La columna de Carlos Federico Smith: ¿dueños de qué? Tal vez de nada...el dueño es otro

Este es un ejemplo de algo que ha venido dándose y dándose y dándose, y todas las burocracias no lo han resuelto  ̶ durante 60 largos y extensos años. Me refiero a que el Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), antes llamado Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), luego Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), sigue siendo la misma mona con el mismo rabo (pero con nombres cambiados cada cierta temporada), pues resulta que, según aparece en un comentario en La Nación del 17 de julio, bajo el título “INDER acumula desorden de 60 años con tierra sin regular,” el desorden allí con las tierras “es tal que la institución ni siquiera tiene claro a cuánto asciende el área de sus propiedades…” Tal vez el INDER, como dice la canción del Puma, es “dueño de nada” o bien dueño de lo que otros creen que es de ellos.
 

El desorden es tal que, por ejemplo, “se ‘descubrió’ que la… Hacienda Miravalles, la cual incluye comunidades de Bagaces, como Fortuna, Guayabo y San Bernardo, es propiedad de esa institución.” Estamos hablando de pueblos relativamente grandes en Guanacaste, en donde sus habitantes de muchos años, no son sus dueños de sus tierras, sino que el propietario es el ente estatal (o sea, aquellos hoy son “dueños de nada.”) Y, señala el medio a su fuente. la presidenta ejecutiva del INA, señora Diana Murillo, en cuanto a que “casos como ese se repiten en todas las zonas del país.” Bueno, mejor revisar si lo que uno cree que es de su propiedad, en la de menos resulta ser del INDER.
 

Para saber en realidad como está la situación de sus propiedades, como siempre suele suceder, habrá contrataciones de “abogados, notarios, topógrafos, asistentes y encuestadores, entre otros, para aligerar la tarea.” La suma por gastar se estima en ¢2.700 millones en cuatro años. La plata en el estado parece abundar…
 

Vean las razones que, en opinión de funcionarios del INDER, “intervienen en la acumulación del problema”: verán en ellos una loa a la ineficiencia de la burocracia a través de muchos, pero muchos, años:
 

1.- Se compraron fincas ya ocupadas y se les dieron las parcelas a los que calificaban y se desalojaba a los que no. Gran cantidad de los que las recibieron no se interesaron en la escritura para evitar “el compromiso de mantenerse al menos 15 años en la parcela,” así como no pagar impuestos y, “en otras ocasiones, la entidad nunca ejecutó la acción de titularizar las parcelas.”
 

2.- Que tierras donadas por grandes empresas (como la Bananera) no fueron puestas en regla.
 

3.- Tierras que el gobierno traspasó mediante decreto y que nunca el acto se legalizó para quienes las ocuparon.
 

4.- Se compraron tierras que luego demostraron tener problemas de registro y a los cuales no se les puso orden.
 

Como acertadamente lo señala la señora Murillo, aunque la institución por muchos años “ha planeado como justificación la falta de personal para realizar la labor de regularización, esta no ha sido la causa principal, esa es normalmente la excusa perfecta para no hacer el trabajo que nos corresponde.” Bien dicho y buena suerte, señora presidenta ejecutiva del INDER: que no pasen otros sesenta años más para celebrar el 120 aniversario del desorden.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la gloria salarial en el ICT

Dos artículos recientes de La Nación, uno del 16 de julio titulado “Antiguo incentivo del ICT impacta su presupuesto,” y otro del 30 de julio, bajo el encabezado “53 empleados del ICT ganan más que la presidenta ejecutiva,” brindan la información base para mi comentario.

En resumen, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) posee un sistema de incentivos que desborda lo imaginado. Vale la pena que destaquemos algunos detalles de, al menos, 14 incentivos, en donde hay un presupuesto total para incentivos en el 2018 de ¢5,720 millones.

1.- ANUALIDADES: Se paga un 5% sobre el salario base. En el presupuesto de este año se estima que costará ¢2.243 millones. (Dado que, según La Nación del 16 de julio en el ICT hay 298 empleados y en el reportaje del 30 de julio indica que allí 277 empleados, como no sé cuál es el real, salomónicamente escojo el promedio de 287 empleados para algunos cálculos). Eso significa que, en promedio, cada empleado recibiría ¢7.8 millones al año, sólo por anualidades (recuerden, este es sólo un promedio; algunos recibirán mucho más y, otros, mucho menos). “Un informe de remuneraciones realizado en el 2016 por el ICT señaló que sus empleados tienen, en promedio, 18 anualidades,” dice en su comentario La Nación del 16 de julio.

2.- QUINQUENIO: Se paga un 10% sobre el salario base por cada vez que el empleado cumpla 5 años de trabajar; pagadero en fracciones de 2% cada año y para cada quinquenio trabajado. Incluso si no cumple los 5 años laborando, se le reconoce anualmente el 2%; también si se retira antes de ese tiempo. En el presupuesto de este año, el ICT desembolsará ¢710 millones por este plus.
Es importante analizar un poco estos dos primeros pluses en conjunto.  Ambos, de hecho, significan un 7% del salario base. Los dos se reflejan en el presupuesto de este año en la cifra de ¢2.953 millones; o sea, un promedio de ¢10.3 millones por empleado por año. Estos dos incentivos exceden al monto presupuestado para el salario base en casi un 20% (o sea, se paga por esos dos incentivos, un 20% más de lo pagado como salarios base), que en este año es de ¢2.467 millones,
En el 2006, la Procuraduría General de la República se opuso a este adelanto del 2% anual del pago total del quinquenio, al considerar “que desnaturaliza la figura del quinquenio.” Quienes quedamos “desnaturalizados” somos los ciudadanos, al ver cómo se emplean los recursos públicos. Y todo ha seguido igual… Procuraduría o no.

3.- ASIGNACIÓN PROFESIONAL: Se reconoce hasta un 20% del salario base por estudios formales. Hace poco lo eliminó la Sala Constitucional, pero sólo para nuevos empleados. Así, para los “anteriores,” el presupuesto del 2018 destina ¢211 millones.

4.- CARRERA PROFESIONAL: Se reconoce lo mismo que el gobierno central, que antes era de un 1.55% del salario base y recientemente se fijó un monto de ¢2.273 por cada punto, siempre que no sea requisito para el puesto correspondiente. El monto presupuestado para este año por el ICT para esta partida, es de ¢280 millones.

5.-DEDICACIÓN EXCLUSIVA: Se paga a la mitad de los funcionarios del ICT y el monto presupuestado este año es de ¢800 millones. Refiriéndose a los funcionarios del ICT que actualmente ganan más que la presidenta ejecutiva de él, se indica en la información del 30 de julio que “Reciben… un 55% por dedicación exclusiva…” Tal es el caso presentado de un ejemplo de un jefe de departamento.

6.- FONDO DE JUBILACIONES: El ICT aporta un 5% de la planilla para dicho fondo de los empleados.

7.- FONDO DE GARANTÍAS: El ICT aporta un 5% de la planilla para ese fondo de los empleados.

8.- ASOCIACIÓN SOLIDARISTA: El ICT aporta un 5.33% de la planilla para tal fondo de los empleados.
Los pluses del 6 al 8 antes indicados, significan un monto en el presupuesto del 2018 de ¢917 millones.

9.- VACACIONES: 30 días hábiles al año.
 

10.- JORNADA: 8 horas diarias, que incluyen 45 minutos para almorzar.
 

11.- PERMISOS PARA ESTUDIAR: Se paga el salario para estudios en el país o en el exterior.
 

12.- MATRIMONIO: Se otorgan 8 días hábiles con pago completo del salario.
 

13.- PAGO POR INCAPACIDAD: El ICT paga el diferencial con respecto a lo que paga la Caja de Seguro Social por incapacidad, a fin de que el empleado reciba el 100% de su salario en ese lapso.
 

14.- FUNERALES: El ICT otorga “beneficios económicos para cubrir gastos funerales de los familiares de sus colaboradores.”
 

Todo esto conduce a una disparidad total entre los salarios de ciertos altos funcionarios del ICT, según lo expone el comentario de La Nación del 30 de julio. Por ejemplo, y es el punto de referencia, mientras que un ministro del gobierno de la República, incluyendo la prohibición, gana un salario base más pluses de aproximadamente ¢2.3 millones o que la presidenta ejecutiva del ICT reciba un salario total fijo de ¢2.7 millones, en el caso del auditor tiene un salario base de ¢1.3 millones más ¢4.6 millones (el medio erradamente indica una cifra que no calza de ¢3.6), para un total mensual de ¢5.9 millones. Por su parte, un jefe de departamento puede ganar un total de casi ¢4.9 millones, formado por un salario base de ¢900 miles y los pluses de casi ¢4 millones. Asimismo, un ejecutivo de turismo 2 obtiene un ingreso mensual total de ¢3.5 millones, conformado por un sueldo base de ¢700 mil colones y ¢2.8 millones en pluses. Evidentemente algo anda muy, pero muy, mal en la estructura salarial del ICT.

Pero, hay algo sorprendente que afirmó “la institución,” el ICT: “Nótese que el ICT no forma parte del Gobierno Central, ni tampoco forma parte de las instituciones cuyo presupuesto proviene de ningún tipo de transferencia.” De hecho, provienen “del impuesto de un 5% sobre los pasajes para viajes internacionales que se compran dentro y fuera del país, así como de un impuesto de ingreso de $15,” tratando con esa aseveración de presentar una justificación a su discorde política salarial.

Aparentemente lo que esas autoridades consideran es que hay un país llamado ICT dentro de Costa Rica y que, si ellos directamente esos fondos provenientes de un impuesto nacional, no se trata, en última instancia, de fondos públicos de todos los costarricenses. Lo pongo en sencillo: lo que uno paga por los impuestos de ventas o renta es equivalente a lo que uno paga en impuestos al comprar un tiquete de viaje: sale de los bolsillos de las personas, y son fondos llamados públicos, porque pertenecen, en última instancia, a un pago que la ciudadanía hace al erario del estado. No estamos en presencia de un reino independiente, que puede hacer lo que le da la gana con esos recursos; tan es así, que se requiere de una aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de la República en representación ciudadana, para que el ICT pueda usar esos recursos. Si esos burócratas alegan que aquellos son impuestos que “pagan los extranjeros,” y que por tanto no es de bolsillos de nacionales, igualmente lo son los impuestos a las exportaciones o la serie de cargas sociales que se agregan en el costo del trabajo usado para producirlas.
 

Los gastos del ICT, como los de cualquier otro ente autónomo, descentralizado o sujeto público, constituyen el uso dado a dineros de personas que pasan, mediante diversos cargos e impuestos, a manos de entes del estado y no son de uso discrecional por parte de ningún burócrata jerarca de un ente público. Que quedemos bien claros en esto…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los pluses en las universidades públicas

Cuando uno observa cómo un ministro de Educación es capaz de trasladar recursos de su ministerio, que parecían eran “sobrantes,” hacia las universidades estatales, le da cólera que ese mismo gobierno pretenda cargar a la ciudadanía con más impuestos, para que se pueda seguir en ese derroche de recursos de los contribuyentes.

Recuerden que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es un aporte que el gobierno hace a las universidades públicas (excepto para la Universidad Técnica Nacional, que recibe financiamiento gubernamental por aparte) con fondos de todos los ciudadanos. En el 2018, el FEES significó un gasto de ¢496.279 millones y para el 2019 el monto sería de ¢511.154 millones y, esa diferencia de alrededor de ¢15.000 millones saldrá de sobrantes en los gastos del MEP. O sea, que eran recursos que, en vez ser ahora gastados en una educación financieramente privilegiada, podía haberse usado, por ejemplo, en restaurar escuelas y colegios hoy en mal estado. Pero, con esto el gobierno nos demuestra adónde es que radican sus preferencias de gasto y, peor aún, que no parece haber una actitud de mesura en el gasto, sino, más bien, acudir a más impuestos o al endeudamiento de toda la ciudadanía para seguir en ese gasto displicente. La fuente de los datos aquí citado es el artículo, “Incentivos en universidades públicas devoran ¢1 de cada ¢3: UCR, UNA, UNED y ITCR gastan en pluses más que en salarios base,” de La Nación del 10 de julio.

Para este año se estima que el total de los presupuestos de las universidades públicas será de ¢714.000 millones, con lo cual el FEES equivaldría a poco más del 70% de ese presupuesto. Y, por otra parte, el total de remuneraciones (que incluye salarios, cargas sociales e incentivos) para este año ascendería a ¢418.020; esto es, casi el 82% del FEES. En dos palabras, una parte sustancial de los presupuestos de las universidades públicas se financia con el FEES y, en esencia, una parte significativa del FEES equivale al financiamiento de las remuneraciones del personal de esas universidades.

Además, los llamados incentivos o pluses en esas universidades públicas en el 2018 se considera que ascenderá a ¢201.393 millones, mientras que los salarios base de esos centros para este año totalizarían ¢337.016. Estos últimos, como porcentaje de los presupuestos, serían un 28.2%; es decir, de casi un tercio del presupuesto se va en el pago de salarios básicos y, por cada colón que se gasta en salarios básicos, se gasta casi ¢1.50 en pluses (en la UCR el cociente es de ¢1.73; en la UNA de ¢1.09; en la UNED de ¢1.51, en el TEC de ¢1.87 y en la Universidad Técnica Nacional de ¢0.87; por contraste, en el gobierno central el monto equivalente es de ¢1.04).

Dado que “las universidades pagan al menos 20 incentivos entre sus empleados docentes y administrativos,” haré un breve recuento de sólo algunos de los pluses pagados en cada centro mencionado, específicamente en el artículo citado:
 

UCR: Anualidad del 3.75% por cada año laborado; otro por antigüedad; 30% por dedicación exclusiva; otro 30% por mérito académico y se puede acumular otro 4% por cada paso académico que se obtenga; zonaje por hasta un 39% y, si se desplaza a otra sede de la UCR, puede obtener una bonificación de hasta un 29%. En la UCR la anualidad era antes del 5.5% sobre el salario base, pero, la nueva del 3.75%, aun siendo porcentualmente menor, se calcula sobre el salario base más otros componentes.
 

TEC: Anualidad entre 4 y 6%; 30% por dedicación exclusiva y hasta un 56% por grado académico y “otro porcentaje variable por carrera profesional.” Los rectores reciben un reconocimiento “por su cargo” de 130%, por jefatura y coordinación. La anualidad era antes de un 5.5% y ahora oscila entre un 4% y un 6%.
 

UNA: Anualidad del 4%, entre otros, como, por ejemplo, el de los informáticos de un 15% sobre su salario.
 

UNED: Adicional al salario como reconocimiento por el cargo, que en el caso del rector puede llegar a un 150%.
Universidad Técnica Nacional: Anualidad del 3%.
 

Por supuesto que estos son unos pocos pluses y hay una gran cantidad de ellos y, como dicen, para todos los gustos. Pero todos tienen algo en común: que son privilegios para unos pocos y que son pagados por toda la ciudadanía con sus impuestos.

 

Jorge Corrales Quesada