La columna de Carlos Federico Smith: exposición en mesa redonda "Libertades económicas en el Estado Social de Derecho actual"

A continuación transcribo para los lectores de ASOJOD la charla que brindara el pasado jueves 7 de noviembre en ocasión de la celebración del 64 aniversario de la promulgación de la Constitución de la República.

“Agradezco la invitación de la Sala Constitucional para participar en esta mesa. Me sorprendió por no ser profesional del derecho, pero sí de la Economía, aunque en ocasiones de mi vida he tenido que ver con temas de derecho. También me alegró, pues por muchos años me ha interesado la relación entre el derecho y la economía.  

Empiezo diciendo que creo que hay un pleonasmo al decirse “estado social”, pues no hay estado, políticamente hablando, que no sea social. Es el “conjunto de órganos de gobierno de un país soberano”, como señala una acepción del Diccionario de la Real Academia. Pero este asunto no es el objetivo de mi exposición. Tampoco el de centrarme totalmente en aspectos particulares de nuestra constitución, sino que, en el espíritu de la invitación que se me hizo, me referiré a ciertas características generales de nuestro estado de derecho, que creo constituyen frenos para que nuestra ciudadanía pueda progresar en el campo de la economía y con ello poder aumentar su riqueza y su bienestar. 

Mucho de lo que expondré se basa en trabajos desarrollados por un distinguido académico del derecho y de la economía, el abogado Enrique Ghersi, coautor del libro El Otro Sendero.  Discúlpenme si peco de osado, pero le sugiero a la Corte Suprema de Justicia -la cual con sus actividades promueve el estudio serio de estos temas- que algún día traiga del Perú a ese pensador, para que exponga acerca de la trascendencia que tiene una relación apropiada entre el derecho y la economía. 

Me referiré a aportes que el pensamiento económico puede hacer al derecho, al destacar la enorme utilidad que tiene éste para reducir los costos de transacción, que son omnipresentes en toda economía.   Los costos de transacción son los costos del tiempo y de obtener la información necesaria para que los individuos puedan llevar a cabo eficientemente sus transacciones.  El mercado es, así, costoso. Las leyes tienen su faceta económica: deben buscar reducir esos costos de transacción que se presentan en la actividad económica. Para lograrlo definen los derechos de propiedad, la seguridad de los contratos y la responsabilidad civil que surge fuera de los contratos. Es decir, un propósito del derecho es reducir los costos en tiempo y en información que cualquier tipo de transacción requiere.

Ese, en mi opinión, es el aporte deseable del derecho en los asuntos económicos de una sociedad; es decir, en toda transacción económica que llevan a cabo las personas. El derecho permite que en un mercado los individuos puedan obtener más información, que la que cada uno de ellos individualmente puede lograr. Tal como escribió Friedrich Hayek, eminente tratadista de esa relación que hay entre el derecho y la economía,

“[El problema de una sociedad] está en cómo asegurar el mejor uso conocido de los recursos por cualquiera de los miembros de una sociedad, para fines cuya importancia relativa es tan sólo conocida por esos individuos. O, en breve, es un problema del uso del conocimiento, el cual no le es dado a individuo alguno en su totalidad.” (Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society, American Economic Review, XXXV, No. 4, setiembre de 1945, p. 519.)

Como no existe el pleno conocimiento de los individuos, ni es posible que pueda evaluar todas las consecuencias de sus acciones, el derecho le informa al individuo acerca de reglas que delimitan el campo en el cual las acciones son suyas. El derecho brinda la información necesaria en un mundo de incertidumbre, facilitando así la actuación de los individuos en una economía. Reducir la incertidumbre es harto deseable en una economía.

Tradicionalmente se ha creído que el derecho no tiene costo alguno. Llaman ley a cualquier cosa que sea objeto de una aprobación legislativa. La ley suele señalar los requisitos para cumplirla, así como los actos que cubre, en ocasiones los costos impositivos que tiene y posiblemente qué consecuencias tiene el no obedecerla.  En síntesis, el costo de la legalidad es todo lo que a uno le cuesta el poder disfrutar de los beneficios de esa ley. Esto es, que la reducción de costos de transacción (de información y de tiempo) que la ley permite, sean mayores que todos esos costos que he mencionado están asociados con el uso de la ley.

Hay tres tipos de costos importantes en nuestra legislación, que aparecen en aspectos que contiene nuestra Constitución, o en cosas que llaman “leyes” y que suelen ser invenciones constructivistas de nuestra Asamblea Legislativa y no leyes en el sentido de reglas generalmente aceptadas, que hacen posible la coexistencia pacífica de las personas. También están presentes en la prolífica regulación que se da por la vía de decretos, directrices y similares. 

Un primer tipo de costos de la legislación es aquel que surge directamente por sus efectos sobre el gasto público, de manera que, bajo la concepción de un presupuesto de gastos debidamente financiado con impuestos, requiere de la generación de tributos, que, más tarde o más temprano, habrán de ser sufragados con impuestos que se cobran a los ciudadanos. O con deuda pública que, como transferencia intergeneracional que suele ser, deberá ser luego pagada por la ciudadanía del futuro. O con emisión monetaria, que impondrá el costo ya conocido en la historia económica de un proceso inflacionario. O con un aumento de los precios de los servicios públicos monopolizados o regulados por el estado, que, como bien conocemos, los convierte en un medio para financiar el excesivo gasto público.

Un segundo tipo de costos de esa legislación es que introduce incentivos que conducen a que las personas ajusten su conducta en algún sentido. Puede ser lo deseado por quien hace esa legislación, pero no necesariamente el que libremente escogería ese individuo. Cuando la persona decide obedecer la ley, luego de sopesar sus beneficios y sus costos, es porque esa ley satisface los objetivos particulares que esa persona persigue. Aquí pienso que esa ley le da al individuo que decide aceptarla mayores beneficios que costos, pero si existe la posibilidad de que ese individuo evite dicha ley, su existencia no altera las preferencias o fines individuales, aunque sí los medios a su disposición. La ley afecta sus medios, pero no sus preferencias. Si esta ley es muy onerosa, la persona posiblemente decidirá ignorarla, evitarla, acudiendo a sistemas alternativos de legalidad. 

Ello se observa en las economías  subterráneas o informales, en las cuales, dado el elevado costo de obedecer la ley formal, se ignora ésta, siendo sustituida por otras formas de derecho, usualmente basadas en costumbres o relaciones familiares o mafias, por ejemplo. Pero esta forma de legalidad introduce un mayor grado de incertidumbre que el que se pretendió disminuir mediante la ley formal. Ese es el precio que se paga con la informalidad en muchas de nuestras sociedades, verbigracia, Perú, Guatemala, entre muchas otras, lo que no excluye a la nuestra.

También hay cierta perversidad en cuanto a la incidencia de este segundo tipo de costos, porque, por lo general, es mayor el peso del costo de la legalidad entre los individuos de ingresos relativamente menores, en comparación con quienes tienen mayores ingresos. Si, como ejemplo, pensamos que la ley nos exige llevar libros contables de la empresa, contratar servicios de contadores profesionales, cumplir con muchos requisitos legales que estoy seguro ustedes conocen, lo cual no es precisamente algo barato, así como satisfacer requisitos de seguridad o de construcción o medioambientales, y muchos otros similares. Pensemos que todo eso nos podría costar, anualmente, digamos 10 millones de colones. Eso es una fortuna para quien apenas genera ingresos anuales de 12 millones, pero será relativamente poco para el que logra cientos de millones.  El costo de la ley claramente es inversamente proporcional a la distribución de los ingresos.

Muchos de los individuos relativamente más desvalidos desde el punto de vista económico, buscarán evitar la vigencia de la ley formal, dados sus costos, acudiendo a sistemas de producción relativamente menos eficientes y con menores posibilidades de progresar. Habrá alguna forma de legalidad para llevar a cabo sus relaciones de intercambio, pero siempre se carecerá del beneficio de la reducción de incertidumbre que se pretendía lograr con el sistema de legalidad formal. Más bien, evitar éste les sumerge en mayor incertidumbre, al no poder gozar de la protección que le podría brindar el estado para poder desarrollar su actividad. 

Para quienes piensan que tal cosa no sucede en nuestro medio, les relato brevemente una experiencia que tuve muy de cerca, al hacer fila para vacunarme contra la fiebre amarilla, dada la obligatoriedad de hacerlo para viajar a Sur América. Una persona que estaba adelante me contó que se encontraba en esa oficina del Ministerio de Salud, porque necesitaba la autorización burocrática para instalar un salón de belleza. En esa entidad le pedían que trajera el contrato con el centro comercial en donde se instalaría, para poder, legalmente, que se le otorgara aquel permiso.  La persona les dijo que el centro comercial no firmaba el contrato con él para poner el salón, porque no contaba con el permiso del Ministerio. ¿Cómo resolvió el problema? Muy sencillo: decidió instalarlo en la sala de su casa, en su barrio. Acudió a la informalidad para llevar a cabo su actividad económica pretendida. Ustedes deben conocer muchos otros casos parecidos.  Lo expuse sólo para recordar cómo es que existen estos costos para poder actuar en esta economía. ¿Acaso debe extrañarnos que a la fecha Costa Rica esté en el lugar 110 en cuanto a la facilidad de hacer negocios que anualmente publica el Banco Mundial?

Un  tercer tipo de costos surge cuando el sistema jurídico se convierte en un obstáculo para la adaptabilidad que un sistema económico debe poseer, cuando en él surgen innovaciones o nuevos descubrimientos, como es lo propio que surja de un empresariado en competencia.  La rigidez, la inflexibilidad, jurídica puede ser un obstáculo importante para que una economía pueda llevar a cabo ajustes indispensables, en un sistema que, por su naturaleza, requiere de la posibilidad, a los menores costos posibles, de poder adaptarse a los procesos evolutivos y de cambios en que las economías están inmersas.

Voy a dar un ejemplo sencillo de este tercer tipo de costos. Hace varios años, mientras hacía un estudio de ciertas leyes que poseían obstáculos al libre comercio, hacía antesala en cierto departamento del Ministerio de Salud. En eso entró una persona a quien conocía y empezamos a conversar.  Me contó algo increíble: él estaba haciendo gestiones para que le aprobaran un permiso del Ministerio, para poder importar sobrecitos de un sustituto del azúcar. Lo asombroso es que le pedían una enorme cantidad de estudios, que significaban costos muy elevados, para que se le pudiera otorgar el permiso, a pesar de que él ya tenía licencia para importar ese mismo sustituto del azúcar, sólo que en cajas más grandes. Le dijeron que la ley y el reglamento vigentes no consideraban esa posibilidad de importar el sustituto en sobrecitos. Se trataba de algo nuevo –sobrecitos de sacarina- que no estaba legislado.

Nuestro aparato legal formal es sumamente complejo, enredado, contradictorio muchas veces y, en muchas otras, contraproducente, si es que se desea que la gente progrese libremente, mediante sus esfuerzos personales. Hemos escuchado esa expresión de que “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice” (Art. 29 de la Constitución). Me dirán que mi opinión se debe a mi no formación de abogado, pero, al despertarme una mañana de estas, me puse a pensar acerca de esta charla. Me pregunté si todo lo que pensaba hacer ese día –muchísimas cosas- estaban o no sujetas a alguna ley. ¡Cómo demonios no iba a preocuparme si soy ignorante de muchas leyes! Con el mayor respeto para ustedes, estoy seguro que, entre los más ilustres aquí presentes, no hay quien conozca –que no ignora- todo el marco legal en que vivimos. Si lo conociéramos a plenitud, no necesitaríamos de abogados. Lo cierto es que rápidamente me levanté de la cama, pues no conocía si existía alguna ley que me sancionara por quedarme en ella. Entiendo por qué, al aprobarse en la Asamblea alguna ley, agregan siempre la coletilla de que “sustituye a todas las que se le opongan” o algo así por el estilo.  Como no hay capacidad de conocer todas las leyes que hay en la nación, lo mejor que pueden hacer es decir… borrón y cuenta nueva.

Lo expuesto nos dice claramente que la legalidad tiene costos. Que la persona los aprende, los detecta, los vive, al tratar de hacer algo que, de pronto, resulta que va en contra de alguna ley o decreto o reglamento o similares, o simplemente no se puede hacer algo porque una ley anacrónica estática y detallista no lo  contempla. Los costos de la obediencia o aceptación de la legalidad tienen un impacto, muchas veces muy alto, en la conducta económica de las personas.

El tema es complejo y mucho se podría hablar de él. Pero deseo terminar refiriéndome a tres aspectos que considero son muy importantes.  Primero, en estos momentos de fuerte desbalance fiscal, producto de un gasto excesivo del estado por encima de sus ingresos, no tiene vigencia aquella norma de control o disciplina o de freno básico para el desorden, cual es que “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”. (Art. 176 de la Constitución). Lo que el cuerpo político ejecutivo hace es, por ejemplo, llamar a los gastos en educación como una inversión y con ello se logra aprobar los presupuestos.  La Contraloría ya casi nos tiene aburridos en cuanto a señalar su incumplimiento en todos los años recientes. Esa prédica es ignorada plenamente por ese ente autista, cual es nuestra Asamblea.  Pregunto –y perdonen mi ignorancia- ¿cuál es el mecanismo por el que la Sala IV obligaría al cumplimiento de lo que, creo, dice la Constitución? De continuarse ignorando esa regla elemental de control financiero, no nos debe sorprender que permanentemente estemos sujetos a tributos, que terminan afectando negativamente el esfuerzo productivo y el empleo de nuestra nación.

El segundo asunto se refiere a lo me permito llamar “ilusión de personas bien intencionadas que tratan de hacer el bien, pero terminan haciendo lo contrario”.  Voy a dar un ejemplo de algo que está en la Constitución y que se le llama principio de solidaridad, por el cual, por ejemplo, se obliga a la Caja de Seguro Social a dar servicios médicos plenos a cualquier persona, ya sea que cotice o no, si es extranjero o nacional o sin importar los costos que puedan demandar.  En mi opinión, la garantía universal de salud que se obliga a brindarla a la Caja es un importante factor causal de sus problemas financieros. Hay un incentivo para no cotizar y disfrutar de los servicios de la Caja.  Hay extranjeros que vienen al país a recibir un excelente y caro tratamiento médico, sin que hayan cotizado algo.  Esos servicios tienen un costo. Que los usen terceros, significa que habrá menos recursos para que los utilicen quienes debidamente pagan (cotizan) para la Caja. La economía surge por el principio natural de la escasez de recursos para satisfacer infinidad de deseos y necesidades.  Si un individuo puede pasársela sin cotizar a la Caja y sí recibir sus beneficios, se inclinará innegablemente a actuar de esa manera.

Finalmente, pues escasea el tiempo, un avance importante para el ordenamiento fiscal del país es que toda ley, norma o reglamento que se legisle o decrete, indique la fuente de donde provendrán los recursos que se usarán para satisfacer los propósitos de la ley.  Es necesario que la ciudadanía, por lo menos, tenga una idea de cuánto cuestan las cosas, tanto nobles como innobles que uno puedo esperar de una ley. Así podría tener una mejor asociación entre lo que espera recibir y su costo. Podría esperarse que, de esta manera, los ciudadanos tendrán una mayor claridad acerca de cuáles funciones desea llevarlas a cabo privadamente y cuáles por medio del estado".

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: estado de la libertad en Costa Rica

He recomendado a muchos consultar el índice de Doing Business. Tal medición se puede ver en en este link. Allí encontrarán a Costa Rica en el lugar 122º de 183 países. Por un número no quedamos en el último tercio.

 

No está bien la seguridad de las inversiones y no está bien el asunto de trámites.Es obvio que padecemos tramitomanía. El examen de algunos casos nos evidencia que así son las cosas en nuestro país. No hay vuelta de rosca, así estamos. A pesar de normas que procuran que mejoremos, la verdad es vamos mal.
 

Hace poco un “ambientalista” decidió que SETENA estaba haciendo las cosas “facilonas” para la instalación de torres de telecomunicaciones para sistema móvil avanzado 3G (SMA-SG). La SETENA, según resoluciones 2031-2009 y 123-2012 la SETENA moduló que tramitaría la instalación de torres de telecomunicaciones para sistema móvil avanzado 3G (SMA-SG) de conformidad con el instrumento conocido como “D2” el cual sería complementado con una serie de información y trámites. Un poco de análisis llevará a la conclusión de que no es nada “facilona” la manera de tramitar la instalación de dichas torres (antenas o radiobases), sino que más bien se trata de un procedimiento recargado (más bien se indica que se reserva un procedimiento agravado si se trata de “zonas frágiles”).

 

Pues bien, este ambientalista presenta entonces una acción de inconstitucionalidad contra tales resoluciones, las acusa de ir contra el texto expreso de la ley (indica que el artículo 16 de la Ley de la Autoridad Reguladora de  Servicios Públicos exige trámite agravado y expreso cuando se trata de “explotación de un servicio público”) y enreda a la Sala Constitucional. Señalo este punto con detenimiento, pues la intencionalidad de la acción se desnuda ante el hecho de que el recurrente “confunde” la “explotación de un servicio público” con la instalación de torres, antenas o radiobases. 

 

La Sala, sin más, da curso al asunto y ordena la suspensión del dictado de resolución final. No obstante, como las resoluciones ordenan el trámite y es un asunto administrativo, se hace un inmenso nudo y se suspende el trámite en SETENA de la instalación de las benditas  torres de telecomunicaciones para sistema móvil avanzado 3G (SMA-SG).  

Claro que el “ambientalista” no explica por qué las torres privadas sí contaminan y son un peligro para el ambiente y las del ICE no. Tampoco explica la “confusión o enredo” que hace del artículo 16 de la ARESEP citado. 

A la SETENA le queda cómodo cruzarse de brazos, para qué exponerse. Es el resultado de una señal que hace mucho tiempo dio la mismísima Sala Constitucional cuando resolvió que en materia ambiental no podía darse el “silencio administrativo positivo”. 

¿Se han movido las autoridades públicas prestas y alertas a aclarar los puntos y a idear una vía alternativa para no detener el progreso? Por supuesto que no. La Procuraduría contestó negativamente la acción, pero no aclaró el enredo normativo que hace el recurrente.

El Ministerio Rector podría hacer algo con su comisión de infraestructura, pero aún no hace nada. 

Una de las compañías fabricante de torres optó por tramitar en SETENA con el instrumento más complejo y exigente, con el “D1”  (que según el recurrente es la vía que corresponde) y  la SETENA tampoco le ha dado curso.  ¿Qué hacer?

¿Cuánto durará la Sala Constitucional en resolver este asunto? Si al final resuelve bien y determina que no hay inconstitucionalidad ¿quién pagará el atraso de meses en la tramitación? ¿El “ambientalista” que se escudó en “intereses difusos”, el letrado o instructor de la Sala que no reparó en la agarrada de majes que les están dando o la SETENA que no quiso tramitar ni la gravosa vía del D1?  ¡Es para pensar!

Por otro lado, todavía recuerdo cuando hace meses un representante de la Procuraduría y un integrante del CONESUP y representante de sus miembros negaron ante un Juzgado Contencioso-Administrativo que existiera la posibilidad de “silencio positivo” en la autorización de Universidades Privadas. Rabiosamente y con la connivencia judicial bloquearon incluso la posibilidad de demostrar precedentes (no se había estimado que hasta allí llegara la mala fe de unos y la posible ignorancia de otros).   

 

Curiosamente, tal Consejo ha venido bloqueando sistémicamente la creación de nuevas Universidades. La autorización ha sido la excepción. La tramitomanía ha sido la regla. Se dice que el Ministro concernido ha expresado, en el caso concreto de una solicitante, que mientras él sea Ministro tal entidad no se autorizará.  ¿Capricho, exceso de discrecionalidad, mala fe o abuso de poder? ¿Cuántos casos similares hay en nuestra Administración Pública? 

La forma de actuar en relación con la libertad de enseñanza ha sido de antología. Inspecciones previas (de entidades que aún no están autorizadas) para revertir dictámenes e impedir su autorización, inacción u omisión de solicitudes de consulta a fin de bloquear el plazo del silencio positivo, nuevos requerimientos de información en otros casos para encontrar un pretexto para no autorizar son apenas algunos de los expedientes utilizados.  

 

Recientemente, a pesar de que según se narró negaban la existencia del silencio positivo, el susodicho representante de los miembros de CONESUP pidió a la Sala Constitucional la inconstitucionalidad del plazo para decidir respecto de la autorización de una Universidad privada por parte de este Consejo. Estima, con la concurrencia obvia de la Procuraduría y el Ministro concernido, que el plazo de cuatro meses es “irracional” y corto para decidir la autorización.   

Para alguien que ejerce una poder de autodeterminación reconocido por nuestra Constitución como derecho fundamental y libertad pública, la libertad de enseñanza, resulta espantoso tener que esperar durante cuatro meses para que el CONESUP decida sobre su solicitud. Más aún, no entiendo cómo podría decidir negativamente si se trata de una libertad pública.  Allí están las solicitudes haciendo fila perpetuamente.   

Pienso que las telecomunicaciones y la educación son actividades principales y estratégicas en el desarrollo de una sociedad.  He puesto el caso de cómo son vulgarmente bloqueadas y regateadas. ¿Cómo anda lo demás? ¡Basta imaginárselo!

¿Invertir en educación costarricense? ¿Invertir en las telecomunicaciones? Basta un litigante escudado en derechos difusos para bloquear cualquier trámite. En otros casos hemos olvidado la naturaleza de los derechos. Basta el capricho de un ministro para que no se autorice una nueva Universidad. 

Ni hablar de otras actividades en las cuales se construyó y actuó con autorizaciones administrativas y en las que, retroactivamente, ha recaído orden judicial de derribar, cerrar o terminar. No por trámite torticero sino por imperfección del Ordenamiento Jurídico según el cual se autorizó la actividad. 

Por eso no es de extrañar que algunos agentes fiscales tengan cómo encarcelar a quien quieran (aunque sea una defensora pública que está en juicio, una persona que espera en el mostrador a su abogado para una declaración indagatoria a la que fue citada en hora que todavía no se ha cumplido) o que algunos miembros de la policía le den una vapuleada a un ciudadano indefenso y además lo acusen de amenazas o que el Ministerio de Salud cierre un negocio que ha pedido en tiempo los permisos correspondientes. 

El capricho de algunos funcionarios y administradores se está convirtiendo en la ley que rige algunas actuaciones públicas. El problema es que el exceso de leyes y la presión pública ha puesto en sus manos demasiado poder y lo usan así. 

Y … ¿la libertad? Menoscabada y maltratada. Los defensores oficiales de los derechos prefieren los derechos programáticos que los derechos de libertad, así como prefieren los intereses difusos que las personas de carne y hueso. ¡Malos tiempos! 

Queda dicho, abundan los ejemplos.

Federico Malavassi Calvo

Viernes de Recomendación

El día de hoy con el propósito de seguir celebrando la obtención del Premio de la Libertad de nuestro colaborador y amigo don Jorge Corrales, queríamos presentarles una serie de ensayos escritos por él, en donde se palpa de forma indubitable los amplios campos de interés del pensamiento de don Jorge.

El totalitarismo democrático: Hayek, Mises y el color de mi coche

A pesar de que soy aficionado a los toros (tengo un abono en Las Ventas desde hace más de una década) he seguido con bastante despreocupación la aprobación en Cataluña de una Ley que prohibirá los espectáculos taurinos a partir del 1 de enero de 2012. No creo que sea algo especialmente grave ni para la fiesta ni para los catalanes, que ya hace tiempo dejaron de acudir a las plazas de sus pueblos y ciudades. La supresión de la docena de corridas que se dan cada año en Barcelona no dañará a los toros ni la mitad de lo que lo hacen los neotaurinos, que han encumbrado al medio-toro y al cuarto-y-mitad-torero en las últimas décadas y le han quitado al espectáculo gran parte de su atractivo. Además, muchas otras libertades mucho más importantes que ésta se han cercenado en Cataluña y en el resto de España sin que haya habido tanto revuelo.

Entre los que defendían los toros se han dado fundamentalmente dos tipos de argumentos: los culturales (estética, tradición, relevancia económica, turismo,…) y los anti-prohibicionistas (que el que quiera vaya a las corridas y el que no quiera no vaya). Sin embargo a ninguno he oído proclamar lo evidente: que el Parlamento de Cataluña no tiene derecho a decidir si debe haber o no espectáculos taurinos. El problema no es que el resultado de la votación sea “no a los toros”: el problema es que se haya votado.

Pensando en todo esto recordaba una cita de Mises en Gobierno omnipotente en la que afirmaba con su habitual precisión que “las mayorías no están menos expuestas al error y al fracaso que los reyes y los dictadores; el que la mayoría crea que una cosa es verdad no prueba que lo sea”. Quién vivió tan de cerca el nazismo sabía de lo que hablaba cuando pedía limitar a los gobiernos elegidos en las urnas.

En el último siglo, estamos viviendo una deriva hacia lo que podría denominarse como totalitarismo democrático. Se ha llegado a la conclusión de que una decisión tomada por una mayoría (o por sus representantes) es legítima per se, sin que nada ni nadie pueda oponerse a ella. Así, la democracia, que nació como un medio de protección de las minorías, para que cualquiera pudiera ejercer su libertad de opinión, religión o movimiento, se convierte en una apisonadora que se lleva tras de sí los derechos de aquellos a los que debería defender.

A mis amigos más intervencionistas a veces les intento convencer con algunos ejemplos. “Supongamos que yo viviera en un pueblo con otras cien personas. Un día, todos mis vecinos se reúnen y votan por 99 votos a favor y 2 en contra que mi coche debe ser rojo en vez de azul, puesto que rojo es el color de la bandera de la localidad; que mi primer hijo debe llamarse Sebastián, como el patrón, ya que no hay muchas parejas jóvenes en el pueblo y hay que perpetuar los nombres tradicionales; que no me puedo abonar a Digital +, porque el bar ya tiene una licencia y si quiero ver el fútbol mejor que lo haga allí tomándome unas cañas, que eso será bueno para la economía del pueblo; o que debo comprar tomates de la comarca, que son más sanos y, además, así les doy publicidad”. Pues bien, les recuerdo a mis conocidos, “a pesar de que la votación ha sido abrumadora -99 a 2-, nadie tendría derecho a inmiscuirse en ninguna de estas decisiones”.

Mis amigos me suelen mirar con condescendencia, como pensando que qué cosas se me ocurren, que nunca llegaremos a algo así y que, aunque la intromisión del Estado en nuestras vidas a veces puede ser molesta, hay límites que ningún Gobierno se atrevería a pasar. Entonces soy yo el que les miro, asombrado de su candidez.

En estos momentos, en España, están vigentes (o tramitándose) normas muy similares en su fondo y en su forma a los ejemplos arriba citados. Puede que nadie se meta en el color de mi coche, pero si quiero construirme una casa en mi pueblo tendré que ajustarme a los peculiares criterios estéticos del arquitecto municipal y de la ordenanza de urbanismo. Puede que nadie me obligue a llamar a mi hijo Sebastián, pero no me dejan rotular mi comercio, pagado con mi esfuerzo y mi trabajo, como a mí me dé la gana (en chino, alemán o castellano). Puede que no me obliguen a ver el partido en el bar, pero si quiero comprar unas cervezas en un súper después de las diez de la noche no podré hacerlo. Puede que no me fuercen a llevarme los tomates de la comarca, pero me obligan a subvencionar los de todos los agricultores europeos.

Y la lista no acaba aquí: no puedo decidir si en mi bar se fuma o no, ni si quiero publicar artículos de prostitución en el periódico, ni si quiero llevar un pañuelo musulmán en la cabeza, ni si quiero que mis hijos coman bollos en el colegio, ni si quiero conducir sin cinturón de seguridad… La lista sería interminable. Cada caso es diferente y merecería un comentario aparte, pero todos se caracterizan por lo mismo: un tipo cree que por haber recibidos más votos que otro puede decidir lo que quiera sobre mi vida durante cuatro años.

Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, ya advirtió hace más de 150 años, del peligro del gobierno de las mayorías. Lo que no se atreverían a hacer algunos tiranos por miedo a la reacción popular, lo hacen gobiernos democráticos que, revestidos por la legitimidad de los votos, saben que no tendrán esa contestación. Quizás fue Friedrich Hayek, en Camino de servidumbre, el que mejor lo expresó: “Dando al Estado poderes ilimitados, la norma más arbitraria puede legalizarse y una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable”.

No creo que a los tres maestros aquí citados les gustaran mucho los toros. Pero, desde este modesto tendido liberal, pido voluntarios para sacarlos a hombros, por la Puerta Grande.

Domingo Soriano
Libertad Digital

La rendición de la libertad

Dice Anthony de Jassay en su libro Social contract, free-ride, que los individuos estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad de elegir para ponernos en manos del Estado con la esperanza de que esta institución nos provea de manera más eficiente de los bienes y servicios públicos, entendiendo por tales aquellos cuyos costes y beneficios son indivisibles. Parece, a primera vista, que solamente el ojo que todo lo ve y la mano que todo lo alcanza es capaz de proporcionarnos lo que haga falta. Y los individuos tenemos la sensación de que conseguiremos mejores resultados en una sociedad sometida al pacto social hobbesiano que si nos decidimos a confiar en nuestra capacidad de búsqueda, libre de coacción. Como la madre sobreprotectora y cansina que cree que si no le repite a su hijo mil veces "Ponte el abrigo", el niño no se lo va a poner aunque esté cayendo una nevada antológica en la calle. Así, los ciudadanos, adoctrinados en la creencia de que sin vigilancia y coacción esto es la selva nos hemos hecho adictos al control impuesto. Y no nos damos cuenta de que se nos ha ido de las manos.

Si el principal problema que trata de evitar la provisión estatal de los bienes públicos es acabar con el gorroneo, De Jassay nos dice que no solamente no se soluciona el problema, sino que se logra que, con el tiempo, aparezca de nuevo el parásito que vive a costa de los demás, pero con más intensidad. ¿Por qué razón? Porque la gente se amolda. Los gorrones también. Y una vez que han observado que el Estado tiene tendencia a engordar y que no hay doctor Pitanguy que frene su voracidad (recuerde: a costa de su cartera y su libertad), se cuelan por las rendijas y reaparecen con conocimientos avanzados en fallos del control estatal, solicitando subvenciones y privilegios.

De Jassay explica que no se puede acabar con los aprovechados, como tampoco puedes evitar que un panoli lo sea. Son roles que se aceptan de manera inconsciente, está en nuestra naturaleza. Como ser un líder o un seguidor. Es cierto que no es justo que unos vivan a costa de otros, pero no se soluciona mediante la coacción estatal. Lo que se consigue es que sea el Estado el que reparta los papeles arbitrariamente: tú eres beneficiado, tú el pagador. El Estado no es una autoridad moral, es un gestor político susceptible de corromperse, de pervertir el criterio de concesión de dádivas hasta llegar al más burdo clientelismo electoral (como el que padecemos). Pero, dicho esto, uno no se queda tranquilo. Resulta contrario a la lógica que tengamos que aceptar la injusticia del free-riding sin hacer nada y mucho más la idea de que la gente elige el rol de "abusado". No hay más que preguntar en un bar, una clase o una cena de amigos la siguiente cuestión: "¿Das limosna a los pobre de la calle?" Siempre te encuentras a personas que deciden dar dinero a los mendigos que piden por las esquinas y semáforos, a sabiendas de que tal vez lo gasten en vino, o en lo que sea. "No me importa. No soy quién para juzgarles", suelen responder. Hay gente que elige ser generosa sin esperar nada. ¿Eso es ser un sucker (o pringado) en la terminología de De Jassay? Sí, y es cierto que va con la persona. Como escaquearse y no pagar.

La solución no está en el Estado, sino en la sociedad: en la costumbre y en los valores. Se trata de minimizar las distorsiones, de manera que los gorrones, que tienen menos aversión al riesgo que los demás, carezcan de incentivos para vivir del resto porque saben que quien penaliza es la sociedad, no un Estado con tendencia a crecer y a agrietarse por el exceso de carga.

No es un tema resuelto, eso está claro. Siempre habrá cuestiones de alcance comunitario que nadie puede decidir por sí mismo sin decidir al tiempo por los demás. La tragedia de los comunes, o el problema de la gestión de los bienes públicos, ha sido estudiado desde hace muchos siglos y su relevancia en nuestros días ha obtenido el reconocimiento (no siempre digno de mencionar) del Premio Nobel de Economía de este año a Elinor Ostrom, quien lleva una vida analizando las posibles alternativas. A pesar de no llegar a una conclusión definitiva, de sus estudios se deduce que es mejor la toma de decisiones descentralizada que la planificación central. De Jassay también llega a la conclusión de que lo mejor es desglosar lo máximo posible el problema para que la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades correspondan a cada cual. Y, en todo caso, propone Anthony de Jassay que se pueda arbitrar un sistema de compensaciones que palien las posibles asimetrías.

Eso tendría como consecuencia que el clientelismo desaparecería y que el Estado necesitaría justificar su existencia de otra forma. Como punto de partida, no está mal.

María Blanco

Tema polémico: Chávez y la libertad

En ASOJOD hemos escrito, en reiteradas ocasiones, fuertes críticas contra Hugo Chávez, puesto que repudiamos su absurdo proyecto del "Socialismo del Siglo XXI", en tanto, como toda forma de colectivismo, representa un atropello a los valores de la libertad, la propiedad privada y el individualismo.

Una vez más, mediante este Tema polémico, nos vemos en la necesidad de denunciar lo que muchos "demócratas" costarricenses y latinoamericanos son incapaces de ver: que el teniente-coronel está formando un gobierno totalitario que a punta de petrodólares y populismo, terminará por eliminar a todo aquel que se le ponga en el camino. Pruebas de la dictadura chavista abundan: los reiterados intentos por diseñar una Constitución a la medida, la permanencia casi de por vida que pretende en el poder, los constantes atropellos a la propiedad privada mediante nacionalizaciones y las nada positivas restricciones a la libertad de expresión, como lo demuestra la no renovación de la concesión a Radio Caracacas TV en 2007.

Por si fuera poco, recientemente se anunció que el gobierno bolivariano de Venezuela implementó una serie de medidas para sacar del aire a 34 emisoras de radio y televisión, al tiempo que anunció que 200 más están en peligro, pues se estudia la posibilidad de emitir una nueva ley que castiga como "delito mediático" el "abuso de la libertad de expresión".

Para ASOJOD, esta actitud no sólo merece todo el repudio posible, sino que además, es una manifestación clara del despotismo y la intolerancia, del totalitarismo y la irracionalidad que estos verdaderos payasos bolivarianos están pretendiendo implementar a lo largo del continente. Hoy es Hugo Chávez, pero mañana pueden ser los Correa, los Ortega, los Humala, los Morales y, aunque en Costa Rica aún no ha despuntado una figura de tal calibre, nada impide que aparezca uno de ellos. Ya hay varios candidatos a ocupar tan nefasto pueblo: podemos mencionar a José Merino, Eugenio Trejos, Mariano Figueres, Rolando Araya, Fabio Chávez y algunos otros.

Hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente que pretende planificar la vida de los individuos mediante el uso de unos para cumplir los fines de otros. Hemos de recordar que, en la historia de la humanidad, el único parangón de esta situación es el esclavo, es decir, alguien que trabaja para que otros disfruten de los réditos, pero que no recibe nada a cambio de sus servicios. Lo más preocupante de todo es que los diferentes pueblos latinoamericanos van en esa dirección, aunque los "intelectuales" criollos se nieguen a verlo y más bien defiendan que bajo ese tipo de gobiernos se alcanzará el paraíso de la prosperidad y la libertad.

Ya Orwell nos avisó, en su novela 1984, lo que podría pasar en un régimen tiránico cuando el "caudillo" llega a acabar, incluso, con la libertad de expresión y pensamiento. Así las cosas, el cierre de emisoras y canales que se atreven a criticar a Chávez, muestra su verdadera cara: la de un dictador que no está dispuesto a escuchar ni a pensar, que ocupa la fuerza como su herramienta de gobierno, que procura, a toda costa, acabar con aquel que ose a interponerse en su camino. Y esta es una advertencia que aplica no sólo a los venezolanos (que quizá ya poco puedan hacer), sino a todos los latinoamericanos y, en especial, a los costarricenses, principalmente a aquellos que creen que nuestro país está inmune a este tipo de enfermedades políticas y que, todavía, se pasan vanagloriando de aquel desafortunado epíteto de "Suiza centroamericana".

La libertad entra por rendijas, pero también se escapa por ellas. Conforme los políticos de turno sigan implementando programas de solidaridad forzada, limitaciones a la libertad, imposiciones del "bienestar general" sobre el individual, se abren espacios para que, un día (quizá no tan lejano) los colectivistas triunfen definitivamente.

Big brother is watching you

Ayer sucedió algo muy lamentable pero que era esperable en un régimen autocrático como el de Hugo Chávez: el escritor liberal Álvaro Vargas Llosa fue retenido al arribar al aeropuerto de Caracas, Venezuela. Las autoridades de ese país le advirtieron que tiene prohibido hablar de política, basados, según declaraciones de un dirigente del Partido Socialista Unido, en la idea de que tanto Vargas Llosa y otros pensadores "vienen a provocar y les estamos advirtiendo de que no vamos a tolerar que hagan eso en nuestro país" (sic). Ese mismo dirigente añadió que se trata de "intelectuales tarifados que van a venir al país para prestarse a campañas mediáticas" y, de acuerdo con el Partido Socialista, esos intelectuales tienen previsto anunciar la creación en Venezuela de una universidad "con doctrina neoliberal".

Para aquellos que todavía creen que Chávez es un líder respetuoso de la democracia, esta noticia debería hacerles abrir los ojos. Democracia no es sólo ser elegido por el pueblo, sino respetar el pluralismo, la libertad y el ejercicio de la oposición. Cuando este tipo de prácticas se presentan, no cabe más que mostrar un repudio y advertir que el primer paso de todo totalitarismo es la proscripción de la posibilidad de pensar diferente al oficialismo.

Todo parece indicar que el teniente coronel desea implantar el 1984 orwelliano versión tropical, con la complacencia tanto de millones de venezolanos como de ciudadanos de otros países. Quedamos advertidos

Tema polémico: restricción vehicular reloaded

El día de hoy hemos escogido un tema que ha sido objeto de discusión tanto en la prensa como en los estrados judiciales de nuestro país: la restricción vehicular. Esta fue instaurada por el Decreto N° 34.577, emitido por el Presidente de la República y la Ministra de Obras Públicas y Transportes. En junio de 2008, el precio internacional del petróleo había superado los US $100 y seguía al alza, por lo que a nuestro Gobierno se le ocurrió la mágica idea de que tal situación ameritaba restringir el consumo de combustibles para "reducir la factura petrolera que pagaba el país". Si el Estado puede restringirnos el consumo,

El punto que el Poder Ejecutivo convenientemente pareció olvidar en ese momento es que cada ciudadano es quien decide qué hacer con su dinero, lo que significa que es libre para decidir si comprar o no cierta cantidad de combustible para reducir la "factura petrolera", ¿qué impedirá que restrinja nuestro consumo de computadoras, porque a juicio de un burócrata "la factura tecnológica" es muy alta? ¿Por qué es válido restringir el consumo de combustibles y no de cualquier otro bien?

Pero no fue el único problema: cuando el precio del petróleo cayo de manera importante, el decreto en cuestión se volvió insostenible. Ante tal situación, el Presidente y la Ministra de Obras Públicas y Transportes, junto con el Ministerio de Ambiente y Energía, produjeron una nueva entelequia: el decreto 34.620, el cual reformaba las disposiciones de restricción vehicular para incluir dentro del motivo el tema de preservación del ambiente. Si bien en la práctica se usa el asunto del congestionamiento vial como justificante, el decreto no menciona en ningún momento esta razón como fin, sino que se limita a mencionar la factura petrolera y la conservación del ambiente.

El día de hoy, fuera de las consideraciones de naturaleza jurídica que podamos tener sobre el tema, deseamos discutir al aspecto práctico y ético de este decreto. Primeramente, nos parece que aún aceptando los supuestos que llevaron al gobierno a restringir el flujo vehicular de esta manera, se ha hecho de una manera poco seria. Si la justificación es la preservación del ambiente, ¿por qué no se restringió el flujo vehicular en todo el país? ¿No contamina igual un carro en Guanacaste que uno en San José? Además, ¿no se podría ahorrar más combustible si la restricción se hubiera hecho en áreas en donde estudios técnicos prueben que hay embotellamientos constantes? Varios estudios han demostrado que el año pasado, con todo y restricción vehicular, no se ha reducido el consumo de combustible. Asimismo, tampoco ha disminuido en 20%, como se tenía previsto, la cantidad de vehículos en el área de restricción, sino que apenas se ha llegado a la meta del 10%. Estos hechos son una muestra más de la falta de seriedad y racionalidad que caracteriza a nuestros políticos, que cada día buscan excusas para evitar que la cosas anden "por la libre", irrespetando los derechos y libertades de los ciudadanos, así como manejando irresponsable e imprudentemente los dineros de estos.

En segundo lugar, la restricción vehicular es una muestra de un problema ético de fondo que ya hemos denunciado en este blog en el pasado: la percepción de que el Estado es el ente llamado a decidir por nosotros, el llamado a restringir nuestras libertades, no para proteger las de los demás, sino para protegernos a nosotros mismos. Alexis De Toqueville explicó de manera brillante en su obra "La Democracia en América", que la libertad puede ser coartada de manera más efectiva poco a poco pero a ritmo constante que de manera violenta y repentina.

Pensamos que en nuestro país esto es más cierto que nunca, ya que no sólo el gobierno puede realizar este tipo de acciones con éxito, sino que éstas gozan de una popularidad relativamente alta. De lo contrario, las protestas y reclamos estarían a la orden del día. Ante tal situación, en ASOJOD queremos invitar a los ciudadanos a cuestionar de forma muy crítica cuando alguien dice que "hace algo por su bien". Los hechos demuestran que esta no surte efecto y que la solución a esos problemas no está en la restricción de la libertad, sino en mecanismos alternativos que incentiven pero no obliguen a los individuos a utilizar sistemas de transporte más eficientes: puede ser mejorando el transporte público, permitiendo a la gente organizarse de forma privada para viajar en grupo (sin perseguirlos por considerarse una forma de transporte "pirata"), etc. Y si aún así la gente no está dispuesta a dejar de usar su carro, el mismo mercado se encargará de regular las decisiones. Sólo una sociedad en donde los individuos entiendan que son ellos y no otro quienes deben decidir sobre sus propias vidas será una sociedad en donde prime la responsabilidad y la libertad.