Jumanji empresarial: acción social del empresario

Hoy en día, no podemos ignorar que las fronteras económicas y comunicacionales, más abiertas que nunca, están acentuando el espacio social del mercado y poniendo en duda la necesidad de un estado interventor, como consecuencia de dos factores:1) la modificación drástica de los patrones de intercambio, por medio de las redes formales e informales que operan en la sociedad; y 2) el agotamiento del clásico Estado de Bienestar y sobre todo del Estado Empresario.

Sin embargo, pareciera que, en países como Costa Rica, los gobernantes y actores políticos siguen tratando de estirar el modelo de planeamiento y ejecución centralizada de la gestión pública más allá de los límites que permite el nuevo contexto socioeconómico mundial. Esta nueva realidad, caracterizada por una alta movilidad de los agentes económicos y sociales y por una alta flotación del poder, no les permite a los gobernantes mucho margen de acción con respecto a impuestos, regulaciones o centralización del poder. Y sin embargo, el modelo sobrevive por causa de una inadecuada participación empresarial.

Aún más, en los últimos años se ha insistido, dentro del contexto de la administración pública, en la creciente necesidad de un involucramiento empresarial, bajo el espejismo de la responsabilidad social corporativa, a pesar de que esto no contribuye a modificar los roles intervencionistas del Estado hacia una mayor descentralización administrativa, la promoción de la gestión y la democracia local, la reducción de la carga burocrática y tramitológica, el abandono de las funciones benefactoras del Estado central y, sobre todo, la renuncia a sus funciones empresariales. La presión sobre el empresario, en la actualidad, no solo se concentra en que este debe suplir bienes y servicios a la sociedad de una manera eficiente, sino también en el hecho de buscar su complicidad en el marco de las intervenciones planificadas, lo cual supone una forma viscosa de manipulación política y social.

Las empresas por definicion no son altruistas; rol que ostentan solo los individuos, segun sus escalas de valores personales. El tratar de estandarizar una ilusoria responsabilidad altruista de una empresa, menosprecia el verdadero rol de la empresa, que es innovar y suplir las necesidades de consumo; respetando siempre, los derechos de propiedad establecidos.

Es imperativo que el empresario despierte ya de esta pesadilla freudiana y, desde su propia conciencia, le ponga un alto a su enfermiza dependencia de la intervención del Estado, y acepte que la libertad de emprender, es el medio principal de defensa de los pequeños contra los grandes y de los débiles contra los fuertes. E inversamente, el estado, que se presenta como un corrector de las injusticias, acaba la mayor parte de las veces haciendo servir toda su fuerza para proteger a los grandes, o sea, la clase política, la clase burocrática, las grandes empresas, y los poderosos sindicatos.

El empresario es el eslabón que sostiene la cadena que une al capital con el individuo como consumidor y como agente social. Sería nefasto que este rol se perdiera o desviara solo porque el poder estatal y los políticos de turno quieren convertirlo en un apéndice Orwelliano más de sus anacrónicas intenciones.

Andrés Pozuelo Arce

Jumanji empresarial: el mito de la distribución del ingreso

Un lema muy socorrido por algunos políticos, candidatos, gobernantes y economistas es la injusta distribución del ingreso o la riqueza. Siempre dan datos de que un pequeño porcentaje de la población recibe una mayor tajada del ingreso total y que la mayor parte de la población una menor. Esa situación sucede en casi todas las economías en mayor o menor grado. Pero casi nunca he escuchado de esas personas una solución sustentable de cómo lograr que los pobres tengan un mejor ingreso sin quitarle a los de mayores ingresos.

Es falaz, por no decir demagógico, pensar que una mejor distribución del ingreso significa que todos tengan el mismo ingreso, es decir, un ingreso igualitario. Tener todos los mismos ingresos no significa vivir mejor. En los países donde la mayoría tiene el mismo ingreso es donde hay más pobres. En el África subsahariana, el 95% de la población tiene prácticamente el mismo ingreso, casi nada.

El objetivo de una economía progresista no es que todos tengan el mismo ingreso, sino que cada día un mayor número tenga un mayor ingreso. Lo importante es que crezca el pastel, no que de un pastel pequeño todos tengan el mismo pedacito. La riqueza aprovechable no existe en la naturaleza, hay que extraerla, transformarla, trasportarla y comercializarla, es decir, crearla.

El problema de los países pobres no es la distribución del ingreso, sino que la mayoría no tienen ingresos. La solución no es quitarle ingreso a los que tienen más ingresos, como se hizo en el siglo XX en un gran número de países que se empobrecieron, sino generar más riqueza.

El camino es crear un entorno legal que incentive la generación de empleos productivos para los que no tienen ingresos o eleven sus bajos ingresos. La solución no está en distribuir mejor el ingreso, sino en mejorar los ingresos, no en distribuir la riqueza sino en crearla.

Luis Pazos (facilitado por Andrés Pozuelo Arce)

Desde la tribuna: un Estado a troche y moche

Recientes acontecimientos en Costa Rica deberían poner a reflexionar a los supresores sistemáticos de la libertad, quienes se decantan por un fundamentalismo estatista. Me refiero a los criminales atrasos en las mamografías a cargo de la CCSS y el desabasto en medicamentos básicos, incluidos algunos para tratamiento del cáncer, por más de un año, en la misma institución. Ambas noticias han sido publicadas por La Nación.
 

Sin duda, estas son gravísimas fallas de un estado anquilosado e insensible. Algunas personas, pueden salir de estos compromisos con la salud, por medio de servicios privados y medicamentos adquiridos en el tan difamado mercado. Pero, muchas no. Debe recordarse, porque esto es olvidado con frecuencia, que los servicios de salud no son gratuitos, cuestan a los contribuyentes directos de la caja, patronos y trabajadores y a los contribuyentes de los impuestos, cuando el estado deja impagos sus compromisos legales para con la CCSS. Muchas familias no pueden hacer frente a los dos pagos, el de planilla y el de servicios privados. Pero, tampoco es posible descartar el hecho de que, a la economía familiar, el encarecimiento en la contratación de trabajadores puede causarle daños en posibilidades no solo de pago directo de servicios, sino de empleo.  
 

No es este, sin embargo un problema de recursos de la CCSS. Se trata, más bien de manejos corruptos o ineficaces e ineficientes de los fondos disponibles. Se trata de administrar a troche y moche, improvisando y facilitando abusos. Por cierto, el desabasto de medicinas facultaba la declaración de estados de emergencia o de urgencia que, a su vez, permitían saltarse los procedimientos de compra con competencia.  Impedir la competencia era el desiderátum.
 

No es esa conducta exclusiva de la CCSS. La construcción de la trocha mocha en la zona norte y sus desenfadados abusos, hizo uso del mismo mecanismo de emergencia, adobado con patrioterismo, para montar una plataforma de corrupción, despilfarro y mala ingeniería. La urgencia permitía evitar la competencia y el falso patrioterismo sirve hoy, para intentar tapar todos los abusos. Impedir la competencia era el desiderátum.
 

El panorama no queda aún completo. Costa Rica es un país cada vez menos competitivo. Está ahogado en trámites creados al  impulso del fundamentalismo estatista y la demagogia. Además, el costo de la energía, en un país que quiere propiciar el mejoramiento en la calidad de vida, y la creación de nuevas oportunidades, ha llegado a niveles tan altos, que un gobierno a troche y moche, ha propuesto subvencionar a un reducido número de empresas, elevando la tarifa para el resto de los consumidores de energía. Si bien el esquema de subvención es inaceptable y el problema de estas empresas por subvencionar podría solventarse moviendo o flexibilizando las áreas de servicio de productores y distribuidores actuales, el costo de la energía eléctrica en Costa Rica, es superior, kilowatt/hora por kilowatt/hora al de Estados Unidos de América. Efectivamente,  de acuerdo a la publicación “Electric Power Monthly” de Mayo 2012, con datos de marzo del 2012 del U.S. Energy Information Administration (EIA), el costo promedio de en EUA no excede, en promedio, los 10 centavos de dólar por Kwh, mientras que en Costa Rica ese costo llegó a  17 centavos de dólar por Kwh, un abismal setenta por ciento más,  con una preocupante tendencia alcista.

 

Si no se disminuyen los privilegios y la ineficacia e ineficiencia y se acrecientan dinámicamente las oportunidades de empresa, de competencia y de trabajo,  cada vez menos costarricenses serán capaces de abandonar la trampa de su desatención médica. Bien sea esto consecuencia de una CCSS  cuarteada por privilegios y urgencias artificiosas o de desempleo y falta de mejoramiento en los ingresos familiares. 

Tristemente, Costa Rica vive un presente rememorando glorias pasadas, en medio de presagios sobre un futuro muy desmejorado. Se requiere de propuestas de mayor alcance, de abandonar el etiquetado ideológico y de reconocer la realidad.  Normalmente, los enemigos de la libertad, señalan cualquier contratiempo económico como causado por fallas de la libertad de empresa, de la propiedad privada, del capitalismo o del mercado. Impidiendo la competencia, piensan encontrar la solución. Como remedio, sugieren más estado y menos sociedad.  Muchos consideramos  llegado el momento de revisar el rumbo. 

Mario Quirós Lara.

Jumanji empresarial: ¿de quién es la lucha hoy?

Hitler, en Mi lucha (1924), señalaba con respecto a la misión educadora del Estado: “su objetivo consiste, en primer término, en formar hombres físicamente sanos; en segundo plano está el desarrollo de las facultades mentales y aquí, a su vez y en lugar preferente, la educación del carácter y sobre todo el fomento de la fuerza de voluntad y de decisión, con la finalidad de que los educandos asuman gustosos la responsabilidad de sus actos. Solo después de todo eso, viene la instrucción científica”.

Si se quita el nombre de Hitler y los otros clisés nazis al párrafo anterior, posiblemente una persona bien intencionada y con ganas de ser inspirada por alguien, diría que el párrafo tiene no solo lógica, sino que también posee un carácter humanista. Ahora bien, si retornamos al contexto histórico todos conocemos la verdadera tragedia que acarreó el discurso hitleriano, causada en gran parte porque la mayoría de la gente de aquella época estaba tan ocupada buscando guía y dirección a sus empobrecidas vidas, que no lograron distinguir el auténtico vector histórico en palabras como estas.

El problema con los movimientos nacionalistas es que todo el mundo sabe dónde terminan, pero nadie sabe dónde comienzan. La razón de tal distorsión histórica tiene que ver con un fenómeno que podríamos llamar la "falacia narrativa". Y es que la historia que leemos hoy, es la historia narrada por aquellos que sobrevivieron a los acontecimientos o tragedias y que tuvieron la iniciativa de escribir sus propias narrativas, aunque la narrativa de aquellos menos afortunados que no vivieron para contar sus experiencias siempre se pierda en la historia. Este es el caso precisamente de los inicios de los movimientos nacionalistas o perfeccionistas de comienzos del siglo XX. Muchas de las acciones inocentes y sutiles de aquel periodo solo nos permiten ahora una especulación tardía acerca de sus intenciones originales.

El asunto es digno de meditación; y si nos preguntamos por lo que estamos viviendo hoy, cuando se observan tendencias intervencionistas del Estado y de sus agentes con poder de coerción y coacción legalizada y cuando se siente una inquietante pasividad y sumisión por parte de la mayoría de los ciudadanos, advertimos más semejanzas que diferencias entre nuestra actualidad y el ambiente que reinaba durante los años que precedieron a los movimientos nacionalistas y posteriormente bélicos de la era nazi.

La escuela, con sus protocolos de iniciación y conformación, es siempre el foro ideal para el adoctrinamiento nacionalista y perfeccionista de una juventud hambrienta de sentimientos e ideales inspiradores, alejados de la verdadera misión de la escuela, que es el descubrimiento por parte del individuo de su naturaleza y de la naturaleza de todo lo que lo rodea.

En Costa Rica, las apariencias de buenas intenciones sobran en el discurso de los burócratas con poder, como el Ministro de Educación y demás, pero la pregunta es: ¿buenas intenciones de acuerdo a quién? Tener el apoyo de las masas no significa tener la razón; y sin embargo, esta es la excusa que utilizan los ingenieros sociales a la hora de justificar sus intervenciones y restricciones a la libertad individual. La historia nos dice, y es una lección que ya debiéramos haber aprendido, que la consecuencia inevitable de la intervención excesiva del Estado acaba desintegrando la familia y que este es el primer paso hacia el control total de las mentes de los jóvenes, víctimas propiciatorias de un Estado cada vez más autocrático e intolerante. O sea, el tipo de Estado por el que luchó Hitler.

Andrés Pozuelo Arce

Tema polémico: la libertad se escapa por rendijas

Nuestro amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada (ex Presidente de ANFE), decía en la coyuntura del TLC que "la libertad entra por rendijas", para referirse a que es necesario aprovechar las aperturas logradas que, aunque no fueran las deseadas, al menos representaban un pequeño respiro del intervencionismo estatal que corta nuestra libertad de intercambio.

Si bien es un punto cierto y válido para muchos aspectos de las políticas públicas, lo cierto es que la realidad de nuestros tiempos parece ir dirigiéndose a un punto tal donde la frase se invierte: la libertad se escapa por rendijas. Para ejemplificar nuestro punto podríamos dar miles de ejemplos en que el Estado costarricense cada día más se va metiendo en nuestra esfera privada de actuación y decisión y, por tanto, nos hace perder cada vez más libertad. No obstante, un ejercicio de tal magnitud nos llevaría miles de párrafos y perderíamos la atención de nuestros lectores. Por eso vamos a centrarnos en dos recientes casos que ilustran nuestro punto: la reciente aprobación en Primer Debate de la Ley Anti tabaco y la decisión del MEP de regular la venta de comidas en sodas escolares.

Primero que todo hay que decir lo obvio: son dos completas estupideces orquestadas por los amantes del intervencionismo, del Estado niñera que tiene que cuidarnos de nosotros mismos, de los políticos que creen que somos lo suficientemente inteligentes para votar por ellos pero no para tomar decisiones sobre nuestras vidas y por eso deben tratarnos, cual misión salvadora, como nuestras nanas hasta alcanzar la "edad intelectual" suficiente para valernos por nosotros mismos, cosa que por supuesto nunca sucederá para estos entrometidos con poder.

A pesar que se ha dicho que estas medidas son válidas porque se cimentan en la protección de los derechos de terceros -y que por eso se justifica la intervención-, lo cierto es que ese argumento es fácilmente criticable. La maravilla del mercado, decía Frank H. Knight, es que los ciudadanos pueden votar con su dinero: cada dólar que tienen les permite decidir qué cosas premian y qué castigan. Así, por ejemplo, en un bar, quien debería decir si se puede fumar o no es el dueño, en función de sus intereses o deseos. Si la mayoría de su clientela es de no fumadores, el propietario tendrá un claro incentivo económico para impedir que se fume en su local, pues el humo ahuyentará a quienes le dejan dinero. Pero, por el contrario, si la mayoría de clientes son fumadores, la prohibición podría afectar su asistencia y le acarrearía una pérdida financiera que ni el Estado ni los idiotas políticos que impulsan esta norma asumirán.

En el mismo orden de ideas, el argumento del "derecho a aire limpio" no es más que una mala salida al problema. Si bien es cierto que los fumadores afectan el dercho de los no fumadores y generan un costo en atención de salud en el que estos últimos no habrían tenido que incurrir de no ser por la acción de aquellos, la solución tampoco la brinda esta ley. Las personas no están obligadas a compartir el mismo espacio con los fumadores: cuando se trata de espacios públicos -entendiéndose como tales la propiedad del lugar y no la estúpida interpretación en función de si están abiertos o no al público- ya existía la Ley N° 7501, que imposibilitaba fumar en edificios de instituciones públicas. Eso era suficiente. En espacios privados, como dijimos ya, la decisión debe ser del propietario y si una persona no está satisfecha, simplemente puede caminar y buscar otro lugar más placentero.

Si el problema es el costo de atención médica, la solución tampoco es la prohibición. La CCSS no dejará de gastar millones de colones atendiendo a personas con afecciones producidas por el tabaco tan solo porque se prohíba fumar en determinados sitios. Además, el cigarrillo no es la única causa de problemas respiratorios. Lo que pasa es que nadie quiere poner el dedo en la llaga y entrarle a la contaminación que generan los camiones y buses y, mucho menos, encontrar la inconsistencia en la política ambiental de los diferentes Gobiernos, pero más visible en este, cual es el establecimiento de altos impuestos -aumentados aún más por el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria (el famoso PACquetazo de impuestos)- que desincentivan la migración a vehículos con tecnologías más limpias, al tiempo que desperdician los recursos de los tax payers en foros internacionales sobre el cambio climático.

Para evitar que los ciudadanos paguen los costos de los fumadores y de las personas con malos hábitos alimenticios, hay que hacer algo que ningún politicucho o intelectual progresista desea, pero que representa la única solución responsable: que cada quien pague por su atención médica. Sea que se cierre la CCSS -como lo hemos propuesto reiteradamente en ASOJOD- y que cada quien costee su propio seguro médico, o que, al menos (como todo en este país se hace a poquitos) se le cobre una cuota mayor por riesgo a quien tenga condiciones que hagan más probable la necesidad de recurrir a los servicios.

Esta incesante necedad de nuestros políticos de meterse en lo que no les importa solo llevan a tonterías. Ahora habrá que pagar burocracia para fiscalizar las loncheras, ejércitos de nutricionistas para supervisar la preparación de la comida en las sodas escolares, inspectores para tratar de luchar contra el contrabando de cigarrillos, etc., etc., etc., y todo en una época de déficit fiscal que amenaza con garrotearnos con un incremento de impuestos.

Gracias a las sandeces de nuestros políticos, la libertad se escapa por rendijas, pero cada vez en proporciones más grandes.

Desde la tribuna: la lonchera controlada

El Estado costarricense, por medio del Ministerio de Educación Pública en consuno (¿colusión?) con el Ministerio de Salud, ha establecido una prohibición de vender determinadas comidas en las sodas de las escuelas y colegios públicos.

El asunto sí que se las trae. Ya expresé que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.

Apunto a dos cosas principales. La primera es relativa a la patria potestad, autoridad parental o derecho de regir a los menores. En esta medida el Estado hace un movimiento de sustitución de la posición de los padres de familia. Un movimiento administrativo, político y jurídico según el cual se atribuye la decisión respecto de la alimentación que conviene a los menores.

También es básico el segundo asunto. Si el Ministerio de Educación tuviese la actividad a su cargo totalmente enfilada, organizada, en gran estado de desarrollo, con los fines satisfechos o en buen cumplimiento, qué más que ponerse a apuntalar los logros con algunas decisiones que pudiesen salir del ámbito de su competencia. Mas no es así, el MEP hace aguas por todas partes.

Hay dos asuntos complementarios. Uno de ellos es relativo al procedimiento y a la “propiedad de las escuelas públicas”. El procedimiento de la Ley General de la Administración Pública establece al menos audiencias y resolución dentro de la ciencia, la técnica y el conocimiento adecuado. Dudo seriamente de que ello se haya satisfecho. Están en medio importantes derechos fundamentales y no puedo entender que mediante disposición administrativa (reglamento, bajo el vehículo del Decreto) se pretenda regular , prohibir u organizar el asunto. Es sabido que solo la ley puede incursionar en tal área, además de que su intervención habría de ser proporcional, racional, razonable y, sobre todo, necesaria.

La Administración pública ha alegado que se trata de actividad que se realiza dentro de las escuelas y colegios públicos y, por ende, se trata de algo así como competencia interna. Sin embargo, señalo, habría que ver si las escuelas y colegios públicos son del MEP o son de la sociedad costarricense (incluso del propio Estado).

El MEP no es sino un órgano del Estado, parte de otro órgano (Poder Ejecutivo) público. Así que no puedo entender que sean territorios del Ministro, sino propiedad de la comunidad (de la sociedad costarricense). Curioso que por una parte corresponda la administración a las Juntas de Educación y por otra parte el MEP pretenda centralizar las decisiones. No obstante, la cita de que un asesor legal del MEP se refirió al asunto señalando que debía analizar los contratos de arrendamiento de las sodas para ver su antigüedad y contenido, termina de complicar la tendencia autoritaria. ¿Quién firma los contratos? ¿El MEP o las Juntas?

Pero también hay que cuestionar los presupuestos de la medida. Resulta que la información que suple la misma fuente pública, señala que un porcentaje bastante parecido (alrededor del 20%) en escolares y liceístas padece obesidad. Con ello se cae la decisión.

Primero, porque no apunta a la buena alimentación sino a evitar la obesidad. Son cosas distintas. Segundo, porque es inaceptable una censura a la totalidad (100%) para evitar la obesidad de una quinta parte.

Además de todo, es dudoso que eviten la obesidad de este modo, pues no hay garantía de lo que pase extramuros escolares. En sí misma, la prohibición es una negación de la filosofía y pretensiones de la educación.

En todo caso, los alimentos excluídos, prohibidos, proscritos y condenados sin juicio, no son dañinos per se, sino en una determinada proporción.

Por otra parte, está el tema de los comedores escolares. Este tema, desde la antigua pero legalmente vigente concepción de los comedores escolares, empezó como un subsidio parcial y amenaza con convertirse en un uso total. ¿Qué pasa en estos comedores? ¿Son la excelsitud alimentaria, nutritiva e higiénica? ¿Quién lo dice? En todo caso, objeto el concepto por totalitario, estatista y excluyente de la autonomía de la voluntad y fortalecimiento familiar.

Finalmente, ha surgido la polémica acerca de la efectividad de la medida prohibitiva si, por otra parte, el MEP no encuentra el instrumento para intervenir la lonchera escolar. Porque, aunque no lo crean, han sobrado ideólogos y partidarios de la liberticida medida y se la han pasado cavilando acerca de cómo controlar la lonchera.

¡Policías de las frituras, inspectores del chicharrón, policías de tránsito de la restricción a la gaseosa, censores de la galleta y demás ejércitos de la prohibición, hay que levantar barricadas, escavar trincheras, construir alambradas, registrar salveques y loncheras, obligar a volver las bolsas del pantalón al revés, abrir las bocas y no dejar pasar nada!

Recuerdo que hace muchos años, los estadounidenses que venían de intercambio a nuestro país insistían en tomar cocacolas y comer cornflakes. Estaban prevenidos contra los peligros del agua y otras comidas. No podían tomarse el riesgo de enfermarse con comida contaminada, agua sucia y otras cosas.

La medida actual más bien prohíbe lo que a ellos se recomendaba. ¿Estamos seguros de que los estudiantes no se enfermarán de tomar el agua o los refrescos en agua en lugar de ingerir gaseosas? ¿A algunos no los afectará la leche que tomarán en lugar de la gaseosa? ¿Estarán libres de pecado las frutas o podrán transportar hepatitis y otros males? ¿No será mejor una comidilla empacada, aunque el MEP no la quiera, que una expuesta a contaminación?

En fin, el camino iniciado por el MEP evidencia su distracción de lo principal, su abandono de la competencia básica y el autoritarismo de muchos.

Federico Malavassi Calvo

Jumanji empresarial: espacio social del empresario

Hoy en día, no podemos ignorar que las fronteras económicas y comunicacionales, más abiertas que nunca, están acentuando el espacio social del mercado y poniendo en duda la necesidad de un estado interventor, como consecuencia de dos factores:1) la modificación drástica que las redes formales e informales operan en la sociedad; y 2) el agotamiento del clásico Estado de Bienestar y sobre todo del Estado Empresario.

Sin embargo, pareciera que en países como Costa Rica, los gobernantes y actores políticos siguen tratando de estirar el modelo de planeamiento y ejecución centralizada de la gestión pública más allá de los límites que permite el nuevo contexto socioeconómico mundial. Esta nueva realidad, caracterizada por una alta movilidad de los agentes económicos y sociales y por una alta flotación del poder, no les permite a los gobernantes mucho margen de acción con respecto a impuestos, regulaciones o centralización del poder. Y sin embargo, el modelo sobrevive por causa de una inadecuada participación empresarial.

Aún más, en los últimos años se ha insistido, dentro del contexto de la Administración Pública, en la creciente necesidad de un involucramiento empresarial, bajo el espejismo de la responsabilidad social corporativa, a pesar de que esto no contribuye a modificar los roles intervencionistas del Estado hacia una mayor descentralización administrativa, la promoción de la gestión y la democracia local, la reducción de la carga burocrática y tramitológica, el abandono de las funciones benefactoras del Estado central y, sobre todo, la renuncia a sus funciones empresariales. La presión sobre el empresario, en la actualidad, no solo se concentra en que este debe suplir bienes y servicios a la sociedad de una manera eficiente, sino también en el hecho de buscar su complicidad en el marco de las intervenciones planificadas, lo cual supone una forma viscosa de manipulación política y social.

Es imperativo que el empresario despierte ya de esta pesadilla freudiana y, desde su propia conciencia, le ponga un alto a la intervención del Estado. El empresario es el eslabón que sostiene la cadena que une al capital con el individuo como consumidor y como agente social. Sería nefasto que este rol se perdiera o desviara solo porque el poder estatal y los políticos de turno quieren convertirlo en un apéndice Orwelliano más de sus anacrónicas intenciones.

Andrés Pozuelo

Tema polémico: "por la libre", expresión peyorativa en Costa Rica

En Costa Rica se ha vuelto muy común escuchar o leer una expresión muy particular: “por la libre”. Generalmente se usa en dos acepciones: para denunciar un incumplimiento masivo y notorio a alguna ley o regulación o puede usarse para denunciar la “falta de regulación” de una actividad económica específica. En el tema polémico de hoy, analizaremos con especial atención la segunda acepción de la frase desde el punto de vista de la obra de Friedrich August von Hayek , especialmente en relación con su explicación sobe el uso del conocimiento en la sociedad.

En primer lugar, ¿qué se pretende logar con la regulación estatal? Algunos argumentan que la regulación debe buscar “arreglar” los fallos del mercado y nada más. Otros argumentan que la regulación debe promover el más “adecuado reparto de la riqueza”, la solidaridad o beneficiar a un grupo específico. Todos estos fines, especialmente los últimos presuponen que el regulador posee el conocimiento necesario para 1) comprender a cabalidad la actividad que se desea regular, 2) las motivaciones de todos los actores que intervienen en esta actividad y 3) la manera “correcta” o “adecuada” para lograr el fin deseado con la regulación.

Hayek, en su ensayo publicado en 1945 sobre el Uso del Conocimiento en la Sociedad, describió precisamente el problema al que se enfrenta el regulador: la falta de conocimiento, o más bien, la imposibilidad de acceder a este conocimiento que él mismo argumenta que necesita para realizar su actividad regulatoria. Hayek explica este problema al referirse a la naturaleza misma del conocimiento en la sociedad:

“El carácter peculiar del problema de un orden económico racional está determinado precisamente por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias que debemos utilizar no se encuentra nunca concentrado ni integrado, sino que únicamente como elementos dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio en poder de los diferentes individuos. De este modo, el problema económico de la sociedad no es simplemente un problema de asignación de recursos "dados" —si "dados" quiere decir dados a una sola mente que deliberadamente resuelve el problema planteado por estos "datos"—. Se trata más bien de un problema referente a cómo lograr el mayor uso de los recursos conocidos por los miembros de la sociedad, para fines cuya importancia relativa sólo ellos conocen. O, expresado brevemente, es un problema de la utilización del conocimiento que no es dado a nadie en su totalidad”.

En estos términos Hayek, nos dice que el conocimiento no es lo mismo que los datos que utiliza el regulador frecuentemente para justificar su actividad. Una estadística de la cantidad de vehículos que transitan por el casco central de San José representa sólo una fracción del conocimiento que se encuentra disperso en la sociedad en relación con esta actividad. Esto ocurre igualmente con los servicios financieros, la venta de gasolina, los servicios de transporte público, la venta del arroz y todos los demás servicios y bienes cuyos mercados se encuentran intervenidos por un regulador.

El comprender este hecho implica que el regulador, al realizar su actividad, camina en la oscuridad en vez de guiarnos hacia la luz. No sólo la regulación es inconveniente, sino que es imposible que realice sus fines de manera “adecuada”.

Israel Kirzner, construyendo sobre lo edificado por Hayek y por Mises en este tema, fue más allá al desarrollar el concepto de descubrimiento empresarial. El peligro de la regulación del mercado por parte del Estado, dice Kirzner, es principalmente el impacto que ésta tendrá en el descubrimiento empresarial que se da en un mercado “por la libre”. Precisamente los problemas que los individuos detecten en el mercado contribuirán al descubrimiento empresarial dirigido a corregirlos. Esto ocurre igualmente de manera negativa: al intervenir, hay descubrimientos que no se darán, negocios que no se aprovecharán y oportunidades que no se tomarán. En palabras de Fréderic Bastiat, se perderá también “lo que no se ve”.

De esta manera, podemos concluir, que la frase “por la libre”, que lamentablemente tiene una connotación peyorativa en nuestro país, denota la pretensión de conocimiento que los reguladores asumen tener. Mientras perviva esta mentalidad en nuestra sociedad, seguiremos viendo reguladores que, como elefantes en una cristalería, impidan que los empresarios descubran nuevas oportunidades que los beneficien no sólo a ellos, sino a muchos otros individuos