Un comentario reciente publicado en La Nación del 19 de enero del 2019, titulado “Sindicatos del MEP reciben ¢12.000 millones cada año,” ha dado un lugar a un debate interesante entre ciertos líderes sindicales y periodistas de ese medio, que, sin duda, es del interés del ciudadano.
Según el comentario original, a partir sólo de datos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), los asociados a los sindicatos de ese gremio, la ANDE, el APSE y el SEC, que ascienden a 98.691 registrados (según el MEP allí laboran 86.000 personas y la diferencia es explicable pues un empleado pueda asociarse a más de un sindicato), aportan anualmente ¢12.132 millones a esos gremios. Este aporte es de alrededor de un 1% de los salarios (completos, no sólo del pago básico, sino que incorpora los pluses en dicho porcentaje, lo que da lugar a un incentivo a los sindicatos por conservar y expandir esos pluses, al ser fuente importante de recursos). Además, “el ingreso promedio de los educadores (observen que es el promedio, pues sin duda hay unos que son menores y otros más altos) es de ¢1 millón al mes; o sea, en promedio, cada uno aporta alrededor de ¢10.000.
Según el medio, con información proveniente del MEP, la ANDE es el sindicato más grande, con 35.904 afiliados, que aportan anualmente ¢4.777 millones; esto es, el 39% del total. Le sigue la APSE con 35.199 asociados, que hacen un aporte anual de ¢4.258 millones, equivalentes a un 35% del total. Y tercero está el SEC, que tiene 26.605 socios, con un aporte anual de ¢2.963 millones, que significa un 24% del total.
Los beneficios recibidos por los afiliados son muy diversos, destacando, al menos en ANDE, la asesoría legal, centros de recreo, ser nombrados en instituciones en las que ANDE tiene representación, recibir educación sindical, obtener equipos ortopédicos, ayuda por fallecimientos de familiares, así como por robo o desastres naturales, además de gastos obvios del gremio, como administración, mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo, honorarios profesionales, y una extensa gama de actividades.” La ANDE señaló que los presupuestos son debidamente aprobados y a sus asociados se les informa anualmente de los resultados de tipo contable, financiero y de logro de objetivos.
La APSE señaló en un comunicado posterior que “la naturaleza de los recursos financieros que recibe APSE es privada” y que “no se trata de fondos públicos ni de recursos girados por el MEP, ni por ningún otro ente estatal” y que son enteramente voluntarios en función de la “libertad de asociación.” Y que no está obligada a “rendir cuentas públicas sobre sus estados financieros, ni de divulgar esta información ante los medios de comunicación.” Y que lo hace “en el seno de su Asamblea General” ante sus asociados.
Me encanta esa defensa de la libertad de asociación y de la privacidad de las acciones, que ojalá se extendiera a todas las personas, cuando ellas tienen que declarar con todo detalle cuando deben pagar impuestos. Es cierto que se trata de organizaciones voluntarias de personas, pero, puede mediar un interés público en conocer los orígenes y uso de los recursos, tal como está obligada una empresa que cotiza en la bolsa a informar detalladamente a los accionistas de todos sus ingresos y gastos. Después de todo, en el caso de los sindicatos, los dineros provienen en última instancia de fondos públicos y el gobierno es el encargado de recaudar los fondos para esas asociaciones.
Dado lo anterior, me surgen dudas acerca de lo apropiado de la opinión de la dirigencia de la APSE, pues en ciertos momentos de su acción pública suelen actuar afectando derechos de las personas, como no recibir una educación por la cual pagan o no interrumpir el libre tránsito privado por una huelga sindical. Tal vez, para mayor transparencia, deberían mostrar los estados financieros del gremio ante la ciudadanía, para que valore el uso final que se le da a los recursos que paga por impuestos. Creo que estamos ante un caso interesante de derechos de los individuos que el estado debe proteger -incluso cuando hay conflicto entre, por ejemplo, el derecho a la asociación, por un lado, y el derecho al libre tránsito y a la paz, en general.
En resumen, opino que los dineros aportados por las personas privadas (empleados públicos) son decisiones privadas y, por tanto, no es exigible que informen públicamente la procedencia de esos fondos. Al mismo tiempo, me parece que los sindicatos podrían elevar en cierto grado su actual desprestigio, haciendo públicos esos estados, no obligadamente, sino para que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay nada indebido o ilegal en la procedencia y uso de esos fondos.
Jorge Corrales Quesada
