Tema polémico: impuestos, formas de recaudación

En ASOJOD creemos que todos los individuos tenemos derecho natural a la vida, a la libertad y al goce de sus propiedades. Estos derechos son los más importantes que poseemos, por lo que es necesario asegurarlos y garantizarlos en la vida en sociedad. Esta es, en resumidas cuentas, la labor fundamental del Estado. Así las cosas, el Estado de Derecho tiene, como función primordial, el establecimiento y la administración de un sistema de justicia que regule los derechos y deberes del individuo con respecto a los demás.

Para poder cumplir con esta labor, el Estado tiene que financiarse de alguna forma y normalmente se recurre al cobro de impuestos. La naturaleza obligatoria del impuesto lo convierte en una medida inmoral, pues es un arrebato de la propiedad de cada individuo, por lo que resulta irónico pensar que el Estado, cuyo objetivo es velar porque se respeten los derechos de los individuos, se financie por medio de impuestos. A pesar de esta evidente contradicción, en ASOJOD estamos conscientes que es inviable la eliminación por completo de los impuestos como forma de financiamiento del Estado. Lo que si creemos es que es necesario un sistema tributario que logre el mínimo nivel de recaudación, de modo que distorsione lo menos posible el sistema económico.

Según datos del Banco Mundial, mientras que en los países Europeos la carga tributaria ronda entre el 35% y el 45% del PIB, en Latinoamérica se encuentra entre el 10% y el 24% del PIB. Sin embargo, estos datos son engañosos pues no incluyen varios impuestos que son significativos en la región, como las cargas sociales, el impuesto inflacionario y algunos impuestos municipales. Las cargas sociales, cuotas patronales y obreras ascienden al 35% del salario de los costarricenses y son un impuesto de seguridad social y el impuesto inflacionario ha sido en de un 17% anual en promedio durante los últimos 35 años. La realidad es que la carga tributaria en Latinoamérica es demasiado elevada y Costa Rica no es la excepción.

Actualmente contamos con un sistema tributario demasiado complejo, lleno de una gran variedad de impuestos y excepciones. Esto lo único que genera es que la recaudación sea muy ineficiente y aumente la corrupción y la evasión fiscal. Según el último informe sobre evasión fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda:

Una de las características del sistema tributario que impera en Costa Rica es su complejidad; que ha quedado manifiesta por la existencia de leyes específicas que crean distintos impuestos y por el resultado de múltiples reformas experimentadas a través de los años y a la aplicación sucesiva de leyes y decretos que exoneran diversos bienes y servicios, así como la exención a diferentes instituciones públicas y privadas; que complican el control y fiscalización de los tributos. Esta situación provoca una situación de injusticia horizontal, es decir un tratamiento impositivo entre contribuyentes de una misma actividad económica y una obstrucción al control fiscalizador por parte del ente impositivo, lo que ocasiona una estimulación a la evasión.

A esto se le debe sumar el hecho de que el retorno del Estado es muy poco, dando como resultado la ausencia de seguridad ciudadana, un sistema judicial inefectivo, bajos niveles de educación y salud e infraestructura pobre. Según la encuesta Latinómero 2005, en Costa Rica solo un 12% de la población confía en el buen uso de los impuestos, pues el Estado destina sus recursos a muchas actividades que no le competen.

¿Cuál es la reacción de los contribuyentes? Los contribuyentes respondemos con desacuerdo y desconfianza al sistema tributario actual. El resultado es un elevado nivel de elusión y evasión fiscal tanto legal como ilegal y un aumento de los negocios informales. Nos explicamos: la elusión fiscal consiste en evitar el pago de impuestos aprovechando los portillos existentes en la ley. Como se había analizado antes, el sistema tributario de nuestro país es sumamente complejo , característica que permite a las personas, tanto jurídicas como físicas, encontrar formas de evitar el pago. La evasión, en cambio, es la forma ilegal de no pagar impuestos. Nuevamente, el hecho de tener un sistema tan complejo, propicia que los contribuyentes no paguen sus impuestos e incremente la existencia de corrupción.

Por su parte, los negocios informales existen porque no les queda otra opción, dada la elevada carga tributaria. Al ser ilegales, ven opacadas sus oportunidades de crecimiento y el acceso al sistema judicial para resolver conflictos contractuales.

Por eso, en ASOJOD creemos que es necesario buscar otras formas de recaudación de impuestos que sean menos complejas, menos injustas y que mejoren la competitividad del país ante la constante necesidad de una mayor entrada de inversión extranjera directa. Un sistema que consideramos podría ayudar a resolver una gran mayoría de las debilidades de nuestros sistema tributario actual es el adoptado por varios países de Europa Oriental y Rusia conocido como “low flat tax”.

Este sistema consiste en aplicar una única y competitiva tasa de impuesto sobre la renta a todos los contribuyentes indiferentemente de si son personas físicas o jurídicas y sin importar el tipo de actividad que realicen. Esta base tomaría en cuenta todos los ingresos percibidos sin hacer ningún tipo de excepción o exclusión. Es un sistema simple y transparente, por lo tanto, es fácil de administrar y, al ser la tasa baja, disminuye las posibilidades de evasión fiscal. Cuando existen altas tasas impositivas, las personas de más recursos pueden pagar abogados y contadores que les ayuden a evadirlas y las de menores ingresos, por su propia condición, prácticamente no las pagan, lo que termina generando que la carga pese sobre las personas de ingreso medio. Pero, con un “low flat tax”, los ricos podrían encontrar más barato pagar sus impuestos que a los abogados y contadores, los pobres quizá podrían aportar algo y se liberaría la presión fiscal, al menos en buena parte, sobre la clase media -la que más miembros tiene en el país.

El “low flat tax” permitiría un aumento en la capacidad de financiamiento del gasto público, una distribución más justa de la carga tributaria y la creación de un contexto tributario que incentive el crecimiento económico.

Este sistema ha dado muy buenos resultados en varios países del mundo. La primera vez que se aplicó el “flat tax”, fue en Estonia, en 1994, por medio de una tarifa única del 26% para la renta personal y corporativa. Al observar el grado de éxito, sus países vecinos, Letonia y Lituania, lo implementaron también. El “flat tax” dejó en evidencia que era una herramienta no solamente efectiva para recaudar impuestos, sino que también propiciaba la libertad económica, por ende, el crecimiento económico. Fue en el 2001 que el “flat tax” pasó a la fama con su implementación en Rusia. Esa nación introdujo el concepto de “low flat tax” que consistía en una tasa impositiva menor al 15%. La gran ventaja de tener una tasa baja fue que incentivaba el pago de los impuestos en todas las clases sociales y sectores de la economía. Luego de implementar un sistema de “low flat tax” con una base del 13%, obtuvo un incremento en la tributación en términos nominales del 46%.

Este sistema tributario aplicado ya en varios países del mundo demuestra que existen otras maneras de financiamiento estatal más justas y eficientes que facilitan el adecuado desarrollo económico y social. Claro está, reiteramos que los impuestos son en esencia una violación al derecho de propiedad de las personas; sin embargo, dado que deshacernos de ellos no es una opción realista, el “low flat tax” demuestra que existen otros caminos más afines a estos principios de libertad.

¿Cómo se evita la mano blanca?

En su columna del 20/2/09, Julio Rodríguez describe la Costa Rica actual en materia de seguridad. La del sicariato a cargo de profesionales, de menores fumadores de crack (sicarios baratos por ¢10.000) y la existencia de 200.000 fumadores de crack . Un país ya anárquico y peligroso, en vías de desintegración social. Un estamento político paralizado porque, debido a los mitos “de país pacífico” que su población ha aceptado, no encuentra cómo defenderse.

A este pueblo le cayó muy mal el concepto de la paz. Lo convirtió en una aberración, y el Estado se ha hecho irrelevante en su función fundamental: la seguridad de su gente. Ni el pueblo ni sus líderes han comprendido los peligros de la paz. Para comenzar, la paz no existe. Ni en las células, ni en el mismo ser humano, ni entre seres humanos, ni en “la madre naturaleza”, ni en la violencia cósmica de galaxias en constantes colisiones inimaginables.

La gran mentira. La paz tiene que ser impuesta porque la violencia es el estado normal de la naturaleza. Sin embargo, en Costa Rica se generó una gran mentira: que la paz es alcanzable en esta vida. Apuleyo, irreverentemente, llama a esta mentira “el cuentico de la paz”. “Nosotros somos un pueblo de paz” se repite ad náuseam en este país, aunque para el “costarricense del siglo”, don Pepe, los ticos no son pacíficos, sino que les da mucha pereza pelear.

La violencia no se puede mejorar, a corto plazo, por medio de la educación y la prevención de potenciales maleantes. Lo que es peor, puede transcurrir mucho tiempo para que el tico acepte que solo la fuerza en manos de un Estado de leyes puede protegerlo de la desintegración social. Otro problema más grave aún es la consecuencia de la percepción de indefensión: la funesta aparición futura de “la mano blanca”, un grupo de personas que toman la ley en sus manos y ajustician a quien consideren responsable de un crimen.

“La mano blanca” representa la institucionalización de la violencia, la cultura de la muerte, y, una vez que este mal desciende sobre un país, es casi imposible erradicarlo, como es el caso de Colombia. Y, si los costarricenses no perciben claramente que están siendo protegidos por el Estado, buscarán alguna forma de defenderse y van a tratar de encontrarla en la “mano blanca”.

Hoy día, los criminales tienen “derechos”, pero los derechos de las víctimas se limitan hasta el punto de que la defensa propia, en algunas circunstancias, ha dejado de ser un derecho. Al presentarla como un derecho, la palabra “defensa” se ha calificado cada día más, hasta llegar a la locura de que hay que garantizar el derecho del agresor antes de justificar la defensa del agredido. La realidad es que la defensa no es un derecho, es un deber biológico. Se priva a muchas personas de ese deber en nombre de una obsesión con los “derechos humanos” que ha llegado hasta poner en duda la legitimidad de la defensa propia.

Rechazo de la fuerza. El peor resultado del pensamiento delusorio, que tanto daño le está causando a la humanidad en nuestros días, es el rechazo a la aplicación de la fuerza. Esta lucha contra el mal que acecha a Costa Rica no se puede superar si no se abandona la adulteración de los conceptos y de las ideas. Cualquier estrategia para terminar con la amenaza tiene que estar fundamentada con base en realidades y no en sueños destructivos. El camino a la liberación de la inseguridad personal es abandonar el pensamiento engañoso del apaciguamiento y enfrentar el desafío por medio de la fuerza para imponer el imperio de la ley.

Escribo sobre este tema porque no puedo aceptar convertirme en un testigo indiferente del peligro real que amenaza este país y que está a punto de terminar con nuestra forma de vida. Pretendo señalar los hechos como los veo y recordar a la actual generación de dirigentes políticos el enorme costo en vidas que se ha pagado cuando otros líderes no han aprendido de la Historia y han falseado la realidad para tratar de evitar la ansiedad de tener que enfrentar la vida como es.

Jaime Gutiérrez Góngora

Incentivos y delincuencia

Hace más de treinta años, concretamente el 29 de octubre de 1975, escribí en esta sección, que entonces se llamaba (y coincidía con) la página 15, un artículo que titulé El ladrón como aventajado profesional . En él mencioné algunas circunstancias que operaban como incentivos perversos a favor de los ladrones. Inicié el artículo destacando que, sobre el fenómeno del robo creciente, “por mucho tiempo nos conformamos con explicaciones sicológicas y sociológicas: el ladrón –entre otros delincuentes-– es un inadaptado social. Hoy la realidad nos muestra que esa no es toda la explicación, ni siquiera la más importante. El ladrón de nuestros días –como quizá el de todos los tiempos– es un profesional. El robar es un oficio, por feo que pueda sonar al oído ingenuo. Para entrar en él, como en cualquier otro, el candidato evalúa todos sus pros y todos sus contras. Dependiendo del resultado neto que obtenga, decide hacer carrera en él, temporal o permanentemente”. Y, agregaría hoy, estos cálculos los hacen no solo ticos sino, crecientemente, hasta extranjeros que encuentran que en Costa Rica robar y hasta matar “es un vacilón”.

Hace 30 años… “El peso de los pros y el de los contras no solo depende de ciertas preferencias individuales en cuando al riesgo y reconocimiento social, sino que está fuertemente influido por fuerzas externas al individuo y por ello es de esperar que, cuando las cosas se mueven en un cierto sentido, haya razón para que las tasas de robo se muevan en una dirección determinada.

En una Costa Rica inflacionaria, de impuestos a la orden del día y de limitaciones y penas económicas al juego que la sociedad considera limpio, no es de extrañar que comience a tener ventaja el juego sucio (...) Es obvio que una manera de anular la ventaja relativa antes mencionada es incrementando las desventajas asociadas con la conducta antisocial. Esto se puede lograr aumentando las penas a quienes a tal cosa se dedican. También aumentando la eficacia de identificación de delincuentes.

Pero, a juzgar por las noticias últimas, en esto, en vez de progresar, empeoramos día con día. Los autores de delitos permanecen inadvertidos y –con algo que pasa de sonrisa a risa y a cólera– se nos dice desde las más altas esferas públicas que estamos en manos del hampa. Eso todos los desprotegidos consumidores lo sabemos; lo que nos duele un poco es que tan claramente lo digan, pues nos quitan la última esperanza de estar equivocados. Se nos da a renglón seguido la excusa tradicional: el órgano de protección pública necesita más recursos. Nunca parece suficientemente importante el problema de si con los mismos recursos actuales podríamos hacer mejor labor”.

“¿Se tiene idea de la eficacia de la labor , por ejemplo, del servicio de radiopatrullas? Son ellas –en lo que a disminución de robos se refiere– más eficientes que actuar sobre el mercado secundario de productos robados, que todo el mundo, incluyendo a las propias autoridades, sabe donde queda?”. ¿Cuál sería el efecto, sobre la tasa de bajonazos y robos de vehículos, de un programa de visitas intermitentes y sistemáticas a las ventas de repuestos usados de carros, y a talleres de refacción, para conocer el origen de sus inventarios? ¿Cuál sobre el roble de cable eléctrico en obras públicas si se hace lo mismo con las fundiciones?

Deterioro. El artículo termina señalando cómo el Gobierno, por decidir llevar a cabo labores irrelevantes, que los privados pueden perfectamente realizar (como es que el Ministerio de Economía, y no asociaciones de consumidores, investigue y publique listas de precios de los televisores), abandona otras que sí le son propias, como son los servicios de seguridad ciudadana y asegurarse de que las escuelas públicas cuenten con pupitres, pizarras, tiza y equipos.

Pues bien, esta materia de (in)seguridad ciudadana en nuestro país se deterioró en los últimos treinta años. Hoy el robo no es el único temor. El temor es que, por robar un celular o unos tenis viejos, los ladrones no tienen ya reparo en matar a sus legítimos dueños –es decir, a cualquiera de nosotros–. El problema es que los tribunales nunca parecen recibir suficiente evidencia como para detener y procesar a delincuentes. Hampones capturados una y otra vez (puede que hasta ocho veces en un año) son soltados para que sigan con sus fechorías en sus cotos de caza y para que, con su ejemplo, reafirmen en otros, usualmente jóvenes que dudaban, lo rentable que es una actividad que prácticamente solo obtiene ingresos fáciles, no incurre en costos y es tax free .

Como escribí hace treinta y resto de años, la ventaja del delincuente profesional se vería reducida si se aumenta la probabilidad de que se le identifique y capture. Y si, una vez condenado, la pena es alta, significativamente más alta que el daño causado a su prójimo. De estas variables, la que más contribuye a modificar su conducta es la elevación de la pena. Sigamos en esto la probada enseñanza de la industria del seguro: el móvil que llama a tomar una póliza no es la pérdida esperada, o promedio, sino la gravedad del daño si el riesgo se materializa.

Conviene, por tanto, modernizar la legislación en este sentido. Y procede hacerlo antes de que la gente de buena voluntad decida emigrar o –peor– tomar la ley en sus manos, acogiendo con alegría un sistema de linchamientos públicos, en la plaza del pueblo, dirigido contra toda persona sospechosa. ¡Pobrecitos los feos!

Thelmo Vargas