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lunes, 4 de julio de 2016

Tema polémico: volverán las oscuras golondrinas...a delinquir

Nuestro tema polémico de hoy no tendrá ni la elocuencia ni el romanticismo de los versos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer pero trata sobre lo mismo: golondrinas. Solo que son otras golondrinas, es decir, los reos que ordenó liberar el Presidente Luis Guillermo Solís.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de la  República ordenó la excarcelación de casi 400 privados de libertad, alegando que lo hacía para cumplir con diversas sentencias de la Sala Constitucional que exigían respetar los derechos de estas personas, que estaban en condiciones de hacinamiento que ponían en peligro su salud e integridad física.

Poco tiempo después del anuncio, los presos comenzaron a salir, pese a los reclamos de la mayoría de actores políticos y sociales del país. Sin embargo, tan rápido como salieron, empezaron a hacer sus fechorías. Luego de que uno de ellos abusara sexualmente de una joven de 25 años, el mandatario indicó que "una golondrina no hace verano", para defender la excarcelación, alegando que era un caso aislado. 

Pero no resultó ser un caso aislado. Más allá de la forma chabacana, insensible y, por qué no decirlo, irresponsable con la que el mandatario abordó una situación tan delicada (seguramente no habría reaccionado igual si la víctima hubiese sido algun familiar suyo), durante el mes de junio se presentaron otros casos de personas liberadas por su directriz que reincidieron en la comisión de delitos, ya sea venta de drogas, asaltos y robos o, incluso, delitos sexuales contra menores de edad. Pese a todo esto, el Poder Ejecutivo insiste en su cabezonada y sigue excarcelando delincuentes.

Las golondrinas de esta histora, que se parecen más a los pájaros de la célebre obra de Alfred Hitchcock, volvieron a las calles pero para delinquir. Con esto se evidencia el gazapo, la improvisación y la torpeza con la que la Administración Solís Rivera ha manejado la situación de la seguridad. Tantos recursos que año a año se invierten en nuestro país para atacar la delincuencia y la violencia, y ahora se vienen a desperdiciar con la liberación de estos tipejos que solo llevan dolor y temor a las comunidades. 

Solís y su gabinete están más concentrados en los derechos que supuestamente se le están negando a los privados de libertad cuando deberían concentrarse en los derechos de las víctimas, de las personas honestas que han sufrido por los actos de los antisociales. Una cosa es otorgarle un beneficio de excarcelación o de pasar a un régimen semi institucional a alguien cuya sentencia es por un delito menor y otra muy diferente y errada es permitir a violadores, asesinos y asaltantes violentos salir, pues la probabilidad de que estas personas reincidan o busquen a quien los denunció y lo ataquen, es muy alta. 

En ASOJOD consideramos que si el problema es el hacinamiento, la solución no es la liberación, sino que pasa por la construcción de más infraestructura carcerlaria. Es cierto que también hay que trabajar en la prevención y en la generación de condiciones que ofrezcan oportunidades a las personas para que tengan un ingreso honrado, pero eso es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo. La problemática actual exige una respuesta inmediata y la única forma de abordarla es mediante la ampliación de las prisiones. 

Pero acompañando a esto, consideramos que debería variar la forma de ver las cárceles. Hoy son prácticamente escuelas para quienes están adentro, donde aprenden formas más elaboradas de dañar a las personas y donde acumulan más resentimiento y odio que luego descargan contra los inocentes al salir.  Las cárceles deberían convertirse en espacios donde los reos no solo purguen una condena sino donde también trabajen, tanto para mantenerse ocupados y dejar de pensar en nuevas formas de cometer delitos como para que puedan resarcir a la sociedad el daño cometido. 

No nos parece justo que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que pagar con sus impuestos la manutención del privado de libertad; este último debería trabajar para cubrir, con lo que genere, los gastos en que debe incurrir el Estado por su encarcelamiento. Además, con esos recursos, también podría pagar a la víctima o a sus familiares por los daños que le ha causado (pues muchas veces los sentenciados son condenados a pagar por la vía civil los daños pero al no tener nada registrado a su nombre, no lo hacen) e, inclusive, podría aportarlos a su propia familia para ayudar con los gastos de un hogar que ha quedado desmenbrado por la errada decisión de uno de sus miembros. 

Sin duda, hay opciones más inteligentes y sensatas que la simple liberación de delincuentes. Hemos ofrecido una y de seguro, la discusión seria y propositiva presentará otras. Lástima que eso es algo que el Gobierno del cambio no parece entender.

martes, 31 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el gasto público de los últimos tiempos

Si logramos tener alguna idea del comportamiento del gasto gubernamental de los últimos años, eso nos permitirá entender por qué es muy posible que  fines de este año el déficit del gobierno llegue a algo más de un 6% del Producto Interno (PIB).

La información la suministra La Nación del 30 de abril, en su comentario titulado “Gobierno incrementó el gasto público en ₡1 billón: Ejecutivo consumió ₡400.000 millones más de lo que quiere recaudar con nuevos impuestos.”

Ya estamos acostumbrados a que un gobierno siempre le “eche los muertos” a quien le precedió, por el mal momento actual en su gasto público. Es una cadena casi sin fin: siempre el responsable será “el otro”, el de atrás, pero nunca dirá que el actual.  Posiblemente hay algo de razón en la queja, porque muchos gobiernos actúan con la idea de que “después de nosotros, el diluvio.” Esto es, “hagamos la torta ahora y que después la pague el gobierno que nos sigue.”

Si uno junta ambos argumentos -el de echarle la culpa siempre al gobierno anterior y el de ser dispendioso en el gasto y que el gobierno siguiente pague dicha pasión- nos damos cuenta de que la verdadera carne del sándwich terminamos siempre siéndolo nosotros, los ciudadanos.

La información periodística citada analiza primordialmente el comportamiento de los gastos de la segunda administración Arias Sánchez (2006-2009), así como los de la administración Chinchilla Miranda (2010-2013) y dos años de la actual, la de Solís Rivera (2014-2015).  Los datos que, a continuación, señalo son estimaciones a partir del Infográfico del comportamiento del gasto del gobierno central, presentado por el periódico en la edición arriba citada.

En el primer año de la segunda administración Arias, el gasto total del gobierno central ascendió a, aproximadamente, ₡3 millones de millones. Aumentó luego en un 5.4% y el gasto total llegó en el 2007 a, más o menos, ₡3,2 millones de millones. Para el tercer año de esa administración (2008), habría aumentado en un 7%, elevando el gasto total a alrededor de ₡3,4 millones de millones. En el último año de dicha administración, los gastos del gobierno crecieron en un 4.7%, lo cual llevó el gasto total a un estimado de ₡3,5 millones de millones en el 2009.

En cuanto a la administración Chinchilla, en su primer año aumentó aquel gasto del gobierno central en un 21%, lo cual lo elevó a un estimado de ₡4,3 millones de millones en el 2010. En el año siguiente, el gasto descendió en un 0.5%, lo cual redujo el total a un monto aproximado de ₡4,2 millones de millones.  Luego, en su tercer año de gobierno (2012), el gasto se incrementó en un 5%, llevando la cifra estimada a un total de ₡4,5 millones de millones.  Y, en su último año de gobierno, la partida aumentó en un 9%, con lo cual su administración concluyó con un estimado de ₡4,9 millones de millones.

En lo correspondiente a la administración Solís, en su primer año el gasto total se incrementó en un 8.4%, con lo cual el total se estima que ascendió a ₡5,3 millones de millones en el 2014, en tanto que en su segundo año (2015), el incremento fue de un 9.9%, llevando la cifra a un monto estimado de ₡5,8 millones de millones.

Si bien es cierto que, para cada gobierno que empieza, siempre ese primer año está determinado por el presupuesto que le dejó la administración previa, el objetivo aquí es señalar como fueron creciendo los gastos, hasta llevarnos a la difícil situación actual. Podemos claramente deducir que en las tres administraciones citadas, con excepción del 2011 (segundo año de la administración Chinchilla, si bien en el 2010 rigió el presupuesto heredado del último año de la segunda administración Arias), el gasto gubernamental siempre creció en términos nominales. (Casi todo el análisis del periódico lo hace en términos nominales, pero, en todo caso, siempre los cambios nominales fueron superiores a la inflación del período de referencia. Para el objetivo de este análisis no parece existir un problema serio si se hace en términos nominales en vez de reales) 

El comentario periodístico analiza el aumento de gasto del gobierno central de ₡940.000 millones que se dio en los primeros dos años de la administración Solís.  Está compuesto por ₡350.000 millones en transferencias corrientes; ₡296.000 millones en remuneraciones; ₡168.000 millones en el pago de intereses y ₡125.000 millones en gastos de capital.

Aquí hay varias cosas interesantes de resaltar.  Las llamadas transferencias corrientes incluyen el pago de pensiones, así como “salarios y pluses en entidades descentralizadas.” (Un ejemplo de dichas transferencias es la que el gobierno central le hace a las universidades estatales). Las remuneraciones comprenden tanto salarios como cargas y pluses de los empleados cubiertos por el presupuesto del gobierno central. La suma del aumento en estos dos años de la administración Solís por estas dos grandes partidas (remuneraciones y transferencias), que podríamos llamar gasto corriente exceptuando el pago de intereses, sería de  ₡646.000 millones, lo cual es 5,2 veces lo que el gobierno central aumentó en inversión en obras públicas y adquisición de activos, que sería de ₡125.000 millones.

En tanto que el gasto del gobierno actual durante los primeros dos años de su administración, aumentó en aproximadamente ₡940.000 millones (casi un billón de colones, según lo dice el medio), la recaudación de impuestos en ese mismo lapso fue de ₡643.000 millones.  Esto es, hubo un déficit o faltante de aproximadamente de ₡360.000 millones en esos dos años.

El gasto total durante la administración Solís aumentó en ₡415.000 millones en el 2014 y ₡523.000 millones en el 2015, pasando de ₡4,9 billones en el 2014 a ₡5,8 billones en el 2015.

Cabe hacer notar que, en tanto que el presidente Solís pretende aumentar los impuestos en este año para recaudar ₡600.000 millones, en los dos años de su administración el gasto creció en alrededor de ₡940.000, lo cual es una suma que excede en un 63.8% a los impuestos que espera recolectar con su propuesta tributaria.

Es interesante reseñar la opinión que al respecto suministró al periódico el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, como explicación del porqué se dio ese aumento del gasto de ₡940.000 millones en la administración Solís. Indica que “el fenómeno  es culpa del crecimiento vegetativo que tienen las partidas y de la ‘herencia’ presupuestaria que recibieron del gobierno pasado.” De acuerdo con sus cálculos, “un 17% del incremento de ₡1 billón (en los gastos del 2015) corresponde al pago de intereses de la deuda, un 42% al presupuesto para la educación pública, y un 15% a la transferencia para pagar pensiones, gasto que en el 2015 fue de ₡430.000 millones, un 18% del total de las transferencias corrientes de ese presupuesto… Las pensiones tienen vida propia… De cada ₡100 que se pagan por pensiones, ₡90 se financian con endeudamiento y ₡10 con cotizaciones.” Asumo que esto último se refiere a las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno central.

El punto es que las distintas administraciones -aquí analizadas- han aumentado fuertemente el gasto gubernamental.  Por ejemplo, la administración Arias no sólo inició un fuerte incremento por ajustes salariales, sino que puso en marcha dos programas, uno llamado Plan Escudo y el otro, Plan Nacional de Alimentos, para reducir los efectos de la crisis mundial iniciada a finales del 2008. El hecho es que “alimentaron” fuertemente el gasto del gobierno: casi en alrededor de ₡600.000 millones. Un problema grave de dicho aumento es que no tuvo un carácter “temporal”, en el sentido de que el estado creara empleo público para suplantar las pérdidas de empleo en el sector privado, durante la baja del ciclo económico citado. En esencia creó empleo permanente en el sector público, lo cual incuestionablemente tuvo serios efectos en el gasto de los gobiernos que le siguieron.

En los cuatro años de la administración Chinchilla, el gasto gubernamental creció aproximadamente en ₡1.200.000 millones, pues pasó del nivel del último año de la administración Arias de un estimado de ₡3,7 miles de millones a ₡4,9 miles de millones en el cierre del 2013.  No hay duda que, en mucho, heredó el problema de un gasto salarial “permanente” que había formulado la administración Arias, pero también tuvo su parte propia en tal incremento. 

Es factible argüir que la administración Solís también ha experimentado el “legado” o “herencia” de la naturaleza dispendiosa de parte de los dos gobiernos que le precedieron, pero han pasado dos años sin que se tomaran las medidas que condujeran a una reducción impostergable del gasto público, tanto en salarios como en pensiones, cosa que, al momento en que esto se escribe (mayo del 2016), aún no se hecho de manera significativa. Por ejemplo, aumentó en un 14% adicional las transferencias para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) -aumento del subsidio a las universidades estatales que ascendió a ₡51.000 millones en el 2015.

Eso es preocupante, en mi opinión, más que el déficit en sí de un 5.9% del PIB en el 2015 y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Central, en el 2106 podría llegar a un 6.2% del PIB.  El gasto que realiza el gobierno central es una demanda que ejerce sobre los recursos que produce una economía.  De esa especie de “olla” (el PIB) sale la parte que el gobierno toma, dejándole menos para llenar las necesidades de inversión y consumo del sector privado de la economía.  Son recursos que extrae de la economía como un todo, dejándole cada vez menos a la economía no gubernamental; esto es, a la parte privada de la economía. 

Además, en tanto este gobierno argumente que necesita esos ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos, casi que sabemos que la administración actual no va a dejar de gastarlos -ahorrarlos- sino que le servirán para financiar muchos proyectos que usualmente señala como carentes de recursos frescos, para poder llevarlos a cabo.  En otras palabras, los quiere para simplemente gastarlos.  Por eso uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

martes, 17 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la regla fiscal que limitaría el gasto estatal

Escribo esto -tarde del jueves 12 de mayo- porque he llegado a saber que la regla fiscal que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa ha pasado a mejor vida.  A pudrirse en el olvido por culpa del oportunismo político y no a causa de un razonamiento apropiado que la hubiera lanzado a la tumba, como sí sería aceptable.

Explico brevemente en qué consistía dicha regla fiscal, propuesta en la Asamblea Legislativa para que la aplicara el gobierno central: En la contabilidad fiscal existe lo que se llama un déficit primario, que es la diferencia entre ingresos, tanto corrientes como de capital, del gobierno central y todos sus gastos, excepto los financieros; esto es, excluye de la comparación entre gastos e ingresos, aquellos por el pago neto de intereses. La propuesta inicial que se había presentado en la Asamblea Legislativa, contenida en su artículo 7, contenía varios elementos que se deben de comentar:

1)    Que bajo condiciones normales, el resultado primario (arriba explicado) debería de ser superavitario en un 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, aunque no se sabe que son “condiciones normales” y menos quién las define, el ejercicio fiscal del gobierno central debería de generar un exceso de ingresos sobre gastos (dejando por fuera a los intereses) en el equivalente de un 2% del PIB, me imagino que del año (normal) correspondiente.

2)    Que bajo condiciones económicas excepcionales (de nuevo, no se dice quién determina tal excepcionalidad y ni siquiera qué es lo que eso significa), gobierno central no tendrá superávit ni déficit (0% del PIB).

De esta manera, la regla amarra al gobierno central para que no tenga un déficit primario; esto es, habría tan sólo un déficit al tomar en cuenta el pago neto por intereses del gobierno central.
 
Esta regla había sido aceptada por los grupos de oposición legislativa al gobierno, según los acuerdos explícitos logrados de previo a la elección del último directorio legislativo. Ahora resulta que se excluyó de la discusión, al darse una oposición del poder ejecutivo actual a la aprobación de dicha regla y al considerarse que dicha exclusión, presuntamente permitiría destrabar el debate tributario actual en torno a la aprobación de proyectos para disminuir el gasto gubernamental. Esto en aspectos tales como pensiones en el caso del gobierno y el Poder Judicial, las anualidades automáticas a empleados públicos y disminuiría la cantidad de empleados públicos que hoy disfrutan de un plus salarial por disponibilidad. 

Pero, además de que el bloque de oposición descartó la discusión de la regla fiscal descrita, también lo hizo en otras dos áreas que llaman nuestra atención.  Por una parte, se había propuesto otra restricción al gasto, que constituía en que se definiera una política para reducir el gasto del gobierno central cuando la deuda pública excediera al 40% del PIB.  De hecho, en la actualidad se acerca a un 60% por ciento del PIB. O sea, ahora tal contención sería más importante que nunca.

Por otra parte, otra regla que considerada para su aprobación, era que el gasto primario (ver definición arriba), que, recuerden, deja de lado el pago neto de intereses del gobierno central, no podrá crecer en más de un 1% en términos reales; esto es, que exceda la tasa de inflación como máximo en un 1%. Eliminar esta restricción libera al gobierno de otra limitación al crecimiento de su gasto, excluyendo intereses.

Y, en una tercera parte, también los diputados del bloque opositor se plegaron a la propuesta del gobierno de una vía rápida para luchar contra el fraude fiscal, lo cual incluye el embargo, de parte de la Tributación, de los haberes de morosos, previa aprobación de un juez (al menos eso), así como también acepta la creación de un registro de accionistas, si bien no se especifica en qué condiciones operará y si su utilización para fines fiscales estará sujeta a la decisión de un juez.

Hasta aquí no queda claro un tema fundamental.  ¿Se ha llegado a un acuerdo solapado para la aprobación rápida de impuestos, tal como lo promueve el gobierno?  Vaya a saberlo usted, pero con estos gestos de liberar restricciones a un estado gastón, a uno le queda la impresión de que ese camino se ha abierto y, lo que es peor, que una eventual mayor recaudación con los nuevos y mayores impuestos no encontrará restricción alguna, como las propuestas,  en cuanto a que simplemente se gaste.  De esta manera, veremos cómo se presentarán nuevos déficits fiscales en nuestra economía, a pesar de los impuestos que se aprobarían en la actualidad.

El acuerdo -para algunos en sí un “acuerdo”, sin ver su contenido, es algo meritorio como tal- ciertamente no va en beneficio de los ciudadanos contribuyentes, sino todo lo contrario. Es factible que la ciudadanía terminará este episodio negociado pagando mayores impuestos. Su recaudación pasará a un siempre desatado -sin reglas fiscales- gobierno gastón. Así tendremos en nuestro futuro un nuevo déficit y, una vez más, en secuencia macabra, nuevos y mayores impuestos para sufragar ese otro sobreviniente déficit.  En tanto no se le queme el hocico, el perro seguirá comiendo huevos.  Sin frenar el gasto gubernamental del gobierno actual, mediante reglas como las expuestas, tanto como al de aquellos diputados complacientes que actúan así porque esperan ganar las próximas elecciones, ahora nos aprueban esta carta blanca para el gasto sin freno. Al gobierno de hoy y a los próximos les quedará abierto el camino para el desperdicio, la dilapidación y la posibilidad de gastar nuestros recursos, en manos de políticos que creen, mejor que nosotros mismos, tener una “mejor” manera de hacerlo. 

El presidente de la República se opuso a la propuesta de la regla fiscal expuesta porque, según él, de aplicarse ocasionaría la pérdida de 55.000 empleos.  No sé si fue porque no les dio y honestamente creyeron que se presentaría tal pérdida de empleo en la economía, o bien porque cínicamente piensan que llegarán a ser gobierno y no tendrán así que tomar medidas duras, le creyeron, pero creo que hay razones para dudar de esa cifra presidencial. En primer lugar, escéptico que soy de ciertos políticos, no nos dice de dónde es que sale esa suma. No sabe, para empezar, si las personas que verán reducidos ciertos privilegios, ante la posibilidad de perder totalmente su empleo público por falta de recursos del gobierno, aceptarían la eliminación de ciertas gollerías abusivas que tanto se han mencionado y que ellos mismos conscientemente aceptan que las son. En segundo lugar, hay algo elemental de economía que el presidente parece no entender (o, sabiéndolo, le importa un comino). 

La regla limitante del gasto gubernamental significa que el estado tendrá menos recursos para gastar y, conceptualmente, supongamos, daría lugar a pérdida de empleos en el sector público, pero, al mismo tiempo, la economía privada del país tendrá más recursos a su disposición con lo cual se generaría mayor empleo en un sector privado que ahora puede invertir y consumir más. Ahora el estado no podrá demandar tantos recursos de la economía como lo hace hoy gracias a la limitante fiscal, con lo cual la ciudadanía, ante tal liberación de demanda, tendrá posibilidades de crear riqueza productiva, lo cual incluye utilizar más mano de obra y generar empleo.

Las señales son claras y a la vez confusas.  La más clara es la eliminación de restricciones -limitaciones- al exagerado gasto actual y, ante todo, potencial, lo cual impediría que se logre ese mejor manejo futuro del gasto estatal. Así habrá suficientes zorros sueltos en el gallinero.  El festín con los nuevos impuestos que consideran queda así garantizado.  La confusión de la ciudadanía, que ha esperado una conducta racional de los congresistas para evitar el camino de Grecia, es ahora mayor, pues sabemos que tener “un acuerdo” porque sí, como lo han predicado algunos, más bien nos puede ocasionar mucho daño.  Darse de besos y abrazos y palmaditas en la espalada como parece estarse viendo, si bien les podrá servir a políticos miopes que sólo ven el corto plazo, no es así para los ciudadanos, quienes terminaremos pagando los platos ratos. Mejor dicho, se nos pasa la factura del festín que hará el estado con los impuestos que piensa clavar sobre nuestros presupuestos familiares. 

Ojalá me equivoque, pero las señales ominosas en el cielo legislativo no me infunden más que inquietud, zozobra y, ante todo, una desconfianza aún mayor en cuanto al principio de que los políticos están a nuestro servicio. Con lo hecho, más bien la realidad nos dice que somos los ciudadanos quienes estamos al servicio de ellos.

Sólo parece quedarnos una posibilidad: no darle más el voto a aquellas agrupaciones políticas que nos quieren poner nuevos y mayores impuestos, al tiempo que no aceptan frenos a su gasto desenfrenado y que no está siquiera en las manos de Dios, como dice el pueblo cuando ve desatino, sino de esos políticos que tanto daño nos hacen.


Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de octubre de 2015

La Columna de Carlos Federico Smith: Una propuesta realista e inteligente

Es un hecho la preocupación actual de los ciudadanos ante la difícil situación de la economía y particularmente por el alto desempleo en el país. Esa preocupación aparece reflejada en una encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, hecha para el semanario Universidad del 10 de agosto al 3 de setiembre y que la consigna La Nación del 24 de setiembre, bajo el título “60% califica de mala o muy mala la labor del gobierno.”

Concretamente, en dicha encuesta se menciona que, “en cuanto a la economía, aumentó la sensación de que la situación es mala… Entre abril y agosto [del 2015] subió de un 60% a un 72% el porcentaje que desaprueba la [situación] de la economía” y que “el CIEP también consultó a los encuestados cuál es el principal problema del país.  El desempleo fue mencionado como la primera respuesta con casi un 30%.”

Debe recordarse que en la última encuesta continua de empleo, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se señala que, para el segundo trimestre de este año, “la tasa de desempleo a nivel nacional fue 9,5%... Durante el 2014 y los dos primeros trimestre del 2015 la tasa de desempleo nacional se ha mantenido cercana a 10%, luego de que en el último trimestre del 2013 mostró el nivel más bajo (8,3%) desde el 2010.” Además, en lo que se refiere al importante indicador de desempleo conocido como índice de subempleo, el cual se refiere al porcentaje de la población que está ocupada, pero labora habitualmente menos de 47 horas a la semana, se nos informa en la última encuesta continua de desempleo, que para “este trimestre, el porcentaje de personas ocupadas afectadas por subempleo se estimó en 13.5%.”

Recientemente se le han propuesto al país dos ideas diferentes para enfrentar al problema del desempleo. Una de estas propuestas fue objeto de mi comentario aquí, hace una semana, bajo el encabezado “Plan Estatal de Subsidios a la Contratación Privada de Ciertos Trabajadores”, más conocido como Mi Primer Empleo. Concluí en que muy posiblemente la propuesta de subsidiar la contratación laboral no lograría incrementar el empleo en el país, sino que más bien provocaría una sustitución de trabajadores que la empresa contrataría normalmente, por trabajadores subsidiados bajo dicho programa. No habría una ganancia neta en el empleo.

En cuanto al otro planteamiento, aunque si bien específicamente no lo formuló esta administración, el ministro de trabajo, señor Víctor Morales, concurrió para referirse a él en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Se trata del proyecto de Ley para la Educación Dual, bajo el expediente 19.378. En dicha ocasión señaló el señor Morales que “el expediente 19378, Ley para la Educación Dual tiene una serie de beneficios, tanto para el sector educación como para los empresarios, lo que impulsaría la economía del país a corto y mediano plazo”.  Este proyecto fue inicialmente presentado por el diputado don Otto Guevara en octubre del 2014.

Además, en la administración Chinchilla se había presentado algo similar ante la Asamblea Legislativa: el proyecto Ley para la Regulación de la Educación o Función Profesional-Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica, en febrero del 2014. (Un título horrendamente largo…)

De hecho, el presidente Solís firmó un convenio con la canciller de Alemania, doña Angela Merkel, en junio pasado, mediante el cual se logra la cooperación de esa nación para que ayude al país a forjar un esquema de educación vinculado con el trabajo técnico.  Alemania es una nación que desde hace ya bastante rato posee un esquema similar al de educación dual, que se está impulsando aquí.

Diferencias en aspectos puntuales de los diversos proyectos acerca de la educación dual no nos deben alejar de la idea principal, sin importar que haya distintos proponentes de lo que podría ser una muy buena idea.  Esto es, sin que sea relevante la paternidad o maternidad del proyecto, lo que debe buscarse es lo mejor de ellos y ojalá llegara  un texto mecho mejor que cada uno de ellos en lo particular.  En cuanto a lo político, dada la declaración en principio del ministro de trabajo del actual gobierno y provenir los proyectos citados de dos importantes grupos legislativos, es de esperar que sea posible que el país disponga de una buena ley, que nos permita estimular realmente la creación de empleo productivo y, por ende, para lograr un mayor crecimiento de la economía.

Para que se forjen una idea de la trascendencia que tiene una ley como ésta -con algunos detalles que analizaremos luego- me permito transcribir a mis lectores algo, que al respecto recientemente se dio a conocer en un medio periodístico.  Señala el señor Kenneth Waugh, gerente general de APM Terminals, su preocupación ante la falta de mano de obra calificada en el país, para llenar mano de obra que necesitará a futuro y puso como ejemplo el caso de soldadores: “Estamos tratando de buscar el talento local, pero es difícil conseguir talento local que tenga experiencia en una obra de esta magnitud.” (“Concesionaria clama por capacitar la mano de obra,” La Nación, 13 de setiembre del 2015.)

Es muy frecuente escuchar este tipo de inquietud proveniente de empresas extranjeras que vienen a invertir al país, acerca de la insuficiencia de personal capacitado -no sólo por falta del idioma inglés, sino de especialidades técnicas. Asimismo, el empresariado nacional ha expresado su deseo de que nuestra fuerza de trabajo se capacite más, a fin de estar a tono con las demandas de nuestro mercado laboral.

Es crucial que, ante el desempleo tan alto que tenemos en la actualidad, se haga un esfuerzo directo y bien pensado para mejorar la calidad de nuestra oferta de trabajo, de manera que la oferta se pueda adaptar a los requerimientos de la demanda en la economía.  Lo más interesante es que tal es la naturaleza de la demanda que llevan a cabo los sectores aparentemente más dinámicos de la economía, que propugnan por una fuerza de trabajo más calificada, que esté más capacitada y que tenga experiencia en ciertas labores específicas.

Lo que se conoce como “educación dual” en esencia constituye en la formación de personal laboral en dos partes: una de ellas, la académica, en centros educativos que llamaría como los usuales y, la segunda, que obtengan un aprendizaje técnico en empresas privadas que entraría formar parte de estos programas. Es decir, las empresas se convierten en centros de formación de personal -usualmente para cada una de ellas, según sea su interés y especialidad- en la parte práctica de aquella teoría que bien aprenden en los centros académicos.

Un sistema de educación dual parece ser muy beneficioso para los diversos participantes en la economía. Es un hecho que nos entristece ver, por ejemplo, las largas hileras de jóvenes buscando empleo en ferias públicas, que se organizan para tal efecto: dichas filas en su mayoría están compuestas por jóvenes, quienes no tienen las habilidades ni la experiencia que demandan los puestos de trabajo en las empresas privadas. Con la propuesta, producto de un acuerdo entre las empresas y un organismo gubernamental supervisor del programa, los estudiantes podrían dedicar, como un ejemplo, dos terceras partes de su tiempo a la labor práctica en la empresa, en tanto que el tercio restante sería para la parte académica.

Los jóvenes que participen y culminen este programa de educación dual encontrarían un enorme beneficio, al poder obtener experiencia -requisito usualmente solicitado por los empleadores- lo cual se traduce en una más elevada productividad de su trabajo y, por ende, en un salario mayor. También tiene otro beneficio y es que la empresa en donde estudió bajo el sistema de educación dual, estará naturalmente muy interesada en que, al final de su período de aprendizaje, ese estudiante obtenga un trabajo en la misma firma que le enseñó sus habilidades. Pero esto va más allá de obtener un simple aprendizaje laboral técnico, sino que con el entrenamiento adquiere toda una serie de características particulares de la empresa, como es conocer las reglas y las costumbres que rigen a lo interno de una firma.  Estos son valores que son apreciados en la empresa; valores tales como responsabilidad, trabajo en equipo, cooperación y colaboración entre el grupo, creatividad e innovación, además de rectitud ante sus compañeros y la empresa. Estos atributos indudablemente que con factores altamente valorados por las firmas y que forman parte integral de un concepto más amplio de “experiencia,” entendida ésta como un entrenamiento técnico.

Es de hacer notar que una formación exclusivamente académica del estudiante, sin que haya tenido el complemento de la experiencia práctica, no parece permitir todo el potencial de desarrollo del capital humano de esos jóvenes.  De ser así, quedan como truncados en lo que se debería de verse como una unidad: la formación teórica académica y la práctica que genera experiencia. En nuestro país el exceso de oferta (desocupación) se observa principalmente en aquellos que tienen solo la formación académica teórica. Todo lo contrario parece suceder con aquellos que la han complementado con diversos grados de experiencia.

Asimismo, esos jóvenes trabajadores tendrían la oportunidad de desarrollar sus habilidades en tecnología de punta, que suele ser la existente y obligada en empresas sujetas a la competencia internacional, que en muchos casos suelen ser las que señalan requerir personal calificado y experimentado, cuando entran a operar en el país para producir para todo el mundo.

El sistema de educación dual también le sirve a las empresas, pues se les facilita el reclutamiento y el entrenamiento necesario de la fuerza de trabajo que requieren.  Una nueva edición de la encuesta anual de Escasez de Talento, hecho por la firma Manpower y divulgado en Costa Rica el 16 de julio del 2014, indica que el “51% de los  empleadores en Costa Rica tiene dificultades para encontrar candidatos con las habilidades adecuadas”, en tanto que en todo el mundo el porcentaje es del 36%. Además, el reporte señala que “La encuesta de escasez de talento continúa indicando que hay una gran dificultad por parte de los empleadores de encontrar talento en puestos técnicos fundamentalmente; asimismo, incrementó la dificultad para encontrar candidatos para puestos de Ingeniería y Gerencia de Ventas”.

La empresa debe encarar en nuestro país a un personal que no tiene la experiencia, ni las competencias técnicas que requieren: hay una oferta relativamente escasa de ese tipo de trabajadores en el mercado, tales que les permitan realizar sus tareas apropiadamente.  La educación dual es un sistema que, bien administrado, le genera al país trabajadores con experiencia, con las competencias adecuadas y en un número mayor que los que se tendría en su ausencia.

Obviamente lo anteriormente expuesto señala que el sistema de educación dual beneficia a la sociedad como un todo, pues da lugar a un aumento de la productividad de su fuerza de trabajo, lo cual se traduce en una mejoría de la competitividad, cara a cara con otras naciones en los mercados internacionales, además de mejorar los salarios y, obviamente, el nivel de empleo. Particularmente, un sistema dual como el comentado se convierte en un atractivo mayor para la inversión extranjera en el país, pues así el inversionista encuentra mayores posibilidades de obtener la mano de obra calificada y en la cantidad que requiere, pues, si participa en el programa de educación dual, tiene una mayor posibilidad de contratarlo como un trabajador fijo en la empresa.

En realidad, el aprendizaje no es algo nuevo en las sociedades. No hace mucho, don Arnoldo Madrigal, quien es un empresario del área de la tecnología, publicó un artículo en La Nación titulado “El Estudiante que trabaja” (29 de junio del 2015), pone las cosas con suma sencillez y a la vez profundidad, por lo que considero que reproducir partes de éste es de sumo interés a los lectores. Con Arnoldo scribe que:

“En estos días se ha discutido sobre la educación dual y se ha tratado de desprestigiar la figura del aprendiz. Desde el tiempo de Miguel Ángel Buonarotti, la formación de aprendices ha sido un modelo exitoso y se ha usado en muchos esquemas de formación.
No es raro que muchos médicos sean mejores cirujanos porque fueron enseñados por un mentor más que por un método o un libro. Tampoco es raro que muchos abogados sean mejores abogados porque fueron formados en la práctica por un mentor. Lo mismo sucede con músicos, escultores, pintores, deportistas y hasta políticos.
La educación dual, en su concepto más básico, se centra en la figura de un estudiante que trabaja, no un trabajador que estudia. Esa es la diferencia fundamental.”
Y destaca luego que:
“¿Por qué el establishment se siente amenazado, si sabe muy bien que esta es una tendencia consolidada en otros países? Este modelo educativo se ha desarrollado con excelentes resultados.
La descalificación de llamar a la educación dual un “generador de aprendices” no demerita sus resultados. Al contrario, refresca el concepto de que el aprendiz es la generación del remplazo de los mejores técnicos, ingenieros o especialistas en cualquier actividad económica.”
Así, en sencillo, explica la importancia de crear una relación entre el aprendizaje productivo que permite adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades de una economía, creándose así más empleo en la sociedad, al mismo tiempo que faculta que aumente la productividad y, por ende, los ingresos de los trabajadores.
Podemos explicar la razón por la cual dos importantes sindicatos del magisterio, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), realizaron una manifestación ante la Asamblea Legislativa para oponerse a los proyectos de educación dual. ANDE indicó en su perfil de Facebook que convocaba a sus afiliados de secundaria “para luchar en contra del proyecto de educación dual y por la defensa de nuestros derechos laborales”, en tanto que APSE convocó a dicha manifestación a trabajadores de colegios técnicos diurnos y nocturnos así como de los colegios vocacionales.”
Se oponen por una razón muy sencilla: que su gremio sindical tendría menos labores que hacer, pues la sociedad tendría otra opción de aprendizaje que no exige que sea brindada por miembros de sus sindicatos.  Una nueva versión de los luditas: lo importante no es el progreso, sino que a causa de él no pierdan la chamba patrocinada por el sindicato. [El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos de Inglaterra, que protestó entre los años 1811 y 1817 en contra de las nuevas máquinas que destruían empleo, sin tomar en cuenta que, entonces, ¿quién habría de producir las nuevas máquinas? Se suele identificar al ludismo como la oposición al progreso y al cambio].
Da tristeza que intereses particulares de estos sindicatos los mueven a preocuparse tan sólo por el bienestar de sus asociados y no por la posibilidad de ampliar oportunidades para todos los ciudadanos, de lograr una educación que sea más productiva para ellos. Por eso, sin sentido se oponen a un esquema que impediría altas tasas de desocupación, que lograría una mayor productividad y competitividad de nuestra mano de obra, que generaría mayores ingresos salariales y que permitiría, a quienes desean trabajar, encontrar un empleo productivo.

Estoy muy a favor de esta idea de la educación dual y me atrevo a proponer que, dentro de ese esquema no sólo se incorpore a jóvenes que recién ingresan a la fuerza laboral y que lamentablemente no encuentran empleo, sino que también sirva para que trabajadores que, por circunstancias de ajustes propios y normales en los mercados competitivos, requieren de un reentrenamiento de sus habilidades a fin de obtener un nuevo empleo.
Jorge Corrales Quesada

lunes, 24 de agosto de 2015

Tema Polémico: UBER, Estado y Sociedad Costarricense



Sin lugar a dudas el tema de estos últimos días ha sido la entrada al país de UBER, así como las medidas tomadas por el Gobierno. En ASOJOD queremos compartir un par de reflexiones e interrogantes un tanto desordenadas, las cuales hacemos evidentemente desde de nuestra particular forma de entender el mundo (para bien o para mal), mismas que no se limitan propiamente a UBER, sino que pretenden ser un diagnóstico mucho más “macro”:

1. Ironía: el Gobierno del cambio defendiendo el status quo, en contra de los avances tecnológicos y las nuevas formas de economía.

2. Sharing economy y evolución social: El “sharing Economy” llegó para quedarse, adaptémonos y saquémosle provecho o perezcamos.

3. Siguen las ironías: los niños malos del Gobierno pese a su juventud son los que más relinchan en contra de UBER.

4. Más ironías: los “progresistas” en contra de aquello que genera progreso…

5. Revolución: Los gringos por mucho menos que esto hicieron una revolución en el siglo XVIII.

6. Del like a la acción social: Están muy bien los memes, críticas, likes y shares de Facebook, pero eso no es suficiente, debemos pasar de la acción en el mundo cibernético a la acción en el mundo material, solo así se darán los cambios necesarios.

7. Lección: los políticos y el Estado deben de tener el menor poder posible, eso disminuye las posibilidades de que se paseen en la vida y propiedad ajena.

8. Pregunta: ¿conoce el Gobierno los conceptos de escasez y costos de oportunidad? Es increíble que con la cantidad de problemas económicos y de infraestructura que pesan sobre el país, la administración se dedique a darle “guerra” a UBER.

9. Objetivo de la ley: La ley en la mejor tradición liberal está diseñada para proteger los derechos individuales, para ser un límite frente a los poderes del soberano. Cuando este noble fin se pervierte y la ley se convierte en instrumento de privilegios y prebendas políticas para la obtención de votos, pasa precisamente lo que hemos visto en estos últimos días.

10. Acción privada: La Constitución Política en su artículo 28 indica: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” ¿Nos puede explicar alguien de que manera UBER afecta el orden público, la moral o interfiere con los terceros para que tenga que estar dentro del marco de acción de la ley?

11. ¿Regulaciones videntes? Algunos afirman que el servicio de UBER se encuentra previsto en la normativa actual, y que en ese sentido debe regirse por la misma. Esa es una aseveración bastante extraña y peligrosa, ya que cuando nuestras leyes que rigen los servicios públicos de transporte se crearon, no existía ni por asomo algo remotamente parecido a UBER, por lo que no se puede sostener que nuestro legislador pretendía que algo de esta naturaleza se encontrara cubierto por dicho manto legal. Lo anterior es fundamental par proteger la innovación y el cambio tecnológico, es la ley la que debe adecuarse a las novedades sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etc y no a la inversa. 

Bajo esta línea de pensamiento imaginemos que en el futro se invente una batería o sistema de autoabastecimiento eléctrico, que haga totalmente innecesario e intrascendente al ICE, ¿en ese caso también vamos a prohibirlo o regularlo? 

12. Interpretación pro libertad: ¿Si existe duda de si este es o no un servicio público no deberíamos resolver dichas controversias teniendo como piedra angular el favorecimiento de la autonomía privada y la libertad individual?

13. Encuentre las diferencias: Mussolini dijo: “para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe fuera del Estado.” El Presi dice: “Toda actividad que no está regulada por el Estado es ilegal”.

14. Devuelta a la época oscura del Siglo XX: Las acciones de la administración rayan en la “mejor” tradición fascista y autoritarita del siglo XX.

15. Sociedad abierta vrs Sociedad Cerrada: La Sociedad Abierta y la civilización es la recuperación de los espacios privados para la sociedad civil, implica dejar de ser una especie de tribu en donde todos los temas de la vida de los individuos son un problema de la polis. 

16. Valentía: Bien por la empresa UBER por atreverse a hacer lo que rara vez ocurre en nuestro país con el sector privado: retar la arbitrariedad y sed de poder de los Gobernantes.

17. Responsabilidad empresarial: Todavía mejor por parte de la empresa UBER en ponerse detrás de sus afiliados colaborando con las multas y daños a la propiedad de los vehículos. Empresa 2-0 Gobierno.

18. Ciudadanos en contra de si mismos: El Estado con sus regulaciones estúpidas es el único que tiene la capacidad de poner a los propios ciudadanos en contra de si mismos, logrando establecer un clima de confrontación social en virtud del sistema de castas sociales que establece a través de leyes perversas. El Estatismo politiza todos los ámbitos de nuestra vida, convirtiendo simples interacciones individuales, en todo una problemática social y política.

19. Lo que está detrás de UBER: Lo que está en juego con UBER es algo más grande que el sistema de UBER, es el “alma” de nuestra sociedad. El Gobierno ha entendido bien esto, por ello ha actuado de la forma desproporcional y temeraria en que lo ha hecho. Sabe de que sistemas como UBER y actitudes como las que ha asumido la empresa ponen en jaque su cuota de poder político, además de que desnuda la verdadera cara de la acción estatal. Evidentemente no pueden permitir que el castillo de naipes sobre el que se encuentran montados se les venga al piso.

20. Mamar tetita estatal: Es mejor UBER que la UBRE del Estado.

21. ¿Quién gana y quién pierde? Preguntémonos: ¿qué intereses defiende el Gobierno con estas medidas y a cuáles sectores? Los más afectados con estas medidas son los ciudadanos de pie: aquellos que quieren ganarse una extrita a través de UBER, así como aquellos que quieren ahorrarse una platita con un servicio más eficiente y a menor costo. UBER no pierde, UBER no nos necesita, nosotros necesitamos a UBER.

22. Sino puedes con ellos úneteles: ¿Si a los taxistas les molesta tanto UBER por qué mejor no cambian de equipo?

23. Pregunta para el lector: ¿en las próximas elecciones seguirá votando usted por los mismos de siempre, con sus ideas retrógradas de siempre, aquellos que no pueden mirar más allá de la nariz Estatal?

24. Indiferencia: no son momentos para ser indiferentes, a todos nos toca escoger de que lado queremos estar.

25. Reforma del Estado: todos estos eventos no hacen más que mostrar la necesidad de plantearlos nuestro actual modelo Estatal en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Para finalizar queremos dejarlos con una frase de la filósofa Ayn Rand la cual describe a la perfección el entorno socio-político en el que se encuentra atascado nuestro país, y sobre todo que nos mantiene sumergidos en el total y absoluto subdesarrollo:

“Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada.”

lunes, 18 de mayo de 2015

Tema Polémico: Menos Estado, más diversidad

El día de ayer se celebró el “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”. En atención a dicha fecha el Gobierno de la República emitió un decreto con el propósito de asegurar los derechos de este sector de la población dentro de las instituciones públicas.

Para nadie es un secreto que en nuestro país el tema del reconocimiento de los derechos a dicha comunidad ha sido sumamente polémico. Afortunadamente este Gobierno ha empezado a dar algunos pasos –aunque un poco tímidos (lo cual se comprende en razón del contexto político cultural)- en esta materia. Un buen ejemplo de ello es que recientemente se reformó el Reglamento de Seguro de Salud de la CCSS, a efectos de que las personas homosexuales pudieran asegurar a sus respectivas parejas.

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Sin duda alguna, aún hace falta un largo recorrido para lograr la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos del país, y todavía es más largo aún el camino cultural del respeto hacia la diversidad.

Evidentemente, estos son temas que en ASOJOD como liberales sentimos de manera muy cercana a nuestro credo, toda vez que cualquier acción libre y voluntaria entre individuos que no dañe los derechos de terceros, deben quedar absolutamente fuera del marco coercitivo del Estado, permitiendo que cada individuo pueda perseguir su felicidad personal, tal y como fue concebido desde la Revolución Americana.


Esperamos que en los próximos años del Gobierno se puedan ver mayores avances dentro de esta materia.