La columna de Carlos Federico Smith: ¡fueTeté!

En las declaraciones, de casi todos los que han acudido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para estudiar el caso de la llamada Trocha, niegan haber tenido algo que ver con tan malogrado proyecto, del que ver se derivaron claros actos de corrupción. Tan sólo cuatro funcionarios públicos, quienes laboraban en el CONAVI, algunos en niveles intermedios, han aceptado sus responsabilidades y sólo dos de ellos guardan actualmente prisión preventiva, por orden de jueces. Por sus deposiciones, casi que el resto de los comparecientes más bien esperaba ser felicitado por sus actuaciones.

Esa es hasta hoy la triste realidad de los hechos en la comisión legislativa mencionada, ante la flagrante corrupción sucedida en ese proyecto.  Nadie de los altos funcionarios gubernamentales comparecientes, quienes tuvieron responsabilidades por la decisión de llevarla a cabo, formular su planificación técnica, ejecutar y supervisar su construcción, ordenar destruir el medio ambiente, decidir acerca de qué actividades se deberían llevar a cabo en dicho proyecto, indicar cuáles obras concretas se deberían realizar y en qué forma y, ante todo, vigilar que las cosas se hicieran correctamente, de acuerdo con nuestras leyes, ha dado la cara asumiendo las responsabilidades del caso. Casi que uno esperaría saber quién fue el que tomó la decisión fundamental de llevarla a cabo y que asuma a plenitud la responsabilidad derivada de esa decisión.   

Como ni siquiera hay asomos de que alguien nos diga que asume la plena responsabilidad política derivada del descalabro, a los ciudadanos, con cuyos impuestos se proveyeron los recursos que fueron objeto del asalto, no nos queda más que elucubrar acerca de quién o quiénes son los responsables de esa torta.  Unos, como yo, pueden pensar que, entonces, fue Teté. Otro que el hombre invisible de H. G. Wells. Alguien más creería que fue la Sombra (esto para los muy viejitos). Para quienes están muy perdidos, podrían juzgar, por aquello del desperdicio y atolondramiento navideño, que fue el Amigo Invisible. Tal vez alguien pensaría que fue aquel hombre invisible, irresponsable, que abandonó a la mujer que embarazó. Cualquiera puede haber sido, menos los que no aceptaron responsabilidad alguna ante la Asamblea, si bien, tal vez, tendrán que hacerlo ante la justicia.  Es mucho en lo que dependemos de la acción de la Fiscalía General de la República. Que Dios la ilumine, pues ya sabemos al monstruo que se enfrenta. 

Mientras tanto, nos anuncian que pronto se reanudarán los trabajos a medio palo en la Trocha. Se me revuelve el estómago, pero lo que es lo más notorio del momento, cual es la recontratación de la empresa que estaba encargada de la vigilancia en la primera etapa fallida, no lo voy a juzgar en este momento. Repugna, como si no existieran otras empresas que se pudieran encargar de tan delicada función, sin que se haya puesto en duda la eficacia de una tarea de vigilancia previa. 

Pero ha pasado desapercibida la declaratoria presidencial de que, quienes se oponen a la Trocha, son unos traidores a la Patria. Casi que me dan ganas de oponerme a ella, tal vez por lo sucedido con nuestros recursos escasos y con el juego politiquero en que se nos ha querido involucrar. Pero no lo voy a hacer, a fin de no distraerme en mi esfuerzo, porque salgan a la luz los responsables del robo de fondos públicos más grande y reciente de nuestro país.  El símbolo de la justicia podrá estar vendado. Pero no es un significado de que las cosas se deban tapar, sino para que la justicia sea imparcial. Nada más. Pero que se lleve a cabo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: responsabilidad compartida

El accidente de la grúa en la autopista General Cañas, en mi opinión, tiene dos claros responsables: la empresa Grúas Quirós, dueña del vehículo pesado, y el estado costarricense.

El primero porque es la propietaria de ese vehículo que indebidamente circulaba por la autopista sin los permisos correspondientes, sin cumplir los requisitos necesarios y definitivos para obtenerlos, además de que, en apariencia, ya había sido conducido anteriormente en tales circunstancias, incluso transitó por el mismo lugar en donde ocurrió el accidente de marras. Además, circulaba sin que fuera precedido ni seguido de vehículos que indicaran la presencia de un equipo pesado en movimiento.

El segundo porque el puente Bailey sobre el cual se accidentó dicha grúa, no contaba con las advertencias necesarias en cuanto al peso permitido para poder pasar por él, así como tampoco en cuanto a limitaciones acerca del tamaño o magnitud del equipo. Asimismo, el organismo especializado en asuntos de infraestructura vial, el LANAMME, ha insistido en que los puentes Bailey no deben durar instalados más de dos meses; esto es, que son estructuras eminentemente transitorias, temporales. La verdad es que el Bailey en donde ocurrió el accidente tenía muchos meses más de instalado. Hay uno más de esos, a pocos metros de distancia de donde se cayó la grúa, que tiene ya varios años de instalado, como es el ubicado frente al Colegio Castella. En muchos lugares del país un gobierno poco previsor ha acudido a instalar puentes Bailey, supuestamente para solucionar una emergencia, pero que casi siempre terminan siendo estructuras permanentes.

Lo cierto es que el daño ya está hecho y ahora vienen los pleitos en cuanto a su cobro. Dichos daños no son sólo por la destrucción del puente Bailey, sino que también dio lugar a que se incurriera en otros costos por el cierre a que dio lugar.  Esto es, el mayor gasto en gasolina por las presas que ha originado, al tener que desviarse el tránsito por otras rutas, así como el tiempo que pierden quienes ahora deben circular por ellas.  Asimismo, ha sido necesario el cierre de ciertas escuelas de las zonas, se han perdido citas en hospitales de la zona, ha dado lugar a mayores costos de transporte de las mercancías que deberán ser cubiertos por los consumidores. Todo ello se traduce en costos o daños para la sociedad como un todo.

El problema con el accidente de esa grúa trae a colación uno mayor, cual es el mal estado de la señalización vial en nuestro país. Desde ahora debe preocuparnos la vigilancia, en un gobierno ansioso de agarrar plata a como haya lugar, que las autoridades van a hacer en cumplimiento de los límites de velocidad permitida en nuestras vías. Esto según la nueva Ley de Tránsito recientemente aprobada. La falta de indicadores de velocidad no permite a los conductores saber con qué rapidez pueden conducir, sin incurrir en multas onerosas. Los tráficos golosos harán un festín con los conductores mal informados. 

Tal vez podríamos aplicarle la grúa a un estado que ni siquiera es capaz de poner señales, que indiquen límites racionales e informativos a quien circula por nuestras  vías.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos la renuncia

Hace pocos días renunció un ministro inglés debido a que hace más de 8 años se vio involucrado en un accidente de tránsito. Él había señalado que su esposa conducía, cuando en verdad era él quien lo había hecho. Su renuncia fue inmediata, dado el daño que causaba al gobierno conservador del cual formaba parte, a pesar de ser él de otra agrupación política, de los llamados demócratas liberales. La responsabilidad política que tenía ese ministro por los hechos comentados fue la causa de su renuncia e ida respetable hacia su hogar.

Más impactante fue lo que políticamente sucedió en Japón, a raíz del tsunami que destruyó las instalaciones nucleares de Fukushima, el 11 de marzo del 2011. En mayo de ese mismo año renunció Masataka Shimizu, jefe de la poderosa firma TEPCO (Tokio Electric Power Company), entidad encargada de la administración de las instalaciones nucleares de Fukushima, como forma de asumir la responsabilidad por lo sucedido a causa del maremoto.

Poco antes había renunciado Toshiso Kosako, tal vez el más alto consejero del gobierno en asuntos de energía nuclear, quien indicó que el gobierno había ignorado sus consejos acerca de la seguridad nuclear, dados los acontecimientos de Fukushima.

En julio de ese mismo año, renunció el Ministro para la Reconstrucción del Japón, Ryu Matsumoto, por haber formulado unas declaraciones que se consideraron “insensibles” en torno a la crisis de la planta nuclear de Fukushima.

Poco tiempo después, el Primer Ministro del Japón, Naoto Kan, presentó su renuncia al cargo, a fin de cumplir con su palabra empeñada en junio, de renunciar debido a la responsabilidad política por los acontecimientos sucedidos, una vez que a su gobierno se le aprobaran ciertas acciones.

Como si fuera poco, el recién electo Ministro de Comercio, Yoshio Hachiro, presentó la renuncia a su cargo en setiembre del 2011, con tan solo ocho días de desempeñarlo, a causa de unas declaraciones “infantiles” en torno a la tragedia.

En noviembre del 2011, Masao Yoshida, quien era el director de la planta nuclear devastada, presentó su renuncia.

Lo que sorprende es ver cómo los altos funcionarios japoneses asumen la responsabilidad política que resulta de acciones que su pueblo considera como indebidas, impropias o descuidadas, incluso frente a un hecho tan fortuito, como fue el tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima.

Comparemos la dignidad y civilidad que rodean estas renuncias de funcionarios públicos, como manera de responsabilizarse por sus gestiones políticas, con lo sucedido tan sólo recientemente en nuestro país, pues en verdad no vale la pena hurgar toda una triste historia al respecto, como es el caso nuestro.

Para que soltara la chamba, un infeliz alcalde de una importante ciudad del sur del país, fue necesario que el pueblo realizara un plebiscito y de esa manera mostrar su voluntad de destituir, a quien no había servido a cabalidad con las obligaciones para las cuales fue electo. El vía crucis de la ciudadanía para tener a alguien nuevo que encabezara su gobierno local, no tiene parangón. Fue deprimente observar el papelón que al respecto desempeñó el Tribunal Supremo de Elecciones, que medroso acogió cuanto recurso le plantearan los cercanos al destituido alcalde. Con posterioridad, esa entidad pretendió mostrar que era el portaestandarte de la voluntad popular, cuando lo cierto es que se vio forzada, indirectamente por decisión de la Sala Constitucional, a acoger la destitución franca del alcalde, que el pueblo había tomado mediante su plebiscito. Más que cólera daba ver la actitud del alcalde, apegado a las faldas de su esposa diputada del partido oficialista, con el fin de conservar su chamba a como hubiera lugar. Francamente daba lástima, pues uno no puede concebir a un político que se divorcia más de la voluntad de un pueblo, cuando éste vota por su destitución y aun así él insiste en quedarse. ¡Qué escasa es la dignidad!

Hay muchas cosas buenas en este episodio de destitución de un alcalde, mediante un referendo que realiza su pueblo, y que se deben rescatar. Por una parte, que el contrato que un pueblo hace con un gobernante de turno no es algo irreversible y eterno. En este caso, el plebiscito fue la salida escogida para deshacer un contrato que resultaba a todas luces desventajoso para la ciudadanía. En segundo lugar, muchos otros alcaldes incapaces y corruptos en nuestro país deben poner sus barbas en remojo, al darse cuenta que, cuando un pueblo noble y honesto se organiza, los pueden destituir. Si esos malos políticos soñaron que, cuando fueron electos, lo era por siempre, pues se equivocaron: lo único que los alcaldes de turno deben hacer es dedicarse honrada y efectivamente a servir los propósitos para los cuales se les eligió. En tercer lugar, los apadrinadores de las alturas político-institucionales deben de tener mucho cuidado cuando pretendan ignorar la voluntad de los ciudadanos libres. El pueblo es el soberano: los gobernantes son sus servidores y, quienes administran las reglas, también lo son. Ambos deben servir a la voluntad suprema de la sociedad civil; esto es, al pueblo. Servir a aquello que no es el gobierno y menos todavía a los políticos oportunistas del momento, quienes con frecuencia lo único que pretenden es proteger a sus adláteres del peso de la voluntad popular, libremente expresada.

Parece que tener un buen nombre no es algo importante para ciertos políticos. Ello lo deduce uno de la conducta de cierto diputado de la Asamblea Legislativa, cuestionado desde muy diversas partes, hasta de su propio partido político oficialista, aunque tratado “suavecito”, con poca firmeza. Si se respetara a sí mismo o si al menos honrara a las personas que lo eligieron con base en cierta información acerca de su comportamiento público, de la cual disponían en aquel momento electoral, ante las graves acusaciones que hoy se le hacen y por la evolución de los acontecimientos en los tribunales y en la misma Asamblea Legislativa, ¿por qué no renuncia a su curul y a su inmunidad y se dedica a defender su buen nombre, si es que ha sido injustamente acusado? Si ese diputado aprecia en algo el respeto que debe tener una Asamblea Legislativa, lo que le corresponde hacer es despedirse con dignidad y señalar, si fuere el caso y ante la evidencia, que se apresta a defender su honra, presuntamente mancillada. Lo que no puede hacer es esconderse tras un privilegio legislativo, usado para garantizar la independencia de sus decisiones en el Congreso, usado como medio para retrasar o impedir la sanción moral y legal. Puede ser que, para algunos, París bien vale una misa, pero no parece ser que una diputación cuestionada sea algo de la cual un buen ciudadano se puede enorgullecer.

El robo de más de 250 pistolas de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, concretamente de la Dirección General de Tránsito, se ha visto dramáticamente rodeado de la renuncia (separación forzada, de momento) de algunos funcionarios de esta última entidad.

Resulta evidente la gravedad de lo sucedido. No dudo de la capacidad de una horda de 250 facinerosos, con esas armas debidamente arregladas, de casi poder tomar el poder mediante un golpe de estado. Pero no creo que ello vaya a suceder. La impresión que me dejó ese señalamiento de una persona amiga, fue tan fuerte, al exponer las posibilidades que en nuestro medio puede tener un grupo de delincuentes comunes y corrientes, armados hasta los dientes con equipo moderno, que aprovecho para transmitírsela a los apreciados lectores, a fin de que cada uno de ustedes medite acerca de la trascendencia de ese acto delincuencial.

Parece haberse presentado toda una cadena de hechos que evidentemente deben ser apechugados por quienes tenían la responsabilidad básica de cuidar esas armas. Se ha dicho públicamente, por ejemplo, que con anterioridad se había denunciado ante la Contraloría General de la República, la precariedad en que se encontraban guardadas esas armas del Estado costarricense, en instalaciones de la Dirección General de Tránsito. Si se recibió esa denuncia y el órgano de control no hizo nada al respecto, por su trascendente importancia debería de implicar la asunción de responsabilidades por el mal manejo de la denuncia, por parte del órgano contralor. Debo decirlo: si hay una entidad que conoce del tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos es la propia Contraloría. Así que, ¡a aplicar lo correspondiente!

Lo que uno no entiende es cómo parte tan importante del arsenal costarricense yacía en unas instalaciones totalmente inadecuadas, en donde ni siquiera había instaladas cámaras de vigilancia (sí, aunque fuera una de esas que las mismas autoridades de tránsito han querido poner en muchas de nuestras calles). Se ha mencionado que si acaso estaban protegidas por un par de candados comunes y corrientes y que su seguridad y cuido recaían en manos privadas, algo que ciertamente confunde hasta los cuasi-anarquistas, quienes claramente juzgarían que aquellas sí son funciones propias del Estado.

No se trata ahora de dejar que la cuerda se rompa por lo más delgado, aunque sea en varias partes de esa “cuerdita floja”: es necesario que se analice diáfanamente ante la ciudadanía si las autoridades superiores que tienen a su cargo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y bajo cuya responsabilidad está el manejo de la Dirección General de Tránsito, no deberían, casi desde el momento en que ingresaron esas armas a las instalaciones de estas últimas, supuestamente de manera transitoria, haber ordenado su traslado casi de inmediato al Arsenal nacional. Se supone que allí sí se le daría el cuido apropiado al armamento estatal.

Más aún, debe investigarse -y mostrar al país- si esas autoridades superiores del Ministerio de Obras Públicas (así como las del Ministerio de Seguridad) tuvieron conocimiento previo alguno del precario estado en que estaban cuidadas esas armas, en instalaciones inadecuadas, con poca protección, en manos privadas y no de la policía del Estado, casi sin vigilancia y con una infraestructura totalmente inapropiada para el cuido que se debe dar a los armamentos. Si las autoridades superiores llegaron a tener conocimiento o se les hizo saber de ese estado de cosas por sus subalternos y no hicieron nada para remediarlo, deberán ellas asumir la responsabilidad de no haber cuidado debidamente el armamento nacional.

Ni siquiera estoy pidiendo que hagan lo que hicieron los dignos funcionarios japoneses que describí al inicio de este comentario. No estoy solicitando que simplemente renuncien y con ello asumir la responsabilidad política por sus acciones. Sólo planteo que, si tenían algún conocimiento de lo que pasaba con el cuido de esas armas en las instalaciones de la Dirección General de Tránsito, y no hicieron nada al respecto, entonces, que asuman su responsabilidad por tan grave falta y se vayan para sus casas.

Yo sé que, como toreros en una plaza de toros mexicana o española, le han hecho el “ole” a cualquier pedido de renuncia. Recuerden que en Costa Rica, para los políticos mediocres todo se vale menos la renuncia. Tal vez esta sea la oportunidad histórica en que se colma el vaso político por la incapacidad en su desempeño. La ciudadanía debe exigir que renuncien los irresponsables. Hechos de tal gravedad no deben concluir únicamente con que se echen de sus puestos a funcionarios medios, si es que sus superiores no hicieron nada para averiguar acerca del estado precario en que se encontraba tan importante armamento. Pero aún más grave es el incumplimiento irresponsable si es que tenían conocimiento del descuido en el manejo de esas armas y no hicieron nada para arreglarlo… tal vez excepto hablar paja…

Algo huele a podrido en Dinamarca, dijo Shakespeare… Todo menos la renuncia, es lo que algunos pigmeos dicen por aquí.


Jorge Corrales Quesada

También puede encontrar este artículo en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

Tema polémico: ¡Qué cuento!

Para este Tema polémico, quisiéramos plantear a siguiente interrogante: si usted le presta diez millones de colones a una persona, bajo el compromiso de que se lo devuelva después de cierto plazo, pero llegado el momento, esta persona le dice que no le va a pagar, ¿usted le diría que se vaya tranquilo y haga de cuenta que no ha pasado nada?

La verdad encontrar a alguien que realice semejante acto debe ser algo difícil, pero no es algo criticable si lo hace con su propio dinero. Después de todo, cada quien hace lo que quiere con sus recursos. Ahora bien, ¿qué tal si esta persona presta una gran suma, digamos que alrededor de ocho mil millones de colones, dinero que no es suyo sino de varias personas y, al final, cuando llega el momento de cobrar, le termine condonando la deuda?. Usted posiblemente diga que esto es una locura o un acto de total irresponsabilidad, por cuanto la gente no puede andar prestando dinero que no es suyo y luego, sin más, perdonar las deudas.

Pues bien, esto es lo que nuestros "Padres de la Patria" trataron de hacer el pasado 25 de agosto del 2009. Durante la sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que buscaba la condonación de deudas de “agricultores” por la nada despreciable suma de ocho mil millones de colones. Estos “agricultores” tenían una deuda con el Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuario para pequeños y medianos productores, (FIDAGRO) y con algunos de los recursos de Reconversión Productiva, los cuales pasaron a manos del Sistema de Banca para el Desarrollo.

El argumento para semejante alcahuetería se basa en el “razonamiento” de que son créditos incobrables y que su condonación haría justicia con estas personas que se han visto golpeadas por diversos factores, como las condiciones climáticas adversas que afectan la producción, o que no cuentan con la información de mercado para colocar sus cosechas con éxito. En fin, excusas y más excusas, todas irracionales.

Pero la fiesta no para aquí: resulta que, en la lista de quienes recibirían el perdón de sus obligaciones, se encuentran personas que podrían no ser pequeños o medianos productores agrícolas, población a la cual el proyecto busca beneficiar. Por ello, un día después, nuestros serios, responsables y sensatos legisladores detuvieron el avance del proyecto y solicitaron devolverlo a una comisión para estudiar la información de los "agricultores". En cualquier banco, quien apruebe un préstamo y luego decida no cobrar, muy posiblemente sería despedido de inmediato. Pero en nuestro "Estado Social de Derecho", nada más se le da una palmadita en la espalda y se "investiga".

Esto de las condonaciones no es una historia nueva. El Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas (FNCA), creado para pagar pérdidas de agricultores por el clima en noviembre de 1983, asumió deudas que tenían estos con los bancos. En 1995 se ordenó su liquidación, pero en agosto de 1997 no se había logrado aplicar, por lo que, al final, el FNCA pagó las deudas. La pérdida estimada fue entre los 2.ooo y 3.ooo millones de colones.

El 30 de noviembre del 2004, los diputados aprobaron que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) condonara ¢433 millones en multas y tasas. El 4 de febrero del 2005 se conoció que el Consejo Nacional de Producción (CNP) reservó ¢2.724 millones por incobrables del Programa de Reconversión Productiva. En febrero del 2005, los diputados autorizan al IDA a perdonar ¢3.500 millones en multas e intereses a morosos en el pago de parcelas.

El 26 de abril del 2006 los diputados ordenan a Infocoop perdonar ¢372 millones a Coopesilencio. El 3 de junio de ese mismo año, se conoció que el CNP perdió ¢2.215 millones en un proyecto de plátano y otro de raíces tropicales. El 26 de agosto del 2006, el CNP anunció que estuvo a punto de perder ¢6.300 millones en Reconversión y que solo 30 de 158 proyectos califican como sanos.

Como se puede ver, el cuento de la lastima y el pobrecito es de larga data en Costa Rica. Es, por así decirlo, parte de nuestra idiosincrasia político-económica. Sin embargo, en ASOJOD consideramos que no es un recurso valido para aceptar tanta alcahuetería por parte de los “padres de la patria”, y que, a todas luces, este es un acto de populismo electoral, donde los zánganos del Estado han sacado provecho de los recursos de todos los costarricenses. ¿O ahora resulta que nosotros somos culpables de la existencia de sequías o inundaciones? ¿Será que estamos moralmente obligados a llenar nuestras alacenas de determinados productos agrícolas que no necesitamos o no queremos, solo para que algunos no quiebren?

La próxima victima de estos parásitos de los recursos públicos será sin lugar a duda, el Sistema de Banca para el Desarrollo, diseñado para "financiar proyectos productivos a personas que no son sujeto de crédito". ¿Por qué tanta seguridad en ASOJOD? Porque el hecho de que esas personas no sean sujeto de crédito nos dice que no tienen para pagar sus deudas y no hay que ser un genio para imaginarse que si su proyecto falla, el dinero de los tax payers se irá a la cañería. Pero, queremos aclarar, aún cuando el proyecto sea exitoso y la persona pague sus deudas, el principio perverso no se borrará: unos haciéndose responsables por el éxito o fracaso de otros.

Una y otra vez la historia nos propina un golpe contra la realidad, y nos recuerda lo que sabíamos, pero tercamente hemos ignorado: que el Estado no debe meterse a desempeñar el papel de regulador de las actividades productivas, pues sus actos, en vez de ayudar distorsionan el funcionamiento de las relaciones económicas entre los individuos y, sobre todo, que nos debemos basar en reglas sencillas para la sana convivencia en sociedad aplicables en cualquier ocasión de nuestra vidas, entre ellas: que si pido algo prestado lo debo devolver, y si no lo devuelvo debo pagar por las consecuencias de mis actos, en fin que la responsabilidad es individual y no se le puede trasladar a otros.