La columna de Carlos Federico Smith: reserva de JAPDEVA se usó para otra cosa y ahora tendremos que asumirla

Una vez más se evidencia la irresponsabilidad de JAPDEVA. Resulta que compró unas grúas y otros equipos en alrededor de $16 millones, que hoy actualmente se usan muy poco. Lo increíble es que, al menos los fondos para las grúas, que costaron ¢15.000 millones, provinieron de una reserva que la institución había hecho para pagar las prestaciones de sus trabajadores, ante la eventual fuerte reducción de operaciones que habría cuando empezara a funcionar APM Terminals. 

Según lo indicó la anterior presidente ejecutiva de esa entidad, Ann McKinley, hubo tres razones para cambiar el giro al que estaban destinados aquellos fondos. Uno, que se debería “aumentar el perfil competitivo en un marco complementario” con la Terminal de Contenedores de Moín; segundo, que las proyecciones financieras de JAPDEVA no “incluían una disminución extrema del volumen de la carga,” y tercero, “porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.” Esto lo consigna el artículo de La Nación del 24 de julio, “Exjerarca de JAPDEVA justifica compra de grúas subutilizadas.” La decisión se dio porque “las instrucciones eran cumplir con las metas programadas,” supuestamente del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Mientras que, en cierto momento de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la señora Ann McKinley, según indica el medio, dijo, “primero, que los fondos no se guardaron para liquidar a los empleados” pues no se previa una caída tan fuerte al entrar en operación el nuevo puerto, pero, luego, dijo que faltaron estudios que previeran ese impacto: “Sí, se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga); en un segundo momento, la estimación paso a 70% en 2017.” Entonces, sí se sabía de esa caída y aun así compraron grúas, asumiendo que siempre tendrían un alto volumen de carga en contenedores. 

Pero, hay más. Según declaraciones de la nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA, señora Andrea Centeno, esas grúas que se compraron “son especializadas para contenedores” y precisamente lo que haría APM Terminals, a partir del 2018, cuando obtuvo la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), era movilizar contendedores.  JAPDEVA sabía eso desde el 2012, al darse la concesión a APM del nuevo muelle y aun así se compraron esas grúas en octubre del 2015, por decisión de su Junta Directiva. La información está en La Nación del 10 de agosto, bajo el titular “JAPDEVA compró grúas para contenedores a sabiendas que las usaría muy poco.”
 

Además, a pesar de que desde el 2012 se le había indicado a JAPDEVA que debería reducir el tamaño de su personal, no lo hizo y la reserva para prestaciones establecida anteriormente en la administración Chinchilla (antes del 2014), se desvió hacia la adquisición de esas grúas. Esas grúas llegaron al país en agosto del 2017, pero no funcionaron eficientemente debido a fallas eléctricas, entrando en operación (en realidad, a medio operar, pues no había suficiente carga por contenedores para procesar) sino hasta febrero del 2018.
 

Ahora bien, ante la falta de plata para pagar sus prestaciones, JAPDEVA le pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto extraordinario para cubrir la planilla de 1.180 plazas. Aparentemente pronto se aprobará el proyecto, por el que “el dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de JAPDEVA, mediante el pago de las prestaciones sociales” y, vean el obsequio de fondos públicos, con “bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.” Eso sí, se consideró que el monto presupuestado no será sino un préstamo, que JAPDEVA deberá devolver y que no sobrepasará de ¢10.000 millones.
 

Me atrevo a pensar que JAPDEVA nunca podrá devolver esa plata de los costarricenses. Cuando venza el plazo del préstamo, ni siquiera se acordarán de por qué era que se debía. O sea, salada la generación de contribuyentes de ese momento futuro, pues pasarán por pérdidas ese préstamo y tendrán que hacerle frente al vencer sin recuperación. Tal vez si vendieran los activos que le quedan a JAPDEVA a la empresa privada, para que esta lleve a cabo proyectos rentables con ellos (pues si no rápidamente quiebran), se podrá recuperar algo de ese bejuco a los contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un llamado de atención oportuno ante un nuevo privilegio

Muy a tiempo es el llamado que hace la Procuraduría General de la República, por medio de su procurador general, don Julio Jurado, acerca de un proyecto de ley en proceso de aprobación legislativa, que concedería un nuevo privilegio para unos 276 empleados de JAPDEVA. Ello como resultado del proceso de reforma a JAPDEVA, cuya seria situación financiera es bien conocida por todos los ciudadanos. Se ha estimado que financiar las prestaciones del 80% de los empleados requerirá de la “pequeña” suma de ¢16.236 millones y que hoy no se tienen; pero, ya sabemos de dónde saldrá.... de un presupuesto gubernamental que utilizaría los ya elevados impuestos a los ciudadanos contribuyentes.

Con dicho proyecto esos trabajadores recibirían cada mes antes de su jubilación, un monto mayor al que les correspondería como pensionados del sistema del IVM de la Caja. Esta pensión mayor se pagaría a empleados mayores de 55 años hasta que cumplan con la edad y cuotas correspondientes al IVM. Lo que parece ser relativamente inocente, crearía un privilegio, pues, al ingresar finalmente al IVM, la pensión se reduciría, lo que ocasionaría reclamos al estado para que lo cubra mediante el presupuesto de la República; esto es, con el aporte de todos los contribuyentes.

Eso lo informa La Nación en su artículo del 10 de julio, titulado “Procuraduría alerta de alza en pensiones de JAPDEVA.” Recuerde que, además, la propuesta del gobierno “establece bonos de hasta ocho salarios a los trabajadores que acepten el despido.” Esa adición a la pensión haría que los prejubilados de esa entidad reciban como pensión un total el 64% de los sueldos, mientras que en la Caja sería del 60% de los sueldos. En el primer caso, el monto se basaría en el promedio de los 12 salarios más altos de los últimos 5 años trabajados, mientras que en la Caja lo es el promedio de los últimos 240 salarios. 

El plato está servido para que, al pasar al IVM de la Caja vengan luego las demandas por las rebajas que experimentarían. Esta situación no es nueva: se dio cuando se otorgaron esas prejubilaciones a los empleados del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), que terminó en la aprobación legislativa de nuevas leyes para resolver la diferencia, por supuesto que “cargándolas al Presupuesto Nacional, que en eso es lo que terminaría actualmente,” indicó el Lic. Jurado.
Estamos avisados y hay que parar de inmediato ese gol que se nos quiere meter o bien, como siempre, el golazo será en contra de los contribuyentes, quienes seguiremos pagando pluses y privilegios de todo tipo que existe el sector público.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿Qué será de JAPDEVA?

Casi que me imagino a JAPDEVA con un futuro similar a lo sucedido con el Consejo Nacional de Producción (CNP): dejó de tener funciones y, lo que es lógico, que se hubiera cerrado no se hizo, sino que se le buscó “algo” por hacer. Se inventó que, obligatoriamente, los entes estatales que compraran alimentos lo hicieran mediante un intermediario, el CNP, con lo cual la burocracia innecesaria siguió diz que laborando.

JAPDEVA va por el mismo camino. Resulta que, como parte de la concesión que se le otorgó a la empresa portuaria APM Terminals, esa firma le debe girar a JAPDEVA un 7.5% de los ingresos brutos de su operación y se estima que, tan sólo en primer año, asciendería a $20 millones y que, durante la concesión que dura 30 años, JAPDEVA recibiría casi $1.000 millones. Se supone que esos montos se reinvertirían (palabra mágica, pues bajo ella se suele meter todo tipo de gastos gubernamentales, no sólo de inversión sino los corrientes) en “el desarrollo de la provincia de Limón.”

La información proviene del artículo titulado “Gobierno manejará fondo para Limón por inacción de JAPDEVA,” que aparece en La Nación del 6 de diciembre. Al firmarse la concesión hace seis años, se decidió que JAPDEVA establecería un fideicomiso para su manejo y la formulación del plan de inversión en proyectos con esos recursos. Hasta la fecha, ni uno ni el otro.

Pero, hay más. Al entrar a operar el nuevo puerto de Moín, el gobierno desde hace unos tres meses buscó trasladar a 600 trabajadores de JAPDEVA, pues su labor ya no sería necesaria, hacia otras instituciones públicas (por qué no a actividades privadas, mediando el debido pago por cesación de trabajo), con lo que, conceptualmente, se mantendría invariable la planilla gubernamental total. Los empleados actuales de JAPDEVA son 1.230 y, al momento, sólo 90; o sea, un 15% de los que se pretendía movilizar (un 7% de la planilla total de JAPDEVA), acepté el traslado. Lo crucial es que no haya un exceso de empleo en JAPDEVA, más allá del necesario para seguir haciendo lo que hará ante la entrada del nuevo puerto. Los gastos de una burocracia en exceso recaen sobre las espaldas de los ciudadanos contribuyentes. La empleomanía no es gratuita, tiene un costo para la sociedad.

Todavía hay más. Supuestamente, para modernizar al antiguo muelle de JAPDEVA se invirtieron $16 millones en dos grúas pórticas traídas de China (ojalá no nos vaya a ir igual con el tren eléctrico del Valle Central), que se instalaron en agosto del 2017, pero sufrieron daños eléctricos que las paralizaron hasta febrero del 2018 y, poco después, en junio de ese año, una de las nuevas grúas se varó por seis meses, por lo que hasta hace poco volvió a operar. Lo interesante es que “para adquirir el equipo portuario, JAPDEVA consumió los fondos que dejó presupuestado el gobierno de Laura Chinchilla, para liquidar a 900 trabajadores del muelle estatal, a raíz de la pérdida de carga.” O sea, JAPDEVA se gastó los fondos reservados para pagar las prestaciones a los trabajadores, cuyo trabajo ya no más se necesitaría.

De paso, estas dos nuevas grúas operan a menos del 50% del rendimiento esperado al ser compradas. Obviamente, de una u otra forma, seremos los ciudadanos quienes pagaremos todo eso. Y, como dato, ahora que están de modas las pérdidas, en el 2017 JAPDEVA tuvo pérdidas por ¢4.134 millones, lo que no es nada de extrañar, pues ya por cinco años consecutivos no había obtenido ganancias (supongo que, al tener pérdidas, tampoco ha pagado impuestos sobre la renta). Pero, en apariencias, JAPDEVA seguirá operando con todo el personal de antes. No duden de que habrá mayores pérdidas para la sociedad.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las tribulaciones de RECOPE, JAPDEVA y CNFL

En la lucha contra el abuso, el dispendio sin freno y la depredación irresponsable de los recursos públicos, los ciudadanos hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de JAPDEVA, RECOPE y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas.  Es decir, con anterioridad los presupuestos de esos cuerpos públicos incluían las partidas para pagar las gollerías de las convenciones colectivas, lo cual se reflejaba en última instancia en los precios de los servicios de muellaje, combustibles y energía, respectivamente, que debían ser pagados por los ciudadanos.

Esto lo informa La Nación del 12 de enero, bajo el título “RECOPE, JAPDEVA y CNFL en apuros para pagar convenciones: Contraloría frena presupuestos por falta de financiamiento en esas instituciones.” La medida tomada por la Contraloría descansa en el hecho de resoluciones recientes correctas y convenientes de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) y principalmente de “la Ley No, 7592 de ARESEP, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.” Es decir, los consumidores ya no tendremos que sufrir la ignominia de que se nos obligara a pagar los abusos de los convenciones en los precios de los servicios. Era un echar sal sobre la herida. Ahora cada entidad tendrá que ver de dónde obtiene recursos -ya no de nosotros- a fin de que pueda seguir pagando el manjar que reciben sus empleados al amparo de convenciones colectivas.

Por supuesto, el gobierno se lava las manos -sanitariamente, creo yo- y deja que el asunto de cómo financiar tales privilegios sea resuelto por cada entidad y no ya por nosotros, los ciudadanos sujetos a esos monopolios. Eso sí -porque ya uno olfatea por dónde es que se van a ir esas entidades- que se tenga muy presente que tampoco es válido que nosotros los consumidores nos veamos obligados a futuro a resarcir cualquier pago derivado de esas convenciones.  Esto se daría si los entes involucrados acuden a endeudarse para pagar privilegios odiosos a ciertos trabajadores del sector público. De hacerlo así, luego, más tarde o más temprano, tendrá que repagarse el principal endeudado, así como una suma mayor por los intereses del caso.  De manera que, ¡a ponerse vivos en ARESEP y la Contraloría, por esa posible movida de sus regulados en daño de los consumidores! La regla debe ser que los servicios que brindan esas entidades sean al costo y no por los gastos totales de esas entidades, como luego pretenderá que sea así.

De hecho el gobierno ante la Sala Constitucional, al tratarse una apelación de RECOPE, dio su posición favorable a que, dentro de los presupuestos de las entidades públicas, se incorpore la parte correspondiente a las prebendas laborales a que me he referido y que no tienen nada que ver con la producción del bien o del servicio.  Por eso hay que estar ojo avizor si el gol ahora nos lo trataránn de meter por medio de la nueva autoridad recién nombrada para el puesto de regulador en la ARESEP.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: relajo sindical

No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA, si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad, tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA, lo cubre el resto de los costarricenses mediante los impuestos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del Estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

Jorge Corrales Quesada

En Vela

¿Querían violencia, en el marco de un plan de desestabilización, de demandas de granjerías, de quebranto de los derechos de la gente y de atentados contra la institucionalidad?

Pues bien, la lograron. Ahí están los frutos de las reuniones en las instalaciones de la UCR de miembros de la FEUCR, de sindicatos, de profesores, de APSE, de estudiantes, de exsindicalistas de Japdeva y de porteadores. Ahí están los frutos de la mentira y de los manifiestos que, en columnas anteriores, calificamos como demenciales, lanzados al país por Internet con pasmosa irresponsabilidad.

Había que sembrar la semilla. Si fracasaban en su intento, no aparecían firmas en los manifiestos que los desacreditaran y, si triunfaban, recurrirían a los clásicos de la lengua española: Fuenteovejuna, todos a una. Así, los culpables serían todos, no ellos, los que urdieron la trama. Sin embargo, algunos continuaron el guion y plasmaron lo que era de prever cuando la razón y la decencia se descaminan: el recurso a la violencia. ¿No era este el fin latente? Algunos ya están presos. Otros emprendieron la fuga. En el hospital están postrados tres guardias civiles, víctimas de los disparos de quienes, a partir de ayer, han pasado a engrosar el ejército de la delincuencia y ojalá que no de la criminalidad.

En esta aventura contra la institucionalidad las brigadas de choque de los porteadores tomaron la vanguardia en las calle. Sus líderes –prósperos e impunes– llevan años de desafiar al Estado y a la población. Ayer fue su hora de gloria. Al ver los sindicalistas, trabajadores municipales y dirigentes de APSE que los porteadores se habían apoderado de las calles salieron a recrear los fantasmas programados en San Pedro en días anteriores. A mediodía se hizo el recuento: tres guardias civiles baleados y decomiso de vehículos con armas en Limón. Y en San José y en otros lugares, millares de personas y de vehículos secuestrados en las vías públicas ante la suspensión sindical de la libertad de tránsito.

No es posible terminar esta columna sin referencia al impensable acuerdo del Consejo Universitario (UCR) contra la concesión de los muelles de Japdeva, esto es, a favor de la continuidad de las sagas de mayor perversión del servicio público, contra el interés nacional, en la historia sindical de nuestro país. Se puede violentar la autonomía universitaria por fuera, pero también por dentro y' con los recursos de los contribuyentes. Este recordatorio de nada servirá, pero explica mucho de lo que ha ocurrido.

¿Ya están contentos? ¿Cuál es el siguiente capítulo?

Julio Rodríguez

Tema polémico: hipocresía sindical

En este Tema polémico, deseamos criticar la hipocresía y conveniencia a la que se adaptan muchos de los sindicatos respecto a la posibilidad de concesionar el muelle de Moín. Resulta que el pasado sábado 16 de enero, una Asamblea de Empleados de JAPDEVA se reunió para dirimir si estaban de acuerdo en que se diera o no en concesión ese muelle, siendo el resultado aplastante a favor del sí: 94% del total de los presentes, que constituían el 69% de los agremiados. Sin embargo, ante tan apabullante resultado, el sempiterno sindicalista de JAPDEVA, Ronaldo Blear, denunció que esa asamblea fue "nula, ilegítima e inmoral". He ahí la primera muestra de hipocresía: ¿qué habría pasado si el 94% votara en contra de la conseción? ¿merecería esa asamblea los mismos epítetos de Blear o, por el contrario, gozaría de toda la "legitimidad" porque el sindicato de trabajadores "ha hablado"?

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que en nuestro país, ciertos individuos vociferan contra los resultados que no comparten, desacreditándolos y acusando de "intromisiones" o "fraudes" (como lo demostró el grupo más radical del "NO" al TLC) o lo ejemplificaron aquellos "próceres de la Patria", reunidos en las afueras del Teatro Melico Salazar, cuando anunciaron que desconocerían las elecciones del 2006 si el ganador era Oscar Arias. No obstante, si el resultado de una votación les favorece, inmediatamente salen gritando a los cuatro vientos que "el pueblo se ha expresado libre y apropiadamente" o que "la voluntad del pueblo, ente soberano y omnisciente, se ha cumplido".

Esto es precisamente lo que tenemos con el caso de la mencionada Asamblea de JAPDEVA: como no les conviene el resultado -pues si se conseciona el muelle se acaba la charanga sindical, la extorsión y la indecencia que ha caracterizado a un grupo de rufianes que se valen de las huelgas para no trabajar y, simultaneamente, obtener privilegios despreciables- entonces niegan que haya sido una reunión válida y rechazan vehementemente la decisión. Pero acá no acaba la historia: como en la vulgaridad parece haber una buena dosis de solidaridad, un grupo de sindicatos (Rerum Novarum, Movimiento de Trabajadores Costarricenses, Central General de Trabajadores y la Central Social Juanito Mora) fueron a protestar el pasado lunes 18 de enero ante el Ministerio de Trabajo, haciendo un berrinche para que el Ministerio de Trabajo anule la Asamblea realizada por JAPDEVA. ¿Por qué? Porque todos estos grupos mafiosos operan de la misma forma: amenazando, extorsionando y valiéndose de la muchedumbre y el desorden para hacer lo que les viene en gana, obteniendo ventajas a costa de todos los costarricenses.

Definitivamente, si los sindicatos cumplieron alguna vez una labor social importante -cosa que está en tela de duda por su propia naturaleza organizativa-, es claro que en la actualidad no sirven para nada. Solo pretenden exprimir hasta más no poder a quienes pagan sus caprichos y amenazan con huelgas y destrozos, cual niño malcriado, cuando no se les complace. ¡Y todavía reclaman que la empresa privada no permita sindicatos en su seno! Mas lo peor del caso es que ellos y otros grupos pseudoacadémicos, "sociales" y demás epítetos políticamente correctos, alimentan una muy peligrosa forma de legitimidad de las decisiones en un régimen democrático: la de la conveniencia.

¡Que robo!

La Nación informa que uno de cada dos trabajadores portuarios de Limón y Moín se incapacita en promedio 55 días por año, y se va para la casa con el salario completo y sin deducciones.

Esta situación es absolutamente inaceptable. Los puertos son un punto central para el mejoramiento de la competitividad del país, por ello dicha situación resulta intolerable. Estos "trabajadores" han secuestrado los muelles, y están condenando a Costa Rica a un perpetuo atraso. En ASOJOD esperamos que pronto estos puertos sean privatizados o al menos concesionados, mientras no se haga esto no veremos la luz al final del túnel.

¿Democracia?

El sindicata de trabajadores de JAPDEVA -SINTRAJAP- denegó la petición realizada por 709 trabajadores de la institución para que se realizará una votación secreta para definir el futuro del puerto.

Desgraciadamente esta noticia no sorprende a nadie -tal vez sólo a los ingenuos-. Resulta evidente que JAPDEVA ha sido tomada por una cúpula sindical parasitaria. No queda más que desearle la mejor de las suertes a estos valientes trabajadores que se han atrevido a desafiar al status quo sindical, que tanto daño le ha hecho a este país.

En Vela

En una entrevista amplia e inteligente del periodista Ronny Rojas, de La Nación , ayer, el secretario general del sindicato de Japdeva, Ronald Blear Blear, habló como sindicalista imbuido de ideología y como demócrata costarricense. El saldo es muy positivo para el país.

La combinación de ambos tipos de respuesta nos indican cuán ajenos están de la realidad nacional y del mundo aquellos diputados que promueven algunas reformas del Código Laboral, al conjuro de una campaña internacional sindicalista desesperada. Pésima carta de presentación, en la próxima campaña política, para los partidos democráticos que respaldan estas reformas. En vez de prohijar un cambio radical en el vetusto sindicalismo nacional, quieren arraigar un cacicazgo sindical personalista y mediocre.

Dejemos de lado, pues, la retórica cansina y previsible de Blear, tan grata a la galería de los fracasados y estériles patriotas de la política nacional, y a un simpático expresidente ejecutivo de Japdeva, y reparemos en dos declaraciones: “Lo que decidan los trabajadores yo voy a respetarlo. Yo no puedo oponerme a la voluntad de la mayoría, si deciden votar en secreto... Nosotros ya accedimos una vez a la petición del gobierno de convocar. Eso no es un juego, no podemos caer en charlatanerías”. Recordemos que una votación democrática secreta en la finca bananera El Carmen, en Limón, reducto sindical extremista, hace más de 20 años, fue la que permitió el triunfo del solidarismo y el arraigo de la paz social.

Estas declaraciones entrañan un cambio profundo en el historial del sindicalismo: por una parte, proclaman la vía democrática genuina como la instancia superior del movimiento sindicalista, en contra del cacicazgo, de la cooptación programada, en beneficio de unos pocos privilegiados, señores supremos de su feudo sindical, y, por la otra, abren las puertas a una transformación portuaria profunda que, de la mano del proyecto de renovación de Limón, firmado recientemente, representa, por primera vez, un cambio económico y social liberador en esta provincia, tras décadas de subdesarrollo, abandono y temor.

Esta nueva visión de Limón debe armonizarse con un plan integral en el campo de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el narcotráfico, lo cual comprende un cambio interno profundo en el propio Ministerio de Seguridad Pública, un observador, hasta ahora, de lo que está pasando en esa provincia. Sin este cambio de mentalidad y de estrategia en Limón, cristalizado en hechos, el gran esfuerzo económico, social y portuario indicado puede venir a menos y hasta fracasar. Estamos notificados.

Julio Rodríguez

¿Quién gobierna en CR?

Ya son $137 millones los que ha ofrecido el gobierno a los sindicatos de los puertos para poder concesionar el puerto. En qué mundo se requiere el visto bueno de los empleados para definir el rumbo que tomará una empresa. Más cuando hoy en día gracias a la pésima labor de estos trabajadores el país paga $40 millones anuales en multas por atrasos en la atención de barcos en el Caribe, o cuando según el Foro Económico Mundial, un buque en Limón se atiende en 38 horas, 16 horas más que en el resto del Caribe.

¡Que vergüenza! No sólo le restan competitividad al país sino que también desean ser indemnizados por su inutilidad. Es hora de que las instituciones públicas dejen de ser sistemáticamente saqueadas por los grupos de interés que se han apoderado de ellas. Esta situación tiene que acabarse.

Japdeva, institución secuestrada

Si el trastorno y el perjuicio pueden ser objetivo de un grupo sindical, no hay duda de que los dirigentes enquistados en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) han logrado plenamente su designio. Sus colaboradores o, mejor, sus cómplices han sido las juntas directivas de esa institución que, en su hora, negociaron ciertas cláusulas de la convención colectiva y los ministros de Trabajo que, a la sazón, las homologaron. La historia es larga.

Estas convenciones han causado daños irreparables a la economía del país, a la provincia de Limón y a la propia institución, en lo económico, y han quebrantado las normas legales no como un acto esporádico o interesado, sino como una estrategia. Si el propósito ha sido obtener pingües beneficios sin trabajar o trabajando a medias, como ha estado ocurriendo en estos años, la estrategia ha sido eficaz, gracias al dominio ejercicio sobre los muelles y la institución. La palabra ‘dominio’ no es antojadiza. Refleja fielmente la posición de quienes gozan de un fuero especial, en el que la impunidad y el perjuicio al país hacen causa común, por cuanto han suplantado al Estado.

Informamos, el miércoles pasado, sobre las resoluciones pertinentes de la Contraloría General de la República y de la Sala Constitucional acerca de la pretensión escandalosa de seguir recibiendo pagos constantes y elevados por horas “extras” trabajadas en tiempo ordinario. Este abuso intolerable se ha extendido por varios años, gracias a la pasividad y el miedo de sucesivas juntas directivas y presidencias ejecutivas, y al temor de los Gobiernos de turno. Nuestra información de ayer abunda en hechos punibles: boicot de varios departamentos, inoperancia de los mecánicos, inutilización de la grúa y los montacargas, inactividad calculada de los muelleros, paralización de la carga y descarga, entorpecimiento contra los buques portadores de combustibles y otras más. Así, las empresas bananeras están sufriendo grandes pérdidas, lo que, a su vez, paraliza la corta de bananos. En estas condiciones los barcos se enrumban hacia puertos de Panamá, y las pérdidas para Japdeva alcanzan sumas cuantiosas.

Debe tenerse en cuenta que este chantaje no se ejerce por el logro de algún beneficio legal, sino por la exigencia de un acto ilegal e injusto, de donde cabe concluir que los designios de los dirigentes sindicales son otros. En primer lugar, el mantenimiento de un clima social convulso y, en segundo lugar, el entorpecimiento del proceso de concesión portuaria, única vía que resta para salvar la actividad portuaria de Limón de su progresivo deterioro económico, legal y moral. El fin de estos dirigentes sindicales es convertir este proceso de concesión portuaria en concentración de violencia social.

Sorprende profundamente, más allá de estas conductas periódicas y de las ingentes pérdidas producidas, la indiferencia con que los sectores políticos del país y los analistas de la cosa pública han observado, a lo largo del tiempo, estos hechos, como algo natural, folclórico o rutinario y, peor aún, como instrumentos propios o legítimos del sindicalismo. Esto quiere decir que hay un grupo de personas que, por estar al abrigo de un sindicato, pueden hacer lo que les viene en gana. Este silencio y mutismo temerosos, y esta confusión de conceptos y de conductas aderezan el camino de la violencia y dejan honda huella de incultura cívica en la población.

La concesión portuaria de los puertos de Limón y Moín se torna, por todo ello, imperiosa. Se trata, en fin, de recobrar la soberanía y el imperio del derecho sobre los muelles y sobre la institución, un campo eminentemente estratégico porque por él transita el 80% del comercio nacional.

Editorial, La Nación

En Vela

Walter Robinson renunció como presidente ejecutivo de Japdeva y su renuncia se recibió con vítores y aplausos en el círculo de los más fervorosos enemigos del progreso de Limón: los dirigentes sindicales. Esta reacción representa un honor para él.

He aquí otro episodio de la tortuosa historia de esta institución pública, nacida con las mejores intenciones, pero que, atrapada por el clientelismo político, los dirigentes sindicales, las convenciones colecti- vas, la falta de autoridad de no pocas juntas directivas y los temores de diversos Gobiernos, no ha podido desarrollar la magnitud de su cometido. La extensión, contenido y sonoridad de su nombre: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica ha sido inversamente proporcional a sus logros. ¿Cuánto nos ha costado Japdeva? Un uno y todos los ceros del mundo.

¿Pruebas? Una es suficiente: los frutos ubérrimos de la concesión portuaria en Caldera. Esta concesión ha desnudado a Japdeva, a Gobiernos, políticos, profesionales y, sobre todo, a los sindicalistas, que han mamado a doble carrillo en esta institución. Merecen reconocimiento los que, fuera o dentro de Japdeva, antes y ahora, se han afanado por su liberación y progreso. Sin embargo, las fuerzas que, dentro y fuera, se entrecruzan para neutralizarla y degradarla han sido tan poderosas que este noble propósito no ha cristalizado. Japdeva, como dijo un presidente ejecutivo, ha sido una piñata y un botín de logreros y mercaderes políticos.

¿Es que se requieren más pruebas que las ofrecidas por Caldera en solo 16 meses, en el orden económico y social, para bien de la economía nacional y provecho de Puntarenas? ¿Es que se necesita más prueba que el atraso portuario de nuestro país, ante el empuje e innovación de otros, en particular de Panamá? ¿Es que puede un país desenvolverse con visión y eficiencia, en el campo portuario, en el marco de la globalización, la férrea competencia y la apertura, con puertos anacrónicos y endebles?

Hay dos polarizaciones en Costa Rica: el 18% de los pobres y los demás, y los que luchan seriamente por el progreso del país y los otros, sindicalistas y políticos, expertos en esgrimir palabras mágicas, por sus efectos mediáticos, como privatización, Estado solidario, neoliberalismo y otras para atemorizar y chantajear. Limón ha sido una de las víctimas explotadas de esta alianza entre el oportunismo, el chantaje y la incapacidad de una minoría sindical y política, pese a disfrutar de oportunidades espléndidas, en su riqueza y en los proyectos propuestos en estos años, para salir de su letargo.

Julio Rodríguez

Los puertos y sus realidades

"Puerto Caldera generó en los primeros 16 meses de concesión ¢1.863 millones para construir parques, reparar escuelas, comprar pupitres, otorgar becas y mejorar la infraestructura turística en Esparza y Puntarenas.

Una parte del dinero, ¢600 millones, ya está en poder del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), para recuperar la Capitanía de Puntarenas, rescatar el balneario Los Baños y ensanchar el muelle de cruceros.

El resto, ¢1.263 millones lo administran las municipalidades de Esparza y Puntarenas para arreglar caminos, fortalecer fondos escolares y construir acueductos y sistemas de alcantarillado.

Este monto acumulado entre agosto del 2006 y diciembre del 2007 corresponde a los cánones que paga el concesionario, la Sociedad Portuaria de Caldera por cada tonelada movilizada.

El disponible para desarrollo social en Caldera es superior a lo que invierte en Limón la empresa estatal que administra los puertos de Moín y Limón.

Según los datos más actuales suministrados por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en el 2006 tuvo un presupuesto de ¢4.298 millones para obras sociales.

No obstante, de ese gran total, solo ejecutó ¢2.186 millones, pero ¢1.353 millones equivalían a salarios y cargas sociales y solo ¢833 millones fueron obras construidas.

En 16 meses Caldera tiene más del doble de recursos para obras sociales que Japdeva y así lo reconoció Urías Ugalde (Presidente Ejecutivo del INCOP)."

Pero las buenas noticias no terminan aquí, ya que la administración y eficiencia del puerto también ha mejorado desde la concesión, como lo demuestra el siguiente gráfico. ¿Quién lo hubiera imaginado?

En ASOJOD celebramos dicha noticia y esperamos que algún día las fuerzas anti-progreso comprendan que la productividad, la inversión y la eficiencia económica son las llaves para el desarrollo así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los costarricenses. Los datos y la realidad una vez más están de nuestro lado, ahora le toca el turno a JAPDEVA.

Muelleros a trabajar

En ASOJOD celebramos que la Sala IV emitiera un fallo donde obliga a los muelleros de Limón a trabajar jornadas laborales de 8 horas. ¡Sí amigos y amigas de ASOJOD! Aunque ustedes no lo crean la convención colectiva de JAPDEVA establecía turnos de 6 horas. Ustedes y nosotros tenemos que trabajar 8 horas mientras ellos, que buscan siempre prebendas políticas y tienen secuestrada a Costa Rica, laboran menos tiempo.

Las dos horas en que no trabajan implican que los barcos no puedan zarpar ni desembarcar, lo cual hace que se pierda dinero y, por supuesto, competitividad para el país.

Por eso, en ASOJOD celebramos que la Sala haga respetar el principio de igualdad ante la ley y ponga en regla a esos abusivos. Y de paso, desenmascare a esas personas que se dicen ser defensores de Limón pero que llevan años chupándole la sangre como vampiros.

¡Descaro!

"Los barcos que hacen escala en los puertos de Limón y Moín deben esperar hasta 36 horas para atracar debido a que el personal marítimo de Japdeva incumple su jornada de ocho horas.

La convención colectiva de Japdeva fija para ellos jornadas de seis horas. Sin embargo, en julio, Japdeva concilió con los 207 trabajadores un nuevo turno de ocho horas, eliminó el pago de tiempo extra y, a cambio, los indemnizó con ¢2.000 millones.

Pero en las últimas cinco semanas han laborado solo seis horas por turno (hay tres) en lugar de las ocho que les corresponde. Así, durante seis horas al día, los navíos quedan sin atención."

Ahí lo tienen lectores de ASOJOD nuestros sindicatos los supuestos defensores de la patria, los trabajadores y del bien, no sólo se están robando ¢2.000 millones sino que también están acabando con la competitividad del país.

En un mundo globalizado como el de hoy en día este tipo de situaciones son imperdonables. La calidad de los servicios son indispensables para el desarrollo del país, es inaudito que un barco este durante 36 horas varadas porque a los señores de JAPDEVA no les da la gana trabajar. Esperamos que este tipo de actitudes haga que los costarricenses se despierten y se den cuentan que en nuestro propio país existen dos tipos de ciudadanos: los que con su trabajo aportan al bienestar de la sociedad, y aquellos cuyo trabajo es empobrecernos a todos a costa de sus privilegios.

Sindicatos enemigos de Limón

Hace ya 20 años, cuando desempeñaba honrosamente la presidencia de la Cámara Costarricense de la Construcción y siendo presidente de Costa Rica el Dr. Óscar Arias Sánchez, en su primera magistratura, el Consejo de Gobierno de entonces acordó intervenir Japdeva y fui designado como interventor de esa institución, con un grupo de lujo que me acompañó en ese tremendo desafío.

Acepté ese delicado nombramiento a sabiendas de lo que mi respetado suegro, don Teodoro Quirós Castro, me había advertido: Si usted va a poner orden en Japdeva durará en su cargo, hasta que lo cambien por el sindicalista que paralice Limón y toque las puertas de la Casa Presidencial para pedir su cabeza.

Volviendo los ojos cuatro lustros atrás y haciendo un análisis del movimiento sindical de Japdeva, las cosas siguen igual o peor, es decir al gremio muellero no lo alcanzó la perestroica, que se ha dado en el mundo en todos los movimientos sociales y sindicales.

Condescendencia. El gobierno anterior de don Abel Pacheco fue demasiado condescendiente con los sindicatos y con sus cabecillas.

Dios quiera que nadie de la Casa Presidencial se meta a proponer de nuevo que el gasto del superávit de la institución sea priorizado de acuerdo con el sindicato. Ya este acontecimiento se dio en el actual gobierno y es aterrorizante.

El Ing. Walter Robinson, como presidente de la junta directiva de Japdeva, está queriendo poner orden, plantándose con decisión ante las imposiciones de los sindicatos. De igual forma, con los pantalones bien amarrados, está interviniendo el ministro de Trabajo, don Francisco Morales Hernández.

La actual paralización del muelle de Limón por reclamos de privilegios debe ser aprovechada por el Gobierno de la República para poner en orden de una vez por todas al sindicato y quitarse de encima esa espada de Damocles que tiene desenfundada Sintrajap desde el inicio de la actual administración de don Óscar Arias Sánchez.

Los sindicalistas limonenses no quieren que Limón se abra al adelanto y al progreso, y están hundiendo a la provincia por el interés personal, con la máscara de que ellos representan los intereses de Limón. Pobrecitos los actuales mediadores del Gobierno que no han convencido a los sindicatos y presentan a la luz pública pactos de mentirillas.

La Sala Constitucional, desde mayo del 2006, declaró ilegal que un grupo de más o menos 34 operadores se repartieron ¢150 millones anuales. No es justo que las tarifas portuarias se encarezcan por granjerías de unos pocos. Entiéndase bien que algunos de los beneficios desmedidos de las convenciones colectivas no benefician a todos los funcionarios de Japdeva ni al pueblo de Limón, sino que el beneficio va dirigido a una élite.

Excesos y abusos. No debemos oponernos a los beneficios de los trabajadores. Tampoco estamos en contra de que el trabajo forzado se remunere mejor que el jornal normal, pero sí debemos decir no a los excesos y abusos de los sindicalistas.

El periódico La Nación , en su excelente editorial del sábado 16 de junio pasado, titulado “El clamor de Limón”, le señala claramente al Gobierno una posición para atacar otros males endémicos que a la sombra del mal ejemplo han tomado fuerza en esa bella y dejada provincia de Limón.

El editorial, que menciona el desfile de 10.000 limonenses, que quieren resolver el problema que aqueja a la provincia en cuanto a violencia, incremento de la criminalidad y otros problemas sociales, retrata el espíritu del limonense que quiere a Limón y riñe con el interés de los 36 sindicalistas, que solo piensan en un sindicato que debe proteger los intereses personales y no los institucionales de Japdeva.

Si Limón no aprovecha la coyuntura de abrir el puerto a nuevas concesiones para crear más fuentes de trabajo, el puerto seguirá bajando en su nivel de vida, y el sindicato y los cabezas calientes promoverán el entierro de nuestro querido Limón.

Un día soñé que Limón se había transformado. Soñé que los sindicatos, que habían sido el escollo del adelanto, habían cambiado de actitud y, sin dejar el norte en la defensa de los intereses gremiales, se habían abierto y asumido el cambio y entonces:

-Se disminuyeron las tarifas portuarias.

-Se incrementó la carga y descarga y, por ende, se crearon nuevos empleos para los limonenses.

-Se incrementó el turismo y la llegada de cruceros.

-Se impulsaron y se construyeron varias terminales de muelles por concesión y otras privadas, y se acabó la desocupación en la cabecera de la provincia.

-Se construyeron más ramales de ferrocarril y se actualizó el sistema ferroviario, con lo que se emuló el tiempo de Mr. Keith.

-Con el auge económico se construyeron más escuelas, más centros educativos, más hospitales, más iglesias de todas las religiones, y se instauraron más programas educativos, con lo que se respiró una verdadera paz social en toda la provincia.

También soñé que se había construido el verdadero canal seco entre el Atlántico y el Pacífico, con dos líneas férreas (ida y vuelta), con dos autopistas de cuatro carriles cada una y dos puertos en los extremos (Puerto Soley en el Pacífico y entre Parismina y Matina el otro puerto del Caribe o mar Atlántico).

Por José Manuel Agüero E.
Tomado de la Nación