Tema polémico: la libertad se escapa por rendijas

Nuestro amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada (ex Presidente de ANFE), decía en la coyuntura del TLC que "la libertad entra por rendijas", para referirse a que es necesario aprovechar las aperturas logradas que, aunque no fueran las deseadas, al menos representaban un pequeño respiro del intervencionismo estatal que corta nuestra libertad de intercambio.

Si bien es un punto cierto y válido para muchos aspectos de las políticas públicas, lo cierto es que la realidad de nuestros tiempos parece ir dirigiéndose a un punto tal donde la frase se invierte: la libertad se escapa por rendijas. Para ejemplificar nuestro punto podríamos dar miles de ejemplos en que el Estado costarricense cada día más se va metiendo en nuestra esfera privada de actuación y decisión y, por tanto, nos hace perder cada vez más libertad. No obstante, un ejercicio de tal magnitud nos llevaría miles de párrafos y perderíamos la atención de nuestros lectores. Por eso vamos a centrarnos en dos recientes casos que ilustran nuestro punto: la reciente aprobación en Primer Debate de la Ley Anti tabaco y la decisión del MEP de regular la venta de comidas en sodas escolares.

Primero que todo hay que decir lo obvio: son dos completas estupideces orquestadas por los amantes del intervencionismo, del Estado niñera que tiene que cuidarnos de nosotros mismos, de los políticos que creen que somos lo suficientemente inteligentes para votar por ellos pero no para tomar decisiones sobre nuestras vidas y por eso deben tratarnos, cual misión salvadora, como nuestras nanas hasta alcanzar la "edad intelectual" suficiente para valernos por nosotros mismos, cosa que por supuesto nunca sucederá para estos entrometidos con poder.

A pesar que se ha dicho que estas medidas son válidas porque se cimentan en la protección de los derechos de terceros -y que por eso se justifica la intervención-, lo cierto es que ese argumento es fácilmente criticable. La maravilla del mercado, decía Frank H. Knight, es que los ciudadanos pueden votar con su dinero: cada dólar que tienen les permite decidir qué cosas premian y qué castigan. Así, por ejemplo, en un bar, quien debería decir si se puede fumar o no es el dueño, en función de sus intereses o deseos. Si la mayoría de su clientela es de no fumadores, el propietario tendrá un claro incentivo económico para impedir que se fume en su local, pues el humo ahuyentará a quienes le dejan dinero. Pero, por el contrario, si la mayoría de clientes son fumadores, la prohibición podría afectar su asistencia y le acarrearía una pérdida financiera que ni el Estado ni los idiotas políticos que impulsan esta norma asumirán.

En el mismo orden de ideas, el argumento del "derecho a aire limpio" no es más que una mala salida al problema. Si bien es cierto que los fumadores afectan el dercho de los no fumadores y generan un costo en atención de salud en el que estos últimos no habrían tenido que incurrir de no ser por la acción de aquellos, la solución tampoco la brinda esta ley. Las personas no están obligadas a compartir el mismo espacio con los fumadores: cuando se trata de espacios públicos -entendiéndose como tales la propiedad del lugar y no la estúpida interpretación en función de si están abiertos o no al público- ya existía la Ley N° 7501, que imposibilitaba fumar en edificios de instituciones públicas. Eso era suficiente. En espacios privados, como dijimos ya, la decisión debe ser del propietario y si una persona no está satisfecha, simplemente puede caminar y buscar otro lugar más placentero.

Si el problema es el costo de atención médica, la solución tampoco es la prohibición. La CCSS no dejará de gastar millones de colones atendiendo a personas con afecciones producidas por el tabaco tan solo porque se prohíba fumar en determinados sitios. Además, el cigarrillo no es la única causa de problemas respiratorios. Lo que pasa es que nadie quiere poner el dedo en la llaga y entrarle a la contaminación que generan los camiones y buses y, mucho menos, encontrar la inconsistencia en la política ambiental de los diferentes Gobiernos, pero más visible en este, cual es el establecimiento de altos impuestos -aumentados aún más por el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria (el famoso PACquetazo de impuestos)- que desincentivan la migración a vehículos con tecnologías más limpias, al tiempo que desperdician los recursos de los tax payers en foros internacionales sobre el cambio climático.

Para evitar que los ciudadanos paguen los costos de los fumadores y de las personas con malos hábitos alimenticios, hay que hacer algo que ningún politicucho o intelectual progresista desea, pero que representa la única solución responsable: que cada quien pague por su atención médica. Sea que se cierre la CCSS -como lo hemos propuesto reiteradamente en ASOJOD- y que cada quien costee su propio seguro médico, o que, al menos (como todo en este país se hace a poquitos) se le cobre una cuota mayor por riesgo a quien tenga condiciones que hagan más probable la necesidad de recurrir a los servicios.

Esta incesante necedad de nuestros políticos de meterse en lo que no les importa solo llevan a tonterías. Ahora habrá que pagar burocracia para fiscalizar las loncheras, ejércitos de nutricionistas para supervisar la preparación de la comida en las sodas escolares, inspectores para tratar de luchar contra el contrabando de cigarrillos, etc., etc., etc., y todo en una época de déficit fiscal que amenaza con garrotearnos con un incremento de impuestos.

Gracias a las sandeces de nuestros políticos, la libertad se escapa por rendijas, pero cada vez en proporciones más grandes.

Tema polémico: la prohibición del fumado

Recientemente, varios diputados del PAC le solicitaron a la Presidente de la República la convocatoria del expediente N° 17.371, Control del Tabaco y sus Efectos o mejor conocida como "Ley Antitabaco". El día de hoy no vamos a discutir sobre los efectos dañinos del tabaco en el cuerpo humano, pues en este tema no hay espacio para debate: el consumo de tabaco, al igual que otras drogas, genera daños irreparables en la salud de las personas. El tema que queremos discutir es sobre la libertad que tenemos los individuos de decir la forma en que vamos a tratar nuestro cuerpo y cuál debería ser el papel del Estado en esto.

Esta discusión, al igual que muchas otras que hemos presentado los lunes, se basa en el principio fundamental de que todos somos responsables de nuestra propia vida y nadie debería obligarnos a hacer o dejar de hacer algo. La decisión de fumar cigarros le corresponde a cada individuo y este se debe hacer responsable por cualquier consecuencia que esto conlleva.

Sin embargo, pareciera ser que en este tema, hasta los liberales tienen diferencias. Para algunas personas -liberales o colectivistas- el fumado no es un problema individual sino colectivo, porque el humo afecta los derechos de otras personas. En términos de una externalidad negativa que afecta los derechos de otros individuos, esas personas consideran que el fumado debería prohibirse, pues en cualquier caso, los no fumadores se ven perjudicados por el humo y, en el caso de países con seguridad social colectiva como Costa Rica, el pago del tratamiento médico del fumador se le endilga a todos los ciudadanos por igual.

Si bien el primer punto -problema colectivo- podría ser cierto, no lo es la conclusión: el Estado NO debe intervenir. El argumento del pago del tratamiento es rebatible fácilmente y nos lleva a la propuesta que en ASOJOD siempre hemos defendido: es necesario que cada quién pague por su propia atención médica, independientemente de si fuma, es obeso, tiene predisposición a alguna enfermedad, etc. Para nosotros, nunca será justificable que unos paguen por otros. Si bien nos tildarán de ilusos y nos dirán que, ante la imposibilidad de cerrar la CCSS, nuestro punto se cae, la discusión, tarde o temprano, nos llevará allí. La situación del régimen de pensiones, insostenible por el cambio demográfico, y la caída del modelo de bienestar en países europeos, así como el rotundo fracaso al que se dirige la propuesta de crear una seguridad social universal en Estados Unidos, parecen darnos la razón. El único sistema financiera y moralmente sostenible es el de un seguro individual del que, quizá, no estemos tan lejos, a causa de los impuestos por el cigarrillo.

Si bien en ASOJOD estamos completamente en desacuerdo con los impuestos, nos parece que la existencia de tributos sobre los cigarros podría ser útil para avanzar hacia un seguro individual. El problema actual en Costa Rica es que los tributos existentes generan recursos que van a parar al IMAS, al IAFA y a un sin fin de instituciones que pocas veces tienen funciones relacionadas con la atención de las enfermedades provocadas por el tabaco.

Lamentablemente, el cigarro, el licor, el juego y otras actividades, se han convertido en el "pato de la fiesta" para los políticos de doble moral en nuestro país. Mientras lo condenan por los daños y le ponen cuanto impuesto pueden, ven como el Estado y la ciudadanía en general se benefician enormente de una industria que genera millones de colones al fisco y miles de empleos directos e indirectos. Por supuesto, ninguno de esos políticos tiene empacho en proponer que el dinero recaudado por los impuestos a esos productos sea usado para dar vivienda o para subsidiar a los pobres.

Sin embargo, si los impuestos sobre el cigarrillo fueran usados única y exclusivamente para la atención de las enfermedades producidas por el cigarro, podríamos tener un esquema donde el fumador esté, efectivamente, asumiendo la responsabilidad por su acto. De esta forma, cada vez que compra cigarrillos, estaría generando recursos para que, posteriormente, él o los no fumadores reciban atención. Sería, entonces, como una especie de prima de aseguramiento por riesgo, donde el que más riesgo tiene, paga más y el no fumador, simplemente no pagaría esos impuestos.

El otro aspecto -afectación de los derechos de los no fumadores- también tiene una solución que no requiere del Estado. Quienes argumentan que los derechos individuales de los no fumadores se ven afectados por los fumadores tienen razón, pero pocas veces aciertan en la forma en que se puede resolver el problema. Frente a una externalidad como esta, que en la teoría clásica sería considerada una "falla de mercado", el Public Choice y la Escuela Austriaca nos han enseñado que la intervención estatal siempre termina creando más problemas de los que pretendía resolver. En otras palabras, siempre que el mecanismo de compulsión y coerción se entromete, estamos ante una "falla del Estado".

¿Por qué decimos eso? Simplemente porque si el Estado prohibe el fumado, no sólo generaría un mercado negro, muy lucrativo, que fomentaría la corrupción, el contrabando y la actuación del ciudadano al margen de la ley, elementos todos muy nocivos para la institucionalidad y el Estado de Derecho. También estaría limitando la libertad y cuando eso sucede, aunque sea de forma solapada y poco perceptible, se abre la puerta para que el monstruo entre y se apodere de todo. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la libertad entra por rendijas, pero también se escapa por ellas.

Las limitaciones a la libertad, por pequeñas que sean, si se toleran y legitiman, terminan influyendo en los valores y cultura de los individuos, de forma tal que, poco a poco, van aceptando que el Estado sea el que defina lo permitido y lo no permitido, lo aceptable y lo inaceptable y, cuando se percatan, el totalitarismo está al frente. Todas las sociedades que han caído en tiranías y colectivismos han sido endebles en la defensa de su libertad: permitieron algunas restricciones y el valor de la libertad fue perdiendo importancia, hasta el punto que se convirtió en accesorio, cediendo paso a elucubraciones colectivistas como la igualdad, la solidaridad, etc.

Siendo así, posiblemente los lectores se preguntarán entonces qué proponemos para resolver esa externalidad. Pues bien, nosotros consideramos que la solución está en más mercado. ¿Qué significa esto? El mercado es, simplemente, un conjunto de individuos decidiendo libre y voluntariamente sus interacciones materiales, intelectuales y sentimentales. Es la gente actuando sin coerción. Esto quiere decir, para el caso que nos atañe, que es la misma gente la que puede encontrar una solución al problema del perjuicio causado por los fumadores a los no fumadores.

Ejemplos simples de esta idea sobran. Cuando las personas van a un local comercial donde hay fumadores y, por las molestias causadas se retiran, le están dando una señal al propietario: o separa a las personas o no vuelven. De ahí que, desde hace años, muchos negocios han optado por tener zonas para fumadores y no fumadores. Pero esa no es la única opción: muchos propietarios pueden decidir si prohiben el fumado en su negocio. La diferencia es que esta es una decisión privada en un espacio privado, donde el Estado no tiene que intervenir. Así, podría darse el caso que el dueño decida que su local va a ser exclusivo para no fumadores o, por el contrario, únicamente para fumadores. Con base en la señales que le envía el mercado -las personas decidiendo y actuando en libertad-, el propietario puede tomar medidas que le permitan seguir ganando dinero y, a la vez, no afecten la libertad de los individuos.

Otra opción es la simple tolerancia. Cuando un no fumador desea reunirse con sus amigos en un bar, por ejemplo, sabe de antemano que podría encontrarse con fumadores, sea en su propia mesa o en la de al lado. Como la gente actúa con base en la información que tiene, el sujeto de nuestro ejemplo decide si va o no a ese sitio: está en completa libertad para decirle a sus amigos que se vean en ese bar o que busquen un lugar donde no estén expuestos al humo. Si decide ir y hay fumadores, nuestro amigo sabía lo que se iba a encontrar: hizo una elección y asume las consecuencias.

Otra posible respuesta, ante los daños provocados por el humo del cigarro, la dan los métodos alternativos de resolución de conflictos. Mediante el diálogo, la negociación y la conciliación o el arbitraje, entre otros, las personas pueden dar fin a un problema. Puede darse el caso que uno le pida al otro dejar de fumar en su presencia o, a la postre, busque una compensación económica por el daño causado. Si estos mecanismos no dieran frutos, siempre están los Tribunales, donde el no fumador puede demandar al fumador por los daños causados.

Como puede verse, las soluciones existen: requieren creatividad y, sobre todo, tener presente que se debe defender la libertad y evitar la intervención del Estado.

Flash legislativo

A partir de este miércoles, en ASOJOD les ofreceremos una nueva sección titulada "Flash legislativo", donde informaremos sobre algún proyecto de ley o suceso acaecido en el Primer Poder de la República.

Para este día, les comentaremos que en la Agenda Parlamentaria existe el expediente Nº 17.371 "El control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud" del ex Diputado del PAC, Orlando Hernández y otros. La iniciativa es una completa tontería, pues pretende contiene disposiciones que van más allá de una reivindicación de derechos, siendo abusivo y afectando la propiedad privada, al prohibir fumar en lugares de trabajo y en lugares abiertos donde se realice práctica deportiva, recreación o actividades culturales.

También violenta la libertad de empresa, por cuanto prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de producto de tabaco y sus derivados, al tiempo que impide a los vendedores al por menor, exhibir productos de tabaco o mantenerlos visibles a su clientela. EPor si fuera poco, busca proscribir la fabricación, importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan la forma y el diseño de productos de tabaco. Asimismo, pretende crear más obstáculos a la libertad de empresa, al obligar a los distribuidores, comercializadores y vendedores de productos de tabaco a obtener una patente para exclusiva para tal actividad, a pesar de que ya toda actividad económica requiere una patente para operar, según lo determina el Código Municipal. Por si lo anterior no bastara, la iniciativa busca impedir la venta de cigarrillos sueltos o en cajetillas que contengan menos de 20 cigarrillos, así como la venta mediante máquinas expendedoras o dispensadoras y la distribución gratuita de productos de tabaco.

Además de lo anterior, este proyecto procura crear un nuevo impuesto específico de ¢100 por cada cigarrillo, cigarro, puro o derivados, que a pesar de tener la intención de disuadir el consumo, no servirá de nada por cuanto una persona adicta a la nicotina seguirá comprando cigarrillos a pesar de su precio.

Como pueden ver, las disposiciones de este proyecto son abusivas y no resuelven en nada el problema del fumado: la gente seguirá fumando porque es una decisión individual. En ASOJOD defendemos que cada quien viva su vida como lo desee y realice los actos que le dicte su voluntad siempre y cuando con ellos no violente los derechos de otros individuos. Es cierto que las personas, cuando fuman cerca de otros que no lo hacen, están afectando la salud de estos y están causándoles serios perjuicios. También lo es que el fumador le imprime serios costos económicos al no fumador, sea porque afecta su salud y lo obliga a pagar atención médica o porque, debido a nuestro sistema de salud, el no fumador termina pagando los servicios de salud que requiere el fumador.

Sin embargo, prohibiendo prácticamente el fumado no se consigue nada positivo: sólo se logra generar un mercado negro, empoderar a una mafia que trafica con un producto prohibido y fomentar la corrupción de funcionarios públicos, como sucedió en los años 20 con la prohibición del licor en Estados Unidos. Además, si a los proponentes les interesa tanto el costo que le imprimen los fumadores a los no fumadores, deberían modificar la legislación social para que cada individuo pague su propia atención médica.