Tema polémico: el frío no está en las cobijas

El ex vicepresidente Kevin Casas, en su artículo “Requiem por un sueño” acierta al decir que nuestro país es ingobernable, pero falla en las causas para explicar el fenómeno.

Gobernabilidad es la actuación de los Poderes Públicos en un espacio considerado como legítimo por los actores políticos, lo que genera la aceptación del mandato y la obediencia de sus disposiciones. Nótese que la palabra legitimidad es clave en el análisis.

Costa Rica no es ingobernable por el pluripartidismo ni por la existencia de actores capaces de frenar el proceso de toma de decisiones. Ni siquiera lo es por la incapacidad de las autoridades para tomar decisiones. Son la falta de legitimidad del proceso decisional, la ausencia de representatividad y la falta de inclusión de los diferentes actores en la construcción de los acuerdos lo que provoca la ingobernabilidad en el país.

La legitimidad es el reconocimiento o la justificación para ejercer el poder político y percibir obediencia simultáneamente. Puede ser legitimidad de origen –el reconocimiento del “derecho a mandar” – o legitimidad en ejercicio –el éxito de la gestión gubernamental en la administración del mandato otorgado–, y la ausencia de alguna de esas dos acepciones hace que la actuación de los Poderes Públicos se convierta en ilegítima y se disuelva la obediencia.

El error de don Kevin es preocuparse más por la rapidez decisional sin abordar el problema de fondo: la legitimidad del proceso y de las decisiones finales. Por eso es que el frío no está en las cobijas: el sistema político costarricense no es ingobernable por la parálisis decisional, la oposición o la discusión, sino porque los actores políticos no están considerando legítimo el proceso de toma de decisiones.

Al no estar apegadas esas actuaciones a los valores, expectativas, intereses o aspiraciones de los diversos actores políticos, estos tienen los incentivos necesarios para evitar que se lleven a cabo acciones que consideran nefastas y utilizan los poderes de veto y los mecanismos que las reglas del juego les otorgan para frenar o paralizar el proceso.

Lo que ha pasado en nuestro país es que los actores no están dispuestos a aceptar, cual contrato de adhesión, las ocurrencias del Gobierno. No están dispuestos a que su voto se convierta en un cheque en blanco que lo autorice a dar rienda suelta a sus tonterías y desaciertos. Para eso han decidido fraccionar al Primer Poder de la República, en el cual, los representantes simplemente están aplicando los checks and balances del sistema republicano, de forma tal que controlan al oficialismo en el Parlamento y al Ejecutivo, para evitar la concentración de poder y para garantizar la representación de las diversas fuerzas políticas que les han dado voz y voto para defender sus intereses y aspiraciones.

Gracias a esos checks and balances, actos tan reprochables como el tristemente célebre “memorándum del miedo” generaron un repudio que sentó las responsabilidades políticas del caso. Gracias a esos mecanismos se ha logrado frenar la aprobación de un proyecto tan absurdo e ilegítimo como Solidaridad Tributaria, que afectará a todos los ciudadanos que trabajan honradamente y son explotados por un Gobierno irresponsable e incapaz, que está en problemas tanto por las erradas decisiones de la Administración de la que don Kevin fue parte como por los propios yerros de este periodo.

Preocuparse sólo por la rapidez decisional sin tomar en cuenta la legitimidad del proceso podría ser solo un grave error conceptual, pero en muchas ocasiones esconde algo más peligroso. Cuando se exige que las decisiones se tomen sin discusión, sin análisis, sin reflexión ni estudio, sin oposición ni oportunidad para ofrecer alternativas, salta a la vista no solo la fatal arrogancia del proponente (quien cree que su idea es tan perfecta que no requiere más que la aceptación sumisa), sino también un preocupante desprecio por la diversidad de opiniones, por el pluralismo, por la representatividad y por los derechos individuales.

La historia nos ha enseñado que cuando surgen líderes mesiánicos o partidos únicos (o hegemónicos) que ofrecen dictar el rumbo a seguir, sin cuestionamientos ni preguntas, solo con la fe inquebrantable en su sapiencia, los resultados son macabros. Esperamos que ese no sea el sueño por el que don Kevin hace un réquiem.

La renuncia de Kevin Casas

A Kevin Casas no lo define un memorándum. Cometió un error y tuvo que pagar desproporcionadamente por ello. Pero demeritar la calidad intelectual, la integridad y una trayectoria académica excepcional por ese error solo puede ser producto de la mala intención, el cálculo político o el desconocimiento.

Alrededor de este memorándum hubo una gran hipocresía. Como lo manifestara Rodolfo Cerdas en una entrevista para el periódico Al Día, "...en torno a este memorando hay mucha hipocresía, sobre todo por la reacción. La historia política costarricense muestra que lo que se recomienda en el memorando ha sido una práctica constante en el ejercicio del poder". El espectáculo de algunos políticos rasgándose las vestiduras mostrando una indignación que no es consistente con sus propias trayectorias políticas ha sido verdaderamente lamentable.

En este país cada vez más se impone la irracionalidad. De la mano de políticos oportunistas que no han dudado en explotar los peores prejuicios populares para avanzar su propia causa, Costa Rica es un país condenado si seguimos por esta senda absurda. Hay personas que han caracterizado el memorándum como manifestación de una práctica política inmoral, pero diariamente vemos cosas peores, como anunciar que se va a desconocer la voluntad popular o que se bloquee la Asamblea Legislativa mediante la presentación de cientos de mociones reiterativas o utilizar el proceso del referéndum para iniciar solapadamente la carrera electoral del 2010. Y se atreven a juzgar y condenar.

Por Roberto Gallardo

Nada que ver

¿Cómo afecta la posición de quienes apoyamos la aprobación del TLC el memorándum Casas-Sánchez? De ninguna manera. La pregunta parece extraña e innecesaria, pero pareciera que los opositores del tratado creen que el memorándum invalida las razones que esgrimen quienes votaremos "SÍ" el 7 de octubre. Nada más alejado de la realidad.

Tampoco nos deslegitima moral o intelectualmente. Aquí que cada palo aguante su vela. El Ministro y el diputado deberán asumir la responsabilidad de sus actos. Si eso tendrá consecuencias sobre sus carreras políticas o si los descalifica políticamente solo el tiempo lo dirá (eso de pronunciar políticamente liquidados a ciertos actores políticos parece más un deseo secreto que una predicción objetiva, sobre todo si consideramos que un expresidente, acusado de hechos infinitamente más graves que ser autor de un memorádum imprudente, se encuentra al borde de una nueva candidatura presidencial). Pero eso es asunto de ellos. El resto de quienes apoyamos la aprobación del TLC no tenemos nada que ver con esto y no debemos cargar (ni dejar que nos quieran hacer cargar) con responsabilidades ajenas.

Desde el punto de vista de las razones que tenemos para apoyar la ratificación del tratado nada ha cambiado. Por supuesto que quienes se oponen tratarán de descalificar moralmente esta posición, pero eso es simplemente otra estrategia, de las mcuhas que se han utilizado en este proceso. Una que por cierto no habría desentonado en el famoso memorándum.

Por Roberto Gallardo

Seguridad nacional digital

Los que violaron la Seguridad Nacional para robar un correo electrónico de Casa Presidencial no son “hackers” aficionados, ni lo hicieron por curiosidad juvenil. La probabilidad es que son delincuentes profesionales, extranjeros, motivados por dogma y/o dinero (ciertamente no “subalternos decentes”). Tan censurable como ha sido el contenido del documento debe serlo la manera en que fue obtenido. Los periódicos publican la información sencillamente porque eso deben hacer los periodistas.

No hay ninguna razón para creer que esto haya sido un hecho aislado. Es muy probable que la violación haya sido sistemática durante meses y alguien tomó la decisión de sacar, uno de los documentos robados, a la luz pública. Enviar un anónimo a cualquier periódico es la manera de hacerlo, sin tener que dar explicaciones.

No creo que ningún costarricense justifique el robo de información a la Presidencia de la República, por el contenido de uno de los documentos. El hecho de que la violación sea digital y no física, no cambia para nada la magnitud del crimen. Para mi es difícil pensar que el dogmatismo haya llevando a algunos a creer que el fin, de veras, justifica los medios.

Si las comunicaciones del presidente de la República estaban comprometidas, debemos asumir que las de todos nosotros también lo están. Claro que la mayoría de nosotros no trasegamos información importante, pero es muy duro pensar que en este país no hay nada privado ni confidencial. Los hechos confirman las capacidades de robo digital que existen actualmente en el país. Las normas de seguridad de la Presidencia eran, obviamente, insuficientes, pero las técnicas de investigación forense digital permitirán identificar pronto a los delincuentes. Los rastros y pistas digitales son más sutiles, y en ocasiones menos obvias, pero existen y son contundentes.

Un artículo del 10 de septiembre en el Guardian de Londres, titulado “China flexiona el músculo de su ejército informatizado”, describe con lujo de detalles la guerra digital que se está llevando a cabo a nivel mundial. Esta guerra busca no slo robar secretos militares estratégicos, sino también secretos comerciales, industriales y políticos, así como la posibilidad de interrumpir (cuando las circunstancias lo requieran) el funcionamiento de los sistemas del “enemigo”. La existencia del brazo “informatizado” del Ejército de Liberación del Pueblo parece estar bien documentada, algunos sugieren que hay hasta 120 países activos en la guerra digital.

Pensar que Costa Rica, por no tener ejército, está inmune a la guerra digital es ser sumamente iluso, al igual que lo es pensar que los enemigos de la Presidencia de la República no reciben apoyo extranjero. Haber violado las normas de seguridad de la Presidencia es, sin duda, más que un acto delictivo.

Como mencioné en un artículo anterior, la seguridad en Internet, es como la del salvaje Oeste. Mal haríamos en dejar a los usuarios a que se valgan por si mismos. El Gobierno, las empresas y las instituciones deben asumir una actitud proactiva en cuanto a la seguridad digital.

El robo de información (bits) debe ser perseguido y penado igual que el robo de objetos (átomos). Debemos educar a la población en la utilización de medidas preventivas (por ejemplo, correo electrónico “encriptado” y monitoreo constante de redes y sistemas). Internet es una gran herramienta que ha cambiado al mundo, es el “lugar” de trabajo, estudio y entretenimiento del futuro, debemos aunar esfuerzos para hacer que sea (y aparente serlo) un lugar seguro. Anunciar a Costa Rica como un país digitalmente inseguro, no solo es erróneo y denigrante, sino que atraerá criminales digitales de todos los rincones del planeta.

Por Roberto Sasso
Tomado de la Nación

Miedo y pecado

¿Dónde radica la autoridad moral para señalar la estrategia del miedo en las argumentaciones en torno al TLC? La respuesta impone hacer una precisión conceptual entre la expresión de un temor fundado en realidades objetivas y el infundir miedo mediante la sistemática fabricación y propalación de falacias. La consideración del primero como uno de los factores de interacción en determinada dinámica no es solo legítimo, sino tantas veces deseable y necesario, como lo atestigua el logro de una eficaz evacuación ante los peligros de un evento natural potencialmente devastador. La utilización de lo segundo es un fraude social, es tratar de hacer prevalecer una visión, apoyándose en falsedades deliberadas con un móvil no aparente.

Cabe preguntarse quiénes y en favor de qué particulares intereses han asustado con la vaina vacía, al afirmar que el TLC tiene jerarquía superior a la Constitución, que entrega la soberanía, que contando con aprobación multilateral se puede renegociar, que suprime las potestades del Estado en seguridad, ambiente, vida o educación pública, que nos dejará sin agua ni territorio insular, que implicará la quiebra de sectores agrícolas, que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) es eterna e inmutable, etc.

Algunos casos. Por el contrario, es riguroso y legítimo expresar temor cuando este se sustenta en realidades objetivas, cuando estudios de campo revelan que la no aprobación del TLC implicará la no generación de muchos empleos adicionales en el sector exportador, cuando se pone techo a nuestra capacidad para conquistar mercados, cuando fuentes primarias revelan la inminente pérdida de puestos de trabajo o incluso de las ya iniciadas inversiones para enfrentar el salto productivo derivado del Tratado, cuando ya existe interés de compañías de alto valor tecnológico que, ante un desenlace negativo, se abstendrían de invertir, cuando nuestras ventas hacia Centroamérica ahora tendrían que competir en desventaja contra las de los Estados Unidos y otros vecinos, y cuando cualquier habitante deba supeditar sus necesidades en telecomunicaciones y seguros a lo que las respectivas instituciones nos puedan ofrecer.

Es la preocupación por las consecuencias claramente perjudiciales de una postura. Del mismo modo, es virtuoso el temor que emana del rigor lógico, como la consideración de que el NO entraña efectos previsibles como la afectación negativa del clima de inversión y del posicionamiento de Costa Rica en el mapa productivo mundial, la pérdida de algunos de los beneficios de la ICC o el efecto adverso que tendría la noción de país hostil para el turismo estadounidense justamente cuando la oferta en ese sector se expande a nuestros alrededores. En suma, es la honestidad en su tratamiento la que hace del miedo un ardid o una expresión de responsabilidad.

Por Pablo Mata Ferreto
Tomado de la Nación

El memorandum

No hay justificación. El tono del memorándum es inaceptable. Eso es todo lo que puedo decir sobre esto. Se me ocurren muchas cosas en defensa de Kevin Casas a quien conozco personalmente, pero en este momento no tiene sentido porque por supuesto hay gente interesada en utilizar políticamente el tema y no atenderán razones de ningún tipo.

Sin embargo no deja de llamarme la atención la hipocresía de algunas personas que se rasgan las vestiduras en público pero que en privado son capaces de afirmar cosas que harían ver a Casas y Sánchez como timoratos niñitos bien. La única diferencia entre Casas y Sánchez y algunos que los defenestran públicamente con un claro interés político es que los primeros fueron puestos en evidencia por un escrito, mientras que los otros AUN no han sido descubiertos.

Entiendo que este no es el momento, pero tal vez algún día podremos hablar con mesura de lo peligroso que es aceptar discutir documentos que se hacen públicos mediante actos ilegales, cómo es que el TSE considera un correo electrónico un documento público y el papel de los medios de comunicación en la diseminación de material adquirido ilegalmente. No es el momento. Pero hay que hacerlo.

Por Roberto Gallardo

En Vela

Mi columna del viernes pasado versó sobre lo que considero la cuestión de fondo del tristemente famoso memorando de Kevin Casas, segundo vicepresidente, y Fernando Sánchez, diputado del PLN: la privacidad, la relación entre el fin y los medios, y el uso de los medios tecnológicos para agredir verbalmente, difamar y amenazar. Los que sabemos del alcance de estas armas sabemos lo que decimos.

Las respuestas han sido de todo linaje y pelambre: muchas sólidamente argumentadas, a favor o en contra (agradezco, sobre todo, las críticas pues, si los elogios estimulan, aquellas hacen reflexionar). La mayoría ha consistido en un des-ahogo verbal explosivo, lo que me ha permitido documentar la magnitud de los problemas psicológicos en ciertos grupos. De estos especímenes deberán de provenir los agresores o agresoras domésticos contra cónyuges e hijos. No podían faltar tampoco los anónimos, a juzgar por sus amenazas: ¡cuídese cuando maneja!, ¡algún día la pagará!, ¡vaya escogiendo el lugar de la vela!, ¡el infierno espera a hombres como usted! ¡Usted es el peor idiota que he conocido! ¡Además de viejo, tonto! En fin, mi columna del viernes quedó probada con creces: estamos expuestos. En mi caso, me alegro. Prefiero que se deshoguen contra mí y no contra su familia. (Como ven, he leído a René Girard).

¿Cuál fue, según estos, el pecado? Que el viernes no me lancé contra los autores del memorando, muestra inequívoca, según los mensajeros, de mi incoherencia y complicidad. En el fondo, un elogio irracional, pues creen que un columnista debe juzgar y condenar de inmediato, y una desbordante temeridad, pues presumen que comulgo con un texto que, de inmediato, fue repudiado por todos y cuya elaboración lamentan sus autores.

¿Hicieron mal los autores? Sin duda. Doble falta: conocedores en grado sumo de las asechanzas del poder político, no midieron su extensión, sinuosidad y peligrosidad, para los funcionarios y la sociedad, aun en la presentación de propuestas cuya mayoría son torpes e inaplicables, y, peor aún, si lo fueran. El escándalo ha sido beneficioso para todos. Para los autores, primeramente; para los dirigentes del SÍ, a fin de que actúen siempre con transparencia, y para ciertos dirigentes del NO para que no acusen a los otros de lo que han sido maestros indiscutibles: la estrategia del miedo y los ataques contra la institucionalidad democrática.

Para todos, tirios y troyanos, novicios y profesionales, la restauración de la discusión crítica y la urgencia de salvar y fortalecer nuestro sistema democrático y político, en este barco común, en un mundo proceloso.

Por Julio Rodríguez
Tomado de la Nación

Pensemos antes de actuar

En ASOJOD repudiamos los comentarios realizados por el vice-presidente Kevin Casas al igual que el diputado Sánchez, los cuales están desperdiciando su excelente preparación académica al sugerir tácticas de este tipo. Pero repudiamos aún más el hecho de que han sido pocos los que han salido en defensa de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución. En lo que interesa el artículo 24 de la Constitución establece: ¨Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República¨. El mismo artículo delega en la ley los casos en que las comunicaciones pueden ser intervenidas, materia que es regulada por el artículo primero de la Ley de Intervención de Comunicaciones que estabelece: La presente Ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional dada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional. Sólo podrá hacerse uso de la facultad prevista en esta ley en los siguientes delitos: Secuestro agravado, Tráfico de menores, Robo agravado, Extorsión agravada, Tráfico ilícito de drogas, Asociación ilícita para delinquir, Delitos contra la humanidad, Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, Peculado, Corrupción de funcionarios, Terrorismo, Delitos tributarios y aduaneros.

Como podrán notar amigos de ASOJOD la conducta del vicepresidente y el diputado no encuadra en ninguno de los casos regulados por la ley, por tanto dicho documento es privado, punto. No importa que tan molestas e irresponsables sean sus declaraciones, esas no son razones para que salga a la luz pública y se realice un juicio político encontra de sus autores. En este orden de ideas es de reprochar la actitud hipócrita de aquellos que hoy claman por sangre y que al mismo tiempo se han declarado defensores de nuestro estado de derecho, institucionalidad y Constitución. Por eso en ASOJOD hacemos un llamado a no dejarnos llevar por las impresiones sino que analicemos dicha situación a la luz de los instrumentos jurídicos que corresponden.