La columna de Carlos Federico Smith: un impuesto absurdo

Ya el gobierno, insaciable como siempre, nos anuncia un nuevo impuesto: gravar las transacciones por Internet que llevan a cabo los ciudadanos del país.  Esta información la suministra La Nación en su edición del 9 de junio, bajo el titular “Gobierno cobraría IVA a todas las compras en línea: Proyecto de ley de impuesto al valor agregado abre opción para aplicar tributo.”

No es que las importaciones que a la fecha se hacen por medio de Internet estén exentas de impuestos: uno lo paga cuando retira el producto del servicio dedicado a procesar la traída al país, en donde se le cargan aranceles, que es un impuesto en este caso similar al papel que desempeñaría el nuevo gravamen.  La pretensión de Hacienda es la de cobrarnos un mismo impuesto bajo diferente nombre y posiblemente con diferente tasa, pero aplicado sobre el mismo bien y en el mismo acto de importación.

La pretensión gubernamental es usar como medio de control impositivo el uso que se hace de tarjetas de crédito para cancelar la transacción.  Esto no es tan fácil, pues incluso en los Estados Unidos no ha sido posible ponerlo en práctica, no sólo porque allá rompe el principio de libertad de comercio entre diferentes estados -hecho que se muestra en la ausencia de impuestos al comercio interestatal- sino que también las tarjetas de crédito se emiten en diversos estados distintos de aquellos de adónde y hacia dónde se dirige la transacción.

Ello abre el camino para que el ser humano, que intenta seguir disfrutando del beneficio derivado de la libertad de comercio y que le permite adquirir lo que prefiera, a un costo menor y posiblemente mejor calidad, pueda seguir haciéndolo.  Simplemente se utilizará en la transacción una tarjeta de crédito emitida en un tercer país.  Por ejemplo, Nicaragua y Panamá les entregarán tarjetas de esos países a ciudadanos de Costa Rica, para que las usen en pagos internacionales entre Costa Rica y un tercer país.

Me imagino que esta es la razón por la cual el proyecto de gravar con el IVA del 15% que ya pretende imponernos este gobierno, no puede entrar pronto en vigencia (además de que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa), pues, en palabras del viceministro de Hacienda, señor Fernando Rodríguez, apenas “trabajan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), para definir el mejor mecanismo para gravar esas operaciones.”

A mí me llama la atención el papel que puede desempeñar la OECD en estas cosas, casi como la de un gobierno supranacional, coadyuvando a poner impuestos no sólo en un país que todavía no es miembro de la OECD, según entiendo, pero bajo un espíritu que me permito de calificar de imperialismo tributario, cual es imponer gravámenes como si fuera un agente tributario en esta nación. Incluso hay países miembros de la OECD que no tienen tales gravámenes incorporados en sus legislaciones internas, a fin de cobrar el IVA a transacciones por medio de Internet y que usan tarjetas de crédito como medio de pago. Ciertamente que nos dirán que lo que la OECD brinda es asistencia “técnica” y que la decisión final la tomara el país correspondiente.  Pues, ¡no me ayudes, compadrito de la OECD, a cargarnos de nuevos y mayores impuestos!

Apenas el ser humano tiene un respiro frente al Leviatán, en este caso gracias a ese maravilloso avance tecnológico que es la Internet, el estado mete sus muy visibles manos, para extraernos parte de los beneficios que esa tecnología nos permite. Es la aplicación de la primera parte de la famosa frase de Reagan: “Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo.” Cuando la persona realiza transacciones por Internet, entonces, el estado, al ver que se mueve, corre a grabarlas con impuestos.  Luego, ante la incapacidad de detenerlo, si se sigue moviendo, introducirá la regulación, que en este caso podría ser la de asumir el control de la privacidad de Internet. Y tal vez, una vez muerto, y al darse cuenta de que ya no le produce ingresos al fisco, habrá algún genio de turno en el gobierno a quien se le ocurrirá subsidiarlo, a fin de revivirlo y poder así seguir ordeñando la vaca tributaria.  Claro, hasta esta última circunstancia la pagaríamos todos los ciudadanos contribuyentes: en conclusión siempre pagamos al todopoderoso estado, hasta el día en que la cosa se extinga, que desaparezca de la tierra, como le sucedió al pobre tiranosaurio o al triceratops o al pliosaurio, a quienes afortunadamente el ser humano, a través del estado, nunca pudo lograrlo por la vía de los impuestos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el 2016 no pinta bien

Inicia un nuevo año con la esperanza de que las cosas sean mejores que el anterior, que las dificultades, sobresaltos y ocurrencias sean cosas del pasado y que en su lugar se imponga la sensatez, la libertad y la seriedad. Sin embargo, estamos en Costa Rica y durante un gobierno del PAC, por lo que el panorama no es halagador. Si los primeros 12 días del mes de enero tradicionalmente reflejan las pintas climatológicas del año, también ofrecen una pincelada de lo que nos espera con la Administración Solís Rivera: más impuestos, más improvisación, más despilfarro, más protección a los privilegios sindicales y, en general, más de lo mismo.

Sin duda, la principal amenaza que se cierne sobre las cabezas -o mejor dicho, los bolsillos- de los costarricenses es la testaruda intención del Ejecutivo de continuar impulsando un paquete de impuestos. El argumento es el de siempre -que tenemos una carga impositiva muy baja y que si queremos servicios de primera debemos pagar más impuestos-, pero la evidencia, como en otras ocasiones, derriba de un palmazo el planteamiento oficialista. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo que difícilmente pueda considerarse afín al sector empresarial o a la filosofía liberal, indicó que su informe "Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe 2015" que Costa Rica tiene una carga tributaria del 22.4%, ligeramente mayor al promedio de América Latina y el Caribe (21.3%). Esto nos ubica como la quinta nación con mayor carga impositiva en la región, solo por detrás de Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay y muy por encima de naciones con crecimientos más pujantes que el nuestro, como lo son Chile, Colombia y Perú, que sí han entendido que la clave del éxito pasa por un sistema tributario más sencillo, con tasas más bajas que promuevan la generación de riqueza. 

Sin embargo, como en gobiernos anteriores, el Ejecutivo continúa poniendo todo su empeño en la reciclada propuesta de reforma fiscal: convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y subir su tasa, aumentar el impuesto sobre la renta e incrementar el impuesto selectivo de consumo, todo esto sin revisar la estructura de los gastos, que es donde realmente descansa el problema del déficit fiscal. En ASOJOD lo hemos dicho hasta la saciedad: de nada sirve subir impuestos si no se reduce el gasto, pues equivaldría a intentar llenar de agua un barril lleno de agujeros. 

A pesar que la oposición ha sido enfática en manifestar su oposición a la propuesta y ha exigido que se ponga sobre la mesa de discusión el gasto público -especialmente las remuneraciones, que crecen exponencialmente-, la respuesta de la Administración Solís Rivera es un no tajante, con lo que pone en evidencia su cercanía al sector sindical, que ha hecho durante este año y medio lo que ha querido. 

 Hay que agregar a lo anterior que para este 2016 todavía no se ha tomado una decisión sobre la posible entrada del país a la Alianza del Pacífico. La postergación de la misma hace pensar que la respuesta será también negativa y con ello se esfuma la posibilidad de incursionar en un mercado que, indudablemente, traería enormes beneficios a productores y consumidores costarricenses. 

Por si fuera poco, preocupan otros temas de suma importancia para la competividad del sector productivo como lo son el pobre estado de la infraestructura pública, la nula discusión sobre la reforma energética -con la presumible sequía que sufriremos este año merced a las pocas precipitaciones del año anterior-, el ICE y la CCSS despilfarrando recursos en proyectos fracasados y comprometiendo sus finanzas, al tiempo que exigen rescate económico y, si eso no fuera suficiente, se viene un proceso para elegir alcaldes, regidores y síndicos, donde el Frente Amplio parece tener una fuerza considerable, especialmente en zonas costeras, donde, de ganar, paralizaría cualquier desarrollo en cantones que están urgidos de fuentes de empleo y generación de riqueza.

Como ven, las perspectivas no son las mejores para este nuevo año. No es que seamos pesimistas, mas no podemos negar la realidad, aunque todavía guardamos un poquito de esperanza para sobrellevar este 2016 que se nos viene encima. Por el bien de todos nosotros, ojalá fallemos en las pintas de este año.

Tema polémico: crónicas de Tiquicia

Como en Narnia. Así nos nos sentimos a veces con lo que pasa en nuestro país, pues pareciera más la obra de ficción, imaginada en la mente de un creativo escritor que la realidad cotidiana que enfrentamos. Quizá Gabriel García Márquez había planteado, en su Macondo, una dimensión paralela e increíble donde las cosas más sorprendentes ocurrían con toda normalidad, sin pensar que poco después, en este pequeño rincón del mundo, se iba a materializar. 

El último capítulo de esta saga llamada Costa Rica es el anuncio de huelga que hicieron los sindicatos para mañana, a fin de proteger sus privilegios y gollerías, financiadas a costa de los impuestos de miles de ciudadanos a los que dicen "defender", sobre la cual, el Presidente Solís Rivera ha asumido una posición bastante complaciente. 

No puede ser que, una vez más, un grupo de holgazanes paralice el país y perjudique a miles de personas que quieren trabajar para tener un mejor presente y futuro. Y menos puede ser que el Gobierno trate con tanta benevolencia a una banda de esbirros, por miedo a lo que sus potenciales aliados políticos puedan hacer. Su acción se limitó a llamarlos a negociar y cuando las gestiones fracasaron, simplemente Solís se lavó las manos diciendo "que cada palo aguante su vela", como si con tal frase advirtiera que tomará acciones.

En realidad, el Presidente no tiene voluntad para ejercer su mandato con seriedad y responsabilidad. Su frase de campaña "con Costa Rica no se juega" no ha sido más que una triste parodia en este año y medio de gestión, ya que a los ticos nos han bailado y vacilado una y otra vez sin que pase nada. A nadie han destituido, nadie ha mostrado vergüenza y presentado su renuncia, nadie ha asumido el costo político ni ha sido procesado.

Aunque hemos visto con beneplácito la incipiente organización ciudadana en la anterior marcha contra RECOPE, falta mucho más por hacer. Todavía hay muchos que no se dan cuenta de que tienen el poder para exigir a los políticos impulsar los cambios necesarios para frenar este abuso y, más bien, siguen legitimando en las urnas a los que mienten y llevan el país hacia el despeñadero.

 

En ASOJOD creemos que mañana debería ser un día que marque el inicio del cambio, que las personas que están cansadas de ser rehenes de unos cuantos gamberros institucionales alzen la voz y exijan cambios.Es nuestra oportunidad de devolver a esta sociedad a la senda de la decencia, de la ética y de la responsabilidad. Está en nuestras manos aprovecharla o dejarla pasar.

Tema polémico: ¿premio a la inutilidad?

Recientemente, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, manifestó que quiere que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construya puentes y carreteras, aprovechando la experiencia en obras de infraestructura que, según él, la cataloga como la diseñadora y constructora más grande de Centroamérica.

¡Lo que faltaba! Una de las instituciones más desordenadas e ineficientes del Sector Público propuesta para encargarse de una función tan importante como el desarrollo de infraestructura pública. ¿Por qué no le damos también a la Fábrica Nacional de Licores la tarea de prevenir el alcoholismo en Costa Rica?

El planteamiento es un completo absurdo, alejado del mínimo de sensatez que uno esperaría en un mandatario. El ICE ha demostrado, a lo largo de los años, ser un pésimo administrador de recursos y ejecutor de proyectos. Lo que ha desarrollado siempre termina costando miles de millones de colones más por los años de retraso, los errores en la planificación y prácticas de ejecución que rozan con la corrupción en muchos casos. Por citar tan solo unos desaguisados de esa institución, en el pasado reciente, podemos mencionar las pérdidas por $35 millones en el proyecto "Red abierta de nueva generación", $3 millones en el proyecto "Tilawind", el desastre con megaproyectos como Pirrís y Garabito, sobre los cuales ha dicho el Estado de la Nación que son "los proyectos con más retrasos y sobrecostos desde la aparición del ICE", atrasos en Pailas II y en Diquís, y sigue contando. 

Está claro que esa institución no ha sido capaz de hacer bien lo que el marco jurídico existente le encomienda y que sus errores nos han costado a los costarricenses muchísimo dinero, tanto por los despilfarros como por lo que se ha tenido que pagar de más en electricidad, al tener una de las tarifas más altas de la región que afectan la competitividad y la generación de riqueza y empleo. En esa tesitura, asignarle la construcción de carreteras y puentes no sólo generará más tardanzas y costos en los proyectos de electricidad y telecomunicaciones, sino también propiamente en los de infraestructura vial, premiando a la inutilidad y condenándonos a seguir pagando más dinero por trabajos de mediana o mala calidad.

Ni qué decir del Ministerio de Obras Públicas y de su órgano desconcentrado, el Consejo Nacional de Vialidad. Si, teniendo supuestamente el conocimiento y el personal capacitado para construcción de infraestructura no han  logrado cumplir decentemente con sus funciones, imagínense ahora poniendo a funcionarios del ICE a hacer su trabajo. ¡Un completo desastre! Y lo peor, es que la solicitud de Solís ni siquiera viene acompañada por su promesa de campaña: cerrar CONAVI. Tendríamos entonces dos elefantes blancos, que consumen importantísimos recursos de los contribuyentes, haciendo lo mismo y haciéndolo mal.

Sin duda, la solución al problema de infraestructura vial no pasa ni por el ICE, ni por CONAVI ni por el MOPT. Y nos extraña que, frente a los resultados tan obvios, la Administración Solís Rivera no se haya dado cuenta de eso o, peor aún, lo que nos asusta, que sabiéndolo, pretendan saquear nuestros bolsillos con estas ideas.