsidios a las exportaciones, regulaciones sanitarias y fitosanitarias no justificadas, determinación de elegibilidad para exportar al país de plantas e incluso de naciones del exterior, características discriminatorias a productos, como por ejemplo el etiquetado y el empaque, reglas de origen del producto, cuotas aplicadas a la importación de ciertos productos, un porcentaje determinado de contenido nacional en el valor agregado del producto, etcétera y un muy largo etcétera.

Parte de los acuerdos internacionales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tratan de disuadir esas barreras no arancelarias y, uno de ellos muy importante, es que, cuando se aplica una barrera de aquéllas a la importación desde una nación la cual se le impide el acceso, ésta tiene posibilidades de aplicar medidas arancelarias compensatorias.  Esto es, ante el daño que la prohibición ocasiona al país exportador, éste puede poner aranceles a la importación de bienes del país que introdujo la restricción no arancelaria. Es una especie de forma para compensar aquel daño, pero lamentablemente lo hace restringiendo la amplitud beneficiosa del libre comercio. El hecho es que tal posibilidad existe y con alguna frecuencia es aplicada entre países. 

Casi todas aquellas limitaciones que el país ha impuesto sobre importaciones de otras naciones hacia Costa Rica, pueden perfectamente ser objeto de una represalia de ese tipo. Por ejemplo, México, si así lo quisiera, ante la prohibición injustificada por razones fitosanitarias de exportar aguacates a Costa Rica, podría prohibir la entrada a México de productos de Costa Rica. Por ejemplo, y lo tomo arbitrariamente de una lista de productos que exportamos a México, limitar nuestras importaciones de llantas o envases de vidrio o de productos agrícolas como aceite de palma o jugos y concentrados de frutas. O sea, gracias al proteccionismo gubernamental nuestro para favorecer a algunos pocos, se termina castigando, con tales represalias, a productores nacionales que exportan a México y que no han tenido nada que ver con la decisión arbitraria de nuestras gobernantes.

Si creen que esa última posibilidad no pasa de ser una eventualidad irrelevante, lean lo que informa desde México www.portalfruticola.com en su comentario del 28 de mayo del 2015 titulado “Aguacate: Médico pide reapertura del mercado costarricense”. Según el conocido medio mexicano El Financiero, el jefe de la Dirección General de Sanidad de México, Francisco Javier Trujillo, cuestiona la medida especialmente porque no hay “elementos científicos que pudieran haber justificado la decisión” del Ministerio de Agricultura, por intermedio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Además de que “muestreos que han realizado, confirman que los millones de frutos de aguacates que les hemos enviado [a Costa Rica] no representan riesgo de esta ni de ninguna otra plaga, ya que concluyeron que el viroide Sunblotch está ausente de Costa Rica.” Nuestro país tiene más de 25 años de importar aguacates dese México, si bien la prohibición también fue hecha para otros países, como Guatemala, al estado de Florida de los Estados Unidos, Israel, Australia, España, Sudáfrica, Ghana y Venezuela

El ministro de Comercio Exterior, don  Alexander Mora, según el editorial del periódico La Nación del 02 de junio, titulado “Restricciones a la importación,” “se pregunta si las autoridades fitosanitarias siguieron el debido proceso, lamenta la tardía notificación de la medida a la contraparte mexicana y echa de menos el respeto al derecho a la defensa, que le habría dado a México la oportunidad de hacer correcciones o presentar estudios técnicos.” No dudo que al ministro, buen conocedor de estos temas y que forman parte de la esencia de su ministerio, más que del MAG, le ha de haber preocupado el señalamiento correcto y debido del director general de sanidad de México, señor Trujillo, quien resalta que el freno a las impostaciones de aguacate, “violentó el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. 

Ni siquiera somos autosuficientes en la producción de los aguacates y, aunque lo fuéramos, ese argumento en favor de medidas proteccionistas es falaz, pues lo importante no es producir como tal, sino a un costo relativamente menor que competidores externos. El hecho es que, en la actualidad, importamos cerca de un 80% del consumo nacional de aguacate; el resto, es producido domésticamente.

Entendamos bien la irresponsabilidad de nuestro estado neoproteccionista (un nuevo término): tendrá serias consecuencias el aducir argumentos fitosanitarios que no están debidamente sustentados y que no están acordes con los tratados comerciales hoy firmados por nuestro país. 
Primordialmente para el consumidor, quien, cuando deba ir a comprarlos a un mercado cuya oferta se ha reducido artificialmente, deberá pagar precios mayores y posiblemente obtener una menor calidad por los mismos productos que antes. Eso significa una disminución del ingreso real de las familias de los consumidores.

Asimismo, afecta a quienes importan al aguacate como insumo para producir otros bienes (por ejemplo, dips o salsas que llevan aguacate), pero tal vez el impacto en esto es más significativo en el caso de los otros productos igualmente restringidos en su importación por el estado, como la carne de res, cerdo, pollo, papa, arroz, especias, entre otros.  

Igualmente, medidas torpes como las comentadas, podrán ser objeto de represalias por parte de los países cuyas exportaciones hacia Costa Rica se han visto restringidas de la manera expuesta.  La posibilidad de represalias, de medidas arancelarias compensatorias, es muy real y de hecho estaría lanzando al país a procesos muy onerosos que posiblemente tendrán que ser resueltos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Dicho proceso jurídico no es nada barato. Tales represalias afectarán a un sector exportador que no ha tenido nada que ver con las medidas tomadas por el estado. Pero no lo serán únicamente los exportadores, sino también sus trabajadores, en un país en donde actualmente cunde el desempleo.

Más ampliamente, el inversionista nacional, ya con buen razón preocupado por un intervencionismo estatal inconveniente en rubros muy diversos, se da cuenta de que hay una nueva forma reforzada de limitar la libertad de comercio, pasándose nuestro gobierno tratados y acuerdos formales, por donde le plazca, todo con el fin de proteger indebidamente a unos pocos productores. Sin duda que políticas económicas como las expuestas minan la confianza, la seguridad jurídica, del empresariado y del inversionista nacional.

De paso, esos “pocos productores” beneficiados con el proteccionismo encontrarán en la restricción a las importaciones, tres claros incentivos. Uno de ellos, para aumentar el precio del producto que venden. El segundo, para mantener una calidad que no necesariamente es la mejor en todas las variedades que consume el mercado nacional y, en tercer lugar, ¿por qué habrán preocuparse por ser más eficientes, por elevar su productividad, si el consumidor nacional está obligado a consumir lo que ese pequeño grupo les ofrezca en un mercado con mucha menor competencia? Ni se diga del afán de innovar para superar la competencia que siempre debería estar presente en el comportamiento de un buen empresario… ¿Para qué preocuparse si no hay competidores?


Jorge Corrales Quesada

lunes, 15 de junio de 2015

Tema Polémico: Delimitemos el campo de acción estatal

En las últimas semanas ha habido todo un revuelo en los medios de comunicación nacional. Reportajes sobre las familias no tradicionales, anuncios publicitarios respecto a ellas, e incluso se dictó –bien o mal- la primera sentencia que reconoce una unión de hecho entre personas de un mismo sexo.

En ASOJOD no nos interesa abordar los temas éticos y sociológicos de estos fenómenos sociales, sino simplemente su dimensión política. A veces parece difícil pensar que la visión de Mussolini del Estado no se apodera del nuestro: “Todo dentro del Estado nada fuera de él”. ¿Qué podría ser más adentro que el tema de las relaciones intrafamiliares? 

Este tipo de discusiones nos teletransportan a las sociedades tribales más primitivas, donde todo asunto forma parte de la polis y del interés comunal. Precisamente, la civilización es exactamente lo contrario, la civilización es la recuperación de los espacios privados para los individuos para que estos puedan desarrollar sus planes de vida en respeto a los derechos del “otro” (nos guste o no ese otro).

Nuestra sociedad está llena de esta clase de ejemplos, siendo el campo de las drogas el más evidente. Así, la verdadera transformación social ocurrirá una vez que se limite al Estado a las labores que verdaderamente le corresponde, y todos tomemos conciencia de que la vida y decisiones de las otras personas no son parte de un botín político.

martes, 9 de junio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: informalidad y marco regulatorio de Costa Rica

Una de las noticias más lamentables en el campo laboral actual de nuestro país surge de la Encuesta Continua de Empleo que realizó el Instituto de Estadística y Censos (INEC) para el primer trimestre del 2015, en parte referida a la situación de informalidad del empleo. 

Es necesario que tengamos claridad en cuanto al significado de empleo informal, de acuerdo con la definición que utiliza el INEC: 

“El empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo: 

• Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, no tienen rebajos de seguro social. 

• Personas asalariadas que sólo le pagan en especie o que el pago fue una única vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, se considera que no son susceptibles de los rebajos de seguro social. 

• Personas ayudantes no remuneradas. 

• Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica. 

• Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un mes), a quienes por la naturaleza del trabajo no son susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica.”

Tengo la impresión de que el ciudadano entiende muy bien lo que el INEC llama empleo informal: son, en sencillo, los trabajadores que están afuera de la formalidad legal en el país tanto para trabajar como para tener un negocio propio. Son mucho más que simples vendedores ambulantes o trabajadores cuyos patronos no les cubren los pagos a la Caja. En general, de alguna manera, son los que operan fuera del marco legal oficial en el país

De acuerdo el estudio del INEC antes citado, “entre enero y marzo del 2015, [había] 929.000 personas ocupadas en informalidad”, de una fuerza de trabajo total ocupada del país de 2.051.208. Esto es, la tasa de informalidad es del 45.3% de la fuerza de trabajo que tenía ocupación. De aquellos, “un tercio tiene entre 45 y 59 años de edad”, casi lo que uno podría considerar como una edad en que el padre de familia estaría relativamente consolidado. En todo caso, la población informal del país está constituida por casi la mitad de los trabajadores del país. Es una proporción muy elevada y es síntoma de un problema serio cual es el costo de la informalidad en nuestra economía; esto es, qué es lo que estimula la informalidad en el país.

El periódico La Nación del 23 de mayo, en su artículo titulado “Empleo informal en Costa Rica alcanza su punto más alto desde el 2010,” presenta un gráfico que titula “Aumenta la informalidad: Evolución en cinco años.” Lamentablemente no lo obtuve directamente de la fuente presuntamente originaria, cual es el INEC, pero, de estar correcto, nos señala, para el período que va del tercer trimestre del 2010 al primero del 2015, que dé, más o menos, una tasa del 37% de informalidad en el tercer trimestre del 2010, se redujo a, aproximadamente, un 34 o 35% en el 2011, pero luego ha ido creciendo paulatinamente, hasta llegar al nivel más alto en el primer trimestre del 2105, con el 45.3%, aunque el gráfico del periódico aparenta un porcentaje menor, de alrededor de un 44%. En todo caso, es preocupante por lo elevada y por ir en un crecimiento sostenido durante los últimos tiempos y, sin duda, la mayor tasa de los últimos diez años.

Adicionalmente, interesa hacer notar lo que el informe del INEC ante citado señala: “Según la posición en el empleo, del total de ocupados informales, 540 mil eran dependientes (personas que trabajaban para un patrón, empresa o institución), lo que significa que, del total de ocupados dependientes, 33,7% se encontraban en un empleo informal. Por otro lado, 388 mil ocupados independientes tenían un empleo informal, representando 86,5% de informalidad con respecto al total de este grupo.” Esto muestra claramente lo significativo y profundo que es el problema de la informalidad en el país, tema que creo ha sido soslayado en la discusión pública y que recibe comentarios tan sólo en pocas ocasiones (concretamente en discursos durante campañas políticas). 

Pero es grave, impacta fuertemente la vida laboral y familiar y cuestiona todo el aparataje legal en cuanto a regulaciones impuestas por el gobierno.

Es sencillo explicar el fenómeno descrito como consecuencia de un menor crecimiento de la economía, pues es de esperar que, muchas de las personas que han perdido su empleo formal y no hayan encontrado un trabajo similar al previo formal, acudan a laborar informalmente. Esa explicación tal vez sería más apropiada en caso de un decrecimiento y no de un menor crecimiento de la economía. Pero, en todo caso, las fuentes de trabajo en el país han descendido, como lo muestra la alta tasa de desempleo que ha venido creciendo hasta alcanzar un 10.1% en el primer trimestre del 2015. Creo que la ocasión debe servirnos para encontrar las razones que podrían explicarnos, por qué la gente escoge la informalidad, ante la posible formalidad de sus empleos y empresas, no sólo debido a un descenso de la actividad económica, sino como un fenómeno de más largo plazo.

No hace mucho don Enrique Ghersi visitó a Costa Rica, distinguido estudioso de este tipo de problemas en su país natal, el Perú, y autor de libros y numerosos artículos acerca de este tema. De dicha exposición quiero referirme a dos factores que él indicó como detonantes de la informalidad y que reseñé en un artículo mío, titulado “La Informalidad y la Pobreza de la Ley”, en La Extra del 30 de abril del 2013. En éste escribí que,

“La conferencia de don Enrique resaltó dos temas esenciales.  Uno de ellos, que el derecho, las leyes, tienen un costo y el otro, que ese costo es relativamente mayor para las personas de menores ingresos.
Se considera que el derecho busca una disminución de los costos de obtener y consolidar la información necesaria para realizar transacciones económicas, de forma que permite utilizar la información más eficientemente, que como lo podría hacer cada persona individualmente.
 
En una visión tradicional se ha considerado que la ley es gratuita, que no tiene costo alguno, y es criterio usual de los legisladores, que casi cualquier cosa acerca de la cual se legisla, se considere de obligatorio cumplimiento.  Así, cualquier ley se hace para que sea cumplida.

Ghersi enfatizó en su charla que no existe tal cosa como que la ley sea gratuita y que, por el contrario, de ella se derivan costos y beneficios para los ciudadanos que están obligados a observarla. El problema surge cuando los beneficios de esa ley no los puede obtener un individuo, pues los costos derivados de su cumplimiento son mayores que los beneficios que se derivan de su vigencia. 

La informalidad surge cuando el costo de cumplir con la ley es mayor que el beneficio de tenerla.  Las personas se alejan de la ley formal y acuden a arreglos privados que sustituyan aquella ley formal. Podríamos pensar, como ejemplo de ello en nuestro medio, que para un vendedor ambulante el costo de formalizar su negocio (por ejemplo, tener todos los permisos, los libros contables, los contratos necesarios, etcétera) es mayor que los beneficios que obtiene como usufructuario de la ley formal. Por eso, aquel vendedor ambulante simplemente agarrará sus tiliches para venderlos adonde pueda y así montar su negocio informal.

El segundo punto esencial de la charla de don Enrique Ghersi es que este costo es relativamente mayor para el más pobre que para el más rico.  La enorme cantidad de regulaciones que, por ejemplo, se requieren para establecer un negocio, usualmente significan un costo muy elevado, que posiblemente será relativamente más fácil de sufragar por el rico, que por el pobre.  El rico puede contratar los abogados, contadores, asesores, etcétera, que le faciliten cumplir con los requisitos formales de la ley, mientras que el pobre tal vez tan sólo podrá contar con la opinión de amigos o parientes. Ese costo elevado de cumplir con las leyes, conduce a la informalidad y es posible que hasta a la desobediencia civil. Surge así una paradoja para quienes siempre han considerado a la ley como el fundamento del orden civil.” 

A fin de entender el fenómeno de la informalidad, es crucial entenderlo no tan sólo como resultado de algo temporal, como producto de un menor crecimiento económico que sin duda incide, sino que también deben de analizarse factores estructurales, que desde hace ya buen rato pueden venir estimulando un crecimiento de la población que labora en la economía subterránea. El costo de ser un operador legal debe ser tomado primariamente en cuenta, en especial porque se han venido incrementando políticas regulatorias estatales, que inciden en un mayor costo para optar por el camino de la formalidad, a la vez que comparativamente se aumenta el incentivo para la ruta de la informalidad. Ejemplo reciente de ese tipo de regulación, que entraba la incorporación empresarial a la formalidad, es el elevado e injusto impuesto sobre las sociedades anónimas, que tienen un peso relativamente mayor cuanto más pequeño sea el emprendimiento. Simplemente, hace que resulte una mejor decisión económica la de quedarse fuera de la legalidad. 

Es interesante la propuesta del ministro de Trabajo, señor Víctor Morales, quien indica que “para combatir el empleo informal promoverán una ley para reducir los aportes a la seguridad social de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que pasen a la formalidad… (además) de la creación de un régimen tributario diferenciado para las compañías mipymes, que están incorporadas en los proyectos fiscales actualmente en discusión en el Congreso.” 

Puede ser que una reducción de las cargas tributarias para las mipymes, presuntamente informales, más bien incentive que empresas más grandes se fraccionen y se conviertan en mipymes, a fin de aprovechar esas tasas menores.  Eso trae a colación el efecto fiscal de la medida (que tanto preocupa al editorialista de La Nación del 1 de junio, en donde analiza el tema de la informalidad), por lo cual, creo que se debe indicar que también la propuesta del editorialista de rebajar los impuestos a tanto a formales como a los informales podría afectar negativamente las finanzas (¿una contradicción?). Me opongo al aumento de los gravámenes e incluso estoy a favor de reducir los impuestos sobre la renta, como lo propone el editorialista de La NACIÓN, evolucionando hacia un sistema de un impuesto bajo y lo más uniforme posible, pues creo que es posible diseñarlo de manera que no necesariamente erosione la base tributaria. Eso no lo explica el editorialista, asumo que por falta de espacio. A mí la idea expresa del ministro, de reducir dichas tasas impositivas a las pequeñas empresas, de ponerla, eso sí, en el marco de “los proyectos fiscales actualmente en discusión en el Congreso”, más bien me huele a una especie de soborno político: tratar de obtener apoyo popular, para un inaceptable aumento de tributos que pretende este gobierno y que más bien van a provocar un crecimiento aún menor de nuestra economía.

De todos modos, es insuficiente la propuesta ministerial de concentrarse en una reducción de los impuestos a las empresas pequeñas -podría introducir simplemente un tramo nuevo en el impuesto sobre la renta, a una tasa menor que la mínima actual y aplicada universalmente): el régimen jurídico regulatorio de nuestro país que se impone sobre todas las empresas privadas provoca, en muchos casos, que el costo de la formalidad sea algo prohibitivo, de manera que, para evitar dichas cargas, las pequeñas empresas no escogen el camino de la formalidad y prefieren irse hacia la economía subterránea. Requisitos municipales, de ministerios de Salud, de Agricultura, de la Caja, de Hacienda, del Instituto Nacional de Seguros, del MEIC (paradójicamente), son, cada uno de ellos, “un dolor” para cualquier nuevo empresario que desea comenzar algún emprendimiento. Dejémonos de rodeos y entremos en serio a resolver el problema, revisando todo nuestro intervencionista, regulatorio y oneroso sistema legal, que hoy en día impulsa a que las personas prefieran operar desde la ilegalidad en vez de hacer sus cosas legalmente en el marco de la formalidad.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 8 de junio de 2015

Tema polémico: El ICE y nuestras carreteras

Cuando se inicia un camino sin saber a dónde se quiere llegar, la improvisación es la dirección que marca la brújula. 

La ocurrencia del presidente Solís al señalar su interés de contar con la experiencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la construcción de obra pública vial, ejemplifica vívidamente lo anterior.

Es ampliamente reconocida la experiencia del ICE, y sus equipos de funcionarios especializados, ingenieros y tuneleros, en la construcción infraestructura para la producción de energía eléctrica, pero esa experiencia no debe ser desvirtuada, según el antojo y las ocurrencias de los políticos de turno.

No solo se trata de las limitaciones jurídicas e institucionales que actualmente marcan las tareas, obligaciones y áreas de acción de una entidad pública regida por el principio de legalidad, establecidas claramente en la Ley de creación del ICE, Ley No. 449, donde se le encomienda “el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos”.

Se trata principalmente de preservar los recursos de los costarricenses, manteniéndolos lejos de aventuras empresariales descabelladas y riesgos indebidos que al final serían pagados por todos los costarricenses.

La construcción y conservación de las carreteras, calles y puentes del país corresponden a otras instituciones. El hecho de que el MOPT y sus órganos adscritos nos cumplan con sus obligaciones no implica que deban ser asumidas por otra institución pública. Un mal no cura otro mal.

Peor aún sería el hecho de poner al ICE a competir como una empresa constructora de obra pública vial, contra empresas privadas del ramo. Sobre este punto ya ha sido señalado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que la pesada burocracia del ICE encarecería el precio de las eventuales obras. Cabe además preguntarse ¿De qué manera financiaría el ICE estas obras? ¿Cómo pagaríamos los costarricenses por ellas? ¿Cómo afectarían estos costos, otros elementos como las tarifas eléctricas y el negocio de las telecomunicaciones?

Dentro de la discusión se debe tomar en consideración lo señalado por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario,quien ha expresado que este es un intento del Gobierno para mantener laboralmente a miles de empleados del ICE que quedarían desempleados con la finalización de los proyectos en Cachí y Reventazón.

No es difícil imaginar que esta sea la razón de fondo para un gobierno que ve como sus metas de generación de empleo y reactivación de la economía se vuelven cada vez más difíciles de cumplir. Después de todo, el país ya ha visto como casi quiebra a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando esta institución fue utilizada como paliativo del desempleo como parte del Plan Escudo de la administración Arias.

Por el bien del país esperemos que este disparate no cuente con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se deberían llevar a cabo las reformas legales necesarias para que el ICE pueda emprender estos proyectos. 

Lejos de ser esta la solución, el país debería apoyar con contundencia las Alianzas Público Privadas (APP) para el desarrollo de la infraestructura vial. Asimismo, se debería centrar en la ejecución de los recursos provenientes de organismos multilaterales ya aprobados e impulsar con mayor contundencia una reestructuración institucional del MOPT orientada a su simplificación.

martes, 2 de junio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: el secretismo dentro del Estado

No puede existir un error tan aciago, como suponer que los terceros son unos ignorantes. Se ha venido alegando que, a fin de proteger de la competencia a RACSA, subsidiaria de la empresa estatal del ICE, no se divulgarán los datos financieros de aquélla. Pero, ante la evidencia multitudinaria mostrada en periódicos y noticieros de televisión y programas de radio acerca del manejo financiero desafortunado de RACSA en los últimos tiempos, ¿acaso creen ustedes que los competidores no la conocen ya o no disponen de una buena idea acerca de ella? Por ejemplo, se han de acordar  de lo que pasó con el proyecto de las cámaras en carreteras; asimismo, con el de la nube empresarial; también con el del expediente único de salud y el de la comercialización de la televisión digital.

El argumento del estado para que RACSA le niegue su información a la ciudadanía o a quienes la representan en la Asamblea Legislativa, descansa en una ley promulgada en el 2008, la número 8660, conocida como Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Según su artículo 35, dejó en manos del ICE y de RACSA “la potestad de declarar confidencial la información relacionada con las actividades del grupo empresarial público”, de manera que es un secreto (¿de estado?) “la información industrial, comercial o económica que, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros por parte del ICE,” tal como lo informa La Nación del 22 de mayo en su artículo “Directiva de ICE declara secreto en torno a RACSA: Consejo consideró inconveniente divulgar cualquier tipo de información sobre la subsidiaria.”

Es, con base en lo anterior, la razón por la cual el gerente de RACSA, señor Francisco Calvo, rechazó una solicitud de los diputados de la Asamblea Legislativa, integrantes de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, para que se les entregaran los resultados financieros de la firma. Señala el señor Calvo en una nota a los diputados que “El Consejo Directivo [del ICE, dueño de RACSA] ha considerado que la denegatoria no solo está respaldada por una ley especial (…), sino que pretende resguardar a las empresas del Grupo ICE de cualquier efecto negativo que pudiera derivar de su divulgación.” Por ello, no me los imagino participando en un mercado financiero tan desarrollado como, por ejemplo, el de las bolsas de valores de Nueva York, en donde empresas que aspiran a colocar sus acciones en él, tienen que revelar la información financiera correcta a los potenciales inversionistas y a los entes reguladores. (Por eso hoy allá se está investigando a la empresa brasileña Petrobras, porque el chorizo no aparecía en sus estados financieros y no fue hasta cierto tiempo después cuando se dio a conocer el asalto). Existe lo que se llama una divulgación completa (full disclosure); esto es, que para efectos de transparencia se brinde la información necesaria, de manera que se sepa que no se está ocultando algo.

Pero el secretismo no se quedó allí. Esos diputados le pidieron al presidente de la República que les enviara una copia del Informe Anual de Rendición de Cuentas del ICE y sus Subsidiarias, pero también la presidencia se los negó, aunque, con una inteligencia mayor, el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, prometió públicamente que “revisará el caso para dar una respuesta adecuada.”
Siempre se nos ha dicho que los ciudadanos somos los dueños de las empresas estatales, pero más bien parece que, al ser “todos” los dueños, no hay nadie que lo sea. ¿Quién ahora nos dará cuentas claras y ciertas del estado financiero del ICE y de su subsidiaria, RACSA, a nosotros los “dueños” de esas empresas públicas?

¿Debemos ser ignorantes de lo que pasa en las empresas “nuestras”? Pero, por otra parte, ¿es un riesgo real el que competidores privados y hasta extranjeros logren determinar con exactitud la verdadera situación del competidor estatal?  En cuanto a la segunda de estas dos preguntas, no sería una posibilidad, sino una certeza, conocer la situación del competidor si éste cotizara en bolsas comerciales o de valores. De aquí que es pertinente la reflexión del diputado Álvarez, de que “la confidencialidad en el Grupo ICE (sea) solo en temas industriales, mercadeo y no la financiera”. Estoy de acuerdo, pues quiero saber si lo que es presuntamente “mío” ya no lo es o ya no existe: no quiero terminar cantando aquello de “dueño de ti, dueño de nada”, como dice El Puma. Es más, ¿y si se la estuvieran robando, así literalmente?... no lo llegaría a saber en el tiempo debido. Por ello la urgencia de la transparencia y la rendición de cuentas.

No me agrada eso de “confidencialidad” en el estado, para no revelar hechos, pues usualmente tal necesidad de secreto se emplea no sólo para cosas entendibles, como la protección nacional ante un enemigo externo, sino que también se le usa para tapar acontecimientos indeseables, como una mala conducción económica o incluso un robo descarado o algo similar o porque tal vez porque a algunos en el estado les produce una situación políticamente angustiante.  

En Costa Rica nuestros diputados son nuestros representantes, al igual que lo son los representantes en el Congreso estadounidense de aquella nación  Allá, cuando una comisión, por ejemplo, pide conocer temas “secretos” del Poder Ejecutivo -algo que no es infrecuente- se reúne privada y confidencialmente, para recibir dicha información y, me imagino, el acuerdo tácito -al menos moralmente punible- es que no se puede divulgar más que entre sus pares del Comité. Algo así podría pensarse para nuestro país; concretamente, para ciertas comisiones de la Asamblea Legislativa. Ojalá alguien me aclare bien los procedimientos que sobre el tema se dan con frecuencia en el seno legislativo de los Estados Unidos.

Sé que me dirán que esos “diputados” nuestros no van a guardar el secreto y que posiblemente usarán la información así recibida para hacer escarnio de funcionarios, presuntamente por ser de un partido diferente a los suyos. Es posible, pero también es factible que un funcionario de la institución estatal involucrada transmita esa información a un cierto precio a algún competidor (incluso suele haber rotación de personal de empresas estatales hacia empresas privadas de un mismo giro). Se trata de no negar el derecho ciudadano a conocer lo que sucede con las acciones de su empleado, la administración del estado, al tiempo que se tiene el cuidado de no causar un daño innecesario a la sociedad.

En dos palabras, al menos en los Estados Unidos se presume cierta conducta apropiada de los congresistas en situaciones como las descritas; esto es, que guarde la confidencialidad de lo que se les informó.  Me dirán que aquí eso no va a ser así, pero esperaría que pudiera serlo. El afán de esos diputados prestos a saber información “secreta” para hacer un “mal uso” de ella, es mucho mayor cuando les es negada, pues es lógico que piensen que, si se las niegan, es porque algo huele a podrido en Dinamarca.

Cuando hay concentración de poder, siendo el súmmum el estado, lo mejor es ventilarlo, orearlo, desinfectarlo, diseminarlo, mostrarlo ante el mayor número de ojos ciudadanos en quienes descansa la soberanía, para así lograr que ese poder no llegue a convertirse en un tabernáculo de intereses corruptos. Esa es mi preferencia personal: mantener el secreto estatal al mínimum minimorum; a lo indispensable y conservar mi libertad. 

Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de junio de 2015

Tema polémico: ¿premio a la inutilidad?

Recientemente, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, manifestó que quiere que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construya puentes y carreteras, aprovechando la experiencia en obras de infraestructura que, según él, la cataloga como la diseñadora y constructora más grande de Centroamérica.

¡Lo que faltaba! Una de las instituciones más desordenadas e ineficientes del Sector Público propuesta para encargarse de una función tan importante como el desarrollo de infraestructura pública. ¿Por qué no le damos también a la Fábrica Nacional de Licores la tarea de prevenir el alcoholismo en Costa Rica?

El planteamiento es un completo absurdo, alejado del mínimo de sensatez que uno esperaría en un mandatario. El ICE ha demostrado, a lo largo de los años, ser un pésimo administrador de recursos y ejecutor de proyectos. Lo que ha desarrollado siempre termina costando miles de millones de colones más por los años de retraso, los errores en la planificación y prácticas de ejecución que rozan con la corrupción en muchos casos. Por citar tan solo unos desaguisados de esa institución, en el pasado reciente, podemos mencionar las pérdidas por $35 millones en el proyecto "Red abierta de nueva generación", $3 millones en el proyecto "Tilawind", el desastre con megaproyectos como Pirrís y Garabito, sobre los cuales ha dicho el Estado de la Nación que son "los proyectos con más retrasos y sobrecostos desde la aparición del ICE", atrasos en Pailas II y en Diquís, y sigue contando. 

Está claro que esa institución no ha sido capaz de hacer bien lo que el marco jurídico existente le encomienda y que sus errores nos han costado a los costarricenses muchísimo dinero, tanto por los despilfarros como por lo que se ha tenido que pagar de más en electricidad, al tener una de las tarifas más altas de la región que afectan la competitividad y la generación de riqueza y empleo. En esa tesitura, asignarle la construcción de carreteras y puentes no sólo generará más tardanzas y costos en los proyectos de electricidad y telecomunicaciones, sino también propiamente en los de infraestructura vial, premiando a la inutilidad y condenándonos a seguir pagando más dinero por trabajos de mediana o mala calidad.

Ni qué decir del Ministerio de Obras Públicas y de su órgano desconcentrado, el Consejo Nacional de Vialidad. Si, teniendo supuestamente el conocimiento y el personal capacitado para construcción de infraestructura no han  logrado cumplir decentemente con sus funciones, imagínense ahora poniendo a funcionarios del ICE a hacer su trabajo. ¡Un completo desastre! Y lo peor, es que la solicitud de Solís ni siquiera viene acompañada por su promesa de campaña: cerrar CONAVI. Tendríamos entonces dos elefantes blancos, que consumen importantísimos recursos de los contribuyentes, haciendo lo mismo y haciéndolo mal.

Sin duda, la solución al problema de infraestructura vial no pasa ni por el ICE, ni por CONAVI ni por el MOPT. Y nos extraña que, frente a los resultados tan obvios, la Administración Solís Rivera no se haya dado cuenta de eso o, peor aún, lo que nos asusta, que sabiéndolo, pretendan saquear nuestros bolsillos con estas ideas.