La columna de Carlos Federico Smith: el mundo salarial en las universidades públicas

Una interesante historia comparativa acerca del comportamiento de los salarios en las universidades estatales del país, aparece en La Nación del 13 de noviembre, en su artículo “Universidades públicas doblaron gasto en salarios en 12 años.” Me sirve de base para mi comentario y empiezo refiriéndome a cuatro universidades públicas para las que hay datos, no así para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (me imagino que por no formar parte del FEES), en el lapso 2007-2018. 

1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR): En el 2007, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢149.310 millones y el gasto en remuneraciones (que incluye salarios, pluses, cargas y similares) fue de ¢106.130 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢335.208 millones y el gasto en remuneraciones de ¢210.721 millones. O sea, del presupuesto total de gastos de ese año, un 63% se dedicó al pago por remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en ese lapso 2007-2018 descendió en 8 puntos porcentuales. Pero, las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢104.591 millones. Por lo tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 125% en el presupuesto de gastos de dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (casi un 98.5%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UCR tenía 9.430 personas y 9.790 en el 2017, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢11.2 millones anuales a ¢21.5 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 4%, las remuneraciones aumentaron en un 92%, en mucho ocasionado “por los incentivos que reciben los empleados, pues esa partida aumentó un 124% sobre la inflación [o sea, en términos reales] en la misma década,” según lo expone el medio. Este aumento en la remuneración por empleado de un 92% es el mayor de todas las universidades analizadas, pues el equivalente en la UNA fue de 15.8%, mientras que en el TEC fue de 52.7% y en la UNED de 39.1%
 

El nuevo ministro de Hacienda fue firme en decir que la regla fiscal se aplicará en todo el sector público, pero, señala el medio, la “UCR confirmó que, para el 2020, no se incluyeron las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal en el tema de salarios” (el subrayado es mío). Así que veremos si el esfuerzo fiscal alcanza a esa isla de pseudo autonomía, pues, sólo el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por el cual el gobierno traslada recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes a las universidades públicas, se ha estimado que, en el 2020, ascenderá a ¢297.200 millones (de lo que, aproximadamente, un 57.96%, es el porcentaje que del FEES va a dar a la UCR). De hecho, las autoridades de la UCR han estimado que, en el año que viene, un 73% de los ingresos del FEES se usarán en pagar la “masa salarial,” que, me imagino, se refiere a la partida presupuestaria conocida como remuneraciones.
 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): En el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢67.013 millones y el de remuneraciones de ¢47.342 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales, el presupuesto total fue de ¢70.900 millones y el gasto en remuneraciones de ¢48.828 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 64% se dedicó al pago de remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en el lapso 2007-2018 descendió 7 puntos porcentuales. Pero, es un hecho que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢38.046 millones. Por tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 100% del presupuesto de gastos en dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (un 80.4%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UNA tenía 1.240 empleados y 1.930 en el 2018, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.3 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 9%, las remuneraciones por empleado aumentaron en un 80%, de lo cual un 9% es por la cantidad de empleados y un 71% por mayores remuneraciones. [Erróneamente, el medio indica que el monto por empleado subió en un 65%]. Eso sí, debe señalarse que la UNA es la universidad en donde, entre las cuatro citadas, se paga la mayor remuneración por empleado en promedio: ¢25.3 millones anuales.
 

3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC): Mientras que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢29.862 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢20.471 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 69% se dedicó a pagos por remuneraciones.
 

El presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢70.900 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢48.828 millones. Es decir, un 69% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

El aumento en las remuneraciones de un 138.5% es casi igual al alza del presupuesto total en dicho lapso (de un 137.4%), por lo que, la proporción que del gasto total representan las remuneraciones, para efectos prácticos se conserva en dicho lapso.
 

En términos de cada funcionario, si bien no se indica el número de empleados en ambos años, el medio indica que la planilla aumentó en un 60%, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.2 millones, lo que significa que las remuneraciones aumentaron en un 52.7%.
 

4. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED): En tanto que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢26.437 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢18.987 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71.8% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

A su vez, el presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢61.707 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢42.192 millones: un 68.4% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

Ese descenso de casi 72% a alrededor de un 68%; o sea, de alrededor de 4 puntos porcentuales y, aunque el monto gastado en remuneraciones creció en ese lapso (122.2%), el crecimiento fue mayor en la totalidad de gastos (133.4%), a pesar de que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢23.205 millones.
 

Otro dato interesante del artículo de La Nación es que el gasto conjunto total de esas cuatro universidades pasó de ¢272.624 millones en el 2017, a ¢601. 914 millones en el 2018; es decir, un aumento del 121%. El total de pagos por remuneraciones pasó de ¢192.931,3 millones en el 2007 a ¢387.131,5 millones en el 2918; es decir, un incremento de poco más de un 100% en ese lapso. Pero, “la matrícula aumentó un 27%,” según indica el medio citado. De hecho, en la UCR, se incrementó en un 28%, en tanto que el gasto en remuneraciones creció en un 98.5%; en la UNA,  creció en un 50%, pero las erogaciones por remuneraciones subieron un 80%; en el TEC, se elevó en un 54%, pero aumentaron más las remuneraciones, en un 138% y en la UNED, si bien la matrícula lo hizo en un 12%, las remuneraciones crecieron en un 122%.
 

Que se sepa…





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: unidos ante la amenaza a "nuestros" privilegios

Era esperable que, incluso ante una relativamente pequeña reducción o freno a privilegios incorporada en el paquete tributario recientemente aprobado, en su defensa y conservación, los rectores de las universidades estatales (UCR, Tecnológico, UNA, UTN y la UNED) se unieran para pedirle al presidente de la República, que a esas entidades no les fueran aplicadas, según lo definieron en un acuerdo del Consejo de Rectores (la tribu) del pasado 21 de febrero.

Las reformas cuya puesta en práctica se objeta para las universidades públicas, se refieren a la dedicación exclusiva, para que sólo se pague un 25% adicional del salario a licenciados y un 10% a bachilleres, mitad de las actualmente vigentes. Asimismo, en cuanto a la cesantía, la reforma requiere que haya un tope de 8 años, tal como está en el Código de Trabajo, y que a los que trabajadores cubiertos por convenciones colectivas, no excedan de los 12 años. También, en cuanto a las anualidades, en vez de ser un porcentaje del salario, lo sea en un monto fijo. En lo que trata de la evaluación de desempeño, así como que, en general, las reformas que está diseñando el gobierno para poner orden, regular los incentivos y las escalas salariales dentro del sector público, no les sean aplicadas, dejando que lo sea según una decisión propia de esos entes.

Todo forma parte de una andanada de rechazos en defensa de una serie de privilegios, como lo fue la gestión legal de los rectores para que se les mantuvieran los ¢10.000 millones que los diputados “le quitaron” al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que inicialmente para este año era de ¢511.000 millones (sí, leyó bien). O sea, apelan legalmente para que una pequeñísima reducción del 1.96% por ciento de la trasferencia no se lleve a cabo. No olviden que son dineros que, de alguna forma, los ciudadanos han pagado con impuestos al fisco y el gobierno transfiere nuestros recursos para la operación de esas universidades. (En realidad, ese monto de ¢511.000 millones es sólo para la UCR, la UNA, el Tec y la UNED, pues, además, sólo para la Universidad Técnica Nacional se destinan por la vía del presupuesto gubernamental casi ¢35 mil millones).

El argumento que da base a la petición de los rectores, es que las universidades públicas gozan de autonomía y, por tanto, que esas decisiones legisladas en el paquete tributario citado no les son aplicables: que la autonomía universitaria es constitucionalmente distinta a la que gozan los llamados entes descentralizados, de forma que el Poder Ejecutivo no tiene jerarquía alguna sobre ellas en ese aspecto financiero, como también lo es en lo administrativo. En sencillo, se sienten independientes: una especie de repúblicas autogobernadas dentro de una República nacional, la cual, eso sí, les transfiere obligatoriamente recursos que todos los costarricenses aportamos por la vía de los impuestos.

Como dijo uno de los rectores de esas universidades, “no podemos ser reformados vía decreto, ni porque lo diga un diputado ni la contralora,” pero es de esperar que esa independencia y autonomía, entendible para su estructura administrativa interna, se extienda a que esas universidades generen los ingresos necesarios para sus gastos. Que sean autosuficientes, emancipados del gobierno nacional.

Hoy la quieren toda de todas: que les paguemos el gasto que deseen “autónomamente” llevar a cabo, pero liberados de que, quienes pagamos por medio del estado, la ciudadanía, no tenga forma alguna de detener un gasto que juzgamos sobredimensionado. Yo creía que en Costa Rica el poder soberano descansaba en la ciudadanía y no en una entidad gubernamental, que se arroga total independencia constitucional de la voluntad general.

La situación es que, sencillamente, las universidades públicas forman parte de un estado cuyas finanzas hacen aguas y que, en este terruño, sólo hay una República, no varias independientes. El día de mañana, bajo el prurito de autonomía, nos confiscarán más y más fondos por la vía de impuestos, cobrados por el gobierno para transferirlos luego a los administradores de esas universidades, para hagan lo que a ellos les parezca.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciables o ignorantes

No hace mucho leí un artículo en La Nación del 8 de enero, titulado “Pluses se comen el 26% de fondos para las ‘U’ públicas.” Brinda información importante que compartiré con ustedes, en especial porque la fuente final de donde provienen esos pluses es el aporte ciudadano en impuestos pagados al gobierno, quien lo transfiere como parte del llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Para este año -en medio de la crisis fiscal y de nuevos impuestos que pronto entrarán en vigencia- inicialmente se estimó que ascendiera a la suma de ¢511.154 millones, pero, después y gracias a la gestión de diputados, se redujo a ¢501.154 millones (rebaja de apenas un 1.95% del total inicial).

El FEES traslada los recursos provenientes de impuestos a los presupuestos de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la Universidad Nacional (UNA), del Instituto Tecnológico (TEC) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). La Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe, por fuera del FEES, un aporte de los ciudadanos mediante el presupuesto del gobierno, por una suma de alrededor de ¢35.000 millones.

Sólo en pluses, las universidades citadas (excepto la UTN), según un estudio de la Contraloría General de la República, gastarán, en sueldos más pluses, más del 65% del FEES. Esto es, alrededor de ¢318.000 millones.

Veamos algunos datos de pluses en la UCR, mencionados en aquel artículo:
 

1. Hay 17 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UCR asciende a ¢19.8 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 6  de los 17 pluses son: para un académico, un 3.75% anual de su salario por cada año laborado; otro porcentaje similar por algo llamado escalafón que reconoce el tiempo laborado; un 30% por dedicación exclusiva; un 30% por mérito académico; si se le pide que labore fuera de su lugar de residencia, agregue un 39% adicional y, si tiene que desplazarse a otra sede de la UCR, podría recibir otro plus adicional del 29%.
 

4. Los 9.780 trabajadores de la UCR se estima que recibirán un total de ¢77.849 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNA, citados en aquel artículo:
 

1. Hay 16 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNA asciende a ¢23.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 29.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢6.8 millones.
 

3. Un profesor puede tener un 4% anual de su salario por cada año laborado
 

4. Los 3.369 trabajadores de la UNA se estima que recibirán un total de ¢22.774 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en el TEC, expuestos en el artículo citado:
 

1. Hay 8 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador del TEC asciende a ¢25.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.5% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 4 de los 8 pluses son: para un profesor, un 4% anual de su salario por cada año laborado (eso para los salarios más altos y un 6% para los salarios más bajos); un 56% por el grado académico; un 30% por dedicación exclusiva y un porcentaje variable por carrera profesional.
 

4. Los 1.778 trabajadores del TEC se estima que recibirán un total de ¢18.100 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNED, mencionados en dicho artículo:
 

1. Hay 4 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNED asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 37.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢5.2 millones.
 

3. Los 2.800 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢14.672 millones en este año.
 

Y, veamos algunos datos de pluses en la UTN, expuestos en aquel artículo:
 

1. El salario promedio anual de un trabajador de la UTN asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 27.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢3.8 millones.
 

2. Los 1.896 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢7.205 millones en este año.
 

¿Se acuerdan de aquellos ¢10.000 millones que los diputados recortaron al presupuesto inicial para este año del FEES, que ascendía a ¢511.154 millones? Pues ante esto, los rectores de las universidades subvencionadas pusieron un recurso ante la Sala IV, pidiendo restaurar esos fondos. Independientemente de la validez jurídica del alegato, valió la pena escuchar a un rector decir que esos fondos equivalían a que no se abriera una sede universitaria en Golfito, la que costaría más o menos eso. 

Tal vez eso es cierto, pero es una explicación que puede servir para señalarles a esos rectores que esos ¢10.000 millones recortados se podrían usar para reparar numerosas escuelas y colegios en mal estado físico, o, tal vez, para construir un hospital, pues ya no dan abasto, o cárceles que hoy son lamentables o bien carreteras a medio camino de construirse, que han tardado años en construirlas, o, ¿por qué no?, para reducir la jáquima de la deuda pública que hoy pesa sobre la espalda de cada ciudadano contribuyente e incluso reducir un gasto estatal desmesurado que nos tiene en las dificultades económicas serias que hoy vivimos. Francamente, es una falsa creencia de que el dinero público, el de todos los ciudadanos, sólo tiene un uso posible, -el de una sede universitaria en una zona rural. como lo que señala ese rector. El drama me recordó el título de una vieja película: “Los Insaciables,” además de una ignorancia básica del concepto económico del costo.

Jorge Corrales Quesada

La columan de Carlos Federico Smith: La República Independiente de la UCR

Una nueva acción de las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) refleja su pretensión de administrar una república independiente, que, si bien dentro del territorio nacional, puede hacer lo que le da la gana con sus presupuestos.

Resulta que una de las funciones de la Contraloría General de la República es la aprobación de los presupuestos, incluyendo los de universidades estatales. Fue así como, a mediados de este año, aprobó el segundo presupuesto extraordinario de la UCR, pero la Contraloría hizo un señalamiento que molestó a las autoridades de la UCR: de un monto del segundo presupuesto extraordinario considerado como “superávit libre y específico” por ¢35.208 millones, según la Contraloría debería de reclasificar ¢33.053 millones como “superávit libre.” 

¿Cuál es la importancia de esto? Que, en tanto que un “superávit específico” se puede dedicar a “un fin establecido en una ley especial, convenio interinstitucional o contrato de préstamo,” el llamado “superávit libre” no posee “un compromiso de uso específico,” pero hay lugar para una gran limitante, cual es que los fondos de este superávit libre no se pueden usar en gastos corrientes, los cuales incluyen salarios y pagos de servicios.

Ante ello, la reacción de la UCR no se tardó y calificó de “imposición” a la medida de la Contraloría, pues, en palabras del rector, “No compete a las leyes ni a las directrices regular las funciones, ni el gobierno, ni la organización, ni la contratación, ni el patrimonio, ni la financiación de la Universidades públicas porque todo esto es competencia propia -exclusiva y excluyente- de estas instituciones otorgada directamente por la Constitución Política.” La Contraloría, debidamente, rechazó el alegato y se le dijo al rector que “la resolución estaba en firme y no podía reconsiderarse.” La UCR terminó plegándose, si bien señalando estar en desacuerdo.

Llama la atención que parece que, para lo único que la sociedad sirve, no es para controlar institucionalmente, por medio de la Contraloría, los presupuestos de entes claramente definidos, sino para que se les dé plata de los contribuyentes en exceso, como lo refleja la existencia de esos mismos superávits. En un país hoy con serios problemas fiscales, es necesario que haya un pronto replanteamiento del financiamiento que hoy se les da a las universidades públicas, en donde todo pasa por el tamiz de una autonomía que más bien parece ser una independencia: que se puede hacer todo lo que le plazca, sin acatar las decisiones que, sobre aspectos presupuestarios, clara y constitucionalmente posee la Contraloría.

Todo ello porque ahora en la UCR no podrán gastar el sobrante presupuestario en gastos corrientes, como si estas partidas no abundaran ya en ciertos ambientes de esa universidad (no a los profesores por horas, sino para una burocracia muy extendida). 

Si hay plata pública de por medio, dineros de todos los ciudadanos, se debe controlar. Creo, personalmente, que la UCR, en vez de depender de impuestos que pagan ricos y pobres para mantenerla, debería buscar sus propios ingresos, tal vez cobrando a los ricos que allí llegan por lo que cuesta la educación. Si no les parece que se les controle en el uso de los recursos públicos, pues declárense independientes y busquen los fondos por esfuerzo propio.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los pluses en las universidades públicas

Cuando uno observa cómo un ministro de Educación es capaz de trasladar recursos de su ministerio, que parecían eran “sobrantes,” hacia las universidades estatales, le da cólera que ese mismo gobierno pretenda cargar a la ciudadanía con más impuestos, para que se pueda seguir en ese derroche de recursos de los contribuyentes.

Recuerden que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es un aporte que el gobierno hace a las universidades públicas (excepto para la Universidad Técnica Nacional, que recibe financiamiento gubernamental por aparte) con fondos de todos los ciudadanos. En el 2018, el FEES significó un gasto de ¢496.279 millones y para el 2019 el monto sería de ¢511.154 millones y, esa diferencia de alrededor de ¢15.000 millones saldrá de sobrantes en los gastos del MEP. O sea, que eran recursos que, en vez ser ahora gastados en una educación financieramente privilegiada, podía haberse usado, por ejemplo, en restaurar escuelas y colegios hoy en mal estado. Pero, con esto el gobierno nos demuestra adónde es que radican sus preferencias de gasto y, peor aún, que no parece haber una actitud de mesura en el gasto, sino, más bien, acudir a más impuestos o al endeudamiento de toda la ciudadanía para seguir en ese gasto displicente. La fuente de los datos aquí citado es el artículo, “Incentivos en universidades públicas devoran ¢1 de cada ¢3: UCR, UNA, UNED y ITCR gastan en pluses más que en salarios base,” de La Nación del 10 de julio.

Para este año se estima que el total de los presupuestos de las universidades públicas será de ¢714.000 millones, con lo cual el FEES equivaldría a poco más del 70% de ese presupuesto. Y, por otra parte, el total de remuneraciones (que incluye salarios, cargas sociales e incentivos) para este año ascendería a ¢418.020; esto es, casi el 82% del FEES. En dos palabras, una parte sustancial de los presupuestos de las universidades públicas se financia con el FEES y, en esencia, una parte significativa del FEES equivale al financiamiento de las remuneraciones del personal de esas universidades.

Además, los llamados incentivos o pluses en esas universidades públicas en el 2018 se considera que ascenderá a ¢201.393 millones, mientras que los salarios base de esos centros para este año totalizarían ¢337.016. Estos últimos, como porcentaje de los presupuestos, serían un 28.2%; es decir, de casi un tercio del presupuesto se va en el pago de salarios básicos y, por cada colón que se gasta en salarios básicos, se gasta casi ¢1.50 en pluses (en la UCR el cociente es de ¢1.73; en la UNA de ¢1.09; en la UNED de ¢1.51, en el TEC de ¢1.87 y en la Universidad Técnica Nacional de ¢0.87; por contraste, en el gobierno central el monto equivalente es de ¢1.04).

Dado que “las universidades pagan al menos 20 incentivos entre sus empleados docentes y administrativos,” haré un breve recuento de sólo algunos de los pluses pagados en cada centro mencionado, específicamente en el artículo citado:
 

UCR: Anualidad del 3.75% por cada año laborado; otro por antigüedad; 30% por dedicación exclusiva; otro 30% por mérito académico y se puede acumular otro 4% por cada paso académico que se obtenga; zonaje por hasta un 39% y, si se desplaza a otra sede de la UCR, puede obtener una bonificación de hasta un 29%. En la UCR la anualidad era antes del 5.5% sobre el salario base, pero, la nueva del 3.75%, aun siendo porcentualmente menor, se calcula sobre el salario base más otros componentes.
 

TEC: Anualidad entre 4 y 6%; 30% por dedicación exclusiva y hasta un 56% por grado académico y “otro porcentaje variable por carrera profesional.” Los rectores reciben un reconocimiento “por su cargo” de 130%, por jefatura y coordinación. La anualidad era antes de un 5.5% y ahora oscila entre un 4% y un 6%.
 

UNA: Anualidad del 4%, entre otros, como, por ejemplo, el de los informáticos de un 15% sobre su salario.
 

UNED: Adicional al salario como reconocimiento por el cargo, que en el caso del rector puede llegar a un 150%.
Universidad Técnica Nacional: Anualidad del 3%.
 

Por supuesto que estos son unos pocos pluses y hay una gran cantidad de ellos y, como dicen, para todos los gustos. Pero todos tienen algo en común: que son privilegios para unos pocos y que son pagados por toda la ciudadanía con sus impuestos.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el regocijo de vivir de la plata de otros

Cuando uno ve limitados sus ingresos, lo que hace es buscar cómo ahorrar gastos.  En el caso de una empresa, si se caen las entradas, para no cerrarla tomará medidas de ahorro en lo que se gasta.  Pero, cuando no hay casi límite a lo que entra de plata, parece que la importancia de la economía en los gastos no importa.  Esto parece reflejarlo una información de La Nación del 19 de diciembre, titulada “Aumento salarial en UCR para 2016 triplica al del sector privado: Rector aprobó alza del 2% para primer semestre del 2016.”

Aquí hay varias cosas que es importante tenerlas presentes.  La primera de ellas es que la inflación durante el 2015, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estadística y Censos (INEC), fue negativa; de un -0.81%. O sea, esto se refleja en un aumento mayor de los salarios reales que de los nominales.  Esto quiere decir que la petición usual de aumentar los salarios nominales para compensar la inflación, no tiene validez en este caso y más bien se da lo contrario.

La segunda es que, dado el gasto dispendioso del presupuesto de la República en la transferencia al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), parece que lo que abunda es la plata. Nada más veamos una secuencia de datos que muestra la enorme transferencia de recursos del estado -fondos de los ciudadanos- para las universidades públicas.  Tomo las cifras del 2014, 2015  y 2016.

Para el 2015, el estado transfirió a las universidades públicas mediante el presupuesto de la República la suma de ₡410.0 miles de millones de colones, resultado del incremento de un 14.2% el monto previo de ₡359.0 miles de millones de colones (esto es, aumentó en ₡51.0 miles de millones de colones). Si a la cifra del nuevo presupuesto se le quita la inflación acumulada del 2015, que fue de un 5.51%, nos da un crecimiento real del presupuesto destinado al FEES de un 9.1%. Se ha señalado que el monto que de esas cifras corresponde a la UCR, debido al número de estudiantes, tamaño, etcétera, es de un 57.79% del total, por lo cual a la UCR le habría correspondido en el 2015 un monto aproximado de ₡237 mil millones de colones.

Para el 2016, la transferencia del estado a las universidades públicas aumentó en ₡30.8 miles de millones de colones; esto es, elevó el presupuesto total por este rubro a ₡440.8 miles de millones; un aumento nominal del 7.51% con respecto al monto del año previo. Pero, como la inflación en el año decreció en un -0.81, el aumento real del presupuesto fue de un porcentaje mayor; aproximadamente de un 8.32%.  Ahora bien, de estas cifras, tal como indicáramos previamente, un 57.79% va a dar a la UCR, lo cual nos da que, para la UCR, el ingreso del FEES para el 2016 se elevó a ₡231.6 miles de millones de colones. En término reales el presupuesto real percibido fue mayor: de ₡233.5 miles de millones de colones.

Con esta abundancia de dinero y con una tasa de inflación negativa, el aumento nominal del 2% para el primer semestre del 2016 de los salarios a los empleados de la UCR, resulta ser muy jugoso en comparación al otorgado al sector privado. Éste, para un período similar, lo definió el Consejo Nacional de Salarios (básicamente el ajuste que determina la inflación), fue de un 0.67%. Es decir, el incremento a los empleado de la UCR es aproximadamente tres veces el de los empleados del sector privado.  

Por supuesto que algunos dirán que qué culpa tienen los empleados de la UCR de que se aumente tan poco a los privados. Pero la realidad de la economía es que la inflación decreció en el año 2015 y que en la empresa privada no existe la abundancia de recursos que suele tener la UCR, en donde las pérdidas que tendría una empresa privada en competencia no existen o son irrelevantes.

El queque estaba servido para el abuso: se tradujo en que el incremento real fuera mayor que el nominal del 2%, pues, en términos del poder adquisitivo, medido por el comportamiento del índice de precios al consumidor, el incremento real en este primer semestre del 2016 fue de un 2.8%.

Aún con esta comilona, el inmoderado sindicato de la UCR (SINDEU) había solicitado un alza del salario nominal de un 3.31% retroactivo a enero del 2010, calculado con base a enero del 2010, que se aproxima a un equivalente de un 4%. Además pidieron un 0.5% adicional para que se construyera un edificio al servicio del sindicato y otro 0.5% más para “la construcción de una clínica de Economía Solidaria, como impulso del apoyo de huelga”, indica La Nación. Con “gran sacrificio”, en mucho porque los empleados de la UCR son distintos a los de la empresa privada según alegaron autoridades universitarias, se terminó negociando un aumento adicional de un 1% en el segundo semestre de este año.  Por supuesto, no hay mejor almuerzo cuando abunda la plata y ésta no parece tener dueño.

Jorge Corrales Quesada

Viernes de Recomendación

Esta semana nuestro país estuvo lleno de entrevistas y debates en cuanto al tema del deficit fiscal y las finanzas públicas. En razón de la importancia de esta temática queríamos compartir con ustedes las mismas.

Por un lado tenemos las entrevistas efectudas en el programa "Hablando Claro", al Diputado Otto Guevara, a la Contralora  Marta Acosta y el economista Luis Mesalles.

Así mismo, les compartimos el debate realizado entre los Diputados Otto Guevara y Patricia Mora en cuando a la educación superior universitaria.