Desde la tribuna: delirios electorales

La recta final de la campaña política acrecienta los deseos de ganar, anotar, puntuar y tener atractivo electoral.  Entonces comienza la competencia de promesas, ofrecimientos, repartidera, cambios y demás entregas, en tal grado superlativo, que es rayano en la mentira.

Campo fértil de la demagogia, el clientelismo político se fragua en las complicaciones, dificultades y pobreza que la misma gestión política ha creado.

¿Leyes?  ¡Las que quieran! ¿Obras?  ¡Por montones!  ¿Puentes?  ¡Aunque no haya ríos o con todo y río!  ¿Empleos?  ¡Todos y más!

Son muy pocos los que no caen en la tentación. 

Y la mala costumbre va minando voluntades, malcriando a todos y socavando el Estado de Derecho. 

El Estado no puede violentar las libertades públicas, vaciar de contenido los derechos fundamentales, expoliar la propiedad ni conculcar las garantías.  Pero todos se van haciendo de la vista gorda por diversos motivos.  Algunos por la pasión electoral, otros porque es el momento de aprovechar, unos más porque hay que ganar a cualquier precio y … finalmente, la campaña parece maleducar y deformar en vez de ser un momento de lucidez ciudadana.

¡Claro que luego la decepción es mayúscula!  Es que el “quién da más” ha imperado y son muy pocos los que se salvan. 

Paralelamente, se forjan figuras y productos que no corresponden a la realidad de los candidatos.  Los “campeones de la justicia” se quedan cortos ante la construcción publicitaria de los candidatos.  Más elásticos que el “Hombre Elástico”, más trepadores que el “Hombre Araña”, más fuertes que “Supermán”, más hábiles que “Batman” y así sucesivamente.  Las maquinarias publicitario-electorales inventan personas que no existen y promesas irrealizables (tanto por su imposibilidad jurídica como por su imposibilidad factual), pero el electorado queda envenenado y frustrado cuando, como si fuera una resaca, luego de los pitazos y banderas vuelve la realidad, aparece de nuevo el día de trabajo y la economía no soporta más embates políticos, el presupuesto está deficitario por tanta irresponsabilidad, el aparato jurídico parece una telaraña de tanta ley y reglamento y las empresas ya no pueden trabajar por el peso estatal y la tramitopatía.

Al final, como malos bomberos e ilusionistas abusadores, la obra es decepcionante.  Se han majado las mangueras y son capaces de lidiar con la maraña jurídica, con el déficit fiscal y con la burocracia llena de privilegios que han contribuido a formar. 

¿Es tan difícil hacer un discurso serio?  ¿Es tan complicado para algunos señalar los verdaderos problemas del país?  ¿Son incapaces de esbozar un programa que atienda a la verdad?  ¿Es posible que lleguen a plantear un plan de acción racional y que esté dentro de las posibilidades de un presupuesto bien manejado?

Para pensar …

Federico Malavassi Calvo

Desde la Tribuna: Programas de Gobierno según el Estado de la Nación

Un especial artículo de La Nación ha tomado un particular criterio del 19º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, relativo a los programas de gobierno propuestos por las agrupaciones políticas para las elecciones de 2010 (las pasadas, no las que están por realizarse).

Curiosamente, el estudio (pareciera que no hay otra cosa mejor que hacer con este dicho Informe de la Nación) destaca que, en su mayoría, “los partidos políticos no exponen cómo pretenden cumplir lo que proponen a los votantes en campaña electoral.”

Alguien se dio a la tarea de contar y determinó que “Para los comicios nacionales del 2010, las nueve agrupaciones con candidato presidencial ofrecieron más de 2.400 objetivos para el país. Sin embargo, casi 1.300 (el 53%) carecían de una política concreta para resolver el problema citado.”

Se afirma, de un solo párrafo que  “ … fueron propuestas generales, que dijeron muy poco sobre cómo se iban a realizar las promesas de campaña y de dónde se iban a sacar los recursos económicos para cumplir con todo lo prometido”

Paso seguido, el informe concluye que “que esa deficiencia coincide con los pocos recursos que las asociaciones políticas asignan al pensamiento y a la formación.”

Como observación curiosa, el partido que resultó mejor calificado en el análisis del Informe de la Nación fue el partido que fue denunciado por plagio en su programa de gobierno.  La notifica fue vergonzosa y hubo petición pública de perdón.  

No obstante, algunos malos lectores han salido a las redes a alardear de que el Informe del Estado de la Nación calificó a este partido como el del mejor programa.  ¡Cosas veredes!

Es necesario explicar que el Informe intentó sistematizar un análisis a partir de la búsqueda de una especie de común denominador de las propuestas programáticas.  Por tal motivo, explica el mentado informe que “los temas que concentraron las propuestas de los partidos fueron productividad y empleo, desigualdad y combate a la pobreza, eficiencia del Estado y seguridad.”

Asimismo, para adornar la noticia La Nación recogió la información de que “Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), coincidió con las conclusiones del Estado de la Nación . … Para Picado, las organizaciones remarcan el qué, pero no dicen el cómo a la hora de hacer campaña. … “Es muy fácil decir ‘vamos a echar a Costa Rica a andar’, pero ¿cómo? Ahí es donde la propuesta partidaria nos queda debiendo”, dijo el director del IFED, quien añadió que los partidos actuales perdieron las estructuras permanentes que tenían hace 20 años y se convirtieron en aparatos electorales. …“La actividad ideológica es pírrica”, añadió Picado. Él cree que las agrupaciones desaprovechan el financiamiento para capacitación que incluye el Código Electoral.”

¡Qué vaina!  Lo que me queda claro es que aunque no se ganen las elecciones, con plata de los costarricenses se harán estudios acerca de la “calidad” de los programas y promesas de gobierno.  Estos programas deberán ir a un análisis que los comparará (aunque no sean homogéneos) y determinará su “factibilidad”.

¿Será apropiado gastar dinero público en ello?

Algunas veces me siento agobiado con la homogenización o manía de formularios que se van imponiendo en las prácticas públicas.    

Formulario para la declaración de la renta, formulario para la obtención de una patente, formulario para la exoneración x, formulario para la compra y, formulario para ingresar a la escuela, formulario para obtener servicios de salud, formulario para … la vida del ciudadano pende de formularios y formularios.   La persona no interesa, sino su habilidad o destreza para llenar el formulario.   El gobierno digital, incluso, para decantarse por la vía del formulario.  

No interesa qué se dice, hay que llenar el formulario.  No se puede pensar más, ir más allá, ejercer la creatividad.  El funcionario público es implacable.  ¿A ver cómo le va con los servicios de migración o con los de aduanas?

Hasta el examen de Bachillerato se hace por formulario y lector óptico.  Pareciera que la destreza debe limitarse al formulario.  En múltiples actividades (desde la universitaria hasta la municipal, desde los servicios públicos de salud hasta las actuaciones fiscales) impera el formulario.  

Es el imperio del funcionario público, que ha logrado llevar a la vida ciudadana su sujeción al principio de legalidad.  Habilidad máxima del funcionario, tiene toda la discrecionalidad para traspasar al sector privado su obligación de sujetarse a la ley.

Puede ser que los puentes de la CNE sirvan para habilitar fincas en las cuales los narcotraficantes tengan helipuertos, puede ser que la Comisión de Vialidad sea influida para que se fomenten los caminos que llevan a estas fincas, puede ser que las inscripciones de vehículos estén dirigidas a transportar los combustibles para las naves que van a estos helipuertos, lo que interesa al registrador, al administrador de emergencias y demás empleados públicos concernidos es la sujeción al formulario.

¡Bendita tramitomanía que ya contagió la forma en que se deben expresar los programas electorales de los partidos políticos!

La verdad no interesa tanto como la sujeción al formulario.  El compromiso no importa tanto como la normalización de la expresión programática.  Hasta el representante del TSE lo expresa sin ambages. 
Quizás pronto el TSE exija que todos los partidos –so pena de anular su participación electoral- deberán expresar sus programas según formularios construidos conjuntamente por el IFED del TSE y el Programa de Informe de la Nación.  No se pagará deuda al partido que no se ajuste a la técnica de la expresión del programa de gobierno.

¿Que no cumple con las promesas?  ¿Que en su acción se contradice con sus principios y declaraciones?  ¿Que se utilizan los recursos públicos para otras cosas?  ¡Eso no importa!  Lo que interesa es que concrete sus ideas, programas y objetivos según políticas y partidas presupuestarias concretas.  ¡No estaría mal que se hicieran cronogramas y mención de las subpartidas específicas y un análisis de gobernabilidad y posibilidades de la oposición!

¡Cuánto me recuerda el tema central del libro “El otro sendero” (Hernando de Soto, Enrique Ghersi, María Murillo et. Al.)!  Cuando sus autores hicieron un análisis de las causas de la pobreza y la postración social en el Perú, determinaron que la tramitopatía es causa directa de muchos problemas.  Por eso las sociedades acuden al otro sendero, el de la informalidad, el de la solución.

Los autores de “El otro sendero” simularon una petición de un taller de costura para determinar cuántos formularios y trámites había que hacer (¡sí, para un humilde taller de costuras!) y al final obtuvieron su aprobación.  En el libro consta una fotografía con una especie de cinta o rollo en el cual coleccionaron metros y metros de papel con las formas y solicitudes que hubo que llenar.  ¡Impresionante!  Lo cierto es que al final la Administración pública otorgó el permiso, sin percatarse de que se trataba de una simulación.

Viendo las notas del Informe de la Nación y del IFED pienso en la simulación de un partido político, construido en el cumplimiento estricto de los requisitos y formularios electorales, con unos programas construidos e inscritos en los formularios que proponen el dichoso programa y el citado instituto, participando en un torneo electoral solo por ver la corrección de sus inscripciones y sin pretensión electoral alguna.  

Quizás haya quien piense que debe haber tramitólogos políticos de programas electorales.  Que tal vez debería abrirse en las Universidades, al estilo de los tramitadores de SETENA y demás administraciones singulares, una carrera con tal nombre, con colegio profesional y competencias exclusivas, bitácora y protocolo.  Estos tramitólogos deberían tener fe pública para inscribir estos esenciales documentos y hay que sopesar la posibilidad de que cuenten con bitácora, protocolo y hasta teodolito.

No estaría mal que para presentar programas de gobierno se exijan audiencias al estilo de SETENA, contribuiría mucho a su expresión que contara su formación con distintos profesionales (economistas para los temas económicos, ingenieros civiles para los temas de infraestructura, por supuesto que abogados para el manejo de la juridicidad que invade todo, informáticos, ingenieros agrónomos, médicos con especialidad en salud pública y así consecuentemente, solo un profesional puede validar la materia específica) y finalmente, debería ser obligatorio que todo programa se sujetara a reglas de inscripción (tal vez el Informe de la Nación pueda hacerles la prueba de esfuerzo).    

Finalmente, todos los candidatos deberían aprobar un examen básico acerca de sus programas, objetivos, políticas de ejecución y costos y contenido presupuestario.  ¡Quién no pase satisfactoriamente las preguntas no podrá recibir votos el primer domingo de febrero!

Asimismo, el TSE y sus delegados deberán velar porque la exposición de los programas ocupe un lugar importante en las tareas de proselitismo, difusión y plazas públicas.  ¿Para qué tanto esfuerzo si no se divulga?  De tal modo, cada equipo de chancletudos, pasacalles, proselitistas, piquetes y visitas deberá dedicar un porcentaje importante de su gestión a exponer el programa de gobierno (debidamente inscrito y calificado) según un formulario aprobado por las autoridades. En las plazas públicas deberá dedicarse un espacio importante no solo a exponer el programa según el formulario, sino que los delegados podrán desconectar sonido, luces, animadores, música y tarima si no se hace en la forma debida.  

¡No es ficción!  En la realidad estamos viviendo estas pretensiones todos los días, en la actividad social, económica, académica y productiva así se mueven los imperativos de la Administración pública.  ¡Sería divertido que los políticos, que son responsables de tanta coacción, también estuvieran expuestos a ella!

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: el salario de los candidatos

La semana pasada, el "doctorcito" Rodolfo Hernández nos sorprendió con una nueva tontería politiquera: propone que a los candidatos presidenciales se les pague un salario (él quiere percibir al menos unos 7.5 millones de colones para mantener el estilo de vida que estaba acostumbrado como Director del Hospital de Niños) con la excusa de garantizar una posibilidad para que todos los ciudadanos, y no solo los de alto ingreso, puedan participar en una campaña electoral y dedicarse de lleno a ella. 

Pareciera ser una idea sin sentido, influenciada por el formaldehído y otras sustancias, pero sin resonancia; algo así como una broma de mal gusto que no pasaría a más. El problema es que todas las sandeces en este país  no pasan desapercibidas sino que, tan pronto salen a la luz pública, algún entrometido sale a darles viabilidad o, peor aún, explica que ya se puede hacer según el texto de alguna de nuestras tantísimas y desordenadas leyes. 

De ahí que, de forma casi inmediata -ya quisiéramos esa capacidad de respuesta cuando los ciudadanos lo necesitamos- el Tribunal Supremo de Elecciones salió al paso del desaguisado anunciando que, según la normativa, los partidos políticos ya pueden darle un salario a sus candidatos y cobrarlo, lea usted bien, al Estado mediante el odioso financiamiento público a las campañas electorales, siempre y cuando incorporen el estipendio como parte de los gastos de organización y capacitación.

Si bien podría decirse que la decisión de cómo utilizar el dinero es asunto de cada partido y si estos están de acuerdo con ofrecerle un salario a su candidato, deberían poder hacerlo, la cosa no es tan simple. La denominada "autodeterminación" de los partidos no es una justificación válida en el tanto se financian con recursos públicos -a priori o a posteriori, es indiferente-, ya que simplemente se traduce en que todos los costarricenses, sin distingo de la afiliación partidaria, la satisfacción con la oferta programática o la afinidad ideológica de las agrupaciones políticas, tenemos que pagarle una remuneración a una persona que ha decidido, libre y voluntariamente, renunciar a su trabajo, pedir un permiso sin goce de salario o suspender sus actividades económicas para aspirar a la Presidencia de la República. O sea, alguien que toma el riesgo de postularse e iniciar una campaña, con este tipo de incentivos ya no tiene nada que perder, pues siempre tendrá dinero asegurado, gane o pierda (y quién sabe si un ingreso hasta mayor al que ganaba y sin ninguna obligación verdadera). Bajo ese esquema, tendríamos candidatos con todos los beneficios y sin ningún sacrificio. Como diría el pachuco: ¡cuidao pierde!...

En ASOJOD estamos hartos de las ocurrentes estupideces que cada cuatro años surgen de las mentes de políticos que desean vivir a costa de los tax payers al hacer de las campañas sus propios negocios. Si no es recibiendo un sueldo con recursos públicos, es obteniendo un puesto cuasi vitalicio, también pagado con nuestro dinero; si no es financiando a su partido para luego cobrarle lo prestado más los intereses, es consolidando cuotas de poder que luego cobran a sus testaferros.

Estamos cansados de mantener verdaderas maquinarias que se alimentan del dinero que tanto trabajo y esfuerzo nos cuesta ganar. Consideramos que los partidos políticos deberían financiarse por sus propios medios, con contribuciones de sus miembros, préstamos que los candidatos cubran, donaciones privadas,etc. y no con recursos públicos, para que ahí sí, puedan alegar "autodeterminación".

Con anterioridad nos habíamos pronunciado acerca del financiamiento de los partidos políticos. En esa ocasión, argumentamos lo ya explicado: que los partidos se financien por sus propios medios y no con fondos públicos. Paralelo a esta propuesta, solamente sería necesario establecer una obligación: informar abiertamente cuáles son las fuentes de sus recursos y las autoridades, en caso de encontrar financiamientos ilegales, procederán como corresponde.

Concluimos rescatando el corolario de nuestro artículo anteriormente publicado: exigimos respeto por el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas y planteamos reglas simples que, en nuestro criterio, servirán para eliminar buena parte de la corrupción que inunda a la gran mayoría de partidos políticos. 

Tema polémico: el financiamiento de los partidos políticos

Que los partidos políticos sean cuestionados no es ninguna novedad. En el mundo de la política probablemente no existe una institución tan desprestigiada como los partidos políticos. Estos, desde hace muchas décadas, se convirtieron en simples correas de transmisión que se encienden cada cuatro años, para transportar a las aspiraciones de aquellos que buscan llegar a los puestos de decisión.

Esta es una realidad conocida por todos, sin embargo, los más reciente capítulos de cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos públicos durante la última campaña electoral nos hace señalar, nuevamente, la necesidad de eliminar, de una vez por todas, el uso de recursos públicos durante las campañas políticas, para financiar el funcionamiento de la maquinaria electoral, y las aspiraciones de los candidatos de turno.

Lo ocurrido con el Movimiento Libertario, cuestionado por el irregular financiamiento de su campaña política, y recientemente, por el uso de ¢210 millones cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones, para la realización de varios cursos de capacitación política, que en apariencia nunca se realizaron, nos hace insistir con mayor fuerza en nuestros planteamientos.

Nuestra propuesta es sencilla. Ningún partido político, bajo ninguna condición, debe recibir un solo colón de dinero público. Con esta medida todos los costarricenses evitaremos escuchar, una y otra vez, las excusas por el despilfarro de gran cantidad de millones de colones, utilizados para tonterías como banderitas, o destinados para pagar a empresas de publicidad que se enriquecen con el dinero de todos los costarricenses.

¿Quedarían desbaratados los partidos sin recursos? Todo lo contrario. Aparejado a ello, en ASOJOD proponemos que se elimine cualquier límite al financiamiento privado, bajo la condición de que los partidos nos digan de dónde vienen sus recursos. Así, si el partido es financiado por grandes empresas, los ciudadanos sabrán que votan por un partido que, a la larga, impulsará políticas a favor de dichas empresas. Si el partido es financiado sólo por montos pequeños de particulares, el votante sabrá que el partido responderá a los interesas de estas personas. En realidad, no tiene nada de malo que uno u otro sea el origen de los recursos, pues lo cierto es que los partidos siempre actúan de acuerdo con sus propios intereses.

Habrá quienes peguen el grito al cielo diciendo que, con esto, el narcotráfico y el crimen organizado podrían financiar a los partidos. Pese a que esta es una visión paranoica, que parte de la creencia de que todo financiamiento privado es ilícito -visión incapaz de explicar cómo, dentro de esos mismos aportes, se encuentran los de partidarios interesados en impulsar representantes políticos para defender sus ideas, intereses o valores sin que medie una estrategia indebida a futuro-, para darles por válido el punto podríamos decir que, si existe interés de esas mafias por darle dinero a los políticos, nuestra realidad ya nos muestra que es factible que suceda, aún con las regulaciones existentes y con un agravante: el dinero "sucio" que meten, es lavado y sale "limpio" proveniente, ni más ni menos que del bolsillo de los tax payers cuando se les retribuyen los bonos que compraron de la famosa "deuda política".

Nuestra propuesta es simple: respetar el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas, con lo que elimina ese velo de corrupción que prevalece en los procesos electorales costarricenses, se saca al Estado de la fase de financiamiento y sólo le asigna reglas simples, de información de las fuentes de los recursos privados.

Estas medidas darían mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos, y podría revitalizar a esas desgastadas instituciones, que hoy, bajo las reglas prevalecientes, sólo representan espacios para la corrupción. Además, permitiría que los ciudadanos dejen de ver cómo su dinero va a financiar a partidos que no llenan sus expectativas o que no los representan y podrían, en su lugar, aportarlo a aquellos que coincidan con sus valores, ideas e intereses o, del todo, no aportarlo. ¿Qué les parece?

Promiscuidad Política

¡Que sorpresa! resulta que el flamante diputado Echandi ahora le ha dado su adhesión a Laura Chinchilla. Hagamos un breve recorrido de la historia política de este personaje que tiene como oficio estar donde mejor le caliente el sol. Primero era miembro del PUSC, después dejó dicha agrupación para formar el PUN. Estando en la Asamblea como representante del PUN decidió pelearse con los jerarcas del partido, incluso llego a coquetear con ser vicepresidente de Calderón. Hoy le da la adhesión a Chinchilla ¿mañana nadie sabe dónde estará?

Cuanta seriedad hace falta en nuestro ambiente político...

Tema polémico: la política y la religión

A pesar de que en la historia costarricense siempre se ha dicho que las últimas dos décadas del siglo XIX marcaron la separación definitiva de la Iglesia y el Estado y que tanto nuestra Constitución Política como el Código Electoral establecen que los candidatos a puestos de elección deben pertenecer al estado seglar, lo cierto es que el sistema político costarricense está tremendamente marcado por el componente religioso y no sólo por la declaración de confesionalidad contenida en el numeral 75 del Texto Fundamental.

En ese sentido, resulta evidente para cualquier persona que el factor religioso es un elemento influyente en las campañas políticas, en tanto muchos de los partidos han aprovechado, en gran cantidad de oportunidades, la argumentación irracional para llamar al elector,. Ejemplos abundan; para citar unos cuantos, c0mo la campaña política de 1962, donde Calderón Guardia, a la sazón candidato a la presidencia por el PartidoRepublicano, utilizaba el lema de campaña “Calderón Guardia, presidente Católico” y citaba frases de Pio XII. Más adelante, en 1966, el entonces candidato del PLN, Daniel Oduber (que también había sido embajador ante la santa sede), se promocionaba como “el buen amigo del Eco Católico y de la iglesia católica”, a la vez que resaltaba la condecoración de la gran cruz de la orden Piana recibida de manos del santo padre.

Ya para 1974 la iglesia católica había notado que ejercía tal influencia sobre el electorado costarricense y los partidos políticos, por lo que se animó a emitir un comunicado en medio de la campaña titulado “Mensaje” en el cual 17 sacerdotes señalaban los peligros del comunismo en la política nacional". El mismo día apareció en el periódico La Nación una nota en la que los obispos decían que, “el cristiano no puede aceptar esa ideología (marxista) sin contradecir su fe”. Fruto de este mensaje se suscitó una controversia entre líderes de izquierda y miembros del clero en la que se recordaron los planteamientos de Mons. Víctor Manuel Sanabria. Este “mensaje” marcaría la campaña, al punto que el lema del entonces Partido Demócrata era “Ni con la izquierda ni con la derecha, con Dios, con la justicia y el deber de los ticos”. En 1978 la iglesia reiteró este pronunciamiento. Más recientemente, en 1994, el obispo de San José tuvo que reiterar que el entonces candidato del PLN, José Maria Figueres, había sido bautizado bajo la iglesia católica ante los cuestionamientos que surgían en cuanto a su credo religioso,; nclusive se dice que Figueres se habría “convertido” al catolicismo de cara a las elecciones.

En Fin, ejemplos sobran para demostrar como la religión se ha entronizado en la vida política del país, sobre todo en la faceta de las campañas políticas. Las razones que explican este fenómeno son múltiples, sin embargo nada justifica que los partidos apelen al sentido religioso y, mucho menos, que el Estado costarricense mantenga su confesionalidad.

Primeramente, es inadmisible que el Estado, con una población pluralista, mantenga un credo oficial y, peor aún, que lo financie. El dinero de los ateos, judíos, cristianos, musulmanes, taoístas, etc. es usado para que la iglesia católica pueda actuar a costa de otros. Si alguien quiere financiar a su congregación, por el motivo que sea, que lo haga, pero que no obligue a quienes no participan de él, a dar parte de sus recursos.

En segundo lugar, apelar a un sinsentido como la religión y la creencia de dios para ganar elecciones es una vulgaridad. Es pretender que la realidad física no está sometida a la acción humana, sino simplemente al capricho de una entidad metafísica que, por puro antojo, designa ganador al candidato que más "almas" reune. No se apela a propuestas, a ideas y a programas de Gobierno, sino que se apuesta por quien más veces invoque a un dios para justificar sus tonterías. Esto explica, en buena parte, por qué nuestro país anda tan mal.

Tema polémico: política romántica vrs política real

Se avecina la próxima campaña política, para muchos, máxima expresión de la democracia donde se renueva el compromiso de cada uno de nosotros con la libertad, la tolerancia y el respeto político, en fin, donde cada ciudadano participa en pro de la convivencia pacífica en sociedad. El argumento es claro, sin embargo pocas veces observamos que detrás de esta forma de ver a la política (que podríamos llamar visión romántica de la política) subyace una lógica de juego diferente, menos idealista, es decir, una visión realista de la política donde el fundamento cambia y la meta del juego no es la renovación de las convicciones políticas, sino la búsqueda del provecho individual. Para muchos esto se podría considerar como una situación aberrante, un desvío o vicio de los verdaderos objetivos políticos, no obstante la política es, ha sido y será la búsqueda del poder por parte de los individuos, nos guste o no.

Dentro de esta visión realista, las campañas políticas se configuran como el proceso en donde cada individuo, llámese ciudadano o candidato, actúa con el objetivo de alcanzar sus fines individuales, (aún cuando lo que se busque sea el beneficio de otros individuos). En el proceso, los candidatos son quienes deberán convencer a los ciudadanos para que voten por él y en la misma lógica el ciudadano elegirá la mejor propuesta, o sea, votará por aquel que le ofrezca más. Y es que las personas buscan soluciones a sus problemas, no sólo en el campo individual a través de sus propios medios, sino también en el plano colectivo. Nuestra forma de organización nos ha enseñado que un camino para solucionar nuestros problemas por la vía colectiva es pidiendo a los políticos que los arreglen. No por casualidad cada vez que ocurre un desastre natural como una inundación o terremoto o una desgracia familiar, se le demanda solución a los políticos, (sobre todo al presidente de la República).

Esto nos lleva a pensar que, para la mayoría de los ciudadanos, las justas electorales se configuran como una elección de los medios más adecuados para la solución de sus problemas, esto es: quién va a construir más casas, quién va a generar más empleo, quién va a dar más fondos a programas de asistencia…, etc. Una vez planteada la oferta, la solución es elegir el medio (candidato) que más ofrezca. Se podría cuestionar este argumento diciendo que los ciudadanos difícilmente se enteran de las ofertas de los candidatos y que su elección se guía más por cuestiones como la afinidad con el candidato o por razonamientos como el arraigo familiar entre otros. Empero, si miramos la historia, entenderemos que las campañas políticas se han desarrollado bajo la lógica de la oferta ("yo prometo más casas y más empleo que mi rival") por lo que es valido pensar que lo que impera es la elección del medio más adecuado para mis demandas.

Para los políticos, el juego también es claro: identificar las principales demandas de los ciudadanos y generar productos (programas de campaña) que satisfagan tales exigencias de manera tal que al final del juego (proceso electoral) sea el medio elegido (es decir, el candidato vencedor). Sin embargo la cuestión se complica para el candidato si tomamos en cuenta el factor competencia en sistemas multipartidistas. Las ofertas de un candidato pueden ser superadas por las del candidato rival lo cual implica, si aceptamos la hipótesis de que el ciudadano busca sacar el mayor provecho y vota de acuerdo a esta lógica, que si se desea triunfar se deberá superar la oferta rival con una contraoferta más atractiva para el elector, lo cual implica a su vez que el rival replique la oferta ya superada con una contra. Sin duda las ofertas llegan hasta donde la ambición. Y como sabemos, en el mundo y en la política especialmente, existen personas con mucha ambición.

El problema de tal lógica subyace en la imposibilidad que tendrá el candidato de concretar todas sus ofertas. Dicha imposibilidad se debe entre otras razones, a que muchas de las promesas son simplemente imposibles de cumplir, (piénsese en la promesa de erradicar la pobreza), o que para cumplirlas se debe llegar a un acuerdo con varios jugadores con poder de veto (incluyendo jugadores rivales) que pueden no estar interesados en asentir. Una vez que la oferta ha sido planteada los ciudadanos (aquellos que aún disfrutan de las campañas políticas) se disponen a elegir, pero las razones de su elección no se encuentran en las convicciones políticas de la visión romántica, sino en la búsqueda de satisfacción personal de la visión realista.

Si esto no es así, si el argumento del egoísmo no es verdad, entonces debemos preguntarnos por qué en las campañas políticas, los partidos políticos se esmeran en ofrecer más que los demás o por qué los candidatos prometen hasta lo imposible. Y a su vez, habría que cuestionarse por qué los ciudadanos votan por quien creen les dará más y por qué demandan tanto a los políticos. Si lo que nos motiva es el amor a la democracia, simple y llanamente, las campañas políticas se enfocarían en eso y no en convencer con promesas imposibles,. Asimismo los ciudadanos no demandarían casas, carreteras, seguridad, etc. y tampoco existirá tanto abstencionismo.

Las reglas del juego nos hacen partícipes nuevamente de una campaña política. Sin embargo, debemos preguntarnos si realmente todo se trata de una fiesta por y para la democracia en la que reiteramos nuestro credo por los valores relacionados a este régimen o si más bien es un juego por la ambición individual y la satisfacción personal. Como decía un gran pensador: el autoengaño es placentero.