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lunes, 24 de mayo de 2010

Tema polémico: 8% del PIB para educación


La semana anterior se anunció que el proyecto de reforma constitucional, que pretendía elevar de un 6% a un 8% del PIB la suma de dinero que se destina a la educación pública, fue aprobado de forma unánime por los 57 padres de la patria.

Sin lugar a dudas, este es un tema sumamente popular: rara vez se escuchan voces disidentes respecto a dotar a la educación de más recursos, pero el día de hoy –para variar- seremos los aguafiestas que lanzaremos ciertos cuestionamientos al proyecto. No vamos a insistir en el tema axiológico-ético del por qué es o no legítimo que me quiten el fruto de mi esfuerzo para transferírselo a alguien más, toda vez que en muchas otras ocasiones hemos discutido este tema, y aún nadie nos ha dado una respuesta satisfactoria a dicha interrogante. Sólo cabe resaltar en este momento, que el mencionado proyecto no escapa a esta crítica.

Ahora bien, muchos ingenuamente creen que gastar (invertir dirían ellos) en educación es una salida mágica al subdesarrollo, lo cual al menos no es enteramente cierto, o mejor aún es sólo una parte de la historia. Es cierto que una mejor preparación académica aumenta el capital humano y con ello las posibilidades de conseguir un mejor empleo. Pero la palabra clave es esta, empleo. Nada hacemos con personas super-calificadas, sino tenemos una economía competitiva y dinámica que los este demandando.

El caso cubano es sumamente aleccionador en este sentido. Allí la educación no sirve de gran cosa porque no hay una economía activa y pujante que demande nuevos profesionales. A lo mucho, los famosos médicos cubanos deben emigrar para encontrar trabajo o esperar a ser moneda de cambio con los socialistas latinoamericanos para ir a trabajar obligatoriamente a esos países. Algo similar a la encomienda que existía en épocas de la Colonia. En ese sentido, es claro que de nada sirve enseñar a pescar, si el mar no tiene pescados o se encuentra contaminado. Por ello, la educación requiere como complemento una moneda sana, tasas de interés aceptables, finanzas públicas responsables, flexibilidad en el ambiente laboral, cargas tributarias competitivas, infraestructura de calidad, tramitología razonable, etc.

Otro aspecto importante, es que se debe evaluar muy seriamente qué se pretende ofrecer con la educación. ¿Es la educación un vehículo para mejorar las condiciones de vida de los individuos o es un simple cúmulo de conocimiento que debe de ser aprendido? De ser el primer caso, la enseñanza debe de ser reformada, haciendo que la misma se vea dirigida hacia las necesidades del mercado laboral. Porque de nada sirve que se gradúen cientos de sociólogos, bilbliotecólogos, antropólogos, filósofos, sino existe demanda para ellos. Eso no es inversión, es tirar el dinero por el retrete.

Por último otro aspecto que nos preocupa, es cual será el destino específico de ese nuevo 2%. ¿Será utilizado para potenciar a los estudiantes o por el contrario, serán nuevos recursos que quedaran atrapados dentro de la burocracia y los intereses sindicales?. La eficiencia y el destino del gasto es un tema que no puede ser pasado por alto. Por ello, no se trata simplemente de definir un porcentaje arbitrario y sentarse a esperar el milagro del progreso. No se trata de destinar más dinero a los maestros, a las aulas, a los administrativos y creer que con eso mejorará un sistema educativo que ha demostrado ser fallido, no sólo por sus pésimos indicadores de eficiencia, rendimiento y calidad, sino por los pocos espacios existentes para que los padres y estudiantes decidan el camino por el que transitan.

En conclusión, creemos que en este asunto existe más tela que cortar que la que muchos creerían.