Tema polémico: conclusiones del proceso electoral municipal 2016

Hace una semana, los costarricenses fuimos convocados para elegir a Alcaldes, Regidores, Síndicos y Consejales de Distrito para cada uno de los 81 cantones y 8 intendencias. Una vez que hemos tenido los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), podemos comenzar a sacar algunas conclusiones relevantes.

En primer lugar, el abstencionismo sigue siendo muy alto. Aunque el TSE  realizó una intensa campaña para motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, lo cierto es que el porcentaje de personas que no votó fue superior, por mucho, a cualquier opción política. Sin duda, esta es una gran herida que sufre la ya de por sí debilitada democracia costarricense, pues aunque el abstencionismo ha disminuido según datos del TSE de 77% en las elecciones municipales de 2002 a 76% en las del 2006, el mismo porcentaje en las de 2010 hasta alcansar cerca del 65% en las de esta ocasión, lo cierto es que todavía estamos en niveles preocupantes. 

Gran porción del electorado sigue prefiriendo quedarse en casa o salir a pasear en lugar de apersonarse a las urnas, sea porque está disconforme con la oferta política o porque simplemente no ha interiorizado la importancia del sufragio, lo cual se evidencia en la continua caída del apoyo a la democracia en nuestro país que, de acuerdo con el estudio Latinobarómetro, ha caído en 27 puntos en el periodo 1996-2013. Esta situación enciende las luces de alarma, pues cuando la gente deja de valorar el sistema democrático, se fortalecen opciones que, por lo general, terminan en grandes atropellos a las libertades y derechos individuales. 

En segundo lugar, es claro que el Partido Liberación Nacional (PLN) recobró fuerzas. En esta ocasión, aproximadamente el 32% de los votantes prefirió a esta agrupación sobre cual otra, pese a que en 2014 sufrió una aparatosa derrota en las elecciones nacionales, lo que podría indicarnos que consiguió reponerse del fracaso gracias a la pésima gestión del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Poder Ejecutivo, que sin duda llevó a los electores a considerar que la oferta de "cambio" que presentó Luis Guillermo Solís ha resultado peor que aquello a lo que prometía combatir. 

No obstante, aunque es claro que 68% de los sufragantes no apoya a este partido, ese repudio no ha alcanzado fuerza tal como para motivar a las personas a darle un considerable y sostenible castigo político por las pésimas administraciones y los constantes escándalos de presuntos actos de corrupción cometidos por representantes de esa agrupación política. En este esenario, también resulta posible afirmar que los números no le auguran a los verdiblancos una empresa fácil. Las elecciones nacionales del 2018 requerirán, como mínimo, un 40% de los votos válidos para obtener la Presidencia y atomización de partidos políticos y consecuentes apoyos electorales no son precisamente elementos que le faciliten la tarea. 

En tercer lugar tenemos la pérdida de apoyos para partidos que parecían, en su momento, ser opciones para un cambio del statu quo. Hablamos del Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y del Movimiento Libertario, cuyos resultados sugieren que su oportunidad para hacer las cosas diferentes comienza a esfumarse. En el caso del primero, ganar la Presidencia ha sido lo peor que le pudo pasar, pues demostró que no tenía el equipo ni la capacidad para cumplir las promesas de campaña y difícilmente logre contar con el apoyo y la confianza de los costarricenses en el futuro. Por su parte, los frenteamplistas, que pintaban como una fuerza en franco crecimiento -que le llevó a obtener 9 escaños en la Asamblea Legislativa en 2014- y tenían altas expectativas de alcanzar alcaldías en muchos cantones, terminaron siendo, por suerte, una gran decepción. A excepción de los barveños, los demás municipios sin duda celebrarán no ser víctima de la parálisis y la perversión comunista. Finalmente, el Movimiento Libertario confirmó lo que se sabía desde el pasado proceso electoral: su muerte. Los escándalos de corrupción en los que han estado ligados, en apariencia, miembros de ese partido así como el pésimo desempeño de la mayoría de los Diputados del periodo 2010-2014 y la todavía peor escogencia de candidatos para el 2014 en la mayoría de provincias, junto con la desgastada presencia de Otto Guevara, cuya credibilidad ha caído en picada, demuestran que la libertad se ha quedado sin casa definitivamente y deberá buscar otra bandera que la represente.

Como cuarta conclusión vale destacar el caso del Partido Nueva Generación. Pasó de ser una agrupación completamente desconocida, con una organización artesanal y sin recursos considerables, a convertirse en la sorpresa de este proceso. Obtuvo 4 alcaldías, decenas de regidores y parece que si sus líderes manejan bien las cosas, podría erigirse como una opción interesante a futuro. Su reto sin duda es motivar a la gente que no ha participado antes en política u ocupado puestos de poder en anteriores periodos a dejar la desidia a un lado y meterse de lleno en la política y en lo político. Asimismo, debe cuidar que en su intento de crecimiento, los valores originales no se prostituyan y evitar que figuras cuestionadas de otros partidos lo utilicen como refugio electoral, pasándole por encima a las personas que han estado desde el principio y no tienen "rabo que le majen", al tiempo que desencante a los electores al ver que son los mismos de siempre pero con otros colores. 

Finalmente queremos cerrar con el atípico caso de Johnny Araya. El político josefino, que parecía acabado después del fracaso electoral de 2014 con el PLN y con renuncia incluida, dio una gran sorpresa en el cantón central de nuestra capital. Nadie daba un centavo por él y terminó aplastando a sus competidores, lo que refleja la fuerza que mantiene su nombre entre los votantes de ese lugar, a pesar del desorden y de la basura que han infestado a la ciudad. Lamentablemente, cuando la gente no quiere cambiar, ni los desastres que caracterizan a San José los pueden hacer entrar en razón.

En fin, queda mucha tela por cortar y mucha discusión que dar, pero no pretendemos zanjar el debate acá. El tiempo nos dirá qué más se puede sacar de lo que vivimos hace una  semana.

Desde la tribuna: la gestión legislativa

Ha resultado sorprendente el llamamiento del candidato Araya a los diputados electos del PLN, en el sentido de entregar el control de la futura Asamblea Legislativa al PAC. Ello deviene grotesco y hasta repugnante, pues el PLN cuenta con una tercera parte de los diputados electos (será la fracción más grande), en tanto el PAC ni siquiera completa una cuarta parte del futuro congreso.

Cuando en 1966 el PLN perdió la elección presidencial, viendo que había obtenido mayoría legislativa acuñó la frase de “gobernaremos desde el Congreso”.  Ahora no hay ningún gesto de gallardía ni nada parecido. No debe olvidarse que dicho período, si bien incómodo para el Poder Ejecutivo, se caracterizó por una gran labor de control político por parte del Legislativo y por un funcionamiento interesante de las previsiones constitucionales.

Se atribuye a don José Joaquín Trejos (Presidente 1966-1970) haber expresado que la furiosa oposición del PLN y la constante llamada a seguir la normativa constitucional especialmente en cuanto al tema presupuestario, más bien le había “facilitado” hacer bien las cosas.  Ello por cuanto el celo por las normas constitucionales por parte del PLN  (en su papel de oposición) le facilitaba lidiar con la presión por aumentar el gasto público.

En el juego democrático y en los organismos colegiados integrados por elecciones, se espera que haya contradictorio, discusión, representación de intereses contrapuestos, deliberación y los roles propios de organismos parlamentarios. No es parte del juego entregarse, rendirse, callarse, ceder ante los demás ni tampoco hay regla alguna de la que se pueda deducir que hay que entregar el control del parlamento a quien presuntamente gane la elección presidencial.

Ello no solo es repugnante sino poco republicano. No encuentro cómo podría justificarse tan complicado entuerto. Por tal motivo, es menester recordar que el Poder Legislativo es un poder diferente del Ejecutivo.  Ambos órganos constitucionales forman parte del gobierno (por ello es un yerro mayúsculo reservar la expresión “gobierno” para el Ejecutivo, yerro en el que incurren constantemente comunicadores y algunos políticos).  Del texto constitucional y de la doctrina y discusiones constitucionales se deriva que el Legislativo es predominante y control del Ejecutivo y su posición constitucional es similar a la de una Junta Directiva o una Asamblea sobre un Gerente.  En el sistema de frenos y contrapesos se prevén mecanismos de compensación, como por ejemplo la posibilidad de los vetos y la capacidad para convocar sesiones extraordinarias y la de presentar proyectos de ley.    Este es el instrumento preciso de ejercicio de las relaciones entre los órganos desde la perspectiva del Ejecutivo.

Un buen ministro de la Presidencia (o de cualquier ramo) tiene la posibilidad de mejorar el posicionamiento de su gestión a través de sus relaciones personales, de su habilidad política y de su aceptación en la Asamblea y entre los diputados.  Sin embargo, bajo ningún concepto podrá entender el Ejecutivo que tiene prelación sobre el Legislativo, que deba deducirse que el Presidente de la Asamblea y el Directorio deban seguir el plan o color del Ejecutivo o que el ganar el Ejecutivo da peso moral para tomar el Legislativo.  

La organización constitucional asume el principio de la división de poderes.  Las normas constitucionales favorecen el funcionamiento de los frenos y contrapesos.  El Derecho Constitucional resguarda los derechos ciudadanos y de su tutela se favorece el funcionamiento de los órganos constitucionales en un plan y dinámica muy diferente al torpe deseo del frustrado candidato del PLN.  

Para los principios republicanos y nuestra doctrina constitucional es fundamental que se evite la concentración de poder.  Por tal razón, no entiendo cómo razona el entregado candidato, pues –aparte de lo que se pueda decir de su “renuncia” o posición “pasiva”, tan discutible y poco encomiable- su propuesta es por una extraña concentración de poderes.

Algunos medios y comunicadores han salido a alabar la “renuncia” y la entrega  (no estamos hablando de una canción).  ¡Qué tentación la de algunos comunicadores!    De alguna manera están sobrepasando su función, que habría de ser más crítica y menos cortesana.  Ya en el pasado hubo un comunicador que se entregó (también) al famoso pacto “Figueres-Calderón” y, escondiendo al principio que había sido uno de sus redactores, apareció en su espacio haciendo alarde de sorpresa y brinco en los ojos ante el pacto de los hijos de los caudillos. En la actualidad parece que algunos comunicadores medio responsables de la renuncia, también quieren tener crédito en la entrega.  

Mal servicio para la democracia.  No se trata de que se las fuerzas políticas no se puedan poner de acuerdo.  Ello podría ser resultado de discusiones o posiciones bien establecidas, cantadas y determinadas.  Pero no de una entrega incondicional precedida de una renuncia con atisbos de inconstitucionalidad.  

Gran servicio hace a la Patria el diputado que pelea por lo que quiere, que busca el posicionamiento de sus ideas e intereses, que busca el mejor desempeño de sus fuerzas y partido.  Mal ha terminado siempre el pacto de entrega, silencio y “dejar hacer y pasar”.  Es bueno dar libertad a los ciudadanos, pero no a los contrincantes políticos.  El mejor favor es vigilarlo, complicarle sus pretensiones, obligarlo a luchar y explicar, a obtener los votos y a sopesar su situación.

¿Cómo es que el entregado candidato quiere regalar lo que el pueblo de Costa Rica no eligió, ni votó, ni ofreció ni regaló?  Cosa rara, singular y desatinada. El electorado hizo perder a todos.  El sistema no deja la Presidencia vacante sino que obliga a decidir entre los menos desfavorecidos.  ¡Ah!  Pero el asustado candidato ahora pretende dar control y directorio a quien el pueblo no dio siquiera una cuarta parte de los diputados.  

Se espera que en el Parlamento haya al menos deliberación, presentación de proyectos (de gobierno), exhibición de argumentos y uso de la palabra.  No que haya un grupo de entregados …  el rol de la oposición es oponerse, el rol de los que tienen más número es intentar ganar las votaciones, el rol de quienes hablan es intentar convencer, exhibir, criticar y cuestionar.  La entrega tan poco digna es reprobable y va contra la línea de los papeles que han de hacerse en el Congreso.  Es peor que ser tureca.  Aparte de mostrar poco entendimiento constitucional, jurídico, político, histórico y parlamentario, tal propuesta carece de sentido lógico y de valor.

En los organismos colegiados se espera la deliberación y discusión.  En las oposiciones se espera el contradictorio.  Eludirlo es traicionar los principios mismos de tal integración.  La Constitución no prevé dictadura, monarquía, tiranía o concentración del poder.  ¡Todo lo contrario!   

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ignorancia voraz

Lució muy mal el candidato a presidente del PLN, Johnny Araya, ante el sondeo que la periodista de La Teja le hizo respecto de los precios de algunos artículos de consumo básico y de alimentación popular. 

No pretendo burlarme de él, ni echarle leña a la hoguera. Sí pretendo, en cambio, reclamarle de la manera más seria y exigente su apoyo al “Paquete Tributario” de la Administración Chinchilla, al la “Consolidación Fiscal” de Ayales, ignorando absolutamente cuánto le cuestan las cosas a la gente.

Si se lanza al ruego electoral ignorando cosas básicas, es su derecho y decisión.  No se lo discuto.  ¡Allá él! Pero, en cambio, si desde su candidatura y su partido apoya la aprobación de más tributos, hace eco de la voracidad tributaria y la angurria fiscal que caracteriza al estatismo y al PLN, entonces si le subrayo su ignorancia, su lejanía de la realidad, su inconsistencia y su falta de seriedad.

Le llamo la atención a todos los costarricenses acerca de este candidato, que desde la cúpula ignora lo que sufren y viven la mayor parte de los costarricenses, víctimas de una economía afectada por los malos manejos de la economía nacional, por las distorsiones de una moneda enferma, de las cargas tributarias y los altos precios que afectan diaria y trágicamente el costo de la vida.

Es muy irresponsable lanzarse al ruedo político apoyando paquetes tributarios camuflados, desde la cómoda ignorancia de quienes tienen acceso a ingresos extraordinarios derivados de la posición política. ¡Claro que para quien no sufre el drama diario de la escasez y de la economía apretada no hay problema en apoyar más impuestos! Para quien no sabe ni cuánto cuesta la leche, ni un desayuno, ni una taza de café ni un humilde casado, queda muy fácil promover impuestos y expoliación de los demás.

Si no sabe cuánto cuestan las cosas, es su problema.  Pero si desde su ignorancia se atreve a empujar la voracidad tributaria, la expoliación para sustentar el gasto irresponsable y hasta corrupto, entonces tenemos todo el derecho a reclamar la ignorancia voraz.  Aquella que desde la falta de conocimiento hace daño al pueblo y alienta la voracidad tributaria.

Federico Malavassi

Tema polémico: ¿Bachillerato optativo? para pensarlo

En estos días ha surgido una propuesta interesante para estudiar, por parte del candidato Liberacionista, la cual se refiere a convertir en optativas las pruebas de Bachillerato. En este sentido, las personas que deseen ir a la Universidad deberán seguir cursando las mimas, pero quienes deseen optar por una educación técnica no tendrán que realizarlas.

Probablemente, muchas serán las críticas que recibirá dicha propuesta. Las mismas seguramente se enfocaran en que se fomenta la mediocridad por parte de los estudiantes, con su consecuente impacto en el mercado laboral. Pero, no podemos perder de vista que por lo general son las personas de menores recursos y con condiciones educativas más adversas las que suelen caer presa del examen de Bachillerato.

En este sentido, el Estado ha creado una barrera artificial para ingresar al “mercado” educativo, barrera que va en detrimento de los que mas bien requieren de mayores oportunidades. Así, en ASOJOD lo que pensamos es que son las propias Universidades las que deben establecer sus estándares de admisibilidad de estudiantes, siendo el mercado laboral el que defina a partir de dichos estándares a quien vale la pena contratar o no, es decir, no vemos razón alguna por la cual deba ser el Estado el que defina arbitrariamente dichos requerimientos. Un ejemplo sencillo: “X” podría ser un gran abogado, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de matemática. “Y” podría ser un gran matemático, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de estudios sociales. Así las cosas, no pareciera que el avance educativo de una persona debiera cortarse a raja tabla por una de estas pruebas, que muy poco dicen sobre el éxito o no que tendrá la persona para integrarse en el mercado laboral (que es al final de cuentas el verdadero objetivo de la educación).

Por último, creemos que la propuesta puede ser mejorada. Podríamos seguir manteniendo la obligatoriedad del examen de Bachillerato, pero que su aprobación o fracaso ya no signifique ninguna limitante, sino mantenerlo únicamente para efectos de calidad y estadística, situación que permitirá identificar cuáles son las áreas de enseñanza más problemáticas dentro de las escuelas, y que escuelas están teniendo más problemas con dichas pruebas. Después dejemos que sea el mercado, las instituciones universitarias y los colegios técnicos quienes les den el valor y relevancia que consideren oportuno darles. 

Mano (mazo) fuerte de Johnny Araya

Tengan cuidado. Cierren bien sus puertas. Johnny Araya podría pronto tratar de entrar a sus casas y negocios a punta de mazazos para librarlos del vicio del juego. Escondan los "Monopolys" niños, que Tio Johnny puede venir hoy. Dios guarde los niños usen juegos de azar que premien con dinero. Eso sí, pueden jugarlos y ganar dinero si el juego desarrolla algún tipo de habilidad.

Claro, si el bien público está siendo protegido por las buenas acciones de los funcionarios públicos que ayudarán a que los niños no adquieran el hábito de jugar dinero al azar - y detener el gran mal que aqueja a la sociedad infantil: la ludopatía.

Como dice John Stossel en su programa de 20/20: Gimme a Break. Nuestra Constitución Política muy bien señala que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley.

No necesitamos una policía municipal que nos venga a imponer si puedo o no participar en juegos que sean de azar o habilidad (mi moralidad) para ganar o perder mi dinero (propiedad privada). No daño la moral de otros, ni afecto el orden público, ni perjudico a terceros. Sin lugar a dudas, esta intervención estatal es totalmente injustificada e innecesaria. Con el cuentico de la ludopatía, pronto prohiben el uso de juegos de nintendo y demás...

Cuidado, repito cuidado!!!

Por Alejandro Beeche