La columna de Carlos Federico Smith: el secretismo dentro del Estado

No puede existir un error tan aciago, como suponer que los terceros son unos ignorantes. Se ha venido alegando que, a fin de proteger de la competencia a RACSA, subsidiaria de la empresa estatal del ICE, no se divulgarán los datos financieros de aquélla. Pero, ante la evidencia multitudinaria mostrada en periódicos y noticieros de televisión y programas de radio acerca del manejo financiero desafortunado de RACSA en los últimos tiempos, ¿acaso creen ustedes que los competidores no la conocen ya o no disponen de una buena idea acerca de ella? Por ejemplo, se han de acordar  de lo que pasó con el proyecto de las cámaras en carreteras; asimismo, con el de la nube empresarial; también con el del expediente único de salud y el de la comercialización de la televisión digital.

El argumento del estado para que RACSA le niegue su información a la ciudadanía o a quienes la representan en la Asamblea Legislativa, descansa en una ley promulgada en el 2008, la número 8660, conocida como Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Según su artículo 35, dejó en manos del ICE y de RACSA “la potestad de declarar confidencial la información relacionada con las actividades del grupo empresarial público”, de manera que es un secreto (¿de estado?) “la información industrial, comercial o económica que, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros por parte del ICE,” tal como lo informa La Nación del 22 de mayo en su artículo “Directiva de ICE declara secreto en torno a RACSA: Consejo consideró inconveniente divulgar cualquier tipo de información sobre la subsidiaria.”

Es, con base en lo anterior, la razón por la cual el gerente de RACSA, señor Francisco Calvo, rechazó una solicitud de los diputados de la Asamblea Legislativa, integrantes de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, para que se les entregaran los resultados financieros de la firma. Señala el señor Calvo en una nota a los diputados que “El Consejo Directivo [del ICE, dueño de RACSA] ha considerado que la denegatoria no solo está respaldada por una ley especial (…), sino que pretende resguardar a las empresas del Grupo ICE de cualquier efecto negativo que pudiera derivar de su divulgación.” Por ello, no me los imagino participando en un mercado financiero tan desarrollado como, por ejemplo, el de las bolsas de valores de Nueva York, en donde empresas que aspiran a colocar sus acciones en él, tienen que revelar la información financiera correcta a los potenciales inversionistas y a los entes reguladores. (Por eso hoy allá se está investigando a la empresa brasileña Petrobras, porque el chorizo no aparecía en sus estados financieros y no fue hasta cierto tiempo después cuando se dio a conocer el asalto). Existe lo que se llama una divulgación completa (full disclosure); esto es, que para efectos de transparencia se brinde la información necesaria, de manera que se sepa que no se está ocultando algo.

Pero el secretismo no se quedó allí. Esos diputados le pidieron al presidente de la República que les enviara una copia del Informe Anual de Rendición de Cuentas del ICE y sus Subsidiarias, pero también la presidencia se los negó, aunque, con una inteligencia mayor, el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, prometió públicamente que “revisará el caso para dar una respuesta adecuada.”
Siempre se nos ha dicho que los ciudadanos somos los dueños de las empresas estatales, pero más bien parece que, al ser “todos” los dueños, no hay nadie que lo sea. ¿Quién ahora nos dará cuentas claras y ciertas del estado financiero del ICE y de su subsidiaria, RACSA, a nosotros los “dueños” de esas empresas públicas?

¿Debemos ser ignorantes de lo que pasa en las empresas “nuestras”? Pero, por otra parte, ¿es un riesgo real el que competidores privados y hasta extranjeros logren determinar con exactitud la verdadera situación del competidor estatal?  En cuanto a la segunda de estas dos preguntas, no sería una posibilidad, sino una certeza, conocer la situación del competidor si éste cotizara en bolsas comerciales o de valores. De aquí que es pertinente la reflexión del diputado Álvarez, de que “la confidencialidad en el Grupo ICE (sea) solo en temas industriales, mercadeo y no la financiera”. Estoy de acuerdo, pues quiero saber si lo que es presuntamente “mío” ya no lo es o ya no existe: no quiero terminar cantando aquello de “dueño de ti, dueño de nada”, como dice El Puma. Es más, ¿y si se la estuvieran robando, así literalmente?... no lo llegaría a saber en el tiempo debido. Por ello la urgencia de la transparencia y la rendición de cuentas.

No me agrada eso de “confidencialidad” en el estado, para no revelar hechos, pues usualmente tal necesidad de secreto se emplea no sólo para cosas entendibles, como la protección nacional ante un enemigo externo, sino que también se le usa para tapar acontecimientos indeseables, como una mala conducción económica o incluso un robo descarado o algo similar o porque tal vez porque a algunos en el estado les produce una situación políticamente angustiante.  

En Costa Rica nuestros diputados son nuestros representantes, al igual que lo son los representantes en el Congreso estadounidense de aquella nación  Allá, cuando una comisión, por ejemplo, pide conocer temas “secretos” del Poder Ejecutivo -algo que no es infrecuente- se reúne privada y confidencialmente, para recibir dicha información y, me imagino, el acuerdo tácito -al menos moralmente punible- es que no se puede divulgar más que entre sus pares del Comité. Algo así podría pensarse para nuestro país; concretamente, para ciertas comisiones de la Asamblea Legislativa. Ojalá alguien me aclare bien los procedimientos que sobre el tema se dan con frecuencia en el seno legislativo de los Estados Unidos.

Sé que me dirán que esos “diputados” nuestros no van a guardar el secreto y que posiblemente usarán la información así recibida para hacer escarnio de funcionarios, presuntamente por ser de un partido diferente a los suyos. Es posible, pero también es factible que un funcionario de la institución estatal involucrada transmita esa información a un cierto precio a algún competidor (incluso suele haber rotación de personal de empresas estatales hacia empresas privadas de un mismo giro). Se trata de no negar el derecho ciudadano a conocer lo que sucede con las acciones de su empleado, la administración del estado, al tiempo que se tiene el cuidado de no causar un daño innecesario a la sociedad.

En dos palabras, al menos en los Estados Unidos se presume cierta conducta apropiada de los congresistas en situaciones como las descritas; esto es, que guarde la confidencialidad de lo que se les informó.  Me dirán que aquí eso no va a ser así, pero esperaría que pudiera serlo. El afán de esos diputados prestos a saber información “secreta” para hacer un “mal uso” de ella, es mucho mayor cuando les es negada, pues es lógico que piensen que, si se las niegan, es porque algo huele a podrido en Dinamarca.

Cuando hay concentración de poder, siendo el súmmum el estado, lo mejor es ventilarlo, orearlo, desinfectarlo, diseminarlo, mostrarlo ante el mayor número de ojos ciudadanos en quienes descansa la soberanía, para así lograr que ese poder no llegue a convertirse en un tabernáculo de intereses corruptos. Esa es mi preferencia personal: mantener el secreto estatal al mínimum minimorum; a lo indispensable y conservar mi libertad. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el futuro de RACSA

En un reciente telenoticiero escuché con sumo interés la información acerca de la mala situación financiera de RACSA. De hecho, la empresa ha perdido tanto dinero en los últimos años, que lo que se discute, al menos en la Asamblea Legislativa, es acerca de su supervivencia institucional.
 

La historia televisada requirió varios días y, entre otras cosas, parte de lo que me llamó la atención fue la posición del periodista encargado de la investigación, quien, en cierto momento, recalcó los elevados salarios de los altos funcionarios de RACSA, dando a entender que eran causa -al menos en algún grado- del precario estado de esa empresa, posición en la cual fue secundado por algunos representantes sindicales, también entrevistados. Así, por ejemplo, en la información se destacó que el director ejecutivo de RACSA gana unos ₡9.2 millones al mes (redondeo las cifras), en tanto que el auditor interno unos ₡6.8 millones, el asistente jurídico ₡4.6 millones y, entre otros, que los directores de la empresa perciben unos ₡4.5 millones. Y así ad nauseam.

Consultado acerca de esos salarios, el director ejecutivo de RACSA explicó que, en algunos casos, como, por ejemplo, el propio, más bien eran inferiores a los equivalentes en el mercado para cargos similares, en tanto que, en otros, el origen de los montos se debían a la enorme cantidad de años que esos funcionarios habían trabajado en la empresa, dando lugar a una fuerte acumulación de derechos laborales, que se reflejaban en los salarios de la actualidad. Asumamos que todo eso es cierto y que las explicaciones son las adecuadas. No me voy a meter en asuntos de remuneraciones laborales. Pero sí deseo hacer algunos comentarios, que espero permitan entender cómo es que, en este tipo de circunstancias, opera una empresa privada y cómo, en comparación, lo hace una empresa estatal y las conclusiones que derivo de aquéllas, para brindar mi opinión acerca de lo que debe hacerse con RACSA.

La crisis reciente de la economía estadounidense, iniciada a finales del 2008, tal vez nos brinda una buena oportunidad para que podamos entender cómo es, en lo básico, que actúan, en el campo laboral de los ejecutivos claves, aquellas empresas que entran en graves dificultades financieras. Lo primero que se observa es que se llama a cuentas a los ejecutivos de las firmas que entran en problemas, a fin de entender qué es lo que puede haber sucedido y, a partir de ello, ver cuáles son las posibilidades de recuperación de la firma, si continúan en los cargos altos los actuales ejecutivos. Si los directivos (dueños o representantes de los dueños de la empresa) consideran que no son capaces de volver a levantar la firma o que su permanencia no genera confianza, proceden simplemente a destituirlos, efectuando los pagos correspondientes según sean los contratos.

La firma, en estas circunstancias, lleva o ya ha iniciado un proceso para buscar sustitutos y un hecho importante es que, como una posibilidad, no preocupa tanto, aunque no deja de ser importante, cuánto es lo que el nuevo ejecutivo le cuesta a la empresa, en tanto que los resultados que se espera genere la labor del ejecutivo contratado, más que compensen lo que se le paga; es decir, que la firma vuelva a tener ganancias netas aceptables después de cierto tiempo. Para los dueños de la compañía la decisión fue acertada en tanto que los resultados financieros muestren la recuperación que esperaban, aunque la contratación del nuevo ejecutivo les haya costado lo que fuera. Uno a veces no entiende cómo es que las empresas en crisis están dispuestas a pagar jugosas remuneraciones a los ejecutivos que contratan para salir de aquélla. La razón es porque esperan que esa contratación resulte un buen negocio para la firma y ello sólo lo comprobarán los resultados y no alguna otra cosa. Por supuesto que, si el nuevo ejecutivo no produce lo que se espera y a lo que se comprometió, su salida de la empresa será algo casi seguro. 

Aquí es donde entra RACSA. Ésta es una dependencia estatal, bajo el manto de ser una empresa pública. Los incentivos para contratar sus ejecutivos son muy distintos a los que existen en una empresa privada en regímenes de competencia. La primera característica de la empresa pública es que no se liga el salario del ejecutivo a los posibles resultados que logre y, por lo general, la crítica que hace el público no se dirige a si ese empleado logra buenos o malos resultados, sino acerca de lo “mucho” que se le paga, tal como ahora se hace en el programa de televisión arriba mencionado. Una segunda característica de este tipo de empresas es que la permanencia del ejecutivo muy pocas veces depende de los resultados, sino de su cercanía política con algún grupo político específico o, tal vez, hasta algo personal, como amistad o familiaridad con algún político importante. Como no hay una rendición de cuentas; en concreto, de pérdidas o ganancias a causa de su dirección, que de presentarse las primeras obligue a la quiebra eventual de la empresa, no hay incentivos de parte de los directores (juntas directivas se le suele llamar aquí) para escoger al que mejores resultados genera. ¿Acaso han visto ustedes en tiempos recientes que en Costa Rica se cierre alguna empresa estatal porque genera pérdidas, no ocasionalmente, sino casi continuadamente?

Aquí es donde aparece la diferencia crucial entre una empresa estatal, como por ejemplo RACSA, y una empresa privada sujeta a la competencia. Si esta última no tiene ganancias, la empresa termina por quebrar o siendo adquirida por otro operador en el mercado. No puede perder continuamente, porque se acaba, desaparece. En contrario, la primera lo único que debe hacer es asegurarse recursos de parte del estado (esto es, de todos nosotros), de forma tal que le permitan vivir eternamente, a pesar de sus pérdidas. Para sus ejecutivos, a fin de conservar su trabajo, la influencia política de que dispongan es más importante que la generación de utilidades para los accionistas (en este caso, todos nosotros).

Por ello, creo que se le haría un gran bien al país si se procediera a la terminación de RACSA, en especial cuando ya lleva tantos años de operar sin generar ganancias y cuando, en la actualidad, no parece que cuenta con una plantilla de ejecutivos que vayan a ser despedidos si no logran los resultados para los cuales se les contrató. De hecho, algunos ya llevan bastante tiempo experimentando para ver si salen del hoyo económico, pero no han podido lograrlo. 

La venta de RACSA no significa que se la regale o algo así por el estilo. Posee valiosos activos, principalmente derechos de frecuencias, que tienen un alto valor. Estos últimos activos de nada nos sirven a los consumidores, como lo podemos ver por las pérdidas que desde hace bastante tiempo ha tenido la firma. Si se vendieran esos activos a otras empresas privadas, estoy seguro de que los pondrían a producir eficaz y eficientemente, porque, de no hacerlo quienes los adquirieron, perderían el monto de su inversión. Por su parte, nosotros, los consumidores, nos favoreceríamos, porque habría una mayor y mejor competencia que en la actualidad, en donde el mercado se caracteriza por tener relativamente pocos oferentes y, derivado de ello, ahora no nos brindan las mejores condiciones y precios por esos servicios, como sucedería si tuvieran que competir con otras firmas por nuestro gasto.

Si la situación de pérdidas de RACSA sigue como ahora, de una u otra forma seremos todos los ciudadanos quienes tendremos que apechugar con el desperdicio de recursos a que da lugar. Ese es un serio problema, más en momentos en que debemos de tratar de bajar un excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada