Un especial artículo de La Nación ha tomado un particular criterio del 19º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, relativo a los programas de gobierno propuestos por las agrupaciones políticas para las elecciones de 2010 (las pasadas, no las que están por realizarse).
Curiosamente, el estudio (pareciera que no hay otra cosa mejor que hacer con este dicho Informe de la Nación) destaca que, en su mayoría, “los partidos políticos no exponen cómo pretenden cumplir lo que proponen a los votantes en campaña electoral.”
Alguien se dio a la tarea de contar y determinó que “Para los comicios nacionales del 2010, las nueve agrupaciones con candidato presidencial ofrecieron más de 2.400 objetivos para el país. Sin embargo, casi 1.300 (el 53%) carecían de una política concreta para resolver el problema citado.”
Se afirma, de un solo párrafo que “ … fueron propuestas generales, que dijeron muy poco sobre cómo se iban a realizar las promesas de campaña y de dónde se iban a sacar los recursos económicos para cumplir con todo lo prometido”
Paso seguido, el informe
concluye que “que esa deficiencia coincide con los pocos recursos que las asociaciones políticas asignan al pensamiento y a la formación.”
Como observación curiosa, el partido que resultó mejor calificado en el análisis del Informe de la Nación fue el partido que fue denunciado por
plagio en su programa de gobierno. La notifica fue vergonzosa y hubo petición pública de perdón.
No obstante, algunos malos lectores han salido a las redes a alardear de que el Informe del Estado de la Nación calificó a este partido como el del mejor programa. ¡Cosas veredes!
Es necesario explicar que el Informe intentó sistematizar un análisis a partir de la búsqueda de una especie de común denominador de las propuestas programáticas. Por tal motivo, explica el mentado informe que “los temas que concentraron las propuestas de los partidos fueron productividad y empleo, desigualdad y combate a la pobreza, eficiencia del Estado y seguridad.”
Asimismo, para adornar la noticia La Nación recogió la información de que “Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), coincidió con las conclusiones del Estado de la Nación . … Para Picado, las organizaciones remarcan el qué, pero no dicen el cómo a la hora de hacer campaña. … “Es muy fácil decir ‘vamos a echar a Costa Rica a andar’, pero ¿cómo? Ahí es donde la propuesta partidaria nos queda debiendo”, dijo el director del IFED, quien añadió que los partidos actuales perdieron las estructuras permanentes que tenían hace 20 años y se convirtieron en aparatos electorales. …“La actividad ideológica es pírrica”, añadió Picado. Él cree que las agrupaciones desaprovechan el financiamiento para capacitación que incluye el Código Electoral.”
¡Qué vaina! Lo que me queda claro es que aunque no se ganen las elecciones, con plata de los costarricenses se harán estudios acerca de la “calidad” de los programas y promesas de gobierno. Estos programas deberán ir a un análisis que los comparará (aunque no sean homogéneos) y determinará su “factibilidad”.
¿Será apropiado gastar dinero público en ello?
Algunas veces me siento agobiado con la homogenización o manía de formularios que se van imponiendo en las prácticas públicas.
Formulario para la declaración de la renta, formulario para la obtención de una patente, formulario para la exoneración x, formulario para la compra y, formulario para ingresar a la escuela, formulario para obtener servicios de salud, formulario para … la vida del ciudadano pende de formularios y formularios. La persona no interesa, sino su habilidad o destreza para llenar el formulario. El gobierno digital, incluso, para decantarse por la vía del formulario.
No interesa qué se dice, hay que llenar el formulario. No se puede pensar más, ir más allá, ejercer la creatividad. El funcionario público es implacable. ¿A ver cómo le va con los servicios de migración o con los de aduanas?
Hasta el examen de Bachillerato se hace por formulario y lector óptico. Pareciera que la destreza debe limitarse al formulario. En múltiples actividades (desde la universitaria hasta la municipal, desde los servicios públicos de salud hasta las actuaciones fiscales) impera el formulario.
Es el imperio del funcionario público, que ha logrado llevar a la vida ciudadana su sujeción al principio de legalidad. Habilidad máxima del funcionario, tiene toda la discrecionalidad para traspasar al sector privado su obligación de sujetarse a la ley.
Puede ser que los puentes de la CNE sirvan para habilitar fincas en las cuales los narcotraficantes tengan helipuertos, puede ser que la Comisión de Vialidad sea influida para que se fomenten los caminos que llevan a estas fincas, puede ser que las inscripciones de vehículos estén dirigidas a transportar los combustibles para las naves que van a estos helipuertos, lo que interesa al registrador, al administrador de emergencias y demás empleados públicos concernidos es la sujeción al formulario.
¡Bendita tramitomanía que ya contagió la forma en que se deben expresar los programas electorales de los partidos políticos!
La verdad no interesa tanto como la sujeción al formulario. El compromiso no importa tanto como la normalización de la expresión programática. Hasta el representante del TSE lo expresa sin ambages.
Quizás pronto el TSE exija que todos los partidos –so pena de anular su participación electoral- deberán expresar sus programas según formularios construidos conjuntamente por el IFED del TSE y el Programa de Informe de la Nación. No se pagará deuda al partido que no se ajuste a la técnica de la expresión del programa de gobierno.
¿Que no cumple con las promesas? ¿Que en su acción se contradice con sus principios y declaraciones? ¿Que se utilizan los recursos públicos para otras cosas? ¡Eso no importa! Lo que interesa es que concrete sus ideas, programas y objetivos según políticas y partidas presupuestarias concretas. ¡No estaría mal que se hicieran cronogramas y mención de las subpartidas específicas y un análisis de gobernabilidad y posibilidades de la oposición!
¡Cuánto me recuerda el tema central del libro “El otro sendero” (Hernando de Soto, Enrique Ghersi, María Murillo et. Al.)! Cuando sus autores hicieron un análisis de las causas de la pobreza y la postración social en el Perú, determinaron que la tramitopatía es causa directa de muchos problemas. Por eso las sociedades acuden al otro sendero, el de la informalidad, el de la solución.
Los autores de “El otro sendero” simularon una petición de un taller de costura para determinar cuántos formularios y trámites había que hacer (¡sí, para un humilde taller de costuras!) y al final obtuvieron su aprobación. En el libro consta una fotografía con una especie de cinta o rollo en el cual coleccionaron metros y metros de papel con las formas y solicitudes que hubo que llenar. ¡Impresionante! Lo cierto es que al final la Administración pública otorgó el permiso, sin percatarse de que se trataba de una simulación.
Viendo las notas del Informe de la Nación y del IFED pienso en la simulación de un partido político, construido en el cumplimiento estricto de los requisitos y formularios electorales, con unos programas construidos e inscritos en los formularios que proponen el dichoso programa y el citado instituto, participando en un torneo electoral solo por ver la corrección de sus inscripciones y sin pretensión electoral alguna.
Quizás haya quien piense que debe haber tramitólogos políticos de programas electorales. Que tal vez debería abrirse en las Universidades, al estilo de los tramitadores de SETENA y demás administraciones singulares, una carrera con tal nombre, con colegio profesional y competencias exclusivas, bitácora y protocolo. Estos tramitólogos deberían tener fe pública para inscribir estos esenciales documentos y hay que sopesar la posibilidad de que cuenten con bitácora, protocolo y hasta teodolito.
No estaría mal que para presentar programas de gobierno se exijan audiencias al estilo de SETENA, contribuiría mucho a su expresión que contara su formación con distintos profesionales (economistas para los temas económicos, ingenieros civiles para los temas de infraestructura, por supuesto que abogados para el manejo de la juridicidad que invade todo, informáticos, ingenieros agrónomos, médicos con especialidad en salud pública y así consecuentemente, solo un profesional puede validar la materia específica) y finalmente, debería ser obligatorio que todo programa se sujetara a reglas de inscripción (tal vez el Informe de la Nación pueda hacerles la prueba de esfuerzo).
Finalmente, todos los candidatos deberían aprobar un examen básico acerca de sus programas, objetivos, políticas de ejecución y costos y contenido presupuestario. ¡Quién no pase satisfactoriamente las preguntas no podrá recibir votos el primer domingo de febrero!
Asimismo, el TSE y sus delegados deberán velar porque la exposición de los programas ocupe un lugar importante en las tareas de proselitismo, difusión y plazas públicas. ¿Para qué tanto esfuerzo si no se divulga? De tal modo, cada equipo de chancletudos, pasacalles, proselitistas, piquetes y visitas deberá dedicar un porcentaje importante de su gestión a exponer el programa de gobierno (debidamente inscrito y calificado) según un formulario aprobado por las autoridades. En las plazas públicas deberá dedicarse un espacio importante no solo a exponer el programa según el formulario, sino que los delegados podrán desconectar sonido, luces, animadores, música y tarima si no se hace en la forma debida.
¡No es ficción! En la realidad estamos viviendo estas pretensiones todos los días, en la actividad social, económica, académica y productiva así se mueven los imperativos de la Administración pública. ¡Sería divertido que los políticos, que son responsables de tanta coacción, también estuvieran expuestos a ella!
Federico Malavassi Calvo
