Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar una variante del problema generalizado que provoca el Estado: el endeudamiento. Mises decía que "el Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre" y aunque esa frase es muy acertada, en el caso de Costa Rica ambas posibilidades son reales: el Estado puede hacer a algunos ricos mediante privilegios, subsidios, excenciones, condonaciones, etc.
Pero en todo caso, deseamos enfocarnos en lo de la pobreza. El pasado jueves, Diputados de 5 fracciones políticas atacaron fuertemente al Gobierno de la República por la liquidación presupuestaria del año 2009, luego de que los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Hernández (PAC), miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, dictaminaran negativamente el ejercicio del Poder Ejecutivo durante ese año. A ellos se les unieron los legisladores Víctor Granados (PASE) y José María Villalta (FA).
De acuerdo con el informe que los mencionados Diputados emitieron como parte de su labor en esa Comisión, el Gobierno de la República incurrió en serias fallas, por cuanto financió 15% del gasto corriente con endeudamiento (a contrapelo de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos de la República), alcanzó pobres niveles de ejecución presupuestaria y fue incapaz de vincular las metas del Plan Nacional de Desarrollo con las acciones y contenidos presupuestarios, lo cual derivó precisamente en su incumplimiento.
En cuanto al primer punto, el Gobierno, mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga (dicho sea de paso, ex Ministro de Hacienda), defendió que ante la crisis internacional debió recurrirse al endeudamiento para aplicar medidas anticíclicas. Sin embargo, ese argumento no es de recibo por varias razones: primeramente, porque la ley claramente prohibe el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, por lo que el Presupuesto del año anterior contenía un claro vicio de legalidad. Respecto a esa disposición normativa, la Contraloría General de la República ha señalado que
Como puede observarse, el irrespeto a esa disposición resulta problemático desde el punto de vista económico, pero también desde el legal-moral. En el primer caso, el financiamiento de gasto corriente con ingreso de capital compromete la estabilidad financiera del país al aumentar la deuda pública e incrementar impuestos, lo que se traduce en una obligación futura para el individuo, que deberá destinar más dinero al pago de las obligaciones y menos a la satisfacción de sus necesidades, ahorro, inversión o consumo. Por ello, no es de extrañar que el Gobierno, nuevamente mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga, hablen de la "necesidad" de aumentar la carga tributaria para hacer frente al gasto público y al servicio de la deuda. En el segundo caso, el hecho de que sea el mismo Poder Ejecutivo, supuesto garante de la ejecución de las normas, el que la irrespete no sólo violenta el principio de legalidad que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense y que se erige como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades, sino que también, mina la legitimidad del Gobierno para exigir la obediencia ciudadana. Esto último tiene un impacto importante en la gobernabilidad, pues ella se ve reducida cuando los individuos comienzan a considerar ilegítima la acción de los poderes públicos y, por tanto, desconocen su autoridad.
La segunda razón que torna inaceptable esa política contracíclica es que, ante una crisis, lo más lógico y prudente es desarrollar una política restrictiva en el gasto (especialmente por la reducción de los ingresos, producto de la caída en la producción y el consumo) y no, como hizo el gobierno, expandirlo para pagar becas de Avancemos, aumentos en las pensiones del Régimen No Contributivo, salarios y aguinaldos, dineros que curiosamente se giraron con mayor resonancia en el año preelectoral, lo que no sólo demuestra que la preocupación gubernamental no es la ciudadanía, sino que la práctica es afianzar una clientela de votantes. Criticamos esa medida tanto por el clientelismo como por la irresponsabilidad de gastar más dinero cuando no se tiene. En tiempos de "vacas flacas", los individuos reducen sus gastos, dejando sólo para lo necesario y procuran no endeudarse, pero nuestros irresponsables gobernantes, que no responden con su patrimonio por las torpezas cometidas, actuán de forma contraria, hipotecando nuestro futuro y abriendo las puertas a mayor voracidad fiscal para pagar los compromisos adquiridos.
En tercer lugar está la eternindad de estas medidas. Los políticos de turno alegaban que la política contracíclica fue para paliar los efectos de la crisis y que será temporal. Pero ahora nos dicen que el gasto es inflexible, que no se pueden reducir los subsidios y que los costarricenses tendremos que seguir pagando sus ocurrencias. Al final, lo que se suponía era una medida temporal por la crisis, acaba siendo, como siempre, en una medida eterna, hecho que evidencia que no se trataba de una política contracíclica, sino de una política expansiva del gasto.
Como siempre, los políticos buscan excusas para no enfrentar las consecuencias de sus actos y la que utilizan ahora es la crisis para justificar los grandes yerros en la liquidación del presupuesto. No obstante, el análisis de los datos permite colegir que los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, a saber, falta de claridad en los objetivos de los programas y su contenido presupuestario, reducida vinculación del Presupuesto Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo, malos niveles de ejecución presupuestaria, lo que sugiere una reducida capacidad de las instituciones para cumplir con sus propias metas o, por el contrario, que están solicitando más recursos de los que realmente necesitan; baja ejecución y no inclusión de programación y metas cuando se trata de recursos externos revalidados cada año y destinados a la inversión pública, pobre identificación de la población objetivo de los programas sociales, despilfarro de recursos públicos, entre otros.
Todo lo anterior evidencia que quienes dirigen a Costa Rica la están llevando hacia el despeñadero. Mientras algunos aseguran que el Estado debe seguir jugando un papel activo en el desarrollo, los números y la realidad demuestran que es un enemigo del desarrollo. El Estado nos está empobreciendo cada vez que, irresponsablemente, gasta más dinero del que tiene, cada vez que se endeuda, cada vez que nos quita nuestra riqueza mediante impuestos para transferirla a otros, que sin importar que sean ricos o pobres, no la merecen. El Estado, como decía Bastiat, es la ficción por medio de la cual, unos viven a costa de otros.
Así que si queremos progresar, ser más ricos y prósperos, más libres y creativos, necesitamos menos Estado. El Estado sólo sirve para empeñar nuestro futuro y si permitimos que lo siga haciendo, pronto no tendremos ninguno prometedor.
Pero en todo caso, deseamos enfocarnos en lo de la pobreza. El pasado jueves, Diputados de 5 fracciones políticas atacaron fuertemente al Gobierno de la República por la liquidación presupuestaria del año 2009, luego de que los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Hernández (PAC), miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, dictaminaran negativamente el ejercicio del Poder Ejecutivo durante ese año. A ellos se les unieron los legisladores Víctor Granados (PASE) y José María Villalta (FA).
De acuerdo con el informe que los mencionados Diputados emitieron como parte de su labor en esa Comisión, el Gobierno de la República incurrió en serias fallas, por cuanto financió 15% del gasto corriente con endeudamiento (a contrapelo de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos de la República), alcanzó pobres niveles de ejecución presupuestaria y fue incapaz de vincular las metas del Plan Nacional de Desarrollo con las acciones y contenidos presupuestarios, lo cual derivó precisamente en su incumplimiento.
En cuanto al primer punto, el Gobierno, mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga (dicho sea de paso, ex Ministro de Hacienda), defendió que ante la crisis internacional debió recurrirse al endeudamiento para aplicar medidas anticíclicas. Sin embargo, ese argumento no es de recibo por varias razones: primeramente, porque la ley claramente prohibe el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, por lo que el Presupuesto del año anterior contenía un claro vicio de legalidad. Respecto a esa disposición normativa, la Contraloría General de la República ha señalado que
“(...) pretende garantizar el cumplimiento de un sano principio de la administración de la Hacienda Pública, en virtud del cual los gastos que implica la actividad ordinaria de las instituciones del Estado y no comportan un aumento en el acervo de bienes duraderos que permiten acrecentar la capacidad productiva de ejercicios venideros, sean financiados comprometiendo los ingresos fiscales futuros o el esfuerzo de acumulación realizado en años pasados. El financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento incide en el crecimiento de la deuda pública, restringiendo el margen de acción del Estado para la atención de las necesidades públicas, y si excede de ciertos niveles convierte en insostenible la situación fiscal en el largo plazo” (Contraloría General de la República. Memoria Anual 2009. San José, Costa Rica: Contraloría General de la República, 2010. P. 78).
Como puede observarse, el irrespeto a esa disposición resulta problemático desde el punto de vista económico, pero también desde el legal-moral. En el primer caso, el financiamiento de gasto corriente con ingreso de capital compromete la estabilidad financiera del país al aumentar la deuda pública e incrementar impuestos, lo que se traduce en una obligación futura para el individuo, que deberá destinar más dinero al pago de las obligaciones y menos a la satisfacción de sus necesidades, ahorro, inversión o consumo. Por ello, no es de extrañar que el Gobierno, nuevamente mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga, hablen de la "necesidad" de aumentar la carga tributaria para hacer frente al gasto público y al servicio de la deuda. En el segundo caso, el hecho de que sea el mismo Poder Ejecutivo, supuesto garante de la ejecución de las normas, el que la irrespete no sólo violenta el principio de legalidad que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense y que se erige como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades, sino que también, mina la legitimidad del Gobierno para exigir la obediencia ciudadana. Esto último tiene un impacto importante en la gobernabilidad, pues ella se ve reducida cuando los individuos comienzan a considerar ilegítima la acción de los poderes públicos y, por tanto, desconocen su autoridad.
La segunda razón que torna inaceptable esa política contracíclica es que, ante una crisis, lo más lógico y prudente es desarrollar una política restrictiva en el gasto (especialmente por la reducción de los ingresos, producto de la caída en la producción y el consumo) y no, como hizo el gobierno, expandirlo para pagar becas de Avancemos, aumentos en las pensiones del Régimen No Contributivo, salarios y aguinaldos, dineros que curiosamente se giraron con mayor resonancia en el año preelectoral, lo que no sólo demuestra que la preocupación gubernamental no es la ciudadanía, sino que la práctica es afianzar una clientela de votantes. Criticamos esa medida tanto por el clientelismo como por la irresponsabilidad de gastar más dinero cuando no se tiene. En tiempos de "vacas flacas", los individuos reducen sus gastos, dejando sólo para lo necesario y procuran no endeudarse, pero nuestros irresponsables gobernantes, que no responden con su patrimonio por las torpezas cometidas, actuán de forma contraria, hipotecando nuestro futuro y abriendo las puertas a mayor voracidad fiscal para pagar los compromisos adquiridos.
En tercer lugar está la eternindad de estas medidas. Los políticos de turno alegaban que la política contracíclica fue para paliar los efectos de la crisis y que será temporal. Pero ahora nos dicen que el gasto es inflexible, que no se pueden reducir los subsidios y que los costarricenses tendremos que seguir pagando sus ocurrencias. Al final, lo que se suponía era una medida temporal por la crisis, acaba siendo, como siempre, en una medida eterna, hecho que evidencia que no se trataba de una política contracíclica, sino de una política expansiva del gasto.
Como siempre, los políticos buscan excusas para no enfrentar las consecuencias de sus actos y la que utilizan ahora es la crisis para justificar los grandes yerros en la liquidación del presupuesto. No obstante, el análisis de los datos permite colegir que los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, a saber, falta de claridad en los objetivos de los programas y su contenido presupuestario, reducida vinculación del Presupuesto Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo, malos niveles de ejecución presupuestaria, lo que sugiere una reducida capacidad de las instituciones para cumplir con sus propias metas o, por el contrario, que están solicitando más recursos de los que realmente necesitan; baja ejecución y no inclusión de programación y metas cuando se trata de recursos externos revalidados cada año y destinados a la inversión pública, pobre identificación de la población objetivo de los programas sociales, despilfarro de recursos públicos, entre otros.
Todo lo anterior evidencia que quienes dirigen a Costa Rica la están llevando hacia el despeñadero. Mientras algunos aseguran que el Estado debe seguir jugando un papel activo en el desarrollo, los números y la realidad demuestran que es un enemigo del desarrollo. El Estado nos está empobreciendo cada vez que, irresponsablemente, gasta más dinero del que tiene, cada vez que se endeuda, cada vez que nos quita nuestra riqueza mediante impuestos para transferirla a otros, que sin importar que sean ricos o pobres, no la merecen. El Estado, como decía Bastiat, es la ficción por medio de la cual, unos viven a costa de otros.
Así que si queremos progresar, ser más ricos y prósperos, más libres y creativos, necesitamos menos Estado. El Estado sólo sirve para empeñar nuestro futuro y si permitimos que lo siga haciendo, pronto no tendremos ninguno prometedor.
