La columna de Carlos Federico Smith: la lucha contra el bienestar de la ciudadanía

Al igual que con Uber, una actividad económica innovadora dentro de lo que se conoce como economía participativa, ahora intereses creados en contubernio con un estado complaciente le han puesto la puntería a la empresa Airbnb puntería para impedir que los ciudadanos progresemos ante los avances tecnológicos.
 

Esta empresa sirve de intermediaria entre “dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene,” según indica La Nación en su comentario del 27 de mayo, “Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos.”
 

Una virtud de este tipo de “economía participativa” es facilitar a dueños de esos activos mencionados que generen ingresos que, de otra manera, no tendrían, pues están ociosos, o son parcialmente utilizados en tiempo y espacio, sin generar riqueza alguna. Gracias a aquella, nuestra economía hace un uso más eficiente del capital escaso en forma de viviendas, apartamentos y habitaciones. Esto es progreso, pues la alternativa es no generar un rendimiento, sino sólo, tal vez, algo de satisfacción por el uso o no uso de sus dueños. El mercado acude, una vez más, dando opciones a mucha gente para que pueda hacer un mejor uso de sus activos.
 

También, mucha gente que viaja puede preferir este nuevo tipo de alojamiento, pues no sólo se traduce en un ahorro de recursos ante alternativas tradicionales, sino que les puede parecer un ambiente más agradable y hasta familiar y de amistad con los criollos, algo que tal vez no encuentran en otras alternativas, además de condiciones físicas que aprecia más, como la ubicación del alojamiento.
 

Pero, se busca obstaculizar que el costarricense sea libre de usar mejor esos bienes propios, sin que con ello se afecte a nadie, excepto a potenciales competidores, lo que es deseable y se llama competencia. Al igual que con Uber, que se ha ganado la buena voluntad de la ciudadanía ofreciendo servicios mejores y más baratos, el gobierno ahora busca meter sus manos para que ese beneficio no llegue a plenitud a las partes, pues, además de los dueños nacionales de esos activos, también el extranjero que alquila por medio de Airbnb lo hace voluntariamente: de no ser así, no lo haría.
 

A la vez, el gremio tradicional de hotelería buscaría impedir esa competencia, aunque en algunos países ya ciertos hoteles, incluso de cadenas reconocidas, ha puesto en práctica una forma de alquiler como la de Airbnb: simplemente entra en acción la soberanía del consumidor y el deseo de obtener ganancias del empresario, al ofrecerles a los consumidores el servicio que demandan.
 

Se ha alegado que es necesaria la igualdad de tributos a Airbnb a los de hoteles formales establecidos. Esto da lugar a varios comentarios: primero, que, en lugar de pedir que al competidor se le pongan impuestos, lo que deberían procurar es que, si son un obstáculo serio para la actividad tradicional establecida, pues que, entonces, se eliminen o reduzcan. Segundo, entiendo que muchos hoteles tradicionales gozan hoy de exenciones tributarias, como parte de una política gubernamental de atracción del turismo al país. En tal caso, lo que debe buscarse es generalizar y no circunscribir esa exención. Tercero, los hoteles tradicionales pueden lograr mismo ese contacto personal y de elección que busca el viajero por medio de Airbnb: pongan habitaciones en alquiler, como las demandan los clientes que usan Airbnb. En esa plataforma hay libre entrada de oferentes (o hay igualdad de trato a diferentes oferentes), por lo que los hoteles tradicionales podrían participar del sistema y se darán cuenta de que posiblemente habrá economías de gastos significativas.
 

Pero, surgen la ley, la legislación, la regulación, la recaudación, la oficina gubernamental… el estado no es gratuito y es más bien un abusador, hecho que se refleja en el dicho, “si algo se mueve, pues póngale un impuesto.” Si algo progresa, si hay una innovación tecnológica, lo que a los estatistas les interesa es ver como obtienen más impuestos, no si es algo que aumenta el bienestar de la ciudadanía.
 

En la Asamblea aparece el consabido proyecto para “regular” a quienes osan subvertir al “establishment”: nada debe quedar fuera del saco del gobierno omnicomprensivo, no importando si las personas realizan transacciones entre sí, libre y espontáneamente. Al gobierno lo único que parece servirle es agarrar más plata a como haya lugar.
 

Uno ve la voracidad fiscal en el proyecto legislativo propuesto, que hace que personas que alquilan a extranjeros su activo, tengan que registrarse ente la burocracia (no sólo para efectos impositivos, sino para que estén en el listado del ICT, ¡gran cosa!), además de pagar onerosos impuestos a la nueva actividad, lo que termina cortándole alas al progreso. Sólo en impuestos municipales sobre Airbnb se cobraría lo siguiente, según la capacidad del activo para alojar huéspedes: “Si son dos personas, sería de ¢44.620 anuales” (10% del salario base) por unidad de hospedaje. “Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir ¢133.860. Mientras que, para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).” Operadores actuales de Airbnb dicen que, con esos impuestos, no salen.  ¡Y algunos políticos y ciertos analistas se quejan del crecimiento de la economía subterránea!: es gente que huye de los altos costos de la formalidad, como los elevados impuestos de todo tipo, entre ellos este sobre Airbnb.
 

Uno piensa en la demagógica expresión de” interés por los más pobres” que políticos blasonan en sus discursos. Esa protección, al encarecer Airbnb, favorece a los hoteles tradicionales, que usualmente no son propiedad de pobres, a la vez que pueden ser pobres quienes alquilan sus bienes mediante el sistema Airbnb. Una salida para mucha gente ante la crisis económica que hoy vivimos, y que seguirá por buen rato, pues no se toman las medidas convenientes, sería mejorar el uso de activos que hoy tienen ociosos y que, gracias a Airbnb, los pueden poner “a trabajar.” Sin embargo, eso parece ser secundario para políticos, que lo que mejor saben hacer es proteger intereses creados, ante cualquier nueva competencia tecnológicamente posible.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las buenas intenciones no son suficientes

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de la diputada Marulin Azofeifa, al presentar su proyecto de creación de un colegio de estilistas y afines, por el que sólo podrán ejercer sus oficios estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Pero, las buenas intenciones no son suficientes; también deben ponderarse los efectos de su propuesta.

La diputada considera que, con la creación de ese colegio, se protegería a los consumidores de daños por personas posiblemente no capacitadas para dichas prácticas, así como también habría se daría protección a miembros de esos oficios, ante otros que simplemente entrarían a competir “deslealmente.” 

Pero, esas buenas intenciones aparte, espero exponer con buenos argumentos económicos, sociales y políticos, cómo es que podemos estar en presencia de un caso más, en que no se toman en consideración consecuencias derivadas de la puesta en práctica de una política que, por ley, exigiría una serie de requisitos, esencialmente la membresía en dicho colegio, para poder trabajar en esos oficios.

Y las consecuencias no previstas de tal propuesta, a las que me referiré luego, son especialmente vitales en nuestro país, cuando se tiene información reciente sobre la situación del empleo en la economía, por parte de la Dirección General de Estadística y Censos, del último trimestre del 2018, la cual indica que la tasa de desempleo llegó a un 12%, aumentando un 2.7% de la del mismo período del año previo. Son 294.000 personas las que están en busca de un empleo y no lo tienen.
 

Asimismo, la tasa de subempleo, que se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y que andan buscando más horas de trabajo, pero no lo encuentran, para el último trimestre del 2018 fue de un 9%, un punto mayor que la equivalente del año anterior.

El llamado empleo informal, que incluye a trabajadores no inscritos en el Seguro Social, ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia en empresas no inscritas como sociedades, fue de un 44.9% en el cuarto trimestre del 2018, un aumento del 3.8% al dato equivalente de un año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística y Censos.

Por esta razón esencial, resulta crucial analizar los efectos esperados sobre el empleo y el desempleo ante la obligación de colegiarse para ejercer los oficios arriba citados. Esa afiliación obligada será una barrera más al ingreso de trabajadores en esas ocupaciones y, principalmente, por la naturaleza de esos oficios, generalmente de trabajadores relativamente poco calificados y posiblemente de capas de ingresos inferiores. 

Al limitar las posibilidades de trabajar sólo a quienes lleguen a ser miembros de ese colegio, verán reducirse la oferta de competidores, pues el costo de ingresar al mercado de esos oficios aumenta, con la colegiación obligatoria, en comparación con otras actividades. Los miembros del colegio así posiblemente verán aumentados sus ingresos. Pero, además, algo fundamental en esos colegios “profesionales” es que fijan tarifas o precios mínimos por los servicios que regulan, los que pueden ser impuestos gracias a la menor competencia que habrá y que permitirá elevar los costos a los usuarios de esos servicios.
 

Por eso, si bien la propuesta de ley favorecería a los beneficiaría a los que se integren a dicho colegio, perjudicará a los consumidores en general y, particularmente, a aquellos potenciales oferentes de los servicios regulados, quienes no puedan ejercer libremente sus capacidades debido a la limitante que ejerce la colegiación obligatoria.
 

Una vez que entren en funcionamiento el colegio y su política restrictiva y su fijación de precios mínimos obligatorios, da lugar a una protección a los miembros ya establecidos del colegio, e impedirán, al surgir una serie de regulaciones, que entren más miembros a ese colegio, haciendo más costosa su membresía y pertenencia al colegio. Pero, los ciudadanos consumidores no quedan protegidos de modo alguno por ese colegio que se crea, como asegura su proponente, para proteger a personas de malas prácticas. Pero, el incentivo es para que suceda precisamente lo contrario, pues, al ser menos los oferentes de los servicios, a precios ya establecidos mencionados antes, la calidad se deteriorará, pues las disponibilidades de oferentes de los servicios se ven restringidas.
 

Y hay más. Cuando los ciudadanos encuentran que el servicio de los “colegiados” es más caro y de menor calidad, tenderán a proveérselos a sí mismos, lo cual sí puede dar lugar a problemas por accidentes o daños.  Es natural que al “incitar” debido a un costo y calidad menor del servicio, que las personas lo busquen y no necesariamente son conocedores de las características de un servicio, el cual ya es poseído por otros proveedores especializado que se los han dado hasta el momento.
Muchos de esos servicios que se piensan sujetar a las restricciones del colegio, ya son disfrutados por muchas personas, las cuales conocen a sus proveedores. Es un conocimiento adquirido por los clientes, incluso con episodios de insatisfacción ante la calidad y el precio que pueden haber tenido de alguien que les diera ese servicio, pero, con base en ese tipo de experiencias, han llegado a familiarizarse y aceptar que una persona conocida, a un precio y calidad acordada entre las partes, le brinde el servicio, sin que esa persona sea miembro de colegio alguno.
 

Pero, justamente, alguien que da esos servicios a clientes y que, al no ser miembro de ese “colegio” hoy lo ejerce, estaría, en el futuro, sujeto al delito de ejercicio ilegal de esa profesión, si siguiera ejerciéndolo. Incluso se expone a ser denunciado por alguien que cree que esa ley, aunque absurda, debe cumplirse y eso cierra espacios para una vida en sociedad, en convivencia. Esa persona que, para ganarse la vida, sigue ejerciendo “ilegalmente” esa profesión, está lejos de ser necesariamente un delincuente peligroso que amenaza vidas y propiedades de personas, como para que sea denunciado por alguien a quien simplemente no le parece conveniente tal competencia “ilegal.” No es apropiado que en sociedad se estimule la discordia y que la gente se pelee por cosas como esas.
 

Las consecuencias no previstas de la colegiación obligatoria para poder trabajar no llegan hasta allí. Para que la ley se cumpla, es necesario dedicar recursos para vigilar a quien esté trabajando en las áreas reguladas, que esté colegiado, o sea, autorizado para poder trabajar. El cuerpo represor por excelencia es la policía. Conceptualmente, la policía (y las cortes) reprimen al transgresor de la ley (en este caso el ejercicio ilegal como estilista, peluquero, barbero, maquillista o manicurista) y eso demanda recursos de la sociedad, que así no podría usarse en lo que tal vez sean funciones más apremiantes en la sociedad, como es la represión de actos criminales que efectivamente causan daño a las personas. Con frecuencia, el ministro de turno de Seguridad en el país, habla de lo saturados de trabajo que están los policías, sin poder reprimir actos criminales supuestamente de mayor calado. Y no se diga de la saturación en los tribunales de justicia, pues los ciudadanos la vemos, y vivimos, día tras día. Ahora se abarrotarían aún más, al perseguir a estilistas, barberos, etcétera, etcétera, quienes ejercen fuera de la legalidad “del colegio.”
 

Aquí en nuestro medio, por buenas razones, hay una seria y real preocupación ante la corrupción. Pues bien, la instauración de colegios como ese que se propone, incentivará la corrupción en varios sentidos. Uno de ellos, es que, no lo dudamos, si se “atrapa” a un practicante ilegal de esos servicios, hay posibilidades de que quede suelto si acude a dar mordidas a quienes pretenden detenerlo. Pero, mayor aún en la naturaleza de sus efectos, es que la creación de colegios profesionales, como el referido, estimula el surgimiento, de una mayor amplitud, en la búsqueda de rentas en la sociedad.

Búsqueda de rentas no es sino el acto por el cual el cuerpo político le otorga algún beneficio a cierto grupo -en este caso, a quienes sean miembros de ese colegio- ya sea para asegurarles la posibilidad, mediante la reducción de la oferta, de cobrar más que en la actualidad, pues les disminuyen la cantidad de competidores potenciales. Los políticos no suelen otorgar tales privilegios por razones altruistas: simplemente lo hacen como un medio para obtener votos, lograr apoyos políticos, ya sea para uno de ellos individualmente o para el grupo político al que pertenecen. Esto bien lo conocemos.
 

Por todas estas razones, vale la pena que se medite en la Asamblea Legislativa, así como que se haga consciencia en la ciudadanía, de que la propuesta de un colegio profesional de estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas, es un gran y dañino sinsentido. No es justo proteger a algunos con privilegios, que, en última instancia, significan costos mayores y menor calidad, para los ciudadanos consumidores, entre otros resultados no esperados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿Qué será de JAPDEVA?

Casi que me imagino a JAPDEVA con un futuro similar a lo sucedido con el Consejo Nacional de Producción (CNP): dejó de tener funciones y, lo que es lógico, que se hubiera cerrado no se hizo, sino que se le buscó “algo” por hacer. Se inventó que, obligatoriamente, los entes estatales que compraran alimentos lo hicieran mediante un intermediario, el CNP, con lo cual la burocracia innecesaria siguió diz que laborando.

JAPDEVA va por el mismo camino. Resulta que, como parte de la concesión que se le otorgó a la empresa portuaria APM Terminals, esa firma le debe girar a JAPDEVA un 7.5% de los ingresos brutos de su operación y se estima que, tan sólo en primer año, asciendería a $20 millones y que, durante la concesión que dura 30 años, JAPDEVA recibiría casi $1.000 millones. Se supone que esos montos se reinvertirían (palabra mágica, pues bajo ella se suele meter todo tipo de gastos gubernamentales, no sólo de inversión sino los corrientes) en “el desarrollo de la provincia de Limón.”

La información proviene del artículo titulado “Gobierno manejará fondo para Limón por inacción de JAPDEVA,” que aparece en La Nación del 6 de diciembre. Al firmarse la concesión hace seis años, se decidió que JAPDEVA establecería un fideicomiso para su manejo y la formulación del plan de inversión en proyectos con esos recursos. Hasta la fecha, ni uno ni el otro.

Pero, hay más. Al entrar a operar el nuevo puerto de Moín, el gobierno desde hace unos tres meses buscó trasladar a 600 trabajadores de JAPDEVA, pues su labor ya no sería necesaria, hacia otras instituciones públicas (por qué no a actividades privadas, mediando el debido pago por cesación de trabajo), con lo que, conceptualmente, se mantendría invariable la planilla gubernamental total. Los empleados actuales de JAPDEVA son 1.230 y, al momento, sólo 90; o sea, un 15% de los que se pretendía movilizar (un 7% de la planilla total de JAPDEVA), acepté el traslado. Lo crucial es que no haya un exceso de empleo en JAPDEVA, más allá del necesario para seguir haciendo lo que hará ante la entrada del nuevo puerto. Los gastos de una burocracia en exceso recaen sobre las espaldas de los ciudadanos contribuyentes. La empleomanía no es gratuita, tiene un costo para la sociedad.

Todavía hay más. Supuestamente, para modernizar al antiguo muelle de JAPDEVA se invirtieron $16 millones en dos grúas pórticas traídas de China (ojalá no nos vaya a ir igual con el tren eléctrico del Valle Central), que se instalaron en agosto del 2017, pero sufrieron daños eléctricos que las paralizaron hasta febrero del 2018 y, poco después, en junio de ese año, una de las nuevas grúas se varó por seis meses, por lo que hasta hace poco volvió a operar. Lo interesante es que “para adquirir el equipo portuario, JAPDEVA consumió los fondos que dejó presupuestado el gobierno de Laura Chinchilla, para liquidar a 900 trabajadores del muelle estatal, a raíz de la pérdida de carga.” O sea, JAPDEVA se gastó los fondos reservados para pagar las prestaciones a los trabajadores, cuyo trabajo ya no más se necesitaría.

De paso, estas dos nuevas grúas operan a menos del 50% del rendimiento esperado al ser compradas. Obviamente, de una u otra forma, seremos los ciudadanos quienes pagaremos todo eso. Y, como dato, ahora que están de modas las pérdidas, en el 2017 JAPDEVA tuvo pérdidas por ¢4.134 millones, lo que no es nada de extrañar, pues ya por cinco años consecutivos no había obtenido ganancias (supongo que, al tener pérdidas, tampoco ha pagado impuestos sobre la renta). Pero, en apariencias, JAPDEVA seguirá operando con todo el personal de antes. No duden de que habrá mayores pérdidas para la sociedad.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la informalidad en la economía y los aumentos de impuestos

Posiblemente vieron el comentario de La Nación del 30 de abril titulado “Informalidad golpea con mayor fuerza grupos más vulnerables: En Costa Rica, cuatro de cada 10 trabajadores son informales,” basado en un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como parte de su informe sobre Costa Rica del 2018. (No olviden que tal informe es parte del proceso para la admisión de Costa Rica a la OCDE).

Se entiende por trabajo informal cuando el trabajador no tiene contrato laboral, carece de seguro social, trabaja sin remuneración o labora en empresas no inscritas u ocasionales. Resulta que, según el OCDE, 4 de cada diez trabajadores trabajan en la informalidad. En efecto, la tasa de informalidad en el país en el IV trimestre del 2016 fue de un 44.7% y el promedio del período 2012-2016 fue del 42.6%.

El medio señala, con base en las cifras de la OCDE, que “la informalidad es más alta en grupos menos favorecidos. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor al 40%, (en) los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.” “También es mayor entre trabajadores rurales y (entre) quienes laboran en agricultura y servicios domésticos.”

Para la OCDE, hay tres explicaciones para esos niveles de informalidad: (1) las altas contribuciones a la Caja, que en una gran porción es aporte de los patronos; (2) altos salarios mínimos y (3) la migración. 

Bien apunta el economista Pablo Sauma, al advertir que “la informalidad no se debe exclusivamente al no aseguramiento, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc.” En resumen, el alto costo de la formalidad que incorpora esos aspectos, entre otros, constituye el incentivo que esencialmente conduce a la informalidad en la economía: simplemente les sale más barato a las partes vivir en la informalidad, que en ella.  Cuesta más ser formal que informal; o sea, el beneficio de ser formal (por ejemplo acceso al crédito bancario, así como tener el amparo de leyes) es menor que el de ser informal.

Reconozco que tanto políticos como empresarios han buscado recientemente aliviar esta fuerte informalidad de nuestra economía. Pero, la realidad es que en el país se están tomando medidas que más bien aumentarán la informalidad. Concretamente, se están elevando fuertemente los impuestos, los que, al incrementar el costo de la operación formal de las empresas y de las personas, estimulará a que acudan a producir y laborar fuera de la formalidad; esto es, se incentiva a que se incremente el ya elevado nivel de informalidad en la economía nacional. 

Una propuesta que se ha mencionado para disminuir la informalidad es cargar tasas menores a las empresas hoy informales en vez de las altas cargas sociales hoy existentes en la economía formal (“37% en Costa Rica versus 26% promedio de países de la OCDE”). Creen que con esa medida se reduciría el “costo de la formalidad”. Pero eso, en momentos en que se nos augura un aumento de impuestos por parte del gobierno -IVA, ganancias de capital, impuesto sobre la renta, entre otros- más bien podría inducir a negocios hoy formales, para que se vayan hacia la informalidad, pues más bien estimula que siga siendo más rentable ser informales.

Simplemente se deben reducir los elevados impuestos para la economía como un todo, a la vez que eliminar una serie de formalidades legales y contables y costos similares, para que disminuyan los incentivos que lanzan, por lo general a grupos relativamente desvalidos, hacia la informalidad para así poder sobrevivir con sus familias.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias no anticipadas o imprevistas

Con frecuencia economistas y especialistas en otras ciencias sociales (modernamente, por primera vez el concepto lo desarrolló un famoso sociólogo estadounidense, Robert K. Merton, en un artículo en 1936) nos referimos a la ley de las consecuencias no previstas o no anticipadas o no intencionadas, al hecho de que las acciones de las personas, así como frecuentemente del gobierno, tienen resultados que no se esperaba que sucedieran. Esta creencia -la de que sus acciones no tienen resultados inesperados o imprevistos- es frecuente hallarla no sólo entre políticos, sino en las personas en general; en especial en cuanto a legislación o regulación de los mercados.

Para tener una idea de esta ley de las consecuencias no previstas, uso un ejemplo frecuentemente observado en la historia económica: el control de los precios. Hacia el año 2.800 antes de Cristo, el faraón Henku del Egipto intentó controlar la producción de precios de los granos y, cuarenta siglos después, en Venezuela, el gobierno actual pretende regular y controlar los más diversos precios.

Todos estos intentos poseen como meta algo supuestamente “deseable,” como es ayudar a los consumidores de menos recursos, pero tienen en común que los resultados derivados  suelen ser muy diferentes a los pretendidos al imponer esa política.  Pero, dan lugar a la escasez, a mercados negros, al descenso en los abastecimientos, a una baja en la producción y a un declive de la economía, en función de la intensidad y extensión aplicada de esas medidas pretendidamente buenas.

Debemos ser francos. No son sólo los políticos, sino muchas personas que piden, aplauden y estimulan este tipo de medidas, creyendo que el resultado logra beneficiar a los consumidores, especialmente de menos recursos, así como ciertos casos de productores usualmente denominados “pequeños.” Los propósitos puede ser buenos, pero los resultados son evidentemente malos, no deseados, no buscados, a menudo impulsados por especialistas que no señalan más allá de lo que se ve y no toman en cuenta lo que no se ve, como diría el economista francés Bastiat.
 

Con esto mente, me refiero a una medida hace poco tomada en el país, cual es la llamada “reforma procesal laboral.” Un excelente comentario de un destacado abogado laboral, don Marco Durante, publicado en La Nación del 25 de julio (se obtiene en http://www.nacion.com/opinion/foros/nueva-legislacion-partir-hoy_0_1648035191.html,) expone un resultado no anticipado, de dicha legislación, al escribir que, al exigirlo esa ley, el sector patronal debe “diagnosticar todas sus prácticas laborales, revisar (formas de contratación de personal, salarios y beneficios, jornadas, reportes a la seguridad social entre otros) y tratar de formalizar y documentar los contratos vigentes.” Agrega que “La falta de reglas claras tales como contratos escritos, políticas y procesos internos, procedimientos disciplinarios, boletas de salarios, pagos de vacaciones, aguinaldo y otros derechos laborales podrán convertirse en un verdadero dolor de cabeza.” Y concluye una parte de su comentario con algo crucial: “...vale la reflexión de que en nuestro país el 87% de la mano de obra nacional es contratada por la empresa privada y que del parque empresarial costarricense aproximadamente un 90% son pymes (micros, pequeñas y medianas empresas).”
 

No dudo que todas estas regulaciones se traducirán en un aumento sustancial en los costos de diversas empresas -costos que tendrán mayor peso relativo entre más pequeña sea la firma- lo que significa que, por una parte, se encarezcan los costos asociados con la contratación de mano de obra, lo que incide en una disminución de su demanda y, por otra, la sustitución de ésta por otro factor de producción, como la maquinaria y equipo que ahorran mano de obra. Es conocido el agobiante desempleo abierto en nuestra economía, que en los últimos tiempos ha oscilado en, más o menos, un 9% de la mano de la mano de obra.
 

Además de un efecto imprevisto e indeseable sobre la demanda de mano de obra por la regulación impuesta por la ley de “reforma procesal laboral”, debe notarse otro impacto derivado del comentario antes mencionado del licenciado Durante, en lo referente a las llamadas pymes -micro, pequeñas y medianas empresas- y particularmente en las empresas existentes en nuestra economía subterránea.
 

Hay estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), de que el desempleo informal en el lapso 2010-2015 tuvo su nivel más alto en el primer trimestre del 2015, al llegar a un 45.3 por ciento de los trabajadores. Si bien dicho porcentaje ha disminuido en algún grado al llegar un año después a un 41.4%, no deja de ser alto.
 

La razón bien conocida del empleo informal es el alto costo de la economía formal, al considerarse elementos como altos impuestos, llevar libros contables, tener salarios mínimos y beneficios o cargas sociales posiblemente altos, pagos de permisos para instalaciones y para empezar a operar, costos de patentes y factores similares, a lo cual ahora se adiciona todo lo que bien indica el licenciado Durante en su comentario, que significan costos mucho mayores para las empresas de la economía subterránea, solo para llevar a cabo sus gestiones diarias.
 

Antes de que alguien salte diciendo que lo que hay que hacer es cerrar esas empresas “explotadoras” en la economía subterránea, tal vez pueda conmover su impertinencia el hecho de que así cuatro de cada diez trabajadores, tiene algún grado de ingresos para sus personas y sus familias, pues la alternativa sería la plena y abierta desocupación.
 

La consecuencia no prevista de esa decisión de los políticos es que disminuirá (o no crecerá tanto) la demanda de trabajo; en consecuencia, aumentará el desempleo abierto, en especial de trabajadores marginalmente productivos, poco calificados, como los recién ingresados al mercado de trabajo. Al encarecerse más la operación de las empresas que operan en la formalidad, impulsará la cantidad de firmas que operan en la informalidad. ¿Se dará el Armagedón que anticipa este comentarista? Siempre habrá posibilidades de empleo en la economía subterránea, pero no en las mismas condiciones que las del mercado formal; esto es, habrá empleo pero con salarios más bajos. Para muchos trabajadores, esa será su única opción.
 

Lo que puede considerarse como un objetivo deseable -una mejora de los trabajadores en su relación laboral- ante esa ley surgirán consecuencias no previstas por políticos que la aprobaron, también sorprendiendo negativamente a personas no familiarizadas con estos resultados no esperados, pero que sin duda terminarán observándolos. 

Jorge Corrales

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado odia la competencia

En especial cuando es competencia para gremios protegidos.  Resulta que el estado fija el precio mínimo y el máximo al cual se puede vender el arroz de esos privilegiados, además de impedir, con un arancel casi prohibicionista, que alguien pueda traerlo más barato desde el exterior y que pueda vendérselo a los consumidores a un precio menor que el que, por arbitrio, el gobierno decidió fijar.

Incluso cuando alguien paga los aranceles de ley y que, aun con ellos incorporados al precio, puede todavía venderlo a los consumidores a precios más bajos que los oficiales, el estado suele intervenir ante denuncias de que el producto importado no satisface otros requisitos, como que contenga ciertas vitaminas o que sea procesado en fábricas de su complacencia y cosas similares y, en especial, ante argumentos de que los bienes se compraron a precios internacionales de dumping. A la vez, cuando alguien pretende vender un producto cuyo precio es regulado; o sea, que lo vendería al mismo precio a como lo vende el productor protegido, pero haciéndolo atractivo al consumidor al darle “gratis” un producto adicional, el estado le prohíbe que lo pueda hacer. Esto es, un importador trae el producto regulado, paga los aranceles usualmente elevados para que no se pueda importar libremente y, aun cuando lo vende al precio oficial, ahora no puede darle al consumidor una regalía al comprar ese producto. El argumento del gobierno para impedir esa práctica es que viola la fijación de precios del grano y, ante ello, modificó el reglamento de fijación de precios para que, a partir del 4 de abril, se prohibiera tal comportamiento en el mercado de consumo de arroz.
 

Se me ocurre pensar que, si un importador le brinda una sonrisa al venderle el producto, si lo empaca en mejores bolsas, si lo vende en locales mejor acondicionados, si le facilita a usted su compra llevándoselo, por ejemplo, a su casa o bien entregándole un cupón para que participe en una rifa de un viaje a la Cochinchina, el protegido podrá argüir que esas prácticas van en contra de la competencia -competencia desleal, suelen llamarle, aunque la única lealtad que exhiben es para obligarle a usted a tener que comprarle sólo a ellos- y el estado actuará, en consecuencia, para prohibirlas.
 

Sabemos lo dañino que es el proteccionismo en el caso del arroz. Para fortuna nuestra, tal política está siendo seriamente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese privilegio ha permitido que haya una gigantesca transferencia de ingresos, de un pueblo que es medianamente pobre, hacia unos pocos poderosos y ricos productores nacionales de arroz. El bandeo, como se le llama a la práctica antes mencionada de dar un obsequio al consumidor, ciertamente facilita que el producto se venda más barato a los consumidores, aun cuando sea una práctica ineficiente, comparada con que una en donde hubiera libertad para vender el arroz importado más barato. Con el bandeo se “tiene” que llevar la regalía, pudiendo el consumidor estar mejor si no tuviera que llevarla -tal vez sin voluntariamente desearla- y simplemente si pudiera comprar más barato el producto. Pero, el estado no puede permitir que sus protegidos no prosigan explotando a los consumidores.
 

Así, no es de extrañar que el gremio protegido “presione” para que dicha práctica se frene y que el gobierno acceda a su petición.  Eso es esperable: por una parte, el beneficio para los relativamente pocos empresarios protegidos es sumamente elevado, en tanto que el costo para el consumidor es, para cada uno de ellos en particular, relativamente bajo (aunque no dude que, entre más pobres, el peso relativo es mayor, pues el arroz forma una parte más significativa de los presupuestos de los hogares pobres). Por otra parte, esa concentración del beneficio tan grande para unos pocos se da cambio de algo para los políticos que lo otorgan: tal vez un apoyo sustancial en procesos electorales; esto es, aportar a campañas en donde se reelijan a quienes otorgaron la protección.  Es un resultado esperable entre el costo del “apoyo” y el enorme beneficio que reciben los protegidos. Eso suele suceder en el proceso político de otorgar protección ante la competencia: un intercambio de “favores” o de “servicios”.
 

Lo único que acabaría con este problema es si se eliminan los aranceles proteccionistas, que haya libertad plena para competir, no sólo en el precio, sino en las diferentes características que suelen incorporarse en las transacciones libres de bienes entre personas. La distorsión en el mercado no es el “bandeo”, sino la práctica proteccionista del estado a grupos de privilegio en contra de los consumidores.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: informalidad y cargas sociales

El estudio que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recién realizó de Costa Rica, sacó a la luz un tema que considero es de los más relevantes de nuestra economía: la denominada informalidad o subterraneidad. De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de noviembre del 2105, titulado Encuesta Continua de Empleo: El Empleo Informal en Costa Rica, este “alcanzó al 45% de la población ocupada en el cuarto trimestre del 2014, sin embargo, este valor ha oscilado entre el 36% y 45% del tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2014, con una tendencia de aumento paulatino a partir del primer trimestre del 2012.” (P. 14). Es decir, a partir de tales datos acerca del empleo, existe en nuestra economía un importante sector laboral que labora en condiciones de informalidad (a veces llamado economía subterránea, aunque esto último puede interpretarse como que algo se oculta, lo cual no es enteramente exacto), además de que en los últimos años la informalidad ha mostrado un crecimiento constante.

En nuestra economía se presenta en las más diversas actividades.  Por ejemplo, en el sector vivienda, hay importantes aglomeraciones de tugurios en tierras invadidas.  Asimismo, en el sector comercio es frecuente observar las denominadas ventas ambulantes en las principales calles de la ciudad, además de ventas en vehículos estacionados en calles de zonas suburbanas de viviendas. También hay una industria informal, no sólo usualmente en productos de artesanía, sino también de confección y ropa, entre otros.  En el sector transporte es harto conocido el caso de los piratas ilegales. Y en el sector de los servicios abunda la informalidad en talleres mecánicos, reparación de techos, arreglos de cañerías, limpieza de zacate y similares, así como de servicios de alimentación, no solo en las calles, sino incluso en sitios concretos. Toda la economía está llena de actividades en el marco de la informalidad.

En esencia la informalidad surge por la ineficiencia de las llamadas leyes -mejor dicho la legislación- que se traducen en costos de la legalidad: acatarlas tiene un costo.  Entre estos hay un costo debido a la cantidad de tiempo que se debe dedicar para que una actividad logre ser formalizada, así como también en obtener la información necesaria que permita cumplir con la legislación y claramente a causa de los diversos pagos que se tienen que hacer dentro de ese marco de formalidad. La lógica es que, si el costo de cumplir con la formalidad es mayor que el beneficio que la persona obtiene de estar en ella, optará por escoger la opción de la informalidad.

Veamos algunos de esos costos típicos de la formalidad que se tiene para ciertas actividades. Por ejemplo, en la construcción suelen existir costos de visados de planos, permisos para construir, la exigencia de que se construya bajo supervisión profesional (usualmente de colegios de ingenieros). Son muchos los trámites requeridos para poder abrir un negocio que sea “legal”, desde cumplir con requisitos legales de llevar libros de contabilidad, a tener un representante legal, hasta cumplir con una serie de requisitos físicos, desde la ubicación hasta el tipo de instalaciones, sin olvidar la obtención de patentes, que son autorizaciones estatales a veces muy onerosas. En el caso del transporte, está la imposibilidad de adquirir una placa de taxi (excepto si se la compra a un tenedor de ella que está dispuesto a venderla a un costo elevadísimo), todo lo cual estimula que el servicio de taxi sea pirata; esto es, fuera de la legalidad. Sin agotar la lista, también es importante el pago de impuestos que sobre las utilidades tienen que hacer las empresas formales, así como el pago de cargas sociales, que no son más que un impuesto al factor trabajo, una parte pagada por el patrono y otra por el trabajador, y termino citando los costos de servicios públicos que en diversas ocasiones son ilegalmente evadidos o bien no cubiertos del todo (por ejemplo, recolección de basura o de alumbrado público).  

La Nación expone la posición de la OECD respecto a la informalidad en su edición del 22 de febrero, en el artículo titulado “OCDE asocia alta informalidad con elevadas cargas sociales: Fuertes contribuciones son principal obstáculo para la formalización, dice estudio sobre Costa Rica.” En él se señala, proveniente la información del último Informe del Estado de la Nación, que “por cada empresa formal, hay 1.4 semi-formales (que pagan patente, pero no cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social” y agrega “estos trabajadores (informales) generalmente no tienen seguro pagado por el empleador o su empresa no está registrada.” Sin duda que son trabajadores que no dispondrán de pensión a la hora de su retiro (excepto que logren lo que se llama pensión contributiva -usualmente baja- que da la Caja, lo cual expresa el obvio riesgo moral existente), además de no tener garantías laborales establecidas en la legislación pertinente.

De acuerdo con la OECD, los aportes en Costa Rica al sistema de seguridad social (CCSS) se dividen en un 26% de los salarios, que es aportado por los empleadores, y un  16%, por los trabajadores. El primer aporte está por encima del promedio de aquel de empleadores de los países miembros de la OECD, que es de alrededor de un 17%, mientras que el segundo -el aporte de los trabajadores- es casi igual que el promedio de los países miembros de la OECD, aproximadamente de un 10%. O sea, en total el aporte de contribuciones del país al seguro social es de un 36%, en tanto que el promedio de los países de la OECD es de aproximadamente un 27%.  El impuesto sobre el trabajo destinado a la seguridad social es mayor en nuestro país, que el promedio de las naciones de la OECD.

Aparte de que lo expuesto da lugar a una distorsión cual es que en un país, en donde es relativamente escaso el capital, se tiende a gravar el trabajo, que es el factor relativamente abundante, estimulando con ello un uso más intensivo del capital, en vez de la mano de obra, sino que también ocasiona que muchos negocios se vean impulsados a sumirse en la informalidad a fin de evitar tales cargas sociales. Sé que este puede no ser el factor único que impulse tal sistema de producción, pero creo, al igual que lo hace la OECD, que es un elemento importante para incentivar la informalidad.

Refiriéndose a un estudio realizado por el Instituto Libertad y Democracia del Perú, el jurista Enrique Ghersi, en su ensayo El Costo de la Legalidad, publicado por el Centro de Estudios Públicos de Chile, N. 30, 1988, expresa que los costos de permanecer en la formalidad, para una muestra de 50 pequeñas empresas industriales, “representan el 347.7% de sus utilidades después de impuestos y el 11.3% de sus costos de producción.” El 21.7% de los costos de permanencia “son tributarios; el 72.7% son laborales y burocráticos y el 5.6% restante, costos por uso de servicios públicos.”  Los costos tributario son menos importantes para definir su informalidad y “más bien los costos de origen laboral y burocrático (son) los que tienen incidencia definitiva en la legalidad de las actividades económicas.”(P. 96). No hay duda de que la informalidad en cada nación difiere en lo específico de la de otros países, pero aquí hay una pista clara de que en nuestro país, tal como lo da a entender la OECD, las altas cargas sociales podrían constituir un estímulo importante para incentivar que las empresas se suman en la informalidad.

La OECD sugiere, “además de reducir los costos laborales no salariales,”… “simplificar las políticas del mercado laboral, mejorar la capacitación y la educación, fortalecer el cumplimiento y adaptar los trámites de registro a las necesidades de pequeños y medianos productores", pero creo que, si no se llega directamente a reducir los altos costos impuestos por cargas sociales que hoy se cobran sobre el factor trabajo, continuará el incentivo hacia la informalidad. Es verdad que éste puede no ser el único factor que inclina hacia la informalidad, pero no parece haber duda de su significancia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar a la fuerza

Autoridades estatales harán un tercer esfuerzo por obligar aún más a los costarricenses a que ahorren a la fuerza, algo que ya hoy también compulsivamente se ven obligados a hacer. Parece que a esos funcionarios no les parece suficiente con que el ahorro sea forzado a estar congelado por cinco años, como sucede en la actualidad, para convertirlo en un ahorro eterno, excepto cuando la persona se pensiona o pierde el trabajo. Esto es, se pretende convertir aquel ahorro en un fondo para cuando se pierda el empleo o cuando se deja de trabajar para pensionarse. ¿Verdad que suena muy bonito? Pero analicemos el tema con mayor profundidad.

Costa Rica es una nación en donde el ahorro bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, anda por allí de un 16.7%, de acuerdo con datos para el 2014 de Economy Watch, provenientes del Fondo Monetario Internacional.  Puede pensarse conveniente aumentar dicho porcentaje de ahorro  y que se dirija a la inversión. Aquella cifra contrasta con el 32.6% en lo que se denomina “economías emergentes y en desarrollo” y con el 25.2% mundial. Incluso es un porcentaje inferior al de las economías avanzadas (un 20.4%), al del grupo de naciones llamado G7 (con un 18.8%) y al de los Estados Unidos y el del Hemisferio Occidental (ambos con una tasa de 17.3%). Y no se diga con respecto a China, que ahorra un 49.5% de su Producto Interno Bruto.

Comparativamente con Centroamérica no estamos tan mal (Nicaragua, 7.7%; El Salvador, 8.3%; Guatemala, 12.2% y Honduras, 16.8%; no así comparado con el 19% de Panamá), pero a veces algunos piensan que la solución a nuestro ahorro posiblemente bajo, como porcentaje del PIB, radica en obligar a los ciudadanos del país a que ahorren, tal como ahora lo hacen con su propuesta para transformar al ahorro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL)  en algo permanente. La razón que se alega para dicha proposición es que los ciudadanos retiran, muchos de ellos, sus ahorros cuando vence el plazo de ley de cinco años. Creen que se debe reforzar la naturaleza obligatoria actual del ahorro de los trabajadores. Yo me permito diferir de la propuesta por varias razones.

La primera es que me cuestiono si es una virtud que el ahorro se logre forjar compulsiva y no voluntariamente.  Tal presunción asume una sabiduría del gobernante por encima de la capacidad de la persona, en cuanto a lo que debe de hacer con sus ingresos.  La mejor prueba de la preferencia revelada de los ciudadanos es que retiran una parte significativa de esos ahorros cuando se da el vencimiento a los cinco años. Puede deberse a algo que, ridiculizando tal conducta, señala el actual director de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), señor Álvaro Ramos, cuando dice que “Digamos que la persona retira el FCL, que es su derecho, va y se compra una pantalla plana y al mes lo despiden y ya no tiene ningún ahorro. Esa es la parte que nos incomoda en la SUPEN.” Tal manifestación aparece en un comentario de La Nación del 12 de diciembre, bajo el título “SUPEN plantea anular el retiro de dinero cada 5 años del FCL: Fondo de Capitalización Laboral solo se podrá sacar cuando el trabajador renuncie o sea despedido.” 

Si la persona elige pedir sus ahorros para consumirlos y no para invertirlos, lo hace porque así lo prefiere. Pero el burócrata lo que ahora pretende es exigirle que lo ahorre, independientemente de la preferencia de los legítimos dueños de esos fondos. Ni siquiera cuando ellos piensan invertirlos en algo productivo (no ya gastarlos en la icónica “pantalla plana””, que tal vez sólo debería ser adquirida por los ricos, en criterio del señor de la SUPEN). La prohibición que busca la burocracia es que las personas ahora tampoco puedan solicitar sus ahorros para realizar una inversión propia. Lo que el estado paternalista hace es obligar a la persona usar esos recursos en caso de que pierda el empleo o que se pensione, cercenándole su libertad para escoger usarlos en otra cosa, ya sea en consumo o en inversión.

La gran paradoja es que el estado pretende exigir a la persona un ahorro forzoso casi durante toda su vida laboral, pero ejemplarmente la conducta del estado de tiempos recientes ha sido la de un exceso de gastos por encima de sus ingresos. Esto es, el estado presenta un desahorro claro: su ya bien conocido déficit. Incluso, como paradoja a la pretensión citada de obligar a los trabajadores a que por tiempo indefinido mantengan sus ahorros en el FCL, en estos momentos, ese mismo estado nos quiere sorprender con un aumento casi al doble de los actuales impuestos sobre nuestro ahorro financiero. Ello no creo que precisamente vaya a estimular el ahorro de los ciudadanos.

Tampoco quiero pensar que estamos en camino de algo parecido a lo que sucedió en Argentina, hace algunos años, cuando el estado simplemente se apropió de los ahorros de los ciudadanos, mediante el famoso corralito. Recordemos que los ahorros de las personas no pudieron ser retirados libremente a la vista -en nuestro caso de referencia hoy lo sería a los 5 años de haberse mantenidos- sino que estuvieron congelados por un año. ¡Y aquí pretenden congelarlos casi por toda la vida laboral de los trabajadores!

Mi segunda preocupación es si esta retención mayor en el tiempo de los ahorros de los ciudadanos -que han cotizado ellos y sus patronos para el FCL- no estimulará el crecimiento de contrataciones laborales subterráneas en nuestra economía informal.  Los trabajadores posiblemente preferirían que su pago del ingreso por salarios sea pleno, en vez de tener que dedicar una parte a un ahorro que sólo lo verá si queda desocupado o si se pensiona.  El punto es que, si el trabajador prefiere tal ahorro para disponer de él en caso de despido o de pensionarse, debería existir un mecanismo o instrumento que voluntariamente le permita forjar tal ahorro. No es obligarlo contra su voluntad a no disponer de esos ahorros que han provenido de su trabajo, sino cuando el estado se lo determina (pérdida de empleo o pensión). Por ello, el trabajador, con esta medida propuesta, podría preferir que su salario fuera obtenido en el marco de la informalidad, en donde no habría retención alguna, sino que sería percibido plenamente.

Era de esperar que las hoy existentes seis operadoras de pensiones complementarias (OPCs) se pusieran muy contentas, apoyando la idea de la Superintendencia: simplemente las OPCs viven de la comisión de administración que cobran a los ahorrantes por dicho fondos.  Obviamente, prefieren que, en vez de tener que devolver una parte sustancial del ahorro de los trabajadores cada 5 años, no tengan que devolverlo nunca, excepto cuando el trabajador se pensiona o cuando pierde su empleo. Así, su negocio sería aún mayor, aunque probablemente no sería tan buen  “negocio” para el ahorrante, pues parece preferir disponer de la liquidez de esos fondos cuando verdaderamente los necesita. 

La decisión de ahorrar para una pensión mayor o para cuando se queda desocupado, debe ser propia de quien pone los fondos, de su dueño real, no de quien los administra y menos de quien simplemente los obliga a ceder su salario actual por uno en un futuro indefinido y circunstancial. Si el trabajador prefiere que esos fondos sirvan para su retiro o para cuando se queda sin trabajo, pues, entonces, no retiraría esos fondos al final de los 5 años que hoy le permite la ley, sino que estaría dispuesto a dejarlos allí en el FCL (asumiendo que el rendimiento que puede obtener con tales fondos en el FCL es superior al de otras alternativas fácilmente disponibles en el mercado). 

Creo que mucho de lo que impulsa a las autoridades para formular propuestas como la de referencia, es la creencia de que la gente no sabe mejor que ellos -los gobernantes- cómo es que el trabajador, la persona, debe usar sus ingresos, su consumo y sus ahorros e inversiones propias. Para resolver esa “incapacidad” de los trabajadores, lo que entonces se requiere es que el estado los obligue a seguir una conducta específica, obligada. Este caso puede ser un buen ejemplo de lo que Friedrich Hayek denominó la arrogancia fatal: la creencia de que, por medio del cálculo racional y de la voluntad política, una sociedad puede diseñarse en formas tales que mejorarán significativamente la condición del hombre. Hayek expuso que “el problema práctico… surge precisamente porque estos hechos nunca son dados a una mente única y, en consecuencia, es necesario, para la solución del problema, que el conocimiento que debe usarse está disperso entre mucha gente.” [Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society]. El conocimiento no le es dado a nadie en su totalidad, como a veces el burócrata y sus ensalzadores lo creen, aunque no pasa de ser simple arrogancia y un grave daño a los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: depende de qué tipo de control

En mucha ocasiones es importante definir cuál es el tipo de control que se pretende lograr de la acción de una entidad, a fin de considerar si es conveniente. Trataré de un caso concreto, que fue objeto de un artículo en La Nación titulado “Acueductos rurales del país operan en completo descontrol: Entes privados administran el 25% del agua del país, mas no hay registro de sus servicios.”

Francamente el que una entidad no lleve registro de los servicios que llevan a cabo ciertas entidades privadas, nos debe de tener sin cuidado, pues nada nos está garantizando que, lo que pretende esa entidad, es lo más conveniente para los intereses de los usuarios finales, los consumidores.  Ese es el primer matiz que le doy a mi comentario: Todo depende de si se sabe, tal vez de previo, para qué es que se quiere implantar un control de parte del estado, y así evaluar si el control pretendido es deseable. O sea, ¿qué se pretende con el “control”?

Un subtítulo de ese artículo dice: “Estado ignora el número de clientes y las tarifas de 1.500 sistema comunales”. Si eso es así, tal vez lo mejor es como están las cosas. Imagínese que la burocracia centralizada quiera saber cuántos clientes hay para hacerles la vida más infeliz. Además de que se dependa de un ente extraño para los ciudadanos, ubicado por allá en Pavas, bien lejos de la comunidad que sí está cerca del servicio. Mejor que, entonces, no sepa aquellas cosas. También podría ser que al ente central no le parecen las tarifas que por el servicio de agua se cobran en las comunidades, ya sea porque son muy elevadas, según su criterio, o bien porque son bajas en comparación a lo que cobra el ente central. Puede ser que lo que pretende es acabar con una actividad rentable y apropiada que puede brindar un servicio de la comunidad; esto es, acabar con la competencia. Así que, hay que andar con mucho cuidado: el centralismo puede resultarle muy caro a quien adquiere un servicio en su comunidad, el cual le satisface en cuanto a calidad y precio.
 

La pretensión del estado la puede reflejar la opinión de un funcionario de la ARESEP, quien expresa que “el desorden y la falta de armonía entre esos entes privados y el Gobierno ha hecho que el 40% de los acueductos opere ilegalmente sin haber firmado el convenio de delegación con el AyA.” Pregunto ¿por qué tiene que ser “armoniosa la relación entre una parte privada y el estado?  Puede ser de sana independencia, hasta de indiferencia y, si a alguien se le ocurre, también puede ser de “dejadme hacer, dejadme pasar,” como tantos han clamado en el pasado. Ese 40% sobre el cual el estado pretende concentrar información acerca de la calidad del servicio, son 28 acueductos municipales en operación, en conjunto con las asociaciones administradoras de acueductos rurales, mejor conocidas como ASADAS.
 

Alguien podrá señalarme, no sin cierta razón, que AyA es un órgano técnico especializado en el servicio de agua, mientras que esos entes privados no brindan la mejor calidad de un producto.  Eso puede ser cierto, pero también hay que entender que tener una mejor calidad de algo puede requerir un mayor precio y, por tanto, el consumidor, libre y soberanamente, puede preferir tener una menor calidad pero a un menor precio. Asimismo, alguien podrá señalarme que AyA es muy eficiente en comparación con la producción de las ASADAS y municipios, pero en esto también me salta una seria duda, cual es el enorme desperdicio de agua que hay en la provisión que, a gran parte del país, nos brinda el AyA, así como también inquieta la muy elevada tarifa que se nos ha cobrado en los últimos años, lo cual, sin duda, ha afectado principalmente al presupuesto de los hogares de ingresos medios.
 

En apariencia el problema del manejo del servicio de agua de parte de las comunidades radica en dos partes.  Primera, que la calidad de esa agua es inferior a la que brinda el AyA. Pero aquí debe tomarse en cuenta aquella relación que expuse entre calidad y precio, aunque, en este caso, señala el periódico que, de acuerdo con la ARESEP, la “debilidad más frecuente [de las ASADAS] es la cloración inadecuada.” Aceptemos que, en principio, clorar el agua es deseable y que la no cloración da lugar a que se presenten enfermedades bacterianas y virales que contagian a otras personas distintas de las que toman agua no clorada (en el lenguaje de los economistas, que hay una importante externalidad negativa por ese suministro de agua no clorada). Pero tal situación no es razón necesaria ni suficiente para que las ASADAS y los servicios municipales de agua dejen de existir como tales. Para esta circunstancia, más bien pensaría en un programa conjunto de asistencia técnica del mayor ente gubernamental en asuntos de aguas, el AyA, con las entidades locales, en cuanto a la conveniencia de que los ciudadanos puedan contar con agua clorada. Y punto; nada más.
 

El otro tema argüido para tratar de cierta manera de obligar a cierta conducta de las ASADAS y las municipalidades, es que las administraciones de éstas son un desorden.  Eso puede ser así: después de todo, esos servicios municipales y las ASADAS suelen brindarlos en áreas relativamente remotas, probablemente con gente que no es de la más preparada técnicamente, usualmente a causa de disponer de menores recursos y de tener poca preparación en lides burocráticas. Pero no es razón para creer que el resultado sería mejor si se les sujeta a un reglamente que puede alterar la independencia de una empresa privada, como lo es la ASADA, ni tampoco de un gobierno de un nivel “inferior” al del centralizado AyA.
 

De nuevo, si hay tal vacío de calidad administrativa, ¿por qué no ofrecerle a las ASADAS y a los municipios un acuerdo para trasmitir la técnica mejor que supuestamente posee AyA? Las partes, hablando, se entienden. No puede ser algo unilateral, sino de beneficio mutuo.

Hay una cosa importante que se debe tener presente: la competencia beneficia a los consumidores.  Si, por ejemplo, AyA ofrece un mejor servicio (digamos con un mejor tratamiento y con cloración) y que tal vez tenga un precio aceptable para los consumidores actuales del servicio privado de las ASADAS y de las Municipalidades, no dudo que gente pueda decidirse por aquello que le ofrezca la mejor relación precio-calidad y oportunidad o permanencia del servicio: la gente no es tonta; podrá no saber de administración profesional, pero suele saber, tanto como cualquiera de nosotros, qué es lo que les conviene. La gente lo que debe de tener siempre es la opción de poder escoger y así “votar” con su consumo qué es lo que prefieren ellos y no un burócrata que posiblemente conoce menos que la totalidad del mercado.
 

Cuando hablo de competencia, me llama la atención que, en estos momentos, está en discusión legislativa “un proyecto de ley para permitirles a las cooperativas vender agua y asumir las ASADAS que no dan la talla.” Es absolutamente un ridículo que actualmente exista tal prohibición: la regla debe ser permitir todo, y que se prohíba lo estrictamente necesario. ¿Por qué razón no pueden ser una competencia para el AyA? ¿Por qué prohibirle a las empresas cooperativas, al igual que las ASADAS, que son empresas privadas, que cualquiera otra empresa privada pueda servirle a los consumidores? ¿Por qué sólo un estado centralizador puede brindar ese servicio? Es más, ¿por qué evitar el acicate de la competencia que obligue al AyA a innovar en sus prácticas?
 

Por eso es que entiendo la posición del señor Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (UNAGUAS), del cantón de Grecia, al señalar que “el sector nunca ha aprobado el reglamento de ASADAS (vigente desde el 2005), pues es abusivo, les limita, controla y los ‘trata’ como entes públicos”, que no lo son.  Ese reglamento lo elaboró el AyA y gran parte del problema es que pretenda su imposición a los otros entes que suplen de agua al país. Me parece que hay conciencia en que estos obtengan asesoría administrativa y técnica, pero a su vez que tienen razón en clamar por tener un espacio para sus decisiones y no la sujeción a un ente centralizador. La competencia debe siempre ser bienvenida, Ojalá que las cosas mejoren para bien de los usuarios, los consumidores, que son quienes importan y no las burocracias, estén donde estén.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: emprendedores y economía subterránea

Inicialmente el tema en particular me interesó, cuando leí en La Nación del 29 de julio un comentario bajo el nombre de “Cuarta parte de los hogares tiene pequeños negocios: INEC presentó resultados de encuesta hecha en el 2014.” Empecé a buscar la información correspondiente y pude leer tanto lo que al respecto publicó el gobierno de la República, como el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El hecho es que me encuentro confundido, pues la información periodística que divulgó el INEC habla de que, “Según datos de (la) Encuesta Nacional de Hogares Productores, en el país existen cerca de 340 mil emprendedores. El INEC ofrece (los) primeros resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Productores, un nuevo proyecto estadístico que recolectó información sobre los emprendimientos o actividades productivas que realizan las personas que trabajan en forma independiente.”

Igualmente, el gobierno de la República encabezó su publicación oficial acerca del tema con un contundente “En el país existen cerca de 340 mil emprendedores.” Pero, en ambos casos, la información se refiere a “trabajadores independientes (o emprendedores) en la producción nacional.”  De ninguna manera considero que sea lo mismo un trabajador independiente que un emprendedor, en los términos en que se hace la equivalencia en esas dos referencias.  Un emprendedor puede ser cualquier persona, ya sea de manera individual o por medio de una empresa, en conjunto con otras, la cual monta una actividad económica.  Como bien lo dice el diccionario de la Real Academia, emprendedor es el “Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas.” Así, tan emprendedor es Bill Gates, como Microsoft o un grupo de amigos que montan un negocio de cualquier tipo.  No entiendo, entonces, ¿por qué se considera tanto en la oficialidad del INEC como en el gobierno de la República, que “emprendedor” es tan sólo un pequeño negocio que no está formalmente constituido? Emprendedor es el empresario de INTEL que decidió invertir en Costa Rica, al menos por un rato, como lo es un paisa que sale a vender chayotes en la avenida segunda o como, imaginémonos, cuando mi apreciado amigo, don Juan Diego Trejos, investigador connotado del Instituto de Investigaciones Económicos de la UCR, decide montar una empresa de investigaciones económicas. Todos estos son emprendedores, aunque posiblemente INTEL, así como don Juan Diego, probablemente organicen sus negocios dentro de la formalidad jurídica del país, en tanto que aquel paisa (como tantos otros ticos) lo hace fuera de la formalidad jurídica, que cubre a las empresas en el país. 

Cuando uno lee en La Nación que en el país, en el 2014, hay “unos 340.000 emprendedores”, en realidad a lo que posiblemente se refieren, no es a que haya 340.000 ciudadanos (individualmente o por medio de alguna forma de empresa: sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativa, etcétera), los que están emprendiendo “con resolución acciones dificultosas o azarosas,” sino a personas, empresarios independientes o pequeños empresarios, que no están formalmente constituidos. Esto es, que operan en lo que se suele llamar la economía subterránea; la informalidad.

¿Por qué es importante hacer esta aclaración?  Porque se debe entender claramente la dimensión de la economía informal en nuestro país, pues, si bien son emprendedores, no son los únicos que existen en nuestra economía como tales.  La diferencia es que hay emprendedores que lo hacen en el marco de la formalidad, cumpliendo con todos los registros legales o formales, tales como estar inscritos en instancias públicas, tener contabilidad formal y salarios definidos contractualmente, (entre otras cosas, como pagar impuestos o estar sujetos a regulaciones y controles estatales), en tanto que hay otros que también lo son, a pesar de que lo hacen dentro de lo que suele llamarse la informalidad (como puede ser la ausencia de cumplimiento con aquellas tres características citadas, por ejemplo).
Esos 340.000 son los emprendedores que trabajan en la informalidad y, como bien lo señala el economista Trejos de la UCR, “constituyen un sector productivo importante”, en lo cual concuerdo plenamente.  Es más, aparentemente esta estimación del INEC en el 2013-2014 es la primera vez que se efectúa y se publica recientemente en el 2015, lo cual nos impide comparar la evolución de ese empresariado informal.  Lástima, porque me temo que se está dando un crecimiento de la economía informal a la luz de la seria situación de desempleo (de alrededor de un 10%) y de subempleo (de un 13.5% en el segundo trimestre del 2015) que azotan a nuestro país.

Es crucial entender ¿por qué surgen esos negocios subterráneos?, pues, como bien lo indica el periódico, “estas actividades se desarrollan en establecimientos, negocios, fincas, en la calle o dentro de las mismas viviendas”. Todos muestran las características -de ahí su informalidad- de que “no están inscritos en las instancias públicas, no tienen contabilidad formal o no tienen salario fijo por el trabajo que cumplen en el negocio, sino que el ingreso es la ganancia por la actividad que realizan (como) explicó Annia Chaves, coordinadora de la encuesta” del INEC. Observen que no cumplen con esas características, porque, de hacerlo, les implica tener altos costos (por ejemplo, patentes, abogados, escrituras, contadores, llevar libros, pagar impuestos al salario, cargas sociales, o a la renta personal, permisos, controles, regulaciones, etcétera), por lo cual prefieren evitarlos, escogiendo la economía subterránea.  El costo de la formalidad es muy alto para esos “emprendedores” y escogen eludirlos al operar como empresarios de la economía informal.

Uno podría inclinarse a pensar que, al evitar todos esos costos de la formalidad, el empresario de la economía subterránea viviría en el mejor de los mundos. Pero ciertamente la cuestión no es tal: la informalidad implica una serie de costos que son, al menos algunos, reseñados por el mismo estudio del INEC.  Debe tenerse presente que dicho estudio no busca explicar las razones por las cuales ese empresariado escogió operar desde la informalidad, como sí se hace en análisis realizados en otros países, como en el Perú. Pero, al menos lo que expresan los entrevistados en la encuesta del INEC, nos dan alguna idea, cuando señalan las mayores dificultades que enfrentan para mantenerse en el mercado o para poder crecer económicamente

Es así como el 41.2% de los encuestados empresarios de la economía subterránea, señaló dificultades para tener acceso a préstamos (el 79.5% indicó que no solicitan préstamos); un 19.5% indicó dificultades para diversificar productos o servicios; un 16% señaló la falta de acceso a capacitación y un 14.6% dijo tener problemas con los difíciles trámites en instituciones gubernamentales, entre los principales factores expuestos.

Es esencial darse cuenta de la importancia que tiene ese sector informal en nuestra economía (se ha señalado que esos “empresarios informales” generan empleo para 540.000 personas, que podría aproximarse a un 30% del empleo nacional, como apuntó el economista Trejos), aunque son “actividades de baja productividad”, como suele ser lo propio de ese tipo de empresas. Lo importante del estudio del INEC es que se empieza a valorar lo que está sucediendo en el importante sector de nuestra economía que opera en la subterraneidad.  Desde ya se vislumbra que es un sector significativo y que la solución no va a estar en que el gobierno tome medidas para obligar a los emprendedores que están en la informalidad, a que formalicen sus operaciones, sino más bien en disminuir costos que ahora constituyen el obstáculo económico que las impulsa a sumirse en la economía subterránea.  Precisamente bajar costos que son impuestos por ese mismo estado ineficiente.

 
Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: liquidando la educación universitaria privada

Tanto periodistas de Telenoticias, así como de La Nación ya nos han avisado, no sin cierta aprobación y más notoriamente en el noticiero televisado, acerca de este nuevo proyecto dirigista y controlista que nos están preparando las autoridades gubernamentales. (Ver en la edición del 18 de marzo de La Nación el titular “MEP urge controlar costo de trámites en ‘U’ privadas: Alista proyecto de ley para ejercer mayor control sobre educación superior”).

Lo cierto es que detrás de ese objetivo hay una gran falacia, cual es que, tal como se dice en el encabezado de La Nación, se busca “ejercer mayor control sobre educación superior”. Pero la verdad es que esa pretensión no es “sobre la educación superior”, sino tan sólo sobre aquélla que brindan las universidades privadas del país. No resulta serlo para la universitaria estatal, que es también parte de esa “educación superior”. El embuste radica en señalar la variación de costes que hay entre diversas universidades privadas, las cuales cobran por servicios, tales como los costos de los cursos, de la matrícula, “todos los cánones, derechos o tasas que las universidades cobren a sus estudiantes,” como señala el artículo periodístico. Destaco “entre” universidades privadas y que no se dice absolutamente nada acerca de las públicas.

Empiezo por señalar que, en lo que se refiere a una prestación privada de cualquier bien o servicio que sea, definir los costos de las actividades resulta ser crucial para que la firma pueda obtener ganancias –esto es, cobrando al menos lo que cuestan las cosas. En caso contrario, el ente que provee esos servicios o produce tales bienes terminaría en quiebra. Este es el verdadero punto que está detrás del manoseo pretendido por el MEP, parte formal del estado costarricense. ¿Acaso ustedes saben cuál es el verdadero costo de todos esos servicios que a su vez brindan las universidades estatales? Digo y subrayo verdadero, porque resulta que son costos en que la sociedad incurre como un todo, pero no quienes no pagan por ellos lo que verdaderamente cuestan. Eso es posible, debido a que las universidades estatales perciben un jugoso subsidio multimillonario de parte del estado -por supuesto que con platas pagadas por toda la ciudadanía- lo cual les permite no cobrar a los estudiantes el verdadero costo de las cosas. Las universidades privadas no reciben tales subsidios, de manera que, la única forma que tienen para recuperar esos costos y con ello tener éxito en su operación económico-financiera, es cobrando por los servicios que brinda a quienes los utilizan. ¿Está clara la diferencia?

Pero aún hay más, ni siquiera se tienen esos costos individualizados en el caso de las universidades estatales. Cuando se sacan en los medios los pagos que hay que hacer por los servicios que reciben los estudiantes en las universidades privadas, es porque los montos son conocidos, pero yo pregunto: ¿y cuánto es lo que verdaderamente cuestan esos mismos servicios en las universidades públicas? Ya vimos que no sirve comparar el precio que el estudiante debe pagar en ellas, porque su precio está subsidiado, pero también se debe a que las universidades estatales no tienen ni idea de cuánto cuesta en verdad, en realidad, en cuanto al uso de recursos escasos, esos servicios que dan. La universidad estatal no depende de un estado financiero que compare los ingresos provenientes de matrículas, cursos, tasas, etcétera, con el costo de las cosas, sino de cuánta plata le da anualmente el estado como subsidio; por ello, no es de interés individualizar los costos de los diversos servicios que brinda. ¿Está clara la diferencia? 

Algo tiene de bueno la información que han diseminado La Nación y Telenoticias (y agrego que con posterioridad el de Repretel): se le alerta al estudiante de que hay diferencias de costos para los distintos servicios que brindan las múltiples universidades privadas. Ello podría inducirlo a que, dada la calidad de cada una de ellas, de la oferta que se brinda acerca de lo que se desea estudiar, de la proximidad física, de la disponibilidad de horarios, entre otras variables, el estudiante busque ingresar a aquella universidad que, por lo que recibe, cobra menos. Eso es elemental, ¿verdad?

Pero ¿qué podría pasar si el MEP divulga los verdaderos costos de las universidades estatales -no los falsos por insuficientes que se les cobran a los estudiantes- y resultan que efectivamente estos salen más bajos que los comparativos de las universidades privadas? Todo lo demás constante, me diría que entonces el alumno preferiría estudiar en las universidades estatales, pero enfrentará un pequeño pero importante problemita: en muchas de las carreras que se ofrecen en la universidades públicas -posiblemente por el falso abaratamiento debido a los subsidios- encontrará un exceso de demanda, que, en sencillo, quiere decir que “no hay cupo”. Eso lo obliga a irse -todo lo demás constante- a buscar estudiar en una universidad privada. (Y con mayor razón si no se da ese hipotético costo real menor de los servicios en las universidades públicas). Me explico: no encontrarán campo, pues en las públicas ya están agotados.

De paso, para que tengan una idea del rol que hoy desempeñan las universidades privadas en la educación superior del país, con gusto transmito lo que La Nación del 8 de abril, en su artículo “’U’ privadas culpan a Conesup de las carreras sin actualizar”, señala: “Hay 195.364 estudiantes matriculados en la educación superior: 51.8% de ellos en la privada y 48.2% en la pública.” 

La situación no termina aquí. Es un hecho que las universidades privadas del país satisfacen una demanda de educación universitaria que no es satisfecha a plenitud por la oferta de educación universitaria gubernamental (los números citados en el párrafo inmediato anterior así parecen confirmarlo). Si, como pretenden las acciones del MEP expuestas, se restringen de forma artificial los ingresos de las universidades privadas, éstas no crecerán tanto y más bien reducirán su oferta. Ante esto, habría que ver qué hace el gobierno, a fin de poder acomodar al montón de estudiantes, que ahora no podrán proseguir la carrera universitaria que desean en las universidades públicas, pues en ellas “ya se acabaron los cupos”. 

Dejémonos de cuentos. El MEP usa pretextos para atacar a las universidades privadas, pues emplea argumentos que no aplica en igualdad de condiciones a las universidades públicas. Eso me hace pensar en que este gobierno podría estar buscando afectar financieramente a la educación universitaria privada, lo que eventualmente podría devenir en una restauración del monopolio estatal de la educación superior. Y aunque aquel no fuera el objetivo del MEP, pues no estoy totalmente claro en si se trata de un esfuerzo consciente, los resultados de las políticas que al respecto está promoviendo, derivarán en lo que he estado mencionando; esto es, da lo mismo cuál sea su verdadero propósito. ¡Vamos pa’tras como el cangrejo!

Tal vez poner un pequeño ejemplo que tiene que ver -hipotéticamente estoy hablando- con la televisión nacional (y aplicable también a los periódicos), podría lograr la debida e inteligente atención de los medios que he venido citando.  Supóngase que, en aras de la importancia que tiene para la sociedad la información que brindan esos medios (un interés nacional; el verdadero servicio que podrían dar a la democracia; una garantía al verdadero derecho de ser informado, entre otra cháchara), se quiera evitar cobros exagerados e indebidos (traducidos en ganancias impropias) en ciertos medios. El órgano regulador, que en el otro caso es el MEP, digamos que es ahora el Ministerio de Información (que con ese nombre ya no existe) o la SUTEL o el MICITT o algo parecido, decide poner a disposición del público cuánto es lo que por un minuto de publicidad cobra la televisora A, cuánto la B y cuanto la C (olvídese de la D, que es oficial). Esta es la información que, al ser pagada a las televisoras, permite que los noticieros operen. Y el órgano regulador agrega luego que los medios caros, digamos A y B, deben cobrar lo mismo que C. ¿Les parece bien eso?   

Pues si lo fuere, que los periodistas de A y B empiecen a buscar otro brete, porque las empresas en que trabajan van a tener pérdidas o menores ganancias y, por ende, reinvertirán menos y también crecerán menos. Si el estado fija los ingresos, y los costos en que incurren esas televisoras permanecen iguales, los estados financieros y la rentabilidad de la empresa reflejarán tal situación. En tanto D, que es estatal, recibe un subsidio tal que no le importa lo que pase, pues sus clientes siempre pagarán lo mismo por hacer publicidad allí -posiblemente a un costo subsidiado. 

Me duele que el MEP pretenda timar a los estudiantes, porque tras un falaz “derecho” que alega la ministra, con esos costos fijados por el estado en las universidades estatales no tendrán la opción de educarse en las universidades privadas: de nada vale tener un precio fijado, cuando no se encuentra, a ese precio, el bien o servicio al cual el estado le fijó un monto máximo. Buscarán ir a estudiar a la universidad pública, pero… no habrá campo suficiente para que ellos ingresen… tal como es la experiencia en la actualidad.

Parece ser práctica de este gobierno proponer proyectos de ley y someterlos a la consulta de los ciudadanos y de los interesados; por ello, a los que se pretende manipular, les recuerdo la importancia de tener siempre presentes los resultados no previstos de ciertas decisiones. Si se fija el precio de un bien o servicio por parte del estado, disminuirá su cantidad ofrecida en los mercados, lo cual hará que se tenga que buscar dicho servicio o producto entre los oferentes gubernamentales, presuntamente al precio fijado por ley o el menor subsidiado. Si desde ahora no hay cupos, no esperen el milagro bíblico de los peces y de los panes: más bien se cerrarán universidades privadas y no aumentará la oferta de las universidades públicas. El surgimiento de los resultados no previstos es el verdadero precio que usualmente nos hace pagar la demagogia populista, la de un estado que, con lo que pretende, lograría monopolizar plenamente nuestra educación universitaria. ¿Quedó claro?

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: déjennos algo

El repaso a de fin de año de lo acaecido en nuestro país nos deja complicados, tristes y con la idea de que somos vilmente despojados de nuestros derechos y libertades.

El año de ha sido pésimo para la economía costarricense. Ello repercute en consecuencias directas, pues implica menos puestos de trabajo, gran presión fiscal para quitarnos lo nuestro (ingresos, dinero, ahorro y posibilidades de usar lo que ha sido bien ganado), mayor peso y volumen de una maquinaria estatal  que ha demostrado fehacientemente ser muy inútil y descaradamente chambona, menos estímulos para que haya inversión y, por supuesto, futuro lleno de nubarrones.

Si consideramos algunas determinantes acciones públicas, entonces el panorama pinta peor.  Se enterró la posibilidad de más aprovechamiento de la geotermia como productora de energía, se hizo de lado el proyecto de ley de contingencia eléctrica,  se retiraron vetos consolidados y se han pospuesto vías urgentes y necesarias para mejorar la situación del país y, para colmo de males, se ha tramitado un presupuesto exageradamente deficitario y por las vías más impropias para su aprobación. Además, los regímenes de pensiones, todos y especialmente los privilegiados, se sumen en problemas y complicaciones, con más presión sobre las finanzas públicas. 

Ante tan desequilibrado horizonte, sería justo que nos dejaran algo, la posibilidad de no tener que depender de los odiosos monopolios y vías públicas que nos complican. La posibilidad de generar nuestra propia energía, tener nuestros propios seguros, usar nuestro dinero para hacer vías, no tener que comprarle a Recope y tener la posibilidad de tener nuestro dinero para educar a nuestros hijos.

Hay una parte de la sociedad que, vía inconstitucional, se ha apropiado de todo y a través de monopolios, privilegios, gollerías, pensiones privilegiadas y demás ventajas exorbitantes se ha arrecostado al resto de los costarricenses. No podemos avanzar con el fardo de un Estado malo, inútil y costoso que no solo no progresa en buena línea sino que quiere más impuestos, más trámites y más regulaciones. 

Nunca en la historia el Estado ha sido tan caro y tan malo a la vez. 

Déjennos algo de libertad, algo de oportunidad, posibilidades de pulsearlo o, como dice la gente, “pellejearla” a fin de salir adelante.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: al final, unos ganan más y el resto está más pobre

Es evidente que en nuestro país la lucha contra la pobreza ha fracasado. El fracaso es indiscutible y va relacionado directamente con el mismo crecimiento del Estado y de los presupuestos públicos.

Un fotografía al estilo de antes, una instantánea, revelaría el quid del tema: mayores presupuestos públicos complican el funcionamiento de la sociedad y de la economía, mayores presupuestos públicos concitan a los buscadores de rentas a vivir del Estado, mayores presupuestos públicos son un lastre para la sociedad, mayores presupuestos públicos no significan mejor desempeño social ni mejor desempeño estatal, mayores presupuestos públicos no implican menos pobreza sino más empleados públicos viviendo del tema de la pobreza. ¡Es un hecho!

Más dinero quitado a la sociedad, más impuestos, más coacción, más dinero gastado, más aparato público, más Estado no implican per se menos pobreza ni mejor desempeño. Todo lo contrario. Los números dicen que estamos peor, más mal, más pobres y más complicados. Y los números… desdichadamente no mienten, aunque las estadísticas le duelan a mucha gente.

Nos han engañado en una apuesta perdida: darle más dinero al Estado para combatir la pobreza, darle más dinero al Estado para mejorar la educación, darle más dinero al Estado… más dinero… más dinero. Al final, unos ganan más y el resto está más pobre.

Muchos servidores públicos han secuestrado al Estado y ordeñan impunemente la teta pública, para solaz personal, para lucro propio, para prosperar sin riesgo, para montarse sobre los demás. Los números no mienten: más presupuesto, más impuestos, más coacción y… más pobreza y desigualdad.
Siempre sale vacilón echarle la culpa al neoliberalismo. Hasta iglesias (con “i” minúscula) se han fundado contra el neoliberalismo: son religiones de mentiras que posiblemente compran sus ornamentos en coopeclero, pero que no aceptan tener las restricciones correspondientes. Inconsecuencia e incoherencia. Pero los números no mienten, porque toda esa pobreza está relacionada con un Estado inútil, torpe, secuestrado, abusador y abusado, gastón, angurriento y postrado que se ha arrecostado sobre la sociedad, causando más pobreza, menos avance de la educación, más desigualdad y menos prosperidad. Eso indican, indubitablemente, los números que no mienten. ¡Duélale a quien le duela!

Así que, igual que en Cuba, Venezuela, Argentina, la ex Unión Soviética y otras sociedades, los números han mostrado que a más Estado, más pobreza, desigualdad y atraso. Los números no mienten.

Federico Malavassi Calvo
Columna Perspectiva de la Prensa Libre

Tema polémico: lucha estatal contra la pobreza, un verdadero fiasco.

En el año 2007, una de las ponencias del XIII Informe del Estado de la Nación advirtió que existe una serie de programas selectivos de atención de la pobreza, como lo son los comedores escolares, los CEN-CINAI, las pensiones no contributivas y el bono familiar de la vivienda,  cuyo análisis confirma la filtración de beneficiarios. Las poblaciones meta de esos programas están circunscritas al 20% de las familias de menores ingresos pero, en realidad, los comedores escolares tienen un diseño universal en el acceso, el bono de la vivienda puede llegar hasta las familias ubicadas en el cuarto quintil de la población total y los CEN-CINAI introducen criterios de riesgo infantil para definir quiénes tienen acceso. 

La cobertura de esos programas también resultó problemática: las Pensiones No Contributivas y el Bono de la Vivienda mostraron que la población atendida en el 2006 es del 45,2% y del 41,0% respectivamente. En tanto, los centros infantiles tuvieron la menor cobertura efectiva, pues solo atendieron al 13.2% de su población meta en 2006 disminuyeron a solamente el 13,2%, dejando por fuera al 86,8% de la población meta en el 20% más pobre. 

De acuerdo con el XIV Informe del Estado de la Nación del 2008, todos estos errores de focalización, filtraciones, cobertura alcanzada y exclusiones dependen de la definición de la población objetivo, es decir, si se toma como tal al 20% o al 40% más pobre de los hogares. Si la atención se pone en el 20% más pobre, tres programas se encuentran sobredimensionados, pues en los comedores escolares, las pensiones contributivas y el bono de la vivienda, los beneficiarios efectivos sobrepasan con creces a la población meta, que es el primer quintil.  

Tanto en el Informe XVIII (2012) como en el Informe XIX (2013), el Estado de la Nación sostiene que estos problemas no han sido corregidos, ni siquiera atenuados. De hecho, manifiesta que la ausencia de criterios claros para la selección de beneficiarios sigue siendo un problema pues aumenta las posibilidades de filtraciones que atentan contra la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Recientemente, el diario La Nación publicó que el 37% de las ayudas en efectivo que entrega el Estado en la lucha contra la pobreza termina en hogares que no son pobres ni están en situación de vulnerabilidad. Se trata de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), becas educativas del Ministerio de Educación (MEP) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o ayudas directas que da esta última entidad, programas que en su conjunto consumen ¢200.000 millones por año, lo que equivale al 0,9% del producto interno bruto (PIB). 

En esa noticia se indica que en el caso de las pensiones del régimen no contributivo, las filtraciones son del 33%, al igual que en el caso de las becas estudiantiles. En cuanto a los giros en efectivo del programa del IMAS, Bienestar y Promoción Familiar, que da ¢50.000 o más a unas 50.000 familias, las filtraciones son del 22%.

Han pasado varios años entre ambas investigaciones –en las cuales participó el mismo investigador, Juan Diego Trejos– y los problemas de filtraciones no se han corregido. Por el contrario, han aumentado. Si a eso se le suma lo que ha venido señalando tanto la Contraloría General de la República como la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa en los dictámenes de liquidación presupuestaria sobre la ausencia de un sistema de indicadores que permita medir el costo unitario de los programas y el impacto del gasto público en la situación de los ciudadanos, es de esperar que la vulnerabilidad a la Hacienda Pública sea todavía mayor, pues no se sabe a quién se le destinan los recursos ni el impacto que tienen las transferencias y programas.

Siendo así, estos resultados deben encender las luces de alarma. Los programas sociales, especialmente los de atención a la pobreza, consumen gran parte del presupuesto público y resulta inadmisible que el Estado no sólo sea incapaz de determinar, con claridad, la población meta y circunscribirse a ella, sino también que no tenga indicadores que permitan medir el impacto de esos programas. Hoy día, no se sabe qué pasa con las familias o individuos que reciben algún subsidio: si salen de la pobreza o si permanecen en ella. En otras palabras, nadie es capaz de decirle a los tax payers si los recursos que se le quitan mediante impuestos, supuestamente para ayudar a los más necesitados, realmente son bien utilizados y cumplen el objetivo con el que el Estado trata de justificar la exacción. 

Ludwig von Mises decía que "el Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre". Eso es precisamente lo que ha pasado en el caso costarricense. Tenemos un Estado que nos arrebata una gran porción del fruto que ganamos con nuestro esfuerzo, trabajo y creatividad para, en teoría, trasladárselo a los "más necesitados", y con eso nos hace un poco más pobres a todos pues los recursos que nos quita el Estado bien podríamos utilizarlos para satisfacer por completo nuestras necesidades o para generar más riqueza, más empleo y más oportunidades.

En ASOJOD repudiamos esta política de Robbin Hood, donde se le quita a los que tienen, a los que se han esforzado por producir para regalarlo a los que no tienen. Probablemente la pobreza que estos viven no es su culpa -aunque hay muchos casos que muestran lo contrario- pero tampoco nosotros somos responsables por su situación y es completamente inmoral que se nos haga pagar para remediarla. Nosotros creemos en la caridad como medio libre y voluntario por el cual unos, preocupados por la situación de otros y sin que medie coacción, colaboran para ayudarlos a mejorar sus vidas. Eso es loable y virtuoso. Pero lo peor es que la política de lucha contra la pobreza en nuestro país ni siquiera alcanza el concepto de Robbin Hood. Las filtraciones muestran que mucha gente que no está en situación de necesidad está recibiendo fondos públicos. En muchos casos, como el que bien explica Trejos sobre los bonos de vivienda, pueden beneficiar a poblaciones ubicadas en el cuarto quintil, es decir, personas con suficientes ingresos para poder costear una vivienda sin ayuda estatal. Y ni qué decir con la educación superior, en cuyo caso el Informe del Estado de la Educación ha mostrado que casi un 70% de los estudiantes de las universidades estatales pertenecen al cuarto y quinto quintil mientras apenas un 4% pertenece al primero, a pesar que estas nacieron bajo el concepto de ofrecerle una oportunidades de estudios superiores a las poblaciones que no podían costearlas. Sin duda, toda una política de Hood Robbin, donde los de menos recursos le están subsidiando programas a los que pueden pagarlos. 

Los datos son claros: las políticas de lucha contra la pobreza han resultado un verdadero fiasco. El Estado ha demostrado, con creces, ser completamente ineficiente para combatir la pobreza. Antes bien, con una política del regalo, del subsidio, más bien la fomenta, toda vez que incentiva a las personas a permanecer en esa situación para recibir sin esforzarse y desestimula a quienes trabajan pues no pueden disfrutar de su riqueza porque se les quita una buena porción de ella. Y, para colmo de males, lo que se le quita supuestamente para ayudar a los que menos tienen, termina en los bolsillos de quienes no lo necesitan pero que se benefician de la incapacidad estatal para delimitar la población objetivo de sus programas. 

Lo hemos dicho hasta la saciedad: solo hay dos formas de combatir la pobreza. La primera es a través de la creación de riqueza y en lo que el Estado puede colaborar es en no entorpecer el proceso productivo, el emprendimiento, la iniciativa privada, en generar un marco jurídico estable que permita a los individuos operar con certeza y en resolver prontamente los conflictos que surjan. La segunda es a través de la iniciativa privada, en la voluntaria decisión de aquellos que deseen ofrecer sus recursos (tiempo, dinero, trabajo, etc.) para ayudar a los demás. Miles de asociaciones voluntarias nos demuestran que eso es posible y que tiene más éxito que ningún otro esfuerzo para ayudar a quienes lo necesitan. Cualquier otro planteamiento, especialmente este de transferir riqueza de unos a otros, termina convirtiéndose en un mecanismo perverso.