Me llamó la atención la noticia de la enorme cantidad de construcciones en el país que se llevan a cabo sin tener los obligados permisos municipales. Primero la vi en un noticiero en la televisión y, después, La Nación del 8 de noviembre hizo un extenso comentario al respecto, titulado “Tres de cada 10 obras en el país se levantan sin permisos municipales,” sustentado en un estudio reciente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), basado en la “inspección a 2.174 proyectos en 58 cantones durante el primer semestre de este año.”
Lo cierto es que era público y notorio que muchas construcciones que se iniciaban, luego aparecían con un rotulito que decía que la obra se suspendía por decisión municipal, situación que indicaba con claridad que algo malo estaba sucediendo. En efecto, alrededor de una tercera parte de las construcciones en el país se hace sin los permisos municipales correspondientes, según informa el medio.
Es interesante el desglose porcentual por regiones del número de obras hechas sin permiso, así como información acerca de ciertos cantones específicos. Como un todo, los metros cuadrados que se construyen sin permiso en el país se estiman en 106.000.
1. Región Norte: 44% de las obras se hace sin permiso.
2. Región Guanacaste: 40% de las obras no tiene el permiso.
3. Región Atlántica: 37% de las obras se lleva a cabo sin tener el permiso.
4. Región Central: 29% de las obras se hacen sin permiso. (En el cantón de La Unión, el 100% de las construcciones se hace con permiso).
5. Región Sur: 16% de las obras se hacen sin permiso. (En los cantones de Golfito y Parrita, el 100% de las construcciones se hace con el permiso necesario).
6. Región Occidente: 44% de las obras se construyen sin permiso. (En el cantón de Montes de Oro, el 100% de las construcciones se hace con el permiso requerido, pero el cantón con el mayor número de metros cuadrados en donde se construye sin permiso, es el Central de Alajuela, con 41.047 metros cuadrados).
6. Región Occidente: 44% de las obras se construyen sin permiso. (En el cantón de Montes de Oro, el 100% de las construcciones se hace con el permiso requerido, pero el cantón con el mayor número de metros cuadrados en donde se construye sin permiso, es el Central de Alajuela, con 41.047 metros cuadrados).
Según informa el CFIA, ha desmejorado el porcentaje de obras sin aprobación, “pues anteriormente el porcentaje de obras sin permiso rondaba entre 15% y 25%.”
Parece que una preocupación alta del informe citado es por lo que dejan de percibir los municipios al no cobrar eficientemente todas las obras. Se estima que, para todo el país, “representan para los ayuntamientos pérdidas por más de ¢334 millones.”
Todo esto manda una señal clara de dos hechos que pueden estar impulsando el empeoramiento en la autorización para construir. Primero, el alto costo de los permisos municipales, no sólo en tiempo, sino en monto, lo que hace que, en especial en momentos de dificultades económicas como el actual, las personas busquen evitar dicho pago y proceder, figurativamente con las uñas, a hacer lo que ya tanto les está costando.
En segundo lugar, como los permisos tienen que aprobarse o hacerse por profesionales de ingeniería y arquitectura, ahí surge un elevado costo, pues es obligatorio usar miembros agremiados del cartel (que, en términos económicos, es el colegio profesional obligatorio que cobija a esos profesionales), quienes cobran una tarifa mínima prestablecida, Si lo que cobraran en la realidad fuera menor, hoy esos profesionales estarían cometiendo un acto sancionable por el colegio (que creo podría llegar a la suspensión o expulsión del profesional que incurra en él). Si el costo en mención fuera menor, el cliente cautivo se vería estimulado a no hacer la obra como la hace hoy, sin permiso municipal y aprobación del profesional que dicte la idoneidad de la obra, evitando obras de mala calidad en un país eminentemente sísmico. Esto es, estaría más dispuesto a contratar a esos profesionales.
Los municipios podrían recaudar más fondos si cobraran menos por los permisos, de forma que más gente buscaría no evitar del todo dicho pago, además de que el menor costo probablemente estimularía un aumento en la construcción, importante en una economía como la actual con un elevado nivel de desempleo. Las municipalidades, asimismo, deben acelerar el plazo para otorgar (o rechazar) la solicitud de permiso, que, si bien oscila actualmente entre 5 y 30 días, no deja de ser deseable disminuir ese costo de duración a un menor plazo, en especial con tantas posibilidades informáticas hoy asequibles. Todos esos costos son relativamente más altos para obras pequeñas, que suelen ser las más llevadas a cabo por personas de menor capacidad de pago.
Es importante que sea el mercado, mediante la libre contratación de las partes, el que determine el pago de los profesionales, en vez de que el CFIA las fije arbitrariamente. Habría mayor demanda de profesionales calificados para obtener dichos permisos, no eludiéndolos del todo como sucede hoy. Así, se evitarían construcciones riesgosas que ponen en peligro la salud de la ciudadanía al hacerse sin permisos. No dudo todos saldríamos beneficiados sí esos pagos se ajustaran al tamaño y complejidad de la obra, no con una fijación arbitraria como es la tarifa mínima actual impuesta por el CFIA.
Jorge Corrales Quesada
