Mostrando las entradas con la etiqueta agenda de implementación. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta agenda de implementación. Mostrar todas las entradas

lunes, 25 de febrero de 2008

En Vela


La Nación publicó, el sábado pasado, esta noticia: “Textilera de Poás (Confecciones BorKar) recorta planilla por TLC lento”. El propietario esperó que se despejara el panorama del TLC antes o después del referendo. Ahora, dada la necesidad de una prórroga, no puede esperar más, pues, ante la incertidumbre, “varios contratos se retiraron”.


Los beneficios de la Cuenca del Caribe vencen en octubre, pero los importadores de EE. UU. no van a aguardar hasta que los diputados ticos, con sus salarios bien asegurados, decidan. El empresario, Michael Borg, manifestó: “Con mi equipo de trabajadores puedo retar a cualquier empresario en el mundo, máxime que el TLC mejora los beneficios arancelarios”. Sin embargo, ni él ni sus trabajadores pueden luchar contra el tiempo ni contra la realidad del comercio. Ciertos diputados ticos, bañados en mezquindad e ideología, sí pueden hacerlo. Son patriotas. Deben sentirse, otra vez, muy felices.

Esta empresa ya perdió contratos por $1,2 millones en uniformes y trajes enteros. Pero ¿qué es esta suma ante el júbilo político e ideológico de los especialistas en fabricar mociones por millares, en no integrar el quórum, en enviar cartas, en apilar actas con largas peroratas y en dañar al país? Xinia Quesada, trabajadora de esta empresa, dijo: “Es terrible porque también despidieron a mi esposo, y nosotros tenemos dos hijos. Uno queda como en las nubes con esa noticia”.

El trabajo es el punto primordial de una agenda social. Es un imperativo de derechos humanos, de justicia y, como tal, de hondura moral. ¿Qué pensarán, ahora, los dueños de la moral política, los adalides del “sector social”, aterrados por el uso de la gasolina, por los viajes de sus diputados al exterior o por el servicio de bocas y vino, el 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa? ¿Qué dirán los estrategas, los asesores entre bambalinas y los azuzadores externos de estos partidos? El tiempo y la realidad le han dado la razón a Andrea Morales, tan vilipendiada. El país y la conciencia prevalecen sobre el interés político y electoral. Si no, ¿para qué la política? Conviene leer a la periodista Giannina Segnini, el jueves pasado. “Haced lo que digo, no lo que hago”.

Una trabajadora de Poás dijo: “Yo pido al PAC que se ponga la mano en el corazón y no nos deje sin trabajo”. Por cierto, invitados los diputados del PAC a visitar la empresa, declinaron el ofrecimiento. La misma lamentación cabe para todos aquellos diputados, de cualquier partido, color y pelambre, que identifican la curul con el chantaje, los favores personales, la demagogia y la paranoia ideológica. Sus aberraciones las pagamos todos… los que trabajamos.

jueves, 21 de febrero de 2008

Dictamen de la Procuradoría


Para todos los interesados en el tema respecto a los asuntos legales del TLC así como sus plazos, les ofrecemos la Opinión Jurídica no vinculante de la Procuradoría. La misma es sumamente extensa por eso pasamo a continuación a transcribir únicamente sus conclusiones.

CONCLUSIONES:

De conformidad con lo antes expuesto, es opinión no vinculante de la Procuraduría General de la República, que:

1-.La entrada en vigor de un tratado internacional determina el momento a partir del cual el instrumento adquiere eficacia jurídica y por lo tanto fuerza obligatoria. Es por ello que una vez puesto en vigencia el tratado, los Estados tienen el deber de cumplir las obligaciones pactadas íntegramente y de buena fe.

2-.El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) contiene disposiciones expresas con respecto a su entrada en vigor, artículo 22.5. Es requisito previo para la puesta en vigencia del Tratado que los Estados Parte hayan cumplido con los procedimientos jurídicos aplicables.

3-.Por procedimientos jurídicos aplicables debe entenderse aquellos previstos constitucionalmente para que el Estado otorgue su consentimiento válido y eficaz de obligarse por el tratado.

4-.En el caso costarricense, los procedimientos jurídicos aplicables consisten en la aprobación legislativa del tratado y su posterior ratificación.

5-.La ratificación de un tratado es normalmente un acto discrecional del Poder Ejecutivo. No obstante, aprobado un tratado por referéndum el Poder Ejecutivo está obligado a ratificarlo. La ratificación es requisito indispensable para la entrada en vigor del Tratado.

6-.Dicha entrada en vigor se rige por el texto original del artículo 22.5 del Tratado. La Enmienda firmada por Estados Unidos y El Salvador el 10 de marzo de 2006 no forma parte del Tratado aprobado por Costa Rica, por lo que no es aplicable.

7-.De acuerdo con el artículo 22.5 del Tratado y en virtud de que este entró en vigor el 1 de marzo de 2006, la ratificación debe intervenir antes del 1 de marzo de 2008, fecha límite para la notificación según lo dispuesto en el artículo 22.5.2 del Tratado, salvo que, conforme los términos de este, los Estados Partes acuerden que Costa Rica ratifique el Tratado en una fecha posterior.

8-.Ratificado el Tratado, éste entrará en vigencia 90 días después, según su artículo 22.5.2.

9-.El efecto propio de la entrada en vigor del Tratado es el de obligar a Costa Rica a respetar plenamente y en su totalidad las disposiciones del Tratado. Lo que implica el respeto de las obligaciones y derechos que de él derivan.

10-.Forma parte del contenido del Tratado, la obligación del Estado costarricense de aprobar determinadas leyes, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos contraídos.

11-.El Tratado estableció fechas dentro de las cuales debían entrar en vigencia algunas de las leyes que Costa Rica debía aprobar. Los términos así estipulados han vencido, salvo lo dispuesto en la Sección H. III.2 del Capítulo 12 para los servicios de seguros obligatorio de vehículos y seguros contra riesgos del trabajo.

12-.La aprobación y promulgación de estas leyes no es necesaria para la entrada en vigor del Tratado pero sí condiciona su eficacia plena. Es por ello que, conforme el principio de pacta sunt servanda, el Estado costarricense está en la obligación de legislar en forma inmediata para dar plena observancia al Tratado.

13-.Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor del Tratado, la omisión o ausencia de aprobación de dichas leyes implica un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado y por ende, es susceptible de comprometer la responsabilidad del Estado costarricense.

14-.Con el fin de evitar cualquier discusión sobre esa responsabilidad de Costa Rica en el plano internacional y con fundamento en los principios de pacta sunt servanda y de buena fe, lo procedente es aprobar las leyes a que Costa Rica se ha comprometido, con anterioridad o concomitantemente a la entrada en vigencia del Tratado.

sábado, 16 de febrero de 2008

Descomunal engaño sindical


El sindicalismo del ICE ha disparado su ultimo cartucho en contra de la aprobación legislativa del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, con la publicación de un anuncio en el que se pronostica el alza de tarifas en telefonía fija convencional como consecuencia irremediable de la entrada en vigencia de esa ley. La tesis que sustentan es una total falacia, cuyo único objetivo es confundir y engañar a los lectores.

Sostienen que la tarifa básica en telefonía fija residencial, hoy en ¢1.850 ($3,70) al mes, con derecho a 160 minutos de uso, sufrirá un aumento de ¢3.300 a consecuencia de la obligatoriedad de eliminar los subsidios que manda la nueva ley. Los sindicalistas consideran como subsidio los ingresos extras que el ICE percibe por los minutos de servicio en excedente respecto a los 160 minutos incluidos en la tarifa básica. Según estadísticas publicadas por la Aresep, las líneas comerciales representan el 20% del total y las residenciales, el 80%; y el cargo promedio mensual por línea telefónica es de unos ¢5.175 ($ 10,35). El cargo promedio por línea resulta de dividir el ingreso total por la facturación de los servicios en telefonía fija convencional, estimado en $11,4 millones mensuales, entre el número total de líneas facturadas, que rondan 1,1 millones. Los sindicalistas consideran dolosamente al cargo promedio por línea, como el costo de operación mínimo para cada línea.

Si no paga, no disfruta. Del estudio de las tarifas de telefonía fija aprobadas por la Aresep se deduce que no existe ningún subsidio entre usuarios para el servicio de telefonía fija convencional, pues todos pagamos la misma tarifa básica residencial de ¢11,56 minuto por los primeros 160 minutos (¢13,44 minuto las líneas comerciales) y de ¢ 4,10 el minuto a tarifa plena u horario diurno, y de ¢2 el minuto en horas nocturnas y fin de semana. Y el que no paga lo consumido, sin contemplación ni solidaridad que valga, simplemente no disfruta del servicio por desconexión automática a partir del segundo día de mora.

La tarifa básica que todos pagamos por el servicio garantiza al ICE suficientes ingresos para cubrir el costo mínimo de operación de toda la plataforma de telefonía fija, aun cuando el consumo de todos sus abonados fuese nulo. Hasta en esa extrema situación, equivalente a un boicot nacional del servicio, el ICE percibiría la suma de ¢1.850 x 880.000 + ¢2.150 x 220.000)/500 > $ 4,2 millones por mes, $ 50,4 millones por año, monto suficiente para pagar la planilla de 4.200 empleados con salarios promedio de $1.000 cada uno. Los ingresos totales por telefonía fija hoy ya superan los $150 millones por año y seguirán creciendo proporcional- mente con el mayor ingreso per cápita y con el crecimiento de la economía.

Incomprensible aberración. No obstante, todavía se mantiene una aberración tarifaria incomprensible que perjudica seriamente el ingreso del ICE, y por lo tanto podría incidir en el futuro en un deterioro en la calidad del servicio. La tarifa básica cobra los primeros 160 minutos a razón de ¢11,56 el minuto, mientras que el excedente a solo ¢4 y ¢2. En todas partes del mundo, el excedente se cobra igual o superior o ligeramente inferior, pero no tan barato.

Es muy probable que ante un aumento de costos y salarios, el ICE se vea obligado a solicitar un incremento en la tarifa del consumo en exceso: de ¢4 a algo superior, pero ello no implicará una modificación a la tarifa básica como insisten engañosamente los sindicalistas. No hay manera alguna de que las tarifas básicas residenciales o comerciales tengan que ser aumentadas por la eliminación de los famosos “supuestos subsidios” o por efectos de la competencia; primero, porque nadie subsidia a nadie según las tarifas vigentes en telefonía fija y, segundo, porque toda la telefonía fija convencional seguirá siendo una concesión en monopolio para el ICE, con todo y TLC, apertura y Ley de Telecomunicaciones.

Ricardo Trujillo

domingo, 10 de febrero de 2008

Acto de Valentía


En ASOJOD queríamos reconocer la valiente decisión de Andrea Morales de conformar quorum. El PAC debería dejarse ya de los eufemismos y decir la verdad, la cual es que no tienen ningún interés en mejorar la agenda de implementación sino en que la misma no sea aprobada.

En ASOJOD esperamos que en las elecciones del 2010 el PAC quede de una vez por todas sepultado, lo que si sabemos es que ya no podrán seguir utilizando su discurso democrático y de política no tradicional.

domingo, 13 de enero de 2008

Mociones a la Agenda de Implementación


Acá tenemos unos cuantos ejemplos de la cantidad de mociones propuestas por el PAC a las leyes de la Agenda de Implementación del TLC. Podrán, asimismo, ver lo absurdo de ellas:

Expediente 16.397 Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
Artículos del proyecto: 59.
Total de mociones presentadas: 1991.
Total de fotocopias para ese proyecto: 52.239

Expediente 16.398 Ley General de Telecomunicaciones
Artículos del proyecto: 84
Total de mociones presentadas: 2018
Total de fotocopias para ese proyecto: 52.188

Expediente 16.327 Ley de Protección a la Obtenciones Vegetales
Artículos del proyecto: 54
Total de mociones presentadas: 1829
Total de fotocopias para ese proyecto: 26.397

Total de mociones presentadas para los tres proyecto: 5838
Total de fotocopias para los tres proyectos: 130.824

a) Ejemplo de mocion presentada por el PAC, pliego 8054 del expediente 16.397:

Cambiar:

"El regulador general y el regulador general adjunto tendrán dedicación exclusiva"

Por:

"El regulador general y el regulador general adjunto deberán acogerse al régimen de dedicación exclusiva"

b) Moción del diputado Rosales (PAC) del expediente 16.397, folio 8070.

Cambiar:


"El Regulador General, el Regulador General Adjunto, el Auditor y los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

...

d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo."

Por:

"El Regulador General, el Regulador General Adjunto, el Auditor y los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

...

d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico RELACIONADO en el cumplimiento de los deberes de su cargo."

c) Esta otra de Olivier Pérez (PAC) expediente 16.397, folio 8091.

Cambiar:

"Son deberes y atribuciones del Regulador General:

(...)

8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos que así lo requieran."

Por:

"Son deberes y atribuciones del Regulador General:

(...)

8. Suscribir los contratos de concesión para LA PRESTACIÓN DE los servicios públicos que así lo requieran."

Ya habíamos escuchado toda la perorata de Ottón Solís en cuanto a que las mociones que se presentarían serían responsables con el fin de remediar los proyectos, pero con ejemplos como estos se puede apreciar perfectamente la mala fe del PAC en cuanto a sus actuaciones. Queda claro que dichas mociones tienen como único fin impedir la entrada en vigencia del TLC, irrespetando el mandato popular. En ASOJOD esperamos que este partido desaparezca para el 2010, toda vez que Costa Rica requiere avanzar y esa tarea resulta imposible con partidos como este, que no proponen nada.

sábado, 12 de enero de 2008

Absurda oposición legislativa


Mientras en Costa Rica los diputados Merino y la bancada del PAC se las ingenian para ahogar en cientos de mociones el proyecto en discusión legislativa para dotarnos de nuestra primera Ley General en Telecomunicaciones, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT– desde Ginebra, Suiza, en respuesta a las exigencias del mercado mundial, ha reasignado el uso de algunas bandas del espectro radioeléctrico, para facilitar y promover el uso de la telefonía móvil de tercera generación.

Apertura de banda. Los miembros de la UIT, incluyendo a Costa Rica, en una reciente convención mundial (WRC07), coincidieron en reasignar la banda del radioespectro desde los 689 MHz hasta los 862 MHz, frecuencias con excelentes características para la transmisión a grandes distancias, anteriormente asignadas a canales de TV por UHF y buscapersonas, para los muy solicitados servicios de telefonía móvil mas navegación por Internet a velocidades desde los 64 Kbps hasta los 2 Mbps, conocida también como la telefonía de tercera generación. Esta reasignación de bandas para los servicios de 3G, adicionales a los TDMA y GSM existentes, representa un incremento en capacidad suficiente como para permitir la transmisión de 30 portadoras de tecnología W-CDMA con ancho de banda de 5 MHz cada una, a través de 15 operadores en competencia, cada uno utilizando dos portadoras. Solo en Estados Unidos, la FCC ha sacado a subasta para este mes de enero 1.099 licencias de operación en esa banda. Se trata, sin duda, de una gran apertura del radioespectro que viene a dar al traste con los sueños de acaparamiento indefinido de frecuencias que muchos operadores hubiesen deseado mantener en usufructo para siempre. Se trata de una verdadera optimización del radioespectro, que permitirá mayor grado de libertad en escogencia para los abonados de todo el planeta, y que, sin duda, reducirá drásticamente los costos actuales del servicio.

Otra Costa Rica. Los diputados que todavía se oponen a la apertura en telecomunicaciones, y en general al cambio del estatismo económico a ultranza por un mercado de capitales mixtos en la prestación de servicios públicos, son cada vez menos. Estamos por presenciar un desplazamiento paula- tino de los votos legislativos hacia el grupo mayoritario del G-38, a medida se acerca el nuevo periodo electoral. La Costa Rica posreferendo es totalmente otra, y sus exigencias están mucho más orientadas al desarrollo y consolidación de un modelo social basado en el esfuerzo productivo individual, familiar y empresarial, que en la defensa a muerte del caduco modelo de la redistribución de la riqueza por la sola vía de los servicios públicos. Ya muy pocos costarricenses están dispuestos a morir luchando en la ultima trinchera en defensa de un modelo de redistribución económica seriamente deteriorado y apenas consistente en la devolución de migajas de muy bajo valor, como el supuesto subsidio de la tarifa básica de la telefonía fija y la solidaridad con las zonas rurales a través de teléfonos públicos.

Las demandas de seguridad social para este siglo XXI se están actualizando y modernizando. El periodo electoral que ya se aproxima abrirá ciertamente la posibilidad de replantear y redefinir las nuevas prioridades de solidaridad social que demandarán los ciudadanos de esa nueva Costa Rica que ya se encuentra en febril construcción.

Ricardo Trujillo

viernes, 11 de enero de 2008

En Vela


La presentación, de parte de la fracción legislativa del PAC, de unas 5.000 mociones sobre tres proyectos de ley (de los 11 que conforman la agenda de implementación del TLC) rebasa toda imaginación. El proyecto de ley de Fortalecimiento del ICE contiene 56 artículos. El PAC lo inundó con 1.991 enmiendas. Esta hidrocefalia mental conlleva la distribución de 52.239 fotocopias entre los diputados. El costo económico de este despilfarro queda a cargo de las vestales de este partido.

El problema no reside en el monto de las mociones ni en el derroche originado, sino en la sinrazón de este despliegue. Es una cuestión mental, de carencia de sentido en el orden intelectual, ético y legal, por significar una desnaturalización del voto y de la función legislativa, máxime si se advierte la relación entre estos proyectos de ley y el referendo popular sobre el TLC. Bienvenida toda oposición y toda reforma, fundada en la razón y en la naturaleza de las cosas. Esta impres- cindible dialéctica parlamentaria razonable enriquece la democracia, prestigia el parlamento y mejora las leyes. Mas, cuando se impone la sinrazón, el puro voluntarismo alocado, todo se trastorna.

Dirigentes y miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC) se encrespan cuando, en esta columna o en otros comentarios, se repasan sus miedos y, particularmente, su ausencia de una estrategia inteligente y creativa de crecimiento para llegar, un día, a una adultez madura y productiva. De aquí su cadena de derrotas: 2002, 2006, dos elecciones de alcaldes, TLC y, sobre todo, su ausencia de propuestas viables y atractivas. Carente de liderazgo visionario, en el partido y en la fracción, de estrategas, de crítica interna, se ha dedicado al juego infantil del NO y a las quejumbres, sentaditos todos en el andén de la política, mientras el tren pasa…

¿Es que personas razonables, respetuosas de sí mismas y de su partido, son capaces de redactar y presentar 5.000 mociones justificables sobre tres proyectos de ley? El PAC ha demostrado que sí es posible, pero jamás podrá demostrar que es justificable. Este es el problema de fondo. Por lo tanto, su único propósito es entorpecer, filibusterismo puro y simple, que la jefa de fracción justifica diciendo que “este es el único camino que les quedó”. ¿Es que el interés público, el sano debate democrático, la razonabilidad, el referendo popular, la ética política, que todo lo nutre, el sentido de los límites, el futuro del PAC o, simplemente, el desprecio por el ridículo no eran, acaso, otro camino?

Hay que salvar al PAC de quienes, por dentro, quieren enclaustrarlo en la falsa virginidad del miedo para que no crezca, se desarrolle y dé frutos…

Julio Rodriguez

jueves, 10 de enero de 2008

Mociones a la Agenda de Implementación


El último informe del Latinobarómetro 2007 detalla que en Costa Rica la confianza ciudadana en los partidos políticos alcanza apenas el 15%. Siendo el Congreso el espacio donde la ciudadanía puede valorar de forma constante la actuación de los partidos, es totalmente comprensible la desvalorización de que es objeto esta institución, por considerarla más un circo mediático donde hay mucha discusión y poca acción, que una instancia de representación política de las personas. Precisamente a esa situación contribuido la actuación del PAC con la estrategia de poner cientos de mociones a los proyectos de la Agenda Complementaria. No critico tanto el hecho de que el PAC utilice esa estrategia sino que siga llamándose a sí mismo un partido patriótico y respetuoso de la soberanía popular sin el más mínimo empacho.

En un inicio, el PAC entró a la escena política nacional como el partido de la ética en la función pública, para luego demostrar que era pura demagogia: dos diputadas cometieron actos éticamente cuestionables y otro diputado inquisidor acusa a diestra y siniestra sin lograr nunca nada concreto. ¿Acusaciones infundadas? ¿Paranoia política? Pero también se presentaba el PAC como el verdadero y legítimo intérprete del pueblo, el cual le susurraba al oido su divina voluntad: rechazar el TLC por ser una herramienta del injusto, inhumano y voraz capitalismo salvaje.

Sin embargo, el referéndum del pasado 7 de octubre reveló que la mayoría de la población costarricense sí quería el TLC. Después de meses de arduo trabajo, quienes estabamos con el Sí respiramos tranquilos, con la satisfacción de una meta lograda. ¿Qué pasó ese día? ¿El PAC había interpretado mal el mensaje del pueblo? No, para el PAC, el pueblo se había equivocado. O más concretamente, se había dejado engañar y manipular por el "fraude mediático". Así pues, el lema que adoptó desde entonces el PAC fue que si la realidad no se adapta a lo que ellos dicen, peor para ella. Blandiendo el argumento místico de conocer la voluntad del soberano (nada diferente al agustinismo político de siglos atrás), el PAC decidió salvar a Costa Rica de sí misma interponiendo centenares de mociones para que el TLC no pudiera ser implementado.

¿Quiénes se creen los diputados del PAC? Ahora don Ottón Solís da clases de Comercio Internacional (sin ni siquiera haber comprendido los conceptos más básicos del comercio) y gana en dólares; ahora doña Elizabeth Fonseca deja ver que, para ella y su fracción, la voluntad ciudadana no interesa sino se apega a los intereses y propuestas de su partido; ahora el G-38, para Rafael Madrigal, montó un "show" llevando las mociones en carretillos a una rueda de prensa. Definitivamente la realidad ha de estar equivocada y el PAC sigue siendo el partido de la ética en Costa Rica y, ergo, los datos del Latinobarómetro 2007 y la percepción ciudadana de los partidos son erróneos.

La mayoría de los costarricenses queremos el TLC y le dimos a los diputados el mandato de aprobarlo. Y lógicamente que para tener TLC son necesarias las leyes de la Agenda de Implementación. Una cosa implica la otra. Pero el PAC cree que no, que los costarricenses decidimos por una cosa pero no por la otra. Precisamente este tipo de conducta coadyuba a que se profundice el descrédito de los partidos políticos, del Congreso y, en general, de la política. La política es un arte, pero gracias al PAC, los costarricenses refuerzan su prejucio respecto a ella como el arte del engaño. Por eso, por favor, señores del PAC, no vilipendien más a la política que es tan bella y necesaria; se los ruega un politólogo. Permítanle a los costarricenses volver a confiar en el Congreso, en los partidos y en la política, porque la continua desconfianza en ellos genera, de una u otra forma, desconfianza en la democracia. Y cuando eso pasa, el advenimiento de los totalitarismos está a la vuelta de la esquina.

Alejandro Barrantes Requeno

viernes, 21 de diciembre de 2007

Apertura telefónica y mito


A pesar de los reiterados augurios apocalípticos, magistralmente configurados y diseminados por la dirigencia del sindicalismo, Costa Rica no comió cuento y votó decididamente a favor del TLC.

En dicho tratado, ya aprobado, Costa Rica se compromete a una apertura de su mercado en telecomunicaciones, es decir, a permitir la inversión privada junto a la estatal existente, para la operación y prestación de servicios en ese sector de la economía.

Lógicamente, no podrá haber apertura exitosa si no se aprueba el marco legal que la permita, regule, controle y proteja. Ese proyecto de ley, cuyo objetivo primordial está claramente definido en sus artículos 2 y 3, se encuentra listo para discusión y aprobación en primer debate en el plenario de la Asamblea Legislativa. La bancada del PAC y dos partidos minoritarios están decididos a retrasar su aprobación mediante la introducción de mociones al texto aprobado por la comisión que lo estudió y dictaminó hace varios meses.

Soluciones modernas. El texto actual del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones ha incorporado soluciones modernas para las múltiples preocupaciones de carácter social que se han esgrimido, y en especial, el respeto a los principios de solidaridad y universalidad que han caracterizado la prestación de esos servicios durante medio siglo por medio del ICE. Incorpora nuevos derechos para los abonados de acuerdo con la exigencia constitucional para un trato equitativo, transparente y no discriminatorio de parte de los futuros operadores a sus clientes. Adicionalmente, crea un fondo de solidaridad financiado por los ingresos de los operadores para garantizar los servicios en aquellas áreas no rentables, pero cuya cobertura es una necesidad social.

¿Qué pretenden mejorar o cambiar las mociones del PAC? Todavía existe la errónea creencia de que solo el Estado y sus instituciones pueden servir apropiadamente a los sectores de escasos recursos. Crasa equivocación. Con las actuales tecnologías, el servicio de la telefonía celular se brinda con mayor rentabilidad en las zonas de mayor densidad poblacional con respecto a las áreas menos pobladas. Prueba de ello es que El Salvador, con la mayor densidad poblacional de Latinoamérica, cuenta con el más alto índice de penetración en telefonía celular de la región: casi un 72%, más del doble de la nuestra. Y esa cobertura beneficia precisamente a los pobladores de más bajos ingresos.

Se puede más. Si el ICE no ha utilizado el sistema de prepago ni mejorado su comercialización ni colocado sus torres en las zonas de más tráfico y población para beneficio de los habitantes de más escasos recursos, no implica que los operadores privados no lo puedan hacer. Todo lo contrario, la incursión de operadores privados en abierta competencia es la mejor garantía para que el actual servicio de la telefonía móvil beneficie al 100% de nuestra población, y en especial a los sectores de más bajos ingresos y rurales.

El servicio ampliamente difundido y de fácil, rápida y baja adquisición, con tarifas similares y hasta inferiores a las nuestras, que ya gozan los pobladores de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, es la mejor prueba de lo socialmente beneficiosa que puede llegar a ser la apertura de las telecomunicaciones.

Mocionar para, simplemente, atrasar una ley de tan suma urgencia puede salirle tan caro al PAC como un tiro por la culata.

Por Ricardo Trujillo

miércoles, 12 de diciembre de 2007

¿Ahora sí deciden?


Después de presenciar los intentos de diputados de diversas fracciones por debilitar al INS, permitiendo a las cooperativas y bancos públicos actuar en el mercado de seguros bajo condiciones privilegiadas y, después de presenciar la defensa casi unánime de una moción que pretendía la apertura de la telefonía fija, supongo que no deberían sorprenderme las pretensiones de ampliar la legislación de propiedad intelectual más allá del TLC; es decir, más allá de lo que aprobamos en el referéndum.

No es que los diputados por sí no tengan la potestad de legislar más allá de los acuerdos asumidos con el CAFTA. Lo que considero absolutamente reprochable es hacerlo después de que se tuviera que recurrir al referéndum para obligar a la adopción de una posición que los mismos diputados debían tomar desde hacía muchos meses, en ejercicio de sus obligaciones. El haber esperado a que el SÍ ganara para aprovechar la coyuntura y aprobar la normativa de implementación, exige al legislador un marco de acción en respeto de la voluntad popular de quienes acudimos a las urnas. Se trata no de un límite jurídico sino de un límite ético.

Sanciones y propiedad intelectual. La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N.° 8029) se promulgó, según el ADPIC, para implementar los acuerdos asumidos ante la OMC sobre medidas eficaces contra las acciones infractoras de la propiedad intelectual, para la tipificación de nuevas conductas y la fijación de disposiciones obligatorias en cuanto a los procedi- mientos, las pruebas y las providencias judiciales (cautelares, definitivas y en frontera). Del artículo 15.11 del TLC es poco lo que el país debe reformar respecto a lo que ya tenemos.

En cuanto a sanciones, la ley actual establece penas de 1 a 3 años de cárcel para los delitos de propiedad intelectual. El TLC señala en el artículo 15.11.26 que “cada Parte garantizará sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones disuasorias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones”. Es decir, que el aumento de la pena de prisión hasta 6 años que se pretende con el proyecto de Ley N.º 16117, no se deriva del TLC. Al contrario, el CAFTA permite fijar sanciones disuasorias e incluso sustitutivas a las penas privativas de libertad.

Si bien la misma Sala Constitucional ha manifestado la constitucionalidad de la represión penal por violación de la propiedad intelectual (Voto N.º 1065-95), las penas privativas de libertad no resarcen a la víctima de este delito, no protegen las obras y han demostrado no tener el efecto disuasor que en el fondo se persigue.

Monto de la sanción. El proyecto de ley consigna parámetros para la cuantificación del castigo por violaciones a la propiedad intelectual. Dichos parámetros no pueden ser medidos como penas disuasorias, sino que responden a un mecanismo para garantizar a la víctima una compensación pecuniaria por el daño moral y patrimonial sufrido. Si bien este extremo tampoco se regula en el CAFTA, en este caso no resulta excesivo en el tanto se trata de facilitar al juez los montos mínimos y máximos para fijar daños y perjuicios.

Si bien los empresarios costarricenses se han opuesto, lo cierto es que, a hoy, los daños y perjuicios en esta materia los fija el juez con criterios menos rigurosos, lo que tradicionalmente ha impedido un verdadero resarcimiento pecuniario a favor del titular de la obra o de la víctima, pues culturalmente no se valora el daño que produce este tipo de delitos. Si a esto agregamos que la persecución penal ha sido infructuosa por la política del Fiscal General de dejarla en manos privadas, la reforma quedará solo en el papel, sin que este tipo de delitos encuentren solución real.

Política criminal y propiedad. La oposición a estas normas se debe a la falta de una política criminal en la materia que hubiese permitido crear conciencia de la importancia de este delito, no solo en la población, sino también en el Poder Judicial, que debe destinar recursos para la persecución penal y la aplicación de medidas cautelares. Debe consolidarse un marco institucional y una conciencia social sólida sobre los efectos nocivos que causan estos delitos en perjuicio de la academia, de los artistas, de la cultura nacional y de la economía local. Si la población toma conciencia de este problema, el remedio penal será sustituido por métodos preventivos y reparadores del daño. Debe existir una política criminal que nazca en la conciencia social de la existencia y efectos del delito, pues el aumento de penas no va a suplir los demás remedios disuasorios que deben ser reforzados e institucionalizados. De tal forma, no resulta oportuno ir más allá del TLC aumentando las penas privativas de libertad, y nuevamente queda en evidencia que debemos adecuar las normas a nuestra realidad social.

Defendimos con vehemencia el Tratado con la conciencia de que el país necesita un cambio cualitativo para insertarse en el comercio internacional procurando un acceso efectivo y justo a los mercados. Pero nuestro voto fue por el tratado y una agenda de implementación ajustada exclusivamente a los compromisos asumidos por el país en el TLC. Tan reprochable es impedir que la voluntad del pueblo se haga efectiva, obstaculizando la aprobación de la agenda de implementación, como reprochable es que se utilice nuestro voto para adoptar normas que exceden abiertamente los resultados de la negociación comercial.

Por Alejandra Castro

martes, 27 de noviembre de 2007

¡Sinvergüenzas!


Definitivamente el cinismo, la chabacanería y la vagancia no tiene límites en nuestro país sobre todo cuando los sindicatos del ICE están involucrados. Este lunes 26 hicieron su famosa huelga de revoltosos. Las actitudes como siempre son total y absolutamente reprochables. Primero que todo estos "trabajadores" encabezados por Fabio Chaves y Jorge Arguedas trataron de impedir la apertura de la sucursal del ICE de la Sabana, así como la entrada de los usuarios, lo cual es totalmente contrario al principio de continuidad que rige en materia de administración pública. Entre las consignas trasnochadas que se escucharon estaban las siguientes frases: ¡Vamos a poner la vida, si hay que ponerla!”, “¡vamos a ver quiénes son los que tienen que salir del país!”, “¡esta es la última vez que venimos de manera patriótica, vamos a incendiar esta sociedad!”.

En ASOJOD ya estamos cansados de estos grupúsculos sindicales que sólo pérdidas y atrasos económicos le dejan a nuestro país, también los costarricenses pueden estar seguros de que estos inconvenientes desaparecerán con la entrada en vigencia del TLC, el cual obligará a las autoridades del ICE prescindir de este tipo de "elementos" y dedicarse de lleno al ofrecimiento de un servicio competitivo y eficiente en donde el consumidor se convierta en el eje de la política de empresa.

miércoles, 21 de noviembre de 2007

En razón de la justicia


En ASOJOD nos caracterizamos por criticar fuertemente, pero siempre de una manera justa, apegada a los hechos y a la realidad. Por esto queremos reconocer la actitud de la diputada Andrea Morales que, a pesar de no ser de nuestro particular agrado, ha dado un claro signo de responsabilidad política al comunicarle al diputado José Luis Vásquez (diputado del grupo-38 que debido a una enfermedad que lo aqueja en estos días no ha podido conformar quorum) que si por algún motivo de salud el necesita ausentarse de la Asamblea, ella colaborará con la conformación del quórum. Que la diputada más joven e inexperta muestre un mayor grado de madurez que algunos dinosaurios políticos del PAC como Alberto Salom es algo que ASOJOD no puede dejar de destacar

jueves, 1 de noviembre de 2007

La agenda de implementación del TLC y la UPOV


Con el referéndum el TLC República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos, se convirtió en Ley de la República. No obstante, para que pueda entrar en vigencia se deben realizar algunos cambios a través de la aprobación o modificación de algunas leyes en la Asamblea Legislativa.

A ese conjunto de leyes que se encuentran para discusión y votación se llama la “agenda de implementación” del TLC, es decir, los proyectos legislativos que Costa Rica debe aprobar para concretar los compromisos suscritos en el TLC.

Uno de esos proyectos que está en discusión en la Asamblea Legislativa es suscribir el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, acuerdo vigente entre una gran cantidad de países, entre ellos, los países europeos, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Ecuador, Panamá.

El propósito de este convenio es que los países reconozcan los derechos de propiedad intelectual de los obtentores de nuevas variedades vegetales. Es decir, que cuando resultado del estudio y de la investigación de personas u organismos públicos o privados se desarrolla una semilla mejorada, quien realizó dicha investigación reciba un reconocimiento de la sociedad, al tiempo y los recursos invertidos para llegar a ese hallazgo, a través de un período de tiempo en que ellos determinan las condiciones en que vende dicha semilla.

En éste, como en otros temas de propiedad intelectual, debe reconocerse el esfuerzo y el talento de la invención humana, que se traduce en obras literarias, musicales o científicas de las personas, instituciones o empresas, como principal instrumento para promover y fomentar esas actividades, sin que ello sea de manera abusiva o por un tiempo indefinido.

El desarrollo de una variedad mejorada de un producto vegetal es una actividad que hoy no se protege en Costa Rica, a pesar de que existe el compromiso de hacerlo en la Ley de Semillas, vigente desde 1976, y en el acuerdo en materia de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, OMC, a partir del año 2000.

La adhesión a la UPOV tiene como requisito que el país aprueba una ley nacional en la que se establezca el sistema de protección a las obtenciones vegetales, por lo que en la Asamblea Legislativa se encuentran dos proyectos relacionados con este tema: la ley nacional sobre obtenciones vegetales y la adhesión al convenio internacional.

El proyecto de ley nacional que está en el Congreso, deja claramente establecidas ciertas flexibilidades que permite UPOV, referentes a la protección de la biodiversidad y la posibilidad de la utilización de las semillas mejoradas por los agricultores. En este tema la ley nacional establece que si los agricultores adquieren de manera lícita una semilla mejorada puedan vender el producto de la siembra de la misma y reutilizarla, con la única restricción de no hacer negocio con la venta de la semilla y no del producto.

Es importante aclarar que nada impide que el país regule el acceso a recursos genéticos o prohíba el uso de tecnologías que representan una amenaza para la salud o el ambiente, sobre la base de criterios científicos y que este proyecto en nada afecta a las semillas criollas, no mejoradas, que utilizan en su mayoría las comunidades indígenas y los pequeños agricultores.

Estas son dos de las leyes que Costa Rica debe aprobar para estar en condiciones de informar al resto de países del TLC que ha completado sus procedimientos para poner en vigencia el acuerdo y así definir una fecha para su entrada en vigor, cumpliendo así con el mandato del pueblo costarricense expresado en el referéndum.

Amparo Pacheco

viernes, 26 de octubre de 2007

¡No comamos cuento!


Ahora resulta que el partido de la acción ciudadana ha presentado junto al diputado Merino y el diputado López nada más y nada menos que 1096 mociones para un sólo proyecto de la agenda de implementcaión. El accionar del PAC no podría resultar más vergonzoso primero se decantan defensores de la voluntad popular, después de que pierden el referéndum salen con el cuento de que no van a impedir la votación de la agenda, pero a pesar de estas promesas hacen lo que hacen y presentan más de un millar de mociones.

Pero el PAC y los diputados del No, no son los únicos que pretenden hacer su agosto ya que los sindicalistas del ICE también amenazan con irse a huelga de tramitarse las leyes de apertura y modernización del ICE las cuales son necesarias para el TLC.

En ASOJOD repudiamos este tipo de actitudes y más aún la hipocrecía que poseen estos grupos, es hora que todos nos demos cuenta quién es quién en este país.

miércoles, 24 de octubre de 2007

¡Una menos faltan 12!


A pesar de la negativa del PAC para reconocer el mandato popular del 7 de octubre así como su negativa de asistir a las sesiones parlamentarias a pesar de ser este su trabajo, ayer el congreso logró aprobar en primer debate la Ley de protección de representantes de casas extranjeras.

En ASOJOD celebramos el avance de la agenda de implementación y a su vez criticamos la actitud mezquina que han asumido los diputados del PAC.

domingo, 14 de octubre de 2007

La agenda de propiedad intelectual



¿Qué decidió Costa Rica en materia de propiedad intelectual? Como se discutió en diversos foros a nivel nacional, con los resultados del referéndum, el país optó por aprobar el régimen legal que permitirá fortalecer nuestra normativa en esta materia. Esto implicará una mayor protección de los productos que gozan de este incentivo y que forman parte de los flujos comerciales donde se protege a la industria artística y a la industria innovadora local, y que garantizan al consumidor la calidad de los productos que consume.

Para ello se exige, de forma ineludible, aprobar la agenda de implementación que hace posible la modificación de la normativa interna para cumplir con los niveles de exigencia del acuerdo comercial y que, a su vez, permite al país adecuar las normas a su realidad social. Precisamente, la agenda de implementación ha sido planteada de manera tal que permite hacer efectiva la interpretación que el país ha dado al articulado comercial y que permite aprovechar las flexibilidades legales que no se restringieron con el TLC.

Las dudas generadas en el proceso de discusión nacional del TLC, quedan disipadas en los siete textos legales sobre propiedad intelectual, que esperan la aprobación que por mandato directo de los costarricenses, debe darse en el seno de la Asamblea Legislativa. Sin la agenda de implementación, cuya aprobación es inherente al tratado de libre comercio, el capítulo XV de propiedad intelectual es inaplicable, por cuanto dicha agenda –exceptuando la normativa de fortalecimiento del INS y del ICE– es prácticamente en su totalidad materia vinculada a la propiedad intelectual.

Más coincidencias. En los temas que más inquietaron a la población, la agenda de implementación que actualmente está presentada en la Asamblea Legislativa permite aclarar extremos del TLC. Cito por ejemplo lo siguiente: 1. En materia de obtenciones vegetales, deja clara la excepción al derecho del agricultor, que le permite la reutilización de la semilla (art. 22, Ley de Protección de Obtenciones ). 2. En materia de patentes, las reformas permiten fijar un límite máximo de tiempo para la compensación de los plazos de la patente por atrasos injustificados del registro; permiten aclarar que no se darán patentes para seres vivos y que en general no se aumenta la materia patentable; permiten aclarar que el registro sanitario no será el responsable de vigilar la protección de las patentes sino que dicha vigilancia compete exclusivamente al titular; permiten aclarar que los datos de prueba que gozarán de protección son únicamente sobre productos nuevos que no contengan una entidad química ya registrada en el país, y –en suma– se establecen normas que permiten al país la certeza de que el acuerdo se ajusta a la realidad nacional.

Esta propuesta normativa en propiedad intelectual denota más coincidencias que discrepancias, pero para ello debe existir voluntad política y dejar de lado las diferencias. Se trata de una materia compleja, técnica y sensible, que requiere el concurso del sector privado, del sector académico y de la sociedad civil que esté dispuesta a colaborar con los legisladores para traducir la voluntad de la mayoría en un marco normativo ajustado a nuestra realidad social y económica.

En lugar de negar los resultados de los comicios, o lanzar nuevas amenazas de oposición a la agenda de implementación, que solo pretenden repetir una discusión ya superada, podríamos juntos aportar ideas para construir un marco normativo justo, flexible y que beneficie al país, dejando a un lado la arrogancia del protagonismo, las aspiraciones políticas individuales y los resentimientos. Si acudimos al llamado a la conciliación, debemos sentarnos a construir con respeto, pensando en los beneficios para el país. No vale más la obstaculización de los proyectos de ley, ni las prácticas legislativas dilatorias. El llamado del pueblo fue al diálogo. Avancemos en él con ideas porque el país ya decidió.

Por Alejandra Castro
Tomado de la Nación

martes, 9 de octubre de 2007

Agenda de Implementación y diputados del No


Respecto al tema de si los diputados opuestos al TLC deben de apoyar y facilitar la aprobación de la agenda de implementación, la respuesta para ASOJOD parece estar clara. Para ello es necesario tener claro cual es el rol que tienen los diputados en nuestro sistema democrático, por eso se hace fundamental acudir a nuestra Constitución Política para buscar un poco de luz que permita resolver este tema. En lo conducente la Constitución establece:

Artículo 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio (...)

Parece que el asunto no podría ser más obvio, en ASOJOD no nos cansaremos de recordarles a los diputados que ellos juraron respetar y obedecer a la Constitución, y es esta la que establece que los padres de la patria no son más que instrumentos del pueblo o mejor dicho son los materializadores de la voluntad popular. LLama la atención ver que los partidos políticos que se han proclamado los defensores de la institucionalidad, la democracia y la voluntad popular se niegan ha cumplir con sus slogans cuando los resultados no son los que ellos desean. La gran enseñanza de este referéndum ha sido darnos cuenta de la doble moral que practican estos partidos, en ASOJOD esperamos que los electores les den su merecido castigo en las próximas elecciones.