La columna de Carlos Federico Smith: la nueva aventura innovadora del Gobierno

Hace pocos días, el presidente de la República, don Carlos Alvarado, públicamente estimuló el debate acerca de cómo debería promoverse la innovación en el país. En concreto, indicó que apoyaba que RECOPE se propusiera desarrollar tecnología supuestamente innovadora, en el campo de energías provenientes del sol, el aire, el hidrógeno y la biomasa.
 

Para tal fin, propuso crear una entidad estatal, que llamó ECOENA, siglas de “Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima,” resultado de la transformación de RECOPE, que incluso dejaría de ser un monopolio y operaría en condiciones de libre competencia. (Aún no es claro cómo se financiará a ECOENA).
 

Esa transición de RECOPE sería algo propio, sin tener que “esperar” los desarrollos tecnológicos de otras partes del mundo, para ser puestos en práctica lo más pronto posible y en donde el mercado no sea simplemente el que realice esa transformación.
 

Me da la impresión de que el presidente no está bien aconsejado, pues supone que la innovación no es sino resultado de una acción gubernamental, que puede prescindir del mercado y que, además, podemos aprovecharla sin tener que depender de la innovación de otros países.
 

La innovación no suele surgir de la decisión de un funcionario gubernamental o de una política de gobierno, la que, al fin de cuentas, no es más que el resultado de una decisión de un grupo de políticos. Se equivoca en que esa sea la forma en que operan la economía nacional y global, que hace que surjan los adelantos tecnológicos. Se requiere más que la voluntad gubernamental; en particular, toda una serie de incentivos que inviten a las personas a ver cómo se puede satisfacer mejor y de manera más económica, una serie de necesidades humanas. No es suficiente con tener el capital (ya sea puesto por el gobierno o por socios privados), ni disponer de las instituciones sociales (¿será ECOENA esa institución suficiente?), ni nuevas ideas (en particular, las que se les puedan ocurrir a funcionarios públicos o a empresarios privados en busca de rentas). Es esencial que haya voluntad para pensar y actuar de forma creativa, tal como sucede en los mercados competitivos y en una sociedad de mercado.
 

Los incentivos en los mercados en donde se han desarrollado eficientemente las innovaciones tecnológicas, estimulan el surgimiento de la invención cuando se espera que genere beneficios, que, de paso, no sólo beneficiarán a quienes la crean, sino a quienes reciban sus resultados en productos y servicios mejores y más baratos (como el caso de Uber). Son las pérdidas y las ganancias de la acción humana innovadora las que estimulan la invención, pero se requiere que existan derechos de propiedad fuertes, para que los innovadores puedan cosechar los frutos de su trabajo creativo.
 

Claro que, como todo en la vida, esa actividad que rinde beneficios también implica un costo, pero eso no significa que el estado sea el que deba correr con los riesgos, por varias razones. Si la invención la llevan a cabo personas y entes privados, hay un fuerte incentivo para que los beneficios que se lograrían superen a los costos, mientras que, en una empresa pública, los incentivos no son hacia la conducta económicamente eficiente, sino hacia el logro de objetivos políticos; diferentes del usual en la economía, como es la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esa es la tragedia de que se haga un mal uso de recursos escasos, cuando, quienes administran la acción, no son los que tengan efectivamente la responsabilidad de evitar pérdidas y maximizar ganancias, lo cual requiere de la minimización de costos.
 

Abundan los ejemplos de ese tipo de intenciones gubernamentales, que terminan en resultados no rentables o muy onerosos con respecto a los beneficios. Llega a mi mente un caso reciente muy sonado en los Estados Unidos, cuando el gobierno, supuestamente para promover la innovación en tecnologías limpias (paneles solares, en ese caso), financió con una garantía multimillonaria a una empresa privada, Solyndra, la que terminó en quiebra. El gobierno, mejor dicho, los contribuyentes, perdieron $550 millones en la aventura. Es el resultado de un gobierno buscando ayudar a una empresa para un fin que aquel consideró apropiado, pero que puso en un riesgo innecesario a los contribuyentes, pues el mercado decidió no adquirir esos productos, de forma que la empresa profundizó en sus pérdidas. [Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas, le oía decir siempre a un amigo colega].
 

Lo que a veces se olvida, al decidir un gobierno invertir en una actividad, es que, cuando se usan fondos públicos en ella, son recursos que se dejan de usar en otras actividades tal vez más propias de un gobierno, en vez de ponerse, por ejemplo, a desarrollar tecnologías de la nada, como podría ser el caso aquí.
 

Eso señala, además, un riesgo muy claro y obvio: la intención de la nueva RECOPE es, en parte, poder hacer cosas similares a lo sucedido con la abortada refinería china, que no fue sino una coinversión entre una empresa pública (RECOPE) y otra china, SINOCEM. Todo concluyó en los tristes resultados ya bien conocidos.
 

Además, con ese tipo de acuerdos público-privados sugeridos, se amplía la posibilidad de desarrollar a mayor plenitud el llamado capitalismo de los amigotes, por el cual empresarios privados, a cambio de obtener o realizar negocios o subsidios o protección o apoyo gubernamental (todo con recursos de los contribuyentes), otorgan apoyo político al gobierno, sin excluir la posibilidad real de pagos corruptos a quienes brindan protección ante la competencia.
 

Finalmente, quiero terminar esta consideración con un par de preguntas a los lectores: ¿Cree usted que el gobierno tiene la capacidad de escoger las decisiones sobre inversión correctas? ¿Cree usted que el gobierno (sus funcionarios) tienen la capacidad de disponer de todo el conocimiento disperso y especializado que existe entre todos los participantes en el mercado y que el gobierno puede brindar las señales específicas de hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo de los humanos por innovar?
Sorprende que, en la propuesta para promover la metamorfosis de RECOPE, se diga que daría lugar a una “independencia” de la innovación que pueda surgir en el resto del mundo. O sea, se dice que no debemos quedarnos sentados “esperando” por las invenciones externas, sino que, ahora, sean “hechas en Costa Rica.” Seamos francos, ¿acaso alguien cree que tenemos la capacidad de obtener aquí, en nuestro bienaventurado país, todo lo que se está logrando en otras naciones en cuanto a innovación? Y, aún más, ¿pensar que eso lo haríamos aquí con una “nueva” empresa estatal?
 

El desprecio que se expresa de los mercados como estímulo de la inventiva individual empresarial, es un grave error.  Cierto es que en Costa Rica se podrían producir bombas atómicas (me han dicho que en internet ya aparece hasta cómo hacerlas), pero eso no es lo importante. La pregunta que hay que hacer es ¿a qué costo? En todo el mundo hay personas buscando cómo encontrar energías limpias más económicas que las “sucias” actuales. El incentivo del éxito económico lo impulsa y los recursos usados en ese esfuerzo no son los de todos los ciudadanos o los contribuyentes, sino de los propios innovadores y sus inversionistas. Los contribuyentes obligados no necesariamente están dispuestos personalmente a invertir en ello por el alto riesgo que puede implicar. Lo eficiente de la actividad privada es que, si alguien considera que los prospectos de la invención son productivos, rentables, permite que haya aportes de recursos privados dispuestos a correr el riesgo, sin poner a toda la sociedad a incurrirlo.
 

Se hace ver como algo malo que dependamos de la tecnología desarrollada en otras partes. Se nos dice que, de no hacerlo nosotros, seremos “como lo hemos sido en otros campos; consumidores; consumidores de conocimiento, de tecnología.”  Pero, los humanos sabemos de la virtud de la especialización: en hacer aquello en que se es relativamente mejor. La tecnología es algo muy amplio y obviamente una nación no puede especializarse en producir “todo” tipo de tecnología. Pero, si bien esto es claro, ¿por qué no especializarnos en desarrollar una tecnología específica, como se propone en “energías limpias”? Me parece que hay una posibilidad de que un desarrollo exitoso de ello se dé en muchas otras naciones que van años luz adelante en investigación e innovación, sin que tengamos que volver a experimentar nosotros esos onerosos pasos. Naciones en donde ya existen y funcionan las instituciones adecuadas para la innovación, en donde el premio al esfuerzo son las ganancias y en donde prima la competencia. Eso deja que surja el mayor número posible de frutos de la innovación, compitiendo entre sí para lograr el favor de los consumidores y usuarios de ella.
 

Peor según la propuesta local citada, en donde la tecnología que se desarrollaría sería, presuntamente, al abrigo de un ente estatal, que, aunque se diga que operaría en un sistema competitivo, podemos tener certeza de que esa tecnología se desarrollará con mejores resultados de calidad y precio en naciones que ya están muy avanzadas y que tienen la institucionalidad adecuada para estimular la innovación. Son los mercados los que, en última instancia, dirán si la innovación que surge es la deseable y, si lo es, la premiarán con ganancias. Y, si no lo es, las pérdidas surgirán. En la empresa estatal, el objetivo es complacer la meta política que se les ha definido y no la satisfacción de los consumidores.
 

Los recursos son escasos y lo son más en naciones relativamente más pobres. Si los pocos recursos de que disponemos se dedican a aventuras empresariales del estado, eso sólo impedirá que esos recursos se usen en otras cosas mejores y que satisfagan necesidades más apremiantes en nuestro medio. Es una injusticia usar los recursos de todos los contribuyentes, en ilusiones que bien, como ha sucedido en muchas ocasiones y lugares con las empresas estatales o mixtas, pueden fracasar o que, para sobrevivir, deban terminar siendo protegidas ante innovadores más eficientes del exterior, causando graves daños a los consumidores. Por supuesto, la cuenta por esos fracasos será pasada, ya sea mediante mayores precios o menor calidad o impuestos o endeudamiento, a los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Las platas de algunos sindicatos

Un comentario reciente publicado en La Nación del 19 de enero del 2019, titulado “Sindicatos del MEP reciben ¢12.000 millones cada año,” ha dado un lugar a un debate interesante entre ciertos líderes sindicales y periodistas de ese medio, que, sin duda, es del interés del ciudadano.

Según el comentario original, a partir sólo de datos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), los asociados a los sindicatos de ese gremio, la ANDE, el APSE y el SEC, que ascienden a 98.691 registrados (según el MEP allí laboran 86.000 personas y la diferencia es explicable pues un empleado pueda asociarse a más de un sindicato), aportan anualmente ¢12.132 millones a esos gremios. Este aporte es de alrededor de un 1% de los salarios (completos, no sólo del pago básico, sino que incorpora los pluses en dicho porcentaje, lo que da lugar a un incentivo a los sindicatos por conservar y expandir esos pluses, al ser fuente importante de recursos). Además, “el ingreso promedio de los educadores (observen que es el promedio, pues sin duda hay unos que son menores y otros más altos) es de ¢1 millón al mes; o sea, en promedio, cada uno aporta alrededor de ¢10.000. 

Según el medio, con información proveniente del MEP, la ANDE es el sindicato más grande, con 35.904 afiliados, que aportan anualmente ¢4.777 millones; esto es, el 39% del total.  Le sigue la APSE con 35.199 asociados, que hacen un aporte anual de ¢4.258 millones, equivalentes a un 35% del total. Y tercero está el SEC, que tiene 26.605 socios, con un aporte anual de ¢2.963 millones, que significa un 24% del total.

Los beneficios recibidos por los afiliados son muy diversos, destacando, al menos en ANDE, la asesoría legal, centros de recreo, ser nombrados en instituciones en las que ANDE tiene representación, recibir educación sindical, obtener equipos ortopédicos, ayuda por fallecimientos de familiares, así como por robo o desastres naturales, además de gastos obvios del gremio, como administración, mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo, honorarios profesionales, y una extensa gama de actividades.” La ANDE señaló que los presupuestos son debidamente aprobados y a sus asociados se les informa anualmente de los resultados de tipo contable, financiero y de logro de objetivos.

La APSE señaló en un comunicado posterior que “la naturaleza de los recursos financieros que recibe APSE es privada” y que “no se trata de fondos públicos ni de recursos girados por el MEP, ni por ningún otro ente estatal” y que son enteramente voluntarios en función de la “libertad de asociación.” Y que no está obligada a “rendir cuentas públicas sobre sus estados financieros, ni de divulgar esta información ante los medios de comunicación.” Y que lo hace “en el seno de su Asamblea General” ante sus asociados.

Me encanta esa defensa de la libertad de asociación y de la privacidad de las acciones, que ojalá se extendiera a todas las personas, cuando ellas tienen que declarar con todo detalle cuando deben pagar impuestos. Es cierto que se trata de organizaciones voluntarias de personas, pero, puede mediar un interés público en conocer los orígenes y uso de los recursos, tal como está obligada una empresa que cotiza en la bolsa a informar detalladamente a los accionistas de todos sus ingresos y gastos. Después de todo, en el caso de los sindicatos, los dineros provienen en última instancia de fondos públicos y el gobierno es el encargado de recaudar los fondos para esas asociaciones. 

Dado lo anterior, me surgen dudas acerca de lo apropiado de la opinión de la dirigencia de la APSE, pues en ciertos momentos de su acción pública suelen actuar afectando derechos de las personas, como no recibir una educación por la cual pagan o no interrumpir el libre tránsito privado por una huelga sindical. Tal vez, para mayor transparencia, deberían mostrar los estados financieros del gremio ante la ciudadanía, para que valore el uso final que se le da a los recursos que paga por impuestos. Creo que estamos ante un caso interesante de derechos de los individuos que el estado debe proteger -incluso cuando hay conflicto entre, por ejemplo, el derecho a la asociación, por un lado, y el derecho al libre tránsito y a la paz, en general.

En resumen, opino que los dineros aportados por las personas privadas (empleados públicos) son decisiones privadas y, por tanto, no es exigible que informen públicamente la procedencia de esos fondos. Al mismo tiempo, me parece que los sindicatos podrían elevar en cierto grado su actual desprestigio, haciendo públicos esos estados, no obligadamente, sino para que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay nada indebido o ilegal en la procedencia y uso de esos fondos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿premio a la inutilidad?

Recientemente, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, manifestó que quiere que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construya puentes y carreteras, aprovechando la experiencia en obras de infraestructura que, según él, la cataloga como la diseñadora y constructora más grande de Centroamérica.

¡Lo que faltaba! Una de las instituciones más desordenadas e ineficientes del Sector Público propuesta para encargarse de una función tan importante como el desarrollo de infraestructura pública. ¿Por qué no le damos también a la Fábrica Nacional de Licores la tarea de prevenir el alcoholismo en Costa Rica?

El planteamiento es un completo absurdo, alejado del mínimo de sensatez que uno esperaría en un mandatario. El ICE ha demostrado, a lo largo de los años, ser un pésimo administrador de recursos y ejecutor de proyectos. Lo que ha desarrollado siempre termina costando miles de millones de colones más por los años de retraso, los errores en la planificación y prácticas de ejecución que rozan con la corrupción en muchos casos. Por citar tan solo unos desaguisados de esa institución, en el pasado reciente, podemos mencionar las pérdidas por $35 millones en el proyecto "Red abierta de nueva generación", $3 millones en el proyecto "Tilawind", el desastre con megaproyectos como Pirrís y Garabito, sobre los cuales ha dicho el Estado de la Nación que son "los proyectos con más retrasos y sobrecostos desde la aparición del ICE", atrasos en Pailas II y en Diquís, y sigue contando. 

Está claro que esa institución no ha sido capaz de hacer bien lo que el marco jurídico existente le encomienda y que sus errores nos han costado a los costarricenses muchísimo dinero, tanto por los despilfarros como por lo que se ha tenido que pagar de más en electricidad, al tener una de las tarifas más altas de la región que afectan la competitividad y la generación de riqueza y empleo. En esa tesitura, asignarle la construcción de carreteras y puentes no sólo generará más tardanzas y costos en los proyectos de electricidad y telecomunicaciones, sino también propiamente en los de infraestructura vial, premiando a la inutilidad y condenándonos a seguir pagando más dinero por trabajos de mediana o mala calidad.

Ni qué decir del Ministerio de Obras Públicas y de su órgano desconcentrado, el Consejo Nacional de Vialidad. Si, teniendo supuestamente el conocimiento y el personal capacitado para construcción de infraestructura no han  logrado cumplir decentemente con sus funciones, imagínense ahora poniendo a funcionarios del ICE a hacer su trabajo. ¡Un completo desastre! Y lo peor, es que la solicitud de Solís ni siquiera viene acompañada por su promesa de campaña: cerrar CONAVI. Tendríamos entonces dos elefantes blancos, que consumen importantísimos recursos de los contribuyentes, haciendo lo mismo y haciéndolo mal.

Sin duda, la solución al problema de infraestructura vial no pasa ni por el ICE, ni por CONAVI ni por el MOPT. Y nos extraña que, frente a los resultados tan obvios, la Administración Solís Rivera no se haya dado cuenta de eso o, peor aún, lo que nos asusta, que sabiéndolo, pretendan saquear nuestros bolsillos con estas ideas. 

Desde la tribuna: ¿quién paga?

La información es muy clara y no admite falsas interpretaciones.  La deuda pública creció un millón de millones (un billón) de colones, el primer cuatrimestre de este año.
 

¡Qué fácil gastar el dinero ajeno!  ¡Qué fácil ha resultado endeudar a los demás, echarle la carga a las futuras generaciones y ser tan irresponsable con el gasto público!

De lo que se trata, simplemente, es de una violación flagrante, descarada y directa de todo el pacto social costarricense.

El Estado se ha convertido en un instrumento de expoliación para que unos cuantos se queden con todo, despojen a los demás y, cuando no ha habido de dónde tomar, entonces hipotequen el futuro de todos.

El resultado de pensiones excesivas con cargo al presupuesto, una alta planilla llena de gollerías y privilegios, un desviado sentido del asistencialismo y el clientelismo político es un Estado lleno de gastos, inútil, que evade sus fines primarios y se dedica a ordeñar a los sectores productivos y trabajadores de la sociedad.

Las autoridades concernidas (Sala Constitucional, sector de Hacienda, Contraloría, diputados) han olvidado los controles constitucionales (límites presupuestarios, equilibrios presupuestarios) y se han dedicado irresponsable e indolentemente a inflar los gastos y promover la repartidera.

Las instituciones públicas han ido cayendo en la misma cosa:  exceso de planilla, falta de racionalidad en el gasto, privilegios y abuso de sus ingresos.  La CCSS es un caso por antonomasia, las universidades públicas ni qué decir, el ICE reúne una serie de perversiones inaceptables y el cuento sigue.

Los monopolios públicos han sido excusa para inflar gollerías y ventajas y ahora asfixian a la sociedad costarricense (ICE, RECOPE).  No abunda la energía por su modo de hacer las cosas, no es barata y más bien afecta negativamente el desempeño y economía de la sociedad costarricense.

Lo peor es que quienes están señalados para detener el abuso y el exceso más bien parecen promoverlo e incentivarlo.  La Sala Cuarta está compuesta por magistrados que disfrutan de un régimen privilegiado de pensiones y hace rato que perdió la vocación de frenar los abusos (más bien declina los controles presupuestarios y fomenta los abusos contra la CCSS).  La Asamblea Legislativa parece ignorar la esencial función de control político, presupuestarios y administrativo y más bien se solaza en aumentar el gasto público, hacer cundir la repartidera y fomentar el clientelismo.

El IMAS no tiene idea de qué pasa con el 75% de la gente que recibe ayuda social, el FONABE reparte becas entre hijos de funcionarios del MEP, el ICE bloquea cualquier intento para que haya apertura en electricidad y los sectores productivos puedan hacer su aporte, RECOPE gasta a manos llenas en un proyecto de refinería china que hasta la Contraloría ha calificado mal, el asfalto no cumple con los requerimientos mínimos (y eso que fueron dolosamente rebajados por una Administración de cuyo nombre no quiero acordarme).  

Se suponía que el Estado era para dar seguridad al Derecho y a los derechos fundamentales, no para que un grupo se montara en él y exprimiera a los demás.  Sin necesidad de sangre azul ni tradiciones similares, se ha creado una especia de pluto-aristocracia que se sirve del Estado para pasarla mejor  (privilegios, gollerías, pensiones, huelgas sin reponer el servicio, mejores horarios y paga) y, para lograrlo, no ha reparado en gastar lo  que ni siquiera existe (el futuro de nuestros hijos y nietos).

Las normas constitucionales han sido reiteradamente violadas, torcidas, malinterpretadas, ignoradas, vaciadas de contenido y puestas a un lado.  ¿No había jurado cumplirlas y defenderlas?

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¿cómo estamos?

El Estado costarricense se está tragando todo el esfuerzo nacional y no está devolviendo servicios ni seguridades adecuadas.  Los tributos y demás cargas a la sociedad son de gran proporción y significan una gran contribución pero, sin embargo, la contraprestación no corresponde al gran aporte social.

No tenemos una estructura pública apta ni apropiada.  Los servicios públicos dejan mucho que desear y no son apropiados.  Incluso, hay actividades estratégicas para el desempeño productivo adecuado que, desdichadamente, pasan por el monopolio público y ello garantiza nuestra incapacidad para competir.  Electricidad muy cara y energía (derivados del petróleo) carísima nos postran ante la competencia internacional.   ¡Hay que reconocerlo!  Si a ello sumamos la infraestructura pública y el mal funcionamiento y riesgo que hay en algunos otros temas que pasan el Estado y sus instituciones, solo se puede llegar a la conclusión de que el Estado costarricense estorba, complica y es muy gravoso para la sociedad costarricense.

Las pensiones en riesgo y cada vez con mayor mordisco al presupuesto nacional.  Las instituciones que debían proveer estabilidad y servicios apropiados están complicadas y hasta acusadas de colusiones, problemas de planilla y mal desempeño.

Para complicar más las cosas, estamos en una seria encrucijada.  Un Estado deficitario que no parece encontrar cómo bajar su angurriento gasto público y un equipo de gobierno que aún está postulando más intervención pública y más presencia estatal en una serie de actividades.

Es indispensable accionar el freno de emergencia en el rumbo que llevan las cosas.  No se puede pensar en castigar más al pueblo costarricense con un nuevo paquete tributario.  Menos si aún no hay un elenco de posibilidades de solución y enmiendas al asfixiante gasto público.  Cargar al pueblo con más tributos sería insoportable.  Además, en la línea de lo explicado, significaría complicar aún más el desempeño internacional de nuestra economía.  

La intención del equipo gubernamental de continuar en la línea del estatismo y de cargar aún más al inútil Estado con más tareas y presencia es quizás lo primero que hay que enfrentar.  Mientras persistan en tal idea, serán incapaces de revisar el mal rumbo de la nave nacional: programas inconsistentes, educación que aumenta la brecha social (calidad, cantidad, contenidos), repartidera que no saca a nadie de la pobreza, instituciones y programas caducos, exceso de planilla pública, monopolios públicos que ahogan a la sociedad, energía cara por responsabilidad del Estado y sus instituciones y monopolios, corrupción e ineficiencia enquistadas en el aparato público y mil cosas más.

Para colmo de males, nuestra idiosincrasia ha llevado a muchos a creer y pretender que la Asamblea Legislativa debe pasarse legislando a diestra y siniestra, sin ton ni son,  sin hacer la esencial función de control político.  Ello carga al Estado de tareas y gasto, sin contenido para ello y, lo que es peor, abandonando las que sí son tareas centrales del sector público.  De tal modo, lo tenemos cargado de tareas inútiles, distraído en quimeras y complicaciones, lleno de deudas y alejado de lo principal.  ¡Así no hay como progresar!

Si el equipo gubernamental (Asamblea y Ejecutivo) están en tan estatista actitud ¿cómo podemos revertir el camino que llevamos?

Una y otra vez habrá que alzar la voz para señalar lo que está pasando, para pedir espacio y apertura.  El mal desempeño del Estado y sus instituciones no es gratuito, cuesta mucho y, además, nos saca de competencia.

Quizás haya quienes piensen que no vale la pena ser competitivos, que mejor no embarcarse en la relación económica internacional.  También es innegable que algunos creen que nuestro Estado está bien así y que se trata del precio que hay que pagar por la solidaridad y el acento social que se le quiere dar a la concepción pública.  Y, por supuesto, también es claro que hay un grupo que no quiere cambiar nada:  se aprovecha del desorden en las pensiones, le sirve que se mantenga una burocracia ineficiente, está feliz con la sobreplanilla en las oficinas públicas, lucra con algunos programas públicos ineficientes y pone de primero la mano cuando hay repartidera.

También hay que denunciar lo que está pasando en estas áreas, para todos los demás vean con claridad qué es lo que nos está hundiendo.    No hay consistencia ni verdadera solidaridad en mantener programas inútiles aunque sean bienintencionados (que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones), no hay coherencia ni solidaridad en aprovecharse de pensiones millonarias con cargo al presupuesto, no hay solidaridad ni decencia en lucrar con programas públicos que no sirven.  

Lo primero, por tanto, entender el problema para frenar el mal rumbo que llevamos.  Hay que tener claro que vamos camino al despeñadero y ahí no hay futuro para ninguno. 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: las facturas falsas de la CCSS

Tal vez el título de arriba no sea el más adecuado, porque el posible fraude a la Caja Costarricense de Seguro Social bien podría ir más allá de un simple intento de cobro indebido, mediante el uso de facturas falsificadas. Lo que por fin sucedió –algo tardíamente como, en mi opinión, suele suceder- fue el allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República de las instalaciones de la firma privada presuntamente involucrada, así como de algunos importantes hospitales nacionales, como el Calderón Guardia y de la misma Caja en el centro de San José, en busca de la documentación necesaria que permita determinar la existencia y naturaleza del posible delito cometido o que se ha intentado cometer. Francamente, no sé si la Fiscalía encontrará toda la documentación requerida, porque ha pasado ya tiempo suficiente desde que se hizo pública la noticia, como para que alguna mano maligna pueda haberse deshecho de la papelería, que podría demostrar la evidencia de un delito. Pero, como que es así la forma en que funcionan estas cosas de investigación y con lo cual yo no estoy familiarizado.

Los montos que se han señalado del posible intento de fraude a la Caja son sumamente elevados. Se ha indicado, de manera pública, que las 1022 facturas presentadas al cobro a la Caja, por servicios que presuntamente prestó a esa entidad la compañía Synthes, son falsas. Se trata de supuestas adquisiciones de tornillos, clavos y placas ortopédicas adquiridas por el Hospital Calderón Guardia, tan sólo en el 2010 y en el 2011. Sobre esto ha salido, en los medios escritos y televisados, que se insertaron en pacientes que nada tenían que ver con asuntos de ortopedia, sino que tan sólo habían sido objeto de tratamientos médicos que no requerían del empleo de esos repuestos metálicos, como es el caso de pacientes de maternidad, de ojos, urología y otras cosas similares, que no están relacionadas de manera alguna con aspectos de la ortopedia. También se han mostrado facturas de pacientes de la Caja inexistentes, quienes incluso han dicho, en vivo y a todo color en la televisión, que no han sido operados en aquel hospital e incluso que allí nunca han sido intervenidos quirúrgicamente. Además, entre los supuestamente operados, en donde se indica que hubo colocación de prótesis, se han brindado nombres de personas que, en el presunto entonces en que recibieron el tratamiento de implantes ortopédicos, ya estaban fallecidas. (Es tan parecido a los pagos que se hizo de sueldos a maestros ya muertos, como sucedió, según las denuncias públicas, en torno a las famosas planillas del Ministerio de Educación ¿Qué está esperando el Ministerio Público para intervenir?).

Observen que el monto que públicamente se ha dicho que se pasó a cobro y que, afortunadamente, no fue pagado, se refiere tan sólo al Hospital Calderón Guardia y para los años 2010 y 2011. La pregunta elemental, de cualquier Watson aficionado, es si también ha sucedido algo similar en otros hospitales, pues la firma que notoriamente se ha mencionado, es también proveedora de todo el sistema hospitalario de la Caja; que creo que comprende a unos 30 hospitales. Pero, asimismo, debe uno preguntarse si el acto cuestionado se dio en épocas diferentes a aquellos dos únicos años por los cuales se le pasó el cobro a la Caja. No hay duda que el trabajo de averiguación va a ser muy grande, pero parece posible que los presuntos montos involucrados resulten ser mucho mayores, que los citados 2.000 millones de colones en cobros aparentemente falsos a la Caja.

Personalmente no conozco al doctor Raúl Valverde Robert, quien ha dicho haber sido la persona que se enteró en diciembre del 2011, del cobro presentado en setiembre del 2011 al Hospital Calderón Guardia, por aquellas 1000 y pico de facturas de los años 2010 y 2011. En una entrevista en el periódico La Nación, del 12 de junio, señala el doctor Valverde Robert, Jefe de Cirugía del Calderón Guardia, que “desde el 2011 le estoy gritando a mi superior” acerca del presunto intento de fraude y que no es sino “hasta el 24 de setiembre (del 2013 cuando se inicia) la investigación” en el Calderón Guardia (casi dos años después). Además, que fue “hasta el 17 de enero” de este año cuando “se pone la denuncia ante el Ministerio Público”. 

Lo sorprendente es que el funcionario, quien aparentemente puso inicialmente la denuncia, fue suspendido en sus funciones el 14 de marzo de este año, por las autoridades del Hospital de ese entonces. Ante la pregunta del periodista de La Nación de “¿Por qué lo suspenden?”, responde el Dr. Valverde: “Habían llegado varias personas y me dijeron: ‘Mirá, estás molestando mucho y te van a suspender (...)’. Eso me dio chance de fotocopiar documentación para evitar que se desaparecieran ciertos documentos.”

Las investigaciones necesarias y por distintos cuerpos públicos especializados están proceso, pero no parece que la mejor medida haya sido la de suspender al funcionario que precisamente ha formulado estas denuncias. Dicha actitud, que sin problema alguien podría calificar como una aparente revancha por las denuncias expuestas por doctor Valverde, nos debe de preocupar mucho a todos los costarricenses, pues no parece ser tan necesaria esa reprimenda de quien podría, por la evidencia surgida, no ser más que un informante que destapa la olla (lo que en inglés llaman “whistleblower”; esto es, “el que toca el pito para avisar que algo incorrecto o ilegal se lleva a cabo”). Todo esto deberá quedar muy claro.

Si lo expuesto por el doctor Valverde es cierto –y al momento no tengo razones de por qué dudar de ello- entonces, el país debe estarle agradecido por haber sacado a la luz un negociado aparentemente indecente, inmoral y objeto de un delito que ocasiona un fuerte daño al erario público por tan elevada cuantía. Como siempre, ello terminará siendo pagado por los bolsillos de todos los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: el gobierno nos empobrece

Hay decisiones públicas que de modo directo nos empobrecen a todos.  No hay cómo discutir ni justificar, sencillamente el poder escoge por todos, decide por todos y al final todos nos empobrecemos.

Así es el caso de la información generada por el diario digital CRHOY, que enlista los temas de la trocha mocha, la refinería china y la innegable estulticia con que se decidió romper el contrato para construcción de la carretera a San Ramón.

La suma de todas estas decisiones nos pone a pagar a todos aproximadamente 200 millones de dólares a cambio de nada.  Una trocha deshecha, unos estudios mal hecho por Recope y un rompimiento contractual desesperado y presionado.

Cuando hablamos de los bienes públicos como bienes de difuntos, nos referimos a casos como los descritos.

Muchos funcionarios públicos no entienden la gravedad de sus funciones y responsabilidades.  Festinan los bienes públicos, desperdician el tiempo de las instituciones, hacen con lo público lo que no harían con lo propio.  En el Derecho privado existe una expresión certera, que describe el empeño que debe ponerse en la administración de los bienes ajenos (por ejemplo, cargos de administración en sociedades o empresas, sucesiones, poderes, encargos, bienes de menores y demás casos).  Tal expresión se recita como la diligencia o el cuidado de un buen padre de familia.  

Pues bien, en el sector público, en la función pública, con los conceptos de Derecho público (principio de legalidad, probidad, transparencia y demás conceptos) se entiende que la diligencia y esmero deben superar en mucho el celo de un buen padre de familia.  No se trata de bienes privados sino de bienes públicos, logrados a base de impuestos (tributos pagados por los ciudadanos) y demás esfuerzos colectivos.  Arrebatados a los ciudadanos y habitantes de un país bajo el pretexto de bien común.  Entendidos como ingresos necesarios para lograr los cometidos públicos.  Sometidos a las reglas inequívocas de la técnica jurídica, la administración, la ciencia y razón para su mejor asignación.

Pero ello, de verdad, no sucede así casi nunca.  Impera el capricho, la desidia, la corrupción, la burocratización, gollerías, privilegios y demás desvíos (incluyendo la institucionalización de los medios privilegiándose sobre los fines).

Lo triste es que los recursos se pierden, se administran mal, se desvían, se contratan irregularmente.  Los casos descritos son ejemplo indubitable pero … no son sino una parte.  La descubierta, la indiscutible, la formada por partida mayúsculas.

Pero no están largo de ello la chabacanería, la corrupción, la burocratización, el amiguismo y el clientelismo.  

La desviación del poder y la desviación de recursos.  Cuando la policía ejerce brutalidad, cuando la policía usa el tiempo y el vehículo público para ir al salón de belleza, cuando se dan recomendaciones indebidas, cuando no se respeta el tiempo ni los derechos de los administrados.  Cuando hay miedo de tomar decisiones para aprobar permisos.  Cuando ni siquiera se reconoce el silencio positivo.  Cuando no se paga en tiempo una indemnización debida (como por ejemplo, la aprobada por los tribunales de justicia a la entidad supervisora que fue injustamente removida de las obras de la carretera a Caldera, porque no cohonestaba lo que malo que se hacía).

La autoridad Supervisora de Pensiones ha objetado los gastos de la CCSS en relación con los fondos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.  ¿Qué habría pasado si no existiera la indicada supervisión?

Hace unos meses una auditoría reveló serias irregularidades (desvíos o uso indebido de los fondos) en relación con los dineros de ahorro y préstamo que se manejan en el INVU.  ¿Acaso ello no es dilapidar, festinar y maladministrar bienes ajenos?

La lista es interminable.  Así como se dice que “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran” la verdad es que la abulia, la desidia y la falta de diligencia en el uso de los insuficientes fondos públicos es algo más serio y grave.  Es un verdadero pecado.  Hasta Jesús fustigó, en la parábola de los talentos, la administración ineficiente del dinero administrado.  Por ello es imperdonable que hace un tiempo se detectaran irregularidades e inacción inaceptables en aproximadamente dos mil quinientos millones de colones en manos de Juntas de Educación.

Podemos seguir con otro tipo de situaciones como,  por ejemplo, los manejos portuarios en el Atlántico y la incidencia de sindicatos y convenciones mal acordadas, las gollerías de Recope (sus efectos en el tema de energía y cómo afecta a todos los consumidores), los manejos del ICE ( telefonía y electricidad más cara) y seguir con la interminable lista.

Estos comentarios surgen a raíz del rito cuatrienal de promesas y ofrecimientos irracionales de la mayor parte de los candidatos a la presidencia.  Es triste observar cómo se rajan y compiten por ofrecer más y más de los demás y menos y menos de cada uno.  Casi ninguno habla de poner al Estado en cintura, garantizar oportunidades y posibilidades de asumir vida y destino, determinar un estado jurídico que garantice el trabajo y los recursos de cada cual y la posibilidad de construirse la vida.  No, desdichadamente se compite por poner impuestos, ofrecer lo de los demás, inventar fantasmas para derribarlos con más tributación, coacción y obligaciones devenidas de más legislación y convencer a muchos de que la pobreza y la ruina se quitarán quitándole a los otros.  

A final de cuentas, pondrán más burocracia, más legislación, nos arruinan más y recibiremos menos obra y acción de una burocracia empoderada.  La misma trampa de la demagogia y el clientelismo político.  La verdad es que quienes caen en ello son cómplices de la corrupción, el endeudamiento y la pobreza.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el derroche

En momentos en que las finanzas gubernamentales experimentan serios problemas deficitarios, debido a un excesivo gasto público, cobra mayor importancia presentar ante los lectores algunas de las expensas, efectivas o en proyecto, de un estado que no parece importarle la seria situación fiscal. Cuando al gobierno se le habla de disminuir el déficit, responde que es difícil lograrlo, aduciendo que son leyes las que se lo exigen.  Si esa fuera la situación, entonces, lo que debería de hacer es, por una parte, promover legislación que corrija esos males, lo que podría significar que el estado, de alguna manera, tenga que indicar de dónde es que va a obtener los recursos para llevar cabo esos gastos.

Por otra parte, el estado también podría hacer un esfuerzo para simplemente no gastar fondos que no dispone. Por eso continúo haciendo señalamientos en mi columna de ASOJOD, acerca de gastos estatales que bien podrían ser moderados o eliminados, a fin de reducir el déficit que amenaza las finanzas y el bienestar de las personas.

Primer caso. En un medio de prensa del 7 de noviembre se destaca la realización de una actividad en el país, en la cual el Ministerio de Seguridad gastaría alrededor de ¢43 millones. Se trata de la VI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que se efectuaría durante tres días en un lujoso hotel de nuestro país. Dicha suma se espera cubra el costo de 110 habitaciones king deluxe, así como los gastos de alimentación.  Sobre estos últimos es necesario destacar algo particular. Una parte sería para una comida mejor para ciertos invitados, en tanto que, para los de pata en el suelo, sólo podrán disfrutar de un bufé. Un resultado de dicha actividad es que se espera que, quien presida dicha asociación el año entrante, sea una alta autoridad policial del país, lo cual podría justificar tan seductora invitación… por supuesto que con nuestro dinero.

¿Se acuerdan ustedes de la razón por la cual se creó el impuesto a las sociedades anónimas? Un gravamen claramente injusto, pues se cobra lo mismo ya sea que se trate de una sociedad anónima de una persona que posea un pequeño negocio o algo de su propiedad, que a una empresa que tiene amplios recursos para pagar un monto que, para éstas, es casi irrisorio, mas no así para los pequeños. Para estos últimos es un monto casi destructivo.

Se supone que los recursos de tal gravamen irían destinados al combate de la criminalidad. Me temo que, como parte de ese “combate”, la fuente de recursos de la actividad policíaca antes mencionada, haya sido aquel impuesto. Le pregunto al lector si, dado el objetivo del impuesto a las sociedades anónimas de combatir la criminalidad, ¿es ese seminario internacional la mejor forma de gastar dichos recursos? ¿Acaso no habría sido mejor que esos fondos se dedicaran a dotar de recursos a los policías de a pie –no en sueldos, como ya pretenden algunos sindicatos oportunistas- sino en armas, instalaciones y transporte? 

Segundo caso. En ocasión del afortunado y casi fortuito hallazgo de helipuertos en las zonas norte y atlántica de nuestro país, aparentemente dedicados al aprovisionamiento de drogas y armas en la región, una alta autoridad aérea del gobierno dijo que era necesario que el país dispusiera de helicópteros y radares para lograr detener esos artefactos.  Como dicha adquisición le costaría mucha plata al país y la cual probablemente saldría de los bolsillos de todos, me permito hacer pública una pregunta sencilla. ¿No habíamos adquirido un helicóptero para esos fines? Según recuerdo, en su momento el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal, objetó dicha compra por costosa e inapropiada, pero, al fin y al cabo, ella se hizo. ¿Qué ha pasado con ese helicóptero? ¿En qué terminó toda la alharaca de aquel momento? ¿Se botó la plata?

Tercer caso. En estos días se ha destapado un tema que tiene mi interés, pues por los montos involucrados hace palidecer a los dos anteriores.  Se trata de la decisión acordada por el gobierno central, aunque sujeta a la aprobación legislativa, de construir una ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera a Limón o ruta 32, en la etapa de unos 70 kilómetros que va de Río Frío a ese puerto. El monto del proyecto se estima en unos $446 millones y un 85% sería financiado por el gobierno chino, a cambio de que la construcción sea hecha por una empresa estatal de ese país. Sorprendentemente, el contrato no será enviado a la aprobación de la Contraloría, debido a que, según señaló del Ministro de Obras Públicas, los juristas del MOPT no consideran que se requiera la aprobación del ente contralor y también porque el Ministerio ya ha hecho un análisis exhaustivo del contrato. Tengo entendido que en esta negociación no sólo hay involucrados fondos públicos, sino que también implica obligaciones contractuales del estado -esto es, de todos los costarricenses- con el gobierno chino. Mayor razón ésta para que la Contraloría intervenga en la negociación.  Como dice el dicho, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”.

Asimismo, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual, según lo contratado, le correspondía al gobierno chino definirla para que hiciera las obras, ha sido públicamente cuestionada por corrupta en el seno del Banco Mundial. Esa es una clara luz de advertencia que no podrá simplemente ser soslayada. De nuevo, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”. No podemos llegar a una etapa de “carebarrismo” en la cual, aun cuando se nos advierta, tengamos que hacernos tontos desatendidos frente a acusaciones internacionales como esas.  Aparentemente esos problemas no se circunscriben a un caso aislado, sino es algo que ha sucedido en contratos de obras en diversos países. 

Una de las cosas que se supone han aprendido los buenos economistas, es que las contrataciones internacionales atadas suelen tener un costo más alto, que el que tendrían en un mercado de contratación en competencia.  Eso no se limita a las condiciones financieras, pues las de este proyecto, como se ha enfatizado por parte de autoridades del Ministerio de Hacienda, se supone que son mejores que las actualmente vigentes en los mercados internacionales. Sino que también se refiere a que el costo de la obra física podría ser mayor que si la hiciera otra empresa constructora, pero bajo mecanismos competitivos de contratación. Por eso, llama la atención de que ya hay opiniones de algunas partes familiarizadas con estos asuntos, las cuales insisten en que el costo estimado de $446 millones es mayor que el posiblemente correcto.

Ante todas estas dudas, me parece que habría sido afortunado que este gobierno escuchara alguna vez la opinión de personas que disienten de su criterio casi imperial.  Don Luis Guillermo Solís hizo una propuesta pública de que el tema de esta carretera fuera analizado por un grupo de entidades que podrían brindarnos luz a todas estas dudas.  Creo que nadie está opuesto a que la obra se lleve a cabo, aunque, sin ser ingeniero ni nada parecido, sino intuitivamente, creo que la carretera presenta mayores problemas en su parte montañosa y no en los llanos del Atlántico, en donde se construiría el proyecto con China. Pero eso no lo voy a discutir.  Eso sí, es indispensable, aunque el gobierno haya despreciado la sugerencia respetuosa de don Luis Guillermo, que, antes de que suceda algo parecido a lo que sucedió con la refinería china o con la carretera a San Ramón, la ciudadanía conozca el pleno alcance de esta nueva contratación.  Después de todo, lo que está en juego son nuestros dineros escasos, pues, tarde o temprano, seremos los ciudadanos quienes tendremos que pagar por cosas como estas.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: doble moral

Llevamos ya varios años de escuchar que las finanzas públicas están en serios problemas, que el déficit fiscal nos lleva a niveles preocupantes y que se necesita una reforma fiscal. Sin embargo, los últimos gobiernos se han preocupado hasta la saciedad por aumentarnos los impuestos -tasando prácticamente todo lo que se mueva- pero no han hecho ni un pequeño esfuerzo por cerrar la llave del gasto. Una muestra más de la doble moral tan extendida en nuestros gobernantes.

Pagamos una altísima proporción de nuestros recursos en impuestos, contrario al cuento de nunca acabar de nuestros políticos, que dicen que nuestra carga tributaria apenas es del 13% del PIB. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la verdadera carga tributaria de Costa Rica es 22% cuando a los ingresos tributarios del Gobierno Central -la suma con la que llegan a ese 13%- se le suman cargas sociales, impuestos municipales y otros cobros, lo que nos deja en el 5° lugar de América Latina, superados solo por Cuba, Brasil, Argentina y Uruguay. Como bien señaló Juan Carlos Hidalgo en su blog, el informe "Doing Business in Costa Rica", deja claro que los costarricenses pagamos, en promedio, 55% de nuestras ganancias en impuestos,  proporción mucho mayor que en el resto de países latinoamericanos y de la OCDE. 

Y a pesar de lo mucho que pagamos, el dinero no alcanza según Casa Presidencial. No alcanza para pagar los casi $12 millones que ha costado arreglar el puente de La Platina (cuando por menos dinero en cualquier país decente construyen hasta una carretera); no alcanza para pagar los más de $50 millones de la fiesta que tiene el Gobierno de la República con La Trocha (fiesta que ha dado hasta para pagar por trabajos fantasma); no alcanza para pagar la compra por más de $2 millones del Cine Variedades o los ¢3 millones por charla que pretende gastar Hacienda para su "diálogo fiscal" que no terminará en más que un espacio para que los distintos grupos y sectores hagan su berreo sin que la propuesta planteada por esa cartera se modifique en un ápice. Tampoco alcanza para pagar la ineficiencia de nuestra burocracia, que se ahoga a sí misma y ahoga a toda la ciudadanía en una avalancha de trámites, en un mar de incapacidades y vacaciones pagadas, de pluses salariales amarrados a cada aumento que disparan el gasto público, remuneraciones muy por encima de lo que se gana en el sector privado y en muchas ocasiones por marcar tarjeta de asistencia, sin generar ningún beneficio para los ciudadanos. Mucho menos alcanza para sostener un modelo de política social basado en transferencias para ayudar a unos pobres que nunca salen de su pobreza -si es que realmente lo son- y en el que nadie, ni siquiera la propia Contraloría General de la República y mucho menos los Ministerios de Hacienda y Planificación tienen la menor idea de cómo se usa el dinero, quiénes son los beneficiarios y cuál es el impacto de regalar esos recursos. Y todo esto en el Gobierno Central. Ni qué decir del sector descentralizado, las instituciones autónomas y las municipalidades, donde el gasto se dispara sin ton ni son, con megaproyectos sumamente costosos e innecesarios cuyos costos son asumidos por la ciudadanía vía tarifas o vía transferencias. Mientras el gobierno nos pide socarnos la faja y "sacrificarnos" pagando más impuestos hasta por respirar, ellos gastan a manos llenas, sin preocupación, totalmente opuestos a cualquier mecanismo de control y responsabilidad. 

Definitivamente, en este nuevo proceso electoral, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de ir a votar. No podemos seguir tolerando esta doble moral de pedir más impuestos y más recursos para paliar el déficit fiscal por un lado, cuando por el otro están despilfarrando todo lo que entra. Costa Rica no aguanta más impuestos: la actividad económica tiene algunas muestras muy leves e irregulares de mejora, el costo de la vida ya es suficientemente alto y el desempleo y la falta de oportunidades nos preocupan sobremanera a todos, pero especialmente a los jóvenes que ya no ven un panorama alentador en el horizonte.

 

Desde la tribuna: cuentos y mala administración. Paquete tributario a la vista

Ahora el nombre es “Consolidación Fiscal”, pero se dice que “la mona, aunque de seda se vista …” A final de cuentas es un “paquete tributario” más.

Nueva versión del mismo vicio: ofrecimiento de racionalidad fiscal, pero los hechos contradicen las palabras. El gobierno gasta a manos llenas, desperdicia el esfuerzo de los costarricenses y bota la plata (trocha, infraestructura, refinería china).

Obviamente, con tal antecedente y poniendo atención a lo que hacen (el gasto sigue acelerado, el endeudamiento público es indecente) es obvio que no hay disciplina fiscal y que, a final de cuentos (no “cuentas”) no estamos sino ante un pretexto para intentar otro “paquete de impuestos”.

Esta vez la cosa es más grave, en el documento de los cuentos se admite que se quieren gravar los bienes meritorios de educación y salud:

Respecto del intento de poner impuestos a la educación y a la salud, se dice lo siguiente:

“Considerar tratamientos diferenciados a bienes meritorios según criterios de eficiencia y equidad. Específicamente:

- Gravar los servicios privados de educación, introduciendo tasas diferenciadas por nivel educativo tomando en cuenta eficiencia y equidad. Por ejemplo, estudios basados en la última encuesta de ingresos y gastos muestran que más del 90% de los estudiantes de educación básica y media privada provienen de familias que pertenecen al 20% de la población de mayores ingresos, porcentaje que se reduce a alrededor de un 50% en el caso de los estudiantes a nivel universitario privado.

- Gravar los servicios privados de salud. La tasa que se aplique deberá reflejar el patrón de consumo de los servicios privados de salud por parte de la población según los niveles de ingresos. Según la encuesta de ingresos y gastos, el consumo de servicios de salud privada se concentra en los consumidores de mayores ingresos.”

También se quiere poner impuestos a los artículos de la “canasta básica”  (esos artículos cuyos precios ni siquiera conoce el candidato oficialista):

Respecto del intento de gravar la canasta básica, se expresa lo siguiente:

“ … pero si se grava parcialmente la canasta básica, tendría un rendimiento mayor. Si en adición a la ampliación de la base se incrementa la tasa general del impuesto, cada punto porcentual generaría hasta 0,3% del PIB de recaudación adicional.”

Finalmente, la restricción vehicular que es ni más ni menos que el resultado de un fracaso o un incumplimiento del gobierno, que a pesar de contar con ingresos apropiados y grandes ha sido inútil en lograr una adecuada infraestructura y ha recurrido a limitar la libertad de circulación, ha dado pie a la imaginación de la voracidad fiscal, pues se piensa devolver la libertad a cambio de un impuesto.  Leamos lo que se dice al respecto:

“Exención de la restricción vehicular por medio del pago de un derecho para circular todos los días de la semana.”

¡Qué tupé!  Les hemos dado plata de sobra para mejorar la circulación e infraestructura.  Por inútiles y malos administradores nos tienen en crisis y llenos de daños.  Por causa de sus faltas nos han puesto en restricción y ahora, ante la mala administración fiscal, lo que se les ocurre es poner un impuesto para devolvernos el derecho a circular todos los días.

Yo no pienso dejarme.  ¿Usted?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el desperdicio de recursos públicos

He dedicado varias columnas previas al desperdicio de recursos de parte del estado costarricense.  En esta ocasión presentaré más casos de expensas públicas, que habrán de ser cubiertas por la ciudadanía, ya sea mediante impuestos, alzas en las tarifas de servicios públicos, el endeudamientos estatal o por inflación.

Primero. Una reciente resolución de la Sala Constitucional. Dicho tribunal fijó un tope de ¢1.4 millones a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, sistema que cubre la mayor parte de las pensiones del país. Es interesante ver que la resolución dejó abierto el tope para las pensiones, en el caso de los empleados del Poder Judicial. Esto es, no afectó “a los de la casa”, a pesar de que algunas de ellas, especialmente de magistrados, que incluye a los de la propia Sala Constitucional, poseen los más elevados montos  de pensión en el país.  Agregue a esto que el fondo de pensiones del Poder Judicial se encuentra en un estado casi de quiebra, a no ser que, como posiblemente sucederá, el faltante será cubierto cargándoselo a los presupuestos del gobierno.  Esto es, seríamos todos los ciudadanos los que terminaremos pagándoles su retiro a los pensionados del Poder Judicial.

Segundo. Habrán notado la publicidad de RECOPE en la televisión.  Se trata de enterarnos a los ciudadanos de lo admirable que ha sido la gestión de esa entidad en los últimos 50 años. En una primera parte de la cargada publicitaria, antes de la limitación impuesta por la Contraloría al proyecto de refinería china, se hacía alusión a ese proyecto, entonces en boga. Después del frenazo legal, en una segunda etapa la publicidad omite referirse a la muestra más reciente de incapacidad mostrada por RECOPE, en sus 50 años de existencia. Me imagino que ese cambio en la publicidad podría deberse a que a sus jerarcas les debe dar algo de vergüenza por la incapacidad con que actuaron.  Lástima que, en su propósito de enmienda disfrazado, no aprovecharon para hablarnos de los privilegios de una convención colectiva que hoy pagamos todos los ciudadanos, ni tampoco de cómo los impuestos sobre los combustibles han hecho de RECOPE una simple caja chica para el estado costarricense, ni tampoco, por supuesto, de cómo es que al consumidor costarricense le afecta la existencia de ese monopolio gubernamental.

Tercero. Es increíble, pero de nuevo tengo que referirme al gasto de reparación de la platina. Ello porque antes, en un comentario escrito hace varias semanas en esta columna, me había referido a que el costo actualizado de la nueva reparación de la platina ascendería, según estimaciones oficiales, a la bicoca de unos $7 millones, a pesar de que las ofertas de reparación recibidas señalaban unos $8.4 millones. Lo asombroso del caso es que ahora se ha descubierto que los ingenieros y economistas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), habían dejado de presupuestar un monto de $400.000 (aproximadamente unos dos mil millones de colones), correspondientes a la partida de imprevistos.  Cualquier funcionario medianamente preparado sabe que, al formular el presupuesto de gastos de un proyecto, siempre se debe considerar una partida para imprevistos, en donde lo usual suele ser un 10% del costo del proyecto. El grosso error ha sido admitido por CONAVI, pero casi que les apuesto que nada les va a pasar a quienes lo cometieron (tal vez una palmadita en la mano, pues seremos todos los ciudadanos los que pagaremos por esa metida de patas).

Cuarto. El obispo policial. La vice Ministra de Seguridad, Marcela Chacón, le pidió al Nuncio Apostólico y a la Conferencia Episcopal, que el Papa nombrara un obispo policial, así como cuatro capellanes más para la policía nacional.  Esto en adición a un vicario general y 17 capellanes ya existentes.  Los gastos de esos nuevos funcionarios serían también cubiertos por toda la ciudadanía, a través del presupuesto de la República. ¿Será que ahora abunda la plata en el Ministerio de Seguridad proveniente del inequitativo impuesto a las sociedades anónimas, cuya recaudación estaba destinada a mejorar la seguridad ciudadana? Me parece que hay necesidades mayores en dicho ministerio o bien en nuestras cárceles, como para dedicar los recursos escasos a un asunto personal religioso.

Quinto. En la ARESEP se hacen mal los cálculos.  Resulta que a los ciudadanos se les había anunciado que en estos días habría una rebaja de ¢4 colones por litro de los diferentes tipos de combustibles, supuestamente como resultado de un estudio realizado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). La rebaja se debía a que, según nos habían dicho, la entidad se había excedido en los márgenes de utilidad regulados de las empresas distribuidoras de combustibles. Ante la justa protesta de los gasolineros por la reducción del margen de ganancias que definió la ARESEP, se descubrió que ésta había calculado mal los márgenes y que, en vez de una rebaja, lo procedente más bien era un aumento en el precio de los combustibles de ¢5 colones por litro. Esto es, el costo para los consumidores dio una voltereta de ¢9 colones adicionales por litro durante 22 meses.  Lo sucedido no es más que una muestra adicional a la chapucería con que se hacen los estudios “técnicos” en la ARESEP.

Ya los jerarcas de esa entidad han dicho que aceptan la responsabilidad por lo sucedido. ¡Qué bueno! Pero allí no deben quedar las cosas, pues los responsables de que ahora todos los ciudadanos tengamos que cargar con la incapacidad de hacer bien los cálculos, deben ser asumidos por quienes los hicieron mal. Se trata, una vez más, de una charlatanería en acción. Simplemente creen resolverla pasándoles la factura a los usuarios.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el Gobierno empeña nuestro futuro

Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar una variante del problema generalizado que provoca el Estado: el endeudamiento. Mises decía que "el Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre" y aunque esa frase es muy acertada, en el caso de Costa Rica ambas posibilidades son reales: el Estado puede hacer a algunos ricos mediante privilegios, subsidios, excenciones, condonaciones, etc.

Pero en todo caso, deseamos enfocarnos en lo de la pobreza. El pasado jueves, Diputados de 5 fracciones políticas atacaron fuertemente al Gobierno de la República por la liquidación presupuestaria del año 2009, luego de que los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Hernández (PAC), miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, dictaminaran negativamente el ejercicio del Poder Ejecutivo durante ese año. A ellos se les unieron los legisladores Víctor Granados (PASE) y José María Villalta (FA).

De acuerdo con el informe que los mencionados Diputados emitieron como parte de su labor en esa Comisión, el Gobierno de la República incurrió en serias fallas, por cuanto financió 15% del gasto corriente con endeudamiento (a contrapelo de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos de la República), alcanzó pobres niveles de ejecución presupuestaria y fue incapaz de vincular las metas del Plan Nacional de Desarrollo con las acciones y contenidos presupuestarios, lo cual derivó precisamente en su incumplimiento.

En cuanto al primer punto, el Gobierno, mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga (dicho sea de paso, ex Ministro de Hacienda), defendió que ante la crisis internacional debió recurrirse al endeudamiento para aplicar medidas anticíclicas. Sin embargo, ese argumento no es de recibo por varias razones: primeramente, porque la ley claramente prohibe el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, por lo que el Presupuesto del año anterior contenía un claro vicio de legalidad. Respecto a esa disposición normativa, la Contraloría General de la República ha señalado que

“(...) pretende garantizar el cumplimiento de un sano principio de la administración de la Hacienda Pública, en virtud del cual los gastos que implica la actividad ordinaria de las instituciones del Estado y no comportan un aumento en el acervo de bienes duraderos que permiten acrecentar la capacidad productiva de ejercicios venideros, sean financiados comprometiendo los ingresos fiscales futuros o el esfuerzo de acumulación realizado en años pasados. El financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento incide en el crecimiento de la deuda pública, restringiendo el margen de acción del Estado para la atención de las necesidades públicas, y si excede de ciertos niveles convierte en insostenible la situación fiscal en el largo plazo” (Contraloría General de la República. Memoria Anual 2009. San José, Costa Rica: Contraloría General de la República, 2010. P. 78).

Como puede observarse, el irrespeto a esa disposición resulta problemático desde el punto de vista económico, pero también desde el legal-moral. En el primer caso, el financiamiento de gasto corriente con ingreso de capital compromete la estabilidad financiera del país al aumentar la deuda pública e incrementar impuestos, lo que se traduce en una obligación futura para el individuo, que deberá destinar más dinero al pago de las obligaciones y menos a la satisfacción de sus necesidades, ahorro, inversión o consumo. Por ello, no es de extrañar que el Gobierno, nuevamente mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga, hablen de la "necesidad" de aumentar la carga tributaria para hacer frente al gasto público y al servicio de la deuda. En el segundo caso, el hecho de que sea el mismo Poder Ejecutivo, supuesto garante de la ejecución de las normas, el que la irrespete no sólo violenta el principio de legalidad que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense y que se erige como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades, sino que también, mina la legitimidad del Gobierno para exigir la obediencia ciudadana. Esto último tiene un impacto importante en la gobernabilidad, pues ella se ve reducida cuando los individuos comienzan a considerar ilegítima la acción de los poderes públicos y, por tanto, desconocen su autoridad.

La segunda razón que torna inaceptable esa política contracíclica es que, ante una crisis, lo más lógico y prudente es desarrollar una política restrictiva en el gasto (especialmente por la reducción de los ingresos, producto de la caída en la producción y el consumo) y no, como hizo el gobierno, expandirlo para pagar becas de Avancemos, aumentos en las pensiones del Régimen No Contributivo, salarios y aguinaldos, dineros que curiosamente se giraron con mayor resonancia en el año preelectoral, lo que no sólo demuestra que la preocupación gubernamental no es la ciudadanía, sino que la práctica es afianzar una clientela de votantes. Criticamos esa medida tanto por el clientelismo como por la irresponsabilidad de gastar más dinero cuando no se tiene. En tiempos de "vacas flacas", los individuos reducen sus gastos, dejando sólo para lo necesario y procuran no endeudarse, pero nuestros irresponsables gobernantes, que no responden con su patrimonio por las torpezas cometidas, actuán de forma contraria, hipotecando nuestro futuro y abriendo las puertas a mayor voracidad fiscal para pagar los compromisos adquiridos.

En tercer lugar está la eternindad de estas medidas. Los políticos de turno alegaban que la política contracíclica fue para paliar los efectos de la crisis y que será temporal. Pero ahora nos dicen que el gasto es inflexible, que no se pueden reducir los subsidios y que los costarricenses tendremos que seguir pagando sus ocurrencias. Al final, lo que se suponía era una medida temporal por la crisis, acaba siendo, como siempre, en una medida eterna, hecho que evidencia que no se trataba de una política contracíclica, sino de una política expansiva del gasto.

Como siempre, los políticos buscan excusas para no enfrentar las consecuencias de sus actos y la que utilizan ahora es la crisis para justificar los grandes yerros en la liquidación del presupuesto. No obstante, el análisis de los datos permite colegir que los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, a saber, falta de claridad en los objetivos de los programas y su contenido presupuestario, reducida vinculación del Presupuesto Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo, malos niveles de ejecución presupuestaria, lo que sugiere una reducida capacidad de las instituciones para cumplir con sus propias metas o, por el contrario, que están solicitando más recursos de los que realmente necesitan; baja ejecución y no inclusión de programación y metas cuando se trata de recursos externos revalidados cada año y destinados a la inversión pública, pobre identificación de la población objetivo de los programas sociales, despilfarro de recursos públicos, entre otros.

Todo lo anterior evidencia que quienes dirigen a Costa Rica la están llevando hacia el despeñadero. Mientras algunos aseguran que el Estado debe seguir jugando un papel activo en el desarrollo, los números y la realidad demuestran que es un enemigo del desarrollo. El Estado nos está empobreciendo cada vez que, irresponsablemente, gasta más dinero del que tiene, cada vez que se endeuda, cada vez que nos quita nuestra riqueza mediante impuestos para transferirla a otros, que sin importar que sean ricos o pobres, no la merecen. El Estado, como decía Bastiat, es la ficción por medio de la cual, unos viven a costa de otros.

Así que si queremos progresar, ser más ricos y prósperos, más libres y creativos, necesitamos menos Estado. El Estado sólo sirve para empeñar nuestro futuro y si permitimos que lo siga haciendo, pronto no tendremos ninguno prometedor.

La generosidad de Chávez

Al tiempo que Venezuela pierde posiciones entre las economías del orbe, ocupando el puesto 28 entre 29 países de América y su inflación acumulada de 13,6 por ciento es la mayor del continente --lo que la ha llevado a fijar precios a los artículos básicos de la canasta familiar como la leche, el pollo, la carne y el azúcar--, el teniente coronel sigue despilfarrando en el exterior, alimentando a extremistas afines a su ideología y sustentando a sus aliados con préstamos multimillonarios. Chávez está regalando en América Latina más dinero que los Estados Unidos. The Associated Press indicó que para 2007 prometió más de 8.800 millones de dólares en donaciones y financiamientos, pero no se sabe con certeza cuánto realmente dio ni a dónde fue a parar el dinero.

La ayuda norteamericana se maneja con controles fiscales y objetivos específicos, que hacen que su cooperación no sea grotescamente visible como la del venezolano, que es usada de cartel publicitario para el régimen bolivariano. Estados Unidos es quien más aporta al BID y al Banco Mundial, que entregan los fondos a las naciones necesitadas, condonando habitualmente la deuda de los países más pobres como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guayana y Haití a los que les perdonaron el pago de 7.500 millones de dólares en los últimos tres años.

Mientras el militar neocomunista sigue ganando terreno afianzándose como jefe máximo de los incautos latinoamericanos, 25 por ciento de los 26 millones de venezolanos subsiste con menos de tres dólares diarios. Gran parte del capital distribuido en Latinoamérica es utilizado para sobornar a individuos con cierto liderazgo que no se vendieron inicialmente al chavismo. En Bolivia, el alcalde del pequeño pueblo de San Lorenzo, entre otros intendentes, recibió un cheque del embajador venezolano por 427.000 dólares para construir un nuevo mercado agrícola. La entrega se hizo sin condiciones, como si fuese un obsequio personal, pero en la política y en los negocios no hay almuerzos gratis, la factura, más temprano que tarde, les va a llegar a todos, y Chávez recurrirá al chantaje u otros métodos coercitivos, legales o ilegales para recuperar sus inversiones con apariencia de donativos. A quien más ha entregado hasta el momento es a la monarquía Kirchner, 5.100 millones de dólares a cuenta de bonos del estado, ante lo que el periódico Scotts News citó mordazmente: “Argentina es la mejor democracia que el dinero puede comprar”.

La nueva propuesta continental de Chávez es la creación del “Banco del Sur”. Como capital inicial para su formación piensa utilizar las reservas internacionales de Venezuela. Simultáneamente, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social venezolano (Bandes) se está expandiendo a Bolivia, Uruguay, Honduras, Guatemala, Haití y Nicaragua, brindando préstamos blandos. A los agricultores nicaragüenses les cobra sólo cinco por ciento de interés, en comparación con el 35 por ciento que exige la banca privada.

Por si sus marionetas se desploman, y sus intereses políticos y económicos llegasen a tambalear, el Stalin bananero está importando asesinos del Medio Oriente y sosteniendo financieramente a delincuentes, mercenarios, líderes barriales, piqueteros, políticos, militares de baja ralea y tropas enteras de individuos de peligroso pedigrí, con quienes está conformando células que le obedecen directamente, y serán usadas para cometer atentados terroristas, asesinatos, robos y secuestros, que desestabilizarán cualquier opción de gobierno ajeno al chavismo.

Al desbocado paso que anda el locuaz demagogo, Venezuela pronto estará en la bancarrota. Los primeros en asumir las consecuencias serán los venezolanos, a quienes les elevará sus impuestos y el 1 de enero le borró tres ceros al bolívar para disimular su desplome. Con sus hermanos árabes subirá el valor del petróleo. Exigirá mayor participación y control en las compañías en las que está de socio. Nacionalizará lo que tenga a su alcance, comenzando por los bancos españoles, continuará con las empresas rentables, y por último, para consolidar su poderío sobre sus colonias, es probable que emplee la fuerza militar, como amenazó reiteradamente, intentando defender al cada día más débil Morales, que es su adquisición más importante. 2008 se perfila como un año de peligrosos conflictos.

José Brechner

¿Cuándo aprenderemos?

Becas estudiantiles, albergues para ancianos, comedores... son parte de la diversidad de objetivos que tienen los programas financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Según el Departamento de Análisis Presupuestarios de la Asamblea Legislativa, dichos fondos son verdaderamente un triángulo de las bermudas: “No hay una sola base de datos y los criterios de selección han sido, no caprichosos, pero sí particulares”, confirmó Jorge Baldioceda, director de Fodesaf.

Además una evaluación de medio año de la Contraloría General de la República detectó, por ejemplo, que de ¢19.000 millones entregados a junio a cinco programas, solo ¢4.000 millones fueron utilizados.

En pocas palabras no sabemos adonde va el dinero, tampoco el efecto que tiene y en muchos casos ni se utiliza. En ASOJOD hemos cuestionado este tipo de programas de "saludos a la bandera y buenas intenciones", para nadie es un secreto, la burocracia es ineficiente por naturaleza, desgraciadamente muchos no quieren ver estas verdades y siguen esperando que realizando el mismo experimento con los mismos elementos les resulte en forma mágica un resultado distinto a los anteriores, ¡pero esto no ocurrirá!

En ASOJOD les pedimos que piensen por un momento que hubiera pasado si ese dinero que fue tomado en forma coactiva por parte del estado se hubiera quedado en los bolsillos de los costarricenses. ¿Cuántos trabajos se hubieran creado, cuánto dinero se hubiera invertido, cuánto hubiera crecido el consumo y la producción? Desgraciadamente ese dinero en vez de que los costarricenses lo utilicen en sus actividades económicas les es quitado a la fuerza para financiar programas que se encuentran destinados al fracaso, ahogando un sin fin de oportunidades para la generación de nueva riqueza en el país, la cual es la única forma de acabar con la pobreza que nos carcome como sociedad.