La columna de Carlos Federico Smith: las buenas intenciones no son suficientes

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de la diputada Marulin Azofeifa, al presentar su proyecto de creación de un colegio de estilistas y afines, por el que sólo podrán ejercer sus oficios estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Pero, las buenas intenciones no son suficientes; también deben ponderarse los efectos de su propuesta.

La diputada considera que, con la creación de ese colegio, se protegería a los consumidores de daños por personas posiblemente no capacitadas para dichas prácticas, así como también habría se daría protección a miembros de esos oficios, ante otros que simplemente entrarían a competir “deslealmente.” 

Pero, esas buenas intenciones aparte, espero exponer con buenos argumentos económicos, sociales y políticos, cómo es que podemos estar en presencia de un caso más, en que no se toman en consideración consecuencias derivadas de la puesta en práctica de una política que, por ley, exigiría una serie de requisitos, esencialmente la membresía en dicho colegio, para poder trabajar en esos oficios.

Y las consecuencias no previstas de tal propuesta, a las que me referiré luego, son especialmente vitales en nuestro país, cuando se tiene información reciente sobre la situación del empleo en la economía, por parte de la Dirección General de Estadística y Censos, del último trimestre del 2018, la cual indica que la tasa de desempleo llegó a un 12%, aumentando un 2.7% de la del mismo período del año previo. Son 294.000 personas las que están en busca de un empleo y no lo tienen.
 

Asimismo, la tasa de subempleo, que se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y que andan buscando más horas de trabajo, pero no lo encuentran, para el último trimestre del 2018 fue de un 9%, un punto mayor que la equivalente del año anterior.

El llamado empleo informal, que incluye a trabajadores no inscritos en el Seguro Social, ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia en empresas no inscritas como sociedades, fue de un 44.9% en el cuarto trimestre del 2018, un aumento del 3.8% al dato equivalente de un año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística y Censos.

Por esta razón esencial, resulta crucial analizar los efectos esperados sobre el empleo y el desempleo ante la obligación de colegiarse para ejercer los oficios arriba citados. Esa afiliación obligada será una barrera más al ingreso de trabajadores en esas ocupaciones y, principalmente, por la naturaleza de esos oficios, generalmente de trabajadores relativamente poco calificados y posiblemente de capas de ingresos inferiores. 

Al limitar las posibilidades de trabajar sólo a quienes lleguen a ser miembros de ese colegio, verán reducirse la oferta de competidores, pues el costo de ingresar al mercado de esos oficios aumenta, con la colegiación obligatoria, en comparación con otras actividades. Los miembros del colegio así posiblemente verán aumentados sus ingresos. Pero, además, algo fundamental en esos colegios “profesionales” es que fijan tarifas o precios mínimos por los servicios que regulan, los que pueden ser impuestos gracias a la menor competencia que habrá y que permitirá elevar los costos a los usuarios de esos servicios.
 

Por eso, si bien la propuesta de ley favorecería a los beneficiaría a los que se integren a dicho colegio, perjudicará a los consumidores en general y, particularmente, a aquellos potenciales oferentes de los servicios regulados, quienes no puedan ejercer libremente sus capacidades debido a la limitante que ejerce la colegiación obligatoria.
 

Una vez que entren en funcionamiento el colegio y su política restrictiva y su fijación de precios mínimos obligatorios, da lugar a una protección a los miembros ya establecidos del colegio, e impedirán, al surgir una serie de regulaciones, que entren más miembros a ese colegio, haciendo más costosa su membresía y pertenencia al colegio. Pero, los ciudadanos consumidores no quedan protegidos de modo alguno por ese colegio que se crea, como asegura su proponente, para proteger a personas de malas prácticas. Pero, el incentivo es para que suceda precisamente lo contrario, pues, al ser menos los oferentes de los servicios, a precios ya establecidos mencionados antes, la calidad se deteriorará, pues las disponibilidades de oferentes de los servicios se ven restringidas.
 

Y hay más. Cuando los ciudadanos encuentran que el servicio de los “colegiados” es más caro y de menor calidad, tenderán a proveérselos a sí mismos, lo cual sí puede dar lugar a problemas por accidentes o daños.  Es natural que al “incitar” debido a un costo y calidad menor del servicio, que las personas lo busquen y no necesariamente son conocedores de las características de un servicio, el cual ya es poseído por otros proveedores especializado que se los han dado hasta el momento.
Muchos de esos servicios que se piensan sujetar a las restricciones del colegio, ya son disfrutados por muchas personas, las cuales conocen a sus proveedores. Es un conocimiento adquirido por los clientes, incluso con episodios de insatisfacción ante la calidad y el precio que pueden haber tenido de alguien que les diera ese servicio, pero, con base en ese tipo de experiencias, han llegado a familiarizarse y aceptar que una persona conocida, a un precio y calidad acordada entre las partes, le brinde el servicio, sin que esa persona sea miembro de colegio alguno.
 

Pero, justamente, alguien que da esos servicios a clientes y que, al no ser miembro de ese “colegio” hoy lo ejerce, estaría, en el futuro, sujeto al delito de ejercicio ilegal de esa profesión, si siguiera ejerciéndolo. Incluso se expone a ser denunciado por alguien que cree que esa ley, aunque absurda, debe cumplirse y eso cierra espacios para una vida en sociedad, en convivencia. Esa persona que, para ganarse la vida, sigue ejerciendo “ilegalmente” esa profesión, está lejos de ser necesariamente un delincuente peligroso que amenaza vidas y propiedades de personas, como para que sea denunciado por alguien a quien simplemente no le parece conveniente tal competencia “ilegal.” No es apropiado que en sociedad se estimule la discordia y que la gente se pelee por cosas como esas.
 

Las consecuencias no previstas de la colegiación obligatoria para poder trabajar no llegan hasta allí. Para que la ley se cumpla, es necesario dedicar recursos para vigilar a quien esté trabajando en las áreas reguladas, que esté colegiado, o sea, autorizado para poder trabajar. El cuerpo represor por excelencia es la policía. Conceptualmente, la policía (y las cortes) reprimen al transgresor de la ley (en este caso el ejercicio ilegal como estilista, peluquero, barbero, maquillista o manicurista) y eso demanda recursos de la sociedad, que así no podría usarse en lo que tal vez sean funciones más apremiantes en la sociedad, como es la represión de actos criminales que efectivamente causan daño a las personas. Con frecuencia, el ministro de turno de Seguridad en el país, habla de lo saturados de trabajo que están los policías, sin poder reprimir actos criminales supuestamente de mayor calado. Y no se diga de la saturación en los tribunales de justicia, pues los ciudadanos la vemos, y vivimos, día tras día. Ahora se abarrotarían aún más, al perseguir a estilistas, barberos, etcétera, etcétera, quienes ejercen fuera de la legalidad “del colegio.”
 

Aquí en nuestro medio, por buenas razones, hay una seria y real preocupación ante la corrupción. Pues bien, la instauración de colegios como ese que se propone, incentivará la corrupción en varios sentidos. Uno de ellos, es que, no lo dudamos, si se “atrapa” a un practicante ilegal de esos servicios, hay posibilidades de que quede suelto si acude a dar mordidas a quienes pretenden detenerlo. Pero, mayor aún en la naturaleza de sus efectos, es que la creación de colegios profesionales, como el referido, estimula el surgimiento, de una mayor amplitud, en la búsqueda de rentas en la sociedad.

Búsqueda de rentas no es sino el acto por el cual el cuerpo político le otorga algún beneficio a cierto grupo -en este caso, a quienes sean miembros de ese colegio- ya sea para asegurarles la posibilidad, mediante la reducción de la oferta, de cobrar más que en la actualidad, pues les disminuyen la cantidad de competidores potenciales. Los políticos no suelen otorgar tales privilegios por razones altruistas: simplemente lo hacen como un medio para obtener votos, lograr apoyos políticos, ya sea para uno de ellos individualmente o para el grupo político al que pertenecen. Esto bien lo conocemos.
 

Por todas estas razones, vale la pena que se medite en la Asamblea Legislativa, así como que se haga consciencia en la ciudadanía, de que la propuesta de un colegio profesional de estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas, es un gran y dañino sinsentido. No es justo proteger a algunos con privilegios, que, en última instancia, significan costos mayores y menor calidad, para los ciudadanos consumidores, entre otros resultados no esperados.

Jorge Corrales Quesada

La Columna de Carlos Federico Smith: Una propuesta realista e inteligente

Es un hecho la preocupación actual de los ciudadanos ante la difícil situación de la economía y particularmente por el alto desempleo en el país. Esa preocupación aparece reflejada en una encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, hecha para el semanario Universidad del 10 de agosto al 3 de setiembre y que la consigna La Nación del 24 de setiembre, bajo el título “60% califica de mala o muy mala la labor del gobierno.”

Concretamente, en dicha encuesta se menciona que, “en cuanto a la economía, aumentó la sensación de que la situación es mala… Entre abril y agosto [del 2015] subió de un 60% a un 72% el porcentaje que desaprueba la [situación] de la economía” y que “el CIEP también consultó a los encuestados cuál es el principal problema del país.  El desempleo fue mencionado como la primera respuesta con casi un 30%.”

Debe recordarse que en la última encuesta continua de empleo, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se señala que, para el segundo trimestre de este año, “la tasa de desempleo a nivel nacional fue 9,5%... Durante el 2014 y los dos primeros trimestre del 2015 la tasa de desempleo nacional se ha mantenido cercana a 10%, luego de que en el último trimestre del 2013 mostró el nivel más bajo (8,3%) desde el 2010.” Además, en lo que se refiere al importante indicador de desempleo conocido como índice de subempleo, el cual se refiere al porcentaje de la población que está ocupada, pero labora habitualmente menos de 47 horas a la semana, se nos informa en la última encuesta continua de desempleo, que para “este trimestre, el porcentaje de personas ocupadas afectadas por subempleo se estimó en 13.5%.”

Recientemente se le han propuesto al país dos ideas diferentes para enfrentar al problema del desempleo. Una de estas propuestas fue objeto de mi comentario aquí, hace una semana, bajo el encabezado “Plan Estatal de Subsidios a la Contratación Privada de Ciertos Trabajadores”, más conocido como Mi Primer Empleo. Concluí en que muy posiblemente la propuesta de subsidiar la contratación laboral no lograría incrementar el empleo en el país, sino que más bien provocaría una sustitución de trabajadores que la empresa contrataría normalmente, por trabajadores subsidiados bajo dicho programa. No habría una ganancia neta en el empleo.

En cuanto al otro planteamiento, aunque si bien específicamente no lo formuló esta administración, el ministro de trabajo, señor Víctor Morales, concurrió para referirse a él en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Se trata del proyecto de Ley para la Educación Dual, bajo el expediente 19.378. En dicha ocasión señaló el señor Morales que “el expediente 19378, Ley para la Educación Dual tiene una serie de beneficios, tanto para el sector educación como para los empresarios, lo que impulsaría la economía del país a corto y mediano plazo”.  Este proyecto fue inicialmente presentado por el diputado don Otto Guevara en octubre del 2014.

Además, en la administración Chinchilla se había presentado algo similar ante la Asamblea Legislativa: el proyecto Ley para la Regulación de la Educación o Función Profesional-Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica, en febrero del 2014. (Un título horrendamente largo…)

De hecho, el presidente Solís firmó un convenio con la canciller de Alemania, doña Angela Merkel, en junio pasado, mediante el cual se logra la cooperación de esa nación para que ayude al país a forjar un esquema de educación vinculado con el trabajo técnico.  Alemania es una nación que desde hace ya bastante rato posee un esquema similar al de educación dual, que se está impulsando aquí.

Diferencias en aspectos puntuales de los diversos proyectos acerca de la educación dual no nos deben alejar de la idea principal, sin importar que haya distintos proponentes de lo que podría ser una muy buena idea.  Esto es, sin que sea relevante la paternidad o maternidad del proyecto, lo que debe buscarse es lo mejor de ellos y ojalá llegara  un texto mecho mejor que cada uno de ellos en lo particular.  En cuanto a lo político, dada la declaración en principio del ministro de trabajo del actual gobierno y provenir los proyectos citados de dos importantes grupos legislativos, es de esperar que sea posible que el país disponga de una buena ley, que nos permita estimular realmente la creación de empleo productivo y, por ende, para lograr un mayor crecimiento de la economía.

Para que se forjen una idea de la trascendencia que tiene una ley como ésta -con algunos detalles que analizaremos luego- me permito transcribir a mis lectores algo, que al respecto recientemente se dio a conocer en un medio periodístico.  Señala el señor Kenneth Waugh, gerente general de APM Terminals, su preocupación ante la falta de mano de obra calificada en el país, para llenar mano de obra que necesitará a futuro y puso como ejemplo el caso de soldadores: “Estamos tratando de buscar el talento local, pero es difícil conseguir talento local que tenga experiencia en una obra de esta magnitud.” (“Concesionaria clama por capacitar la mano de obra,” La Nación, 13 de setiembre del 2015.)

Es muy frecuente escuchar este tipo de inquietud proveniente de empresas extranjeras que vienen a invertir al país, acerca de la insuficiencia de personal capacitado -no sólo por falta del idioma inglés, sino de especialidades técnicas. Asimismo, el empresariado nacional ha expresado su deseo de que nuestra fuerza de trabajo se capacite más, a fin de estar a tono con las demandas de nuestro mercado laboral.

Es crucial que, ante el desempleo tan alto que tenemos en la actualidad, se haga un esfuerzo directo y bien pensado para mejorar la calidad de nuestra oferta de trabajo, de manera que la oferta se pueda adaptar a los requerimientos de la demanda en la economía.  Lo más interesante es que tal es la naturaleza de la demanda que llevan a cabo los sectores aparentemente más dinámicos de la economía, que propugnan por una fuerza de trabajo más calificada, que esté más capacitada y que tenga experiencia en ciertas labores específicas.

Lo que se conoce como “educación dual” en esencia constituye en la formación de personal laboral en dos partes: una de ellas, la académica, en centros educativos que llamaría como los usuales y, la segunda, que obtengan un aprendizaje técnico en empresas privadas que entraría formar parte de estos programas. Es decir, las empresas se convierten en centros de formación de personal -usualmente para cada una de ellas, según sea su interés y especialidad- en la parte práctica de aquella teoría que bien aprenden en los centros académicos.

Un sistema de educación dual parece ser muy beneficioso para los diversos participantes en la economía. Es un hecho que nos entristece ver, por ejemplo, las largas hileras de jóvenes buscando empleo en ferias públicas, que se organizan para tal efecto: dichas filas en su mayoría están compuestas por jóvenes, quienes no tienen las habilidades ni la experiencia que demandan los puestos de trabajo en las empresas privadas. Con la propuesta, producto de un acuerdo entre las empresas y un organismo gubernamental supervisor del programa, los estudiantes podrían dedicar, como un ejemplo, dos terceras partes de su tiempo a la labor práctica en la empresa, en tanto que el tercio restante sería para la parte académica.

Los jóvenes que participen y culminen este programa de educación dual encontrarían un enorme beneficio, al poder obtener experiencia -requisito usualmente solicitado por los empleadores- lo cual se traduce en una más elevada productividad de su trabajo y, por ende, en un salario mayor. También tiene otro beneficio y es que la empresa en donde estudió bajo el sistema de educación dual, estará naturalmente muy interesada en que, al final de su período de aprendizaje, ese estudiante obtenga un trabajo en la misma firma que le enseñó sus habilidades. Pero esto va más allá de obtener un simple aprendizaje laboral técnico, sino que con el entrenamiento adquiere toda una serie de características particulares de la empresa, como es conocer las reglas y las costumbres que rigen a lo interno de una firma.  Estos son valores que son apreciados en la empresa; valores tales como responsabilidad, trabajo en equipo, cooperación y colaboración entre el grupo, creatividad e innovación, además de rectitud ante sus compañeros y la empresa. Estos atributos indudablemente que con factores altamente valorados por las firmas y que forman parte integral de un concepto más amplio de “experiencia,” entendida ésta como un entrenamiento técnico.

Es de hacer notar que una formación exclusivamente académica del estudiante, sin que haya tenido el complemento de la experiencia práctica, no parece permitir todo el potencial de desarrollo del capital humano de esos jóvenes.  De ser así, quedan como truncados en lo que se debería de verse como una unidad: la formación teórica académica y la práctica que genera experiencia. En nuestro país el exceso de oferta (desocupación) se observa principalmente en aquellos que tienen solo la formación académica teórica. Todo lo contrario parece suceder con aquellos que la han complementado con diversos grados de experiencia.

Asimismo, esos jóvenes trabajadores tendrían la oportunidad de desarrollar sus habilidades en tecnología de punta, que suele ser la existente y obligada en empresas sujetas a la competencia internacional, que en muchos casos suelen ser las que señalan requerir personal calificado y experimentado, cuando entran a operar en el país para producir para todo el mundo.

El sistema de educación dual también le sirve a las empresas, pues se les facilita el reclutamiento y el entrenamiento necesario de la fuerza de trabajo que requieren.  Una nueva edición de la encuesta anual de Escasez de Talento, hecho por la firma Manpower y divulgado en Costa Rica el 16 de julio del 2014, indica que el “51% de los  empleadores en Costa Rica tiene dificultades para encontrar candidatos con las habilidades adecuadas”, en tanto que en todo el mundo el porcentaje es del 36%. Además, el reporte señala que “La encuesta de escasez de talento continúa indicando que hay una gran dificultad por parte de los empleadores de encontrar talento en puestos técnicos fundamentalmente; asimismo, incrementó la dificultad para encontrar candidatos para puestos de Ingeniería y Gerencia de Ventas”.

La empresa debe encarar en nuestro país a un personal que no tiene la experiencia, ni las competencias técnicas que requieren: hay una oferta relativamente escasa de ese tipo de trabajadores en el mercado, tales que les permitan realizar sus tareas apropiadamente.  La educación dual es un sistema que, bien administrado, le genera al país trabajadores con experiencia, con las competencias adecuadas y en un número mayor que los que se tendría en su ausencia.

Obviamente lo anteriormente expuesto señala que el sistema de educación dual beneficia a la sociedad como un todo, pues da lugar a un aumento de la productividad de su fuerza de trabajo, lo cual se traduce en una mejoría de la competitividad, cara a cara con otras naciones en los mercados internacionales, además de mejorar los salarios y, obviamente, el nivel de empleo. Particularmente, un sistema dual como el comentado se convierte en un atractivo mayor para la inversión extranjera en el país, pues así el inversionista encuentra mayores posibilidades de obtener la mano de obra calificada y en la cantidad que requiere, pues, si participa en el programa de educación dual, tiene una mayor posibilidad de contratarlo como un trabajador fijo en la empresa.

En realidad, el aprendizaje no es algo nuevo en las sociedades. No hace mucho, don Arnoldo Madrigal, quien es un empresario del área de la tecnología, publicó un artículo en La Nación titulado “El Estudiante que trabaja” (29 de junio del 2015), pone las cosas con suma sencillez y a la vez profundidad, por lo que considero que reproducir partes de éste es de sumo interés a los lectores. Con Arnoldo scribe que:

“En estos días se ha discutido sobre la educación dual y se ha tratado de desprestigiar la figura del aprendiz. Desde el tiempo de Miguel Ángel Buonarotti, la formación de aprendices ha sido un modelo exitoso y se ha usado en muchos esquemas de formación.

No es raro que muchos médicos sean mejores cirujanos porque fueron enseñados por un mentor más que por un método o un libro. Tampoco es raro que muchos abogados sean mejores abogados porque fueron formados en la práctica por un mentor. Lo mismo sucede con músicos, escultores, pintores, deportistas y hasta políticos.

La educación dual, en su concepto más básico, se centra en la figura de un estudiante que trabaja, no un trabajador que estudia. Esa es la diferencia fundamental.”

Y destaca luego que:

“¿Por qué el establishment se siente amenazado, si sabe muy bien que esta es una tendencia consolidada en otros países? Este modelo educativo se ha desarrollado con excelentes resultados.

La descalificación de llamar a la educación dual un “generador de aprendices” no demerita sus resultados. Al contrario, refresca el concepto de que el aprendiz es la generación del remplazo de los mejores técnicos, ingenieros o especialistas en cualquier actividad económica.”

Así, en sencillo, explica la importancia de crear una relación entre el aprendizaje productivo que permite adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades de una economía, creándose así más empleo en la sociedad, al mismo tiempo que faculta que aumente la productividad y, por ende, los ingresos de los trabajadores.

Podemos explicar la razón por la cual dos importantes sindicatos del magisterio, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), realizaron una manifestación ante la Asamblea Legislativa para oponerse a los proyectos de educación dual. ANDE indicó en su perfil de Facebook que convocaba a sus afiliados de secundaria “para luchar en contra del proyecto de educación dual y por la defensa de nuestros derechos laborales”, en tanto que APSE convocó a dicha manifestación a trabajadores de colegios técnicos diurnos y nocturnos así como de los colegios vocacionales.”

Se oponen por una razón muy sencilla: que su gremio sindical tendría menos labores que hacer, pues la sociedad tendría otra opción de aprendizaje que no exige que sea brindada por miembros de sus sindicatos.  Una nueva versión de los luditas: lo importante no es el progreso, sino que a causa de él no pierdan la chamba patrocinada por el sindicato. [El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos de Inglaterra, que protestó entre los años 1811 y 1817 en contra de las nuevas máquinas que destruían empleo, sin tomar en cuenta que, entonces, ¿quién habría de producir las nuevas máquinas? Se suele identificar al ludismo como la oposición al progreso y al cambio].

Da tristeza que intereses particulares de estos sindicatos los mueven a preocuparse tan sólo por el bienestar de sus asociados y no por la posibilidad de ampliar oportunidades para todos los ciudadanos, de lograr una educación que sea más productiva para ellos. Por eso, sin sentido se oponen a un esquema que impediría altas tasas de desocupación, que lograría una mayor productividad y competitividad de nuestra mano de obra, que generaría mayores ingresos salariales y que permitiría, a quienes desean trabajar, encontrar un empleo productivo.

Estoy muy a favor de esta idea de la educación dual y me atrevo a proponer que, dentro de ese esquema no sólo se incorpore a jóvenes que recién ingresan a la fuerza laboral y que lamentablemente no encuentran empleo, sino que también sirva para que trabajadores que, por circunstancias de ajustes propios y normales en los mercados competitivos, requieren de un reentrenamiento de sus habilidades a fin de obtener un nuevo empleo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el empleo y participación laboral en la economía

Varios amigos me han preguntado acerca del significado de los últimos datos que se publicaron en los Estados Unidos, acerca de la disminución de la tasa de desocupación, pero que, al mismo tiempo, la noticia no resultaba ser tan “buena”, porque había bajado lo que se llama la tasa de participación laboral.

Bueno, la cosa no es tan “buena” porque ambas, la tasa de desocupación y la tasa de participación de la fuerza de trabajo, deberán ser analizadas en conjunto.

Hace varios meses -el 11 de setiembre del 2012- escribí un artículo titulado “Desempleo en los Estados Unidos” y el cual puede encontrarse en www.latforum.org en mi sección “Políticamente Irresponsable”, en el cual intenté explicar la diferencia y relación importante que tienen esos dos conceptos, cuya utilización por separado podría inducir a serias confusiones e interpretaciones erradas de las cosas.

Veamos lo más recientemente sucedido en cuanto a información acerca del mercado laboral en los Estados Unidos. Se informó hace un par de días que la tasa de desocupación o de desempleo -que mide el porcentaje de trabajadores de la fuerza de trabajo que en la actualidad no tienen empleo, pero que están activamente buscando uno- a diciembre del año pasado fue de un 6.7%. Ese porcentaje es mejor que el 7% de noviembre del año pasado.  Esto aparentó indicar algo satisfactorio, pero luego veremos que tiene sus bemoles.  Dicho porcentaje es muy importante en el marco estadounidense, en especial porque el Banco de la Reserva Federal (Banco Central de ese país) ha dicho que, cuando la tasa de desocupación descendiera a un 6.5%, aplicaría reducciones significativas a la política monetaria expansionista que ha seguido.  Tal política expansionista preocupa en cuanto a las posibilidades de que ya exista una inflación latente en la economía -una enorme oferta monetaria que se encuentra por allí, en los balances de las empresas y entidades financieras- y también porque su restricción podría hacer que estallara una burbuja en el mercado de valores de ese país.

Dije arriba que aquella cifra sobre la tasa de desocupación tenía sus bemoles, porque simultáneamente era necesario tomar en cuenta el comportamiento de otro indicador importante, cual es la tasa de tasa de participación laboral. Esto es, el porcentaje de personas en edad de laborar (personas de edad entre 16 y 64) -la fuerza de trabajo civil del país- que está empleada o está activamente buscando un empleo. Históricamente en los Estados Unidos esta importante tasa ha oscilado entre 67 y 68% y en setiembre del año pasado registró un 63.2%, el porcentaje más bajo desde 1981. En octubre la tasa fue de un 62.8%, mejoró ligera pero importantemente en noviembre hasta llegar a un 63%, pero, de nuevo, en diciembre regresó a aquel nefasto 62.8%. 

En resumen, las cifras de diciembre muestran algo positivo, como fue el descenso en la tasa de desocupación a un 6.7%, pero también algo negativo, como es tener una tasa de participación laboral históricamente baja de un 62.8%. Bueno, me preguntará alguien, ¿y por qué ese es un problema? Porque lo que indica es que la tasa de ocupación aumenta, pero se debe principalmente a que la fuerza de trabajo laboral de los Estados Unidos ha descendido aún mucho más; o sea, que esa economía no está generando los suficientes empleos. Más bien, la gente, al no encontrar trabajo, se va retirando del mercado laboral; esto es, se reduce la fuerza laboral activa de ese país: así de lamentable es la situación.

Para entender esos indicadores de desocupación y empleo, voy a intentar presentar un ejemplo sencillo, por supuesto que hipotético, que tal vez los aclare. Suponga que la fuerza laboral del país está conformada por tres personas: Usted, Perico de los Palotes y yo. Suponga que en ese momento los tres estamos empleados.  Según eso, en dicho momento la tasa de desocupación de esa economía es de 0%; esto es, la tasa de ocupación es del 100%.  Pero también la tasa de participación es de un 100%; es decir, el porcentaje de personas en edad de laborar (personas de edad entre 16 y 64) -la fuerza de trabajo civil-, que está empleada o está en busca activa de empleo. 

¡Empecemos con esta belleza!, pero suponga que al mes siguiente, la situación cambia: Perico de los Palotes quedó desocupado. Los que ahora tenemos empleos somos Usted y yo. Según estas cifras, en la economía, en este momento, la tasa de desempleo es de un 33.3% (2 de 3 tenemos brete) o, lo que es lo mismo, la tasa de ocupación es de un 66.7%. Pero, en ese mes, Perico de los Palotes aún está activamente buscando chamba. Por lo tanto, la tasa de participación laboral sigue siendo de un 100%, igual que en el primer mes. Recuerde que, para medir la tasa de participación, era el resultado de sumar a los que están trabajando (Usted y yo) más los que están activamente buscando empleo (Perico de los Palotes), lo que suma 3 y la fuerza de trabajo sigue siendo de 3 trabajadores. Por ello, ese porcentaje de la fuerza de trabajo es aún del 100%.

Supongamos que en la encuesta laboral siguiente aparece que Perico de los Palotes desistió de buscar empleo.  Se rindió. Prefirió -con el perdón de alguno- dedicarse a la filosofía.  ¿Qué dirán nuestros indicadores de empleo en esta nueva situación? En primer lugar, la tasa de desocupación sigue siendo igual que la del 33.3% del mes anterior: Usted y yo tenemos empleo y Perico está desempleado. Pero la tasa de participación se reduce de un 100% a un 66.7%, debido a que ya Perico no forma parte de la fuerza laboral activa.  Como habíamos dicho, la tasa de participación estaba conformada por el porcentaje de personas en edad de laborar (personas de edad entre 16 y 64; esto es, en el ejemplo, nosotros tres), la cual está empleada o está activamente buscando por un empleo. Sólo dos –Usted y yo- tenemos empleo o estamos buscándolo activamente,  pues ya Perico desistió de buscar trabajo. Este ya no forma parte de la fuerza de trabajo activa de la economía. Ni trabaja, ni busca empleo. Dejó de buscarlo.

Espero que con este ejemplo se haga evidente lo crucial que resulta, en un el análisis del mercado de trabajo de un país, el indicador llamado tasa de desocupación, pero que tal vez lo sea aún más el llamado tasa de participación, en especial con el paso del tiempo.  Lo que sucede en los Estados Unidos es que ha disminuido la cantidad de gente que tiene empleo o busca activamente uno de ellos. Es decir, se han desesperanzado (agüebado, si lo prefieren en nuestro idioma); ya no forman parte de la población activa del país, lo cual es muy grave.

No he podido conseguir información similar para el caso de Costa Rica. Para ello, le pedí auxilio estadístico al apreciado amigo y colega Ronulfo Jiménez, quien tal vez posee datos al respecto.  Pero me temo que aquí nos podría estar sucediendo algo similar, aunque no exactamente igual, pues en apariencia ha ido disminuyendo gradualmente la fuerza de trabajo de origen nicaragüense en el país. Estos no han encontrado trabajo tan fácilmente como antes, por lo que han desistido de buscarlo y posiblemente han regresado lentamente a su país de origen. Podría, entonces, suceder no sólo que la tasa de desocupación haya ido disminuyendo, hasta estancarse en cierto nivel, como aparece en los últimos datos, sino que también podría ser porque la fuerza de trabajo activa, de gente que está empleada o que busca acuciosamente un empleo, podría haber estado disminuyendo; esto es, podría haberse ido reduciendo la tasa de participación laboral.  

Esto está aún por verse, pero en todo caso enfatiza la importancia de promover el crecimiento del sector productivo privado del país, como elemento primordial para que nuestra economía genere el empleo que tanta falta nos hace. Serán las políticas económicas del próximo gobierno las que definan un mayor o menor empleo en la economía nacional. Por ello es importante meditar quién podrá facilitar la generación del mayor crecimiento económico y, por tanto, del empleo. 

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: oportunidades y empleo

Es cierto que algunas personas no quieren trabajar, no hay porqué negarlo. Del mismo modo, es innegable que algunos quieren aprovecharse del esfuerzo ajeno o tomar ventaja indebida, tampoco hay motivo para no reconocer que unos cuantos son así.

Pero también es cierto que la mayoría de la gente lo que desea es la oportunidad de trabajar para ganarse la vida, tener la oportunidad de un empleo, de montar un negocio o iniciar una empresa. 

Hay sistemas que favorecen la generación de empleos, la construcción de empresas, las oportunidades y el trabajo.  Cuando ello sucede es muy bueno, la gente encuentra empleo, hay muchas oportunidades de trabajar, hay posibilidad de iniciar un negocio, una empresa o de competir en el mercado. 

Hay sociedades en las cuales la gente no tiene miedo de cambiar de trabajo, tiene confianza en su fuerza de trabajo, en sus habilidades, en su esfuerzo y en su capacidad.  Hay sociedades en las cuales la laboriosidad se ve premiada, las virtudes sociales y económicas tienen su recompensa y el futuro se ve promisorio.   El horizonte no asusta, los años de preparación rinden fruto y la gente disfruta el producto de su esfuerzo.

¿Cómo anda Costa Rica al respecto?  ¿Es una sociedad abierta o está cerrada?

La pregunta tiene una respuesta compleja.  Es cierto que la gente con mayor escolaridad, en general, tiene acceso a las mejores remuneraciones.  Pero, por otro lado, no es necesariamente en mercado abierto sino en “puestos” de trabajo en instituciones. 

Es un hecho que tenemos un Estado caro, inútil, deficitario, ineficiente y redundante.  Ello tiene un efecto negativo en el resto de la sociedad:  el Estado no cumple con las prestaciones a que está obligado, la infraestructura pública es mala y poco apropiada, la gestión pública es cara y poco eficiente, los servicios públicos no son oportunos ni cumplen siquiera con los parámetros de la propia Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad del funcionario pública no es exigida por los juzgadores, las gollerías y privilegios son constantes y la presión por más ingresos públicos es permanente.  El Estado ha olvidado la buena gestión, echa a perder las instituciones, degrada los servicios, es moroso con sus obligaciones y no garantiza lo elemental. 

Ello tiene efectos reales en la sociedad, pues además, para colmo, el funcionario tiende a justificarse en la tramitomanía patológica (que constituye una barrera para las oportunidades y creación de empleo), en el sobrecosto de algunos servicios (seguros públicos, energía y prestaciones en general) y en la respuesta a los requerimientos ciudadanos (permisos, trámites, autorizaciones, inspecciones, diligencias).

Obviamente, ello significa que quien quiere hacer, emprender, trabajar, gestionar y cualesquiera otra actividad similar, requiere de mucho tiempo en gestiones, tramitología, permisología y demás fauna.  Algunos requisitos son de antología, tales como exigir inscripción de sociedades y otros requisitos sin tener certeza de cómo evolucionará la gestión (luego quedan costos excesivos sin garantía de llegar a la meta).    No sale adelante quien quiere sino quien puede.  El favor público es decisivo.   Pero muchas posibilidades son únicamente para quienes tienen fortuna y no para quien tiene ideas e impulso. 

Por supuesto que no se trata de una sociedad abierta.  Es tierra de oportunidades para el clientelismo político, para la corrupción, para el partido político, pero no para quien quiere desempeñarse en mercado abierto, sin colusión con el gobierno y sin distorsiones.   

Poco a poco, nos vamos pareciendo a aquella “Granja de los Animales” de Georges Orwell, en la cual “unos son más iguales que otros”. 

Para pensar, ¿verdad?

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: los Tribunales y el desempleo

Recientes sentencias de la Sala II y de la Sala IV del Poder Judicial muestran cuán desfasadas están muchas de las normas en relación con la realidad. En primera instancia, la Sala II tuvo frente a sí un caso de un hombre al que se le contrató para pintar una casa y, al caerse de un andamio, perdió parcialmente la vista. Además de condenar a los dueños de la casa a pagar una indemnización vitalicia, ese Tribunal estableció que todo trabajador independiente y ocasional, para ser contratado, tiene que estar obligatoriamente asegurado contra riesgos del trabajo. Por su parte, la Sala IV ratificó su jurisprudencia con respecto a los saloneros, determinando que la propina tiene que ser contabilizada como parte del salario, aumentando el cálculo de las cargas sociales. 

Frente a la crisis que enfrenta nuestra economía, cuando cada vez más cuesta encontrar o conservar un trabajo, los Tribunales de Justicia, con una interpretación que se dice ser evolutiva de los derechos del trabajador, complica aún más la situación. La decisión de la Sala II solo va a lograr una cosa: en lugar de proteger a los trabajadores –aunque ellos mismos no desean ser protegidos–, el hecho de exigir un seguro para trabajos temporales como pintar una casa, arreglar una gotera, etc. va a provocar que las personas ya no puedan contratarlos, porque los costos se elevan tanto que solo podrán afrontarse si ellos pasan de ser trabajadores independientes a empleados de una empresa o, en el caso extremo, a no encontrar empleo del todo. La consecuencia es que, frente al aumento del costo de contratar a un trabajador por tener que asegurarlo, las personas preferirán el hacerlo por sí mismos, es decir, se decantarán por el bricolaje–actividad manual que realiza un aficionado sin necesidad de contratar a un profesional–, aumentando el desempleo y reduciendo las oportunidades de cientos de obreros. 

Con lo de la Sala IV ocurre lo mismo. Desde hace varias décadas, con el impulso del entonces Presidente Luis Alberto Monge, se emitió una ley que creaba un impuesto del 10% de la cuenta de cada mesa a favor del salonero, a fin de asegurarle un ingreso fijo. A pesar que la intención podía ser buena, lo cierto es que, como casi todas las ocurrencias de los gobernantes, terminan en desastre. Saloneros y propietarios han demostrado que esa medida ha sido más bien perjudicial, por cuanto las sentencias de varios juzgados laborales y de la Sala II hace 20 años, obligaron a incluir ese monto –llamado propina– en los montos para calcular aguinaldos y prestaciones. El resultado es que, frente a la crisis económica, miles de negocios están afrontando grandes problemas para mantenerse a flote y muchos de ellos están cerrando, con el consecuente despido de los saloneros, porque el costo de pagarles es demasiado alto. Y si a eso se le suma que tanto Tribunales como Asamblea Legislativa están deseosos de implementar la imprescriptibilidad de las deudas por concepto de cuotas obrero-patronales, definitivamente ningún negocio podrá subsistir. 

Lo curioso de todo esto es que el argumento de los jueces es la protección de los derechos de los trabajadores a salarios mínimos y seguridad social, pero olvidando el derecho más básico: el de trabajar. Con estas resoluciones, se les impedirá mantener su trabajo y sin eso, ningún otro derecho laboral tiene sentido. En ASOJOD lamentamos que algo tan elemental no sea considerado por esos operadores del derecho y que sigan ampliando el espectro de intervenciones del Estado en perjuicio de los individuos que quieren hacer negocios libre y voluntariamente entre sí, buscando el beneficio mutuo. Una vez más, el Estado perjudica a aquellos que dice defender.

La columna de Carlos Federico Smith: desempleo en los Estados Unidos

Las últimas cifras acerca del desempleo en la economía de los Estados Unidos revisten una enorme importancia, no sólo por reiterar un hecho ya observado en los últimos tiempos de una alta desocupación, sino por la incidencia que pueden tener en las próximas elecciones de noviembre en ese país.

Por ello, dedicaré un rato a su análisis y a explicar por qué, si no son bien interpretadas y entendidas, pueden dar lugar a equivocaciones.
 

El primer dato es que en agosto de este año la cifra de desempleo fue de 8.1% de la población empleada en ese país, un descenso con respecto del 8.3% a julio pasado. Lo que aparenta ser un progreso en el frente laboral de ese país, en realidad no lo es, una vez que se procede a explicar cómo es que se obtiene esa tasa de desempleo.
 

La tasa de desocupación mide aquella porción de trabajadores en la fuerza de trabajo que en la actualidad no tienen empleo, pero que están activamente buscando uno.
 

Lo cierto es que en este mes de agosto, la economía norteamericana creó un total de 96.000 nuevos empleos, una cifra menor al crecimiento que los expertos esperaban, cercano a 125.000 empleos adicionales en ese mes. Este es el primer golpe: un crecimiento menor al esperado en la cantidad de empleos nuevos.
 

Pero, además, es cierto que se presentó en ese mismo período un descenso en el tamaño de la fuerza de trabajo de ese país.  En agosto se retiraron de la fuerza de trabajo; esto es, renunció, desistió, de buscar empleo un total de 368.000 trabajadores. En otras palabras, para que se hubiera mantenido la misma tasa de desocupación con la mayor fuerza de trabajo existente en julio, en agosto el país debería de haber creado cerca de 200.000 nuevas fuentes de trabajo: algo más del doble de la que en realidad se logró.
 

En el mercado de trabajo, la tasa de desocupación puede disminuir por dos razones, ya sea por la creación de nuevos empleos o por la disminución del total de la fuerza laboral, afectada por falta de empleo. Por lo tanto, es posible que se registre simultáneamente una menor tasa de desocupación, a la vez que se observa un deterioro en la fuerza laboral. Esta última situación, la cual de ninguna forma es deseable, es la que se está reflejando las últimas estadísticas laborales en Estados Unidos. La tasa de desocupación a agosto descendió a un 8.1%  de un 8.3% en julio, explicado en mucha mayor medida por un descenso en la fuerza laboral, al abandonarla casi 370.000 trabajadores, que por la creación de 96.000 nuevos empleos.
 

Con el descenso en la fuerza laboral estadounidense, se estima que en ese país la cantidad de desocupados se acerca a 23 millones de personas y que la tasa de subempleo es de un 14.7%.  Esta tasa es particularmente importante, pues además de incluir aquellos desocupados que están buscando activamente un empleo, incluye a trabajadores de tiempo parcial quienes están buscando un empleo a tiempo completo, así como a otros grupo de trabajadores que no está buscando activamente empleo, pero que están marginalmente disponibles para trabajar.
 

Hay otro indicador importante de la situación laboral de un país, el cual se denomina tasa de participación laboral, que es el porcentaje de personas en edad de laborar (personas de edad entre 16 y 64), la cual está empleada o está activamente buscando por un empleo. En tanto que históricamente en los Estados Unidos esta tasa ha oscilado entre 67 y 68%, en agosto de este año registró un 63.5%, el porcentaje más bajo desde 1981.
 

Pero hay más. La creación de los 96.000 nuevos empleos se ha presentado en actividades en donde usualmente se pagan salarios relativamente bajos (por ejemplo, meseros, cocineros, bartenders y similares), con lo cual el aumento del monto total de salarios en la economía, gracias a estos nuevos 96.000 trabajos, no es el mejor (por supuesto que sí para quienes logran ese nuevo empleo, pero no para el promedio total de salarios en la economía). Además, esta creación de nuevos empleos tan baja se repite desde los últimos cuatro meses, indicando la gravedad creciente del problema.
 

Asimismo, la tasa de participación laboral para trabajadores en el grupo de 16 a 19 años es enormemente baja. El mes de agosto registró un 54.1%, la menor en 57 años. Los jóvenes han sido notoriamente afectados en esta situación económica y, aunque no tengo datos, me atrevo a vaticinar que tal decaimiento también se debe presentar en grupos tales como los latinos, los negros y, tal vez, las mujeres. 

Lo señalado expone una fuerte crítica al actual gobierno de los Estados Unidos, especialmente cuando el presidente Obama insistió a inicios de la administración que está a punto de concluir, que, si al final de ésta no había logrado reducir significativamente el desempleo, tal como como al momento ha sucedido, aquél gobierno no sería re-electo.  Es posible que el pueblo estadounidense decida tomarle la palabra en las próximas elecciones de noviembre.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: la doble cara de Sandra Pizk

La ministra de Trabajo doña Sandra Pisck presentó la semana pasada el programa EMPLEATE, una iniciativa público-privada para disminuir el desempleo en los jóvenes. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo presentó la primera rendición de cuentas de la Campaña Nacional de Salarios que analiza el grado de cumplimiento del sector privado al nefasto salario mínimo con el objetivo de obligar a las empresas a respetar esta legislación.

Este es un ejemplo clarísimo de la doble moral de algunos políticos. El salario mínimo para lo único que ha servido, en este y en todos los países, ha sido para aumentar el desempleo y fomentar la actividad informal en la economía. Al verse obligadas las empresas y empleadores independientes a cumplir con un mínimo de salario, se ven obligados a contratar menos personal y limitar el tamaño de su empresa pues de otra forma el negocio dejaría de ser rentable. Otros lo que han hecho es emplear a las personas informalmente para todas aquellas labores cuyo valor agregado o la cantidad de horas de trabajo requeridas no llega a ese límite arbitrario impuesto que le llaman salario mínimo.

El trabajo es como un contrato que se pacta entre un patrono y un empleado donde el empleado se compromete a realizar una tarea a cambio de un salario o remuneración. Si las condiciones no fueran aceptables para una de ambas partes entonces el contrato no se realizaría. El nivel de esa remuneración depende del tiempo y valor agregado que el empleado le dedicaría a esa labor. El salario mínimo en supuesta defensa del trabajador lo que hace es obligar al empleador a no contratar al empleado en aquellas labores de poco valor agregado aunque éste esté felizmente dispuesto a realizarlas por ese monto. Al final salen ambas partes perdedoras pero aún más el empleado pues no puede conseguir trabajo. Y los empleadores que finalmente aceptan contratar a empleados con esto niveles de salario aunque su trabajo no lo amerite lo que hacen es aumentar los precios castigando al mercado o en última instancia cerrar la empresa porque lo márgenes de ganancia no son adecuados. El Estado no tiene ni debe involucrarse en este contrato.

¿Y quiénes son los que más sufren con esto? Pues las clases de más bajos recursos, menor educación o menor experiencia laboral. Los jóvenes son de los grupos de edad más impactados con esta nefasta medida. El mismo informe que presentó la semana pasada el Ministerio de Trabajo lo demuestra. Este informe indica que el 26.3% de las personas que trabajan en el sector privado lo hacen por debajo del salario mínimo. Además, indica que es más frecuente entre sectores vulnerables de la población como los adolescentes, los adultos mayores y quienes tienen poca educación. Entonces, si el Gobierno desea iniciar una cacería de brujas en el sector privado para que se respete el salario mínimo, los jóvenes serán de los más afectados.

Por un lado doña Sandra quiere disminuir el desempleo del sector joven pero al mismo tiempo aplica medidas que para lo único que sirven es para aumentar este desempleo. En su discurso durante la presentación del programa EMPLEATE, la señora ministra dice: “Son la población típicamente excluida. La que vive en las comunidades vulnerables y, la que está en verdadero riesgo social”. Ella dice conocer las necesidades de los jóvenes y dice estar comprometida con la causa de disminuir el desempleo, sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario. Esta doble cara de la ministra es común no solo en ella sino en muchos otros integrantes de este gobierno.

La columna de Carlos Federico Smith: de nuevo con la Curva de Phillips

Los economistas solemos referirnos a la Curva de Phillips para dar a conocer una supuesta relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto es, a la idea de que un desempleo alto se encuentra asociado con una inflación baja y que una inflación alta, lo está con una desocupación baja. Esa supuesta regularidad empírica es lo que se conoce como Curva de Phillips, nombrada así por un economista inglés de mediados del siglo pasado.

Por muchos años hubo economistas quienes, basados en la Curva de Phillips, señalaron que, ante un desempleo considerado alto por las autoridades económicas, se podría optar por inflar la economía (esto es, una mayor inflación) a fin de reducir la desocupación. Muchos de los encargados de definir las políticas económicas de los países si vieron enfrentados a escoger entre dos males: la inflación y el desempleo. La decisión usual fue preferir lo que consideraron como el menos malo (¡no me refiero a ningún candidato político!). Mucha de esa escogencia fue simplemente el resultado de un cálculo político: los votantes desocupados suelen votar en contra del gobierno por no generar suficientes empleos, en tanto que la inflación muy a menudo es atribuida a cualquier cosa menos a la emisión excesiva de los bancos centrales de los países, con lo cual los gobiernos de turno se lavan las manos por su responsabilidad inflacionaria.

Con este panorama enfrente, quedó servido el menú para los políticos y economistas. Debían escoger lo que consideraban era lo menos malo y, si elegían a la inflación como su preferida (supuestamente asociada con un desempleo más bajo) siempre podrían echarle los muertos de ese mal a algún otro personaje distintos de sus bancos centrales, personajes que han desfilado en distintos capítulos de la historia económica de diversos países, como es el caso de los árabes, los petroleros, el mal clima, las malas cosechas, la extinción de anchovetas en el Océano Pacífico peruano o lo que fuere.

Ejemplo de los problemas que se derivan de utilizar la Curva de Phillips para el manejo económico de los países, lo vivimos aquí cerquita: en la administración Carazo, en ocasión del discurso presidencial de don Rodrigo ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1982, se nos dijo lo siguiente: puesto “a escoger ante la ausencia de acción legislativa, entre la inflación y el desempleo, se escogió entre ambos males el menor, la inflación y la paz social se ha mantenido, esto indica que la decisión fue acertada”. Pero la verdad ¡tristemente! se evidenció luego. El país terminó en ese año con una inflación enorme y el mayor desempleo de los últimos tiempos. La decepción de los ciudadanos fue evidente: terminamos con mayor inflación y mayor desempleo; no era cierto que se podía escoger una mayor inflación para bajar el desempleo, como nos lo decían los seguidores de la curva de Phillips.

Este panorama no sólo se presentó en Costa Rica. Algo similar sucedió con la Administración Carter en Estados Unidos, país en el cual se tuvo simultáneamente una de la mayores tasas de desempleo (un 7%) con una de la más elevadas tasas de inflación (13.5%). Se concluyó con en una economía en que había una simultaneidad del desempleo y la inflación, cuando se aseveraba que se podía optar entre esos dos males.

Los políticos de entonces ya habían empezado a descubrir la verdad. James Callaghan, Primer Ministro inglés, en un discurso que pronunció en setiembre de 1976 en la conferencia de su Partido Laborista, dijo: “Solíamos pensar que se podía pagar la salida de un depresión e incrementar el desempleo, reduciendo los impuestos y aumentando el gasto público. Les digo con todo el candor que esa opción ya no existe y que si existió alguna vez, sólo trabajó inyectando una dosis mayor de inflación en la economía, seguida por un nivel más alto de desempleo. Esa es la historia de los últimos veinte años.” Se acabó así el cuento de que altas tasas de inflación estaban asociadas con bajas tasas de desempleo y que bajas tasas de inflación estaban ligadas con altas tasas de desempleo.

Un importante teórico monetario, Milton Friedman, en su discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel en Economía, en Estocolmo, Suecia, el 13 de diciembre de 1976, le dio el golpe de gracia a los proponentes de la Curva de Phillips, cuando señaló que, “desafortunadamente para esta hipótesis, la evidencia adicional fracasó en conformarse con ellas (que existía una elección y una opción apropiada entre inflación y desempleo). Más importante, la tasa de inflación, que parecía ser consistente con un nivel específico de desempleo, no permaneció fija… tasas de inflación que previamente habían sido asociadas con bajos niveles de desempleo, fueron experimentadas junto con altos niveles de desempleo. El fenómeno de la simultaneidad de alta inflación y alto desempleo se impuso por él mismo en las noticias profesionales y públicas, recibiendo el triste nombre de ‘estanflación’.” (El paréntesis es mío)

Pero a veces parece que cuesta que las malas ideas mueran del todo. Esto es frecuente en la historia del pensamiento económico, en donde cosas que se han demostrado como incorrectas, renacen de pronto con renovado vigor, hasta que una vez más se muestre que están equivocadas. La vigencia de la llamada curva de Phillips y que se apele a ella para la prosecución de políticas monetarias expansionistas en Costa Rica son parte de esa resistencia a la desaparición de las malas ideas. Se ha vuelto a señalar que, ante las actuales circunstancias de la economía costarricense, “con metas de inflación flexibles… el Banco Central anda buscando dos cosas: una meta de inflación pero anda buscando también algo que tiene que ver con producción y empleo.”

El punto clave es si es posible para el Banco Central lograr como meta una reducción del desempleo (también definido como un estímulo para aumentar la producción) aunque para lograrlo tenga que sacrificar su objetivo de una tasa de inflación baja. La propuesta antes indicada lo que nos dice es que es posible que el Banco Central de Costa Rica sacrifique un poco su meta de una baja inflación para lograr con ello una meta de un mayor empleo y crecimiento económico, como si eso fuera posible.

Me atrevo a vaticinar que una “apertura de piernas” del Banco Central en cuanto a su meta de una baja inflación; esto es, que aumente la emisión monetaria, sólo dará campo para que le metan un “golazo entre-piernado”, porque de las cosas más difíciles de echar para atrás –lo pueden confirmar muchísimos banqueros centrales- es que, una vez que se abren las compuertas para la inflación, se puedan cerrar fácil e indoloramente.

Alguien podría tener en mente provocar que haya una “inflacioncita”, chiquitica, como para que con ella se estimule el crecimiento sin que crezcan mucho los precios –algo así como echarle una engañadita a los ticos- pero no creo que tal arte, más propio de taumaturgos, pueda tener éxito, porque los agentes económicos suelen incorporar en sus decisiones las expectativas inflacionarias originadas en las decisiones del Banco Central. Rápidamente los mercados detectarían el carácter inflacionario de las nuevas medidas del Banco Central y con base en ellas ajustarían sus expectativas ante el crecimiento futuro de los precios, abortando el esfuerzo del Banco por engañarlos con ilusiones monetarias.

Dado lo anterior, terminaremos con algo más de inflación (aunque sea chiquitica, que me imagino es lo que tiene en mente el proponente), pero sin que se dé por ello un aumento en la producción real de la economía (y una caída en la desocupación). Ciertamente podría ser que, por alguna otra razón, tal vez un fuerte incremento en la demanda externa de nuestra producción, se presente un alza en la actividad productiva doméstica, pero es por dicha razón que se logra ese objetivo deseable, pero no a causa de una expansión monetaria. De no ser por un factor positivo externo o algo similar a éste, se podría creer que algún sabio banquero central habría encontrado una especie de piedra filosofal económica: Que era posible expandir la producción simplemente emitiendo más dinero y eso, que yo sepa, no se ha visto en ningún lado hasta el momento. Puede verse, por ejemplo, lo que está sucediendo con la enorme expansión monetaria en los Estados Unidos, en donde el desempleo no disminuye, la producción crece muy, pero muy, lentamente y posiblemente en cierto momento el problema inflacionario se tornará presente.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: salarios, desempleo e inflación

Nuestro sistema económico (la economía de mercado o capitalismo) es un sistema de supremacía del consumidor. El consumidor es soberano, según un lema popular “siempre tiene la razón”. Los empresarios tienen la necesidad de ofrecer lo que piden los consumidores y deben vender sus productos a precios que puedan y estén dispuestos a pagar los consumidores. Una operación empresarial resulta un fracaso manifiesto si los resultados de las ventas no reembolsan al empresario todo lo que ha gastado en producir el artículo. Así que los consumidores al comprar a un precio concreto determinan asimismo los salarios a pagar a los que se dedican a estas actividades.

1. Los salarios pagados en último término por los consumidores
De esto se deduce que un empresario no puede pagar más a un empelado que el equivalente en valor del trabajo de este último, de acuerdo con el juicio del público comprador, añada a la mercancía. (Esta es la razón por la que una estrella de cine gana más que la mujer de la limpieza). Si paga más, no recuperaría sus desembolsos de los compradores, sufriría pérdidas y acabaría en bancarrota. Al pagar salarios, el empresario actúa como un mandatario de los consumidores, por decirlo así. Recae sobre los consumidores la incidencia de los pagos de salarios. Como la inmensa mayoría de los bienes producidos los compran y consumen personas que reciben a su vez salarios, es evidente que al gastar sus ganancias los propios asalariados y empleados son los principales determinadores del nivel de compensación que obtendrás ellos y gente como ellos.
2. ¿Qué hace que suban los salarios?

Los compradores no pagan por los trabajos y esfuerzos que realiza el trabajador ni por la cantidad de tiempo que emplea en trabajar. Pagan por los productos. Cuanto mejores sean las herramientas que usa el trabajador en su empleo, más puede realizar en una hora, por consiguiente mayor será su remuneración. Lo que hace que suban los salarios y hace más satisfactorias las condiciones de vida de los asalariados es la mejora en el equipo tecnológico. Los salarios estadounidenses son más alto que en otros países porque el capital invertido por cabeza de trabajador es mayor y las fábricas están por tanto en disposición de utilizar las herramientas y máquinas más eficientes. Lo que se llama el modo de vida americano es el resultado del hecho de que Estados Unidos ha puesto menos obstáculos al ahorro y la acumulación de capital que otras naciones.

El retraso económico de países como la India consiste precisamente en el hecho de que sus políticas dificultan tanto la acumulación de capital doméstico como la inversión de capital extranjero. Como falta el capital requerido, las empresas indias no pueden emplear suficientes cantidades de equipamiento moderno y por tanto producen mucho menos por hora laboral y solo pueden permitirse pagar salarios que, comparados con el salario estadounidense, parecen sorprendentemente bajos.

Solo hay un camino que lleve a la mejora en el nivel de vida de las masas asalariadas, a saber, el aumento en la cantidad de capital invertido. Todos los demás métodos, por muy populares que sean, no solo son inútiles, sino que en realidad perjudican al bienestar de aquéllos a quienes supuestamente benefician.

3. ¿Qué causa el desempleo?
La pregunta fundamental es: ¿es posible aumentar los salarios para todos los dispuestos a trabajar por encima del nivel que habrían obtenido en un mercado laboral no intervenido?

La opinión pública cree que la mejora en las condiciones de los asalariados es un logro de los sindicatos y de distintas medidas legislativas. Atribuye al sindicalismo y la legislación por el aumento de los salarios, el acortamiento de la jornada laboral, la desaparición del trabajo infantil y muchos otros cambios. La prevalencia de estas creencias ha hecho popular al sindicalismo y es responsable de las tendencias en legislación laboral en las últimas décadas. Como la gente cree que debe al sindicalismo su alto nivel de vida, perdonan la violencia, coacción e intimidación por parte de los trabajadores sindicalizados y es indiferente al recorte de la libertad personal propio de las cláusulas de reserva para sindicatos. Mientras estas mentiras prevalezcan en la mente de los votantes, en inútil esperar un alejamiento decidido de las políticas que se consideran erróneamente como progresistas.

Sin embargo esta doctrina equivoca todo aspecto de la realidad económica. La altura de los salarios al que todos los dispuestos a trabajar pueden emplearse depende de la productividad marginal del trabajo. Cuanto más capital (siendo todo lo demás igual) se invierta, más subirán los salarios en el mercado de mano de obra, es decir, en el mercado laboral no manipulado por el gobierno y los sindicatos. A este nivel salarial, todos los que quieran trabajar puede obtener un trabajo. Así que en un mercado laboral libre prevalece una tendencia hacia el pleno empleo. De hecho, la política de dejar que el libre mercado determine el nivel de los salarios es la única política de pleno empleo razonable y de éxito. Si los niveles salariales, ya sea por presión sindical o por decreto del gobierno, se sitúan por encima de este nivel, se desarrolla un desempleo duradero de una parte de la fuerza laboral potencial.

4. La expansión del crédito no sustituye al capital
Estas opiniones se ven rechazadas apasionadamente por los dirigentes de los sindicatos y sus seguidores entre los políticos y los pretendidos intelectuales. La panacea que recomiendan para luchar contra el desempleo es la expansión del crédito y la inflación, llamada eufemísticamente “un política de dinero fácil”.

Como se ha apuntado antes, un añadido a las existencias disponibles de capital previamente acumuladas hace posible una mayor mejora del equipamiento tecnológico de las industrias, aumentando así la productividad marginal del trabajo y consecuentemente también los niveles salariales. Pero la expansión del crédito, ya se efectúe emitiendo billetes adicionales u otorgando créditos adicionales en cuentas corrientes, no añade nada a la riqueza de la nación en bienes de capital. Simplemente crea la ilusión de un aumento en la cantidad de fondos disponibles para una expansión de la producción. Como pueden obtener un crédito más barato, la gente cree erróneamente que la riqueza del país ha aumentado y por tanto ciertos proyectos que no podían ejecutarse antes ahora son viables. Al iniciar estos proyectos se potencia la demanda de mano de obra y de materiales en bruto y se hace que aumenten los salarios y los precios de las materias primas. Se enciende un auge artificial.

Bajo las condiciones de este auge, los salarios nominales que antes de la expansión de crédito eran demasiado altos para el estado del mercado y por tanto creaban desempleo por parte de la mano de obra potencial ya no son demasiado altos y los desempleados pueden volver a conseguir trabajo. Sin embargo esto ocurre solo porque bajo las nuevas condiciones monetarias y crediticias están aumentando o, lo que es lo mismo expresado en otros términos, cae el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego la misma cantidad de salario nominal, es decir, de salario expresado en términos de dinero, significa menos en salarios reales, es decir, en términos de productos que se pueden comprar con la unidad monetaria. La inflación puede acabar con el desempleo solo recortando los salarios reales de los asalariados. Pero entonces los sindicatos piden un nuevo aumento en los salarios para mantener el ritmo respecto del coste de la vida y volvemos a donde estábamos, es decir, a una situación en la que el desempleo a largo plazo solo puede evitarse con una mayor expansión del crédito.

Eso es lo que ocurrió en este país, igual que en muchos otros en los últimos años. Los sindicatos, apoyados por el gobierno, obligaron a las empresas a acordar tipos salariales que estaban por encimas de los tipos potenciales, es decir, los tipos que el público estaba dispuesto a reintegrar a los empresarios comprando sus productos. Esto habría ocasionado inevitablemente un aumento en las cifras de desempleo. Pero las políticas públicas trataron de impedir la aparición de un desempleo importante mediante la expansión del crédito, es decir, la inflación. El resultado fue un aumento en los precios, demandas renovadas de salarios mayores y una reiterada expansión del crédito, en resumen, una inflación prolongada.

5. La inflación no puede continuar eternamente
Pero al final las autoridades se asustan. Saben que la inflación no puede continuar eternamente. Si no detenemos a tiempo la perniciosa política de aumentar la cantidad de dinero y medios fiduciarios, el sistema monetario nacional de derrumba por entero. El poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunde hasta un punto en que a todos los efectos prácticos no es mayor que cero. Esto ocurrió una y otra vez, en este país con los continentales en 1781, en Francia en 1796, en Alemania en 1923. Nunca es demasiado pronto para una nación para darse cuenta de que la inflación no puede considerarse como una forma de vida y que es imperativo volver a políticas monetarias sólidas. Al reconocer estos hechos la administración y las autoridades de la Reserva Federal abandonar hace algún tiempo la política de expansión progresiva del crédito.

No corresponde a este breve artículo ocuparse de todas las consecuencias que produce terminar con las medidas inflacionistas. Solo tenemos que establecer el hecho de que la vuelta a la estabilidad monetaria no genera una crisis. Solo expone las malas inversiones y otros errores que se realizaron bajo la alucinación de la prosperidad ilusoria creada por el dinero fácil. La gente se hace consciente de los fallos cometidos y, ya no cegados por el espectro del crédito barato, empiezan a reajustar sus actividades al estado real de la oferta de factores materiales de producción. Es este ajuste (indudablemente doloroso, pero inevitable) el que constituye la depresión.

6. La política de los sindicatos
Una de las características desagradables de este proceso de descartar quimeras y volver a una evaluación sensata de la realidad afecta al nivel salarial. Bajo el impacto de la política progresista de inflación, la burocracia sindical adquirió la costumbre de reclamar a intervalos regulares aumentos saláriales y las empresas, después de alguna falsa resistencia, la aceptaron. Como consecuencia, estos niveles serían en ese momento demasiado altos para el nivel del mercado y habrían producido una enorme cantidad de desempleo. Pero la incesante inflación progresiva los cubriría rápidamente. Luego los sindicatos reclamarían de nuevo más aumentos y así sucesivamente.

7. El argumento del poder adquisitivo
No importa qué tipo de justificación aporten los sindicatos y sus esbirros a favor de sus afirmaciones. Los efectos inevitables de obligar a los empresarios a remunerar el trabajo realizado a niveles más altos de los que los consumidores estén dispuestos a devolverles comprando los productos son siempre los mismos: el aumento en la cifra del desempleo.

En la presente encrucijada, los sindicatos tratan de recuperar la vieja fábula mil veces refutada del poder adquisitivo. Declaran que poner más dinero en manos de los asalariados (aumentando los salarios, aumentando las prestaciones a los desempleados y empezando nuevas obras públicas) permitiría a los trabajadores gastar más y estimular así los negocios y sacar a la economía de recesión llevándola a la prosperidad. Es el falaz argumento a favor de la inflación de hacer felices a todos imprimiendo billetes. Por supuesto, si la cantidad de medios circulantes aumenta, aquellos a cuyos bolsillos llega la nueva riqueza ficticia (ya sean trabajadores, granjeros o cualquier otro tipo de gente) aumentará su gasto. Pero es precisamente este aumento en el gasto el que inevitablemente produce una tendencia general de todos los precios a subir o, lo que es lo mismo expresado de una forma diferente, una caída en la poder adquisitivo de la unidad monetaria. Así que la ayuda que una acción inflacionista podría dar a los asalariados es solo de corta duración. Para perpetuarla, tendríamos que recurrir una y otra vez a nuevas medidas inflacionistas. Esta claro que esto lleva al desastre.

8. Los aumentos salariales como tales no son inflacionistas S
e han dicho muchas tonterías acerca de estas cosas. Alguna gente afirma que los aumentos salariales son “inflacionistas”. Pero no son en sí mismos inflacionistas. Nada inflacionista, salvo la inflación, es decir, un aumento en al cantidad de dinero en circulación y crédito susceptible de cheque (dinero de talonario). Y bajo las condiciones presentes nadie, salvo el gobierno, puede hacer que aparezca la inflación. Lo que los sindicatos pueden generar obligando a los empresarios a aceptar niveles salariales más altos que los niveles potenciales del mercado no es inflación , no significa precios más altos en los productos, sino el desempleo de una parte de la gente dispuesta a trabajar. La inflación es una política a la que recurre el gobierno con el fin de impedir el desempleo a gran escala que de otra forma producirían los aumentos salariales de los sindicatos.

9. El dilema de las políticas actuales
El dilema que este país (y no menos muchos otros países) tiene que afrontar es muy serio. El método extremadamente popular de que aumentar los salarios por encima del nivel que habría establecido un mercado laboral no intervenido produciría un catastrófico desempleo masivo si la expansión del crédito inflacionista no lo evitara. Pero la inflación no solo tiene efectos sociales muy perniciosos. No puede continuar eternamente sin generar la destrucción completa de todo el sistema monetario.

La opinión pública, completamente bajo el influjo de las falsas doctrinas de los sindicatos, simpatiza más o menos con la demanda de los líderes sindicales de un aumento considerable en los salarios. Tal y como son hoy las condiciones, los sindicatos tienen el poder de hacer que los empleados se sometan a sus dictados. Pueden convocar huelgas y, sin restricción por parte de las autoridades, recurrir con impunidad a la violencia contra quienes deseen trabajar. Conocen el hecho de que la mejora de las condiciones salariales aumentará el número de desempleados. El único remedio que sugieren es mayor financiación para subsidios de desempleo y una mayor oferta de crédito, es decir, inflación. El gobierno, atendiendo dócilmente a una opinión pública desorientada y preocupado por el resultado de la próxima campaña electoral, ya ha empezado desgraciadamente a anula sus intentos de volver a una política monetaria sólida. Así que nos vemos de nuevo enredados en los perniciosos métodos de intervenir en la oferta de dinero.

Continuamos con la inflación que con ritmo acelerado hace que se encoja el poder adquisitivo del dólar. ¿Dónde acabará? Es la pregunta que nunca se hacen Mr. Reuther y todos los demás. Solo una ignorancia supina puede reclamar las políticas adoptadas por las autocalificadas políticas progresistas “pro-empleo”. El asalariado, como cualquier otro ciudadano, tiene un serio interés en la preservación del poder adquisitivo del dólar. Si, gracias a su sindicato, los ganancias mensuales están por encima del tipo de mercado, pronto descubrirá que el movimiento al alza de los precios no solo le priva de las ventajas que esperaba, sino que asimismo hace que el valor de sus ahorros, de su póliza de seguro y de sus derechos de pensión disminuyen. Y lo que es peor, puede perder su empleo y no encontrar otro.

10. La falta de sinceridad en la lucha contra la inflación
Todos los partidos políticos y grupos de presión afirman que se oponen a la inflación. Pero lo que quieren decir realmente es que no les gustan las inevitables consecuencias de la inflación, como el aumento en el coste de la vida. Realmente favorecen todas las políticas que necesariamente producen un aumento en la cantidad de medios en circulación. No solo reclaman una política de dinero fácil para hacer posible la eterna potenciación salarial de los sindicatos, sino asimismo más gasto público y (al mismo tiempo) una rebaja de impuestos a través del aumento de las desgravaciones.

Engañada por el falso concepto marxista de los conflictos irreconciliables entre los intereses de las clases sociales, la gente supone que los intereses de las clases propietarias se oponen a las reclamaciones sindicales de salarios más altos. En realidad, a los asalariados no les interesa menos una vuelta a un dinero sólido que a otros grupos o clases. Se han dicho muchas cosas en los últimos meses acerca de los daños que los funcionarios defraudadores han infligido a la sindicalización. Pero el daño producido a los trabajadores por la excesiva alza salarial de los sindicatos es mucho más perjudicial.

Sería una exageración pretender que las tácticas de los sindicatos sean la única amenaza a la estabilidad económica y a una política económica razonable. Los asalariados no son el único grupo de presión cuyas reclamaciones amenazan hoy la estabilidad de nuestro sistema monetario. Pero son los más poderosos e influyentes de estos grupos y la responsabilidad principal reside en ellos.

11. La importancia de unas políticas monetarias sólidas
El capitalismo ha mejorado el nivel de vida de los asalariados a un nivel sin precedentes. La familia media estadounidense disfruta hoy de comodidades que, solo hace cien años, ni siquiera los más ricos potentados podían soñar. Todo este bienestar está condicionado por el aumento en ahorros y capital acumulado: sin estos fondos que permiten a las empresas hacer un uso práctico del progreso científico y tecnológico, el trabajador estadounidense no produciría más y mejores cosas por hora de trabajo que los culíes asiático, no ganaría más y, como ellos, viviría estrechamente al borde del hambre. Todas las medidas que (como nuestro sistema de impuestos a la renta y las sociedades) se dirigen a impedir una mayor acumulación de capital o incluso a disminuir dicho capital son por tanto en la práctica anti-trabajo y antisociales.

Solo debe hacerse una observación más acerca de este asunto del ahorro y la formación de capital. La mejora del bienestar producida por el capitalismo hizo posible que el hombre común ahorrara y se convirtiera modestamente en un capitalista. Una parte considerable del capital trabajando en la empresa estadounidense se corresponde con los ahorros de las masas. Millones de asalariados poseen depósitos de ahorro, bonos y pólizas de seguros. Todos estos derechos son pagables en dólares y su valor depende de la solidez del dinero de la nación. Preservar el poder adquisitivo del dólar es también desde este punto de vista un interés vital para las masas. Con el fin de alcanzar este fin, no basta con imprimir los billetes con la noble máxima In God We Trust. Debemos adoptar una política apropiada.

Ludwig von Mises
Mises Daily en español