En
estos días ha surgido una propuesta interesante para estudiar, por parte del
candidato Liberacionista, la cual se refiere a convertir en optativas las
pruebas de Bachillerato. En este sentido, las personas que deseen ir a la
Universidad deberán seguir cursando las mimas, pero quienes deseen optar por
una educación técnica no tendrán que realizarlas.
Probablemente,
muchas serán las críticas que recibirá dicha propuesta. Las mismas seguramente
se enfocaran en que se fomenta la mediocridad por parte de los estudiantes, con
su consecuente impacto en el mercado laboral. Pero, no podemos perder de vista
que por lo general son las personas de menores recursos y con condiciones
educativas más adversas las que suelen caer presa del examen de Bachillerato.
En este sentido, el Estado ha creado una barrera artificial para ingresar al “mercado” educativo, barrera que va en detrimento de los que mas bien requieren de mayores oportunidades. Así, en ASOJOD lo que pensamos es que son las propias Universidades las que deben establecer sus estándares de admisibilidad de estudiantes, siendo el mercado laboral el que defina a partir de dichos estándares a quien vale la pena contratar o no, es decir, no vemos razón alguna por la cual deba ser el Estado el que defina arbitrariamente dichos requerimientos. Un ejemplo sencillo: “X” podría ser un gran abogado, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de matemática. “Y” podría ser un gran matemático, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de estudios sociales. Así las cosas, no pareciera que el avance educativo de una persona debiera cortarse a raja tabla por una de estas pruebas, que muy poco dicen sobre el éxito o no que tendrá la persona para integrarse en el mercado laboral (que es al final de cuentas el verdadero objetivo de la educación).
En este sentido, el Estado ha creado una barrera artificial para ingresar al “mercado” educativo, barrera que va en detrimento de los que mas bien requieren de mayores oportunidades. Así, en ASOJOD lo que pensamos es que son las propias Universidades las que deben establecer sus estándares de admisibilidad de estudiantes, siendo el mercado laboral el que defina a partir de dichos estándares a quien vale la pena contratar o no, es decir, no vemos razón alguna por la cual deba ser el Estado el que defina arbitrariamente dichos requerimientos. Un ejemplo sencillo: “X” podría ser un gran abogado, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de matemática. “Y” podría ser un gran matemático, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de estudios sociales. Así las cosas, no pareciera que el avance educativo de una persona debiera cortarse a raja tabla por una de estas pruebas, que muy poco dicen sobre el éxito o no que tendrá la persona para integrarse en el mercado laboral (que es al final de cuentas el verdadero objetivo de la educación).
Por
último, creemos que la propuesta puede ser mejorada. Podríamos seguir
manteniendo la obligatoriedad del examen de Bachillerato, pero que su
aprobación o fracaso ya no signifique ninguna limitante, sino mantenerlo
únicamente para efectos de calidad y estadística, situación que permitirá
identificar cuáles son las áreas de enseñanza más problemáticas dentro de las
escuelas, y que escuelas están teniendo más problemas con dichas pruebas.
Después dejemos que sea el mercado, las instituciones universitarias y los
colegios técnicos quienes les den el valor y relevancia que consideren oportuno
darles.

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