Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar el programa de Delegados Presidenciales que fue creado durante la primera Administración Arias Sánchez (1986-1990). Este programa tenía como objetivo central coordinar proyectos entre las localidades y las instituciones estatales, mediante el trabajo de funcionarios nombrados por el Presidente de la República para que sirvieran como un enlace y canal de comunicación entre las partes. Su función era colaborar en la solución de problemas e informar a sus superiores de conflictos o peticiones.
Durante la actual Administración, el Viceministro de la Presidencia reavivó el interés de darle un nuevo impulso al programa (aún vigente). La novedosa iniciativa busca posicionar a los delegados como parte del engranaje de la lucha contra la pobreza que dirige el Consejo Presidencial de Bienestar Social. Además, se trataría que los delegados nombrados con requisitos del Servicio Civil y no como actualmente ocurre, por recomendación de los Diputados. Asimismo, se les daría un horario y una oficina, posiblemente, en las municipalidades y su financiamiento provendría de una partida de 500 millones de colones que el Ejecutivo intentará incorporar en el próximo Presupuesto de la República.
Ante esta propuesta, el lector podrá notar el absoluto desdén e irrespeto hacia la autonomía municipal. Para los políticos tradicionales que impulsan este programa, el Gobierno Local tiene la función de ser la oficina comunal para atender pegabanderas y repartir sus favores clientelistas. Y si bien la lista de críticas a este programa puede ser kilométrica, en ASOJOD quremos centrarnos en dos aspectos que procederemos a explicar.
En primer lugar, está la falta de transparencia y duplicidad de funciones. Hace tres años, la Contraloría General de la República había señalado la existencia de débiles controles y funciones confusas por parte del Programa. En ese entonces, el órgano Contralor concluyó que muchas de las tareas de los delegados son competencia de otros órganos del Estado como las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y hasta la Contraloría.
Lo anterior refleja un síntoma propio de muestro país: el centralismo excesivo de la toma de decisiones y la necesidad, casi patológica, de tener ingerencia en la toma de decisiones locales. He aquí la primera incongruencia: si existen instituciones encargadas de coordinar a distintas dependencias y funciones entre instituciones, ¿por qué delegar esta tarea en otras personas?, ¿Por qué pagarle a cualquier hijo de vecino para que haga lo que otros ya hacen? ¿Qué pasa con el dinero de todos los costarricenses? Así las cosas, cuando tenemos dos personas haciendo lo mismo, una que se supone preparada para asumir la tarea y otra que no, entonces ¿quién es el intruso?, ¿Quién está de más? Ante tanta sinrazón sólo existe una respuesta coherente: la voracidad política de la cúpula que dirige al Partido en el Gobierno (no precisamente liderada por la Presidenta) busca extender sus tentáculos por todos los resquicios de institucionalidad, para seguir haciendo el trabajo de organización territorial para la campaña electoral siguiente.
La segunda incongruencia se origina en la propia naturaleza del delegado. Si la participación activa de los ciudadanos es tan loable, ¿por qué no realizan sus tareas gratuitamente? ¿Por qué tiene que mediar el Ejecutivo? ¿No es preferible que surja de la propia voluntad de los ciudadanos la participación en los asuntos de la comunidad? ¿Dónde queda la espontaneidad ciudadana? De nuevo, solamente existe una explicación y, curiosamente, es la misma: a los políticos que impulsan este mamarracho no les interesa la participación ciudadana, sino únicamente tener una clientela política consolidada para que hagan la labor encomendada cada cuatro años.
Sin duda, el programa de Delegados Presidenciales está rodeado de serias dudas e incongruencias, teñidas por las peores prácticas clientelares en momentos donde las arcas públicas pasan por dificultades. La naturaleza del político es la búsqueda del poder, pero las democracias modernas han creado límites y contrapesos para equilibrar el sistema. Es en este sentido que la oposición tiene el deber de frenar cualquier aspiración encaminada a fortalecer este desdichado plan. En ASOJOD esperamos que, como mínimo, se rechace su inclusión en el Presupuesto Nacional.
Durante la actual Administración, el Viceministro de la Presidencia reavivó el interés de darle un nuevo impulso al programa (aún vigente). La novedosa iniciativa busca posicionar a los delegados como parte del engranaje de la lucha contra la pobreza que dirige el Consejo Presidencial de Bienestar Social. Además, se trataría que los delegados nombrados con requisitos del Servicio Civil y no como actualmente ocurre, por recomendación de los Diputados. Asimismo, se les daría un horario y una oficina, posiblemente, en las municipalidades y su financiamiento provendría de una partida de 500 millones de colones que el Ejecutivo intentará incorporar en el próximo Presupuesto de la República.
Ante esta propuesta, el lector podrá notar el absoluto desdén e irrespeto hacia la autonomía municipal. Para los políticos tradicionales que impulsan este programa, el Gobierno Local tiene la función de ser la oficina comunal para atender pegabanderas y repartir sus favores clientelistas. Y si bien la lista de críticas a este programa puede ser kilométrica, en ASOJOD quremos centrarnos en dos aspectos que procederemos a explicar.
En primer lugar, está la falta de transparencia y duplicidad de funciones. Hace tres años, la Contraloría General de la República había señalado la existencia de débiles controles y funciones confusas por parte del Programa. En ese entonces, el órgano Contralor concluyó que muchas de las tareas de los delegados son competencia de otros órganos del Estado como las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y hasta la Contraloría.
Lo anterior refleja un síntoma propio de muestro país: el centralismo excesivo de la toma de decisiones y la necesidad, casi patológica, de tener ingerencia en la toma de decisiones locales. He aquí la primera incongruencia: si existen instituciones encargadas de coordinar a distintas dependencias y funciones entre instituciones, ¿por qué delegar esta tarea en otras personas?, ¿Por qué pagarle a cualquier hijo de vecino para que haga lo que otros ya hacen? ¿Qué pasa con el dinero de todos los costarricenses? Así las cosas, cuando tenemos dos personas haciendo lo mismo, una que se supone preparada para asumir la tarea y otra que no, entonces ¿quién es el intruso?, ¿Quién está de más? Ante tanta sinrazón sólo existe una respuesta coherente: la voracidad política de la cúpula que dirige al Partido en el Gobierno (no precisamente liderada por la Presidenta) busca extender sus tentáculos por todos los resquicios de institucionalidad, para seguir haciendo el trabajo de organización territorial para la campaña electoral siguiente.
La segunda incongruencia se origina en la propia naturaleza del delegado. Si la participación activa de los ciudadanos es tan loable, ¿por qué no realizan sus tareas gratuitamente? ¿Por qué tiene que mediar el Ejecutivo? ¿No es preferible que surja de la propia voluntad de los ciudadanos la participación en los asuntos de la comunidad? ¿Dónde queda la espontaneidad ciudadana? De nuevo, solamente existe una explicación y, curiosamente, es la misma: a los políticos que impulsan este mamarracho no les interesa la participación ciudadana, sino únicamente tener una clientela política consolidada para que hagan la labor encomendada cada cuatro años.
Sin duda, el programa de Delegados Presidenciales está rodeado de serias dudas e incongruencias, teñidas por las peores prácticas clientelares en momentos donde las arcas públicas pasan por dificultades. La naturaleza del político es la búsqueda del poder, pero las democracias modernas han creado límites y contrapesos para equilibrar el sistema. Es en este sentido que la oposición tiene el deber de frenar cualquier aspiración encaminada a fortalecer este desdichado plan. En ASOJOD esperamos que, como mínimo, se rechace su inclusión en el Presupuesto Nacional.
