La columna de Carlos Federico Smith: los jugosos salarios de los alcaldes

La información acerca de sueldos abusivos y llenos de pluses dentro del estado no se refiere a las alcaldías o gobierno locales. Así que es oportuno el comentario de La Nación del 14 de setiembre, titulado “Ley dispara sin razón salarios de los alcaldes,” para darnos cuenta de cómo ciertos puestos, aparentemente poco sonados en su mayoría como funcionarios estatales de alto rango, en realidad se han convertido en otra mina de oro de privilegios para algunos. Ya entiendo por qué son tan disputadas y buscadas ciertas elecciones para los gobiernos locales y, aparentemente, no por aquella razón que solía escuchar. que ser alcalde era un paso muy seguro para ser luego diputado. Vemos que, además de esa opción que no deja de ser válida, la paga sobredimensionada en algunos casos puede ser un aliciente para la matazinga usual.

¿Cuál es el origen del problema? Una vieja práctica de que “los alcaldes municipales no devengarán menos (o sea, podría ser más) del salario mínimo pagado por la municipalidad, más un 10 por ciento.” Agregue a esto que el alcalde no sólo se gana un 10% más del salario mínimo de la municipalidad, motivo para que el alcalde presione por salarios mínimos más altos entres sus súbditos, sino que también la base del salario del alcalde lo es el mínimo mayor de cualquier otro empleado. De aquí entiendo el interés, en ciertos momentos, para que en las alcaldías hubiera un médico de planta, quienes son altamente pagados en ciertos casos por otros acuerdos laborales, cuyo salario así serviría para que el alcalde se montara sobre una base más alta.
 

Eso no es todo: el alcalde también puede cobrar un 35% adicional por dedicación exclusiva si es bachiller y un 55% si es licenciado.
 

El medio expone un caso, el del actual alcalde de Talamanca. que muestra el problema en toda su extensión. Ahí el empleado municipal que más gana es un funcionario de 30 años, quien recibe un ingreso total mensual (salario base más pluses) de ¢3.8 millones. Para determinar el sueldo del alcalde, a esa suma se le adiciona un 10%, llevándolo en primera instancia a ¢4.3 millones (¡bendito sea ese empleado mejor pagado!). Luego, agregue la dedicación exclusiva, que en el caso de ese alcalde es de un 55%, todo lo cual hace que su salario mensual llegue a alrededor de ¢6.7 millones. ¡Eso se echa al bolsillo como salario cada mes el alcalde de Talamanca!
 

Es interesante ver el cuadro de los 12 alcaldes mejor pagados y cuánto significa del presupuesto total del municipio. Nótese que se trata de montos en efectivo y no toma en cuenta otros beneficios en especie que se podrían tener, como vehículo para su uso exclusivo o seguridad, o lo que sea:
 

1. Alcalde de San José, Johnny Araya: Salario mensual de ¢8.9 millones (anual de ¢143.8 millones). Representa el 0.19% del presupuesto municipal.
 

2. Alcalde de Limón, Néstor Mattis: Salario mensual de ¢7 millones (anual de ¢112.7 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

3. Alcalde de Talamanca, Marvin Antonio Gómez: Salario mensual de ¢6.7 millones (anual de ¢107.8 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

4. Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona: Salario mensual de ¢6.6 millones (anual de ¢106.9 millones). Representa el 0.36% del presupuesto municipal.
 

5. Alcalde de La Unión (Tres Ríos), Luis Carlos Villalobos: Salario mensual de ¢6.5 millones (anual de ¢104.2 millones). Representa el 0.99% del presupuesto municipal.
 

6. Alcalde de Santa Cruz, María Rosa López: Salario mensual de ¢6.2 millones (anual de ¢99.6 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

7. Alcalde de Tibás, Carlos Luis Cascante: Salario mensual de ¢5.9 millones (anual de ¢94.7 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

8. Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate: Salario mensual de ¢8.95.8 millones (anual de ¢94.3 millones). Representa el 0.48% del presupuesto municipal.
 

9. Alcalde de Siquirres, Mangell McLean Villalobos: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢92.3 millones). Representa 1.94% del presupuesto municipal.
 

10. Alcalde de Goicoechea, Ana Lucía Madrigal: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢91.5 millones). Representa el 0.89% del presupuesto municipal.
 

11. Alcalde de Pérez Zeledón (San Isidro), Jeffrey Montoya: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.9 millones). Representa el 0.61% del presupuesto municipal.
 

12. Alcalde de Pococí, Elibeth Venegas: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.3 millones). Representa el 0.86% del presupuesto municipal.
 

De esos 12, sólo Marvin Antonio Gómez de Talamanca y María Rosa López de Santa Cruz, no están aspirando a ser reelectos.
 

Vale la pena que los lectores mediten acerca de estos datos y piensen si esos salarios enormes no forman parte de la razón de los gobiernos municipales para oponerse a que, como parte del estado que son, se les apliquen las limitaciones -aunque insuficientes- a sus pluses derivadas de la Ley de reforma fiscal aprobada recientemente en diciembre, en donde a los ciudadanos contribuyentes se nos cargaron de nuevos y mayores impuestos. 
 

El orden y la mesura deben ser aplicados a lo largo de todo el estado, pues la situación fiscal del país es muy seria y es indispensable poner freno a abusos como estos sueldos fuera de toda proporción en nuestro medio. De hecho, cada una de esas personas gana más que el propio presidente de la República. ¡Así se invierten los impuestos municipales que todos pagamos!

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un conflicto irresoluto que nos daña mucho

Desde hace ya buen rato que no hay solución a un conflicto que es particularmente relevante para las próximas elecciones de alcaldes en los primeros días de febrero.  Me refiero a que la Contraloría considera necesario castigar a alcaldes por supuestas anomalías, tal como lo ha señalado mediante diversas recomendaciones vinculantes, pero que, como quien los nombra es el Tribunal Supremo de Elecciones -ente que les entregó las credenciales a los alcaldes cuestionados- es el cuerpo facultado para ejecutar las decisiones de la Contraloría al respecto.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que es la Contraloría la que tiene los poderes del caso para ejecutar esas sanciones.

Ante el impasse obvio y por la trascendencia que tiene desde el punto de vista de la rendición de cuentas y de la asunción de responsabilidades de los cuestionados, es que la Contraloría ha sometido la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo, en torno a quién corresponde aplicar tales sanciones. Sin embargo, su resolución parece no haberse dado -pocas semanas antes de las elecciones municipales- siendo ello crucial en la lucha ciudadana contra la impunidad.

Esto lo presenta La Nación del 03 de noviembre del año pasado, en un artículo titulado “Irregularidades de Alcaldes se Quedan sin Castigo: Contraloría y TSE en pugna por quién tiene potestad para suspenderlos.” La pugna la resolverá, supuestamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, pero, mientras tanto, ni la Contraloría ni el TSE nos dan aliento a los ciudadanos que tenemos las esperanzas puestas en un adecentamiento de la función pública. 

Este tiempo perdido por falta de una resolución final del Contencioso Administrativo puede ser crucial, pues ya se avecina la elección de nuevas autoridades municipales y algunos de los alcaldes sancionados por la Contraloría buscan su reelección, aunque  ciertamente algunos han apelado la decisión contralora ante otros tribunales.

La Nación cita los siguientes casos: Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Bernal Vargas, alcalde de Palmares y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Néstor Mattis, alcalde de Limón y suspendido por 20 días, del partido Auténtico Limonense; Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés y sancionado con una suspensión de 20 días, del partido Liberación Nacional y Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo y sancionado con una suspensión de 30 días y del partido Liberación Nacional.

Asimismo, fueron suspendidos, pero no buscan su reelección, el alcalde de Valverde Vega, Luis Antonio Barrantes, suspendido por 15 días y del partido Movimiento Libertario y la alcaldesa de Atenas, Querima Bermúdez, suspendida por 15 días y del partido Unidad Social Cristiana. Asimismo, informa el periódico que, a esa fecha, “está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago y una vicealcaldesa de Osa.”

Por su parte, es bien sabido que Johnny Araya, quien fuera suspendido como alcalde de San José en febrero del año pasado, cuando “la Sala IV le dio el visto bueno (a la Contraloría) para emitir castigos,” aspira de nuevo a ser alcalde de San José (no conozco de otros casos, pues los citaría igualmente)

Por el mayor bienestar de la ciudadanía y los electores, es mi opinión que ya los jueces deberían de haber resuelto el impasse entre la Contraloría y el TSE. Los ciudadanos queremos justicia, transparencia y que se evite la impunidad.  Como no hay nada resuelto aún, creo que los ciudadanos ya saben qué hacer en cuanto a la reelección pretendida por los señores citados, mediante su voto en las elecciones municipales de febrero. Pero estamos ante otro ejemplo de ineficiencia -por lerdas- en lo referente a resoluciones de ciertos tribunales del estado.

Jorge Corrales Quesada

Los bueyes delante de la carreta

El 14 de agosto parecía un día como cualquier otro. No lo fue. Ese día 73 alcaldes tuvieron la audacia y el buen tino de dejar perfectamente claro su apoyo al TLC y, al mismo tiempo, expresar patrióticamente su protesta por el olvido y el desamparo de miles de compatriotas que no han podido aprovechar los inmensos beneficios del comercio internacional. Los 73 alcaldes han iniciado lo que se podría convertir en un acto histórico. Ellos saben que cualquier demanda social no tendría sustento sin crecimiento económico y comprenden perfectamente que ese crecimiento depende en mucho de la aprobación del TLC. Por eso pusieron los bueyes delante de la carreta: Primero el apoyo al TLC, luego las demandas para aprovechar sus frutos. ¡Así se hace! Eso es lo que cada sector social debería estar haciendo, apoyar al TLC y exigir políticas públicas para tener acceso a sus beneficios.

Hay dos cosas que solo los tontos pueden discutir. Una es que nuestro progreso económico depende de nuestra inserción al mercado internacional; la otra es que en Costa Rica los segmentos más ricos ganan cada vez más y los segmentos más pobres reciben cada vez menos. La visión de un político sabio es vincular ambas realidades y esto solo se logra propiciando mayor riqueza, con más y mejor comercio y, al mismo tiempo, desarrollando dinámicamente las capacidades territoriales y humanas para una distribución más equitativa de esa riqueza.

No nos enredemos. Los sentimientos hostiles al TLC no nacen de las patrañas absurdas de quienes ya no hallan qué inventar contra el Tratado. Nuestro pueblo no es tan torpe como para creer que con el TLC se desatará la venta de órganos humanos, se acabará el agua de nuestras nacientes y comenzaremos a importar armamento atómico. No nos agotemos discutiendo tonterías. No son esas boberías las que serán determinantes frente a las urnas del referendo.

Ejemplo de los alcaldes. Démosle más crédito a nuestro incrédulo pueblo que siente en carne propia que el crecimiento económico empujado por el comercio se ha visto acompañado de mayor inequidad. Ahí nacen las contradicciones sociales de las que se alimentan los charlatanes. Pero hasta ahora ese resentimiento, con bases justas, es cierto, había tenido sólo un canal negativo de expresión destructiva y nihilista. Esta vez, la carta de los 73 alcaldes abre una nueva vía para expresar el descontento de una forma propositiva concreta y constructiva. Eso es lo nuevo.

Los alcaldes entienden que no ha sido cierto que las gotas del progreso económico se deslicen en rebalse hasta las mesas de los pobres. Esa patraña tampoco nadie la cree. Por eso exigen –digo, en realidad, respetuosamente piden– que se invierta en desarrollo del capital humano en sus territorios, que se les brinde instrumentos para mejorar las capacidades de sus cantones para que, eso sí, se rebalse en competitividad, mejores salarios, más diversificadas exportaciones y mayor riqueza mejor distribuida.

Se necesitaba la fuerza de 73 gobiernos locales para que su voz desempolvara los principios básicos de la equidad en las alacenas indiferentes de la burocracia del Estado. Si su voz fuera escuchada –digo, es un decir, como Cesar Vallejo–, si eso todavía fuera posible, estaríamos en la antesala de un nuevo pacto social, como los grandes, los que han abierto los grandes caminos de nuestra historia, solo que, esta vez, con mucho mayor impacto de corto plazo que ninguno antes.

Las municipalidades. Los alcaldes tienen razón. Es cierto y nos vanagloriamos de que Costa Rica tiene 120 años de cultura, de educación, de paz y de democracia y decimos con orgullo y verdad que somos el país de Centroamérica que invierte más proporción de su presupuesto en salud y educación. Eso es verdad. Lo que no decimos, sin embargo, es que somos el país más centralizado de América Latina, superados solamente por Cuba, porque todavía somos los que aportamos menos proporción del presupuesto nacional al desarrollo de los gobiernos locales. La injusta repartición de la riqueza también contiene la injusta distribución de recursos entre los territorios. Las municipalidades pobres y aisladas quedan rezagadas, sus caminos, deteriorados, su ciudadanía, olvidada.

Los alcaldes apoyan al TLC porque beneficia a Costa Rica, pero recuerdan que mayor sería ese beneficio si se incrementara la capacidad de cada municipalidad de incidir en el desarrollo del capital humano de sus cantones y en la competitividad de sus territorios.

Así va el partido. ¿Dónde quedó la pelota? Las iniciativas del Ejecutivo son, sin duda, de gran trascendencia. Sin embargo, sería un craso error pensar que ahora le toca sólo al Gobierno. Eso no es totalmente cierto. La pelota sigue en nuestra cancha ciudadana. Los grandes documentos que han hecho la historia nacional se han firmado arriba, pero se han comenzado a escribir abajo. Los Gobiernos olvidan con gran facilidad lo que no palpita en las bases de la sociedad.

Por Velia Govaere Vicarioli
Tomado de la Nación