La columna de Carlos Federico Smith: falta de competencia en el país

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, presentó un informe al gobierno (y al país) en torno al tema de la falta de competencia en importantes sectores de la economía.

En dicho informe, comentado en el artículo de La Nación del 18 de abril titulado “OCDE alerta que falta de competencia afecta a pobres: Entidad sugiere fortalecer la Comisión para Promover la Competencia,” se señala que “las regulaciones que restringen la competencia pueden obstaculizar las mejoras en términos de eficiencia, innovación y asignación de recursos para aumentar la productividad y contribuir al aumento de la desigualdad al subir los precios al consumidor y hacer más amplia la distribución de los salarios.” Francamente, esto no es nada nuevo para muchos de nosotros, quienes hemos venido impulsando una mayor competencia en el país, para lograr disminuir lo caro que resulta vivir en esta economía. 

El tema lo analiza la OCDE bajo el capítulo de las regulaciones del mercado y señala que en el país las regulaciones de mercado que limitan la competencia, “son más restrictivas que en cualquier país de la OCDE (de paso, actualmente la conforman 35 naciones de todas partes del mundo), excepto en Turquía y también se comparan desfavorablemente con otros países de América Latina, incluidos Chile, Colombia y México.” Esto es, somos “excelentes” en el ranquin de regulaciones de mercados -impedimentos para la competencia- y sólo Turquía, Brasil y Argentina son “peores” en cuanto a regulaciones anti-competitivas.

Según La Nación, el economista principal de la OECD, Álvaro Pereira, dijo que “en Costa Rica un tercio de los sectores no están en competencia; por ejemplo, la electricidad, la distribución de las gasolinas, la destilación de alcohol, el azúcar, arroz y el transporte marítimo.”

Ya conocemos a esos sectores y sabemos que algunos empresarios privados gozan de privilegios proteccionistas que impiden la competencia, como resultado de un cabildeo muy eficiente. Asimismo, nos damos cuenta de que la mano visible está detrás de toda esta regulación anti-competitiva, como son elevados aranceles a las importaciones (en la lista del párrafo previo quedaron por fuera otros sectores muy importantes hoy protegidos ante la competencia externa). Pero, también es notorio que muchos de esos entes regulados para protegerlos de la competencia, son empresas públicas, quedando también fuera de lista algunas que no son monopolios estatales como los otros citados, a la vez que son objeto de diversas preferencias exclusivas de las que no disfrutan (en realidad nadie debería tenerlas) los competidores privados; por ejemplo, la garantía estatal a los depósitos en los bancos del estado o la exclusividad institucional en la provisión de ciertos seguros al ente estatal.

El jalón de orejas o el aterrizaje a la realidad “real” que nos hace la OECD, no debe pasar inadvertida, si es que en verdad se quiere proteger a los consumidores con precios más bajos y con ingresos limitados, los que en un alto porcentaje se dedican al consumo de algunos de esos productos excluidos de la competencia, obviamente a precios mucho más elevados que a los que sería factible acceder bajo un régimen de competencia.

Eso sí, me inquieta la sugerencia que la OCDE hace de fortalecer a la Comisión para Promover la Competencia. Ello porque, no lo duden, los burócratas estatistas y los buscadores de rentas proteccionistas que otorga el estado -el capitalismo de los amigotes- saben bien que una alta regulación aquí se interpretaría como poner más obstáculos a la actividad económica privada, como controles de precios, regulación de cantidades, distribución de mercados (“mercados regulados”), subsidios, etcétera, todo lo cual más bien va en contra de la competencia. Regulación aquí es muy distinto a lo que interpreta la OCDE: fomentar la competencia. Aquí regulación es introducir limitaciones a la actividad productiva en competencia

Lo que debe buscarse es que la Comisión para Promover la Competencia se dedique a una mayor apertura y competencia en la economía y, más bien, lograr que se archive la palabra “regulación,” pues ella más bien se interpreta como menor libertad para entrar y salir libremente de la actividad económica. Los estatistas entienden por regulación todo lo contrario: restringir a la entrada principalmente de más eficientes productores de otros lados del mundo y así lograr la existencia de mercados cautivos para ciertos monopolios.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Libertad vs OCDE

Desde hace algunos años se ha venido hablando muchísimo especialmente en Costa Rica sobre la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), o como es tal vez mejor conocida, el club de países más poderoso del mundo. Y ¿qué es realmente la OCDE, por qué Costa Rica está tan interesada en participar y por qué a OCDE está tan interesada en recibirnos? 

OCDE originalmente fue creada para dirigir el Plan Marshall financiado por los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, al día de hoy el propósito de la OCDE es muy diferente. Si ingresamos a la página web se puede leer claramente la misión de la OCDE y es la siguiente: promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Palabras muy bonitas, pero “el papel aguanta lo que le pongan”. ¿Será cierto? ¿De qué forma este grupo de 34 países que son, las 34 economías más poderosas del mundo, se aseguran de esto? 

Muchas personas, algunas que se consideran liberales, han creído que deberíamos apoyar el ingreso de Costa Rica a la OCDE pues la gran ventaja es que perteneceríamos a un club de países bastante prestigioso y eso nos podría ayudar en temas como inversión y desarrollo. En alguna medida esa postura podría ser cierta, pero es muy importante entender que no todo es bueno. La OCDE no es igual que un bloque comercial como la Alianza del Pacífico o la Unión Centroamericana. Para ese tipo de bloques normalmente ese argumento es muy válido, pero este no es el caso. La OCDE es realmente un bloque muy poderoso cuyo objetivo fundamental se ha convertido en propiciar la implementación de políticas fiscales estandarizadas en todo el mundo y un absoluto intercambio de información tributaria. La OECD tiene como misión “promover políticas” pero todas dirigidas a aumentar la recaudación y disminuir la elusión y evasión fiscal en sus países miembros. Es la Dirección Mundial de Tributación Directa. Eso no es necesariamente malo, sin embargo, algunas de las medidas que propician implican una absoluta intervención de esta organización en las cuentas bancarias, modo de trabajo y conformación de todas las sociedades de los países miembros.

Es por esto que este gobierno se ha mantenido muy interesado en pertenecer a este club y es la OECD el verdadero autor de proyectos fiscales como el famoso Proyecto de Fraude Fiscal que se encuentra a punto de ser aprobado en nuestra Asamblea Legislativa. O ¿que creyeron? ¿Qué la presentación del secretario general de la OCDE en Costa Rica, en pura etapa de discusión del proyecto de Fraude Fiscal, fue pura casualidad? Este y otros proyectos ley todos dirigidos a aumentar el control y darme mucho más poder a las Autoridad Tributaria Costarricense es un requisito fundamental que le piden a Costa Rica para pertenecer al grupo de países.

Tomando esto en consideración, nos preguntaos si los liberales que están leyendo este artículo que defendían a la OCDE siguen igual de motivados. ¿Nos conviene pertenecer a este grupo? ¿Será correcto sacrificar nuestra libertad para propiciar un mayor control fiscal? Muchas de las medias que esta organización quiere eliminar ni siquiera son ilegales como, por ejemplo, el derecho que tiene cualquier ciudadano de trasladar sus capitales al país que mejores condiciones fiscales tenga. ¿Eso es malo? ….. No, eso es inteligente.  

El costo de una política equivocada

En el año 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel económico compuesto por los 30 países más desarrollados del mundo, decidió iniciar un ataque frontal a los países que utilizaban sus políticas fiscales para atraer capitales foráneos.

Este ataque pretende evitar la competencia fiscal y el funcionamiento de centros financieros fuera del control de sus autoridades que, mediante beneficios fiscales y la protección de la información, permiten que los ciudadanos de sus países (y del resto del mundo) puedan protegerse de los abusos y confiscaciones fiscales de sus gobiernos.

Para lograr su objetivo le sugirieron a sus países miembros que aplicaran medidas discriminatorias a los países que no se sometiesen a sus designios. Estas medidas, sin embargo, eran y son todas contrarias a las obligaciones que en materia de comercio internacional tienen todos los miembros de la OCDE.

Esto lo afirmó en el 2000 un abogado que había ejercido como asesor legal de la sección comercial del mencionado cartel. Dijo, además, que así se lo había hecho saber a los fiscalizadores de la organización, sin lograr persuadirlos de su error.

En el 2001, hice una presentación demostrando las causas por las que estas medidas eran contrarias al Tratado de Marrakech (que crea la Organización Mundial del Comercio) y sugerí que Panamá iniciara un proceso de solución de diferencia en contra de un país latinoamericano que discriminaba a Panamá.

Lamentablemente, un asesor gubernamental se opuso a esta iniciativa argumentando que la misma podía tener un impacto negativo en nuestras relaciones internacionales, tal como lo había vivido él cuando formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Endara.

Esto no es cierto. En efecto, los procesos de solución de diferencia se establecieron para que los países defendieran sus posiciones dentro del marco del derecho internacional público, sin amenazas ni uso de la fuerza. Esta es la forma civilizada de actuar.

A través del tiempo esta opinión (y otras similares que surgían de la cancillería) impidieron que Panamá hiciese uso de los mecanismos legítimos que tenía para defenderse. De no haber sido por estas políticas equivocadas, ya hoy hubiésemos tenido una decisión en la OMC, la cual sería, muy probablemente, favorable a nuestros intereses.

Una decisión así hubiese reventado el “cartel” haciendo completamente ineficiente las “amenazas” de esta organización abusiva que pretende imponer su visión del mundo a las demás naciones. Además, hubiese movido el debate internacional al campo en el que debía estar: el del comercio internacional. Es decir, al ataque de “paraísos fiscales” les hubiésemos respondido con la defensa de “proteccionismo financiero ilegítimo”.

Lo que aquí describo lo vine a conocer recientemente en toda su magnitud, cosa me obliga a retirar lo que publiqué hace un tiempo en contra del Viceministerio de Comercio Exterior (dirigido entonces por Melitón Arrocha), a quien responsabilicé de la inacción del gobierno. Definitivamente hoy sé con certeza que ese despacho y sus sucesores han tratado en varias ocasiones de proseguir esta línea de acción, para sólo ser parados por una Cancillería que obviamente no entendía lo que tenía entre manos.

Mantengo la esperanza que, ahora que tenemos un vicecanciller que conoce profesionalmente las reglas que rigen el comercio internacionalmente, esta instancia se convierta en un aliado del ejercicio legítimo del derecho a la defensa. Tal como se ha hecho con el Banano (demandando a toda la Unión Europea) y con las exportaciones de la Zona Libre en contra de Colombia. El doble estándar no tiene base lógica y menos fáctica.

Termino señalando que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE y que activamente persigue una política de atracción de capitales foráneos eximiéndolos de impuestos y protegiendo la identidad de los dueños de dichos capitales, eventualmente será víctima de la política de la OCDE, momento en el cual, vaticino, morirán las “amenazas”. Ese momento no está lejos y Panamá sólo debe saber cómo resistir el más reciente embate.

Carlos Ernesto González Ramírez

Publicado en el diario La Prensa de Panamá