La columna de Carlos Federico Smith: ¿será que en el Estado, el fin justifica los medios indebidos?

El fin no justifica medios indebidos, incluso en asuntos contractuales del estado.  No puede servir como justificación que se requería mucho tiempo lograr la aprobación, por otro ente estatal, la SETENA, de los planos finales corregidos, para haber sacado a licitación una obra pública, a sabiendas de que la vía que se pretendía contratar no se conectaba correctamente, como debería ser, con el muelle. Lo que se ha llamado pifia, en realidad se trata de un engaño, pues, conociendo que el contrato sacado a licitación estaba originalmente errado, finalmente se adjudicó la contratación.
 

Trataré de exponer el caso de manera sencilla, con base en un artículo de La Nación del 17 de abril, titulado “MOPT premeditó con datos falsos ‘pifia’ de 80 m(etros) en vía a megapuerto: Abrió concurso para construir acceso a sabiendas de que no conectaba con muelle.”
 

El MOPT, al sacar a licitación pública la construcción de una vía que conectaría la ruta 32 con el nuevo muelle de la empresa APM Terminals que se construye en Moín, lo hizo teniendo conocimiento de que los planos estaban mal, pues no cumplían con el empate correcto entre la vía y el muelle. De ello, el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) tuvo pleno conocimiento previo del error; así, se puede considerar que el “error” fue calculado, premeditado.
 

La licitación en mención fue así aprobada -incluso en su momento por la Contraloría General de la República- y adjudicada a la firma Consorcio del Atlántico, por un monto aproximado de $72 millones.
 

A la Contraloría se le presentaron los planos pifiados y, en apariencia, el CONAVI, dependencia directa del MOPT, nunca le informó de tal situación inapropiada. De tal forma que la conexión licitada era inexistente, irreal, equivocada en unos 80 metros del lugar en donde se debía conectar correctamente. Parte de las razones aducidas por las autoridades actuales del MOPT para actuar así, fue que, en el 2013, -administración Chinchilla- cuando se tramitó ante SETENA la aprobación del impacto ambiental de la obra, no se tenía definido aún el lugar de acceso al puerto por parte de los dueños del puerto concesionado, APM Terminals. [De paso: ¿por qué siempre se busca responsabilizar al gobierno anterior de hacer algo mal, si la entidad estatal existe independientemente del gobierno del momento y es, por tanto, la responsable del desaguisado?]. SETENA aprobó la conexión en el centro de la propiedad de las tierras dadas en concesión, en criterio del CONAVI, siendo que la entrada al puerto se ubicó a un costado de esa propiedad: de ahí los 80 metros falsos.
 

APM Terminals inscribió sus planos en el Catastro Nacional en diciembre del 2013 y SETENA le aprobó a CONAVI en febrero del 2014 “un permiso ambiental que no incluía la totalidad de los terrenos”, faltando más de dos años para que saliera a licitación el contrato de referencia. O sea, fue sólo dos meses el tiempo que pasó entre el trámite del CONAVI ante SETENA, que lo inició en octubre del 2013, y la inscripción en el Catastro con los planos definitivos del proyecto.  Pero, al proyecto le faltaban más de dos años para que fuera sacado a concurso.
 

No obstante, en abril del 2015, antes de que la obra saliera a concurso, CONAVI advirtió del error en el acceso y recomendó que se “analizar(a) detenidamente la situación”. Incluso, una vez que ya había sido adjudicada la obra, la Contraloría General de la República “advirtió sobre las coordenadas erróneas incluidas en el cartel y de las dificultades para que la obra concluyera a tiempo.”
 

Pero, esos no fueron los únicos que advirtieron del error. Uno de los oferentes en el concurso licitatorio alertó del problema y “ofreció una alternativa que sí conectaba con la mega-terminal a un costo menor, a $60 millones.” En contraste, con la pifia incluida, se otorgó la concesión a otra empresa, a un costo de cerca de $72 millones. La primera empresa -la que sí incorporó la corrección- y que incluso era más barata, la descartó CONAVI al proponer una vía no solicitada (la corrección al error) en el cartel.
 

Luego, para hacer la corrección, a los ganadores del concurso se les amplió el contrato por $14 millones, llevando el costo final de la obra a $86 millones.
 

El argumento esencial esgrimido por el MOPT para haber actuado de tal manera se reduce a dos puntos básicos: (1) que si le hubiera pedido a SETENA una aprobación con el enlace correcto, hubiera tomado más de un año, aunque, en verdad, la primera aprobación que hizo SETENA tomó sólo 4 meses y (2) que si se atrasaba en aquel momento el inicio de la obra, y no estaba lista para enero del 2018 -supuestamente al sufrir un año de atraso, que es lo que tomaría la aprobación de SETENA- el país incurriría en una multa contractualmente aprobada entre el estado y APM Terminals, por la cual el país perdería “un descuento de $20 en la tarifa de $246 que se fijó por cada contenedor que APM Terminals movilice.”
 

Según esto último, el atraso salía más caro por tales multas, que era mejor si la obra se iniciaba a sabiendas de la pifia y luego se arreglaba sobre la marcha, pero que se terminaba a tiempo. [De paso, errores en la construcción de pilotes por parte de APM Terminals impedirán que operen antes del 18 de enero del 2018].  Ahora el Ministerio Público ha abierto un expediente para ver cómo fue ese proceso de contratación y me imagino que la Contraloría también hará el suyo. Entre tanto, veremos desde la llanura el grado de ineficiencia a que puede llegar nuestro pifiador estado.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: UBER, Estado y Sociedad Costarricense

Sin lugar a dudas el tema de estos últimos días ha sido la entrada al país de UBER, así como las medidas tomadas por el Gobierno. En ASOJOD queremos compartir un par de reflexiones e interrogantes un tanto desordenadas, las cuales hacemos evidentemente desde de nuestra particular forma de entender el mundo (para bien o para mal), mismas que no se limitan propiamente a UBER, sino que pretenden ser un diagnóstico mucho más “macro”:

1. Ironía: el Gobierno del cambio defendiendo el status quo, en contra de los avances tecnológicos y las nuevas formas de economía.

2. Sharing economy y evolución social: El “sharing Economy” llegó para quedarse, adaptémonos y saquémosle provecho o perezcamos.

3. Siguen las ironías: los niños malos del Gobierno pese a su juventud son los que más relinchan en contra de UBER.

4. Más ironías: los “progresistas” en contra de aquello que genera progreso…

5. Revolución: Los gringos por mucho menos que esto hicieron una revolución en el siglo XVIII.

6. Del like a la acción social: Están muy bien los memes, críticas, likes y shares de Facebook, pero eso no es suficiente, debemos pasar de la acción en el mundo cibernético a la acción en el mundo material, solo así se darán los cambios necesarios.

7. Lección: los políticos y el Estado deben de tener el menor poder posible, eso disminuye las posibilidades de que se paseen en la vida y propiedad ajena.

8. Pregunta: ¿conoce el Gobierno los conceptos de escasez y costos de oportunidad? Es increíble que con la cantidad de problemas económicos y de infraestructura que pesan sobre el país, la administración se dedique a darle “guerra” a UBER.

9. Objetivo de la ley: La ley en la mejor tradición liberal está diseñada para proteger los derechos individuales, para ser un límite frente a los poderes del soberano. Cuando este noble fin se pervierte y la ley se convierte en instrumento de privilegios y prebendas políticas para la obtención de votos, pasa precisamente lo que hemos visto en estos últimos días.

10. Acción privada: La Constitución Política en su artículo 28 indica: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” ¿Nos puede explicar alguien de que manera UBER afecta el orden público, la moral o interfiere con los terceros para que tenga que estar dentro del marco de acción de la ley?

11. ¿Regulaciones videntes? Algunos afirman que el servicio de UBER se encuentra previsto en la normativa actual, y que en ese sentido debe regirse por la misma. Esa es una aseveración bastante extraña y peligrosa, ya que cuando nuestras leyes que rigen los servicios públicos de transporte se crearon, no existía ni por asomo algo remotamente parecido a UBER, por lo que no se puede sostener que nuestro legislador pretendía que algo de esta naturaleza se encontrara cubierto por dicho manto legal. Lo anterior es fundamental par proteger la innovación y el cambio tecnológico, es la ley la que debe adecuarse a las novedades sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etc y no a la inversa. 

Bajo esta línea de pensamiento imaginemos que en el futro se invente una batería o sistema de autoabastecimiento eléctrico, que haga totalmente innecesario e intrascendente al ICE, ¿en ese caso también vamos a prohibirlo o regularlo? 

12. Interpretación pro libertad: ¿Si existe duda de si este es o no un servicio público no deberíamos resolver dichas controversias teniendo como piedra angular el favorecimiento de la autonomía privada y la libertad individual?

13. Encuentre las diferencias: Mussolini dijo: “para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe fuera del Estado.” El Presi dice: “Toda actividad que no está regulada por el Estado es ilegal”.

14. Devuelta a la época oscura del Siglo XX: Las acciones de la administración rayan en la “mejor” tradición fascista y autoritarita del siglo XX.

15. Sociedad abierta vrs Sociedad Cerrada: La Sociedad Abierta y la civilización es la recuperación de los espacios privados para la sociedad civil, implica dejar de ser una especie de tribu en donde todos los temas de la vida de los individuos son un problema de la polis. 

16. Valentía: Bien por la empresa UBER por atreverse a hacer lo que rara vez ocurre en nuestro país con el sector privado: retar la arbitrariedad y sed de poder de los Gobernantes.

17. Responsabilidad empresarial: Todavía mejor por parte de la empresa UBER en ponerse detrás de sus afiliados colaborando con las multas y daños a la propiedad de los vehículos. Empresa 2-0 Gobierno.

18. Ciudadanos en contra de si mismos: El Estado con sus regulaciones estúpidas es el único que tiene la capacidad de poner a los propios ciudadanos en contra de si mismos, logrando establecer un clima de confrontación social en virtud del sistema de castas sociales que establece a través de leyes perversas. El Estatismo politiza todos los ámbitos de nuestra vida, convirtiendo simples interacciones individuales, en todo una problemática social y política.

19. Lo que está detrás de UBER: Lo que está en juego con UBER es algo más grande que el sistema de UBER, es el “alma” de nuestra sociedad. El Gobierno ha entendido bien esto, por ello ha actuado de la forma desproporcional y temeraria en que lo ha hecho. Sabe de que sistemas como UBER y actitudes como las que ha asumido la empresa ponen en jaque su cuota de poder político, además de que desnuda la verdadera cara de la acción estatal. Evidentemente no pueden permitir que el castillo de naipes sobre el que se encuentran montados se les venga al piso.

20. Mamar tetita estatal: Es mejor UBER que la UBRE del Estado.

21. ¿Quién gana y quién pierde? Preguntémonos: ¿qué intereses defiende el Gobierno con estas medidas y a cuáles sectores? Los más afectados con estas medidas son los ciudadanos de pie: aquellos que quieren ganarse una extrita a través de UBER, así como aquellos que quieren ahorrarse una platita con un servicio más eficiente y a menor costo. UBER no pierde, UBER no nos necesita, nosotros necesitamos a UBER.

22. Sino puedes con ellos úneteles: ¿Si a los taxistas les molesta tanto UBER por qué mejor no cambian de equipo?

23. Pregunta para el lector: ¿en las próximas elecciones seguirá votando usted por los mismos de siempre, con sus ideas retrógradas de siempre, aquellos que no pueden mirar más allá de la nariz Estatal?

24. Indiferencia: no son momentos para ser indiferentes, a todos nos toca escoger de que lado queremos estar.

25. Reforma del Estado: todos estos eventos no hacen más que mostrar la necesidad de plantearlos nuestro actual modelo Estatal en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Para finalizar queremos dejarlos con una frase de la filósofa Ayn Rand la cual describe a la perfección el entorno socio-político en el que se encuentra atascado nuestro país, y sobre todo que nos mantiene sumergidos en el total y absoluto subdesarrollo:

“Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada.”

Desde la tribuna: ¿cómo echar a perder una buena idea?

La “concesión de obra pública” es una magnífica idea, tomada de los usos de otros Estados.  En nuestro país, desdichadamente, ha resultado una buena teoría, pero una mala práctica (como el chiste:  “en teoría tenemos como enfrentar el déficit de infraestructura pública, pero en la práctica tenemos los mismos vicios y otra veta para las sinvergüenzadas”).

La “concesión de la Carretera Bernardo Soto” en la modalidad de concesión de obra pública ha exasperado a la gente, a las comunidades y  arriesga con poner fin a una buena idea. 

Las torpes actuaciones gubernamentales que, incluso, convirtieron la Fiesta Patria de Juan Santamaría, en Alajuela, en una trifulca memorable, están convirtiendo a la interesante posibilidad de concesión en el pato de la fiesta.

La idea de la concesión de obra pública es muy interesante y una buena vía en la solución de las carencias estatales.  La posibilidad de concesionar a un sujeto de derecho privado una obra pública para que se usen los recursos privados en el desarrollo de la infraestructura pública es magnífica, pues así se puede obviar la mala administración pública y el reiterado déficit público.  Es un modo de enfocar la inversión privada en proyectos públicos obras rentables (la inversión se recuperará a través de una tarifa pagada por los usuarios).

En varios Estados, tal modalidad de concesión o figura jurídica ha sido la vía para ir más allá de las imposibilidades presupuestarias y fiscales que ahogan las necesidades de infraestructura, de obras, de soluciones.  Prácticamente no hay Estado en el cual abunden los recursos públicos y, por ello, hay carencias crónicas y dificultades para financiar algunos proyectos.

Costa Rica no es ajena a tales carencias y limitaciones.  Todo lo contrario.  Estamos asfixiados por un crónico déficit presupuestario, mala administración pública y necesidades irresueltas.  Por ello nuestra sociedad es de las que debería aprovechar con ventaja las posibilidades de la “concesión de obra pública”.  Por tal vía podríamos superar el ya antiguo déficit en carreteras, puertos, ferrocarriles, todo clase de aguas e infraestructura pública y comunitaria.  Pero …

En lugar de acometer la novedad jurídica con entereza jurídica y moral, hemos terminado en unos terribles embrollos que, además, arriesgan la proscripción de la figura de concesión de obra pública en nuestro medio.

Las actuaciones del Consejo Nacional de Concesiones son objetables en toda la línea (sobre todo desvío en los aspectos jurídicos y éticos):  sin adecuada selección de los proyectos, con pagos injustificables, decisiones injustas y objetables que han terminado con la condena judicial y una inaceptable toma del órgano contralor.

En el caso de la carretera Bernardo Soto (como si la carretera a Caldera hubiese sido una experiencia exitosa), aparecen además cesiones objetables (que aumentan los precios) y una “suficiencia” de funcionarios que, sumada a las torpezas gubernamentales, arriesgan convertir el proyecto en una “halada del rabo de la ternera”.

Entonces el sentir general es que la figura sirve para todo menos para lo que fue concebida:  en lugar de constituir una vía de solución para los serios problemas nacionales en infraestructura y falta de recursos, pareciera que se ha actuado para que se objete la participación de la empresa privada, para que se hagan negociados inaceptables, para que se actúe de forma reprobable y para que la sociedad despotrique contra la figura jurídica, la cual, congelada en forma de ley, no tiene la oportunidad de defenderse de tan malos directores de orquesta, tan malos músicos y tan mala ejecución.  El público terminará achacando los males a la partitura y no a los ejecutantes.  ¡Achará, qué vaina!  

Todo ello aleja la posibilidad de hacernos de buena infraestructura, aumenta la presión fiscal y el riesgo de más impuestos.  También facilita la eventual utilización de la legislación de emergencia, con los consabidos resultados. 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: Responsabilidad política

El Primer Ministro del Japón Murayama, poco después del terremoto que asoló la región de Kobe en esa nación, dijo que “él aceptaba la plena responsabilidad política por las más de 5.000 muertes causadas por el terremoto”. Este es tan sólo un ejemplo de cómo en ciertas naciones civilizadas, los políticos, si bien no siempre están dispuestos a renunciar cuando alguien se los solicita, si los hechos son de cierta magnitud o importancia, asumen la responsabilidad por ellos. Terminan renunciando y yéndose para la casa. Eso es lo que se llama asumir la responsabilidad política.

Por eso no he entendido muy bien cómo, después de que se han gastado sumas millonarias en nuestro país, provenientes de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, a fin de resolver el famoso problema de la platina, lo único que ha sucedido es la suspensión de una funcionaria de segunda, encargada de la supervisión de puentes en CONAVI, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Suspensión supuestamente motivada por alguna actuación indebida en torno a la solución que las mismas autoridades gubernamentales del Ministerio propusieron públicamente. Porque no me imagino que la responsabilidad por incumplimiento de deberes, por la cual podría acusarse a esa funcionaria, no surge de haber propuesto soluciones que, en su momento, han de haber sido conocidas por las más altas autoridades de ese Ministerio y que no tardaron en hacérnoslas saber. Esto es, me imagino que las altas autoridades del MOPT han de haber conocido previamente cuáles eran las soluciones propuestas por el CONAVI y, al haberlas divulgado, fue porque, de alguna manera, les dieron su aprobación como solución al problema ya conocido.

No se trata sólo de salir ahora al paso diciendo que la única persona responsable de todo el episodio es aquella funcionaria, pues más parece que estamos en presencia, una vez más, de que el hilo se rompe por lo más delgado. Debería de investigarse profundamente cuál ha sido el papel desempeñado por las autoridades de ese Ministerio, principalmente de los niveles más altos, que me parece son los políticamente responsables de las actuaciones de ese Ministerio. Porque sí, el manejo de esta situación de la platina ha ido todo un relajo y si no recordemos las medidas y el tiempo que ha tomado la solución que al final se vino a dar en torno a su arreglo, cual es que el puente debe ser construido de nuevo a un costo de muchos millones de colones adicionales.

Gran cosa fueron las medidas que se tomaron meses atrás, cuando con el pretexto de un arreglo supuestamente final, nos crearon un verdadero calvario de interrupciones en las vías cercanas, en el marco de planes para aliviar las presas originadas por la reparación. ¿Se acuerdan de las ideas y promesas geniales para aliviar la congestión y el gasto de gasolina? Les menciono, entre otras, acelerar la presencia del tren de pasajeros a San Antonio de Belén, para que la gente pudiera movilizarse por medio del transporte público que ya no se podía hacer por el arreglo; la instalación de un puente frente al Castella –aunque resultó ser tardía, una vez que se había provocado la enorme presa por la reparación, como todo lo que se hace en el gobierno-; el arreglo de la calle que va de Heredia a Alajuela para agilizar el tránsito en el oeste de la ciudad, que aún no termina de arreglarse. Entre otras medidas que fueron propuestas para desfogar las presas que iba a causar la reparación de la platina y que no sirvieron y que sólo significaron mayor retraso y más alto gasto de gasolina para quienes usamos vehículos.

En síntesis, con esas reparaciones lo que ha abundado es plata pública desperdiciada, no sólo en costos directos por la reparación del puente, que parecen haber ascendido a sumas millonarias, sino indirectos sobre el bolsillo de todos los transeúntes en la zona.

Es cierto que ningún Ministro o Vice Ministra puede estar en todo, pero no es posible que, habiendo salido a la prensa cada rato, anunciando que ya tenían una solución al problema de la platina y que pronto el plan estaría en marcha, lo único que hoy podemos contemplar es la suma multimillonaria de fondos públicos gastados en todo este sainete. Era o producto de la fábula o una expresión de desinterés de las autoridades o un simple desprecio por los apuros de los costarricenses, a quienes se les asume ser tan tonticos como para ser embollados con un inminente arreglo. Lo único cierto es que hoy el problema del puente es muy grave, tanto por la inoperancia de los arreglos de la platina en si, como por el riesgo que corremos si se diera un sismo de cierta magnitud no infrecuente en nuestro medio, tal como lo han enfatizado algunos profesionales de la Universidad de Costa Rica y que ha sido divulgado por diversos medios de comunicación.

Si tuvieran un poquito de dignidad quienes así han actuado, incumpliendo claramente sus deberes políticos en las posiciones claves para los cuales el Estado costarricense políticamente les contrató, ya nos habrían expresado que asumen sus responsabilidades políticas de todo lo sucedido y que se iban para sus casas.

Pero, mirala: todo menos la renuncia…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las cosas se podrían hacer mejor

En mi criterio, la mejor lección que los costarricenses podemos derivar de la construcción del nuevo Estadio Nacional no es tanto la edificación en sí, pues había mejores opciones en cuanto a la utilización de los recursos donados, sino por la rapidez y eficiencia con que fueron construidas las obras.

Tal vez el mejor parangón de lo que suele suceder con Costa Rica es lo que nos ha costado arreglar la platina (incluida la “ayuda eficiente” de empresas extranjeras) o lo que duró y costó la construcción de las casas en Cinchona, resultado del terremoto de hace un par de años. ¡Cuánto tiempo ha tomado llevar a cabo esos proyectos! Las excusas para esos retrasos han abundado, cuando lo cierto es que, en el caso del puente de la platina (rebautizado el puente de la rasquiña, por aquello del símil físico de la superficie del puente con la enfermedad de la piel), a la fecha aún no está arreglado, tal como se esperaría en un mundo llamado moderno. Yni qué decir de las casas de Cinchona, las cuales, a pesar del enorme esfuerzo y vigilancia ejercida por donadores privados y patrocinadores institucionales, han requerido eones para poder verlas en pie. A la fecha aún no se sabe con exactitud el por qué del enorme aumento en los costos que se observó en dicho proyecto.

En medio de la tragedia del Japón -para quienes tienden a olvidarlo, no hay gestión humana que no tenga riesgos- pocos meses después de la devastación por el tsunami, gran cantidad de las casas destruidas ya están de nuevo en pie, producto de un esfuerzo enorme de diversos actores en ese país. Sorprende la rapidez con que las empresas, las personas, el Gobierno, en general todo un pueblo, hace las cosas eficientemente.

En nuestro medio, la discusión pública en torno al sistema de concesión de obra pública nos ha brindado muchas buenas lecciones, a algunas de las cuales me he referido en comentarios previos. En esta ocasión tan sólo comentaré dos nuevos matices del tema. Uno es la opinión de un “líder” de un sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, otra, la de un “líder” que en este caso encabeza una de las agrupaciones de transportistas en el país. Ambos coinciden en su opinión de que es necesario redefinir la construcción de obra pública, principalmente carreteras, en vez del actual sistema de concesiones al sector privado.

En mucho no los critico, pues creo que están profundamente influenciados por el relajo que a todas luces ha sido la concesión a Autopistas del Sol. Incluso el desbarajuste puede estarse reflejando en los muy elevados peajes que, según lo denunció recientemente un noticiero de televisión, se cobran en comparación con proyectos similares en otros países. Pero ello está por verse y asumo que diligentemente la Contraloría General de la República está estudiando meticulosamente estas aseveraciones periodísticas. Sí creo que, sin duda, ambos ciudadanos creen a pie juntillas que sus propuestas son la mejor opción al sistema de concesión.

El “líder” sindical del MOPT propone que de nuevo sea esa entidad, con su personal, la responsable de construir las carreteras. Esto es, volver al viejo esquema de construcción de obra pública por medio del MOPT. Era de esperar que un dirigente sindical de esa entidad promoviera resucitar al antiguo MOPT, pero ciertamente el frío no está en las cobijas. El hecho es que no hay plata (presupuesto, financiamiento, para quienes gustan de hablar más técnicamente) para que el Estado sea quien directamente construya las obras, excepto que se les ocurra aumentar el gasto público con la ingeniosa idea de ponerle más impuestos a la ciudadanía o a través de un mayor endeudamiento gubernamental.

La realidad de las finanzas internacionales (y nacionales) es que no hay recursos para que el Estado pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Por ello lo siento para el “líder” sindical, pero parece que la única opción disponible para hacer infraestructura pública es a través de esquemas de concesión al sector privado, de forma que consiga los recursos, lleve a cabo la construcción de las obras y que luego cobre a quien la utilice. No quisiera aparecer como grosero con un trabajador del MOPT señalándole que esa entidad ha sido incapaz, por ejemplo, de dar un mantenimiento elemental a los puente nacionales, como lo prueba la tragicomedia sucedida con el puente sobre el Virilla, o la caída dolorosa y trágica del puente sobre el Río Tárcoles, que al menos yo recuerdo en este mundo del olvido a los tres días.

Pongo estos ejemplos, pero podría citar muchas otras actividades en las cuales el MOPT le ha quedado debiendo a la ciudadanía, entre ellas el enorme rezago en carreteras que no han sido objeto de concesión y que hoy están muy destrozadas, amén de un sistema vial obsoleto y, en mi opinión, causal de muchos accidentes en el país. O, por ejemplo, el malfuncionamiento con el tránsito que depende de funcionarios de esa entidad. O el descuido con los nuevos semáforos inteligentes o la mala demarcación en muchos sitios del país. La lista puede ser muy extensa, como extenso es el número de funcionarios laborando para esa entidad.

El otro ”líder”, el de los transportistas, fue objeto de una acuciosa pregunta en un programa matutino de comentarios. Se le pidió que, si no estaba de acuerdo con los esquemas de concesión, entonces, nos dijera cómo se aseguraría la provisión de obras de infraestructura. Su respuesta fue similarmente ilusa a la que tiene un amigo venezolano de que los Estados Unidos van a mandar tropas para derrocar a Chávez. Propone que sea el Estado costarricense, por medio del MOPT y con fondos del Banco Mundial y del BID -dos entidades que mencionó- quien se encargue de construir las nuevas carreteras. Su propuesta es volver a la historia antigua, en donde todos los costarricense somos quienes terminamos pagando la deuda (porque son préstamos y no regalos de esas entidades) mediante impuestos, en vez de ser amortizada mediante el pago de peajes por quienes efectivamente la utilizan. ¿Por qué habría de pagar por esa carretera alguien que nunca o poco la usa? Me parece que es elementalmente equitativo que quien la utiliza sea quien pague. Claro, qué rico es que yo -transportista de carga- use la carretera, pero el costo es cubierto por todos los costarricenses.

El esquema de concesión se acerca a un principio tributario muy importante: qué se pague por el beneficio que se recibe. Obviamente, eso no le gusta a quien desearía que sean otros quienes paguen por él o ella.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: privatización de las licencias de conducir

En la gran mayoría de instituciones públicas, sino en todas, existe un desface entre las demandas ciudadanas y la capacidad de aquellas para responderles. El caso más reciente es el de las pruebas de manejo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), donde miles de personas se encuentran a la espera para poder realizar dicha evaluación, con el fin de obtener su licencia de conducir. Este es un caso que no sorprende, como sí lo hace el hecho de que todavía sea el Estado el que se encargue de emitirlas. Por eso, en este Tema Polémico, queremos proponer una opción, a la luz no sólo de este problema, sino también un aporte a la discusión en el marco de la Ley de Tránsito.

En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.

Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.

Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.

Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.

Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.

Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.

Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.

Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?

La columna de Carlos Federico Smith: ¿verdad que nos lo prometieron?

La incapacidad del Estado para hacer las cosas bien nunca se reflejó mejor que en lo que ha tenido que ver con la famosa platina y su reparación. No voy a hablar más de esa experiencia -según algunos risible, en tanto que triste para otros- sino acerca de la dificultad que tienen los políticos de hablar con la verdad a los ciudadanos, como lo ejemplifican algunas de las promesas que tanto el Ministro como la Viceministra de Trasportes hicieron en torno a la reparación que al fin se lleva a cabo en la famosa platina.

Creo que los costarricenses somos concientes que estas obras iban a causarnos muchos trastornos, pero sabíamos que era urgente proceder a su reparación para evitar un mayor daño ulterior. Vimos, más que con agrado con resignación, la decisión anunciada por las autoridades del MOPT de proceder, a partir de la pasada Navidad, a repararla. Digo resignación porque sabíamos que nos iba a causar enormes enredos, pero había disposición para soportarlos, en especial porque con precisión esos funcionarios nos anunciaron un plan que mitigaría nuestra angustia. Nos lo hicieron saber en distintos medios: tomarían una serie de medidas que aliviarían la presión natural que surgiría sobre el tráfico usual al repararse el puente de la platina. Tristemente algunas de las más importantes promesas no se han llevado a cabo y otras han tardado tanto en ejecutarlas que cuando las hayan hecho, es de esperar que ya los trabajos en la platina estén concluidos.

Se prometió ampliar el servicio de trenes hasta San Antonio de Belén, de forma que aliviaría la demanda de tránsito que fluía por la platina. Pero, ¿qué pasó?. Que al momento en que esto se escribe -el 21 de enero- no hay tal servicio. Lo anunciado a principios de diciembre aún no se ha llevado a cabo. Se habló de traer unos trenes de España, pero la verdad es que no tenían el dinero para hacerlo. Luego, como excusa caída cual anillo al dedo, dijeron que el atraso se ocasionó por las fuertes nevadas en España que impedían el embarque de los trenes. Hace mucho que pasó eso y dudo que afectara en tal grado al embarque en los puertos. La verdad es que no se tenía los fondos disponibles para pagarlo y posiblemente por ello no se nos envió. Ahora (a mediados de enero) se asevera que, en lugar de los trenes españoles, usarán los algo viejos del antiguo ferrocarril a Puntarenas, y que empezarán a alistarlos para eso. Es decir, empezarán a funcionar cuando se haya terminado (ojalá) el arreglo de la platina. En síntesis, nunca se prestó el servicio de trenes a San Antonio de Belén anunciado para aliviar la presión por los trabajos en la autopista a Alajuela.

Caso similar de vía alterna ante esos arreglos que nunca existió fue la conclusión y reparación de tramos de la antigua carretera que va de Heredia a Alajuela. Lo que muestran ciertos noticieros es que es todavía se trata de un polvazal al que los viajeros le rehúyen por incómodo e inservible como vía alterna a la autopista en reparación. De nuevo, los trabajos no se han hecho con la celeridad requerida para que sirviera de desahogo y, si acaso estarán listos, lo será tal vez meses después de que la platina se arregló.

También increíble es lo sucedido con la puesta de un puente Bailey frente al Colegio Castella que aliviara el tránsito proveniente de la Valencia. Era de sentido común que, como estaban las cosas con un solo puente de acceso de una sola vía, al tratar de desfogar por allí el tránsito debido a la reparación de la platina, iban a darse enormes presas. Así ha sucedido, pero no es sino hasta ahora -esta semana- cuando se va a instalar ese puente Bailey, en lugar de haberlo hecho con tiempo antes de iniciar la reparación. O sea, ¡albarda sobre aparejo!: las obras para aliviar el tránsito se realizan en momentos en que se hacen los trabajos de reparación. No se en que mente encargada de la planificación de estas obras puede caber algo tan improvisado e inoportuno.

Sabíamos que las obras en el puente de la platina nos iban a causar enorme incomodidad, pero confiábamos en que las medidas que el Ministerio de Transportes nos había anunció para aplacarla efectivamente y oportunamente iban a ejecutarse. La verdad es que más parece que se trató de una burla, un engaño, que la implementación de un propósito para aliviar un problema. Tal vez las autoridades piensan que, una vez reparada la platina, estos episodios serán olvidados. Puede que tengan razón, pero podría ser que al fin, alguna vez, los ciudadanos estarán dispuestos a exigir cuentas ante tanta ineficiencia.

Renuncia tardía

Así calificó el diputado Quirós la renuncia de la ministra de Obras Públicas y Transportes, presentada tres días después de que colapsó el puente que unía Orotina y Turrubares, cobrando varias vidas humanas.

Subraya el diputado que la ahora ex ministra tenía “una enorme cantidad de errores políticos”.

Es un hecho que alguien tiene que asumir la responsabilidad y, políticamente, esta toma la forma de renuncia. En un gobierno parlamentario quizás habría caído el gabinete entero. El asunto es sumamente serio y es una de las dimensiones que quienes incursionan en el ámbito político generalmente no meditan: asumir responsabilidades y obligaciones.

El MOPT es un ministerio inmenso, una administración crecida y desordenada. Hace algunos años se le hizo una auditoría cuyo costo se arrimaba a los mil millones de colones. Se le han hecho reformas administrativas para enfrentar un objeto administrativo enorme y asimétrico: Conavi, Consejo Nacional de Concesiones, impuesto sobre los combustibles para infraestructura vial, Concesión de obra pública y demás especias. Aún así, la cosa no avanza.

Más bien se ha hecho un gran enredo (empleados pasan a consultores para ganar más y en dólares y la administración “corriente” queda como vacía) pero el déficit administrativo aumenta. ¡No ha sido posible que la administración entregue un ejemplar válido del contrato con Riteve! No hay modo de entender lo que pasa con los aeropuertos. Se le ha dado un trato especial al concesionario de la obra San José-Caldera y más bien se suspendió arbitrariamente a la entidad supervisora. Se insistió en una reforma a la ley de tránsito pero apareció llena de errores y la ministra propuso suspender la ley mediante un decreto (siendo abogada). El caso de la platina resultó de antología. Por eso se califica de tardía la renuncia.

Muy lamentable y triste el suceso del puente Orotina-Turrubares, pero un ejemplo de cómo funcionan algunas administraciones públicas costarricenses. Por un lado toda la pompa, los motores y la fórmula uno, el palacio (leyes y publicidad) y los grandes contratos pero … por el otro, la abulia, la postración administrativa, la incapacidad de prevenir y arreglar, la falta de mantenimiento, la imposibilidad de cambiar un puente 7 años después de que ya están la piezas listas, el olvido de que se trata de vidas humanas. Toda la prepotencia en la frustrante e inconstitucional restricción vehicular y la ausencia de vigilancia y prevención en un humilde camino regional.

Los impuestos y el costo de la administración pública se pagan para que nos sirva, para que nos haga, para que nos permita; y no para que nos asuste, nos mande y nos reprima.

Federico Malavassi

¡Huele raro!

Ayer por la tarde, Karla González presentó su renuncia como Ministra de Transportes y Obras Públicas, luego del accidente ocurrido la semana anterior y que produjo la muerte de 5 personas. Según González, los pasajeros del autobús cruzaron el puente "amparados a su derecho de creer que la principal responsabilidad y valor ético del Estado y la sociedad civil, es la de salvaguardar sus vidas. Tenían toda la razón de hacerlo y es una expectativa a la que como Estado nunca deberíamos fallar. Pero fallamos”.

Siguiendo las palabras de la ex-Ministra, habría que suponer que, bajo esa "responsabilidad y valor ético del Estado" le correspondía al Gobierno, y particularmente al MOPT y sus dependencias, todo lo relativo a la condición en que se encuentran los puentes. No obstante, según informaciones de Repretel, en 2006 se creó la Dirección de Puentes, órgano que ha recibido hasta la fecha, la friolera de ¢13.535 millones pero los 1.330 puentes del país -incluyendo el que se vino abajo- están en condiciones críticas. Sin embargo, según su Directora, esa oficina se creó “no para resolver la actividad del mantenimiento de los puentes, competencia del CONAVI y de las municipalidades, sino como un ente técnico del MOPT como rector para dar asesoría técnica en el tema específico de los puentes.” ¿Entonces qué hace con el presupuesto que recibe? No lo sabemos, pero lo cierto es que no lo utiliza para diseñar, construir, reparar o revisar la infraestructura correspondiente.

¿Será que, ante este desaguisado, González decidió renunciar? ¿Le habrá dado un "ataque" de ética y responsabilidad después de traspiés como los intentos por prohibir el porteo, la platina o el terrible estado de la infraestructura vial? ¿O será que la "renunciaron" para no afectar la campaña del continuismo de Laura Chinchilla? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

No importa cuál sea la respuesta, el problema no es responsabilidad únicamente de González ni de este Gobierno. Es un problema estructural que descansa en la enorme dispersión de fondos públicos, programas e instituciones, que termina por hacer que no se cuente con los recursos para hacer bien pocas tareas (seguridad e infraestructura) pero sí para pagar los caprichos de los sindicalistas de JAPDEVA, las consultorías del BCIE, la repitencia de los alumnos de Avancemos, la programación del SINART, los bailes de la Compañía Nacional de Danza, los instrumentos musicales de las escuelas, el subsidio a Nery Brenes para que corra, las condonaciones de deudas a agricultores ineficientes, el salario de miles de empleados públicos que van a sus oficinas sólo a calentar el asiento, el negocio con los Certificados de Ahorro Tributario (CAT), las comisiones de CCSS-Fischel e ICE-Alcatel, entre otros tantos ejemplos de la forma en que el dinero de los tax payers es desperdiciado.

Mientras ese entramado de burocracia, despilfarro, corrupción y perversidad exista, seguirán escaseando los fondos para reparar calles, caminos y puentes, así como para dotar de equipo y personal a la Fuerza Pública para que nos proteja de los delincuentes. Y, por supuesto, seguirán presentándose casos donde muera más gente, porque en su afán de hacerlo todo, el Estado costarricense termina haciendo nada.

¡Que inutilidad!

Parece que en las tierras de la Suiza centroamericana la incompetencia no tiene límites. Desgraciadamente el via crucis de la platina del Virilla continúa. A pesar de los constantes intentos de arreglo, el problema sigue sin solución. Esta vez la última versión fracasada duró el tiempo de record de siete horas. Es increíble que una platina ponga en jaque al MOPT y al CONAVI, ¡que pena!