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martes, 22 de enero de 2019

La columna de Carlos Federico Smith: la realidad ante las pensiones de la Caja

Trataré de no ser muy complicado en un tema que tiene ribetes de serlo, como es el caso del principal sistema de pensiones del país, el IVM de la Caja de Seguro Social.
 
Para empezar, empiezo por explicar que el actual IVM es un sistema de pensiones llamado de reparto, lo que quiere decir que la pensión que terminará recibiendo la persona no depende de sus propias contribuciones al sistema, sino de los aportes de otros. Esto es, lo que hoy algunos están recibiendo por pensiones es cubierto por el aporte que hoy están haciendo trabajadores, empresas y ciudadanos, en general, por medio del estado. Eso es igual a como en el pasado también lo hicieron los actuales pensionados, que aportaron por muchos años para sufragar las pensiones de los pensionados de aquel entonces.
 
De ello surgen varios problemas, entre otros, que aparecen mencionados en un artículo de La Nación del 17 de diciembre del 2018, titulado “CCSS evalúa reducir monto de nuevas pensiones por vejez.” Me referiré a algunos de esos problemas.
 
Cuando se instauró el sistema de pensiones del IVM, la esperanza de vida de las personas en el país podría andar por ahí de los 55 años, más o menos. (Note que estos datos que menciono son aproximados y obtenidos de diversas fuentes: su exactitud no es un obstáculo para para explicar la idea). Conceptualmente, en ese sistema el trabajador aportaba más o menos durante 30 años de su trabajo y se pensionaba, si era hombre, a los 60 años y, si era mujer, a una menor edad, lo cual, de hecho, es discriminatorio. En todo caso, se consideraba que el trabajador viviría poco tiempo como pensionado, dada la baja esperanza de vida de ese entonces.
 
Afortunadamente, la sociedad costarricense se ha beneficiado mucho con el avance de la medicina y el cuidado de la salud: hoy un hombre esperaría vivir en unos 78 años y una mujer 83, dando una esperanza de vida promedio del costarricense de alrededor de 81 años. Y, dado que la edad promedio para pensionarse en el IVM en la actualidad es de 65 años para los hombres y de 60 las mujeres, eso significaría que hoy los hombres esperarían vivir 13 años como pensionados y las mujeres 23 años (de nuevo, sigue la discriminación contra el hombre, pues vive menos años como pensionado y, más bien, cotiza por más años de vida laboral). En todo caso, hombre o mujer, conforme pasa el tiempo los costarricenses viven más años como pensionados.
 
Este efecto demográfico ha significado que, en diversas ocasiones de existencia del IVM. se haya tenido que aumentar la edad laboral (años de cotizaciones) y la edad para pensionarse, a fin de enfrentar pensiones más duraderas.
 
Hay otro problema más que debemos tener en cuenta y es el tamaño de la población que aporta cada año al IVM, con respecto a la población que se pensiona cada año. Recuerden que la población trabajadora actual paga las pensiones de los pensionados ya existentes y que los primeros recibirán su pensión con el aporte de las generaciones que en ese momento estarán trabajando.
 
Leía hace poco, en un artículo sobre la situación actual en Francia (“Arde París”) que una de las serias inquietudes de los franceses era el futuro de sus pensiones -allá, igual que aquí, hay un sistema de reparto, Dado que, como cada generación paga por la pensión de la generación previa, se supone que ese país debería tener “como mínimo, una tasa de nacimientos con un nivel de reemplazo de 2.1 hijos por cada mujer.” Pero al momento, ese número necesario para su reproducción en Francia “está acercándose a 1.88,” a lo que se une que en ese país los costos altos de sus programas de bienestar hacen que la población de muchos hogares, “reduce la voluntad de… tener más de dos hijos. Simplemente no pueden mantenerlos.” Pensemos si no está pasando algo igual en el país como lo indican los datos de cada vez menos hijos por familia y que las parejas se casan a mayor edad que antes.
 
El nivel de reemplazo de nuestro país fue de 1.67 en el 2017, “bastante por debajo de los 2.10 del nivel de reemplazo,” según señaló el destacado estudioso de la demografía nacional, don Luis Rosero Bixby, de la Universidad de Costa Rica. En dos palabras, no se está sosteniendo el reemplazo intergeneracional necesario para la sostenibilidad del sistema de pensiones del IVM.
 
Esto va acorde con lo que señala el medio citado acerca de un estudio actuarial del fondo de reservas del IVM: en el 2032 “comenzará a consumir sus reservas, pues sus ingresos son insuficientes para pagar las pensiones, y que se agotará en el 2038.” Aunque a algunos les podría parecer que “falta mucho rato para que se agote,” sería un grave error no actuar ahora, a tiempo, como bien lo podría explicar cualquier actuario. Se deben tomar ya medidas, si se quiere que continúe el actual régimen de repartición de la Caja y sin que haya daños sumamente graves.
 
Entre las soluciones que la Caja está considerando están las siguientes: (1) reducir el monto de la pensión por vejez, que hoy es del 60% del salario promedio de referencia, a uno del 55%, para pensiones del futuro; (2) hoy la pensión más baja no puede ser menor al 50% del salario mínimo y se propone reducirla al 40%, para los pensionados futuros y (3) que la cotización de las tres partes (trabajador, empleado y estado) ya definida para que aumente del 10.16% actual  a un 10.66 en el 2020, se adelante para el 2019.
 
No obstante, la información que presenta el medio es confusa, pues, según un cuadro adjunto a dicha publicación, se señala que, como se explicó en el punto 3 arriba, el aumento en la cotización tripartita pasaría de un 10.16% a un 10.66% en el 2019 en vez del 2020. Pero, por otra parte, en el texto señala lo siguiente: “Con el cambio, los trabajadores cotizarán 3.84% en vez del 2.84% actual; los patronos, 5.25% en vez de 5.08%; y el Estado, 1.41% del 1.24%.” Si sumamos esos tres partícipes de la contribución tripartita actual, nos da un 9.16% (y en el cuadro se lee que se sube del 10.16% actual), lo que la elevaría a un 10.50% (1% más del aporte del trabajador; un 0.17% del patrono y otro 0.17% del Estado) en el 2020.
 
Este es un breve resumen de algunos de los problemas que encara en el futuro el actual sistema de pensiones del IVM. Sólo digo que la realidad es inevitable y que, tal como están las cosas, el sistema de pensiones actual es inviable a cierto plazo y que, si se desea conservarlo, son inevitables reformas como las señaladas y pronto.



Jorge Corrales Quesada

martes, 28 de marzo de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tantos no aportan a la pensión del IVM?

Por dos razones muy sencillas: unos, porque no quieren y, otros, porque no pueden.  Expondré el porqué de ello, dado que el artículo de La Nación del 15 de marzo, titulado “590.000 personas evaden aporte a pensión del IVM: CCSS las señala como no pobres, profesionales e independientes”, llamó mi atención, al calificarlo como una “evasión” y así lo considera Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, al señalar que hay una obligación de contribuir a la Caja.

Eso puede ser cierto. No me importa cuál sea el nombre, pues igual se llamó evasor a quien, en ciertos países -como en los Estados Unidos antes de 1973- no aceptaba la conscripción militar obligatoria y prefirió irse a vivir a otro país (usualmente a Canadá), antes que prestar el servicio militar obligadamente.  También hay quienes han huido de sus países, al hacerse insoportables los impuestos –caso reciente el de Francia: muchos franceses salieron de su país por los altos impuestos cargados por el entonces nuevo gobierno de Hollande, tanto que después los rebajó. Ante esto, lo básico es entender ¿por qué hay tantas personas que no aportan al sistema obligatorio de pensiones en el país?

Es posible que, algunos, tal vez profesionales de altos ingresos o personas con riqueza elevada o conexiones internacionales amplias, pueden optar por el beneficio de un sistema de pensiones que les dé más, debiendo aportar menos recursos a éste o bien porque los montos que deben dar localmente no brindan el rendimiento esperado. Prefieren invertirlos en alguna otra actividad que daría una pensión mayor -para cuando sea necesaria- o que cueste menos (por ejemplo, los invierte en algo productivo o en educación o en valores financieros más rentables). Para impedirlo, el estado -la Caja- hace obligatorio aportar: para no darle oportunidad a nadie de escoger su propia forma de tener los recursos necesarios, para cubrir sus necesidades como ancianos.

Igual, otros prefieren no asegurarse en un fondo de pensiones, ya sea porque no les da la gana o porque consideran que lo que el estado les ofrece -en diversas modalidades como la Caja u otros regímenes de pensiones- no es garantía, en su opinión, de que cumplirá con lo ofrecido: considera que los fondos no se manejarán de la mejor manera, llegando a ser insuficientes para cubrir las eventuales pensiones prometidas.

Los que he definido son quienes, en mi opinión, pueden desear no aportar a un régimen de pensiones específicos, pero hay otros -tal vez de mayor relevancia- quienes, aun cuando lo quisieran, no pueden hacerlo por diversas razones, siendo la pobreza una de ellas. En este último caso, lo que tendrían que aportar al régimen de pensión, casi que significaría una ruina aún mayor en sus hogares.

En el periódico se expone que hay 832.000 personas, que no contribuyen al IVM de la Caja. De ellas, hay 85.000 en condiciones de pobreza extrema y 157.000 en pobreza no extrema (pero pobres), ascendiendo el monto no pagado por este grupo a ₡14.000 millones en el 2016. Las restantes 590.000 “califican como no pobres y que son profesionales liberales o trabajadores independientes,” en donde “el 75% de ellos recibe ingresos y se encuentra en plena etapa productiva, pues tiene menos de 50 años de edad.” Este grupo dejó de pagar ₡122.000 millones al IVM en el 2016. En total, 832.000 personas dejaron de pagar ₡137.000 millones en dicho año.

Dado que la población económicamente activa del país o fuerza de trabajo al IV trimestre del 2016 ascendió a 2.28.989 personas, los 832.000 que dejaron de contribuir, equivalen al 36.5% de ese total. Para el gerente financiero de la Caja, “hay mucho trabajador independiente de baja capacidad productiva”, que uno pensaría son parte importante de la economía informal subterránea, a la vez que “hay un crecimiento de empresas y actividades económicas informales que se resisten a contribuir, principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio,” las cuales posiblemente también forman parte de esa economía informal, subterránea. 

La Dirección General de Estadísticas y Censos define al empleo informal como el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas no inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal). Es posible considerar que mucho de la falta de pago al IVM, proviene de esos sectores informales o subterráneos de la economía.

Una razón de peso por la cual muchas actividades productivas -individuos o empresas- realizan sus actividades desde la informalidad o subterraneidad, es porque así no se incurre en el costo de cumplir con los onerosos requisitos de las actividades productivas formales. Hay gastos formales desde que se empieza algún negocio, tales como permisos, patentes, requisitos de construcción y de horas laborales, llevar libros de registros, tener contabilidad formal, constitución legal de la entidad, etcétera, pero, también, el pago de impuestos de ventas, a las utilidades, a la propiedad, específicos, entre otros y -relevante para este comentario- el pago de impuestos al salario o a la planilla, por cargas o beneficios sociales, además de salarios mínimos. 

De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el IV trimestre del 2016, la población informal del país ascendió a 922.000 personas, lo cual significó un 44.7% de la población ocupada.

Aquellos factores citados constituyen costos que deben ser cubiertos por la actividad productiva y, si así se diera, posiblemente la actividad productiva no sería rentable. Inciden en una demanda de trabajo menor. Ante ello, muchos oferentes no encuentran empleo. al aumentarse su costo por esas cargas. De aquí que, es posible que acepten laborar ganando “un salario informal,” en donde no hay tales cargas adicionales sobre su costo, pues la alternativa es no tener empleo del todo.

Llama la atención que, entre algunas de las soluciones propuestas ante la insuficiencia de recursos para asegurar la rentabilidad a largo plazo del régimen de pensiones del IVM, se encuentren las de elevar las cuotas patronales o laborales, disminuir el porcentaje del salario que se pagaría como pensión e incluso que se tenga que laborar más años pagando contribuciones -elevar la edad de retiro- todos los cuales encarecen aún más el costo de la formalidad y, por tanto, inducen a que en la economía aumente la actividad productiva informal. Esas soluciones propuestas aumentan el costo de operar en la formalidad: el incentivo es claro para que aumente la informalidad. Al estimular esas medidas una mayor informalidad de las personas y empresas, hará que probablemente sea mayor la cantidad de trabajadores de la población económicamente activa del país, que no contribuirá con el régimen de IVM de la Caja. Tristemente, pero es lo económicamente esperado.



Jorge Corrales Quesada