La columna de Carlos Federico Smith: cómo arrastrar los pies: el presupuesto de las Universidades Públicas del 2020

Pasito a pasito, gradualmente, algunos entes de control del gobierno han venido tomando decisiones, si bien aún insuficientes, que van por el buen camino de ordenar las finanzas del estado costarricense. Tal es el caso de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del ministerio de Hacienda, así como la Contraloría General de la República (CGR), en torno a la improbación de los presupuestos para este año de las Universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia, Técnica Nacional, Instituto Tecnológico, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Es parte de ese esfuerzo de las universidades estatales por impedir que se les aplique la regla fiscal; esto es, que, en esencia, el aumento del gasto corriente (salarios, cargas sociales, becas y servicios) sea de un 4.87% con respecto al año anterior, según se aprobó en el llamado paquete fiscal de diciembre del 2018. Esas universidades se han negado a acatar la disposición, negándose a remitir información de sus planes de gasto ante la STAP, ente que verifica y confirma el cumplimiento de la regla fiscal, para que la Contraloría apruebe, por ley, estos presupuestos ordinarios para el 2020. La información la presenta La Nación del 20 de diciembre en su artículo “Rebeldía de universidades causa rechazo de sus planes de gastos en la Contraloría.”

Ante la no presentación de dicha información, la CGR señaló que, “de conformidad con el artículo 184 inciso 2 de la Constitución Política y el artículo 18 de su Ley Orgánica, tiene el deber de analizar que los presupuestos sean formulados y presentados de conformidad con las disposiciones legales y técnicas, dentro de las cuales está la certificación que emita el STAP sobre el cumplimiento de la regla fiscal.”

El arrastre de los pies de las universidades se sustenta -¿acaso es una sorpresa?- en la idea de su independencia y autonomía y en que su caso legal está por resolverse en los tribunales de ley. Una vez más, las autoridades universitarias hacen gala de su creencia de que son sus únicos dueños y señores, como tales, de los recursos que todos los costarricenses aportamos obligadamente cada año. Conviene brindar algunos datos del monto presupuestado para el FEES del 2019, que fue de ₡511.154.72 millones (para la UCR, la UNA y el Tec), a lo que debe sumarse la transferencia del gobierno a la Universidad Técnica Nacional por ₡34.868 millones, con un aporte total del gobierno a las universidades estatales de ₡546.022.72 millones.

Para el 2020, el monto inicialmente presupuestado para el FEES y la UTN ascendía a ₡512.781.51 millones, más lo correspondiente a la UTN por ₡35.677.88 millones, lo que lleva a un total de ₡548.459.39. Posteriormente, el ministerio de Hacienda definió una reducción de ₡70.000 millones del FEES que deberían usarse en infraestructura, pero la Asamblea Legislativa restituyó ₡35.000 millones al FEES.

Ante la decisión citada de la CGR por la no presentación de los documentos requeridos, ahora aquellas universidades y el CONARE deben trabajar con el mismo presupuesto ordinario del 2019 y no con el presentado para el 2020, aunque tienen la posibilidad de aumentarlo con presupuestos extraordinarios, que me imagino no van a ser fácilmente aprobados por la Asamblea Legislativa, ante esa actitud exhibida de impedir la aplicación de la medida de restricción fiscal aprobada, puesta no sólo para restringir el gasto de ciertas entidades estatales, sino a todas ellas, sin olvidar que también los ciudadanos hemos sido objeto de violentos aumentos en los impuestos.
 

Como bien recuerda la CGR a las autoridades reticentes a obedecer la ley, “el artículo 19 de la Ley 9635 [la del Paquete Fiscal] se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional, lo que no [subrayo: NO] significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada.” ¿El desacato a una ley en el sector público es objeto de sanción? O seguiremos con ese jueguito de arrastrar los pies, como babosas, tratando de impedir el freno al gasto gubernamental, que, si no se lleva a cabo, conducirá a la inevitable quiebra de la ciudadanía, con más y más impuestos o endeudamiento gubernamental, a la vez que el gasto del gobierno, causal del problema, sigue invariable e intocable, como lo pretende la república independiente de las universidades estatales.
 

Ha hecho bien la Contraloría en no aprobar los presupuestos para el 2020 de las entidades gubernamentales citadas, pues simplemente, en su arrogancia, no cumplieron con el requisito esencial de suministrar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la información requerida para todas las entidades que presentan sus presupuestos, para lograr la aprobación final por la Contraloría General de la República: Como suele decirse, nadie está por encima de la ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reserva de JAPDEVA se usó para otra cosa y ahora tendremos que asumirla

Una vez más se evidencia la irresponsabilidad de JAPDEVA. Resulta que compró unas grúas y otros equipos en alrededor de $16 millones, que hoy actualmente se usan muy poco. Lo increíble es que, al menos los fondos para las grúas, que costaron ¢15.000 millones, provinieron de una reserva que la institución había hecho para pagar las prestaciones de sus trabajadores, ante la eventual fuerte reducción de operaciones que habría cuando empezara a funcionar APM Terminals. 

Según lo indicó la anterior presidente ejecutiva de esa entidad, Ann McKinley, hubo tres razones para cambiar el giro al que estaban destinados aquellos fondos. Uno, que se debería “aumentar el perfil competitivo en un marco complementario” con la Terminal de Contenedores de Moín; segundo, que las proyecciones financieras de JAPDEVA no “incluían una disminución extrema del volumen de la carga,” y tercero, “porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.” Esto lo consigna el artículo de La Nación del 24 de julio, “Exjerarca de JAPDEVA justifica compra de grúas subutilizadas.” La decisión se dio porque “las instrucciones eran cumplir con las metas programadas,” supuestamente del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Mientras que, en cierto momento de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la señora Ann McKinley, según indica el medio, dijo, “primero, que los fondos no se guardaron para liquidar a los empleados” pues no se previa una caída tan fuerte al entrar en operación el nuevo puerto, pero, luego, dijo que faltaron estudios que previeran ese impacto: “Sí, se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga); en un segundo momento, la estimación paso a 70% en 2017.” Entonces, sí se sabía de esa caída y aun así compraron grúas, asumiendo que siempre tendrían un alto volumen de carga en contenedores. 

Pero, hay más. Según declaraciones de la nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA, señora Andrea Centeno, esas grúas que se compraron “son especializadas para contenedores” y precisamente lo que haría APM Terminals, a partir del 2018, cuando obtuvo la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), era movilizar contendedores.  JAPDEVA sabía eso desde el 2012, al darse la concesión a APM del nuevo muelle y aun así se compraron esas grúas en octubre del 2015, por decisión de su Junta Directiva. La información está en La Nación del 10 de agosto, bajo el titular “JAPDEVA compró grúas para contenedores a sabiendas que las usaría muy poco.”
 

Además, a pesar de que desde el 2012 se le había indicado a JAPDEVA que debería reducir el tamaño de su personal, no lo hizo y la reserva para prestaciones establecida anteriormente en la administración Chinchilla (antes del 2014), se desvió hacia la adquisición de esas grúas. Esas grúas llegaron al país en agosto del 2017, pero no funcionaron eficientemente debido a fallas eléctricas, entrando en operación (en realidad, a medio operar, pues no había suficiente carga por contenedores para procesar) sino hasta febrero del 2018.
 

Ahora bien, ante la falta de plata para pagar sus prestaciones, JAPDEVA le pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto extraordinario para cubrir la planilla de 1.180 plazas. Aparentemente pronto se aprobará el proyecto, por el que “el dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de JAPDEVA, mediante el pago de las prestaciones sociales” y, vean el obsequio de fondos públicos, con “bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.” Eso sí, se consideró que el monto presupuestado no será sino un préstamo, que JAPDEVA deberá devolver y que no sobrepasará de ¢10.000 millones.
 

Me atrevo a pensar que JAPDEVA nunca podrá devolver esa plata de los costarricenses. Cuando venza el plazo del préstamo, ni siquiera se acordarán de por qué era que se debía. O sea, salada la generación de contribuyentes de ese momento futuro, pues pasarán por pérdidas ese préstamo y tendrán que hacerle frente al vencer sin recuperación. Tal vez si vendieran los activos que le quedan a JAPDEVA a la empresa privada, para que esta lleve a cabo proyectos rentables con ellos (pues si no rápidamente quiebran), se podrá recuperar algo de ese bejuco a los contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los incentivos para posponer la pensión

Uno de los asuntos de mayor complejidad en nuestro desorden de sistemas de pensiones dentro del estado, constituye lo que se podría denominar como el estímulo para posponer la pensión. Esto es, se han creado incentivos para que el cotizante posponga su pensión en el momento de pensionarse, lo que implica diversas complicaciones en cuanto a la efectividad de la medida. Advierto al lector que el entendimiento de este tema no es fácil y que requiere de mucha atención a detalles.

Empecemos, antes de analizar particularidades de los distintos regímenes, que la intención presunta de dar la posibilidad de posponer la pensión es porque el fisco considera que, así, pagaría un monto menor si se pospone la pensión, que si el cotizante lo hace al llegar su momento legal de pensionarse.

El primer problema que surge para valorar la conveniencia fiscal de esa medida es que va a depender de cuánto tiempo vive el pensionado (tema que puede parecer “feo” de tratar, pero es esencial para conservar, supuestamente, la viabilidad del sistema de pensiones correspondiente). 

La Nación, en su comentario del 27 de febrero, “Pensionados de lujo ganan hasta ¢3 millones extra por atrasar retiro,” pone un ejemplo que resalta el problema y que resumiré: si bien entre más pospone su pensión, el pensionado obtendrá un pago mensual mayor por su pensión, en el total dependerá de cuántos años viva. El punto de equilibrio -en que da igual pensionarse al momento debido que si la pospone- dependerá de los años que viva como pensionado. Un empleado del magisterio que gana ¢1.2 millones mensuales (¢156 millones al año, treceavo incluido) y que se debería retirar a los 60 años, pero lo hace 7 años después y vive hasta la expectativa actual promedio en el país de 80 años, recibiría, a lo largo de toda su vida como pensionado (13 años). ¢2.028 millones. Si se hubiera pensionado a los 60 años, con una pensión anual de ¢9 millones (más o menos el 70% del sueldo anual), en los 20 años que vivió como pensionado, recibiría ¢2.340 millones: el fisco se ahorraría un total de ¢312 millones.

Pero, si ese pensionado vive más de esos 80 años, digamos 85, el ahorro es menor (¢2.925 millones si no hay postergación versus ¢2.808 millones con postergación). Si vive poco más de 85 años, el fisco pierde con la posposición. Eso ha llevado a que actuarios a concluir que “las leyes actuales desincentivan la postergación.”
 

Pero, hay una gran diferencia en los incentivos que ofrecen los distintos regímenes de pensiones. Particularmente, entre el IVM de la Caja y el llamado del Magisterio, tanto bajo el sistema denominado “Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio” que es el más reciente y otro conocido como “Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio”. Veamos la diferencia entre estos dos sistemas. Al Régimen de Capitalización Colectiva “pertenecen quienes empezaron a trabajar para el Magisterio después de 1992, cuando se cerró el Régimen Transitorio de Reparto.” Ese Régimen Transitorio de Reparto surgió para pensionados que entraron a laborar antes de 1992, “porque el Estado no había reunido un fondo para pagarles a sus afiliados,” dando lugar a que esas pensiones se cargaran al presupuesto de la República (mejor conocidas como pensiones de lujo). 

Un detalle importante es que, en la actualidad, hay unas 8.000 personas más todavía pendientes de pensionarse bajo este sistema Transitorio de Reparto.
 

Vale la pena ahondar en detalles de ese sistema Transitorio de Reparto, que hacen que sea más relevante el impacto de la postergación de las pensiones. Específicamente, en el porcentaje del salario que sirve de base (el promedio de los últimos salarios percibidos) para calcular la pensión, el número de años de postergación y el número de cuotas.
 

La ley original del Régimen Transitorio de Reparto [ley 2248 de 1958] determinó que la posposición podría ser hasta por 7 años como máximo y reconocía una pensión por postergación del 39.2% del salario de referencia, entendido este como el mejor sueldo obtenido durante los últimos cinco años y al beneficiario se le giraba el 100%. En este sistema la edad mínima para jubilarse es de 60 años.
Posteriormente, la ley 2248 fue reformada por la 7268 (de fines de 1991), mantuvo las condiciones de plazo y de porcentaje arriba citadas, pero varió el concepto de salario de referencia, pasando a un promedio de los mejores 12 sueldos de los últimos 24 recibidos, y siempre se giraba el 100% al pensionado.
 

La última transformación de aquella ley se dio con la ley 7531 (de 1995), que definió la postergación máxima a 5 años y el porcentaje por la postergación se redujo de un 39.2% a un 20% del salario de referencia, pero este se definió como el promedio de los mejores 32 salarios entre los últimos 60 y, en vez del 100%, se entregaba sólo un 80%.
 

Por contraste, hoy el IVM de la Caja otorga un 1.6% por año de posposición y el salario de referencia es el promedio de los últimos 240 salarios, pero incluso no es el monto de pensión básica otorgado, sino que oscila entre un 43% y un 52% del salario de referencia.
 

Así es de notoria la diferencia de la posposición de la edad de pensión entre el IVM y el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio. En los regímenes de pensiones del Poder Judicial o del Gobierno no existe la posposición.
 

A su vez, el nuevo régimen de pensiones del Magisterio (de Capitalización Colectiva) reconoce un 6%, en comparación con el 39.2% del Régimen Transitorio, quedando en un intermedio entre el Régimen Transitorio de Reparto y el IVM.
 

Termino haciendo notar que es por la postergación del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio que se observan las 15 mayores pensiones llamadas de lujo. En efecto, esas quince mayores (que oscilan en un monto bruto de pensión mensual de ¢12.173.952 y ¢10.271.472), son de funcionarios de la Universidad de Costa Rica y, con una sola excepción, todas reciben aquel porcentaje del 39.2%.
 

Es evidente que, cualquier intento gubernamental de reforma ante el abuso con las actuales pensiones de lujo, para que sea efectivo en reducir la injusticia otorgada por el estado a grupos de privilegio y que tenga un impacto positivo en las finanzas gubernamentales, pasa por entrarle a fondo a este tema y, muy en particular, al caso extremo del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio.  El tema no va a ser fácil dada la concentración de los beneficios en pocos, relativamente influyentes e interesados en mantener sus prebendas, ante una ciudadanía que, si bien es la que paga esas gollerías, no parece darse cuenta del impacto global que tiene sobre las finanzas del estado y, por ende, de las contribuciones obligatorias mediante impuestos.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: echándole los muertos a todo el mundo todo el tiempo

No se necesita ser un historiador avispado ni un economista genial para saber que han sido gobernantes de distinto giro, quienes han actuado, tanto desde el poder ejecutivo como desde el legislativo, de manera idéntica para conducirnos a la situación fiscal deplorable en que hoy nos encontramos: la proclividad al gasto es su marca.

No puedo sino calificar de absurda y sin sentido y tal vez de fariseísmo o mojigatería esa posición de echarle los muertos, viendo hacia atrás, a distintos políticos por la responsabilidad de la crisis fiscal actual, como argumento para que no se señale la irrenunciable responsabilidad que tienen las autoridades actuales, tanto del poder legislativo como del ejecutivo, de reducir un gasto gubernamental desenfrenado que nos ha conducido a la situación ya conocida. Nadie va a negar que fulano o zutano fueron unos irresponsables en tiempos de relativa bonanza, gastando hasta lo que no era de ellos. Pero usar dicho alegato como razón para dejar que ahora no se haga nada, es una verdadera insensatez, pues de así hacerlo sólo nos causará un mayor y enorme daño a la población.

Por eso, cuando uno hace alguna crítica a cierta agrupación política por su actuación ACTUAL (vean bien que enfatizo el momento), no significa que uno está siendo omiso de la mala actuación de diversos grupos políticos en el pasado reciente. Hay una enorme razón para hacer dicho juicio aplicado a ahora: simplemente porque aún no estamos viviendo los efectos plenos del desborde en el gasto gubernamental, pues sin duda se tratará de arreglar, por el momento, por la vía de poner mayores impuestos sobre los ciudadanos. De hecho eso no es algo a futuro; en la actualidad se han aumentado los costos de diversos servicios públicos, tales como marchamos, peajes, cánones, entre muchos otros, que no son sino formas impositivas. 

Si no creen que se pretenderá hacerlo así, pues les ruego que pongan atención a algunos de los impuestos que ya tiene pensado este gobierno tratar de que se los apruebe la Asamblea Legislativa: cambiar el impuesto de ventas por un impuesto al valor agregado, que pasaría del 13% al 15%, a la vez que se amplía la cobertura a muchos bienes y servicios que hoy están exentos de ese impuesto; aumentar el impuesto al traspaso de vehículos, aumentándolo de un 2.5% del valor que determine Hacienda hasta un 5% (vean lo que hoy estamos viviendo en relación con el marchamo, como ejemplo de la valoración cuasi-arbitraria que puede hacer el estado); elevar el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, de un máximo actual del 15% a dos nuevos tramos que pagarían un 20% y un 25%, respectivamente; casi duplicar el impuesto sobre los intereses que se perciben por los certificados de depósito a plazo (y otros ahorros), de un 8% a un 15% (siendo ésta la forma frecuente de ahorro de los grupos de ingresos medios); aumentar al doble los impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles, desde un 1.5% a un 3%; gravar las ganancias de capital, fuente de mucha de la inversión doméstica, entre otros. La cosa no es jugando…y ya estamos avisados.

Por supuesto que esos impuestos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa (hasta el momento, aunque jueguen con ciertas cosas, como en el caso del marchamo), por lo cual es necesario que, con franqueza, pongamos los puntos sobre las íes al respecto. Para que se le aprueben esos impuestos, el partido oficial PAC tendrá que buscar el apoyo de otros grupos políticos en el Congreso.  No duden que los apoyará el Frente Amplio, así como que no faltará algún diputado suelto por ahí, quien, posiblemente a cambio de algo, estaría dispuesto a otorgarles su voto personal. Pero uno esperaría que otros partidos políticos relativamente grandes y llamados de oposición, incluso el disminuido Movimiento Libertario, como lo son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y otros menores, atiendan la justa petición popular de sus partidarios, para que no se les aumenten los impuestos antes de que se reduzca sustancialmente el enorme gasto público, cuyos abuso es ya bien conocido por los ciudadanos. (Claro: ya saben de las pensiones de privilegio, de las gollerías sindicales en convenciones colectivas, de anualidades por buen desempeño que se otorgan a buenos y a malos; ¡para qué sigo!).

Cada cual de nosotros puede tener distintas preferencias políticas y no es inusual que ciudadanos cambien “de color”, como se suele decir, pero debemos ser conscientes de los actos que, EN ESTOS MOMENTOS, se están llevando a cabo, que impiden poner orden a un estado de cosas de las finanzas públicas que nos encaminan por el rumbo griego, español y portugués ya conocido: la quiebra de sus economías con un grave daño a los ciudadanos, principalmente los más desvalidos.

El presupuesto ordinario de gastos del gobierno central que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa es desmesurado. No sólo se los digo yo; se los ha dicho, también con toda claridad y de manera precisa un diputado del partido oficial, don Ottón Solís, quien señaló que no debe ser aprobado y que, más bien, se atienda a la reducción propuesta por una mayoría de los diputados de la Unidad. Igualmente, un economista destacado de Liberación Nacional, el doctor Rodrigo Bolaños, en un excelente comentario que publicó en La Nación del 1 de setiembre, titulado “Ajustes en el presupuesto del 2016, desnudó los serios problemas que tenía dicho presupuesto en una economía que ya sufría un déficit superior al 5% del PIB. Y estoy seguro que muchas personas que hoy forman parte de Liberación Nacional han de estar meditando cuidadosamente acerca de lo sucedido en este caso. (También hay diputados de otras fracciones diferentes a las citadas, quienes también propugnan por reducir ese gasto, destacando el señor don Mario Arredondo del partido Alianza Democrática Cristiana). 

Por tal razón, me tiene sumamente preocupado la posición asumida dicen que por toda la fracción de Liberación Nacional, de aprobar sin recorte alguno el presupuesto ordinario que el Poder Ejecutivo le presentó ante la Asamblea Legislativa para el 2016. Fueron los votos, al menos en el primer debate,  de diputados del PAC (con excepción de don Ottón), del Frente Amplio, de un díscolo diputado del PUSC, de una diputada que se fue del Movimiento Libertario, quienes, junto con los diputados de Liberación Nacional, otorgaron su voto para que se aprobara incólume, intacto, dicho presupuesto en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Se espera que en segundo debate suceda algo muy parecido. Han votado por un presupuesto hartamente desfinanciado, de forma tal que incluso el gobierno anda buscando en China financiamiento por $5.000 millones, a fin de que le entre plata para seguir gastando; eso sí, endeudándonos a todos nosotros y a las generaciones que nos han de seguir.

Cada uno de nosotros es libre de tener sus preferencias políticas, y personalmente no descarto la posibilidad de darle mi voto a algún partido democrático -incluso Liberación Nacional- si no hubiera otra opción viable frente a una izquierda que sólo espera, no tan agazapada, las próximas elecciones. Pero, honestamente, creo que tal posibilidad se va descartando cuando uno observa tal irresponsabilidad de dicho partido, al aprobar, santificado con su contubernio, el presupuesto que le presentó este gobierno. 

Tal vez lo hizo pensando -con el cinismo político tan usual y hasta esperable- en que “ganarán” las próximas elecciones y que, aprobando los impuestos ahora, los recursos que le entren al gobierno lo serán a plenitud a partir del 2017-2018, cuando esperan gobernar. Lo hacen de manera que este gobierno recibiría una ayudadita para su gasto desenfrenado y robustecido, pero el montón de plata entraría plenamente en su anhelada próxima administración. Pero también heredarán una economía lesionada aún más por los nuevos y mayores impuestos, que luego habrán de impulsar a fin de poder llenar el hueco fiscal que ahora están contribuyendo a ampliar. Recibirán una economía que hoy casi no crece y que tiene en la actualidad tasas de desocupación cercanas al 11% y de un subempleo igualmente elevado -esto es, de aquellos que tienen empleo, pero sólo parcial- de alrededor del 12%.  Difícilmente nuestra economía crecerá más si se le ponen impuestos: todos creados para que el gobierno pueda seguir con la gastadera lo cual nos asegura -inevitablemente- que habrá un nuevo déficit a futuro. Nunca he visto yo una economía crecer cuando se le ponen mayores impuestos; todo lo contrario. Y si no hay crecimiento, no habrá mayor inversión ni demanda de trabajo ni incrementos en los ingresos familiares.

Estoy casi seguro de que muchos lectores han oído la expresión “victoria pírrica”, que toma su nombre del rey Pirro, rey del estado helénico llamado Epiro, quien derrotó a los romanos en el siglo III antes de Cristo, pero para lograrlo tuvo que sufrir una enorme cantidad de bajas. El diccionario de la Real Academia describe de la siguiente manera a la palabra “pírrica”: “dicho de un triunfo o de una victoria: Obtenidos con más daño del vencedor que del vencido.” Pues así le va a pasar a ese eventual gobierno que Liberación considera que obtendrá en el 2008: la economía, para ese entonces, estará tan golpeada, que si es que llegan a gobernar, lo será sobre cenizas. No tengo dudas de que la ciudadanía tendrá en cuenta la conducta observada de ese partido en estos días, al decidir su voto en las próximas elecciones: de olvidarlo, no faltará quien se los recuerde, por si acaso la memoria es flaca.

No desisto en mi esfuerzo.  Los diputados de Liberación Nacional se habrán dado cuenta de que los “rodaron”, cuando el gobierno les ofreció, a cambio de su voto, que si les aprobaban -como lo fue- el presupuesto ordinario del 2016, proponer nuevas reformas presupuestarias en este año, para lograr después reducirlo y no ahora.  Tienen, sin duda, confianza en la palabra de los actuales gobernantes. Igual que nosotros, quienes confiamos en la palabra del hoy presidente, quien nos dijo, antes de las elecciones en que fue electo y existiendo una situación ya conocida de un elevado déficit fiscal, que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría primero el gasto de forma significativa. Obviamente, aún estamos esperando que cumpla con lo que nos ofreció a los ciudadanos en aquel entonces.

En el momento en que salga a la luz mi comentario posiblemente ya no habrá tiempo para que las cosas cambien correctamente y que se haya aprobado el proyecto de presupuesto ordinario mencionado, básicamente con la aprobación sorpresiva e inesperada de la fracción legislativa del partido Liberación Nacional. Pero de no variar las cosas actuales,  la ciudadanía no olvidará que, más bien como consecuencia de la cómplice aprobación de dicho presupuesto, también se nos aprobarán nuevos y mayores impuestos. Incluso recientemente (el pasado lunes 23 de noviembre) ese partido le ofreció públicamente al presidente Solís la aprobación del infame impuesto a las sociedades, que había sido declarado ilegal por la Sala Constitucional, entre otras cosas. Han sido capaces de resucitar un injusto impuesto, en donde las empresas pequeñas y muchos ciudadanos estaban condenados a pagar lo mismo que empresas poderosas: y después nos salen diciendo estar preocupados porque prolifera la economía subterránea en el país. Cada día hay más empresas pequeñas operando informalmente debido a los enormes costos que para ellas tiene cumplir con todas las reglas formales de la economía regulada; uno de esas reglas importantes es el costo y el impuesto que tendrían que pagar por constituir una sociedad y así poder trabajar formalmente. Mejor los evitan yéndose a trabajar en la economía subterránea. 

Cuando este comentario vea la luz, ya el presupuesto ordinario del gobierno habrá sido aprobado por la coalición ya mencionada en la Asamblea Legislativa. Mi comentario, a pesar de todo, no es tardío, pues espero que los ciudadanos tengan presenta lo que ha sucedido y eso es lo que ahora importa. Pero es más importante aún terminar con eso de que nos crean unos tontos de capirote, que no nos damos cuenta de la desfachatez y la falsedad que a veces vemos tan claramente expuesta en ciertos actos de políticos. No debemos de olvidar tales actos, que nos saldrán muy caros. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: varias cosas acerca del Presupuesto y el tiro del polaco

Antes de referirme a eso del “tiro del polaco”, quiero tratar varios temas en la discusión que se ha presentado en el país, en torno al presupuesto para el 2016 que el gobierno envió a la aprobación legislativa.

En mucho tomo como base el excelente comentario que sobre el tema formuló el economista don Rodrigo Bolaños en La Nación del 1 de setiembre, titulado “Ajustes en el presupuesto del 2016.” Me atrevo a decirles que aquél está escrito en un lenguaje un poco técnico para algunos de los amigos que me suelen leer, por lo cual trataré de explicar algunos de los conceptos que bien señaló don Rodrigo, de manera que el caso pueda ser mejor asimilado (espero lograrlo, aunque no es nada fácil).

Empezaré aclarando la discusión en torno al crecimiento del presupuesto, dado que en el pasado -incluso este servidor- cuando se comparó el presupuesto del año 2014 con el del 2015 –el primero que envió este gobierno- se mencionó que su monto se había incrementado en un 19.6% en dicho lapso, cuando, en realidad, ese incremento es en los egresos y no en el gasto gubernamental.

Para entender esta diferencia, es apropiado señalar que, en lo que se denomina “presupuesto de la República,” aparece la asignación de dinero para los diversos gastos del gobierno central, pero ahí se incluye una partida para amortizar el pago de deudas adquiridas previamente por el gobierno para financiar gastos de períodos anteriores. Por ello esta última es una partida de egresos, pero no de un gasto del período.

Amortización de la deuda pública es el pago del principal que se hace de la deuda gubernamental; dicho pago es un egreso en términos contables, pero no un gasto del gobierno, pues el desembolso de esos recursos ya se hizo en el pasado; ahora se trata de repagar el principal adeudado. La contabilidad del presupuesto de la república la practica de manera tal que se mide como si el pago de toda la deuda se hiciera al final del año de un solo golpe, pero para ello se suele emitir nueva deuda (esta es la amortización de la deuda) en que incurriría el gobierno. Se hace tal cosa porque usualmente dicha deuda pública es de un monto muy elevado, como para poder redimirla de una sola vez por todas, por lo cual ello se hace por tractos; por partes. Así, tener, por ejemplo, que pagar menos deuda en este año, no significa que el país tenga un gasto menor, un ahorro, sino que en los siguientes años la nación tendrá que pagar más.

Por tal razón, si se excluye el ítem denominado “amortización de la deuda” del monto del presupuesto nacional, es posible comparar la variación apropiada de gastos, de erogaciones, del gobierno de un período respecto a otro. Así, el aumento del gasto que se dio en los presupuestos del 2014 y el 2015, en vez de aquel 19.6% de incremento, fue de un 12.9%, pues aumentó mucho la partida de amortización de la deuda en el año 2015, en comparación con el 2014.

Ahora bien, no es que ese aumento del 12.9% en esos años sea algo menospreciable; por el contrario, sigue siendo sumamente elevado y muy superior a la inflación del 2014, que se estimó en un 5.1%. Tuvo el grave efecto de aumentar aún más el tamaño del déficit del gobierno. 

Como bien lo indicó en su comentario el economista Rodrigo Bolaños, la incorporación de las amortizaciones de la deuda en los presupuestos de gastos puede inducir al error, pues “nos pone en el riesgo de caer en una trampa fea [¡como que todas las trampas son feas!]: que tanto el Poder Ejecutivo como algunos diputados quieran presentar como logro en el 2016 un ajuste fiscal por medio, principalmente, de una menor amortización. Sería un ajuste ficticio.” Con ello lo que se lograría es una reducción de los egresos, pero no de los gastos, tal como se explicó previamente. Y esto último es lo importante de valorar en cuanto al crecimiento del presupuesto. 

Como veremos luego, lo expuesto nos permite hablar del “tiro del polaco”. Cuando niño, a mediados de la década de los cincuentas, uno escuchaba a los mayores referirse a ese cuento. Decían que ciertos comerciantes, que habían tenido un producto con un cierto precio relativamente bajo, lo mantenían así por cierto tiempo; luego le daban un buen aumento y lo dejaban así por un rato.  Poco después, venía la promoción: reducían en algo este último precio, pero quedando siempre por encima del primero.  Anunciaban la gran rebaja, después de que habían aumentado el precio y el consumidor -caveat emptor- (frase del latín que significa “consumidor, ponle cuidado”), no le ponía la atención requerida al caso. El consumidor inocente no tenía toda la información que poseía el vendedor.  Entraba de lo lindo con el cuento de la “rebaja”.

Algo parecido nos está sucediendo con estos presupuestos del gobierno actual. Veamos qué es lo que ha sucedido con estos dos últimos presupuestos (el del 2015 y el del 2016). Al primer  presupuesto que envió, lo aumentó mucho con respecto al del 2015 (12.9% fue el incremento en los presupuestos entre el 2014 y el 2015, excluyendo las amortizaciones de la deuda), en tanto que el segundo –el del 2016- sólo aumentó “poco” con respecto al del 2015 (fue de 4%, si se le excluyen las amortizaciones referidas). Todo esto nos da la impresión de que el gobierno está proponiendo una rebaja significativa en el crecimiento del presupuesto de este año, pero, en verdad, es tan sólo después de aquel aumentazo tan alto que se dio en el año fiscal previo.

Alguien me dirá de inmediato que esta administración está haciendo ahora lo que corresponde hacer. Sin embargo, lo cierto es que esa misma administración ya era consciente, cuando envió el presupuesto del 2015, de la grave situación deficitaria del gobierno. No practicó la reducción necesaria en aquel entonces. La explicación de esta conducta es que, a pesar de que había prometido en el período electoral del 2014 que, antes de poner nuevos impuestos para llenar ese hueco, reduciría el gasto público, dice hacerlo hasta ahora con el presupuesto del 2016… pero el daño ya fue hecho, con el fuerte aumento del gasto en el presupuesto del 2015. Yo lo llamo irresponsabilidad y lamento que esta administración nos crea tan tontos como para que no hubiéramos notado su jugada: el tiro del polaco (y que desde ya no me censuren los paisanos por este recuerdo folklórico: simplemente así lo refería la gente). Subamos para bajarlo luego en algo menos y decimos que es una rebaja.

De esta manera uno entiende bien la preocupación de don Rodrigo Bolaños, al advertirnos que cree que es “muy difícil que el plan de gastos que debe presentar este mes [setiembre del 2015 para el presupuesto del gobierno central del 2016], crezca poco, sin tocar educación, universidades, seguridad e intereses, que juntos representan porcentajes muy altos del total” de gastos. Su bien fundado escepticismo lo lleva a clamar que “Probablemente, lo que aumente al 0.5% nominal recién anunciado por el Gobierno serán los egresos. Pero puede ser que, detrás, las partidas de gasto crezcan mucho más y, como ya se dijo, tanto como para que hasta aumente el déficit fiscal.”

Eso mismo lo señala don Jorge Guardia, en su columna usual de La Nación del 1 de setiembre, cuando enfatiza que “Nada garantiza que este gobierno, u otro, mantendrán la austeridad prometida… La postura oficial no es confiable… Yo no he visto [yo tampoco] todavía ningún esfuerzo serio por corregir los disparadores del gasto: sueldos y salarios, pluses salariales, ascensos, dedicación exclusiva, horas extra, convenciones colectivas en todo el sector público, contrataciones superfluas, publicidad y propaganda, y todos los demás rubros señalados por la oposición, incluida la liderada por Ottón Solís.” Más bien, sin rubor alguno, en esta ocasión -en el presupuesto del 2016- la propuesta presupuestaria del gobierno aumenta notoriamente el aporte estatal al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que en realidad es para las universidades públicas y no para la educación superior del país como un todo. 

En cuanto a esto último, vean lo sucedido. En el 2014, los costarricenses le dimos al FEES la suma de ₡359 mil millones.  En el 2015 se aumentó en cerca de un 14%, llegando a ₡410.5 miles de millones (un “aumentico” de ₡51 miles de millones). Luego en el presupuesto del 2016 se destina una suma superior a esta última en un 7.4% (otro “aumentico” de ₡30.1 miles de millones), con lo cual el monto para el año próximo ascenderá a ₡440.8 miles de millones.  Este es el mismo cuento de lo sucedido con el presupuesto del 2016 con respecto al del 2015: que crece menos, pero después de un fuerte aumento en el año previo, sólo que con una “ligera” diferencia. Para el 2016 el gasto que se trasfiere a las universidades estatales es algo menos de la mitad del enorme aumento obtenido en el 2015. ¿Gran rebaja? ¡Falsa rebaja!

Asimismo tiene razón el economista don Luis Mesalles, cuando en su columna de La Nación del 5 de setiembre indica que “Remuneraciones y transferencias, por su lado, crecen casi al doble de la inflación proyectada. Es decir, en los disparadores del gasto, lo que realmente pesa dentro del presupuesto, no hay ningún cambio estructural. Se sigue gastando más cada año, sin que se perciba un cambio en cómo se hacen las cosas.” La gastadera sigue y sigue tan campante como Johnny Walker y la mayor osadía es que nos hablan de que el presupuesto presentado es “muy austero.” Y pretenden gastar más de ₡36 millones en tratar de convencernos de tal falsedad.

Veamos algunos datos de esos “disparadores del gasto”, del cual tanto nos hablan los del gobierno tratando de darnos a entender que “es poco lo que se puede hacer” para reducirlos.

Las remuneraciones, por ejemplo, son una de ellas.  Entre el 2013 y el 2014, el presupuesto aumentó esa partida en un 9.9%, e igual fue el incremento en el presupuesto del 2014 y el 2015, pero entre el 2015 y el 2016, el aumento fue de 6.7%.  En todos los casos fue superior al aumento de la inflación, pero también la reducción parece ser insuficiente en este disparador. De hecho, de un 29% que representan las remuneraciones en el gasto total del presupuesto en el 2015, dich9 porcentaje aumenta a un 30.8% en el presupuesto del 2016. Es decir, como porcentaje del gasto total del gobierno, esta partida sigue creciendo en su importancia relativa. 

Asimismo, en el caso de las transferencias corrientes del gobierno, que comprende básicamente las transferencia del gobierno a las universidades pública, a FODESAF y similares, el presupuesto de esa partida en el 2014 creció en un 8.2% con respecto al del 2013, luego, en el año siguiente aumentó a un porcentaje mayor de un 10.6% en el 2015 en relación con el del 2014 y ahora en el del 2016 crece en un 6.7% con respecto al del año previo. De nuevo, en todos esos años el incremento fue superior al de la inflación, por lo cual la reducción, que uno supondría moderaría el crecimiento del gasto de este disparador, es poca. Es así como, de un 28.1% de esas transferencias con respecto al gasto total presupuestado en el 2015, en el 2016 es de un 29.9%. Eso es, también sigue creciendo el peso específico de este disparador del gasto dentro de los gastos totales presupuestados.

El tercer disparador de gasto usualmente citado es el de los pagos de intereses y comisiones del gobierno.  Pasó de un aumento del 21.8% entre los presupuestos del 2013 y del 2014 a uno de un 19.1% de incremento entre el presupuesto del 2014 y el 2015, para luego caer a sólo un aumento del 2% en el presupuesto del 2016 con respecto al del año anterior.  Creo que parece evidente un aumento en los intereses internacionales a relativamente corto plazo, que muy posiblemente incidirá en esta, que así lo creo, subestimada partida de gastos. Además, el fuerte crecimiento de la deuda externa al cual el gobierno ha acudido recientemente (y que se ha mencionado podría crecer en otros $5.000 millones si tiene éxito una idea de financiar el déficit mediante la colocación de deuda costarricense con el gobierno chino), no tengo casi duda de que pronto se verá reflejado en un aumento al presupuesto de gastos actualmente presentado por el gobierno para el 2016.  Es decir, se podría estar subestimando esta partida de gastos en el que ahora envía el gobierno a la aprobación legislativa.  Por eso, aun cuando crece el peso de los intereses y comisiones de un 11.6% de los gastos corrientes del presupuesto del 2015 a un 11.8%, se me hace que éste porcentaje se quedará corto, en el curso del año presupuestario del 2016.

Me quiero referir a algo que señala don Luis Mesalles en su comentario antes citado y que tiene que ver con la estructura del gasto del gobierno; esto es, a la proporción de gastos de capital (de inversión) como porcentaje del gasto total del presupuesto.  Así, el gasto para inversión pública pasa de un 5.8% del gasto total en el 2015 a un 5.1% en el 2016. Esto es, se va para atrás, pues la inversión pública es clave en muchos sectores para que la economía pueda crecer, algo particularmente significativo en una economía como la nuestra claramente ralentizada en estos momentos.

Para terminar, dado mi escepticismo en cuanto a las cifras presentadas en este presupuesto del gobierno -intereses posiblemente subestimados, por ejemplo- les sugiero a los diputados que, a la hora de discutir dicho presupuesto, le hagan ver al poder ejecutivo que, con excepción de una situación de catástrofe, no se aprobarán mayores gastos previamente no incluidos, a través del mecanismo de enviar presupuestos extraordinarios con gastos adicionales a los incluidos en el presupuesto ordinario que esta para aprobarse.

Los costarricenses somos así encaminados, engañosamente, a que se nos impongan más y mayores impuestos, cuando en realidad nuestro gobierno no da muestras de la frugalidad y la prudencia que debería de proseguir: escoge seguir gastando a cambio del empobrecimiento de todos los ciudadanos, que sufriremos en nuestros presupuestos hogareños por la aviesa intención de meternos mano a los bolsillos para sacarnos la plata. Después nos dirán, esos mismos así llamados administradores o gobernantes, que no entienden por qué nuestra economía no crece y por qué no se genera el empleo necesario y por qué no crecen los ingresos netos de las familias.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: atentos al Segundo Presupuesto Extraordinario del 2015

Ya en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa están en discusión las mociones al segundo presupuesto extraordinario de este año. Una vez definidas éstas, el presupuesto pasaría al plenario para su aprobación o rechazo.  Por eso, es importante prestar atención a lo que está sucediendo en dicha Comisión, pues allí podría definirse la conformación final que tendrá tal presupuesto.  Esto es crucial a la luz de la cuestionada aprobación del desaforado presupuesto ordinario, que el gobierno logró que se pasara para este año. ¿Se acuerdan? Traía un incremento del 19% con respecto al equivalente del año anterior, aprobado en momentos en que los ciudadanos somos testigos de una seria crisis de financiamiento en el sector público.

Por tal motivo, resulta interesante la disputa que La Nación del 29 de mayo pasado expone en su comentario “Oposición y Frente Amplio en pulso por cortes al Presupuesto: Gobierno pidió rebaja de ₡60.000 millones en plan de gastos.” Digo que resulta interesante porque, por una parte, justamente es el gobierno dispendioso el que propone una reducción del gasto (claro, primero lo aumentó desproporcionadamente y ahora reduce su crecimiento en un poco), lo cual es, de por sí, una rebaja más que insuficiente, pero podría indicarnos que el gobierno reconoce que ese es el camino que debe y tendrá que recorrer en su manejo de las finanzas públicas. Ojala no esté yo equivocado. Por otra parte, porque también es sugestivo al exhibirnos una conducta del Frente Amplio que parece ir en contra de lo que aparenta ser la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y así, en vez de buscar recortar el gasto estatal, más bien obstaculiza dicha política.

Resulta que, en palabras del diputado liberacionista Rolando González, "el Frente Amplio se ha dedicado a intentar mantener las partidas que el propio Gobierno propuso reducir, mientras el resto de agrupaciones quieren (sic) recortarlas.”

Son tres los argumentos cajoneros del Frente Amplio, en palabras del diputado José Ramírez, que son desenfundados para oponerse a la reducción del gasto estatal. El primero, que no se les consultó de parte del ministerio de Hacienda a las instituciones cuyo presupuesto el gobierno propuso reducir.

Esto yo no lo puedo saber si así se hizo o no, ni tampoco si es relevante y si tampoco se puede enderezar, en caso de ser algo esencial. 

El segundo alegato y “la principal preocupación”, según el diputado Ramírez, es que “varias de las instituciones consultadas están en contra de las rebajas al plan de gastos”, entre ellas, “el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Fundación Omar Dengo (FOD) y casi todas las instituciones descentralizadas.” Bueno, no sé qué esperaba ese diputado y cualquier persona con dos dedos de frente: ¿Qué esas instituciones estuvieran brincando de felicidad porque les van a recortar las platas, que la ciudadanía les entrega por medio de los impuestos que paga?, o ¿qué aplaudieran gozosas por los recortes a su gastadera, sus sueldos y demás cosas propias de sus feudos? Obviamente que se oponen a que les quiten las mieles argentadas que constituyen las fuentes de sus gastos.  Me imagino que, si se mocionara en la Asamblea para reducirle el sueldo a ese diputado, tardaría muy poco en reclamar por ello y, en caso de no que no lo haga así, entonces debo presuponer que es por masoquismo o por un cinismo mal disfrazado (ya sé que por la Patria lo haría, pero, perdone, eso no se lo creo).

Por lo tanto, no vale como argumento para oponerse al recorte en el gasto gubernamental, el simple hecho de que eso “no les parece a los afectados”, quienes siempre argumentarán cualquier cosa que se les ocurra, con tal de que nos se les toquen la minita de oro de la cual viven. Excusas para el gasto son las que precisamente abundan y sólo la realidad de la escasez es la que exige que no puedan tener de todo, todo el tiempo y en todo lugar.

El tercer alegato del diputado es que “la propuesta final [de reducción] no cumpliría con la petición del Poder Ejecutivo, al punto de que, según Ramírez, el recorte real en gastos directos quedaría apenas en poco más de ₡40.000 millones y no en ₡60.000 millones”, como fue lo que inicialmente señaló la petición gubernamental. Éste sí que es un buen argumento, pero no para oponerse con obstáculos a los recortes, como lo ha hecho el diputado, sino para promover mayores reducciones, de manera que, al menos con ello, el gobierno se vea obligado a cumplir con lo que dijo que se proponía hacer.  La verdad es que uno no ve tal motivación en el diputado del Frente Amplio, sino todo lo contrario: lograr que haya más y más gasto estatal. No una reducción del derroche.

Me gusta lo que observo, al momento en que escribo este comentario, en cuanto a voluntad y firmeza en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, en lo referente al segundo presupuesto extraordinario: Una actitud de ir realizando los recortes presupuestarios que la economía nacional exige. El plan del gobierno reduce los gastos directos en ₡60.000 millones y en no ejecutar ₡146.000 millones como pago de su deuda, pero, entendámoslo de una vez por todas, posponer la amortización de una deuda no significa que se reduce el gasto estatal, sino sencillamente, que su pago se deja para después. Por ello, la reducción verdadera propuesta por el gobierno podría ser de tan sólo ₡60.000 millones. Ante esto, el diputado González indicó -responsablemente en mi opinión- que el bloque opositor quiere “aún más reducciones presupuestarias.” Me parece que una opinión similar se la escuché a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, señora Rosibel Ramos, acerca de lo crucial que era poner orden en el gasto estatal, empezando por este segundo presupuesto extraordinario.

Es indispensable que los diputados del bloque opositor se opongan a las intenciones del Frente Amplio de impedir una reducción del gasto gubernamental.  No quiero ser malpensado, imaginando que, lo que esa agrupación política en verdad desea, es la anarquía económica, que se ocasionaría por la permanencia de un desenfrenado gasto gubernamental. Por el contrario, aplaudo el objetivo del bloque opositor de reducir aún más la disminución de gasto que se incorpora en el segundo presupuesto extraordinario que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, pues lo que está en juego es el inicio de la restauración de la salud económica de los hogares costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Irresponsabilidad fiscal en su máxima expresión

Hace unos días el gobierno de la república presentó ante el congreso su presupuesto ordinario para el siguiente año. Sinceramente hubiera sido muy iluso por parte nuestra creer que este presupuesto se diferenciaría de los anteriores con una disminución significativa en el gasto. Dado que este gobierno se trata de uno bastante inclinado hacia el socialismo difícilmente esperaríamos que trate de buscar un Estado más pequeño y, por lo tanto, una disminución significativa del gasto público. Sin embargo, nos hubiera gustado mucho que esta nueva administración comprendiera lo que es evidente para muchos y es que esta mala costumbre en la que se viene desde hace años de estar gastando más de lo que ingresa es una política nefasta y los más perjudicados serán las generaciones futuras y los más pobres. El déficit fiscal ya está alcanzando niveles insostenibles y lo lógico, si se trata de administradores de estado responsables, es que hubieran presentado un presupuesto austero dominado por una política dirigida a reducir el déficit fiscal.

Lastimosamente ha ocurrido todo lo contrario. Este gobierno ha presentado un presupuesto un 19% mayor que el del año pasado en términos nominales. Esto es más de cuatro veces mayor al de la inflación registrada en el mismo año. Irresponsabilidad fiscal en su máxima expresión. Claramente esto es una evidencia de que estamos gobernados por personas que no tienen una conciencia clara de los problemas que este aumento en el gasto provocarán sobre toda la sociedad y están más interesados en cumplir con sus promesas cortoplacistas y populistas de quedar bien con muchos sectores ya bien acostumbrados a existir a expensas del Estado.

Como gran gracia, el presidente Solis se presenta ante todos los costarricenses unos días antes presentando una serie de denuncias que evidencian las ineficiencias en el gasto y despilfarros típicos de un Estado “social” de derecho y muy mal administrado. La conclusión que cualquier persona con “dos dedos de frente” podía sacar de esta tipo de denuncias era que era necesario reducir el tamaño del Estado y sanear las finanzas públicas. Pero no, nuestro presiente concluyó que lo necesario era aumentar el tamaño del Estado pero con la tranquilidad de que ya no íbamos a ser gobernados más por los “mismos de siempre”. Como si toda la gente del PAC fuera 100% honesta y humilde ¿Quién es el iluso?

No, la solución del señor Solis para “disminuir” el déficit fiscal será como era de esperarse un paquetazo de impuestos. Claro sigamos pagando la fiesta del gasto. Gente irresponsable y sinvergüenza. 

Desde la tribuna: entre el hacha y el estatismo

¿Habrá consistencia en las gestiones de los equipos del PAC que asumen la dirección de buena parte del gobierno? Celebro con fanfarria y vítores el anuncio del diputado Ottón Solís de entrarle con hacha al presupuesto del gobierno. No puedo más que alegrarme con tan directo anuncio.

¡Claro que la cosa tiene su particularidad!  Solís 1, el diputado, ha salido a pregonar al mundo entero que está más que contento con la elección de Solís 2, el Presidente. Pero muchos no se tragan el dicho, pues conocen de las luchas internas del PAC y las pasiones de quien ahora es diputado y otrora candidato sembrado en tres elecciones. Ello, no obstante, no es el punto central de estas líneas.

Tampoco el directo anuncio de usar el hacha.  Comúnmente se hablaba de “machetear” el presupuesto, como símil o metáfora que aludía a recortarle todo  lo superfluo, sobrante o innecesario.  Pero … salvo que Solís 1 nos haya engañado, la acción con hacha implica el fondo, lo grueso, el tronco y no eso de andarse por las ramas. ¡Ahora sí que estamos frente a algo interesante!

El PAC ha sido estatista.  Se ha comprometido con lo que algunos llaman la institucionalidad (aunque sea contraria a la constitucional) del país. Un tejido de asistencialismo incoherente e inconsistente, ineficaz y más bien promotor de la pobreza, que ahoga irremediablemente a una sociedad y la engaña con acciones mediocres e inútiles, funcionando como un lastre es, en general, lo que algunos llaman “institucionalidad”. Caldo de cultivo de demagogia y empleomanía, con exceso de gollerías y cargas y que cada vez más estorba la productividad, la generación de riqueza, la llamada “institucionalidad” no solo contraría los enunciados jurídicos básicos de nuestro sistema constitucional sino que promueve situaciones inaceptables:  concentración de poder en el Ejecutivo, alejamiento de los controles legislativos en materia de gasto público, rutas secretas para los buscadores de rentas, irresponsabilidad moral en muchas situaciones, traslado del riesgo al Estado, socialización de pérdidas y privatización de ganancias.

¿Cómo conciliar el hacha de Ottón Solís con el rumbo que lleva el PAC?  ¿Acaso no insistido el mismo Solís 1 en que lo único que perturba el devenir del Estado costarricense es la corrupción y la falta de mística?  ¿Acaso no se contradice con sus propias palabras de sacar el hacha y buscar la austeridad?

Por ello prefiero al PAC y al Solís del hacha, al “hachero” que al estatismo y al eufemismo de plantear que metiendo a algunos corruptos se acaba nuestro serio problema.  Porque enmendar el rumbo requiere hacha, sin lugar a dudas, pero también requiere brújula, cambio de ideas, apertura y serias aclaraciones respecto del torcido rumbo por el cual nos lleva el estatismo.  Ello, sin discusión, requiere consistencia y coherencia. ¿Aparecerá?

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¿el acuerdo social costarricense?

En una noticia de La Nación digital del 14 de julio (precisamente en el aniversario de la Revolución francesa) aparece el ministro de Hacienda costarricense, don Edgar Ayales, bajo el título de “Sostenibilidad del acuerdo social costarricense” introduciendo sus tesis en pro de un nuevo paquete tributario.  La motivación general es que el acuerdo social (costarricense)  “que sustenta el financiamiento y provisión de los servicios públicos ha comenzado a mostrar fisuras.  Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos, deterioro de los servicios públicos e infraestructura , y la resistencia de la población a financiar servicios públicos de los que obtiene beneficios cada vez más limitados”.

De una vez, el ministro esgrime la defensa del Estado ineficiente e inútil, señalando que “ha hecho (el ministerio de Hacienda) esfuerzos importantes para controlar el nivel y calidad del gasto, a pesar de la rigidez que lo caracteriza  …”.

Quizás es mejor empezar por indicar que, ciertamente, hay una inmensa rigidez en el gasto público costarricense y eso es de lo primero que hay que revisar.  Porcentajes fijos para la educación superior oficial (FESC), porcentaje fijo para la educación costarricense relativo al PIB, fondos para financiar pensiones, problemas e deuda pública y demás “situados” y “zarpazos” constitucionales y legales que impiden un adecuado presupuesto.

La demagogia y el abuso “legalista” han sido mucho y agotan al contribuyente costarricense, impiden una buena organización del gasto y evidencian el clientelismo político y la inequidad del gasto público.   Hay una perversiones muy singulares.

Asimismo, la técnica presupuestaria, hay que pregonarlo, es parte del problema.  Los programas, oficinas y demás cuestiones quedan enquistados en el presupuesto, de tal modo que basta a muchos reiterar el código presupuestario con un incremento un tanto superior a la inflación esperada y ahí nos eternizamos.  Sería mejor un presupuesto base cero, que cada año requiriera justificación y explicación de todos los programas, oficinas y gastos.

La  corrupción, la empleomanía, la ineficiencia y la perpetuación de la burocracia son otra causa del evidente desequilibrio.  La “trocha mocha”  (veinte mil millones de colones perdidos), el descarado e ilegal gasto de Recope (desperdicio de más de veinticinco millones de dólares en los estudios para una refinería, estudios que fueron rechazados por la Contraloría), la misma Recope mantiene incólume la planilla de una refinería que no refina, se estima que más de once mil empleados fueron contratados en vicio en la CCSS, el Estado exige a todos unas gestiones tramitopáticas en sus construcciones pero es el primero que evade los controles (Recope, Acueductos y Alcantarillados), el Estado no cumple con los gastos comprometidos  (el impuesto a los combustibles no ha sido usado como corresponde), los pagos a los trabajadores de energía del sector público son exagerados, desproporcionados y abusivos y ello castiga al sector productivo, el Estado gasta sin ton ni son (las pelotas del Barrio chino en San José), los servidores públicos se sirven con cuchara grande (en la actual tesitura relativa al aumento de salarios, el aumento propuesto para el sector público es mayor que el aumento del sector privado, además de que por régimen ese porcentaje significará más, en razón de “pluses” y otras ventajas).

El punto real es que el Estado no cumple.  Más de 40 años de un IMAS, dedicado a la lucha contra la pobreza y las metas no se cumplen, más de 50 años de políticas para la vivienda y los objetivos no avanzan (cada vez es peor), inmenso gasto público en lucha contra la pobreza y éste aumenta (pero los salarios se pagan y el gasto público aumenta), la electricidad (monopolios públicos de diversa naturaleza) es muy cara y ello afecta la competitividad, nuevos impuestos y la seguridad no mejora, el Ministerio de Educación no solo no participa de la descentralización sino  que se arriesga a suscribir una convención colectiva, de paso se extiende a segundo grado el período para enseñara a leer y escribir.  El Estado no solo no cumple sino que estorba significativamente el desarrollo del sector privado.

Esto no es nuevo.  En la década de los ochentas se justificó un gran paquete tributario (ley para el equilibrio financiero …) en la idea de unos grandes estudios para determinar el desempeño  (hubo necesidad de una acción de inconstitucionalidad por omisión para que se emitieran los estudios, los cuales resultaron una chanfaina), planes de ajuste estructural que no se perfeccionan, cierre de instituciones públicas que no se concluye (CNP, Ifam), formas de administración alternativa que no se realizan integralmente (out sourcing que queda a medio palo), incorporación de nuevas formas para obtener resultados en infraestructura que se ejecuta de manera torticera (CNC, concesión de obra pública cuestionada)

El acuerdo social costarricense no es para mantener un Estado idiota, inútil, abusivo, ineficiente, elefantiásico, atropellador, mentiroso y obstaculizador.  ¡Jamás!  El acuerdo era hacer un esfuerzo fiscal para que la sociedad avanzara un paso y no para eternizar las instituciones de ayuda social y los monopolios públicos.  ¡No hay cuerpo que aguante tales concepciones ni tales abusos

El Estado ha incumplido su parte.  El Imas (ayuda social contra la pobreza extrema) incumplió su parte y hubo que alargarle el período y perpetuarlo, a pesar de su evidente mora.    Los bonos de vivienda se siguen regalando, la empresa privada y las organizaciones de bien social también aportan y el problema está peor que antes.  Las escuelas no avanzan sino que retroceden, la seguridad social hace aguas, los regímenes de pensiones estrangulan los fondos públicos (sobre todo los privilegiados).  

No basta con la expresión de que ha habido “esfuerzos” por parte del Ministerio de Hacienda.  Se requieren logros, hechos, soluciones, arreglos reales.  

No es justo ni bueno arrebatar a los ciudadanos el fruto de su trabajo, con el cuento de que es para hacer sostenible un acuerdo social  (¡qué cuento!).  Así planteado es una extorsión, el eufemismo para seguir expoliando al pueblo.  

A mí no me convence el cuento del ministro Ayales. Veo clara la amenaza y lo veo como un mediador entre secuestrador y secuestrados.   Al menos debería decir la verdad de las cosas y no inventar tal cuento para intentar quitarnos lo nuestro.

Darle más plata al Estado, en este momento, es como darle plata al borracho:  irá a la cantina por más guaro.  ¿Es ése el acuerdo social costarricense?  Me niego a tal interpretación.   Los costarricenses hemos dado plata a la seguridad social para que se resolvieran problemas concretos que no se han resuelto, no para una administración tan ineficiente y anómala.  Hemos entregado fondos y competencias al Estado para que resuelva problemas, no para que juegue de bienhechor y al final estemos peor que antes.  

¡A otros con ese cuento …!

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: causa y modo de corrupción

Ya lo había dicho John Emerich Edward Dalberg-Acton, conocido como Lord Acton: “el poder corrompe … y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Generalmente, la gente común debe limitar sus aspiraciones a lo que alcancen sus posibilidades. ¡No queda otra!

Debido a ello es que nace la afirmación que dice que la economía existe porque los recursos son escasos. Esta escasez de recursos establece un límite a las posibilidades. Y, por supuesto, tal situación lleva a la necesidad de tomar decisiones, al imperioso requerimiento de elegir.

¿Qué hacer ante una determinada cantidad de recursos y con una lista más grande de deseos, aspiraciones, obligaciones o expectativas? Debe escogerse lo que se va a hacer de acuerdo con las posibilidades reales. ¡Casi nunca se puede hacer todo! ¿Por qué? Porque los recursos no alcanzan para todo. Algunas veces es el dinero, otras veces puede ser el tiempo, en algún caso será la capacidad de ejecución y así sucesivamente.

En lo personal, cada uno irá viendo, conociendo y entendiendo sus límites. En ciertos casos sucederá que la plata no alcanza y no se puede adquirir todo lo que se quiere. Otras veces, sencillamente no se puede hacer algo porque no alcanza el tiempo o porque la persona no tiene como duplicarse o multiplicarse para enfrentar múltiples tareas o estar en varias partes a la vez.

Se espera que la vida nos vaya madurando y superemos con conocimiento e inteligencia ese primer estado de chiquillos que quieren todo (una carta del Niño Dios con peticiones interminables, el capricho de los párvulos que lo piden todo y lloran y hacen berrinche por sus deseos) para transformarnos en adultos capaces de escoger adecuadamente qué es lo mejor que podemos hacer con nuestros limitados recursos.

Se presume que con estudios y formación todo el mundo sabrá cuánto tiene, cuánto puede, cómo debe administrar y programarse, cómo ha de ordenar sus necesidades y deseos en relación con sus posibilidades o recursos.

Un buen padre de familia, por ejemplo, comprenderá la importancia de la educación y la salud de sus hijos. Por tal razón, si tuviera necesidad de recortar sus gastos, ordenará sus finanzas alrededor de las necesidades de los menores: alimentación, educación y salud. Es de esperar que, en caso de no alcanzarle los recursos para todo lo que quiere, entonces postergue otras cosas como diversión, cambio de muebles, vacaciones y hasta la adquisición de ropa nueva.

Si una sociedad ha invertido mucho en educación, enseñanza de las matemáticas, estudio de la administración, cívica y comprensión de las responsabilidades personales (obligaciones legales y morales) hay una gran probabilidad de que la gente tenga claras sus prioridades y adopte buenas decisiones. Incluso, en tal estado de conocimientos, más bien es de esperar que la gente tome magníficas resoluciones: programe y planifique sus gastos, aproveche bien y rinda apropiadamente sus recursos, administre sus recursos de una manera óptima y asuma con toda responsabilidad sus obligaciones. Con buena información, además, la gente no debería ser sorprendida “asando elotes”, o sea, en situaciones embarazosas sino que habría de ser factible que sus elecciones tuviesen un alto grado de previsión (ahorros y seguros, por ejemplo).

Algunas religiones y filosofías, asimismo, llegan también a proponer actitudes especiales en la vida: no dejarse llevar por determinados deseos, comprender las posibilidades reales de cada uno, usar adecuadamente los talentos (una de las parábolas más intensas del Evangelio, la cual comprende toda una lección de vida), aprovechar el tiempo y, en algunos casos, simplemente entender la felicidad como un estado en el cual la persona ha superado todos los deseos, ¡no desea nada! Se trata del desarrollo de virtudes y actitudes.

Incluso, es un principio del Derecho privado –el cual rige las relaciones entre particulares, entre las persona de carne y hueso- que a la par de la autonomía de la voluntad o libertad (la cual le permite a cada cual hacer todo aquello que no esté prohibido) aparezca la ineludible igualdad jurídica. En virtud de ella, nadie tiene una potencia jurídica superior en la relación entre particulares y, por tal motivo, ninguno puede imponer su voluntad a los demás (hay libertad, pero la tenemos todo y todos somos iguales).

Por tal motivo (recursos limitados), la vía natural para obtener bienes y servicios es el contrato o acuerdo de voluntades. Se trata de una esencial limitación de nuestras posibilidades o recursos en la vida social.

El problema surge cuando el poder permite a algunos romper las reglas de la economía y la convivencia. Entonces todas las enseñanzas se van por la borda. Así sucede, por ejemplo, cuando el niño más grande le quita la merienda al condiscípulo pequeñito. También cuando el ladrón, el estafador, el defraudador y el abusivo se apropian de los bienes ajenos usando vías inapropiadas.
En estos casos, se trata de un poder ilegítimo que abusa del otro (le roba, le arrebata, lo viola, lo coacciona). Estos abusivos toman lo que quieren y no reconocen sus límites, afectando profundamente la convivencia. Entre más fuertes y listos sean los abusivos, más poderosos son.

El poder corrompe. ¿Cuántas veces el poderoso abusa del débil, del indefenso, del desvalido, del vulnerable, del pequeño? ¿Cuántas veces el poderoso le quita al prójimo sus bienes y su tranquilidad? ¿Cuántas veces el poderoso “matonea” al más débil?

En la organización de la vida social se ha confiado en que el Estado y sus órganos e instituciones realicen algunas funciones públicas. Se espera y así se ha previsto en las normas, que el Estado realice sus tareas con probidad y corrección, con arreglo a buenas prácticas de todo tipo y, por supuesto, financieras y administrativas.

Aunque se discuta intensamente cuánto debe planificar el Estado la vida social (porque la evidencia ha mostrado que ello es inapropiado y empobrecedor) en cambio nadie polemiza acerca de que sí se planifiquen y programen adecuadamente las actividades públicas, o sea, el desempeño propio del Estado y sus instituciones.

En el área del quehacer público, en el ámbito del servicio público, en el espacio de los cometidos y recursos públicos ya ni siquiera se habla del desempeño o prudencia de “un buen padre de familia” (expresión jurídica que sintetiza lo que se espera de un administrador privado). Aquí, en el ámbito público, en donde impera la custodia de los recursos públicos (no solo el dinero sino un conjunto más complejo de bienes, instrumentos y competencias), los principios del servicio público y del Estado de Derecho, deben aparecer las más depuradas técnicas de administración, las óptimas prácticas, la probidad, el respeto a las normas jurídicas, técnicas científicas, la lógica, las reglas del arte, la transparencia y el respeto.

Sin embargo, muchas veces sucede exactamente lo contrario. ¿Por qué sucede así? Simplemente porque se ha podido transgredir todo lo que se ha querido.

“Se ha podido …”, o sea, un poder.

Un ejemplo lo encontramos en las disposiciones constitucionales relativas al presupuesto nacional. El artículo 176 de la Constitución Política preceptúa que las gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables. Es una regla que debe acatarse en la tramitación de la aprobación del presupuesto nacional. No obstante, esta simple regla ha sido irrespetada frecuentemente. Ello lleva al déficit presupuestario. No un déficit sobreviniente sino progamado.

En tal simple hecho se retrata un Estado (políticos, Administración Pública, funcionarios públicos) que no actúa como debe sino quiere y puede (un poder), aprovechándose de diversas coyunturas (indiferencia de la Sala Constitucional, complicidad de mayorías legislativas y diputados oficiales, inutilidad y complicidad de otras instancias de control).

Se torna entonces en el ejercicio de un poder sin control, que aunque es efecto también es causa y desemboca en varias formas de corrupción, mala administración, mala programación y planificación públicas, falta de probidad, mala técnica e irrespeto a normas de diversa naturaleza.

Este poder desmedido y abusivo pasa entonces a otras formas de corrupción tales como clientelismo político, empleomanía, duplicación de funciones, relajación de las formas e instrumentos de control de la función pública, ineptocracia, estatolatría y burocratización.

Como hemos oído, entonces también se llega a otros males, en parte corrupción y en parte convocados por el abuso de poder: la cleptocracia mira el aparato público como un botín y lo toma como presa (si no hay control, ni servicio público, ni análisis de resultados entonces hay campo libre) y aparece un Estado pseudopandillero (afincado en monopolios, tramitología enfermiza y cuellos de botella).

Finalmente, el poder y la corrupción rebasan los límites pasándole la factura de todos los desmanes y desafueros a la sociedad. Así aparecen los paquetes tributarios, la inflación, el deterioro de los servicios y bienes públicos y la indiferencia ante las necesidades sociales.

Todo porque el aparato público (políticos y funcionarios) se brincaron la cerca y usaron el poder para hacer lo que no debían. Ello, per se, implica corrupción (aunque en algún estadio pudiese ir acompañada de supuesta “buena intención”, la cual sabemos que termina empedrando el camino al infierno) y así debe entenderse.

Abusaron con monopolios, con exceso de funciones, con presupuestos deficitarios, con mal manejo monetario. ¡Ese poder es sinónimo de corrupción! La corrupción llama a más corrupción: más clientelismo, más ineptocracia, trámites excepcionales para aprobar impuestos.

Si se les da más recursos y funciones, tendrán más poder y entonces tenderán a abusar más. Es una espiral sin fin.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: comentario acerca de impuestos y gastos gubernamentales

Es cierto que un impuesto al valor agregado, comparado con un impuesto sobre las ventas sólo gravado sobre el consumidor final, como, por ejemplo, es el caso actual de Costa Rica, posee algunas ventajas. Tal vez la más importante tiene que ver con que un impuesto al valor agregado exhibe como característica principal que “se facilita el control cruzado entre las diversas empresas y, por lo tanto, es más fácil detectar la subestimación de los tributos”, como nos lo señala quien tal vez sigue siendo el mayor experto tributario en el campo de los impuestos sobre las ventas, el profesor John Due (ver John Due, Sales Taxation, Urbana: University of Illinois Press, 1959, p. 366). Pero él también nos advierte que “la regresividad general del impuesto no es tanto un argumento en contra del uso del impuesto a las ventas (como, por ejemplo, en su versión de valor agregado), sino en que se descanse excesivamente en él como un elemento de la estructura tributaria general” (Op. Cit., p. 37. El paréntesis es mío).

Me parece que por aquí pasa gran parte de la discusión conceptual sobre este impuesto en el momento actual. Es cierto que para paliar su regresividad lo que muchos países hacen es excluir una serie de bienes, tal vez lo que algunos llaman “canasta básica”, pero esto tiende a complicar aquel control automático que se pretendía lograr y que era su característica más meritoria y más aún si se introducen diversas tasas del impuesto al valor agregado, para diferentes actividades económicas, en vez de ser una tasa uniforme.

A pesar de todo esto, en mi opinión la introducción de un impuesto al valor agregado, que alguien podría contemplar como deseable, no significa que se deba hacer con tasas impositivas superiores a la previamente existente con el impuesto sobre las ventas a nivel de consumidor como el actual. De hecho hoy el impuesto a las ventas tiene dos tasas: una de 0% a ciertos pocos bienes exentos y de un 13% a la mayoría de los bienes. Con la propuesta a la fecha, habría varias tasas: una de 0% a los que siguen siendo pocos bienes exentos, 2% a ciertos insumos, 4% a ciertos bienes de construcción y agrícolas, 10% a algunos servicios y 13% a la generalidad de bienes. Esta multiplicidad de tasas posiblemente enrede las posibilidades administrativas de control cruzado, que era el gran mérito del IVA, en comparación con el actual impuesto a las ventas.

El zapato en que se ha ido metiendo el gobierno tiene su origen en que se ha planteado mal el problema tributario del país, como lo hace cierto periodista columnista de cierto periódico, y que se mete a experto en el campo de los impuestos. Es tal la angurria gubernamental por obtener más ingresos tributarios, que ha provocado que pierda el norte de su sistema tributario. En primer lugar, porque en este paquete, el 70% de las nuevas recaudaciones provendrán de la reforma al impuesto a las ventas, con lo cual crece su importancia como “elemento de la estructura tributaria general”, de la cual nos advertía Due, problema de especial importancia por la naturaleza regresiva que generalmente se acepta que posee dicho gravamen.

En segundo lugar, porque el gobierno podría haber optado por una reforma tributaria del impuesto de ventas hacia un mejor impuesto sobre el valor agregado, mediante la cual, por una ampliación de la base, redujera a cambio la tasa impositiva, de manera que la recaudación neta fuera similar a la actual. Es muy posible que tal propuesta políticamente habría sido más viable en cuanto su recepción y aprobación, pero el problema está en que el gobierno, a como haya lugar, lo único que parece interesarle es ver cómo logra agarrar más plata. Si la simple transformación, sin tener que variar la tasa anterior, ya de por sí le hubiera generado mayores ingresos por el mejor control que hubiera logrado, pero, como para echar sal sobre la herida, se aprovecha de la oportunidad para aumentar la tasa del impuesto actual sobre las ventas (además da ampliar radicalmente su base imponible).

Finalmente, debo terminar con una advertencia para los creyentes en el Estado: éste no va reducir sustancialmente su gasto. Digo esto porque ya algunos en cierto medio nos han salido diciendo que es necesario poner los actuales impuestos contenidos en el paquetazo, como lo es cierta reducción en los gastos gubernamentales programados. La verdad es que ya el gobierno ha tenido varias oportunidades de seguir este segundo camino deseable. El presupuesto que se presentó para este año es más apropiado para una economía de vacas gordas, que de vacas flacas, como la que cada día nos indican las noticias acerca del retraimiento gradual del crecimiento en la actividad económica nacional. Es más, a todas luces el presupuesto que presentó este gobierno para el año entrante es ilegal, pues viola principios básicos de financiamiento del gasto gubernamental, garantizados por nuestra Constitución. Así lo indicó en la pasada liquidación del presupuesto de la República, la institución indicada para dictaminarlo, como lo es la Contraloría General de la República.

Pero más notoria fue la burla cuando, ante la inquietud del diputado Fishman por recortar los gastos contenidos en el presupuesto del gobierno para este año, que ascienden 5.9 millones de millones, sugirió que se redujeran en 54.000 millones; esto es, no siquiera en un 1% del monto presupuestado (exactamente, un 0.92%). ¿Se imaginan cuál fue la contraoferta de este gobierno dispendioso y que sólo quiere ponernos impuestos y no rebajar su gasto?, pues reducirlos en el risible monto de 4.900 millones. Esto es, ni siquiera en una décima parte del 1% del gasto total (específicamente 0.08%). Estamos claros acerca de reducir el gasto… ¿verdad que las cosas serias algunos las toman en broma?

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos rebajar el gasto público

Francamente no me extraña que La Nación haya sido sorprendida en cuanto a la reducción del gasto público que se ha propuesto en la Asamblea Legislativa. Es bien sabido que el diputado Fishman, en unión de otros legisladores, había decidido, al fin, entrarle con ganas al exceso de gasto gubernamental, que hoy se refleja en un déficit del 5.5% del Producto Interno Bruto y que es el fundamento que el gobierno ha pregonado como medida para proponernos la imposición de un nuevo paquetazo tributario.

La reducción del gasto que ese grupo de diputados proponía para el presupuesto que el gobierno ha presentado para el 2012, ascendía a aproximadamente ¢54.000 millones y, según La Nación, ese presupuesto asciende a un total de ¢5.9 millones de millones (o sea, billones). Si los números de La Nación están bien, la reducción que proponían don Luis Fishman y demás diputados no es ni siquiera de un uno por ciento del presupuesto total enviado por el gobierno (específicamente de un 0.92%). Una bicoca.

Me imaginé que la sorpresa que dice haber sufrido el editorialista de La Nación del lunes 24 de octubre, se debía a la reducción relativamente tan moderada que proponen esos diputados, pero no: lo que nos dice que lo sorprendió fue, por una parte, que “unos (los diputados de la oposición) trataron de hacer mucho”, así como, por otra parte, que el gobierno de la República propuso, como alternativa a esa propuesta de reducción de los diputados, una rebaja en el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa de tan sólo ¢4.900 millones; esto es, ni siquiera una décima de un uno por ciento del presupuesto inicial (específicamente, de un 0.08%). Si las cifras que nos da La Nación están bien, ¡la oferta del gobierno es ridícula! ¡Totalmente ridícula! Como pocas veces vista y ciertamente difícil de creer.

Y, según La Nación, aunque luego se moderó esa suma de reducción inicialmente propuesta por los diputados de la oposición, “la suma resultaba muy elevada”. ¿Elevada?, si hemos podido darnos cuenta que no llegaba ni a un uno por ciento del presupuesto mandado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo. Luego La Nación tiene la ocurrencia de hacer una olla de carne de esa propuesta de los diputados de reducir en menos de un uno por ciento el presupuesto con la ridícula oferta del Poder Ejecutivo de rebajarla en sólo un 0.08%, para proponernos nuevos y mayores impuestos.

Basado me imagino en la experiencia con otros paquetes tributarios con que se nos ha venido abrumando cada 3 y medio o 4 años desde hace cuatro décadas, al menos, don Luis Mesalles de la Academia de Centro América y columnista de ese periódico, comentó que “Aún si Hacienda lograra recaudar lo que pretende, el hueco del déficit seguirá siendo de más de medio billón de colones anuales” y enfatizó que “históricamente ninguna de las llamadas reformas o paquetes tributarios aprobados ha logrado que los impuestos aumenten en más de un 1% del PIB.”

O sea, ni aprobando la reducción de gastos que inicialmente propusieron los diputados de la oposición y ni al mismo tiempo imponiendo el paquetazo tributario, se va a eliminar el déficit que actualmente tiene este gobierno gastón. Me imagino que lo que intenta esta administración es, una vez más, seguir con el nadadito de perro de siempre: tener un déficit relativamente pequeño al inicio de la aprobación del nuevo paquete de impuestos, para que después se haga presente el gasto que ahora ha podido financiar, para que aumente de nuevo el déficit y volver a plantear otro aumentazo de impuestos a la ciudadanía. En resumen, lo que este gobierno busca es lograr plata para financiar más gasto y que el gobierno que venga atrás vea cómo resuelve las cosas mediante otra propuesta de un nuevo montón de gravámenes.

Por ello, gracias al PACto, el gobierno cedió en la presión que estaba ejerciendo ante las instituciones autónomas, que es otro gran componente del Estado gastón, para que redujera su gastadera, pero apenas vio que logró el apoyo del PAC para el paquetazo, dejó de urgir esa reducción y que todo siguiera igual que antes: gasto y más gasto público. Asimismo, por ello el gobierno tuvo la osadía de proponer esa alternativa de reducción de gasto gubernamental por un monto tan absurdamente bajo, porque cree que tiene amarrado el nuevo paquete de impuestos y por tanto no se siente ya obligado a hacer sacrifico alguno, que pueda hacer un poco más aceptable el sacrificio impositivo que sólo exige al ciudadano común y corriente.

Si el gobierno reduce su gasto, aún cuando tengamos un déficit en sus cuentas, pero sin que haya un aumento en los impuestos, prefiero esa situación por una razón muy sencilla: no se va a afectar el crecimiento de la producción de todos los costarricenses, pudiendo incluso el gobierno recoger así más en impuestos como sucedió hace pocos años, en época de Arias, cuando el crecimiento de la economía permitió que mejorara la recaudación fiscal, aunque luego echaron por la borda todo ese ahorro de recursos.

Si se ponen nuevos y mayores gravámenes se va a reducir la tasa de crecimiento, ya de por sí alicaída, del Producto Interno Bruto, el cual crece cada vez menos y menos, y, aunque sorprendentemente el Banco Central no parece haberse dado cuenta de ello, o no ha querido siquiera mencionar la posibilidad, estaremos enfrentando a la larga mayores déficit gubernamentales, posiblemente mayor inflación y seguramente un aumento en los niveles de desocupación en el país. Y una Nación preocupada, porque algunos valientes diputados propusieron una reducción de menos un uno por ciento del presupuesto de gasto gubernamental para este año que viene.

Jorge Corrales Quesada

Gobierno nos dirige hacia una crisis fiscal

Voy a tomar prestado un tema que ha venido presentando de manera muy acertada mi colega bloguero de El Financiero, Allan Rodríguez, y es el de la preocupante acumulación de deuda y gasto deficitario que está generando el gobierno.

Casi la mitad del presupuesto de la República presentado el martes pasado por el ministerio de Hacienda se financia mediante deuda, es decir, el gobierno no generará los recursos a través de impuestos y tendrá que recurrir a pedir prestado. Cuando eso ocurre, suben las tasas de interés, puesto que el Estado acapara el crédito disponible, en detrimento del sector productivo que es el que genera riqueza.

El gobierno apela al cuento de que las finanzas públicas se han deteriorado debido a la caída en ingresos producto de la crisis económica mundial. Si bien efectivamente ha habido una disminución en la recaudación de impuestos, el grueso del boquete fiscal es el resultado de que el gobierno ha soltado irresponsablemente las llaves del gasto, el cual aumentó en un 22% en el último año (ver gráfico).

Y la borrachera del gasto y el endeudamiento continúa. El gobierno ahora está proponiendo financiar la banca de desarrollo con deuda. El nuevo presupuesto crea 5.632 puestos nuevos en el sector público, de los cuales casi la mitad serán puestos de maestros–cuando más bien la matricula escolar va a la baja–principalmente de artes plásticas, música y educación física. Cualquier malpensado diría que el gobierno está tratando de nutrir a un gremio (educadores) que siempre ha sido base del PLN de cara a las elecciones. También se planea aumentar el presupuesto de las universidades estatales en un 10% a pesar de que la economía nacional se va a contraer este año.

Todo este festín del gasto nos ha llevado a tal grado de apretazón presupuestaria que ahora el gobierno pretende apelar al endeudamiento para pagar los gastos corrientes del Estado. La ministra de Hacienda afirma irresponsablemente que esta es la única solución al faltante de recursos. El gobierno también pretende eliminar la cláusula que prohibe que el endeudamiento en dólares supere un 20% del total de la deuda pública. No puede haber una idea más peligrosa que aumentar el endeudamiento público en dólares, puesto que cualquier devaluación del colón incrementaría significativamente el peso de la deuda.

El gobierno nos lleva a toda velocidad hacia una crisis fiscal. ¿Quién lo detiene?

Juan Carlos Hidalgo