Desde la tribuna: ¡desastre en la Asamblea Legislativa!

No me refiero a las renuncias engañosas y a otros zafarranchos acaecidos sino a falta de consistencia, violación evidente de los principios básicos y atentado contra el sistema republicano y el sistema democrático.

Dicen que por la boca muere el pez. Todavía recuerdo el abuso de presupuestos públicos (actividad originada en universidades públicas, financiadas con recursos de todos, dirigida contra el TLC) y dentro de ello la publicación de un folletín, por parte de la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presentado por el “rector de la patria y el pueblo” y realizado por el actual presidente de la Asamblea Legislativa. Su académico título es “25 Preguntas y Respuestas sobre el TLC (Para que no lo agarren de chancho)”. Es una obra de antología, que sirve para ver cómo piensan y actúan algunos.

Dentro de lo curioso del asunto, haciendo de lado la parcializada interpretación de hechos y textos (solo justificada en la innegable ignorancia acerca de principios de interpretación y lectura adecuada de textos), está el constante recurso a frases y posturas relativas al “ético desempeño de la Asamblea Legislativa”, al peligro de la “inseguridad jurídica”, al “valor de la Constitución” (a la cual hay que evitar violentar) y al “asalto al Estado de Derecho”.

Digo yo que, para verdades… el tiempo. Quienes osamos estar a favor de la libertad, promover el libre comercio, buscar la apertura comercial, denunciar el abuso de los monopolios y denunciar gollerías y estatismo, fuimos acusados de mil mentiras y víctimas de prejuicios y de la maquinaria abusiva desde algunas instituciones públicas.

Pero ahora la cuestión es contestable e indubitable. En la tramitación del presupuesto gubernamental para el 2015 hubo un desempeño torticero, usurpación de funciones, irrespeto a la Constitución y violación de sus principios. En tal medida se ha dado esta grotesca y antijurídica actuación, que el presidente de la Asamblea (el autor del folletín reseñado) ha sido “trapeado” directamente por la Sala Constitucional. En lugar de garantizar el debate y quehacer legislativo ha incurrido en una falta democráticamente inaceptable. ¡Dime de qué presumes…!

Para colmo de males, ahora el Directorio que él encabeza es objeto de pesquisas jurídicas por nombramientos cuestionados y faltas tan complicadas que la gente de planta de la Asamblea teme por su seguridad jurídica. Al parecer, hasta se infló una plaza de chofer, para colocar a una autoridad del partido, que se ha pasado un mes haciendo nada.

Cuando leo acerca de estos sucesos, recuerdo el mentado folletín (“para que no lo agarren de chancho”) y me pregunto: ¿Y… el desempeño ético de la Asamblea? ¿Y… el valor de la Constitución? ¿Y… el asalto al Estado de Derecho? ¿Y… la seguridad jurídica?

¡Claro! Si no fuera porque los hechos constituyen una actuación torticera, antijurídica, inconstitucional con ribetes delincuenciales, estaría tentado a explorar literariamente las trampas de la mente, el origen de las expresiones acusatorias en algunas mentes y cómo es que construyen sus prejuicios algunas personas. ¡Ah! Eso sin hablar de las “agarradas de chancho”.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: violación al poder del pueblo

Si hay momentos en que me he sentido defraudado, estafado, vilipendiado en mis derechos básicos como individuo miembro de esta sociedad, es el actual. La aprobación de un presupuesto gubernamental con un incremento del 19% por encima del presupuesto del año anterior me preocupa. Cierto que en parte surge a causa de ese desmesurado aumento, pero sobre todo porque los hechos revelaron que la soberanía en última instancia no es cierto que resida en sus ciudadanos, al menos en los ojos de ciertos cuerpos políticos.

Desde la escuela primaria se nos ha enseñado que en nuestra patria libre y democrática, la soberanía; esto es, la autoridad suprema e independiente de la nación, reside en sus ciudadanos y no en alguna otra persona o entidad. Asimismo, se nos ha inculcado desde niños que nuestro régimen político se caracteriza por ser una democracia representativa; es decir, que los ciudadanos acudimos a elecciones de quienes nos habrán de representar en la Asamblea Legislativa. De esta manera, los ciudadanos ejercemos indirectamente el poder soberano, por intermedio de aquellos que hemos nombrado como nuestros representantes en el Congreso. En las circunstancias actuales están en juego dos principios fundamentales de nuestro orden social y político: el del poder ciudadano que reside en los individuos de la nación por encima de cualquier otro cuerpo o persona y el de una democracia representativa, mediante la cual los individuos somos representados por diputados en la Asamblea Legislativa, para que en nuestro nombre, tomen decisiones concernientes a la cosa pública. Y qué cosa más pública que el presupuesto de gastos de un gobierno: no es sino la autorización de gastar en lo que el estado considera deseable, pero son nuestros recursos pagados mediante tributos los que se están utilizando para ello.

Hace pocos días se tomó una decisión por el presidente de la Asamblea Legislativa que realmente pone los pelos de punta. En sencillo, al contrario de una votación en que la mayoría de nuestros representantes votó por no aprobar el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el año entrante, ese señor decidió que no se podía votar en negativo dicho presupuesto y que, por tanto, aunque fuera derrotado por voluntad popular -tal como así sucedió- tal acto no era posible y que, por tanto, regía para el año entrante el presupuesto que originalmente mandó el gobierno para la aprobación legislativa. 

Es cierto que la Constitución habla de la función legislativa de “aprobar” los presupuestos y que no menciona la facultad de “improbar”; o sea, de rechazarlo. Por tanto, no hay forma mediante la cual el plenario legislativo -la Asamblea plena en sus funciones- pueda decirle al gobierno central que no aprueba el presupuesto que le mandó. Así como se dice que quien nombra, quita, se puede alegar que quien puede aprobar, puede rechazar, pero al no estar así definido en la Constitución, entiendo muy bien la propuesta que hace el politólogo Alejandro Barrantes Requeno, mediante el expediente legislativo No. 18.087, para reformar adecuadamente la Constitución.

El alegato que hacen los defensores del desaguisado es la necesidad de darle recursos al fisco -que el estado no cierre- para el año entrante. Por ello se debe aprobar el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo a la Asamblea. Asumiendo que “nadie” quiere cerrar el estado, éste bien podría seguir operando continuamente si se aplicara el presupuesto del año anterior, el cual puede ser reajustado en el curso del 2015 mediante presupuestos extraordinarios, si es que el soberano así lo aprueba y considera que son fondos deseables para una “correcta” operación del estado. Esta creo, sería una solución adecuada y que no menoscaba la soberanía de un pueblo para definir la forma correcta de gobernar bajo el imperio de la ley.

Pero la matráfula no llega hasta allí. ¿Qué impide que, por ejemplo, llegue un gobierno el cual manda un presupuesto, digamos, con un 100 por ciento (o un 1.000 por ciento; igual vale para el ejemplo) por encima del monto vigente en el año previo y, aunque se tenga los votos para su desaprobación, para su rechazo, esta desestimación no puede entrar en vigencia? Aunque supuestamente se ejercita la soberanía ciudadana, como dice el parloteo de los comerciales, “no aplica”. De esta manera, nunca podrá ser impedida una minoría de diputados, que representa políticamente al poder ejecutivo además de parte de la ciudadanía, de tener el presupuesto que le dé la gana.  Ello porque, al no poder repudiarse, rechazarse, el presupuesto que el Poder Ejecutivo envió, en criterio de la cabeza legislativa, entra en vigencia el no aprobado presupuesto originalmente enviado para su aprobación legislativa por el Poder Ejecutivo. 

En dos palabras, la soberanía ciudadana expresada por la votación de una mayoría de sus representantes legislativos vale un pito, una higa (busque su significado en el diccionario de la Real Academia). Nuestra soberanía fue apropiada por un grupo minoritario de diputados. Creo que su derecho es tan sólo poder convertirse en una mayoría, pero no el de ponerse por encima de la voluntad popular mayoritaria expresada por la decisión de un mayor número de diputados.

Alguien me dirá que así queda abierto el camino para el socialismo. Eso puede ser cierto, pero también para un fascismo de derecha, de manera que lo que más nos conviene a todos es que el estado pueda ser refrenado en su ambición de tomar todos los recursos que pueda absorber de una economía, según su voluntad expresada en un presupuesto. En síntesis, cualquiera puede eliminar la libertad por un simple acto legislativo totalmente ilógico y contrario a los principios de una democracia y de la soberanía del pueblo. No es broma: lo que sucedió no es tanto, pero es muy sustancial. Lo más grave es la posibilidad de que en una Asamblea Legislativa gobierne una minoría por encima de una mayoría y con pleno desprecio de la soberanía del pueblo para definir sus leyes.

Todo esto tiene un corolario interesante. Recientemente el presidente de la República dijo que despediría a los ministros que no gastaron los recursos que se les asignó con el nuevo presupuesto. Es decir, que en vez de evitar un gasto tal vez innecesario, la obligación del funcionario sea la de gastar la plata a como haya lugar dentro de los cánones definidos en el presupuesto. Por lo tanto, que eso sirva de cajita blanca a quienes  han estado creyéndole al presidente de que, antes de poner impuesto alguno, frenará el gasto gubernamental. Puro cuento. Ya tiene la plata; ahora a gastarla a como sea; esa es su orden.

Si el estado no tiene límites en lo que puede gastar, eso es lo que hará. Y usted y yo pagaremos las consecuencias de ese poder desaforado, pues su ejercicio sólo se traducirá en mayores impuestos, endeudamiento o inflación. Lo único bueno es que ya vamos conociendo a los responsables del pandemónium fiscal: lo que les interesa es poder ejercer demanda sobre los recursos productivos de la economía limitando las posibilidades de los ciudadanos de gastarlos en lo que consideran ellos es lo conveniente o deseable. Es el camino al totalitarismo estatista.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: La realidad no entiende de ideologías

Cualquiera que siga este espacio de opinión sabrá bien que no somos seguidores de Ottón Solís. Sin embargo el mínimo de decencia y honestidad intelectual hacen imposible no reconocer la importante labor que ha emprendido como Presidente de la Comisión de Hacendarios.

El Diputado Solís se ha avocado la titánica tarea de recortar el gasto superfluo del presupuesto de la República para el año 2015. Desafortundadamente, ahora que se está en el poder algunos de sus compañeros no ven como superfluo lo que antes lo era. Además, esta valiente postura ya ha ocasionado que ciertos incautos acusen al señor Solís de “enemigo de los trabajadores” o “neoliberal”.

Evidentemente acá no se trata de ser enemigos de nadie o cosa por el estilo, sino simple y llanamente de realismo puro. Esta discusión no se encuentra en el ámbito valorativo, sino descriptico, es decir, no se trata de preguntarnos si queremos más o menos privilegios y gasto en el sector público, sino si podemos seguir bajo el estado de cosas actual. En este sentido, en ASOJOD creemos dos obviedades muy básicas (desgraciadamente vivimos en tiempos en donde es necesario decir lo obvio), a saber: a) todo gasto ordinario debe encontrarse debidamente financiado por ingresos ordinarios, y b) en tiempos de déficit fiscal se debe recortar el presupuesto y no aumentarlo.

Lamentablemente, en nuestro país tenemos el gran pecado de efectuar los debates de los grandes temas de políticas públicas, a través de meras etiquetas y de lo que los norteamericanos llaman “name calling”. Resulta imperioso, evitar estos malos hábitos discursivos y argumentativos, para que así podamos de una vez por todas entrarle en serio a los graves problemas que nos aquejan, de lo contrario más pronto que tarde sufriremos las consecuencias de tanta ideología de cafetín.