La columna de Carlos Federico Smith: más proteccionismo ad portas

La marea proteccionista no cesa de arribar. Uno puede haberse ilusionado que en cierto momento ella se hubiera detenido, aunque fuera en algún grado, pero la reducción arancelaria, que beneficia a los consumidores, tenía excepciones que se resumen en una desgravación a lo largo de varios (muchos) años. La ilusión es que algún día llegará la hora en que el arancel será sumamente bajo, alentando así a que la competencia externa pueda vendernos productos esenciales más baratos.
 

Es cierto que ya han pasado muchos años desde que se dio el proceso de apertura comercial de nuestra economía, y que aún no se termina el proceso de desgravación, pero, en realidad, la cosa es más grave. Sabemos de la vigencia del proteccionismo a los arroceros, así como también la pretensión -afortunadamente rechazada. En su momento, por el ministerio de Economía- de aumentar el arancel a la importación de varilla de construcción. Ahora, el monopolio doméstico del azúcar (lo llamo así, pues es un cartel que pretende operar como un solo vendedor en el mercado) pide que el arancel proteccionista sea incrementado.
 

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) le pidió al ministerio de Economía (MEIC) que haga un estudio para imponer mayores aranceles a los hoy vigentes a la importación de azúcar -actualmente un arancel de poco más del 45% sobre el precio de importación. En el 2017 ese gremio había solicitado un aumento del arancel proteccionista de un 6.8%, pero el gobierno (siguiendo el camino proteccionista lo aumentó, pero en menos; en un 3.67%). Ahora la LAICA vuelve a las andadas y cabildeos y pretende que el gobierno utilice las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de dumping, con la denomina cláusula de salvaguardia, que no es sino una limitación más a la importación del producto.
 

La cláusula señala que un país puede restringir temporalmente las importaciones de un bien que compite con una producido domésticamente, para proteger a aquel país de un aumento en importaciones que amenace o cause un grave daño a la producción doméstica. LAICA pretende que se aplique esa cláusula para frenar importaciones de Brasil (y tal vez del mercado mundial, pues los precios han bajado) y que luego que se imponga un arancel, definido por el MEIC, que se adicionaría al ya vigente del 45%.
 

El precio del azúcar al consumidor no está fijado por ley, de forma que importaciones a un costo menor (con todo y esos aranceles ya de por sí elevados) le impiden al cartel elevar el precio al consumidor y al usuario doméstico del azúcar.  Es de esperar que, si la fuente de la competencia externa se extingue, primero, con la cláusula de salvaguardia y, luego, con el posterior aumento en el arancel, habrá una reducción de la oferta de azúcar en el mercado doméstico, lo que permitiría elevar su precio.
 

Al momento de la información base que aparece en La Nación del 9 de julio, titulada “LAICA solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado,” el ministerio rechazó tomar la medida temporal de cerrar importaciones, en tanto investiga la acusación de dumping para lo que proceda. Ojalá que, cuando el MEIC tome la opinión de las “partes involucradas,” esté presente el invitado invisible a esas reuniones: el consumidor que debería ser libre de escoger el producto al menor precio posible y con la mejor calidad, sin imposiciones de algún gremio específico que quiere imponérselos a un mayor precio. Después de todo, son los consumidores el objetivo final de una economía: satisfacer sus deseos y necesidad de la mejor manera posible.  Si se remueven los aranceles proteccionistas podremos adquirir una azúcar más barata y de igual calidad, para beneficio de los 5 millones de consumidores.
 

Teniendo en mente las palabras de una escritora, Caroline Breashears, refiriéndose a acuerdos proteccionista con la industria azucarera de su país, y que son perfectamente aptas para nuestra circunstancia, reafirmo que “Los acuerdos endulzados con la industria del azúcar dejan un sabor amargo en las bocas de los consumidores.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado odia la competencia

En especial cuando es competencia para gremios protegidos.  Resulta que el estado fija el precio mínimo y el máximo al cual se puede vender el arroz de esos privilegiados, además de impedir, con un arancel casi prohibicionista, que alguien pueda traerlo más barato desde el exterior y que pueda vendérselo a los consumidores a un precio menor que el que, por arbitrio, el gobierno decidió fijar.

Incluso cuando alguien paga los aranceles de ley y que, aun con ellos incorporados al precio, puede todavía venderlo a los consumidores a precios más bajos que los oficiales, el estado suele intervenir ante denuncias de que el producto importado no satisface otros requisitos, como que contenga ciertas vitaminas o que sea procesado en fábricas de su complacencia y cosas similares y, en especial, ante argumentos de que los bienes se compraron a precios internacionales de dumping. A la vez, cuando alguien pretende vender un producto cuyo precio es regulado; o sea, que lo vendería al mismo precio a como lo vende el productor protegido, pero haciéndolo atractivo al consumidor al darle “gratis” un producto adicional, el estado le prohíbe que lo pueda hacer. Esto es, un importador trae el producto regulado, paga los aranceles usualmente elevados para que no se pueda importar libremente y, aun cuando lo vende al precio oficial, ahora no puede darle al consumidor una regalía al comprar ese producto. El argumento del gobierno para impedir esa práctica es que viola la fijación de precios del grano y, ante ello, modificó el reglamento de fijación de precios para que, a partir del 4 de abril, se prohibiera tal comportamiento en el mercado de consumo de arroz.
 

Se me ocurre pensar que, si un importador le brinda una sonrisa al venderle el producto, si lo empaca en mejores bolsas, si lo vende en locales mejor acondicionados, si le facilita a usted su compra llevándoselo, por ejemplo, a su casa o bien entregándole un cupón para que participe en una rifa de un viaje a la Cochinchina, el protegido podrá argüir que esas prácticas van en contra de la competencia -competencia desleal, suelen llamarle, aunque la única lealtad que exhiben es para obligarle a usted a tener que comprarle sólo a ellos- y el estado actuará, en consecuencia, para prohibirlas.
 

Sabemos lo dañino que es el proteccionismo en el caso del arroz. Para fortuna nuestra, tal política está siendo seriamente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese privilegio ha permitido que haya una gigantesca transferencia de ingresos, de un pueblo que es medianamente pobre, hacia unos pocos poderosos y ricos productores nacionales de arroz. El bandeo, como se le llama a la práctica antes mencionada de dar un obsequio al consumidor, ciertamente facilita que el producto se venda más barato a los consumidores, aun cuando sea una práctica ineficiente, comparada con que una en donde hubiera libertad para vender el arroz importado más barato. Con el bandeo se “tiene” que llevar la regalía, pudiendo el consumidor estar mejor si no tuviera que llevarla -tal vez sin voluntariamente desearla- y simplemente si pudiera comprar más barato el producto. Pero, el estado no puede permitir que sus protegidos no prosigan explotando a los consumidores.
 

Así, no es de extrañar que el gremio protegido “presione” para que dicha práctica se frene y que el gobierno acceda a su petición.  Eso es esperable: por una parte, el beneficio para los relativamente pocos empresarios protegidos es sumamente elevado, en tanto que el costo para el consumidor es, para cada uno de ellos en particular, relativamente bajo (aunque no dude que, entre más pobres, el peso relativo es mayor, pues el arroz forma una parte más significativa de los presupuestos de los hogares pobres). Por otra parte, esa concentración del beneficio tan grande para unos pocos se da cambio de algo para los políticos que lo otorgan: tal vez un apoyo sustancial en procesos electorales; esto es, aportar a campañas en donde se reelijan a quienes otorgaron la protección.  Es un resultado esperable entre el costo del “apoyo” y el enorme beneficio que reciben los protegidos. Eso suele suceder en el proceso político de otorgar protección ante la competencia: un intercambio de “favores” o de “servicios”.
 

Lo único que acabaría con este problema es si se eliminan los aranceles proteccionistas, que haya libertad plena para competir, no sólo en el precio, sino en las diferentes características que suelen incorporarse en las transacciones libres de bienes entre personas. La distorsión en el mercado no es el “bandeo”, sino la práctica proteccionista del estado a grupos de privilegio en contra de los consumidores.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: bofetada a los más pobres

Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.

La columna de Carlos Federico Smith: ¿Cómo que casi no hay?

Preguntado por el periodista de La Nación si había una posibilidad de reducir los aranceles para enfrentar el aumento internacional de las materias primas, el vicepresidente Luis Liberman respondió: “casi no hay” materias que pagan aranceles. (Ver La Nación del lunes 21 de febrero del 2011, página 24A).

Por supuesto que no se debe contemplar sólo las materias primas que pagan aranceles a las importaciones, sino que también es necesario señalar que hay muchos bienes terminados que aún son objeto de una significativa protección arancelaria. El tema no debe circunscribirse a la circunstancia del momento de un fuerte aumento en los precios internacionales de la materias primas. También es hora de que el vicepresidente Liberman responda a los intereses de los consumidores. Estos, posiblemente producto de la voracidad fiscal del gobierno, son víctimas de su decisión de gravar incluso bienes vitales dentro de la dieta y el presupuesto de los hogares más pobres del país. Pero también es importante destacar que ese proteccionismo permite que haya un tipo de cambio inferior en el mercado del que habría sin tales aranceles. Es decir, sin tales aranceles el tipo de cambio del colón con respecto al dólar reflejaría mejor su verdadero valor. Ello daría algún alivio para el sector exportador que ha encarado una fuerte revaluación del colón durante los últimos tiempos.

Como don Luis, quien uno asume es conocedor de la situación arancelaria del país -y, si no lo es, puede preguntarle a doña Anabel González, quien sí sabe de estas cosas- dice que son pocas las materias primas gravadas con aranceles, me voy a permitir hacer una pequeña y representativa lista de ellas, pues en verdad son muchas las materias primas hoy gravadas. Y, además, pensando en el interés de los consumidores, principalmente los de menores ingresos, me permito agregar a esa lista algunos pero muy importantes bienes finales que hoy pagan un arancel.

Al arroz terminado que se importa se debe pagar un arancel de cerca del 100%. Este arancel se usa para subsidiar a un grupo muy reducido de productores. El arroz, junto con los frijoles, equivale a más de un 30% del gasto familiar de los grupos de ingresos más bajos (¡Hablemos de justicia social!).

Si quiero importar leche, sólo en lo referente al arancel, tendría que pagar casi el mismo precio que pago por el bien. Es decir, ronda en alrededor de un 100%. Esto se hace para proteger un monopolio. La leche es un sector en que hay una muy clara falta de competencia que permita algún grado de ventaja para los consumidores, quienes hoy posiblemente pagan el doble de lo que podrían pagar si no existiera tal barrera arancelaria.

Pero también los quesos, la natilla y el yogurt, tanto para consumo final como para el industrial, pagan aranceles. En general, todos los derivados de lácteos están sujetos a un fuerte arancel. ¿Será que don Luis no se ha dado cuenta de esto?

Y del pollo qué podemos decir. También el impuesto que paga la carne de pollo importada se aproxima a un 100%. El consumidor así posiblemente tiene que pagar el doble por la carne de pollo en comparación con un situación en que pudiera importarlo sin pagar esos aranceles.

Algo parecido sucede con la carne de cerdo y de res y con todos los llamados derivados cárnicos. Si don Luis no me lo cree, puede preguntar en el Ministerio de Comercio Exterior, en donde con gusto creo que le suministrarán los datos exactos.

No debemos olvidar el precio del azúcar que pagamos los consumidores. Y de una vez les advierto acerca de lo que va a suceder ahora que está subiendo el precio internacional del azúcar. Pronto habrá presiones para aumentarle el costo al consumidor nacional. La razón para tal solicitud es que, si no aumenta el precio interno, habrá un gran "contrabando" hacia el exterior. Eso podría ser cierto, pero ¿por qué cuando el precio internacional era relativamente más bajo que aquí (incluso los es hoy en día), no se nos permite a los consumidores, tanto finales como industriales, conseguirlo a esos menores precios? Esta es una de la formas más amargas en que se daña el bienestar general por promover el interés de algunos. ¿Hará don Luis algo para lograr que la competencia beneficie a los ciudadanos costarricenses? Francamente, lo dudo…

El maíz blanco también paga aranceles cuando se le importa. También la zanahoria en polvo y en escamas, así como el puerro en polvo y en escamas; asimismo el sazonador, la pimienta, el perejil, el ajo en pasta y el apio en polvo, como los anteriores pagan aranceles de un 15%.

¿Quieren más? Verán que no “es que no hay” productos con aranceles, sino que no se quiere ver o se hacen los majes. El café en grano, las manzanas en cubos deshidratadas, las preparaciones con base en lácteos para usos en snacks, galletas, cereales, productos a base de huevo, edulcorantes, sales, especias, sopas, salsas, ensaladas, productos proteicos, formulas infantiles, bebidas de todo tipo, miga de pan, empanizadores, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación, cebolla granulada, huevo congelado, pasta de cacao desgrasada y sin desgrasar, manteca, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo sin azúcar, todos tienen aranceles. Y sigo: jamaica molida, pimienta blanca molida, paprika en polvo, pimienta blanca entera, pimienta negra triturada, chile picante en polvo, chile dulce rojo, pimentón dulce en polvo y la linaza, sufren gravámenes (aranceles) al importarlos.

Y no voy a dejar de lado a la papa: tanto la fresca para ser adquirida por los consumidores finales como para las empresas que la utilizan para industrializarla. Ya sabemos del proteccionismo que se le brinda

Me aburre seguir señalándole a don Luis Liberman que no es cierto lo que él dice de que son pocos los bienes que pagan impuestos al importárseles. Más bien son muchos, pero muchos. Y gravan no sólo bienes que el consumidor final utiliza, encareciendóselos en beneficio de unos pocos, sino también a materias primas que utiliza nuestra industria de transformación hacia bienes finales, que también el consumidor alternativamente podría adquirir más baratos. En síntesis: se trata de un gobierno que piensa en hacer plata a costas de los consumidores y de paso proteger a unos pocos para que puedan enriquecerse a costas de los consumidores, no por la eficiencia que se logra bajo competencia, sino por la protección monopolística que se les brinda. Todo muestra la insensibilidad del gobierno hacia el logro del bienestar de los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un arroz que sigue amargo

El proteccionismo arrocero sigue siendo noticia en nuestro país. Ciertamente, los protegidos conforman un gremio muy poderoso e influyente, pues tras muchos años de tratar de que ese crucial alimento de la mesa del costarricense no nos costara más que los que se pagaría con un mercado sin interferencias -esto es sin protección arancelaria- obtuvieran un éxito reciente al lograr que una jueza contencioso-administrativa les diera la razón ante el intento del Gobierno de bajar el precio del arroz en cien colones. Este fallo pone en evidencia que el problema debe enfrentarse de una vez por todas, a fin de acabar con la enorme transferencia de recursos que hacen los pobres consumidores hacia unos pocos productores protegidos, que se han enriquecido de más gracias a políticas gubernamentales consentidoras.

Ante la queja de muchos países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que el Gobierno costarricense terminara con su subsidio a la producción doméstica de arroz, la actual Administración propuso que se elevara el rendimiento requerido de la producción de arroz nacional. Con ello se esperaba una reducción del precio fijado al consumidor costarricense cercana a los cien colones, disminuyendo así el subsidio del cual se quejaban aquellos otros países productores. Pero la jueza decidió que esa medida administrativa del Ministerio de Comercio no cumplía con la legalidad -según el fallo, casi que la medida era un abuso de parte del Estado- lo que significa que ahora tan sólo se podrá reducir el precio al consumidor en cincuenta colones el kilo.

La Ministra de Comercio Exterior, doña Anabelle González, señaló la gravedad del problema y agravio que se le hace al consumidor costarricense, al señalar que en Costa Rica el precio del arroz era el sexto país más caro del mundo y que el abuso se reduciría parcialmente si, para efectos de la fijación del precio de sustentación, se obligaba a que el productor nacional fuera más eficiente.

En cierta manera esta es una vieja estrategia utilizada en el pasado para tratar de disminuir el impacto dañino que el proteccionismo tiene sobre el consumidor. Se puede considerar que, si se eleva la productividad doméstica, conceptualmente el país puede competir mejor ante la producción externa, al reflejarse en menores precios para el consumidor. Pero la realidad es que posiblemente aún con los nuevos requisitos de productividad propuestos, el consumidor nacional seguiría pagando precios más altos que los que podría obtener si se importara el arroz sin aranceles proteccionistas.

Aún cuando se dé una fijación de precios domésticos basada en cierta productividad “relativamente” baja, en tanto que haya otros productores que tienen una rentabilidad relativamente mayor, el proteccionismo arancelario significará que persista un subsidio hacia estos en detrimento de los consumidores nacionales. Tan es así ello que traigo a colación como en el pasado, en el caso de la fijación de precios de sustentación al productor de maíz (esto es, un precio mínimo garantizado), los grupos de presión se organizaban para que el Estado costarricense, por medio del difunto Consejo Nacional de Producción, adquiriera cualquier producción al precio garantizado al productor, el cual se fijaba con base en la productividad (menor) de los más pequeños. El problema se evidenciaba al fijar el estado el precio de sustentación, pues los productores grandes relativamente más eficientes “apoyaban” de muy distintas maneras a los productores pequeños relativamente menos eficientes, para que fuera ésta la productividad que se tomara en cuenta para la fijación del precio de sustentación. Por supuesto, con ella los grandes -con mayor productividad que los pequeños- tendrían un mucho mayor margen de ganancias.

La solución que el Gobierno pretendió poner en práctica en verdad contribuiría a mejorar el desorden actual. Incluso si se elevara la productividad usada para fijar el precio de venta al consumidor a un nivel lo suficientemente alto, podría, sin arancel, competirse ante la producción externa y acabar así de cuajo con el daño del proteccionismo. Pero esta idea se la trajo abajo una jueza -por las razones que sean- y ello asegura que el desorden y el perjuicio al consumidor se perpetúen. Pero hay una idea que ojalá el Gobierno se atreviera a tomar (y que incluso sería ahora muy útil para disminuir la presión experimentada de la revaluación del tipo de cambio del colón ante el dólar): reducir radicalmente la protección arancelaria actual al arroz, que creo anda en alrededor de un 100%. Así cumplimos con nuestras obligaciones ante la OMC y reducimos los altos costos del arroz que afecta principalmente a los consumidores relativamente más pobres del país. Así no habría jueza que eche a perder las buenas pero tal vez ilegales intenciones de los funcionarios del gobierno.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: los estafadores de la industria local

Con cierto aire folklórico, una corriente emotiva se ha terminado convirtiendo en una cuasi ideología. Movimientos que se ufanan de su nacionalismo, de preservar las tradiciones y fortalecer la historia doméstica se han encargado de servir de plataforma a una de las mayores estafas de este tiempo.

Un grupo de pillos, de rufianes oportunistas, se abusan del sentido de pertenencia que cualquier territorio genera a su alrededor. Ellos han exacerbado el sentido de lo local para transformar esa visión en algo así como una escala de valores que les resulta más que funcional a sus intereses económicos.

Han logrado construir una fantasía con cierta verosimilitud que solo cabe en la mente de los incautos y desprevenidos. Es que se trata de una casta de aprovechadores profesionales que han convencido a propios y extraños de que proteger la industria local implica salvaguardar el bien común, que la política debe generar espacios para favorecer a los de adentro y evitar que los de afuera hagan de las suyas.

Se ocupan de promover normas que favorezcan el compre local, las industrias del lugar. Dicen que debemos cuidar todo lo de adentro, para despotricar contra lo foráneo, induciendo a simplificaciones que hacen que lo propio sea bueno, y lo de afuera sea malo. Solo buscan protección, privilegios, prebendas, favores públicos, que hagan que sus emprendimientos sean viables, que haga rentables segmentos que no lo son.

Han construido un razonamiento que parece sostenible. Quieren que la industria local florezca, para mantener los puestos de trabajo y la actividad económica del lugar se revitalice dando oportunidades a los de adentro. Suena romántico y convocante.

Pero lo que no aclaran es quienes pagarán esa “fiesta”, quienes sostendrán su circo inmoral. Pretenden protecciones porque son ineficientes, porque quieren desarrollar actividades que no pueden sobrevivir sin subsidios, sin privilegios, sin apoyo estatal, ventajas impositivas o castigos vía barreras para los que vienen de afuera. Se trata, según ellos, de impedir que la competencia foránea ingrese al mercado local, destruyendo la industria del lugar y provocando perdidas de empleo.

Aspiran a tener protección, ganar dinero sin tomar riesgos, que el Estado les garantice rentabilidad para hacer un negocio seguro, que no dependa de los vaivenes del mercado. Lo que no quieren es competir, desean un monopolio apoyado desde el Estado y con una gran mística periférica que haga que la gente los avale, que la política los sostenga.

Tampoco hablan de las consecuencias de su pseudo ideología. Aspiran a que alguien los subsidie, que financie las ineficacias de su negocio, su aventura empresarial, socializando las perdidas y privatizando sus ganancias.

La sociedad se obliga a pagarles sus deficiencias, vía impuestos, endeudamiento o cualquier retorcido método que posibilite la transferencia desde el sector privado, de los que trabajan para ganarse su salario, de los que desempeñan su oficio, hacia los que parasitan desde las oficinas públicas imponiendo regulaciones o desde los sectores prebendarios, promoviendo ventajas que solo le resultan convenientes a ellos mismos. Saben lo que hacen, se escudarán en la sensiblería de los puestos de trabajo, de favorecer lo propio, y de ayudar al crecimiento local. Todos argumentos que apuntan al corazón, a la emotividad, pero pocas veces a la razón.

Para que sus empresas ineficientes sean viables, la sociedad toda deberá aportar la diferencia y hasta la ganancia. Esos recursos no pueden tener otro origen que cada individuo, que resignará su propio consumo, el que hubiera elegido en libertad, para destinar esos dineros al “estafador” y los supuestos ideales románticos que defiende.

Pero no se agota allí la historia, no se trata solo de las exenciones impositivas, los regímenes privilegiados, las subvenciones otorgadas, sino también del cúmulo de regulaciones que lo favorecerán para impedir que sus competidores ingresen al mercado. Todas esas reglas “hechas a la medida”, evitarán que quienes pueden ofrecer un mejor producto, más barato, en mejores condiciones, no lo consigan. Para ello, lobby mediante, el “protegido” empresario local, conseguirá que las normas castiguen económicamente a quienes insistan en ofrecer sus productos desde afuera. Le impondrá barreras arancelarias que impidan la competencia, restricciones formales que hagan que sus intentos no estén contemplados por las reglas domesticas. Todo tipo de escollo sirve al loable fin que intentarán defender con uñas y dientes.

Pero los consumidores locales tendrán que abonar un precio más alto por un servicio por el que optan acorralados por las reglas artificiales obtenidas bajo el amparo de la influencia del “afortunado”. Para abonar ese sobreprecio del proveedor local, los clientes del lugar tendrán que privarse de consumir otros bienes, reduciendo su capacidad de compra. El fin justifica los medios dirá la caterva de aduladores que rodea al privilegiado y sus “convenientes” aliados. Para ellos no tiene mucha importancia que el consumidor local pague más, después de todo se trata de ayudar a los empresarios locales, fortalecer el mercado interno y preservar el empleo de los lugareños.

Lo que nuevamente no dirán es que el dinero que el consumidor local utilizó para pagar el sobreprecio de esta prebenda, solo puede explicarse al privarse del consumo de otro bien. Es en esa otra actividad, en ese otro sector, donde el cliente local no podrá poner voluntariamente su dinero y por lo tanto habrá hecho desaparecer sin intención a otra actividad, en este caso sin protección.

Los genuinos empresarios locales, esos que no gozan del calor del poder, serán los primeros perjudicados. Ellos y sus empleados, que son los que realmente perderán puestos de trabajo pero sin tanta trascendencia, de modo progresivo, casi en silencio. Es que los “privilegiados de siempre” saben invertir su tiempo en hacer lobby, en traficar influencias, en convencer políticos y aportar argumentos al debate social, para ponerse a la gente de su lado.

Los verdaderos emprendedores, los que pelean cotidianamente en el mercado sin protección alguna, más que la de prestar el mejor servicio, ofrecer el mejor producto, al precio más bajo posible, con el menor margen que pueda darle viabilidad a su negocio y lidiando con los competidores a diario, ellos, no tendrán defensores en la lucha. Al contrario, pagarán el costo de este engendro, con menos empleos, con una inferior ganancia, en una verdadera competencia desleal, desde otros sectores de la economía.

En economía no se puede hacer magia. Las soluciones las provee un marco normativo transparente, donde los empresarios toman riesgos, se dedican a hacer lo que saben hacer, y subsisten solo si son elegidos por sus clientes todos los días, con claros incentivos perdurables en el tiempo, esos que solo provee el mercado, para ofrecer el mejor producto, al menor precio, desde la óptica de quien lo consume.

Cuando las empresas, ya no toman riesgos, e invierten tiempo en recorrer pasillos de oficinas públicas, la ciudadanía toda habrá perdido, porque pagará la nueva parodia con sus propios ingresos, abonando en el mercado local precios irreales.

Si no entendemos que detrás de cada idea retorcida de estas que pretenden cuidar lo propio, existen mas problemas que soluciones, más daños que beneficios, y sobre todo perversos intereses parciales que solo desean alimentar sus propias ineficiencias frente a la incapacidad de superar a sus competidores, estaremos transitando un camino sin retorno, ese que nos proponen los estafadores de la industria local.

Alberto Medina Méndez

A las puertas de la gran guerra comercial

Hace ahora algo más de un año advertíamos de que la crisis financiera y económica podría acabar transformándose en una guerra comercial de imprevisibles consecuencias para la economía mundial. Desde entonces, dicho riesgo no sólo no se ha atenuado sino que está más presente que nunca. La guerra de divisas en la que están inmersas las principales potencias del planeta amenaza con levantar nuevas barreras arancelarias no vistas desde la Gran Depresión de los años 30.

En 2009, al menos 17 de los 20 países más ricos del planeta pusieron en marcha nuevas barreras proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales de la competencia exterior, según el Banco Mundial. Esta tendencia ha seguido creciendo en 2010. Así, el último informe al respecto, el denominado Global Trade Alert, pone de manifiesto que, pese a la recuperación del comercio internacional, la mayoría de los gobiernos han seguido implantando medidas proteccionistas tales como la concesión de subsidios públicos y acceso a créditos baratos. Dichas medidas, sumadas a los rescates y las multimillonarias ayudas públicas inyectadas a determinados sectores “estratégicos”, han conformado las conocidas “políticas de promoción exterior” que, en esencia, generan graves perturbaciones en el comercio internacional.

Excluyendo las rebajas y exenciones tributarias, este tipo de políticas suponen un atentado directo contra el libre mercado, pero, al menos, hasta ahora muy pocos gobiernos se habían atrevido a imponer subidas arancelarias y nuevas tarifas con el fin de frenar la llegada de importaciones a sus respectivas economías domésticas. Sin embargo, este escenario de preguerra comercial se ha visto agravado en los últimos meses mediante la intervención directa en los mercados de divisas con el fin de aplicar devaluaciones monetarias. La caída deliberada del dólar ha disparado todas las alarmas, y ahora países emergentes y grandes potencias pugnan entre sí para envilecer sus monedas o, como mínimo, frenar su apreciación respecto al dólar. Por el momento, Japón y los emergentes asiáticos y latinoamericanos están tomando ya medidas en este sentido.

De hecho, algunos gobiernos ya han decidido imponer controles a la entrada de capitales foráneos mediante subidas fiscales para debilitar sus divisas. Por desgracia, esto es tan sólo la punta del iceberg. Esta guerra de guerrillas, centrada en la adopción de un amplio abanico de medidas indirectas para impulsar las exportaciones y reducir las importaciones, está ya a las puertas de convertirse en una guerra comercial pura y dura a nivel mundial.

El arma ya está encima de la mesa y el objetivo, marcado. El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado la denominada H.R. 2378 Currency Reform for Fair Trade Act, una norma destinada a imponer altos aranceles a todas los productos provenientes de aquellos países que hayan manipulado a la baja sus divisas, en una clara e inequívoca referencia al yuan chino. Y ello, basándose ni más ni menos que en la histórica Tariff Act of 1930, más conocida como la Smoot-Hawley Tariff, surgida poco después del crack del 29.

Esta medida elevó los aranceles de Estados Unidos a los niveles más altos de la historia contemporánea con la excusa de proteger a los agricultores nacionales, uno de los grandes sectores “estratégicos” por entonces, pero que se fue extendiendo progresivamente a casi todos los sectores productivos del país. Su objetivo perseguía mejorar la producción interna a expensas de empobrecer al vecino. Y así fue. Tras Washington, todas las grandes potencias imitaron la misma estrategia.

Como resultado, esta política contribuyó a reducir drásticamente el comercio mundial: las importaciones procedentes de Europa cayeron desde los 1.344 millones de dólares en 1929 a tan sólo 390 millones en 1932; mientras que las exportaciones de EEUU a Europa pasaron de 2.341 millones a 784, respectivamente. ¿Resultado? El comercio mundial se hundió cerca de un 66% entre 1929 y 1934, provocando además graves tensiones políticas y diplomáticas.

La nueva estrategia de EEUU contra China supone un auténtico suicidio. La norma, pese a haber obtenido el visto bueno de Congreso, está a la espera de ser aprobada definitivamente. Por el momento, tan sólo ha sido expuesta a modo de amenaza directa para presionar a China a revaluar su moneda. La cuestión es... ¿y si Pekín no da su brazo a torcer? Algo similar sucedió con Japón en los años 80, tras los denominados acuerdos del Plaza. Desde entonces, el dólar se ha hundido un 70% respecto al yen y, curiosamente, el déficit comercial entre EEUU y Japón ha permanecido casi intacto. El problema es que China is different, sus relaciones diplomáticas son muy distintas a las niponas. Sin duda, de aplicarse esta norma, supondrá la mayor amenaza para el comercio mundial y la seguridad internacional desde la caída del mundo bipolar propio de la Guerra Fría.

Manuel Llamas

Empieza a regir el TLC

En ASOJOD queremos anunciar con alegría una buena noticia: a partir de hoy empieza a regir el TLC con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Después de muchos años de trabajo duro, negociaciones, esfuerzos, dificultades y hasta procesos electorales que lo definieron, Costa Rica da un buen paso hacia la senda de la libertad comercial con este tratado. Estamos concientes de que falta mucho camino por recorrer y que el aumento de la libertad depende de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros como ciudadanos para articular nuestras demandas y nuestros recursos de poder.

Ahora miles de consumidores y productores podrán verse beneficiados por más empleos, productos más baratos, competencia en servicios, mejores precios y más oportunidades para el desarrollo. Esperemos que lo que nuestro gobierno ha logrado con la mano no lo borre con el codo, máxime en esta época de crisis, donde pareciera que las puertas para las ideas estúpidas, irresponsables y populistas se empiezan a abrir.

Enemigos del comercio

Las diferencias entre las personas en cuanto a aptitudes, vocaciones y productividades permite que cada uno se dedique a diversas actividades y, a su vez, eso hace posible la cooperación social a través de las transacciones comerciales. Se entrega lo que la persona considera tiene menos valor respecto a lo que recibe de otro y, en sentido inverso, eso ocurre con la otra persona en la transacción de marras. En otros términos, por la razón apuntada, en los intercambios libres y voluntarios ambas partes ganan, lo cual, a su turno, significa que la riqueza se ha revalorizado y en esto reside el progreso.

Pero henos aquí que irrumpen megalómanos del aparato estatal que ponen palos en la rueda y tratan de manejar precios, márgenes operativos, cuotas, barreras aduaneras y todo tipo de atropellos a los derechos de propiedad que perjudican gravemente el proceso anteriormente descrito. Estos son energúmenos que no producen nada sino que, como queda dicho, obstruyen y se quedan con tajadas crecientes de lo producido por otros. No se limitan a recaudar para proteger derechos sino que todo lo invaden y lo distorsionan.

En estas líneas quisiera centrar la atención en el comercio que tiene lugar entre empresas y personas ubicadas en distintos puntos del planeta y que son obstaculizadas en sus transacciones por disposiciones gubernamentales que se suelen denominar tarifas aduaneras. Es increíble que a esta altura de los tiempos después de tanto esfuerzo para reducir fletes terrestres, aéreos y marítimos resulta que cuando el producto llega a la aduana se contrarrestan esos progresos y se retrotrae la situación a la época de las cavernas debido a las susodichas tarifas aduaneras que elevan innecesariamente los costos.

Pues bien, por increíble que parezca, hay quienes sostienen que dichas barreras al comercio son beneficiosas porque "protegen la economía local"(sic). Semejante desatino pasa por alto que cuando se incrementa artificialmente el costo en la aduana las erogaciones por unidad de producto se elevan, lo cual naturalmente significa que la productividad cae que, a su vez, conduce a que la cantidad de productos disponibles se contrae y, consecuentemente el nivel de vida se reduce. Es lo mismo que lo que ocurre en la familia. Cuando los ingresos disponibles deben destinarse a productos mas caros, estos serán menores en su cantidad o calidad (o las dos cosas a la vez), lo cual empobrece a la familia.

Las importaciones constituyen la otra cara de la moneda de las exportaciones, del mismo modo que las compras dependen de las ventas. Cuando se vende al exterior ingresan divisas lo cual hace que su mayor oferta las torne mas baratas, cosa que permite comprar del exterior a menor precio. Pero, a su vez, esto último encarece la divisa, lo cual torna mas atractiva la venta al exterior y así sucesivamente. Al limitarse las importaciones se restringe la demanda de divisas, situación que perjudica a los exportadores puesto que obtendrán menores ingresos por sus productos. En verdad, las exportaciones constituyen los costos de las importaciones, del mismo modo que la venta de nuestros servicios profesionales o la venta de los productos que fabricamos es el esfuerzo en el que debe incurrirse para poder adquirir lo que necesitamos. Lo ideal para todos sería poder adquirir lo que deseamos sin necesidad de incurrir en los costos de producir y vender algo, pero esto significaría que otros nos estarían regalando los bienes y servicios que requerimos. Lo mismo ocurre en el comercio internacional, con la única diferencia que los interlocutores están mas alejados entre sí.

Las tarifas y barreras aduaneras de diverso tipo ponen de manifiesto que aún no hemos entendido que resulta mejor comprar más barato y de mejor calidad que más caro y de peor calidad. Cuando se alude al “proteccionismo” en realidad se desprotege a la gente que se ve obligada a desembolsar mayores porciones de sus ingresos para obtener una cantidad menor de bienes. Las llamadas integraciones regionales de la actualidad revelan que aun no se han comprendido las ventajas de integrarse con el mundo.

Cuando se dice que la integración es un primer paso en esa dirección no parece percibirse que muchas veces es un primer paso en la dirección opuesta ya que los aranceles aduaneros del conjunto muchas veces significan, para ciertos países miembros del bloque, retrocesos respecto de las situaciones tarifarias antes de implantarse la integración. De todas maneras, el léxico militar utilizado como si se tratara de ejércitos de ocupación: “conquistas de mercados”, “invasión de productos” y demás parafernalia, revela que no se han entendido las ventajas del librecambio como para adoptar ese meta y dejar de lado pasos y etapas que no son mas que burdos pretextos para negociaciones inconducentes que pretenden ocultar la manifiesta incomprensión respecto del comercio libre. Al insistir que se trata de un primer paso —que ya viene durando mas de tres siglos desde que expusieron la idea los economistas clásicos— se pone en evidencia que la razón por la que no resulta posible ir al último paso es debido a que aún no se han entendido las ventajas de abrir paso al comercio libre, a lo que se suman los intereses subalternos de empresarios prebendarios que sacan tajadas ilegítimas para engrosar sus bolsillos.

Si no fuera por los aranceles aduaneros no habría tal cosa como contrabando que, en última instancia, no es más que el sustituto del comercio libre y no se limitarían los beneficios de la tontera de los “free shops” que tanto encandila a turistas que no siempre son capaces de articular el sentido de esos islotes que graciosamente concede la autoridad, en lugar de ampliar la idea a todo el país. Los oficiales de aduana apuntan a una de dos cosas o las dos simultáneamente: al cohecho o al insolente revisar valijas y efectos personales para cubrirse de la posibilidad de que se ingresen bienes más baratos y de mejor calidad, lo cual "perjudicaría a los compatriotas" (?).

Aún estamos rodeados de demasiados enemigos del comercio que, entre otras muchas cosas, perjudican a los mas necesitados. Es sabio el proverbio chino que reza así: “si quieres ayudar a un necesitado no le entregues un pez, enséñale a fabricar una red de pescar”. En este sentido, el eje central para ayudar a los necesitados consiste en explicar y difundir las ventajas de la sociedad abierta. El comercio —una de las bases de la cooperación social— permite ayudarse a uno mismo, al tiempo que hace bien a los demás en un clima en el que se abren las compuertas de par en par a las múltiples obras de filantropía dirigidas a quienes están imposibilitados de manejarse por sus propios medios en la vida.

Tal como resume Alfred Whitehead en Adventures of Ideas: “El intercambio entre individuos y entre grupos sociales es de una de dos formas, la fuerza o la persuasión. El comercio es el gran ejemplo del intercambio a la manera de la persuasión. Las guerras, la esclavitud y la compulsión gubernamental es el reino de la fuerza”.

Hoy preocupa el incremento en los precios de los alimentos sin prestar la debida atención a las razones centrales del aumento. Dejando de lado causas naturales como la sequía en Australia y la irrupción de la población de la India y China en el mercado, las razones artificiales son de mucho mayor peso.

Esto es así debido a los caprichosos decretos gubernamentales para frenar los enormemente beneficiosos transgénicos, la manía por cargar los alimentos con una maraña de impuestos y reglamentaciones inauditas, los subsidios a emprendimientos antieconómicos, las barreras aduaneras, la implantación de cupos absurdos, permisos, certificados, cortapisas y trabas burocráticas y demás embrollos y parafernalia estatal que no permite asignar eficientemente los factores productivos y, consecuentemente, los encarece de modo innecesario.

Curiosamente el presidente de México y el de Nicaragua acaban de recurrir a idénticas palabras para aludir a la situación alimentaria del momento. Como una gran concesión humanitaria declararon que “con carácter transitorio y como una medida de emergencia” (sic) dejarán sin efecto algunos aranceles a la importación de alimentos. Sería de gran utilidad que esos gobernantes y muchos otros del planeta tuvieran en cuenta que la politización de estos delicados asuntos no constituye la solución sino que allí precisamente estriba el nudo del problema y que también prestaran la debida atención a lo dicho por el premio Nobel en economía Milton Friedman: “si a los gobiernos se les diera la administración del Sahara, pronto se quedaría sin arena"

Alberto Benegas Lynch

Ecuador: Economistas con malas ideas

Mientras que la tendencia mundial y en Latinoamérica es de abrirse al mundo en Ecuador hemos impuesto aranceles más altos a 567 partidas (más las 262 que podrían añadirse a la lista esta semana).1 El Presidente dice que este proteccionismo es necesario para “promover la base productiva y el empleo nacional”.2

El periodista económico francés, Frederic Bastiat decía que “Solo hay una diferencia entre un economista malo y uno bueno: el economista malo se restringe al efecto visible [de las políticas públicas]; y el economista bueno toma en cuenta tanto el efecto que puede ser visto como los efectos que deben ser previstos”.3

Creer que aumentar las barreras a las importaciones fomenta la producción nacional y el empleo nacional es el diagnóstico de un economista que solo se fija en lo visible. En cambio, entender que esto (1) suele resultar en una reducción neta de empleos debido a que reducirá el poder de compra de los consumidores y por lo tanto la demanda de bienes y servicios; y, que (2) suele generar empleo en las industrias protegidas a costa del empleo que se hubiese generado en las industrias no protegidas, que si podían competir bajo un régimen comercial abierto, es el diagnóstico de un economista que se fija en lo visible y en lo invisible.

Aún en el caso de que se de un aumento neto en el empleo en el corto plazo, no nos olvidemos de que el objetivo de un gobierno que “si sabe de desarrollo” (según lo dijo el Presidente) debería ser aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual no necesariamente es lo mismo que aumentar el empleo. Si fuese lo mismo valdría prohibir el uso de las cosechadoras de arroz creando inmediatamente por lo menos 300.000 empleos (lo que se ve). Lo que no se ve, sin embargo, es que al crear esos empleos se eleva el costo de producción, perdiendo competitividad y castigando a los consumidores.

La apertura comercial es buena para mejorar las condiciones de vida, sobre todo en el caso de los países mas pequeños. Es así que en 1973 Chile redujo drásticamente el arancel promedio de 90% hasta llegar a una tasa promedio de 10% (luego 6%), estrategia que al ser combinada con la firma de acuerdos comerciales ha resultado en un arancel efectivo real de 2,4% en 2004.4 Al parecer no estaban equivocados puesto que han reducido la pobreza de 38,6% de la población en 1990 a 13,7% hoy.5 Y, si se trata de reactivar la producción nacional, abriéndose unilateralmente al resto del mundo a principios de los setentas, pasó de tener solamente 208 empresas que exportaban aproximadamente 412 productos hacia 60 países en 1970 a tener 5.666 empresas que exportaban 3.749 productos a 166 países en el 2003.6

Todo ciudadano que ha producido o comprado un producto debería tener el derecho de usarlo o de transferirlo a cualquiera que, alrededor del mundo, esté dispuesto a darle a cambio algo que desee. Quitarle ese derecho cuando no ha causado algún daño público y cuando solo se lo priva de ese derecho para beneficiar a otro ciudadano, sería legitimar un acto de saqueo e injusticia, y cuando se trata dizque de optimizar el uso de las divisas no olviden que los dueños del dinero son los ciudadanos y no el estado.

Por Gabriela Calderón