La columna de Carlos Federico Smith: no podían faltar...

Junto con otro montón de entes públicos, que objetaron y plantearon recursos antes la Sala Constitucional y otros cuerpos resolutivos, para quitar lo poco de reducción de gasto contenido en la ley fiscal aprobada a fines del año pasado, otro par de prominentes sindicatos del sector público, la ANEP y el de empleados del Banco Nacional, no podía faltar en la embestida legal para conservar sus privilegios.
 

Así, se unen a varios sindicatos del Poder Judicial, a la Junta de Protección Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las universidades públicas (UCR, UNA, UNED, TEC y la Técnica Nacional), en el ataque contra la limitación a sus privilegios.
 

Si bien, previamente, los magistrados de la Corte Suprema, incluso contra la opinión de la Sala Constitucional, habían determinado en noviembre del año pasado, que “no había vicios de procedimiento ni de forma en la iniciativa” en la ley que finalmente fue aprobada por el Congreso, la información de este nuevo embate la consigna La Nación del 16 de abril, bajo el título “Sindicatos reclaman a la Sala IV privilegios por ¢23.000 millones” Aunque la reducción lograda fue de un ínfimo 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB), tengan presente que esa ley no intentaba reducir el gasto gubernamental, sino frenar su crecimiento, lo que, de por sí, sólo nos anticipa problemas de un serio nuevo déficit a futuro. Y a eso agregue el efecto si es legalmente aceptado el reclamo de freno al gasto de privilegios, que está en disputa en la Corte Suprema
 

Ahora los oponentes a las reducciones del gasto, cambian de ámbito de decisión en torno al freno señalado a ciertos privilegios salariales, presentando sus acciones en la Sala Constitucional, la que, en el pasado, sí había manifestado objeciones a aquella ley tributaria. Posiblemente consideran que, al hacerlo en tal vía, tiene posibilidades mayores de éxito en conservar sus privilegios. Se espera, eso sí, que haya una serie de recusaciones de jueces de la Sala Constitucional, quienes, orbi et urbi, en su momento, manifestaron su desafecto y rechazo al proyecto que contenía las reducciones de pluses, que finalmente se aprobaron como ley y que ahora se disputa en dicha Sala.
 

Es posible que aleguen que ese cambio de vía judicial se deba a que objetan violaciones de derechos a trabajadores y “derechos adquiridos,” que, en realidad, son simples privilegios otorgados a cierto grupo específico de trabajadores, pagados por toda la ciudadanía. Vale la pena señalar que, quienes presentan esta acción legal, consideran que no se violaron los derechos de los ciudadanos, cuando a ellos se les despojó de sus recursos con impuestos que dan manutención a los pluses de privilegio de esos accionantes.
 

Se oponen al recorte de las anualidades a empleados públicos para que sea de hasta un 1.94% a los profesionales y de un 2.54% a los no profesionales, de sus escalas salariales, y que, para recibirlos, sea resultado de una evaluación que los valora como buenos o excelentes. Ese porcentaje, así definido, a futuro será de un monto fijo. (Antes, esos porcentajes eran de hasta un 10% anual, en algunas instituciones).
 

También, objetan el cambio en la cesantía, que en muchos casos era superior a 12 años, que ahora se definió como tope en la nueva ley, piden que ahora sea sólo para trabajadores nuevos y que se excluya a los viejos que han estado cubiertos por una convención colectiva. (En el sector privado productivo la cesantía es de 8 años).
 

Asimismo, objetan que una serie de pluses, como zonaje, trabajo en las alturas, discrecionalidad, escalafón administrativo o riesgo, sean montos fijos, según la escala salarial del 2018, y que se conserven como estaban.
 

El medio indica que, si la Sala IV acoge y “falla a favor de las acciones, podría obligar al gobierno a hacer el pago retroactivo de los montos,” que no percibieron ante las reformas, y que “tendría que retribuir el concepto económico faltante de cesantía” al dejar de trabajar para el estado.
 

Obviamente, no faltaron los compas sindicales que apoyaron esas acciones de los sindicatos arriba citados (coadyuvancia se le llama a ese respaldo legal); entre ellos, el de la Universidad Nacional, el del Banco Popular y el de profesionales en ciencias médicas SIPROCIMECA. Cabe esperar ver si la razón sustituye a la fuerza o si sigue el privilegio.
 

De tener éxito legal todas esas gestiones, veremos otra loza más en el camino empedrado en el declive del país hacia su ruina económica. Similar a la ruta de Grecia (y de otros países), que se negó a hacer las reformas fiscales indispensables y, más bien, recargó el peso del ajuste sobre los ciudadanos y en su ya casi extinto aparato productivo, mientras que el gasto gubernamental casi seguía incólume. De tener éxito esos sindicatos, ni siquiera tendría vida el poco freno que se intentó al crecimiento el gasto con el paquete tributario recientemente aprobado y, más bien, la conservación de los privilegios que tenían antes de la reforma última, estimulará nuevas pretensiones para mayores privilegios sindicales en una muy amplia burocracia.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¿el acuerdo social costarricense?

En una noticia de La Nación digital del 14 de julio (precisamente en el aniversario de la Revolución francesa) aparece el ministro de Hacienda costarricense, don Edgar Ayales, bajo el título de “Sostenibilidad del acuerdo social costarricense” introduciendo sus tesis en pro de un nuevo paquete tributario.  La motivación general es que el acuerdo social (costarricense)  “que sustenta el financiamiento y provisión de los servicios públicos ha comenzado a mostrar fisuras.  Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos, deterioro de los servicios públicos e infraestructura , y la resistencia de la población a financiar servicios públicos de los que obtiene beneficios cada vez más limitados”.

De una vez, el ministro esgrime la defensa del Estado ineficiente e inútil, señalando que “ha hecho (el ministerio de Hacienda) esfuerzos importantes para controlar el nivel y calidad del gasto, a pesar de la rigidez que lo caracteriza  …”.

Quizás es mejor empezar por indicar que, ciertamente, hay una inmensa rigidez en el gasto público costarricense y eso es de lo primero que hay que revisar.  Porcentajes fijos para la educación superior oficial (FESC), porcentaje fijo para la educación costarricense relativo al PIB, fondos para financiar pensiones, problemas e deuda pública y demás “situados” y “zarpazos” constitucionales y legales que impiden un adecuado presupuesto.

La demagogia y el abuso “legalista” han sido mucho y agotan al contribuyente costarricense, impiden una buena organización del gasto y evidencian el clientelismo político y la inequidad del gasto público.   Hay una perversiones muy singulares.

Asimismo, la técnica presupuestaria, hay que pregonarlo, es parte del problema.  Los programas, oficinas y demás cuestiones quedan enquistados en el presupuesto, de tal modo que basta a muchos reiterar el código presupuestario con un incremento un tanto superior a la inflación esperada y ahí nos eternizamos.  Sería mejor un presupuesto base cero, que cada año requiriera justificación y explicación de todos los programas, oficinas y gastos.

La  corrupción, la empleomanía, la ineficiencia y la perpetuación de la burocracia son otra causa del evidente desequilibrio.  La “trocha mocha”  (veinte mil millones de colones perdidos), el descarado e ilegal gasto de Recope (desperdicio de más de veinticinco millones de dólares en los estudios para una refinería, estudios que fueron rechazados por la Contraloría), la misma Recope mantiene incólume la planilla de una refinería que no refina, se estima que más de once mil empleados fueron contratados en vicio en la CCSS, el Estado exige a todos unas gestiones tramitopáticas en sus construcciones pero es el primero que evade los controles (Recope, Acueductos y Alcantarillados), el Estado no cumple con los gastos comprometidos  (el impuesto a los combustibles no ha sido usado como corresponde), los pagos a los trabajadores de energía del sector público son exagerados, desproporcionados y abusivos y ello castiga al sector productivo, el Estado gasta sin ton ni son (las pelotas del Barrio chino en San José), los servidores públicos se sirven con cuchara grande (en la actual tesitura relativa al aumento de salarios, el aumento propuesto para el sector público es mayor que el aumento del sector privado, además de que por régimen ese porcentaje significará más, en razón de “pluses” y otras ventajas).

El punto real es que el Estado no cumple.  Más de 40 años de un IMAS, dedicado a la lucha contra la pobreza y las metas no se cumplen, más de 50 años de políticas para la vivienda y los objetivos no avanzan (cada vez es peor), inmenso gasto público en lucha contra la pobreza y éste aumenta (pero los salarios se pagan y el gasto público aumenta), la electricidad (monopolios públicos de diversa naturaleza) es muy cara y ello afecta la competitividad, nuevos impuestos y la seguridad no mejora, el Ministerio de Educación no solo no participa de la descentralización sino  que se arriesga a suscribir una convención colectiva, de paso se extiende a segundo grado el período para enseñara a leer y escribir.  El Estado no solo no cumple sino que estorba significativamente el desarrollo del sector privado.

Esto no es nuevo.  En la década de los ochentas se justificó un gran paquete tributario (ley para el equilibrio financiero …) en la idea de unos grandes estudios para determinar el desempeño  (hubo necesidad de una acción de inconstitucionalidad por omisión para que se emitieran los estudios, los cuales resultaron una chanfaina), planes de ajuste estructural que no se perfeccionan, cierre de instituciones públicas que no se concluye (CNP, Ifam), formas de administración alternativa que no se realizan integralmente (out sourcing que queda a medio palo), incorporación de nuevas formas para obtener resultados en infraestructura que se ejecuta de manera torticera (CNC, concesión de obra pública cuestionada)

El acuerdo social costarricense no es para mantener un Estado idiota, inútil, abusivo, ineficiente, elefantiásico, atropellador, mentiroso y obstaculizador.  ¡Jamás!  El acuerdo era hacer un esfuerzo fiscal para que la sociedad avanzara un paso y no para eternizar las instituciones de ayuda social y los monopolios públicos.  ¡No hay cuerpo que aguante tales concepciones ni tales abusos

El Estado ha incumplido su parte.  El Imas (ayuda social contra la pobreza extrema) incumplió su parte y hubo que alargarle el período y perpetuarlo, a pesar de su evidente mora.    Los bonos de vivienda se siguen regalando, la empresa privada y las organizaciones de bien social también aportan y el problema está peor que antes.  Las escuelas no avanzan sino que retroceden, la seguridad social hace aguas, los regímenes de pensiones estrangulan los fondos públicos (sobre todo los privilegiados).  

No basta con la expresión de que ha habido “esfuerzos” por parte del Ministerio de Hacienda.  Se requieren logros, hechos, soluciones, arreglos reales.  

No es justo ni bueno arrebatar a los ciudadanos el fruto de su trabajo, con el cuento de que es para hacer sostenible un acuerdo social  (¡qué cuento!).  Así planteado es una extorsión, el eufemismo para seguir expoliando al pueblo.  

A mí no me convence el cuento del ministro Ayales. Veo clara la amenaza y lo veo como un mediador entre secuestrador y secuestrados.   Al menos debería decir la verdad de las cosas y no inventar tal cuento para intentar quitarnos lo nuestro.

Darle más plata al Estado, en este momento, es como darle plata al borracho:  irá a la cantina por más guaro.  ¿Es ése el acuerdo social costarricense?  Me niego a tal interpretación.   Los costarricenses hemos dado plata a la seguridad social para que se resolvieran problemas concretos que no se han resuelto, no para una administración tan ineficiente y anómala.  Hemos entregado fondos y competencias al Estado para que resuelva problemas, no para que juegue de bienhechor y al final estemos peor que antes.  

¡A otros con ese cuento …!

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: lo que le faltó decir a doña Laura sobre el Plan B en materia fiscal

El pasado 11 de abril, con ocasión del discurso por la celebración de la Batalla de Rivas, la mandataria Laura Chinchilla Miranda dio a entender que era una heroína comparable con Juan Santamaría y Juan Mora Porras, por impulsar el PACquetazo de impuestos. Argumentó que era una medida impopular pero fiscalmente responsable y que le hacía un bien a la patria.

A pesar que, en ASOJOD rechazamos totalmente las palabras de la Presidente y adversamos el nefasto aumento de impuestos que su Gobierno propuso, queremos aprovechar las palabras de doña Laura para darle un pequeño consejo. Eso sí, es un consejo gratuito y, por él, no esperamos una consultoría millonaria como las otorgadas a Procesos.

Doña Laura ha demostrado que no le preocupa el costo político de impulsar medidas impopulares. Sin importar que 75% de los ciudadanos estaba en contra del proyecto de Solidaridad Tributaria, según una encuesta publicada por La Nación; sin importar que su entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el entonces Director General de Tributación Directa, Francisco Villalobos, fueron cuestionados por presunta evasión fiscal y, como lo ha evidenciado su silencio hasta ahora, a pesar de que se destapara un escándalo que aparentemente alcanza a su Vicepresidente, Luis Liberman, a su Ministro de Educación, Leonardo Garnier y a su ex asesora, Flor Isabel Rodríguez, ella se ha empeñado en aumentarle los impuestos a los ciudadanos, detenida solo pero momentaneamente por la Sala Constitucional.

Si, como ella misma dijo, la situación actual de nuestro país obliga a impulsar medidas impopulares pero fiscalmente responsables, entonces le proponemos a doña Laura que, a la luz del Plan "B" en materia fiscal que explicó la semana anterior, se dedique con la misma “valentía”, a hacerle un bien a los tax payers: cierre instituciones, reduzca la planilla estatal (especialmente la planilla paralela que le cuesta miles de millones al Estado costarricense), muestre la firmeza prometida en campaña para atacar la corrupción y dele señales claras a los empresarios, nacionales y extranjeros, para que se decidan a invertir en nuestro país. Todo eso le faltó por decirlo durante la exposición de las medidas alternativas.

Señora Presidente, enfréntese a las organizaciones que han desangrado a los ciudadanos por décadas. Revise el laberinto institucional, que incluye a más de 343 entidades públicas, y plantee el cierre o venta de muchas de ellas que, como el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su defecto), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional Atómica, el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Academia Nacional de Ciencias, Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, Oficina Nacional de Semillas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiográfica Costarricense S.A., Correos de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Corporación Ganadera Nacional, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Bananera Nacional, no generan ningún beneficio para los ciudadanos, excepto para aquellos que viven a costa de los tax payers.

Busque aliados en otras fuerzas políticas para que, mediante pactos, se consigan los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una política de reducción del Estado que, bien sabemos, está enredado en sus propios mecates con instituciones cuyas funciones son confusas, desfasadas, duplicadas o inútiles, con empleados que le cuestan mucho a la Hacienda Pública sin que su trabajo se traduzca en beneficio para los costarricenses. Enfréntese a los sindicatos, a las agrupaciones empresariales y todos aquellos que se empeñan en que los ciudadanos sigamos pagando por bienes o servicios que no recibimos. Elimine las consultorías que cuestan millones por trabajos que luego no se ven y que más parecen mecanismos de algunos para engrosar las cuentas de los amigos.

Líbrenos del pesado fardo que significa este sinnúmero de entidades y burócratas. Muestre el mismo empeño que la caracterizó con el impulso del PACquetazo de impuestos a toda costa, con procedimientos violatorios de la Constitución Política. Serán medidas impopulares pero fiscalmente responsables y le aseguro que, a pesar de las críticas y protestas de unos cuantos que se quedarán sin su medio para seguir viviendo a costa nuestra, los ciudadanos comunes y corrientes se lo agradeceremos por muchísimos años.

Costa Risa... para llorar

Queríamos aprovechar para compartir con todos ustedes esta importante iniciativa. Como bien menciona este grupo, nuestro país se encuentra gobernado por verdaderos payasos, cuyas ¿soluciones? a los problemas nacionales no son más que puras ocurrencias. Detengamos todos juntos este PACquetazo de impuestos, que nos afectará a todos.

Tema polémico: un PACto empobrecedor

Una vez más, el Gobierno de la República insiste con una nueva versión del paquetazo de impuestos, esta vez gracias al PAC, que literalmente empeoró los alcances y ha puesto los votos para aprobar una monstruosidad, una verdadera oda a la pobreza y a la miseria.

Pareciera que la única firmeza de doña Laura Chinchilla ha sido insistir en atollarnos este PACquetazo de impuestos, que sin duda, nos lleva hacia adelante -como ella prometió en campaña- en el inconfundible camino al despeñadero. Y del PAC, ni qué decir. "La Costa Rica que queremos" -su lema de campaña- es una Costa Rica sin ricos, sin personas deseosas de generar dinero, sin incentivos para ahorrar, con un Estado enorme y despilfarrador, que fomente el parasitismo cultural, de forma tal que unos reciban subsidios para vivir a costa de otros.

Gracias a esta inmoral alianza entre los socialdemócratas -sean tercera vía, conservadores o cualquier nomenclatura- los ciudadanos estamos a las puertas de ver cómo se aprueban nuevos impuestos, que representan el paño con el que los políticos irresponsables se secarán el sudor de la congoja, cuando creían que su idiotez y falta de seriedad iba a llevar al Estado a la bancarrota y se acabaría el dinero para financiar sus desfachateces.

Este paquetazo reloaded es peor que sus versiones anteriores. Además de convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, crear impuestos a los servicios (especialmente educación y salud privadas), aumentar el impuesto selectivo de consumo e incrementar el impuesto de traspaso de bienes inmuebles, el nuevo texto incorporaría sandeces como impuestos de renta global y renta mundial, cálculos bastante abusivos de la renta presuntiva, incrementos en el impuesto de renta (incluyendo un nuevo tracto para salarios superiores a los 4 millones de colones), impuesto a zonas francas, impuesto a dividendos y utilidades y otra serie de verdaderas estupideces.

En ASOJOD hemos dicho, hasta la saciedad, que los impuestos son un robo y resultan mucho más descarados cuando se generan para salvarle la torta a políticos irresponsables, como contundentemente lo evidenció el Dictamen Negativo de Liquidación Presupuestaria que recién se aprobó en la Asamblea Legislativa. Cuando el gasto, el despilfarro, la irresponsabilidad, la falta de seriedad y la ineficiencia marcan la tónica de una gestión gubernamental, pedirle a los ciudadanos más recursos es, como mínimo, un insulto a su inteligencia y un verdadero y descarado robo a mano armada.

Y más que reafirmar nuestra convicción de que, en esas circunstancias, darle más recursos a este Gobierno es como llenar con agua un barril lleno de huecos, creemos que ya es suficiente la expoliación que nos hacen como para tener que incrementar nuestra cuota de sacrificio.

Por eso, ahora y siempre, le decimos NO MÁS IMPUESTOS. Con firmeza y honestidad, la Costa Rica que queremos es una muy distinta a la del PAC y PLN: es una Costa Rica próspera, donde se respete la propiedad privada, el derecho de los individuos a gozar plenamente del fruto de su trabajo, donde la competitividad y la competencia sean una realidad, donde el empresario tenga el papel que se merece, como generador de riqueza, donde las personas puedan echar a andar sus proyectos pronto y sin la intervención estatal. No la Costa Rica estatizada, corrupta, fabricante de miseria y parásitos, de burócratas y políticos trasnochados.

Jumanji empresarial: Impuestos y Crecimiento

La crisis internacional del 2008 afectó muchísimo el desempeño económico de Costa Rica. Los sectores que más se vieron impactados por esta crisis fueros el de exportación y el de construcción. A la gente la ha costado muchísimo recuperarse de esta recesión. Es más, aún hay sectores como el de construcción que no han podido volver al nivel en que se encontraban antes de iniciar la crisis. En estos momentos tan difíciles, una de las tareas prioritarias del gobierno debería ser la de propiciar el crecimiento de la economía y de esta manera disminuir el desempleo y la pobreza.

Extrañamente y por lógico que esto parezca, el gobierno parece estar haciendo todo lo contrario. En lugar de propiciar el crecimiento económico ha concentrado casi todos sus esfuerzos en la aprobación de un nuevo paquete de impuestos ¿Por qué? Cuál es la justificación del gobierno de “hacer leña el árbol caído” y colocar aún más en riesgo la frágil situación económica del país. Su excusa es que, dado que la administración anterior aumento considerablemente el gasto estatal, ahora nos toca a todos los costarricenses corregir ese déficit fiscal pagando más impuestos.

Las acciones más razonables y obvias serían todas aquellas enfocadas en disminuir los gastos desproporcionados e ineficientes pero el mismo Ministro de Hacienda ya confesó que si bien es cierto eso sería la mejor medida es más fácil si lo solventa cobrando más impuestos. Tal vez lo que no han tomado en consideración con este plan es la posible baja en la recaudación de impuestos al pretender cobrarles más a los pocos que pagan impuestos en este país. No han contemplado la posibilidad de que con este nuevo golpe la inversión en el país disminuirá y lo capitales buscarán otros destinos más atractivos. Contrario a lo que pretenden lograr, con este paquetazo podrían aseverar aún más la delicada situación fiscal en la que se encuentran.

Si el gobierno lo que desea es recaudar más impuestos pues más bien debería fomentar el crecimiento económico. Medidas que ayuden a dinamizar la economía no solo disminuiría el desempleo sino que también generaría una mayor recaudación para las arcas del estado. Contrario al plan actual, una disminución en impuestos clave como el impuesto sobre la renta ayudaría a que más empresas se instalen en el país y más empresas crezcan. Cada empresa pagaría menos impuestos pero al ser más la recaudación total será mayor para el Estado.

Irlanda se desarrolló gracias a menos impuestos

Es déjà vu. Todo indica que el debate sobre el inminente paquete de impuestos que nos promete la administración Chinchilla Miranda será muy similar al que ya vivimos en el período 2002-2006, cuando la administración Pacheco de la Espriella nos vendía un aumento histórico en los impuestos bajo la premisa de que era la única manera de salvar a Costa Rica de un inminente colapso fiscal. De igual forma, en aquel entonces, no faltaba uno que otro catedrático o experto fiscal que nos decía que aumentar impuestos es una condición sine qua non para el desarrollo económico.

Uno de estos catedráticos es Jaime Ordóñez, con quien ya tuve hace 6 años un intercambio sobre este tema en las páginas de opinión de La Nación. El argumento de Ordóñez es muy sencillo: “¿Queremos ser ricos como Europa? Entonces tenemos que pagar impuestos como los europeos”. En ese entonces (2004), le señalé a don Jaime que casualidad no prueba causalidad. Ciertamente Europa es un continente rico (y en declive), pero eso no indica de ninguna manera que los europeos se hicieron ricos simplemente porque aumentaron sus cargas fiscales a altísimos niveles. Todo lo contrario, si vemos la evidencia empírica, notaremos que las tasas de crecimiento en Europa caen conforme más aumenta la carga tributaria. ¿Queremos hacernos ricos? Pues entonces necesitamos altas tasas de crecimiento, y la Europa esclerótica con la que sueña Jaime Ordóñez no es el ejemplo a seguir.

Sin embargo, 6 años después, Ordóñez continúa con la misma cantaleta. En su columna semanal en el Diario La Extra, don Jaime recurre al ejemplo de Irlanda (¡vaya Usted a ver!) como muestra de un país que se hizo rico, según él, mediante el aumento de la carga tributaria. Para probar su tesis Ordóñez menciona únicamente dos cifras: el PIB per cápita de Irlanda en el 2009 y la carga fiscal lograda en algún año (no especifica cuál) del gobierno de Mary Robinson (1990-1997). Nuevamente, Ordóñez cierra la columna con su sempiterna lección: ¿Quéremos ser ricos como Irlanda? Aumentemos los impuestos.

La realidad es totalmente contraria a lo que presenta Jaime Ordóñez. Es cuestión de revisar las estadísticas de la OCDE para ver que más bien fue una disminución de la carga tributaria la que contribuyó a desencadenar al llamado “tigre celta”. La carga tributaria de Irlanda permaneció relativamente estable en el 28% del PIB durante la década de los setenta. Fue en 1979 cuando empezó a aumentar, hasta llegar a un pico del 36.8% en 1988. Durante este período, el crecimiento del PIB per cápita (dólares constantes, PPP) fue del 2.2% anual, una cifra que no saca a ningún país del subdesarrollo en el corto o mediano plazo.

Sin embargo, a raíz de una seria crisis fiscal en 1986 (el gasto público creció más rápido que los impuestos durante la década previa), Irlanda se vio forzada a adoptar un serio programa de austeridad que implicaba una fuerte reducción del gasto y, (¡sorpresa!) una disminución en las principales tasas de impuestos. La carga tributaria cayó del 36.8% de 1988 al 33.5% al año siguiente. En el 2007 la carga tributaria era del 30.8%. ¿Resultado? Durante este período el crecimiento del PIB per cápita en Irlanda fue del 5.3% anual, lo suficiente para transformar a dicho país del tercero más pobre de Europa Occidental en la década de los ochenta al segundo más rico del Viejo Continente.

Es cierto que durante el gobierno de Mary Robinson hubo un aumento de la carga tributaria en Irlanda, que pasó del 33.1% en 1990 (cuando llegó al poder) a un pico del 35.1% en 1995. Sin embargo, cuando salió del poder en 1997, la carga tributaria de Irlanda era del 31.7%, inferior a la que Robinson encontró inicialmente.

Por supuesto que uno no puede ser simplista como Jaime Ordóñez y achacar el “milagro” irlandés exclusivamente a los impuestos (en este caso, a su disminución). Otros factores entraron en juego, como la apertura comercial, apertura en el sector de servicios, disminución del gasto público, etc. Para una explicación detallada de la transformación de la economía irlandesa, recomiendo este ensayo: “Libertad económica y crecimiento: El caso de Irlanda” por el economista Benjamin Powell. Pero la reducción en las tasas impositivas, tanto a personas como a empresas, fue crítica en la transformación económica de Irlanda.

Es una lástima que Ordóñez continúe apelando a la desinformación en su cruzada por aumentarle los impuestos a los costarricenses. No le sienta bien.

Juan Carlos Hidalgo
Por la libre