La columna de Carlos Federico Smith: cuando lo barato sale más caro

No hace mucho tiempo, en uno de mis comentarios me referí al atraso enorme que se ha presentado en la reconstrucción de 145 escuelas dañadas por el terremoto del 2012. Recientemente un análisis que presenta La Nación del 24 de febrero, titulado “MEP renuncia al control para procurar que se aceleren obras: Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo,” nos puede dar alguna luz acerca de por qué tan infausto atraso.

Resulta que el Ministerio de Educación decidió seguir lo que se denomina un proceso abreviado de contratación de obra pública, que impone menos limitantes y restricciones que el conocido proceso usual de contratación pública.  Para ello, determinó que fueran las Juntas de Educación, generalmente integradas por ciudadanos que no son duchos en aspectos de construcción y de contratación administrativa, para que ellas se encargaran de contratar “al ingeniero a cargo de la construcción,” de hacer las “licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales,” y “de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.”
 

Antes de setiembre del 2015, el costo máximo de una obra para poder usar ese proceso abreviado no podía exceder de ₡150 millones, pero luego se elevó el tope hasta un máximo de ₡600 millones. No obstante, parece que, de hecho, ha ido en aumento el monto máximo para poder seguir el procedimiento abreviado delegado a las Juntas de Educación. De ello, el medio señala varios ejemplos; así, el año pasado se aprobó que para el Instituto de Alajuela se siguiera un proceso abreviado aun cuando el valor estimado fue de ₡3.786 millones y “lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ₡2.000 millones; ₡1.700 millones y ₡1.400 millones, respectivamente.” Hay más ejemplos en donde se superó aquel tope de ₡600 millones citado para poder hacer uso de procedimientos abreviados de contratación.
 

Pero, ¿qué ha sucedido? Que naturalmente las Juntas de Educación son muy limitadas en todo el manejo y puesta en marcha de las obras y eso ha tenido efectos tales como, por ejemplo, que las Juntas tengan que contratar a profesionales para que les asesoren. Y, según datos del MEP, “este desembolso para los profesionales externos sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.” Debe hacerse notar que, para los procesos ordinarios de contratación, no así para los procesos abreviados, dicha tarea está a cargo del MEP, por medio de su Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que ahora se concentra en proyectos de gran complejidad y de montos sumamente elevados. Ante esto, es así como, en el 2017, de 184 proyectos que “entraron” a la DIEE, 175; esto es el 95% de aquellos, se usó el proceso abreviado.
 

Ello podría explicar “por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.” Esto es, simple y sencillamente, hay mucho mayores costos. Lo que se buscó resolver no se logró. Lo que se esperaba que fuera más barato (más económico, más eficiente), terminó saliendo más caro. El esquema de menos controles del MEP y de una tramitología menos engorrosa terminó con un efecto contrario, pues “la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia.”
 

¿Y en qué quedó la DIEE, que se suponía acompañaría a las Juntas de Educación en todo el proceso de construcción o reparación de los centros y fiscalizaría la labor de los servicios de profesionales contratados por las Juntas? La respuesta la brinda el señor William Sáenz, jefe del Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, quien desde el 2012 señaló que los inspectores suelen “estar colmados de apretadas cargas de trabajo,” que les limita atender “tareas adicionales” como por ejemplo servir de fiscales de los procesos abreviados. En síntesis, las Juntas de Educación están en las manos de Dios. Uno esperaría que, naturalmente, los miembros de las Juntas encuentren serios problemas y riesgos al tomar decisiones que muchas veces no comprenden o no están familiarizados con ellas y que incluso pueden generar responsabilidades personales. Aceptar un puesto en una de esas Juntas de Educación significa correr riesgos enormes, que podría explicar la parálisis relativa en las construcciones de centros educativos.
 

Llama la atención cómo las autoridades del MEP saben bien de estos asuntos desde hace buen rato y el problema sigue hoy tan vigente como antes, como lo muestra el hecho de que las obras quedan sin hacer o a medio palo y que los recursos se queden sin utilizarse como es lo debido. Todo esto tiene un enorme costo social que todos los ciudadanos terminamos pagando. ¿Y los responsables del desorden y del desperdicio?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: 5 años no han sido suficientes

Casi que es increíble la incapacidad de las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que, cinco años después del terremoto de Nicoya, no hayan reparado las escuelas que con él resultaron dañadas.  Eso a pesar de que, en su momento, el gobierno publicó el decreto de emergencia No. 37305, por el cual se proveyeran los fondos requeridos por esta emergencia –estimados, en aquel entonces, en ₡8.000 millones.

Es así como en la actualidad, 5 años después de que se dañaran 145 centros educativos por ese terremoto, hay 65 de ellos que no se han podido terminar de reparar. La información aparece en La Nación del 25 de enero, bajo el encabezado, “MEP lleva 5 años ‘reparando’ escuelas dañadas por terremoto: Pendiente construcción de 65 afectadas por sismo de Nicoya.” Ese sismo se dio el 5 de setiembre del 2012; esto es, hace más de cinco años.

Es interesante reseñar que, de esos 65 establecimientos sin ser reconstruidos, “13 están en construcción, en 25 no se ha iniciado su levantamiento, 11 están en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.” Y eso que la declaratoria de emergencia citada permitía la aceleración de las licitaciones: ¿qué habría pasado si el lento funcionamiento licitatorio hubiera estado operando a plenitud? Me temo exagerar, pero tal vez no habríamos logrado reparar escuela alguna.

Sin embargo, en el MEP, mientras “algunas otras cosas” avanzan con rapidez, algo básico como disponer de sitios apropiados para que los niños puedan recibir sus clases y no hacerlo en “estructuras dañadas y falseadas... o (que) se han tenido que acomodar en sitios no aptos” para recibir clases, como salones comunales, galerones o comedores, no se concluye a pesar de tanto tiempo. Pero, del 8% del PIB, que con gran sacrificio los ciudadanos han destinado a la educación pública, se descuida la provisión de los recursos necesarios para reparar algo básico, como es la educación infantil, pero, eso sí, no ha faltado para dárselo a entidades que ya parecen nadar en plata.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¡Ay, qué Estado más ineficiente!

El Estado costarricense ha llegado a un punto inaceptable de ineficiencia.  Ni siquiera respeta en el margen mínimo la legislación atinente al servicio público. ¿Continuidad?  No la vemos. ¿Eficiencia?  ¿Es un chiste?  ¿Igualdad?  Pues tampoco, porque aunque nos tiene a todos mal, la verdad es que se ensaña con algunos.  ¿Adaptación?  Muchos menos. No quiero hacer leña del árbol caído, pero las cosas no pintan bien.

Hemos puesto muchas cosas en manos del Estado y se ha cumplido aquello de que “quien mucho abarca …”. Lo más grave es el abandono de las tareas o funciones primarias encomendadas al Estado.   Se ha olvidado el principio de acción subsidiaria y se ha cargado al Estado de funciones y tareas.  Los estatistas han querido todo en manos del Estado y ello ha resultado en desastre.

No se trata de una falta inocente.  Hay unos pocos que se benefician de la situación para prometer y repartir lo ajeno, para concentrar el poder y obtener sus gollerías.  Y hay unos muchos que caen en doble carácter de culpables y víctimas del clientelismo político, esperanzados en lograr lo prometido, aunque sea ajeno y olvidando las responsabilidades personales.

El colapso de la infraestructura pública en los últimos años, la inutilidad para aplicar correctamente legislación que en otros países ha sido una solución importante para obtener infraestructura (concesión de obra pública), el crecimiento del gasto corriente, el gran endeudamiento público y el aumento de gollerías son la prueba indefectible de lo que pasa.

Todo la anécdota del colapso de unas alcantarillas en la carretera de circunvalación de San José, por los Hatillos y los siguientes hechos son de antología.  Millonaria colocación de puentes modulares que no sirvieron para nada (aunque alguien cobró), caos vehicular, ocurrencia de aumentar la restricción vehicular, Cartago no se queda atrás y exhibe su hueco (frente al CUC), Heredia también logra uno en la radial y en la Autopista General Cañas hacia Alajuela se empieza a lavar el talud construido con exceso de millones hace unos pocos meses (además de que se intenta el tercer millonario arreglo al puente sobre el río Virilla, el de la famosa platina).

Paralelamente, la Contraloría General de la República señala que es realmente anómalo que la carretera 27, la de Caldera, no haya sido entregada, esté exhibiendo congestionamientos y no se termine de acabar.  Pero no hay que olvidar que los tribunales contenciosos condenaron a la Administración Pública por la irregular remoción de la compañía supervisora (IMNSA), por no “acomodarse” al juego y reportar cientos de “no conformidades” con lo que pasaba en la construcción de esta obra.

Si queremos sumar anomalías, podemos mencionar que aún no se ha arreglado el techo del Estadio Nacional, que ardió en un “discutible” juego de pólvora, contratado luego de que otro empresario polvorero manifestó que no había condiciones para ello.  Este hecho debe sumarse al intento del PLN de desviar 226 millones de colones de un presupuesto del CNP, a fin de cubrir los saldos de los Juegos Centroamericanos celebrados como si fueran los Olímpicos, con exceso de pompa y circunstancia y concluidos con los alegres ritmos de Carlos Vives. 

Ineficiencia, corrupción añadida, clientelismo y demagogia:  una fatal combinación     que arruina a nuestra sociedad. 

Requerimos más libertad, más sociedad, más respeto al principio de acción subsidiaria del Estado, más responsabilidad personal y cumplimiento de las líneas constitucionales básicas.  Ello redundará en una situación con menos corrupción y menos clientelismo, sin lugar para tanta demagogia y con oportunidad para un poco de eficiencia pública.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: para reirse...si no fuera una tragedia.

El titular del periódico La Nación del 10 de setiembre dice “PLAN CONTRA SATURACIÓN EN CÁRCELES. Ministra urge a Corte no enviar tantos reos a prisión”.  En la primera página el asunto es más grave, pues dice que “Justicia pide a Corte no enviar tantos reos a prisión”.
 

La noticia evidencia un fracaso público absoluto y sería cómica, para reírse como un chiste, si no fuera porque encierra un gran drama nacional. La esencia de la información narra una cita de la Ministra de Justicia con la Corte Plena:  “La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, pidió a los magistrados establecer medidas alternas para evitar un mayor ingreso de personas a prisión.La jerarca tuvo ayer una cita con la Corte Plena para analizar la sobrepoblación carcelaria en el país.Garita comentó que su cartera trabaja en dos ejes para atacar el hacinamiento en las cárceles: uno es el incremento de infraestructura y el otro es buscar medidas alternas a la prisión.”

Cárceles saturadas, fines del Derecho Penal desviados u olvidados, órganos públicos haciendo peticiones incoherentes e impertinentes a la luz del día.

El Derecho Penal está basado en el principio de legalidad criminal (“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”).  Para todos es evidente que es la propia Ley la que dispone cuál conducta debe penalizarse y que el único intérprete es el juez.  Tal principio es una garantía para todos. Esto de ver al Ministerio de Justicia clamar para que los órganos jurisdiccionales no envían más reos a las cárceles es de antología.  ¿Y la ley?  Sencillamente el Estado ha fracasado. 

De paso está el tema de saturación de las cárceles y de olvido de los fines de la pena.  Estas cárceles se han convertido en escuelas de criminales, en un hacinamiento contrario a los derechos humanos y que, además, en la pésima administración pública (¿tautología o redundancia?) se presta para permanentes acciones de inconstitucionalidad, amparos, asesinatos y demás desgracias.  No podemos dejar de lado el hecho de que desde las prisiones de nuestro país se gestan buena cantidad de estafas e intentonas parecidas para defraudar a la gente.  ¡No hay por dónde!

El Estado no es previsor, no se planifica correctamente sus acciones y responsabilidades.  El ejemplo es evidentísimo, grotesco e irrefutable. Lo grave es que cunde en ciertos círculos la estatolatría y que, además, desde lo público se quiera planificar y regular la vida privada.  ¡No pueden ni con las tareas elementales del  quehacer público!

No se crea que la intromisión pública es inocua, todo lo contrario.  Su presencia generalmente termina complicando la vida de los libres tanto como la de los “privados de libertad”  (eufemismo, al igual que “internos” con que se denomina a los reos, condenados a prisión).

¡Qué grave y complicado será si la Corte atiende el llamado de “Justicia”!

Ya me imagino las circulares internas y las instrucciones:

“Se recomienda a los fiscales no llevar a todos a juicio, pues hay saturación de cárceles”

“Se recomienda a los jueces no aligerar los juicios pero sí las penas”

“Se instruye a los operadores del Derecho Penal a dar el mejor trato posible a los imputados para que no terminen en la cárcel”.

La lista es inimaginable. Ya bastante se padece en la sociedad por las determinaciones fiscales en el sentido de declarar algunas acciones como “crímenes de bagatela” y renunciar a la persecución penal en perjuicio de las víctimas.

¿Cómo andan los demás campos públicos?

Federico Malavassi Calvo

Tema Polémico: La política como el arte de lo cínico

En la campaña política pasada se le vendió a los costarricenses la imagen que la actual Presidente era “firme y honesta”. Desafortunadamente, su administración ha estado plagada de situaciones que ponen en entredicho tal caracterización. Las tres más recientes se refieren al accionar concerniente al informe de la Procuraduría respecto a las famosas cartas de recomendación, a la desaparición sistemática de la “choritrocha”, y al hoyo negro que ha aparecido en la autopista General Cañas.

No nos interesa determinar en este tema polémico el porque de cada una de estas situaciones: corrupción, estupidez, ineficiencia, mal asesoramiento, etc. Sino, las respuestas que el propio Gobierno ha tomado ante dichas situaciones.  Debemos decir, que a pesar de lo grave de dichos acontecimientos, la respuesta del Gobierno ha sido absolutamente nula. En ninguna de ellas se muestra arrepentimiento, preocupación, mea culpa, etc. Todo lo contrario, en cada una de ellas encuentran algún portillo, legal o coyuntural para evadir responsabilidades. El malestar e indignación de la ciudadanía no interesa, ya que este es un Gobierno ciego y sordo, siendo que lo más grave no es que este tipo de cosas sucedan, sino que cuando sucedan el Gobierno no sienta el más mínimo pudor y la más mínima vergüenza. Actitud que debemos aclarar que no sólo se encuentra en la mandataria, sino en todo su equipo de Gobierno especialmente en el Ministro de Comunicación que como todo un sofisma es al que le corresponde la penosa tarea de “maquillar” las tortas.

Sin duda alguna, el gran reto de la oposición de cara a las próximas elecciones es articular una propuesta coherente y sistemática para devolverle a Costa Rica una vida republicana de frenos y contra pesos, de lo contrario la legitimidad del sistema seguiría bajo el preocupante camino que hoy en día recorre.

Invierta en arroz, grano de oro!

Este negocio fabuloso, aún en época de crisis, le garantiza por decreto 20% de ganancia mínima, y, si usted es astuto, entre 40% y 100%: siembre arroz, nuestro grano de oro. Por ley el precio de venta al público se fija con una fórmula mágica que le garantiza rentabilidad: costo de productor nacional más 20%, no hay riesgo. Las ventas están seguras con 4 millones de clientes; los de abajo (los que más compran) comen arroz con huevo; los del medio, arroz con pollo, y los de arriba, paella; todos, gallo pinto.

Como negocio conexo, puede importar arroz a precio internacional, de los países eficientes y venderlo a precio de ley, que es el doble. Así, sin generar empleos ni salir a zona rural, duplica su inversión grano a grano.

Hágase rico en tres pasos. N.º1. Siembre aunque sea una hectárea de arroz, ya es un productor nacional de granos básicos, bienvenido al club. N.º2. Siembre muy mal, genere la mínima productividad para que su costo por tonelada sea lo más alto posible, recuerde su 20% de margen seguro, mientras más caro sea el precio final, mayor su ganancia. N.º3. Supla la demanda faltante con mucho arroz importado barato y véndalo caro, nadie notará la diferencia.

¿Sin dinero para invertir? La banca estatal le facilitará créditos blandos exclusivos, con plazos largos más períodos de gracia y a tasas ridículas. Pague solo intereses, con el primer huracán, argumentamos pérdidas al agro nacional y recibimos condonación de deudas, usted no puede perder ni un cinco. Este cultivo es el mayor consumidor de la escasa agua en la zona seca guanacasteca, pero por ley pagamos el canon más bajo.

Todo esto gracias al cuento de que defendemos al pequeño parcelero que canta “Caña dulce”, aunque en realidad ellos solo producen el 17% del arroz nacional. El 83% de las toneladas subsidiadas son de grandes finqueros, cuyo costo es $420/ton pero venden a $590/ton y así ganan 40%.

El negocio va bien. N.º1- En dos años pasamos de 900 a 1.400 productores, el club creció 12.000 hectáreas en solo un año. Nº2 - Ya bajamos la productividad a 3,7 ton/ha, la mitad que El Salvador (7,7 ton/ha), así el precio internacional es ¢350/kg y el local es ¢700/kg, ahí ganamos a 2x1 cada vez que vendemos el de allá a precio de acá. N.º3- En 2008 producíamos el 50% de la demanda, ahora solo el 35%, lo cual nos conviene porque se gana más importando que produciendo. En 2010 los ticos nos pagaron $45 millones más que si compraran arroz de fuera. No se confunda, jamás querremos producir eficientemente porque arruinaría el negocio importador, la verdadera mina de oro.

Es verdad que una de cada cinco familias ticas es pobre y se ahorraría $282 al año si le diéramos el precio internacional (un 10% de su ingreso, más que un aguinaldo), pero recuerde que usted, amigo agricultor, no está a cargo de la política social; la ley no fija precio máximo al consumidor, sino ganancia segura al productor (vea paso 1 arriba). Somos más importantes mil productores que un millón de consumidores de familias numerosas y bolsillo pequeño.

Políticos ingenuos, que se ven a montón los primeros de mayo, lo defenderán para fomentar la “soberanía alimentaria”, un ideal imposible porque acá no tenemos el clima ni suelos para lograr buenas cosechas de arroz o trigo, pero a las masas les suena bien la idea mientras no sepa lo que pagan de más ni a quién ayudan. La ley está de nuestro lado, no hay cabos sueltos. ¿Qué espera? Invierta en arroz, el grano de oro de Costa Rica.

César Monge Conejo

Tema polémico: Caldera: diagnóstico del país

¡Al fin ha llegado Caldera! Después de treinta años se logra terminar una tarea que, en momentos, parecía imposible. A pesar de la alegría, cabe preguntarse ¿existirá otro país en el mundo donde el letargo sea de esta magnitud y se necesite tanto tiempo para construir una obra que no está entre las 7 maravillas del mundo moderno? No lo sabemos, lo que sabemos, y lo que importa, es que esta mala broma de Caldera le ha costado al país productividad, riqueza y competitividad. Pero Caldera no es un simple hecho aislado, no es una casualidad del destino, no. Caldera nos desnuda a dos niveles: institucional y cultural, y precisamente de esto trata el tema polémico del día de hoy.

A nivel institucional, la espera de 30 años para inaugurar una simple carretera deja al descubierto la inoperancia del aparato estatal, su letargo para realizar cualquier gestión. Un aparato estatal sobredimensionado que acaba asfixiando cualquier iniciativa ya sea privada o pública, que a la postre acaba por restarle competitividad al país. Es claro que esta situación demuestra la imperiosa necesidad de hacer las reformas necesarias para que el Estado deje de entorpecer el desarrollo de las personas y estas reformas no se pueden postergar más.

A nivel cultural, mostró cuan arraigada se encuentra la cultura del hombre-masa ortegeano, aquel que sólo desea derechos pero nunca obligaciones, aquel que piensa que la civilización nos cae desde el cielo y que su mantenimiento nos viene gratis. Es increíble ver que existen individuos berreando por el pago del peaje y más que no se dan cuenta -en su estrechez mental- que tanto el tiempo como la gasolina que se ahorrarán superan por mucho al costo del mismo. Por eso sabemos bien que lo que les duele es pagar simplemente, ello gracias a la cultura que dejó el Estado “Benefactor” en el país: creen que existe el derecho fundamental de vivir gratis o mejor dicho vivir a costa de los demás.

Caldera nos arroja unas cuantas lecciones importantes, pero apenas son la punta del iceberg. Ojalá que este y otros más casos que día a día desnudan la inutilidad de nuestro Estado y la vulgar mentalidad de muchos costarrincenses, acostumbrados a pedir pero jamás a asumir responsabilidades, faciliten la toma de conciencia individual, respecto a la necesidad de cambiar las cosas y abandonar las prácticas viciosas que han caracterizado a este país por mucho tiempo, en especial, durante el tiempo del "Estado Benefactor".

Tema polémico: eliminación del monopolio de RECOPE

El día de hoy deseamos tocar un tema que ha estado muy presente en los medios en los últimos días: la (mala) actuación de RECOPE.

La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) fue fundada como una sociedad anónima privada en 1961. En 1975 se decretó la nacionalización de la distribución de los combustibles al mayoreo, pero se prohíbe por ley la participación en la comercialización de combustibles al detalle.

En 1993, luego de varios cuestionamientos sobre la legalidad del monopolio manejado por RECOPE, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 7352, que le otorga rango legal al monopolio estatal de la importación, refinación y distribución a granel de los combustibles.

En este 2009, el monopolio cumple 16 de años de existencia y en ASOJOD nos parece que ha causado más daños que beneficios. Recientemente, en el periódico La Nación, se reportó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) encontró rastros de agua y sedimentos en gasolina de RECOPE, a lo que el Gerente General de la institución respondió que los temores de que las trazas de agua y sedimentos provocaran algún tipo de daño a los vehículos era infundado.

Como si fuera poco, hace pocos días La Nación publicó otro reportaje que reveló que RECOPE había vendido 30 millones de litros de gasolina con etanol sin avisar al público. La respuesta de las autoridades de la Refinadora fue, en esta ocasión, que no consideraron importante avisar al público sobre el uso del etanol porque el porcentaje era muy bajo.

Si bien el etanol es levemente menos contaminante que el MTB, el aditivo que se mezcla actualmente, entre otras cosas, pera elevar el octanaje de la gasolina, éste puede causar corrosión en los motores a mediano plazo por lo que los usuarios se ven obligados a limpiarlos cada cierto tiempo.

El artículo 32 de la Ley No. 7472, Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, en su inciso c) establece que los consumidores tenemos derecho al “acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio”. Lamentablemente, los monopolios declarados por ley están exentos del control de la Comisión del Consumidor, que es la que vela por la protección de la veracidad en la información que se le da los usuarios y compradores de servicios y mercancías.

Como si la ausencia de garantías al consumidor fuera poco, RECOPE también nos vende los combustibles en promedio más caros de la región. A enero de 2009, los precios por galón de la gasolina regular eran en Costa Rica de US$ 3,20, es decir, 20,75% más caros que el precio siguiente (Guatemala, con un precio de US$ 2,65) y 74,84% más caros que el precio más bajo de la región (Panamá, con un precio de US$ 1,83).

Gordon Tullock, considerado cofundador de la teoría del Public Choice junto con James Buchanan, afirma en su obra "Government Failure" que no se puede pensar que el gobierno sistemáticamente busca maximizar el interés público. Tullock más bien nos explica que debemos asumir (y la experiencia apoya esta conclusión de manera demoledora) que los oficiales del gobierno buscan maximizar su interés personal. Por tal razón, RECOPE no es más que un ejemplo de este actuar. Pero por estar organizada como empresa y como monopolio, los incentivos para abusar de su poder en perjuicio de los consumidores de comestibles y de los taxpayers son aún mayores.

En ASOJOD nos hemos sistemáticamente opuesto a la existencia de monopolios públicos o privados; por lo que hacemos un llamado a los lectores de nuestro blog para que se manifiesten en contra de la existencia de esta abusiva, ineficiente y poco transparente institución, que nos obliga a pagar considerablemente más dinero por un combustible de menor calidad y por servicios de menor variedad a los que los individuos residentes en países vecinos al nuestro tienen acceso. Sólo con la eliminación de las barreras de entrada existentes al mercado de los combutibles podremos evitar el despilfarro de esta institución.