martes, 24 de febrero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: las vedas en nuestros mares

Tal vez debo empezar explicando el concepto llamado “la tragedia de los comunes” (en inglés, tragedy of the commons), expuesto por el economista Garrett Hardin de la siguiente manera:

“La tragedia de los bienes comunes surge de esta manera. Imaginemos un pastizal abierto para todos. Se puede esperar que cada pastor trate de alimentar la mayor cantidad posible de animales en ese pastizal en común. Tal acuerdo puede funcionar más o menos bien durante siglos… Finalmente, sin embargo, con el tiempo llega el momento del ajuste de cuentas... En ese punto, la lógica inherente de los bienes comunes genera, inclementemente, la tragedia. Como un ser racional, cada pastor buscará elevar al máximo su utilidad… se pregunta: ‘¿cuál será la utilidad para mí si agrego un animal más a mi rebaño?’ Esa utilidad tiene dos componentes: uno positivo y uno negativo…” El positivo “está en función del aumento de un animal más” y el negativo “es una función del aumento de sobrepastoreo causado por el animal adicional. Sin embargo… los efectos de dicho incremento del pastoreo son compartidos por igual por todos los pastores… Al sumar las utilidades parciales de ambos componentes, el pastor racional concluye en que la única vía sensata para él radica en añadir otro animal a su rebaño. Y otro, y otro... Pero esta conclusión es la misma a la cual llegan todos y cada uno de los pastores racionales que comparten las tierras en común. Precisamente en eso es donde reside la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a incrementar su rebaño ilimitadamente -en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno prosiguiendo su propio interés en una sociedad la cual cree en las tierras en común. La libertad en unas tierras en común acarrea la ruina para todos.” (Garrett Hardin, Tragedy of the Commons (La tragedia de los comunes), Science, Vol. 162, No. 3859, diciembre de 1968). 

La solución que Hardin propone como solución a este problema es la creación de derechos de propiedad; en este caso, sobre el pastizal. Ella conduciría a evitar esa sobreproducción ruinosa para todas las partes.

Un interesante artículo (en inglés) de Robert J. Smith, “Soluciones Privadas para los Problemas de Conservación,” en Tyler Cowen, editor, The Theory of Market Failure, Fairfax, Virginia: George Mason University Press, 1988, señala lo siguiente:

“La tragedia de los comunes se aplica a todas las pesquerías oceánicas… en donde la sobrepesca… es un fuerte testamento del fracaso en la ‘administración’ de recursos de propiedad común… Si se prestara más atención en terminar con la tragedia de los comunes, mediante la creación de derechos de propiedad y de otros incentivos para administrar sabiamente los recursos naturales… el medio ambiente del mundo estaría en una condición mucho mejor.” (Op. Cit., p. 343). Y agrega “Lo que necesitamos ahora son cambios legales que hagan posible la propiedad privada de las aguas marinas… Bajo el sistema de utilización de recursos como una propiedad en común, un pescador tiene poco incentivo para practicar la conservación y el uso de métodos de agricultura marina. Cualquier intento de su parte para enriquecer el mar, simplemente le permitiría a los colados u oportunistas beneficiarse más allá de sus gastos.” (Op. Cit., p. 348). “Si fuera extendida la propiedad privada al lecho marino, sus derechos de propiedad podrían ser aplicables. Las flotas de pesca que operan desde puertos  podrían crear sus propios cayos de pesca, asegurando por tanto que haya viajes exitosos de pesca deportiva para sus clientes o capturas de pescados exitosas destinadas a sus plantas procesadoras.” (Op. Cit., p. 350).

Pero esa lógica de definir propiedad en sitios marinos no parece ser viable en la actualidad (por muchas razones, principalmente políticas), por lo cual, en Costa Rica, al menos, se ha buscado que exista un cierto grado de regulación gubernamental de la pesca, de manera que se logre (tal vez con poco éxito) preservar la vida marina salvaje; concretamente, evitar la desaparición de pescado en áreas marinas próximas a las costas del país. 

He hecho esta relativamente amplia introducción a fin de comentar un artículo aparecido en La Nación del 16 de enero, el cual lleva por encabezamiento “Contraloría cuestiona criterios para fijar vedas en mares ticos: Entidad señala inoperancia de comisión científica que asesora a INCOPESCA."

La Contraloría consideró que INCOPESCA es “ineficiente en el establecimiento de las vedas y en regular las tallas mínimas que deben tener las especies al ser capturadas, lo cual lleva a la sobreexplotación del recurso marino.”

Dicha sobreexplotación no se puede adscribir a la ineficiencia en las vedas y en la falta de regulación de las tallas mínima. Si existiera la posibilidad de crear propiedad en el lecho marino, es de esperar que sí conduciría a evitar dicha explotación. Pero dicho objetivo no parece ser viable de lograr simplemente introduciendo veda o limitación a la talla de los peces, en tanto tenga vigor un incentivo claro hacia la sobreexplotación de los recursos: estamos en presencia de la tragedia de los comunes.

La resolución del problema de la tragedia de los comunes no se logra, tal como señaló un señor Arauz del Frente por Nuestros Mares, haciendo que “el manejo de las pesquerías implica decir cómo se debe pescar y eso conlleva restricciones, las cuales podrían atentar contra intereses económicos de particulares.” Además de que esa última afirmación de su cita carece de sentido, pues una veda podría servir intereses económicos de los particulares, si con ella se asegurara una mayor existencia de pesca. Más bien podría resultar un buen negocio para un individuo, poder pescar pero evitando que tenga lugar la tragedia de los comunes, en donde todos pierden.

Lo importante es tener los incentivos correctos para conservar la biomasa de la pesca e incluso que ésta se incremente. Si hubiera propiedad privada, tiene vigencia aquel decir de que “en el mundo no hay escasez de gallinas,” lo cual es explicado por el hecho de que va en el interés del productor de carne de gallina el que no se extinga el animal, que se daría si las aves no tuvieran dueño alguno y en donde cualquier pudiera cazarlas. No hay escasez de gallinas porque son propiedad privada y está en el interés de cada uno de los productores la conservación de la especie.

Pero, ¿será posible lograr el objetivo deseable de permanencia de peces si se regula su pesca mediante la veda y la prohibición de que no capturar peces de tamaño “pequeño”? El estímulo para brincarse las prohibiciones es muy grande y a veces requiere de un proceso de vigilancia que es muy costoso para el estado. Pero, entonces, ¿es imposible deshacerse de la necesidad de que sea el estado el que regule esa actividad pesquera? De no ser así, ¿estamos condenados a la extinción de especies marinas debido a la sobrepesca? 

La economista Elinor Ostrom obtuvo el Premio Nobel en Economía en el 2009, compartido con Oliver E. Williamson, por “su análisis de la gobernanza económica especialmente de los recursos compartidos.” Por ello tomaré algunos comentarios de su ensayo “Institutional Arrangements and the Commons Dilemma” (Acuerdos Institucionales y el Dilema de los Comunes), del libro editado por Vincent Ostrom (esposo de Elinor), David Feeny & Hartmut Pitch, Rethinking Institutional Analysis and Development (San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press, 1988). 

Hay buenos ejemplos de arreglos institucionales destinados a resolver el problema de los comunes antes mencionado, los cuales no necesariamente han requerido de la conversión de las zonas públicas de pesca marina en propiedad privada (que probablemente resolvería el problema), sino que han sido innovadores en cuanto al manejo institucional de la situación. Tal es el caso de las pesquerías de Alanya en Turquía. Señala la señora Ostrom: “Muchos de los 100 pescadores locales operan con botes para dos o tres personas usando varios tipos de redes. La mitad es miembro de una cooperativa local y la otra mitad no lo es. La viabilidad económica de la pescadería de Alanya se vio amenazada a principios de la década de los setenta por dos razones. Una, el uso irrestricto de la zona de pesca creo un conflicto entre los usuarios. En segundo lugar, la competencia entre los pescadores por pescar en los mejores sitios incrementó fuertemente los costos de producción y la incertidumbre en relación con el potencial de cosecha para cualquier grupo específico de pescadores.” (Op. Cit., p. p. 111-112). 

Para resolver el problema, en la comunidad se adoptaron las siguientes medidas:

*Cada setiembre se prepara una lista de pescadores que tengan licencia para pescar en Alanya, independientemente de su membresía en la cooperativa.

*Dentro del área de pesca usual de Alanya se seleccionaron y definieron sitios de pesca específicos. Estos sitios son tomados separadamente, de manera tal que la red que se coloca en uno de ellos, no bloqueé los peces que deben estar disponibles en el sitio adyacente.

* Estos sitios de pesca mencionados están disponibles de setiembre a mayo.

* En setiembre, los pescadores aceptados en la lista rifan los lotes o sectores y se les asigna a aquellos sitios previamente escogidos para pescar.
 
* De setiembre a enero, cada día, cada pescador rota hacia una nueva localización hacia el este. Después de enero, los pescadores se muevan en dirección oeste. Esto le brinda la misma oportunidad a cada pescador de acceder a los inventarios de peces, que migran de este a oeste entre setiembre y enero y que revierten su migración de enero a mayo en toda el área.”
 
El efecto deseado se logró: “el sistema ayuda a asignar los mejores sitios de pesca a todos los pescadores mediante una base equitativa y ha reducido fuertemente los conflictos, así como los costos de producción.” (Op. Cit., p. 112).
 
Señala la señora Ostrom: “La lección substantiva más importante que puede aprenderse (de éste y de otros cuatro casos estudiados en su artículo) es que es posible para los individuos que encaran el Dilema de los Comunes en el ambiente natural, diseñar sus propios acuerdos institucionales que cambian la misma estructura de la situación en la cual se hallaron.” (Op. Cit., p. 117).  No se necesitó de la coacción del estado para resolver el problema de los comunes y se conservó y hasta amplió la dotación o cosecha marina, para poder responder negativamente a aquellas dos preguntas planteadas con anterioridad. Y, de paso, se mantienen alejados a los potenciales colados que vengan a pescar en dichas zonas durante el período de reserva. 

Tal vez proceder a estimular la conformación de arreglos institucionales en el sector pesquero de nuestro país podría contribuir a eliminar el costo de la intervención estatal, por una parte, y, por la otra, a que se genere una mayor riqueza. Podemos así buscar que un estado ineficiente pueda convertirse en un organismo eficiente que haga bien las cosas, incluso sin tener que meterse en lo que apropiadamente los individuos, mediando libres acuerdos mutuos, pueden resolverlas mejor por sí mismos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de febrero de 2015

Tema Polémico: Venezuela y el "Presi"

El fin de semana, el "Presi" nos regaló una más de sus chambonadas. Consultado por la crisis que atraviesa Venezuela, prefirió no referirse al tema hasta tener “claridad y más información”. ¡Lo peor del caso es que supuestamente el área de expertise del Presi son las relaciones internacionales!

Estas afirmaciones del Presi no son más que atolillo con el dedo o un popular plato de babas. Cualquier observador medianamente informado sabe que la crisis en Venezuela no es de hoy, sino que ha sido un constante proceso degenerativo: sospechas electorales, represión a manifestantes, censura a los medios, encarcelamiento de opositores y descrédito contra la oposición. Todo ello, sin incluir los serios atentados a la libertad económica, la cual para los liberales es tan importante como las llamadas libertades públicas, políticas o civiles.

A pesar de todos estos elementos, el Presi se escuda en la prudencia para evitar hacer lo que todo verdadero líder debe hacer: hablar con la verdad y sin pelos en la lengua. ¿Que hubiera sido de Inglaterra si en lugar de haber tenido a Churchill hubiera tenido al Presi? Sin duda alguna resulta repugnante ver como en nuestro país existen políticos y agrupaciones políticas que no solo no critican el Chavismo, sino que parecen respaldarlo. Sería terrible si esta visión se incrustara en Casa Presidencial (esperemos que esto no ocurra, y que en las próximas horas la Cancillería emita un pronunciamiento contundente respecto al tema).


Ante toda esta situación de flaqueo en los principios, bien vale la pena recordar las palabras de Rand:

"El avance de la maldad es el sintoma de vacío. Siempre que la maldad gana, es sólo por ausencia de oposición: Por el fracaso moral de aquellos que evaden el hecho de que no puede haber compromiso en principios básicos.”

martes, 17 de febrero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith:hacia un sistema de adopciones infantiles más humano

La muerte por agresión violenta de unos padres contra un menorcito de dos años, conmovió a todos los corazones, excepto a los pétreos, por ser clara muestra de una barbarie inusitada: ¡clavarle agujas y dejarlas allí, en el cuerpecito de un bebé! Maldad e ignorancia conjugadas en un acto innombrable. Pero el daño no llega allí: hay otro menorcito, hermano del anterior, que probablemente no contará ya más con sus padres naturales, casi que por el resto de su vida. En todo caso, fuere lo que fuere, sus padres actuales no parecen merecer tal nombre. Son estas consideraciones las que me conmueven para brindar las reflexiones que haré de seguido, pero, antes que nada y cómo excelente preámbulo, deseo transcribir lo que escribió el ciudadano de Moravia, don Jorge E. Varela Solís, en una carta a la columna publicada en el diario La Nación del pasado viernes 6 de febrero. Su nota dice así:
 
“Agresión a menores ¿Cuántos niños más deben morir por la ineficiencia de las instituciones encargadas? Existen en nuestro país y en el resto del mundo miles de matrimonios que desean adoptar un niño. Pero el calvario para lograrlo es extremo, pues nuestra burocracia estatal y los cientos de trámites son interminables. ¿Cuántas denuncias se ponen en el PANI, y después de las tragedias vienen argumentos que dan rabia? Hace unos meses sucedió lo mismo, y no se pasó de las excusas de los responsables de atender el caso.

Señores de los tres poderes, hagan algo, esto no es juguete, es demasiado el dolor que sentimos todos los costarricenses al ver estas situaciones. Ahora resulta que unos familiares quieren llevarse al otro niño agredido, hermano del fallecido. Ustedes nunca se dieron cuenta de la situación del menor.
Existen verdaderos hogares que sí quieren darle amor a esa criatura de Dios".

A lo largo de mi vida me he encontrado con numerosas personas de gran valía, quienes han formado hogares, pero, por alguna razón, no han tenido la bendición de un hijo (antes de que algún majadero me diga algo, por supuesto que me refiero también a una hija). Varios de ellos han intentado subsanar la ausencia del hijo natural, mediante la adopción de un pequeño ser, pero se han encontrado con muchas limitaciones impuestas por una burocracia establecida, presuntamente para la protección de los infantes. La mentalidad de esos burócratas -creo no ser injusto- descansa en la premisa de defender a los niños de posibles padres malos y hasta peores de los que tenían, infantes que ahora han terminado en el asilo de alguna institución mediante un encargo del estado. Lo que es inconcebible es que el celo bien entendido, de buscarle algún alivio a la vida difícil de esos menores, ha terminado por corromper los buenos propósitos: se hace casi imposible, en el marco de un trámite burocrático enorme, para que una buena familia costarricense pueda adoptar a un hijo.

En el pasado, en muchas ocasiones se dejaba en la puerta de una casa, en donde ya había hijos o en donde no se tenían por las razones que fueran, envuelto en un motetico, a un hijo de parte de quien lo hacía, me imagino, que en el supuesto de que allí viviría una vida mejor que la que podría brindársele en el seno de donde nació. ¿Cuándos grandes hombres y mujeres de nuestro país no se crearon así? La familia a las que así se les entregó la criatura, con un alto grado de solidaridad humana y con los mejores principios, no dudaron en esforzarse por ayudar a que ese ser humano, confiado a sus bondadosas manos, pudiera llegar a ser una persona de bien.

Pero el estado se metió en medio de ese camino. No dudo que lo hizo con un buen propósito, que supongo era el de conseguir “buenos” hogares para el niño abandonado. Incluso, cuando empezó a funcionar tal injerencia estatal, en aquella época no había historias (ciertas o falsas) de niños vendidos al extranjero mediante adopciones, para que les fueran extraídos sus órganos y vendidos en el mercado negro o que fueron convertidos en esclavos serviles de amos que los adoptaron. Pero suena razonable, alguien podría pensar, que el estado se metiera a regular las adopciones en el país.

Pero, no hay como darle algo al estado, para que salga mal. Hace poco recordaba una frase de Milton Friedman, que me sirve para la ocasión: “Si usted pone al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría una escasez de arena.” Si como sociedad estuvimos dispuestos a poner al estado a cargo de regular las adopciones, al cabo del tiempo hemos visto como los largos y complejos trámites son la característica de dichos procesos. Muchos padres desisten de tratar de adoptar un hijo por medio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y me imagino que, si les “regalan” uno bien cobijadito al pie de la puerta, también enfrentarán un riguroso y lerdo proceso de adopción. La vida, en vez de facilitarla, la ha entorpecido el estado. 

Lo que don Jorge Varela propone en su carta a la columna debe ser muy bien escuchado por todos los costarricenses, particularmente por varios grupos de nacionales: aquellos que en su vida fueron criados en hogares en donde no nacieron y en los que recibieron todo los beneficios de una familia que les adoptó; de aquellos que Dios o la naturaleza no les ha dado la fortuna de crear hijos en el seno de sus hogares y que desearían poder adoptar uno o varios, que expandan la vida en sus moradas. También de aquellos que poseen la capacidad legal de traernos el cambio indispensable para corregir la burocratización, casi que repugnante, que pone todo tipo de trabas para que la adopción pueda darse por parte de potencialmente buenos padres: todo es acerca de más y más papeles, trámites casi que deshumanizados y de exigencia de certificaciones onerosas de abogados, entre muchos otros obstáculos.

Pero el tema no es sólo de un grupo específico, sino que es algo que concierne a todos los ciudadanos de bien de este país, pues se trata de asegurar la forja de mejores compatriotas en el futuro de nuestra nación.

Ante ello, voy a hacer una propuesta de sentido común, que creo satisfará los derechos del infante a una vida mejor, así como los de los padres en potencia, quienes no cometen delito alguno -todo lo contrario- queriendo adoptar a un hijo, al igual que hará descansar la responsabilidad de la nueva relación padres-hijo entre ciudadanos de bien, al tiempo que el estado conserva el papel primordial de garantizar la pulcritud, honestidad y bienaventuranza de la nueva alianza en un nuevo hogar.

En concreto, mi propuesta significa un cambio trascendental en el engorroso e ineficiente proceso de adopción que hoy caracteriza al PANI -de paso, también se esperaría que surja un ahorro significativo en el uso de recursos públicos. Unos padres de familia que estén en busca de adoptar a un hijo y quien al momento está bajo la responsabilidad del PANI, deberán presentar tan sólo debidamente certificadas por un notario (esperamos que el Colegio de Abogados solidariamente diga que no se podrá cobrar por eso, sino que queda a la conciencia del acto de parte del notario) cartas de 12 padres de familia, tanto del padre como de la madre en tales familias, que indiquen conocer la idoneidad de los potenciales padres del niño que va a ser adoptado. El PANI corroborará que esa información, suministrada por quienes recomiendan a los adoptantes, sea la correcta. La decisión final acerca de la adopción quedará en manos de jueces de familia calificados, que formen parte laboral del PANI: jueces de adopciones. Habrá un plazo pertinente para que se defina la resolución final acerca del pedido de adopción.

Así, como bien dice al cierre de su carta el señor Varela, se entregarán eficientemente niños en adopción a “verdaderos hogares que sí quieren darle amor a esa criatura de Dios.”
 
Ojalá que eso se pueda lograr: es urgente no sólo por el bienestar de los menores que van a ser adoptados, así como de los padres que los habrán de recibir en su hogar, sino también para que la sociedad no tenga que amargarse con hechos como los sucedidos y antes descritos, en especial cuando redundan en el abandono de niños que quedan sin un hogar. Tal vez no podemos hacer nada contra esa parte mala de la naturaleza humana, pero sí podemos hacerlo por la parte buena del ser humano, como es el deseo natural de querer adoptar a un hijo.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de febrero de 2015

Tema polémico: aprendamos de Corea del Sur

Hacia la segunda mitad del siglo XX Corea del Sur era uno de los países más miserables del planeta. Con una economía netamente agrícola, su PIB per cápita era de alrededor $82, siendo tras la Guerra de Corea (1950-1953) más pobre que la mayoría de las naciones latinoamericanas.

65 años después las cosas han cambiado mucho para el país asiático: hoy su PIB per cápita es de casi 20 mil dólares, constituyéndose en una de las potencias económicas más sofisticadas del mundo, siendo además el único país que ha logrado dar el salto  de ser receptor a donante de ayuda al desarrollo.

Varios son los factores y las claves que explican este vertiginoso progreso, pero sin duda, el elemento clave del cual podemos obtener más lecciones  tiene que ver con la apuesta coreana por el desarrollo de su capital humano, como piedra angular de su estrategia de desarrollo de largo plazo.

Y es que a diferencia de nuestro país, en donde la oferta académica universitaria ha crecido históricamente desvinculada del desarrollo nacional, sorda a las demandas de la industria y ajena a las necesidades de la pequeña y mediana empresa, en Corea del Sur el desarrollo del capital humano se ha centrado en una educación técnica, una articulación entre industria y la academia, y la capacitación de sus trabajadores.

En Costa Rica contamos con un sistema público y privado de formación profesional-técnica que si bien es limitado e imperfecto, ha permitido suplir el recurso que muchas empresas está demandando, pero ciertamente el país adolece de un sistema de capacitación y programas efectivos de formación profesional para jóvenes dentro y fuera del sistema educativo. La experiencia coreana nos muestra como entre los años 60 y 70 el país cambió su orientación  hacia la educación técnica, establecimiento de cuotas máximas de ingreso a la educación superior.

Asimismo, en Corea del Sur, la estrategia educativa ha sido orientada por las habilidades requeridas por las industrias nacientes. Muy lejos estamos nosotros de una orientación de este tipo. Hace 30 años nuestra economía inició un proceso de inserción en los mercados y de atracción de inversiones que requerían un nuevo perfil de capital humano, sin embargo, la oferta educativa el país ha respondido lentamente a ese cambio. Seguimos graduando más cientistas  sociales y abogados que profesionales en matemática, física, química, biología o computación, acrecentando la brecha entre oferta y demanda laboral. Para empeorar las cosas, las universidades están atadas a los lentos procesos del Consejo de Educación Superior (Conesup) para crear nuevas carreras cercanas a las demandas del mercado.


Corea del Sur nos recuerda que cualquier economía que desee seriamente alcanzar índices de competitividad y prosperidad de primer mundo, debe centrar su atención en la calidad de su recurso humano y la vinculación formativa de éste con las áreas estratégicas del desarrollo y las necesidades reales del sector productivo.

miércoles, 11 de febrero de 2015

Desde la tribuna: ¡desastre en la Asamblea Legislativa!

No me refiero a las renuncias engañosas y a otros zafarranchos acaecidos sino a falta de consistencia, violación evidente de los principios básicos y atentado contra el sistema republicano y el sistema democrático.

Dicen que por la boca muere el pez. Todavía recuerdo el abuso de presupuestos públicos (actividad originada en universidades públicas, financiadas con recursos de todos, dirigida contra el TLC) y dentro de ello la publicación de un folletín, por parte de la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presentado por el “rector de la patria y el pueblo” y realizado por el actual presidente de la Asamblea Legislativa. Su académico título es “25 Preguntas y Respuestas sobre el TLC (Para que no lo agarren de chancho)”. Es una obra de antología, que sirve para ver cómo piensan y actúan algunos.

Dentro de lo curioso del asunto, haciendo de lado la parcializada interpretación de hechos y textos (solo justificada en la innegable ignorancia acerca de principios de interpretación y lectura adecuada de textos), está el constante recurso a frases y posturas relativas al “ético desempeño de la Asamblea Legislativa”, al peligro de la “inseguridad jurídica”, al “valor de la Constitución” (a la cual hay que evitar violentar) y al “asalto al Estado de Derecho”.

Digo yo que, para verdades… el tiempo. Quienes osamos estar a favor de la libertad, promover el libre comercio, buscar la apertura comercial, denunciar el abuso de los monopolios y denunciar gollerías y estatismo, fuimos acusados de mil mentiras y víctimas de prejuicios y de la maquinaria abusiva desde algunas instituciones públicas.

Pero ahora la cuestión es contestable e indubitable. En la tramitación del presupuesto gubernamental para el 2015 hubo un desempeño torticero, usurpación de funciones, irrespeto a la Constitución y violación de sus principios. En tal medida se ha dado esta grotesca y antijurídica actuación, que el presidente de la Asamblea (el autor del folletín reseñado) ha sido “trapeado” directamente por la Sala Constitucional. En lugar de garantizar el debate y quehacer legislativo ha incurrido en una falta democráticamente inaceptable. ¡Dime de qué presumes…!

Para colmo de males, ahora el Directorio que él encabeza es objeto de pesquisas jurídicas por nombramientos cuestionados y faltas tan complicadas que la gente de planta de la Asamblea teme por su seguridad jurídica. Al parecer, hasta se infló una plaza de chofer, para colocar a una autoridad del partido, que se ha pasado un mes haciendo nada.

Cuando leo acerca de estos sucesos, recuerdo el mentado folletín (“para que no lo agarren de chancho”) y me pregunto: ¿Y… el desempeño ético de la Asamblea? ¿Y… el valor de la Constitución? ¿Y… el asalto al Estado de Derecho? ¿Y… la seguridad jurídica?

¡Claro! Si no fuera porque los hechos constituyen una actuación torticera, antijurídica, inconstitucional con ribetes delincuenciales, estaría tentado a explorar literariamente las trampas de la mente, el origen de las expresiones acusatorias en algunas mentes y cómo es que construyen sus prejuicios algunas personas. ¡Ah! Eso sin hablar de las “agarradas de chancho”.

Federico Malavassi Calvo

martes, 10 de febrero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: hacia una verdadera revolución educacional

Vean cómo son las cosas. Como política gubernamental básica de este país, se ha venido justificando la medida de gastar en educación un 8% del Producto Interno Bruto. De hecho, fue en el 2011 cuando se fijó dicho objetivo, pero la realidad económica del país ha hecho que el logro de dicha meta sea, con suerte y si hay un buen manejo fiscal del país, logrado hasta en el año 2018. En el último presupuesto de gasto gubernamental, harto conocido por el enorme hueco fiscal y por el aumento de un 19% sobre el del año anterior, se definieron fondos para gastar en educación equivalentes a un 7% del PIB.

La verdad es que uno no sabe si el problema con la calidad de nuestra educación está en la insuficiencia de recursos destinados a la educación estatal -que, como indiqué, se espera sea este año de un 7% del PIB, lo cual es mucha plata- o bien en que, cualquiera que sea la plata nuestra destinada a ese fin, los resultados efectivos que logra el sistema actual no son satisfactorios desde muy diversos
puntos de vista.

Un indicador de adónde podría radicar el origen del problema, es que, de acuerdo con un comentario de La Nación del 7 de enero del 2015, titulado “Familias gastan ₡1.000 millones al año en tutorías extraclase: Encuesta del INEC revela desembolso promedio de ₡715.000 por hogar,” lo que los alumnos reciben en sus clases es insuficiente para que logremos generar alumnos preparados, exitosos, competitivos, que puedan aprobar y hasta sobresalir en pruebas nacionales o internacionales, como por ejemplo las conocidas PISA.

Me agradó la contestación de la ministra de educación, doña Sonia Marta Mora, al serle planteada la información por el reportero y responderle que “no contamos con un estudio que explique las causas de las tutorías, pero hay varios factores que analizar: calidad de los docentes, nivel de exigencia y rendimiento del estudiante. Hay que recordar que el curso no se gana a final de año.” Casi que doña Sonia Marta le atinó aún sin “contar con ese estudio.” Lo cierto es que nos está fallando el sistema educativo, a pesar de que cada año gastamos más y más fondos públicos. 

De paso, posiblemente si se incorporara ese gasto de las familias de ₡1.000 millones pagados a tutores particulares, como “gasto en educación”, podríamos estar ya cerca del aún no alcanzado luminoso faro en el cielo de un dogmático 8% del PIB, que tendríamos que gastar en educación como país para supuestamente tener algo que nos satisfaga con sus logros. La pregunta esencial es sí, con el desembolso de ese fondo tan elevado de recursos, estaremos recibiendo la educación de calidad que requerimos. Mi respuesta personal es un “creo que no”. 

Me parece que no es así, cuando la información del periódico señala que “una familia gasta al menos ₡715.000 al año en tutorías extra-clase (el subrayado es mío) para nivelar a su hijo y evitar que pierda el curso.” Ciertamente puede deberse, como dice don Adrián Bonilla, quien preside una empresa de tutorías a domicilio, a que “mucha gente busca las tutorías cuando van a perder el año. Las materias por las que más piden asistencia son matemáticas e idiomas. Los muchachos vienen con malas bases y reconocen que les da vergüenza preguntar en el aula.” Es decir, nos señala que los estudiantes que le llegan no vienen con la preparación fundamental requerida y que los maestros ni siquiera son capaces de “quitarles” esa vergüenza casi natural de los alumnos y que así aprendan a cuestionar lo que se debe de objetar y aprender en el proceso. La preocupación de “perder el año” es obvia, pues se da en momentos en que puede indicar que no sobrepasarán la barrera selectiva de preparación, cual es aprobar el año. En síntesis, los alumnos no están recibiendo la educación que se requiere para sentirse en capacidad de superar pruebas básicas de su aprendizaje y mostrar que han tenido la preparación suficiente para aprobar los estudios cursados. 

Eso mismo lo corrobora la opinión de Aura Latini, experimentada tutora de 8 años de trabajo en dicha labor. Dice: “Trabajo con quienes buscan la tutoría a nivel preventivo y no para apagar incendios, porque se van a quedar. La enseñanza del Inglés en muchos colegios es muy pobre y por eso, los papás buscan a un tutor por fuera. Por mes puede representar una inversión de ₡35.000 a ₡60.000”. Por ello, en cierta manera discrepo de la propuesta de solución ante el problema hecha por la ministra Mora, de que “trabajará en fortalecer la labor de voluntariado en universidades para impartir tutorías gratuitas, principalmente a los estudiantes de familias pobres.” Pienso que no sólo debe ser para los provenientes de familias pobres, sino a los estudiantes en general, no sólo porque si no estudian lo suficiente, tenderán a ser pobres, sino también porque los que de alguna manera no son pobres, han pagado (sus padres) impuestos que se usan (entre otros empleos) para financiar los gastos educacionales del país, pero a cambio están recibiendo una mala educación: en cierta manera están siendo estafados. El asunto no está en si apoyar a unos o a todos. El tema esencial es que nuestro sistema educativo, en el cual gastamos tanta plata, no debería de implicar que los padres deban gastar dinero extra, a fin de que sus hijos puedan acceder a un estadio educativo presuntamente suficiente para que aprueben los exámenes requeridos. 

No hay quien vigile la calidad de nuestra educación definida por el estado. Tal vez el problema está en que no hay la competencia deseable entre las entidades educativas, de manera que los padres, que me imagino desearán ver sus hijos con la preparación necesaria para tener éxito en sus vidas, puedan sentir que lo que reciben (pagado con impuestos de esos ciudadanos) es de buena calidad. Si tuvieran la posibilidad de elegir la escuela y el tipo de educación que desean, escogiendo libremente aquellos centros que brindan la educación con la calidad buscada, posiblemente rechazarían aquellas escuelas en donde la calidad de la educación es mediocre y hasta mala. Obviamente la gente prefiere una buena educación a una mala o mediocre. Si la gente pudiera escoger libremente, estoy seguro que incluso estaría dispuesta a pagar más por la educación de los hijos (de hecho ya lo hacen al tener que pagar tutorías), pero a su vez tal decisión significaría que las escuelas malas se quedarán sin alumnos (casi que morirían por inanición).

Y aquí viene el tema que a ciertos grupos les va a incomodar: en las escuelas que satisfacen los deseos de los padres en cuanto a la calidad de la educación para sus hijos, los maestros podrán ganar más, en tanto que en aquellas que no les satisfacen, los maestros deberán ganar menos. Ya sabemos quiénes, por esta sencilla razón, se opondrán a reformas en el sentido de promover la competencia y su eficiencia derivada entre centros educativos y entre educadores, de forma que redunde en beneficio de los estudiantes; esto es, que reciban una mejor educación según sus preferencias.

Debo destacar que la utilización de tutorías no es algo exclusivo de estudiantes de escuelas públicas; hay muchos alumnos de escuelas privadas en donde la educación es también mala o mediocre. Por ello, creo que impulsar la competencia en el área educativa beneficiará tanto a estudiantes de escuelas públicas como privadas. Los padres deben ser partícipes de esa búsqueda para mejorar la educación de sus hijos, utilizando la competencia como factor que la impulse.

La esencia de la reforma va en que los padres puedan disponer de los recursos necesarios para financiar la educación de los hijos. La idea es que sean los padres quienes puedan elegir la escuela preferida y no que sea la que el estado les da casi que obligadamente. Tal vez sólo los ricos pueden elegir que sus hijos vayan a escuelas privadas, pero eso tampoco es garantía de que la educación que en ellas obtengan sea la mejor, pero, al menos, si con la plata que gastan no están satisfechos, podrían cambiar de centro educativo. En el país el estado es el garante de las metas educativas deseables o convenientes. No creo que haya muchos que no consideren que hay enormes beneficios que todos recibimos cuando los individuos se educan. Yo me beneficio con que haya niños que, educados, pueden escoger, cuando adultos, mejores gobernantes, en vez de ser analfabetos funcionales que no saben ni siquiera por quién o por qué votar. Hasta estéticamente es agradable ver jovencitos que muestran inteligencia, capacidad y preparación cuando tratan temas de interés. Al contrario, es horrendo tratar con personas incultas y sin preparación. No me refiero a que tengan una educación libresca, sino la que les permita vivir de manera adecuada, intercambiando acciones y pensamientos razonadamente con otros ciudadanos 

Entiendo bien la posición de que el estado se interese en que las nuevas generaciones puedan ser mejores que las previas, por medio de la educación. Pero eso no significa que sea el estado el que debe dar las clases ni determinar -excepto por algo básico tipo aritmética, lectura, escritura; las “tres erres” o algo similar- el detalle exacto de lo que debe ser la educación formal, sino que permita la existencia de opciones que se adapten a las preferencias individuales tanto de padres como de los hijos estudiantes. El sistema propuesto es como si cada ente educativo “libre” que surja, tenga un contrato (explícito o tácito) con el estado en cuanto a cumplir metas de calidad, pero la enseñanza es responsabilidad final de maestros que aspiren a ganar más, produciendo mejores estudiantes. El estado no tiene porqué “enseñar”: esa acción queda para las escuelas, para los maestros. El estado no tiene que ser el productor de educación, sino que deje que los que la brindan sean personas o empresas especializadas en ella y cuyos resultados los determina la competencia. Así el estado estimula la educación de los ciudadanos, sin ser el exclusivo y único “educador”. 

El presupuesto público que hoy gastamos en educación le sería devuelto a los padres de familia por medio de bonos o vales o cupones (vouchers en inglés), quienes sólo podrán gastar esos recursos en la educación de los hijos. En donde no surja ese tipo de escuelas que he llamado libres, el estado tendrá como función proveer una escuela pública, tal como la conocemos tradicionalmente. Es más, uno puede considerar la existencia de escuelas públicas estatales, compitiendo por satisfacer la demanda de padres y estudiantes con las llamadas escuelas libres. Eso sería un enorme acicate para que mejore la calidad de las escuelas estatales.

Algo parecido es lo que ha hecho Suecia en épocas recientes, después de una seria crisis fiscal y en donde fue crucial evitar la debacle del sistema educativo, en un esfuerzo especial por mejorar la calidad del estudiantado. Los resultados han sido positivos. Pero, por ahora, sólo deseo destacar que no se está abandonando el papel del estado como “rector” en el ámbito educativo, sólo que la competencia y la capacidad de organización que tiene la empresa privada, evitarán que las familias costarricenses tengan que enviar a sus hijos a que reciban tutorías, para remediar la incapacidad del estado de darles esa preparación que hoy día se requiere más que nunca. La propuesta podría ciertamente revolucionar para bien nuestro disminuido sistema educativo.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 9 de febrero de 2015

Tema polémico: el peligro de la impunidad

Un principio básico del sistema republicano es el imperio de la ley, como un elemento cosustancial a la igualdad ante la ley. Esto significa que la norma está por encima de todos, que no hace distinción de clase social, credo, orientación política o algún otro factor y que se aplica, para bien o para mal, sin excepción. A la par de este principio se encuentra el de seguridad jurídica, otra cara de la misma moneda, que implica la necesidad del ciudadano de saber a qué atenerse, es decir, tener la certeza o seguridad de que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas.

En el caso de los delitos, estos principios jurídicos nos indican que las personas deben tener claro que ciertas acciones o conductas tienen sanciones y que, de cometerlas, se enfrentarán implacablemente a la justicia. El funcionamiento adecuado del sistema para procesar dichas conductas contribuye enormemente a la creación de una cultura social de respeto por los derechos individuales y permite la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas sin temor.

No obstante, cuando los delitos no son sancionados debidamente y se genera un ambiente de impunidad, la sensación de las personas aumenta al mismo tiempo que lo hace su molestia hacia el sistema, al que poco a poco van despreciando y dan paso a privilegiar regímenes de mano dura que, tarde o temprano, terminan por imponerse autoritariamente y destruyen las libertades. No en vano decía Benjamin Franklin que "aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad". No en vano la historia nos ha demostrado con infinitos ejemplos la validez de esta premisa. 

Recientemente, hemos presenciado en nuestro país una serie de actos violentos -robos y homicidios- o de escándalos por corrupción o arbitrariedad, especialmente en las altas esferas del poder,  que de una u otra forma no terminan en condena, a veces por la incapacidad del Ministerio Público para presentar la acusación, las pruebas y los testimonios para demostrar, cuando es posible y amerita, la responabilidad de los acusados y permitir a los Tribunales, luego del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes.

Tal situación enciende las luces de alarma. Al respecto, el Informe del Latinobarómetro 2013 indica que
"Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más apoyo a la democracia. Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 1995-2013".  

Los datos son claros.  Cada vez más gente molesta con un sistema político incapaz de satisfacer sus demandas, entre ellas, las de seguridad y tranquilidad, pierde su aprecio por la forma en la que se hacen las cosas y acepta la posibilidad de un líder autoritario que "resuelva" la problemática. En buena parte, esa sensación  de desgaste e impotencia contribuyó, entre otros factores, a un incremento sustancial de apoyo hacia el partido Frente Amplio, cuyas propuestas son claramente comunistas, dirigidas a crear un Estado omnipresente y omnipudiente que se encargue de todo, sustituyendo a los individuos en el manejo de sus propias vidas y pisoteando su libertad, para convertirlos en simples autómatas que viven por y para el "ogro filantrópico", como lo llamara Octavio Paz, quien a propósito escribió en su momento que "el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina".  

Evidentemente no se trata de culpar por culpar a cualquier acusado y de comenzar una cacería de brujas que someta a la ordalía judicial a quienquiera que sea acusado. Estamos hablando de satisfacer la demanda de justicia por los medios republicanos propios de un Estado de Derecho, con tribunales de justicia que respeten los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

Logrando eso, junto con otras tareas impostergables que hemos mencionado con regularidad en ASOJOD, podremos conseguir que las personas recuperen su tranquilidad, que se sientan representadas y protegidas por un sistema que no permitirá que se vulneren sus derechos individuales y que, ante todo, se encuentra dispuesto a hacer valer esos principios que mencionamos al inicio, cerrando las puertas a ese caldo de cultivo del totalitarismo, del autoritarismo estatal que solo desgracia trae a los pueblos. 

martes, 3 de febrero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: ciertos resultados de políticas de control de precios

Tal como mencioné en mi artículo de la semana pasada, en esta ocasión presentaré algunas experiencias recientes (principalmente lo que sucedió en Chile en la década de los setenta) con el control de precios. Para hacerlo me baso en mi libro Inflación y Control de Precios, que publique en 1984, editado por la Universidad Autónoma de Centro América. Este libro puede ser accesado en el sitio latforum.org, en la sección “Obra escrita de Jorge Corrales”. El ingreso a latforum requiere de registro y es totalmente gratuito.

Para los estudiosos, un análisis profundo del episodio inflacionario de la economía chilena de los años setenta -que  fue un caso ciertamente patológico y revelador de los efectos de los controles de precios- se encuentra Joseph R. Ramos, “Inflación Persistente, Inflación Reprimida e Hiperestanflación. Lecciones de Inflación y Estabilización en Chile,” en Cuadernos de Economía, Año 14, No. 43, diciembre de 1977. No haré un análisis con la profundidad como lo hace Ramos, sino que me referiré a los resultados de las políticas de control de precios y salarios durante el gobierno de Allende para lograr controlar la inflación. Otro excelente trabajo al respecto es el artículo de Patricio Larraín y Patricio Meller, “La Experiencia Socialista-Populista Chilena: La Unidad Popular, 1970-73,” en Cuadernos de Economía, Año 27. No. 82, diciembre de 1990.

Dos hechos me estimulan para describir los efectos del control de precios cuando se usa para frenar una inflación.  El primero, es que he observado propuestas de esa naturaleza como resultado de comparaciones de precios de un mismo bien entre Costa Rica y alguna otra nación. Como habrán leído en mi comentario de la semana anterior, un simple cotejo de precios puede inducir a muchos errores de interpretación, debido a que son muy diversos los factores que pueden explicar ese diferencial de precios. La segunda razón es porque me temo que, si en Costa Rica el manejo económico que lleva el actual gobierno concluye cediendo en su último flanco de defensa de la estabilidad, cual es el manejo monetario prudente, nos veremos sin duda involucrados en un episodio inflacionario. En tal momento habrá planteamientos, usualmente de políticos, pero no en exclusivo, para controlar los precios a fin de refrenar la inflación. Hago esta especie de curación en salud, pues temo que el paciente podría enfermarse gravemente, si en el país no se mantiene una conducción monetaria prudente. 

Empiezo dando una breve explicación de lo que usualmente sucede cuando se fija el precio de un bien o servicio por parte del estado, en un monto inferior al que se determina en el mercado. Con frecuencia, lo que se informa al ciudadano de parte del estado como explicación de su política de fijar un precio máximo, es que el precio de un producto en el mercado es injustificadamente alto para los consumidores. O sea, el argumento usual empleado por el gobierno para justificar la fijación de precios máximos es la protección del interés de los consumidores. Incluso se alega  que así se protege al consumidor de la explotación de vendedores o de prácticas monopolizadoras de parte de estos o simplemente que es una medida para paliar una inflación. Lo suelen aseverar los gobernantes, buscando engañarnos con que el origen de la inflación radica en las más diversas causas, excepto por un exceso de emisión monetaria de su propio banco central.

Sin embargo, la fijación de un precio máximo tiene otras consecuencias distintas de las esperadas -hay consecuencias no previstas. Los políticos la justifican diciéndonos que, con su propuesta, los consumidores podrán obtener la misma cantidad que antes, y hasta más, del bien cuyo precio se ha controlado, presuntamente gracias a la fijación de un precio menor que el que existía en el mercado. Pero es falso, tal como veremos.

Un resultado de la fijación de un precio inferior al de equilibrio en el mercado, es que provoca una disminución de la cantidad ofrecida del producto. La razón es sencilla: el precio es el ingreso que recibe el productor-vendedor por unidad vendida. Con la instauración del control del precio del producto, el ingreso es menor que antes. Ante esto, disminuirá la cantidad que ofrece del bien, porque, dados los costos de producción, recibe ahora un beneficio menor. El incentivo conduce a reducir su producción, pues normalmente un productor-vendedor encara costos crecientes, que se elevan conforme aumenta la producción. Es por ello que, para producir más de un bien, requiere de un precio mayor para cubrir esos costos que van aumentando conforme se produce más. Si el estado fija un precio (el ingreso del productor-vendedor) inferior al previo que le permitía cubrir costos y obtener utilidades, disminuyen sus ingresos y eso provocará que reduzca la producción a fin de tener un costo menor por unidad y con ello tratar de conservar su utilidad por unidad. La característica de la oferta es que, a un precio menor, el productor-vendedor disminuye lo que está dispuesto a suministrar en ese mercado.

Normalmente la medida de un precio tope hace que se incremente la cantidad demandada del producto en el mercado. El simple sentido común y la observación nos muestran que, cuando algo le cuesta menos al consumidor, tenderá a comprar más del producto que antes. El precio del bien constituye un obstáculo para el consumidor. Si el precio es “alto”, el consumidor se ve desmotivado para adquirir el producto y, si percibe que es “bajo”, se ve estimulado para comprarlo.  Si el estado fija el precio por debajo del de equilibrio, ante los ojos del consumidor es más barato -hay un obstáculo menor para adquirirlo- lo cual lo incentivará para aumentar la cantidad demandada del bien.

Observe que, con la introducción de un precio máximo o tope por parte del estado, se presentan simultáneamente dos fenómenos contrapuestos en el mercado: por una parte, a ese precio menor los productores-vendedores desearán suministrar una cantidad inferior  del producto y, por la otra, los consumidores desearán adquirir más de ese producto, al observar que su precio se ha reducido. Esa acción contrapuesta simultánea da lugar a un fenómeno que denomino escasez artificial: la fijación de precios por el estado logra que artificialmente haya, al nuevo precio menor, un exceso de la cantidad demanda (que aumentó) sobre la cantidad ofrecida (que disminuyó). A ese precio artificialmente menor fijado por el estado, se provoca una demanda-exceso.

Habrá dos grupos que no van a obtener la misma cantidad del producto, en comparación a la que podían disponer antes de la fijación de precios. Por una parte, quienes, al ver disminuido el precio, quisieron aumentar la cantidad demanda del producto, pero, a ese precio menor, no encuentran la cantidad que esperaban obtener del producto. Los denomino los “compradores ilusionados, pero frustrados”, pues, entusiasmados con la reducción gubernamental artificiosa del precio, creyeron poder comprar más del producto, pero no lo encontraron disponible en el mercado en la cantidad esperada: quedaron desengañados. Por otra parte, están los consumidores que antes podían adquirir una cantidad dada al precio de equilibrio, pero, al imponerse el precio tope o máximo, encontrarán en el mercado un nivel de producción inferior al que previamente disponían. A estos consumidores los llamo “compradores excluidos”. Esto es, marginados porque se les negó la posibilidad de encontrar la misma cantidad de producción que antes de la imposición del control del precio. Los compradores excluidos y los frustrados tan sólo encontrarán, a ese precio menor, un descenso de la cantidad que se ofrece en el mercado, al nuevo precio menor fijado por ley.

En los mercados los acontecimientos que ocasionan tal control de precios tienen una mayor profundidad y detalle de lo expuesto por el simple análisis económico abstracto que acabo de formular. Por ello, la descripción de detalles de lo que fue el control de precios durante la experiencia chilena allá por los años setentas, permitirá comprender mejor el impacto que esa política tiene sobre la vida diaria de los ciudadanos. El caso chileno ha sido muy bien estudiado y expuesto, como para permitirnos hacer una amplia explicación de los efectos que tiene una política de control de precios.
Aquél exceso de demanda sobre la oferta que antes comenté, da lugar a que surjan los mercados negros. La razón es simple: al ocasionarse un descenso en la producción por el control de precios, esa menor cantidad en el mercado tiene ahora un precio mayor. Recuerden que la demanda nos indica una relación entre precios y cantidades, de manera que, a menor precio, mayor cantidad demandada. O, lo que es lo mismo, si disminuye la cantidad de producción que hay en un mercado, habrá demandantes dispuestos a pagar un precio mayor por esa cantidad menor del producto en el mercado. Los  productores-vendedores están dispuesto a vender esa cantidad menor de producción sólo a un precio mayor que el fijado por ley y habrá consumidores que, por esa misma cantidad menor de producción en el mercado, están dispuestos a pagar por ella un precio mayor que el legalmente impuesto por el estado.

Refiriéndose a la situación chilena en 1972, narra Joseph Ramos que “el resultado (del control de precios) fue que floreció el mercado negro y los precios no controlados se dispararon. La esencia de un negocio rentable en esta inflación reprimida (reprimida porque no se dejaba que los precios subieran, sino que el estado les ponía un tope) era el arbitraje (comprar donde fuera más barato y venderlo adonde fuera más caro) y no la producción; o sea, comprar más bienes (monedas duras) a precios oficiales que los que se vendían a precios oficiales. El desabastecimiento apareció por todas partes en la medida que la gente prefería cualquier bien a una moneda crecientemente devaluada (ya que el dinero estaba perdiendo valor como un medio de cambio). Por ésta, entre otras razones, la disciplina de los trabajadores declinó dado que los incentivos monetarios, aunque más importantes, eran cada vez menos útiles. El pago en especies floreció. Se instituyó el racionamiento tanto formal como informal. Bastaba ver que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera. El racionamiento llevó a escaseces, y las escaseces a más racionamiento.” (Citado en Jorge Corrales Quesada, Inflación y Control de Precios, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1984, p.p. 106-107. Los paréntesis en la cita son míos a fin de aclarar los conceptos.)

Tomando por punto de partida esta cita del economista Joseph Ramos (quien no es precisamente un economista de la derecha chilena), es interesante referirse a su observación de que, cuando se controla el precio de un producto, el resto tiende a subir. La explicación radica en que el dinero que ya no se puede gastar en el bien cuyo precio es controlado, por haber disminuido la cantidad ofrecida en el mercado, se desvía hacia un gasto en otros bienes, que así aumentan de precio. Por ello, uno de los efectos que se observó con la política de fijación de precios en Chile fue que cambiaron los precios relativos, subiendo comparativamente el precio de los bienes no regulados, con respecto al precio de los bienes regulados.  Un sistema de mercado se rige por los precios relativos, por lo que, al encarecerse relativamente el bien no regulado, tiende a aumentar la cantidad ofrecida de ese producto y lo contrario sucede con el bien regulado que bajó de precio relativamente. Es decir, se da una reasignación de recursos en la economía; el estado y su política de control del precio de ciertos bienes provocó que se produjera menos de ellos -contrario a lo que supuestamente buscaba el gobierno, que se supone que es que hubiera más de ese bien- y una mayor producción de los bienes no regulados, que ahora comandan un precio mayor.

“Este proceso (de la imposición de precios tope o máximos) provocó el acaparamiento y el negocio fácil, pues resultó ser muy rentable adquirir los artículos a los precios oficiales (más bajos) y venderlos en el mercado negro a los precios no oficiales (más elevados). Y, por más que se puso en acción el aparato represivo del Estado en la labor de control, lo único que hizo fue aumentar el riesgo de la operación. Se provocó así un aumento del diferencial entre el precio oficial menor y el precio mayor en el mercado negro, con el consiguiente efecto sobre las posibilidades de consumo de la población.” (Jorge Corrales, Inflación y Control de Precios, Op. Cit., p, 107).

Ello me hace recordar dos cosas. Le primera, cuando en Costa Rica era un “muy buen negocio” comprar en los antiguos estancos del Consejo Nacional de Producción aquellos productos con precios subsidiados por el estado, como era el caso de los granos básicos, para luego venderlos en los mercados negros a precios mayores que el tope oficial. En segundo lugar, que hoy en Venezuela es posible observar (en la televisión, por ejemplo) largas colas de ciudadanos tratando de adquirir los diversos bienes artificialmente escasos por la política de control de precios impuesta por el gobierno bolivariano. A pesar de intentos gubernamentales de restringir tales compras, como usando registros o tarjetas, los consumidores se las agencian para comprarlos (tal vez compartiendo ganancias futuras pagando sobornos a los encargados del control o duplicando los permisos para adquirir tales bienes), en una cantidad mayor que la necesaria para su uso y venderlos en los mercados negros a precios mayores que los oficiales. O simplemente, cuando los ciudadanos, como dice Ramos en el caso de Chile, bastaba que vieran “que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera” o, sencillamente, antes de que tuviera que acudir al mercado negro pagando un precio mayor por un producto que tal vez escasearía aún más.

He escuchado la aseveración –en cierto sentido, desconsoladora- de que, en aquellos momentos, en Chile los ancianos ganaron mayor aprecio en los hogares en donde tal vez no se les tenía en tan alta estima. Los viejitos, ya retirados de sus trabajos y que estaban “por allí” en las casas, resultaron ser muy útiles, pues tenían “todo el tiempo” para hacer las largas colas en los establecimientos que vendían productos que escaseaban en el mercado por el control de precios. Esto, que no suena muy bonito, se puede ver, en un caso tal vez no tan deshumanizado como el que acabo de describir, en las largas colas en Venezuela, en donde ha surgido una nueva profesión, cual es la de cuidador de campos. Alguien hace toda la fila; se le paga por ello y, cuando va a ingresar, le cede su lugar a quien le pagó por hacer la cola. (En Costa Rica hemos visto casos similares en las matrículas de estudiantes, en oficinas de Migración o de Registro de Armas y en ciertos conciertos musicales: las limitaciones de cupo o de acceso hacen que, en cierto momento, la demanda supere a la oferta y, como no hay pago de por medio para disponer del bien o del servicio, surgen grandes filas y habrá quien esté dispuesto a hacerlas, pero cobrando por ello).

El control de precios dio lugar a otra consecuencia no prevista por sus proponentes. Ante la escasez de productos, muchos trabajadores prefirieron que sus salarios no fueran pagados en una moneda oficial que perdía valor constantemente o que tuvieran que perder tiempo en filas para ver si podían obtener los bienes que necesitaban pagando en efectivo. Optaron porque se les pagara en especie, en bienes, una forma de moneda dura, en vez del peso oficial que no facilitaba adquirir esos productos. Me hizo recordar aquellos antiguos estancos privados en ciertas fincas del país, en donde a los obreros de hecho se les pagaba su salario en especie; esto es, en derechos o libretas o boletas de café, para ser consumidos en los estancos de los patronos. 

El control de precios suele distorsionar la forma tradicional normal en que funcionan los mercados.  En muchas ocasiones fue posible obtener el producto escaso si se gozaba de buenas relaciones con los distribuidores, si se tenía amistad o lo que fuere. El pago en efectivo al precio fijado por el estado no resulta ser suficiente para asegurarse la obtención del producto, sino que suelen, por ejemplo, introducirse prácticas inusuales como, por ejemplo, compras asociadas.  Esto es, que para poder obtener el producto con precio controlado, debe adquirirse adicionalmente otro producto diferente y que tal vez el consumidor no necesita o el cual tiene un sobreprecio. O puede requerirse un pago adelantado (abono) y esperar cierto tiempo a que “llegue” el producto (la ganancia para el vendedor radica en el adelanto de dinero, que le permite financiar su negocio o no tener que pagar intereses por fondos que debe pedir prestados). La cantidad de variaciones que sobre este mismo tema que puede ser imaginada, es enorme, pero creo que la idea ha quedado clara.

En un viaje a Chile posterior a la salida de Allende, pude hablar con un empresario vendedor de telas para trajes de hombre, quien me contó que, en la época de la crisis que hemos venido comentando, él mantenía abierto su negocio en horas altas de la noche y de la madrugada para poder vender las cosas a un precio mayor al oficial y el cual los clientes estaban dispuestos a pagar para poder conseguir las telas. Durante el día, el negocio se mantenía cerrado la mayor parte del tiempo. Los mercados operaban libre y eficientemente a deshoras.

El formato como se vendía un producto dependía de si su precio estaba controlado.  Por ejemplo, si la libra de arroz tenía su precio fijado por ley, entonces sólo se vendía, a precio de mercado, en paquetes de un kilo, en tanto el estado sacaba nueva legislación de control que incorporara al arroz vendido en paquetes de a kilo.  Pero, de inmediato, al aparecer el nuevo control, aparecía la venta de arroz en paquetes de media libra o bien a granel y así en una secuencia de diversas presentaciones del producto que se pudieran vender a precios de mercado y lejos del control que el estado imponía.
Hasta aquí no llega el desorden. Digamos que, por ejemplo, había un jabón en polvo simple y sencillo y el estado venía y fijaba su precio en los distintos tamaños de bolsas en que se vendía. Casi de inmediato, aparecía ese mismo jabón con algún nuevo ingrediente -digamos que triclorín- de manera que el nuevo jabón se podía vender al precio de mercado. Y si el estado también controlaba este último precio, aparecía vendiéndose uno que contenía “triclorín mejorado”, cuyo precio era libre y aún no fijado por ley. Me imagino que terminaban vendiendo un jabón kosher con clorofila y con la bendición apostólica y romana… vaya usted a saber…

El hecho es que con aquella política todo el mercado se distorsionó. También la calidad de los productos. Dejó de haber “baratas” y promociones. Si el producto salía dañado o fuera del tiempo de vida aceptable (para perecederos), no existían devoluciones. Lo que conocemos como comprar con “libreta”, como aún suele suceder en ciertas pulperías, también existía en Chile, pero con el control de precios ese sistema tendió a desaparecer. “En síntesis, el sistema de abastecimiento cotidiano sufrió un colapso que impulsó elevados costos a la colectividad chilena.” (Jorge Corrales, Op. Cit., p. 108)

Quiero agregar dos comentarios adicionales. Llegó un momento en que el gobierno chileno de Allende, ante el descalabro de la economía, con el plan Matus-Millas, en agosto de 1972, decidió liberar parcialmente el control de precios y el resultado inmediato no se hizo esperar: la inflación reprimida repuntó fuertemente. “Durante el segundo semestre de 1972 una aceleración de la ya alta inflación (nivel de tres dígitos en base anual) coexistió con la escasez generalizada y la proliferación del mercado negro. Dos mercados segmentados de bienes con dos sistemas diferentes de precios prevalecieron en la economía: el oficial y el negro. El diferencial entre ambos llegó a ser tan alto como cinco a diez veces para una gran variedad de productos.  La explicación oficial de las autoridades económicas de la U. P. (Unión Popular, nombre del partido del gobierno) para el gran incremento de la escasez y el mercado negro era la siguiente: La escasez y el mercado negro se debían a la acción contrarrevolucionaria  de los grupos reaccionarios y los ‘enemigos del Pueblo’; ‘el mercado negro es la síntesis de la acción antipatriótica de los conservadores’; ‘es una mentira imputar los problemas actuales del consumo a malas políticas del Gobierno (ver Banco Central, Boletín Mensual, enero de 1973).” (Felipe Larraín y Patricio Meller, “La Experiencia Socialista-Populista Chilena: La Unidad Popular, 1970-1973,” en Cuadernos de Economía, Año 27, No. 82, diciembre de 1990, p. 345).

Mi segundo comentario es que estoy casi seguro de que algo similar puede estar sucediendo actualmente en Venezuela, a pesar de que el gobierno de ese país había podido suplir parte de la escasez artificial de bienes en mucho provocado por el control de precios y por la poca disponibilidad de divisas para que el sector privado pudiera importar insumos y bienes finales.  La situación se ha agudizado por la fuerte caída del precio internacional del petróleo -en casi más de un 50% y que constituye el 96% de los ingresos de divisas de Venezuela (del gobierno, puesto que el dueño del petróleo es él). 

La existencia de fuerte escasez en productos de consumo masivo, como lácteos, harina para arepas, papel higiénico, entre muchos otros, y la presencia de largas filas de consumidores para adquirir casi todo tipo de productos a los precios oficiales en mercados suplidos por el estado, me inclinan a pensar que la situación que hoy enfrentan los consumidores venezolanos es muy parecida a la que sufrieron los consumidores chilenos allá por los años 1972-1973. A la caída de Allende a finales de 1973, Chile batía el record mundial de inflación. Como indica el economista Sergio de Castro, “La inflación medida, subestimada debido a que la gran mayoría de los artículos incluidos en el Índice de Precios a Nivel de Consumidor estaban sujetos a control de precios, llegó al 50% en 1973. Sin embargo, la tasa real, de acuerdo con estudios de instituciones académicas, era de cerca de 1.000%. El Índice de Precios al por Mayor, por otra parte, aumentó en 1.147%.” (Sergio de Castro Spikula, “Inflation and Financial Discipline in Chile, en Juan Carlos Méndez, editor, Chilean Economic Policy, Santiago: Budget Directorate, 1979, p. 276.)

Hoy día la inflación en Venezuela se acerca a un 65%, pero se espera un crecimiento mayor en el resto del 2015, en el marco de un control de precios que cada día se amplía más. Por lo tanto, es de esperar que las distorsiones de los mercados cuyos precios fueron controlados por el estado chileno, termine reproduciéndose en la economía venezolana.

Los controles de precios han existido en numerosas ocasiones en la historia de la humanidad, desde hace más de 4.000 años. Estas experiencias han variado desde la pena de muerte para los violadores del control en época de Diocleciano, tanto como en la de Hitler, “más siempre… han concluido en estruendosos fracasos con resultados nefastos para la sociedad, como son el surgimiento de mercados negros, reducción de la producción, escasez de la oferta, filas y colas en los sitios de venta, racionamiento, ulteriormente precios más elevados, enriquecimiento de algunos pocos, disturbios políticos y sociales, especulación, aumento de la burocracia y, especialmente, la posposición de la decisión de efectivamente aplicar medidas que sí conducen a la disminución de la inflación.

Al observar cómo a través de la historia han fracasado los intentos de detener la inflación por medio de controles de precios y de salarios, surge la inquietud de por qué los pueblos y los gobiernos continúan, aún en nuestros días, acudiendo a esos esquemas destinados a provocar el descalabro total de las economías.” 

Esto lo escribí en 1984 en mi libro que he mencioné anteriormente (p. 109) y me temo que aún guardo mi inquietud, al observar propuestas en la actualidad para que el estado introduzca el control de precios.

Jorge Corrales Quesada