El pasado 11 de abril, con ocasión del discurso por la celebración de la Batalla de Rivas, la mandataria Laura Chinchilla Miranda dio a entender que era una heroína comparable con Juan Santamaría y Juan Mora Porras, por impulsar el PACquetazo de impuestos. Argumentó que era una medida impopular pero fiscalmente responsable y que le hacía un bien a la patria.
A pesar que, en ASOJOD rechazamos totalmente las palabras de la Presidente y adversamos el nefasto aumento de impuestos que su Gobierno propuso, queremos aprovechar las palabras de doña Laura para darle un pequeño consejo. Eso sí, es un consejo gratuito y, por él, no esperamos una consultoría millonaria como las otorgadas a Procesos.
Doña Laura ha demostrado que no le preocupa el costo político de impulsar medidas impopulares. Sin importar que 75% de los ciudadanos estaba en contra del proyecto de Solidaridad Tributaria, según una encuesta publicada por La Nación; sin importar que su entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el entonces Director General de Tributación Directa, Francisco Villalobos, fueron cuestionados por presunta evasión fiscal y, como lo ha evidenciado su silencio hasta ahora, a pesar de que se destapara un escándalo que aparentemente alcanza a su Vicepresidente, Luis Liberman, a su Ministro de Educación, Leonardo Garnier y a su ex asesora, Flor Isabel Rodríguez, ella se ha empeñado en aumentarle los impuestos a los ciudadanos, detenida solo pero momentaneamente por la Sala Constitucional.
Si, como ella misma dijo, la situación actual de nuestro país obliga a impulsar medidas impopulares pero fiscalmente responsables, entonces le proponemos a doña Laura que, a la luz del Plan "B" en materia fiscal que explicó la semana anterior, se dedique con la misma “valentía”, a hacerle un bien a los tax payers: cierre instituciones, reduzca la planilla estatal (especialmente la planilla paralela que le cuesta miles de millones al Estado costarricense), muestre la firmeza prometida en campaña para atacar la corrupción y dele señales claras a los empresarios, nacionales y extranjeros, para que se decidan a invertir en nuestro país. Todo eso le faltó por decirlo durante la exposición de las medidas alternativas.
Señora Presidente, enfréntese a las organizaciones que han desangrado a los ciudadanos por décadas. Revise el laberinto institucional, que incluye a más de 343 entidades públicas, y plantee el cierre o venta de muchas de ellas que, como el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su defecto), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional Atómica, el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Academia Nacional de Ciencias, Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, Oficina Nacional de Semillas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiográfica Costarricense S.A., Correos de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Corporación Ganadera Nacional, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Bananera Nacional, no generan ningún beneficio para los ciudadanos, excepto para aquellos que viven a costa de los tax payers.
Busque aliados en otras fuerzas políticas para que, mediante pactos, se consigan los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una política de reducción del Estado que, bien sabemos, está enredado en sus propios mecates con instituciones cuyas funciones son confusas, desfasadas, duplicadas o inútiles, con empleados que le cuestan mucho a la Hacienda Pública sin que su trabajo se traduzca en beneficio para los costarricenses. Enfréntese a los sindicatos, a las agrupaciones empresariales y todos aquellos que se empeñan en que los ciudadanos sigamos pagando por bienes o servicios que no recibimos. Elimine las consultorías que cuestan millones por trabajos que luego no se ven y que más parecen mecanismos de algunos para engrosar las cuentas de los amigos.
Líbrenos del pesado fardo que significa este sinnúmero de entidades y burócratas. Muestre el mismo empeño que la caracterizó con el impulso del PACquetazo de impuestos a toda costa, con procedimientos violatorios de la Constitución Política. Serán medidas impopulares pero fiscalmente responsables y le aseguro que, a pesar de las críticas y protestas de unos cuantos que se quedarán sin su medio para seguir viviendo a costa nuestra, los ciudadanos comunes y corrientes se lo agradeceremos por muchísimos años.
A pesar que, en ASOJOD rechazamos totalmente las palabras de la Presidente y adversamos el nefasto aumento de impuestos que su Gobierno propuso, queremos aprovechar las palabras de doña Laura para darle un pequeño consejo. Eso sí, es un consejo gratuito y, por él, no esperamos una consultoría millonaria como las otorgadas a Procesos.
Doña Laura ha demostrado que no le preocupa el costo político de impulsar medidas impopulares. Sin importar que 75% de los ciudadanos estaba en contra del proyecto de Solidaridad Tributaria, según una encuesta publicada por La Nación; sin importar que su entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el entonces Director General de Tributación Directa, Francisco Villalobos, fueron cuestionados por presunta evasión fiscal y, como lo ha evidenciado su silencio hasta ahora, a pesar de que se destapara un escándalo que aparentemente alcanza a su Vicepresidente, Luis Liberman, a su Ministro de Educación, Leonardo Garnier y a su ex asesora, Flor Isabel Rodríguez, ella se ha empeñado en aumentarle los impuestos a los ciudadanos, detenida solo pero momentaneamente por la Sala Constitucional.
Si, como ella misma dijo, la situación actual de nuestro país obliga a impulsar medidas impopulares pero fiscalmente responsables, entonces le proponemos a doña Laura que, a la luz del Plan "B" en materia fiscal que explicó la semana anterior, se dedique con la misma “valentía”, a hacerle un bien a los tax payers: cierre instituciones, reduzca la planilla estatal (especialmente la planilla paralela que le cuesta miles de millones al Estado costarricense), muestre la firmeza prometida en campaña para atacar la corrupción y dele señales claras a los empresarios, nacionales y extranjeros, para que se decidan a invertir en nuestro país. Todo eso le faltó por decirlo durante la exposición de las medidas alternativas.
Señora Presidente, enfréntese a las organizaciones que han desangrado a los ciudadanos por décadas. Revise el laberinto institucional, que incluye a más de 343 entidades públicas, y plantee el cierre o venta de muchas de ellas que, como el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su defecto), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional Atómica, el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Academia Nacional de Ciencias, Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, Oficina Nacional de Semillas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiográfica Costarricense S.A., Correos de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Corporación Ganadera Nacional, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Bananera Nacional, no generan ningún beneficio para los ciudadanos, excepto para aquellos que viven a costa de los tax payers.
Busque aliados en otras fuerzas políticas para que, mediante pactos, se consigan los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una política de reducción del Estado que, bien sabemos, está enredado en sus propios mecates con instituciones cuyas funciones son confusas, desfasadas, duplicadas o inútiles, con empleados que le cuestan mucho a la Hacienda Pública sin que su trabajo se traduzca en beneficio para los costarricenses. Enfréntese a los sindicatos, a las agrupaciones empresariales y todos aquellos que se empeñan en que los ciudadanos sigamos pagando por bienes o servicios que no recibimos. Elimine las consultorías que cuestan millones por trabajos que luego no se ven y que más parecen mecanismos de algunos para engrosar las cuentas de los amigos.
Líbrenos del pesado fardo que significa este sinnúmero de entidades y burócratas. Muestre el mismo empeño que la caracterizó con el impulso del PACquetazo de impuestos a toda costa, con procedimientos violatorios de la Constitución Política. Serán medidas impopulares pero fiscalmente responsables y le aseguro que, a pesar de las críticas y protestas de unos cuantos que se quedarán sin su medio para seguir viviendo a costa nuestra, los ciudadanos comunes y corrientes se lo agradeceremos por muchísimos años.
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