La columna de Carlos Federico Smith: 5 años no han sido suficientes

Casi que es increíble la incapacidad de las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que, cinco años después del terremoto de Nicoya, no hayan reparado las escuelas que con él resultaron dañadas.  Eso a pesar de que, en su momento, el gobierno publicó el decreto de emergencia No. 37305, por el cual se proveyeran los fondos requeridos por esta emergencia –estimados, en aquel entonces, en ₡8.000 millones.

Es así como en la actualidad, 5 años después de que se dañaran 145 centros educativos por ese terremoto, hay 65 de ellos que no se han podido terminar de reparar. La información aparece en La Nación del 25 de enero, bajo el encabezado, “MEP lleva 5 años ‘reparando’ escuelas dañadas por terremoto: Pendiente construcción de 65 afectadas por sismo de Nicoya.” Ese sismo se dio el 5 de setiembre del 2012; esto es, hace más de cinco años.

Es interesante reseñar que, de esos 65 establecimientos sin ser reconstruidos, “13 están en construcción, en 25 no se ha iniciado su levantamiento, 11 están en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.” Y eso que la declaratoria de emergencia citada permitía la aceleración de las licitaciones: ¿qué habría pasado si el lento funcionamiento licitatorio hubiera estado operando a plenitud? Me temo exagerar, pero tal vez no habríamos logrado reparar escuela alguna.

Sin embargo, en el MEP, mientras “algunas otras cosas” avanzan con rapidez, algo básico como disponer de sitios apropiados para que los niños puedan recibir sus clases y no hacerlo en “estructuras dañadas y falseadas... o (que) se han tenido que acomodar en sitios no aptos” para recibir clases, como salones comunales, galerones o comedores, no se concluye a pesar de tanto tiempo. Pero, del 8% del PIB, que con gran sacrificio los ciudadanos han destinado a la educación pública, se descuida la provisión de los recursos necesarios para reparar algo básico, como es la educación infantil, pero, eso sí, no ha faltado para dárselo a entidades que ya parecen nadar en plata.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reempaque a los impuestos

No hay duda que la fuerte reacción del pueblo contra nuevos y mayores impuestos ha impactado la disposición que tenía el gobierno actual, de proponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, pues en la Asamblea Legislativa este no tuvo apoyo.
 

Lo que el Estado hace ahora es ligeramente diferente; en esencia, incluir más bienes y servicios gravados con el IVA, que anteriormente no lo estaban. A pesar de la angurria flagrante de este gobierno, incluso al meterle ese tributo a todos esos nuevos bienes y servicios -los que luego señalaré- simplemente no será posible que grave una serie de servicios, como los de capital, de trabajo, de renta de la tierra, etcétera, ni tampoco a otros más difíciles de controlar, como hacer el amor o respirar o tomar agua de un río, entre muchos más posibles en el imaginario fiscal.
 

Aun así, se comete o conserva un error técnico en lo referido a los IVAs, cual es tener dos tasas distintas para el universo impositivo.  Se me dirá que ya existía, que había una tasa de cero para bienes y servicios exentos y otra del 13% para el resto; o sea, que había ya una tasa dual, pero, eso sigue con la propuesta, sólo que, de aceptarse esa argumentación, ahora tendría tres tasas: una de cero para los exentos, otra del 4% para algunos bienes y servicios y otra del 13% para la mayoría de bienes o servicios.  Esto es, se incrementa la multiplicidad de tasas.
 

En todo caso, tal vez lo conveniente, desde el punto de vista de eficiencia tributaria, sea que haya una tasa única (naturalmente espero que nunca la puedan aplicar a casos extremos, como respirar, hacer el amor, tomar agua del río o sobre los factores de producción en general, por lo cual, de hecho, siempre habría dos tasas: la de cero para los exentos o sobre los “imposibles” y una única para el resto). Pero, lo que está en juego no es un gobierno que quiere lograr la eficiencia tributaria, sino ver cómo agarra más plata. Si buscara la eficiencia tributaria, se lograría con una tasa única y uniforme del 10% o 12% sobre todos los posiblemente gravables bienes y servicios (incluyendo los nuevos que se propone), en vez de la propuesta del 13% actual (y más con la del 15% que, por el momento, fue lanzada al basurero de la historia legislativa del país), de forma que la recaudación global de hoy más o menos se mantenga y no que se eleve. Esto es, que se incorporen al IVA todos los bienes y servicios factibles, pero a una tasa única más baja que la actual.
 

Pero, veamos lo que dice la nueva propuesta del gobierno (la información básica proviene de un artículo de La Nación del 10 de noviembre, titulado “Maquinaria, boletos aéreos y libros pagarían 4% de IVA: Nueva propuesta de reforma fiscal que impulsa el gobierno.”):
 

Con un gravamen del IVA del 4% (la nueva categoría impositiva):
 

(1) A los servicios privados de medicina, así como los de educación. Esto es interesante pues ya estos últimos estaban exentos y cabe reflexionar si la educación privada no le salva la tanda a la educación pública, al suplantar obvias ineficiencias e insuficiencias de esta última. Este castigo impositivo encarece la educación privada, lo que hace que disminuya su cantidad demandada, la que ahora se desviaría hacia la educación pública.
 

La existencia de servicios médicos privados en mucho es producto simplemente de una realidad ante los problemas del servicio médico universal, que ha hecho que muchos usuarios, con derecho a acudir a servicios en la Caja, prefieran hacerlo con médicos privados, tal vez por la certeza de que serán prontos, algo que en muchos casos es de vida o muerte. Un encarecimiento de los servicios médicos privados hará que, en el margen, los usuarios de esos servicios trasladen su demanda hacia los públicamente brindados. Y no me voy a meter aquí en lo que significaría ese aumento de demanda de los últimos, en un sistema que sabemos se encuentra en problemas para brindar el suministro que los ciudadanos esperan por sus cotizaciones obligadas.
 

(2) A los libros en todo formato. Se encarecen con el nuevo impuesto y, por fortuna, ante las grandes posibilidades que hay de lectura por medios electrónicos, afectaría básicamente a quienes brindan el servicio de la producción de libros físicos. Aquí hay algo interesante: esa lectura electrónica gratuita es generalmente de obras no muy recientes, y que, en algunos casos, son bastante anticuadas, al menos en campos técnicos. Con ello, el fuerte impacto del impuesto citado se vería en el caso de libros técnicos que sí se venden en el país.
 

(3) A la compra de empaques y embalajes y a las materias primas de las que se hacen esos, tales como maquinaria y equipo.  Pero, se indica la excepción para el caso de exoneración expresa, como por ejemplo el régimen de zonas francas. El efecto recaería sobre la producción dirigida al mercado doméstico, encareciéndose respecto a la producción para el exterior. En el país se debería pensar, más bien, en ampliar los beneficios para los consumidores nacionales mediante una más profunda integración con el comercio global.
 

(4) A los tiquetes aéreos que salen de Costa Rica. Esto no me calza muy bien, pues, dado que, si lo es para no afectar el ingreso de turismo al país, sería válido sólo si el turista llegara con tiquetes de ida y vuelta, pero no si compra afuera el de ingreso y luego decide comprar el de salida en el país. No tengo idea de cuánto podía significar eso. Pero, la pretensión de que el tiquete de salida que se compra en el país, que incluye normalmente el viaje de ida y el de regreso, sea objeto del gravamen, va obviamente en contra del principio de libre movilidad. No obstante, incentivara que nacionales compren sólo el tiquete de salida en el país y el de regreso lo hagan en el país adónde fueron.  Eso sería muy fácil de hacer en especial en viajes por motivos empresariales de empleados de firmas que tienen sedes en otros países. Y, afortunadamente, con las nuevas formas electrónicas de adquisición de boletos
 

(5) A los servicios agrícolas, como siembra, cosecha, recolección, fumigación, control mecánico y clínico de malezas, transporte y clasificación de productos; alquiler de terrenos, almacenaje y venta de servicios de producción agropecuaria.  Es obvio que, en vez de gravar al bien final (el producto agrícola), se grava a los insumos, lo que eleva los costos de producción y el precio de venta, ocasionando un descenso en las ventas y consumo del bien final.
 

Con un gravamen del IVA del 13%:
 

(1) A las telecomunicaciones, la radio y la televisión, al igual que los servicios ligados a préstamos (caja fuerte y peritos). No sé sí es deseable que el Estado los grave en una sociedad que se precia de la libertad de expresión, de prensa y de comunicación. No hay duda que pronto se derivará la pretensión de gravar a servicios hoy gratuitos, como los mensajes que cada uno de nosotros pone en la internet (no sé si el pago del servicio de la internet ya está gravado).  Y llama la atención eso de servicios de cajas fuertes, que en mucho son brindados por bancos y por los que los consumidores tendrían que pagar más. Ante la inseguridad en que crecientemente vive la ciudadanía, se encarece el costo de prevenir la inseguridad que dan cajas fuertes más seguras.
 

(2) A los servicios que brindan los informáticos, los abogados, los gimnasios, los espectáculos, Netflix y Spotify. Lo que sucederá, al igual que muchos servicios que ahora se contratan de jardineros, plomeros, reparadores de techos, pintores, carpinteros, lavado de carros en los hogares, entre muchos otros (afortunadamente), es que la gente los contrate mediante el pago en efectivo. El problema radica en la capacidad que tenga el Leviatán de ejercer el control fiscal, que podría ser incluso tan costoso, como que para que se vaya lo comido por lo servido. (Nos dirán entonces: Lo que necesitamos es más plata para ejercer la vigilancia en cuanto al pago del impuesto hecho en efectivo por esos servicios.)
 

(3) A los alquileres superiores a los ₡425.000 mensuales, lo que incitaría a fraccionar los alquileres superiores a esa suma. Por ejemplo, un alquiler básico y, por aparte, un alquiler por instalaciones adyacentes.
 

(4) A la electricidad, que me parece, como dice el pueblo, que ¡eso es un crimen!, pues bien sabemos del alto costo que la electricidad en nuestro país (no sólo para usuarios finales, sino para empresas que la usan como insumo). De hecho, parece haber un claro componente fiscal en el precio actual de nuestra electricidad, al ser un precio fijado por el estado para proveedores monopólicos de su propiedad, lo que, a su vez, se refleja en el precio de servicios que dan otros pequeños productores privados.
 

(5) Al transporte, excluyendo al servicio público.  Me olfateo que, con ello, el estado alegará que le cobrará un impuesto a Uber y a los piratas y no a los taxis oficiales, encareciendo a los primeros para beneficio de los últimos, que ahora tendrían menor competencia. En cuanto al transporte restante, no hay duda que tendrá un impacto sobre el costo de los productos, que será trasladado a los consumidores.
 

La fiera voraz abre sus fauces y el que trabaja, el que produce, el que lo hace sirviendo a los demás, más bien es castigado. Y el consumidor tendrá que pagar más para darle recursos al estado, para que prosiga con un gasto que tiene sumamente molestos a los ciudadanos.  Claro, al político en el poder lo que le interesa es gastar el dinero, en vez de que lo haga usted, pues creen que saben mejor que usted cómo debe gastar lo que tanto le cuesta a usted obtener con su esfuerzo.  Una enorme arrogancia creer en esa presunta superioridad.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otra vez UNOPS

Recordarán mi comentario previo acerca del contrato entre el gobierno de Costa Rica y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS), en el cual manifesté mi malestar por la cesión del control propio de la Contraloría General de la República aplicable a la obra pública, que incluso se reflejó en negativas de ese ente de la ONU para entregarle a la Contraloría documentos propios de contratación de obra pública a empresas privadas específicas.  Y aunque la burocracia del estado dice que “este conflicto ya está resuelto”, el hecho es que el aparato jurídico nacional nunca debió permitir que se le excluyera de la obligación constitucional sobre la contratación de obra pública a ser regulada y supervisada por la Contraloría.

La Nación del 22 de setiembre revela otro hecho inquietante en torno a la relación contractual entre el estado costarricense, por medio de CONAVI, y UNOPS, en un artículo titulado “CONAVI le adelantó $60 millones a UNOPS sin recibir garantías: Organismo mantiene dinero en una cuenta a su nombre en Nueva York.” Esos montos fueron adelantados a UNOPS debido a que, en palabras de la viceministra de infraestructura del MOPT, señora Guiselle Alfaro, “Teníamos tanta expectativa de que UNOPS iba a ser tan acelerado, y se pactó hacer un desembolso grande, para avanzar muy rápidamente y no limitar a UNOPS en la ejecución. Pero, diay (sic) no ha sido tan acelerado y posteriormente se decidió hacer desembolsos menores.” 

No diré que “músico pagado, nunca toca bien,” sino que llama la atención que se adelante una suma de más de $60 millones a UNOPS, equivalente al “55% del presupuesto de $108 millones designado para tales proyectos,” de recursos que se pidieron prestados mediante un crédito de $340 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El hecho es que, de aquellos fondos ya girados a UNOPS, sólo se había ejecutado al momento del reportaje, la suma de $4 millones, menor al 7% del monto separado para UNOPS para los puentes sobre el Río Virilla en Lindora y el de la Ruta 32 en Tibás, además de tres pasos a desnivel en la vía de Circunvalación y de supervisión de la Circunvalación norte.

Es interesante destacar lo que indica el medio en cuanto a que no existe una garantía de parte de UNOPS por esos fondos, que se sabe están en una cuenta propia de UNOPS en el banco JP Morgan Chase. Según el medio, “varios contratistas consultados (por La Nación) indicaron que no es usual que el Estado adelante montos tan altos para construir infraestructura,” ante lo cual dijo la viceministra que UNOPS no es el contratista usual, sino un “un aliado en procesos de ejecución; ellos no construyen nada por sí mismos,” lo cual es así, pero ¿qué pasaría con esos fondos si UNOPS no puede realizar la labor para la que se le contrató?  ¿Qué garantiza a esos fondos?

Hay más inquietudes: los fondos provenientes del BCIE casi es seguro que ganan intereses en el banco estadounidense, pero no se conocen las condiciones básicas de tal depósito, como, por ejemplo, los intereses que devengan, que se esperaría fueran al menos iguales o mayores que los que tiene que pagar el estado costarricense al BCIE. Ni CONAVI ni UNOPS han brindado información de las condiciones de esos depósitos, aunque se le señaló al medio que esos dineros de los intereses serán recibidos “cuando se terminen los proyectos.”  Y el Ministro dijo que “si no se pudieran ejecutar esos recursos, el dinero debe ser devuelto a la Administración.” A mí también me gustaría conocer el detalle correspondiente del acuerdo suscrito entre UNOPS y CONAVI acerca de las condiciones para la devolución de esos fondos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 

1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 

Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 

8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 

Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 

Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 

Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 

Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 

Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: lo único que parece importar es tener más plata

Francamente es la impresión que me da por lo que sucede actualmente en la Asamblea Legislativa, en donde ciertos políticos hacen todo tipo de maniobras para tomar más plata de los ciudadanos y poder gastarla en sus propias apetencias.

Conocemos bien el problema fiscal de Costa Rica: un estado que aproximadamente gasta un 6% más que los ingresos que percibe. En sencillo: disipa más plata que la que le entra. Tener claro esto, es crucial para entender las opciones más significativas que el estado tiene para emparejar sus gastos con sus ingresos. 

Eso sí, entendamos que un 6% del déficit gubernamental no es extraño en muchos países, en donde hasta puede ser porcentualmente mayor, pero hay diferencias importantes con el caso nuestro, al considerar alternativas de solución del déficit. Una es si nuestro estado busca conseguir plata prestada, ya sea en el país o afuera, para seguir con su nivel de gasto y dados los ingresos esperados.

Lo que pasa es que algunas de aquellas naciones, al contrario del nuestro, gozan de algo que no disfrutamos: gente dispuesta a prestarle al estado a un costo relativamente barato (esto es, intereses y otras condiciones relativamente favorables para el país). Una razón de porqué no gozamos de esa posibilidad, es que, en los últimos años, el gobierno se ha endeudado mucho para financiar sus gastos y, al tener ese endeudamiento niveles que la comunidad financiera considera es de una recuperación riesgosa, aumenta el costo de un endeudamiento adicional (mayores intereses que, a su vez, son un gasto estatal mayor) o bien del todo no le prestan recursos al gobierno. 

La otra “gran” solución estándar para rellenar el déficit estatal es que el Banco Central emita dinero, pero una mayor colocación de dinero en la economía es similar a un aumento en la deuda del estado con los ciudadanos, quienes reciben un papel con la esperanza de que, a futuro, al menos puedan usarlo en adquirir bienes y servicios. El problema grave con esta medida, el cual está harto comprobado, es que un aumento de la emisión monetaria en exceso del crecimiento de la economía (con suerte de alrededor de 3-4% en este año en el país) generará inflación. E imagino que la ciudadanía aprendió la lección con lo sucedido a mediados de los años ochenta: algo totalmente indeseable y dañino desde muchos puntos de vista y, por tanto, se espera que la ciudadanía la rechace como forma de resolver un déficit gubernamental.

Esto nos deja casi sólo con dos alternativas de política para corregir el exceso de gasto del gobierno sobre sus ingresos: una, aumentar los ingresos; esto es, incrementar los impuestos y, la otra, reducir el gasto. 

La primera alternativa -que en esencia la está promoviendo el contubernio legislativo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- es aumentar diversos impuestos -renta, valor agregado, a los intereses de los ahorros, nuevos gravámenes sobre el agua, la electricidad y la educación, entre otros- a fin de que el estado se apropie de mayores ingresos.

Debemos entender el porqué de esa nueva y clara colusión legislativa entre el PAC y la PLN. El PAC considera, en su visión estatista que, aunque esos nuevos ingresos no ingresan en su administración -y, creo, no parece haber una posibilidad alta de que sean reelectos al Poder Ejecutivo- sea el sector privado el que sufra los efectos del aumento de los impuestos, antes que reducir el tamaño y el alcance del estado, además de que el empleo público -sindicatos de ese sector- es un bastión político del PAC (sin olvidar a empresarios que se oponen a reducir el gasto estatal, pues venden sus productos o sus servicios al estado). A su vez, Liberación Nacional cree que ganará las próximas elecciones y, de ser así -dudas aparte- tendría una caja del estado más llena de dinero, para así llevar a cabo “su misión”, que no es nada más que la de ejecutar lo que los políticos de ese gobierno futuro prefieren hacer, en vez de que sean las mismas personas contribuyentes quienes lo gasten en lo que prefieran o necesitan. 

En resumen, lo único que parece interesar en el amancebamiento del PAC-PLN es tener más plata de los costarricenses para gastarla como a sus políticos les parezca, incumpliendo así el objetivo pregonado de aumentar los impuestos para cerrar el déficit: disponer de más dinero para gastarlo es la historia fiscal de las últimas décadas en nuestro país; siempre aumentan los gravámenes para eliminar el déficit, pero, poco después, éste vuelve a aparecer y el ciclo se reinicia.

Elevar los impuestos no deja de tener consecuencias no previstas indeseables, que no suelen reconocer los proponentes de mayores gravámenes: que muy posiblemente afectará el crecimiento precario y la leve recuperación de la economía. Así, no aumentará la demanda de mano de obra (y menos en las circunstancias actuales, en que la inversión extranjera se contrae por acontecimientos internacionales), ante una tasa de desocupación en el país que ha oscilado en los últimos años en alrededor de un 9% de su fuerza de trabajo, así como se estimula que crezca más la economía subterránea, profundamente influenciada por los altos costos de la formalidad, en donde destaco los impuestos que ahora se pretenden aumentar.

Esto deja una sola opción por analizar, en cuanto a reducir el déficit: reducir el gasto gubernamental. La muletilla de los adoradores del gasto gubernamental es bien conocida: nos dicen que no es posible reducir ese gasto. Por tanto, ante ello, sólo queda la opción de aumentar los impuestos.  Es como si un alcohólico o un drogadicto dijera que la solución a su problema no está en que se le quite el licor o la droga, sino en que se le dé más plata para seguirlos consumiendo...

Otros apocados defensores de la tesis de la imposibilidad de reducir el gasto estatal, dicen que han hecho un “esfuerzo máximo” por disminuirlo, pero, si se analiza el tema, a la hora de plantear los presupuestos los gastos gubernamentales -fuente que los autoriza- no “reducen” el gasto, sino que inicialmente piden aumentos fuertes (una tasa de crecimiento elevada), para lograr, luego, una tasa menor de crecimiento que la previa, pero siempre el gasto sigue aumentando. Así, no se reduce el gasto gubernamental, sino que se reduce su tasa de crecimiento.  Hipocresía

Así las cosas, concluyo mi comentario con una reflexión en torno al conciliábulo por el cual el PAC y Liberación están cocinando nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.  Son muchos los amigos dentro de este último partido quienes, por distintos medios y ocasiones, han planteado su inquietud y malestar ante el crecimiento de los impuestos en el país, para sufragar una expansión del estado costarricense que ha afectado importantemente a los ingresos familiares, a las ventas de negocios pequeños y grandes. Pero, también se han dado cuenta de que, en ese estado gastón, existen gremios sindicales con privilegios enormes no disfrutados por sus compatriotas y que son los contribuyentes quienes en última instancia pagan por ellos.  

No es necesaria una cirugía cosmética, encebada para que allí resbalen las buenas cosas y prevalezcan los privilegios. Nada se gana con decir que, para pagar aumentos de salarios de los trabajadores públicos, sólo se hará para los calificados como muy buenos o excelentes. Lo que sucederá -no lo dude- es que “todos” serán calificados como “muy buenos o excelentes”. Igualmente, los responsables del aumento legislativo proyectado de los impuestos callan ante un gasto odioso en los presupuestos públicos, como es el enorme y corrupto subsidio a varios sistemas públicos de pensiones, en donde los ciudadanos pagan fuertes impuestos para que algunos se lleven sumas multimillonarias como pensión, para la que nunca sus beneficiarios contribuyeron lo suficiente.

Tampoco mencionan esos políticos maximizadores del poder, que nuestra economía no está en capacidad de pagar prestaciones a ciertos grupos sindicales del sector público por 20 años y no por 8 años, como todos los restantes costarricenses. Y podría seguir citando muchas otras situaciones similares. 

Lo sucedido en Grecia debe servir de lección. Ese país, para sobrevivir como nación con posibilidades de progreso, bajo un gobierno socialista ha tenido que imponer medidas draconianas, sobre todo tipo de gasto gubernamental, antes de aumentar los impuestos para reducir el déficit.  La situación llegó a un estado tan grave que, para resolver el problema, no fue suficiente reducir el gasto en el momento oportuno, sino que se tuvo que aumentar los impuestos, aun cuando esto último haya afectado sus posibilidades de tener algún crecimiento en el corto plazo.  

No debemos llegar a tal grado y nuestros amigos liberacionistas tienen mucho que decir y hacer lo debido ─incluso lo que más les duele a los políticos maximizadores del poder: que no votarán por el candidato de ese partido en las próximas elecciones. Ante tan poderosa presión ciudadana, creo que se darán cuenta de que no somos unos tonticos, a quienes fácilmente se les puede rodar: incluso cuando se pretende asustarnos diciéndonos que, si no se aumentan los impuestos, vendrá Armagedón o cuando pretenden engañarlos con reducciones ficticias, leves, irrelevantes, del gasto estatal, como argumento de que con eso sí es justo poner fuertes gravámenes. Eso es lo que están aliñando los diputados del PAC y de Liberación Nacional, en su esperanza de que los ciudadanos nos traguemos impensadamente su veneno económico.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: voracidad sindical

En estos momentos se está renegociando la convención colectiva entre las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el sindicato de esa entidad, el SINDEU. El convenio había sido denunciado por ambas partes, poco antes de vencer el 3 de marzo.  

De acuerdo con lo que informa La Nación acerca de las propuestas que se han planteado, según su artículo del 24 de febrero, titulado “Sindicato de UCR exige más cesantía y asuetos: Gremio no está dispuesto a negociar a la baja la convención colectiva,” el sindicato más bien aprovecha la oportunidad de esta renegociación para aumentar sus gollerías, las cuales son pagadas por todos los ciudadanos.

Actualmente la convención colectiva -la que las dos partes quieren cambiar- significa una erogación anual de ₡42.000 millones al año, para beneficio de los 9.357 funcionarios de la UCR.  Esto es, se trata de un promedio de ₡4.488.618 al año para cada uno de sus trabajadores.

Las autoridades de la UCR quieren introducir reformas que posiblemente ahorrarían unos ₡8.000 millones, con lo cual la convención, si se aprobara en los términos que proponen, significaría una erogación de ₡32.000 millones anuales, lo que se traduciría en un promedio por trabajador de ₡3.355.353 por año. Para lograr esta reducción, las autoridades de la UCR proponen reducir las anualidades, que pasarían de un 5.5% anual, a un escala que oscilaría, de acuerdo con los años de servicios prestados, entre un 5.5% para los de menos años hasta un 1% para los más antiguos.

Asimismo, las autoridades proponen que el ajuste salarial a la base sea en función de la inflación acumulada del semestre previo -debe ser que, en la práctica, el ajuste a la base es semestral- y no en la inflación proyectada, como es en la actualidad. Además, proponen que el número de horas sindicales que hoy da la UCR, que es de 15 tiempos completos, disminuya a 10, lo cual sigue siendo más que lo que se da en RECOPE, el INS, JAPDEVA y la UNA. De estas tres propuestas, la única realmente significativa, es la de disminuir las anualidades.

Pero, el monstruo insaciable, el SINDEU, a sabiendas de la suma multimillonaria que recibe la UCR de parte del Fondo Especial para la Educación Superior, que en el 2017 ascenderá a la suma de ₡478.570 millones y para la UCR va el 57.71% de esa suma; o sea ₡276.183 millones, provenientes de todos los ciudadanos, sabe de dónde pegarse y aprovecha la renegociación de la convención colectiva para tragar aún mucho más.

Veamos las principales propuestas del sindicato:

(1) En lo que tiene que ver con las vacaciones del personal, que aumente, para los que trabajen entre 1 y 5 años, de 16 días hábiles a 20; para los que tienen de 6 a 10 años de trabajar, que pase de 23 días hábiles a 25 y para los que tiene más de 10 años, que permanezca igual, en 30 días hábiles.

(2) Quiere que el asueto concedido graciosamente por la administración este fin de año recién pasado, sea definitivamente institucionalizado -esto es, que haya un asueto del 26 al 31 de diciembre.  

(3) En lo referente a las anualidades, el SINDEU no acepta su disminución, sino que se mantenga el privilegio obtenido desde el 2009, del 5.5% de aumento anual.

(4) En cuanto a la cesantía, que se aumente desde 15 años a 20 años. (Para el resto de trabajadores privados en el país es de 8 años).

(5) Que del costo de los materiales por servicios de odontología, que en la actualidad la UCR les cobra en su totalidad, proponen que sólo paguen el 50%.

(6) En cuanto a incapacidades, el acuerdo vigente señala que la UCR paga un subsidio equivalente al salario completo en los primeros tres días y, para un período más largo, rige la reglamentación de la Caja, que es de un 50%.  Piden que este último sea del 100% y pagado por la UCR.  

(7) En cuanto a licencia de maternidad con goce de salario, actualmente se dan cuatro meses, pero el SINDEU quiere que se otorguen 15 días más y, sorprendentemente, la UCR que sean 35 días más. 

No hay duda que el SINDEU es insaciable y que la UCR quiere una reforma a medias de la convención colectiva. Por supuesto, todo este desenfreno es pagado por la ciudadanía, por medio de impuestos, inflación o una mayor deuda estatal.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: correr más para permanecer en el mismo lugar

“¡Un país bastante lento! --replicó la Reina--. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda, para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido.”
 

Lewis Carroll, A Través del Espejo

Esa cita del autor de “Alicia en el País de las Maravillas” (en efecto, “A Través del Espejo” es una continuación o segunda parte de éste), parece caer de perlas al analizar el último “Reporte Global de competitividad 2016-2017,” que anualmente produce el Foro Económico Mundial. De hecho, en lo particular, me interesa ver el análisis comparativo de 138 países en cuanto a la competitividad de sus economías y, más aún, por donde es que anda nuestro “¡país bastante lento!”, como lo menciona la Reina Roja o Reina de Corazones, en la referencia arriba citada. 

Ni siquiera hemos permanecido en un mismo lugar, sino que, de hecho, en comparación con el año pasado, hemos descendido un par de lugares, aun cuando tan sólo por una “caída ligera,” como lo dice el reporte antes señalado. Hoy estamos en la posición 54 entre esas 138 naciones. Suiza es la número 1 del mundo; Chile la mejor de Latinoamérica y nosotros, en Centro América, entre los cuatro mejores del ranking de la región, fuimos “el único que tuvo un deterioro”.
 

El informe citado lo analiza La Nación en su comentario “Costa Rica baja dos puestos en índice de competitividad global: País se ubicó en lugar 54, entre 138 naciones, en informe del Foro Económico Global”, publicado el 28 de setiembre.
 

El índice se elabora en función de lo que denomina como “pilares de competitividad” -un total de 12- que definen y estiman el grado de competitividad de las naciones, con base en el conjunto de instituciones, políticas y factores que la influyen.  Esos factores son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.
 

La información relevante para definir el posicionamiento del país señala que, “en el caso costarricense, el retroceso se atribuyó principalmente al pilar institucional, pues el país se ubicó en el puesto 60, aunque el año anterior estuvo en el 49. Es decir, bajó 11 lugares.” Este pilar de competitividad -instituciones- comprende temas tales como derechos de propiedad, uso de fondos públicos, su desperdicio, peso de la regulación, eficiencia de la legalidad, crimen organizado, confianza en los políticos y otros similares.
 

También, el país decayó, con respeto al año anterior, en el pilar llamado eficiencia del mercado, que trata de asuntos como competencia, efecto de impuestos en los incentivos para invertir, tasa total de impuestos, cantidad de procedimientos para empezar un negocio y similares. Costa Rica bajó al lugar 78, en contraste con el año pasado, en que fue el  67.
 

Asimismo, cayó en el pilar de sofisticación de los negocios e innovación, pasando a los lugares 41 y 48 respectivamente. “Pese a la baja de cuatro y once lugares respectivamente, el país aún es líder en la región en esas dos ramas”.
 

Por otra parte, es líder en América Latina en salud y educación primaria y “tuvo un avance en el pilar de desarrollo macroeconómico, al ubicarse en el lugar 82 frente al 94 el año anterior.” Y obtuvo el primer lugar en el mundo en el ranquin de inflación, cosa sin duda notable.
 

En cuanto a factores negativos para hacer negocios en el país, se señalan la infraestructura, la burocracia gubernamental, el largo proceso para pagar impuestos y el difícil acceso al financiamiento.
 

O sea, tenemos una mezcla de avances y retrocesos. Este señalamiento saca a la luz el fenómeno de que, a pesar de tenerse avances, hay otras naciones que lo hacen más rápido que nosotros, lo cual explica nuestro rezago relativo en importantes indicadores.  O sea que, tal como a la Reina Roja, requerimos avanzar más rápidamente, ya sea para, en comparación con otros países, permanecer en el mismo lugar o bien para adelantarse.
 

Por eso, la declaración que el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Welmer Ramos, hace ante este informa, resulta ser una especie de verdad a medias, al señalar que “estoy seguro de que en la nota del índice avanzamos. Si otros países tuvieron mejor nota y el país fue desplazado no quiere decir que se desmejoró.” Haría bien en tomar en cuenta lo que se conoce como la hipótesis de la Reina Roja (citada al principio de este comentario), que simplemente se trata de un principio evolutivo, cual es que “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria para sólo mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando.” Lo cual, en palabras sencillas, nos dice que lo hecho es comparativamente insuficiente, pues otros avanzan más rápido que nuestro país: sí, señor ministro, el país desmejoró relativamente. Por tanto, a duplicar esfuerzos para ver si no nos quedamos aún más atrás. Tal vez sea mucho pedir para un estado que parece constituir un enorme lastre para el logro de ese progreso.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un impuesto absurdo

Ya el gobierno, insaciable como siempre, nos anuncia un nuevo impuesto: gravar las transacciones por Internet que llevan a cabo los ciudadanos del país.  Esta información la suministra La Nación en su edición del 9 de junio, bajo el titular “Gobierno cobraría IVA a todas las compras en línea: Proyecto de ley de impuesto al valor agregado abre opción para aplicar tributo.”

No es que las importaciones que a la fecha se hacen por medio de Internet estén exentas de impuestos: uno lo paga cuando retira el producto del servicio dedicado a procesar la traída al país, en donde se le cargan aranceles, que es un impuesto en este caso similar al papel que desempeñaría el nuevo gravamen.  La pretensión de Hacienda es la de cobrarnos un mismo impuesto bajo diferente nombre y posiblemente con diferente tasa, pero aplicado sobre el mismo bien y en el mismo acto de importación.

La pretensión gubernamental es usar como medio de control impositivo el uso que se hace de tarjetas de crédito para cancelar la transacción.  Esto no es tan fácil, pues incluso en los Estados Unidos no ha sido posible ponerlo en práctica, no sólo porque allá rompe el principio de libertad de comercio entre diferentes estados -hecho que se muestra en la ausencia de impuestos al comercio interestatal- sino que también las tarjetas de crédito se emiten en diversos estados distintos de aquellos de adónde y hacia dónde se dirige la transacción.

Ello abre el camino para que el ser humano, que intenta seguir disfrutando del beneficio derivado de la libertad de comercio y que le permite adquirir lo que prefiera, a un costo menor y posiblemente mejor calidad, pueda seguir haciéndolo.  Simplemente se utilizará en la transacción una tarjeta de crédito emitida en un tercer país.  Por ejemplo, Nicaragua y Panamá les entregarán tarjetas de esos países a ciudadanos de Costa Rica, para que las usen en pagos internacionales entre Costa Rica y un tercer país.

Me imagino que esta es la razón por la cual el proyecto de gravar con el IVA del 15% que ya pretende imponernos este gobierno, no puede entrar pronto en vigencia (además de que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa), pues, en palabras del viceministro de Hacienda, señor Fernando Rodríguez, apenas “trabajan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), para definir el mejor mecanismo para gravar esas operaciones.”

A mí me llama la atención el papel que puede desempeñar la OECD en estas cosas, casi como la de un gobierno supranacional, coadyuvando a poner impuestos no sólo en un país que todavía no es miembro de la OECD, según entiendo, pero bajo un espíritu que me permito de calificar de imperialismo tributario, cual es imponer gravámenes como si fuera un agente tributario en esta nación. Incluso hay países miembros de la OECD que no tienen tales gravámenes incorporados en sus legislaciones internas, a fin de cobrar el IVA a transacciones por medio de Internet y que usan tarjetas de crédito como medio de pago. Ciertamente que nos dirán que lo que la OECD brinda es asistencia “técnica” y que la decisión final la tomara el país correspondiente.  Pues, ¡no me ayudes, compadrito de la OECD, a cargarnos de nuevos y mayores impuestos!

Apenas el ser humano tiene un respiro frente al Leviatán, en este caso gracias a ese maravilloso avance tecnológico que es la Internet, el estado mete sus muy visibles manos, para extraernos parte de los beneficios que esa tecnología nos permite. Es la aplicación de la primera parte de la famosa frase de Reagan: “Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo.” Cuando la persona realiza transacciones por Internet, entonces, el estado, al ver que se mueve, corre a grabarlas con impuestos.  Luego, ante la incapacidad de detenerlo, si se sigue moviendo, introducirá la regulación, que en este caso podría ser la de asumir el control de la privacidad de Internet. Y tal vez, una vez muerto, y al darse cuenta de que ya no le produce ingresos al fisco, habrá algún genio de turno en el gobierno a quien se le ocurrirá subsidiarlo, a fin de revivirlo y poder así seguir ordeñando la vaca tributaria.  Claro, hasta esta última circunstancia la pagaríamos todos los ciudadanos contribuyentes: en conclusión siempre pagamos al todopoderoso estado, hasta el día en que la cosa se extinga, que desaparezca de la tierra, como le sucedió al pobre tiranosaurio o al triceratops o al pliosaurio, a quienes afortunadamente el ser humano, a través del estado, nunca pudo lograrlo por la vía de los impuestos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el gasto público de los últimos tiempos

Si logramos tener alguna idea del comportamiento del gasto gubernamental de los últimos años, eso nos permitirá entender por qué es muy posible que  fines de este año el déficit del gobierno llegue a algo más de un 6% del Producto Interno (PIB).

La información la suministra La Nación del 30 de abril, en su comentario titulado “Gobierno incrementó el gasto público en ₡1 billón: Ejecutivo consumió ₡400.000 millones más de lo que quiere recaudar con nuevos impuestos.”

Ya estamos acostumbrados a que un gobierno siempre le “eche los muertos” a quien le precedió, por el mal momento actual en su gasto público. Es una cadena casi sin fin: siempre el responsable será “el otro”, el de atrás, pero nunca dirá que el actual.  Posiblemente hay algo de razón en la queja, porque muchos gobiernos actúan con la idea de que “después de nosotros, el diluvio.” Esto es, “hagamos la torta ahora y que después la pague el gobierno que nos sigue.”

Si uno junta ambos argumentos -el de echarle la culpa siempre al gobierno anterior y el de ser dispendioso en el gasto y que el gobierno siguiente pague dicha pasión- nos damos cuenta de que la verdadera carne del sándwich terminamos siempre siéndolo nosotros, los ciudadanos.

La información periodística citada analiza primordialmente el comportamiento de los gastos de la segunda administración Arias Sánchez (2006-2009), así como los de la administración Chinchilla Miranda (2010-2013) y dos años de la actual, la de Solís Rivera (2014-2015).  Los datos que, a continuación, señalo son estimaciones a partir del Infográfico del comportamiento del gasto del gobierno central, presentado por el periódico en la edición arriba citada.

En el primer año de la segunda administración Arias, el gasto total del gobierno central ascendió a, aproximadamente, ₡3 millones de millones. Aumentó luego en un 5.4% y el gasto total llegó en el 2007 a, más o menos, ₡3,2 millones de millones. Para el tercer año de esa administración (2008), habría aumentado en un 7%, elevando el gasto total a alrededor de ₡3,4 millones de millones. En el último año de dicha administración, los gastos del gobierno crecieron en un 4.7%, lo cual llevó el gasto total a un estimado de ₡3,5 millones de millones en el 2009.

En cuanto a la administración Chinchilla, en su primer año aumentó aquel gasto del gobierno central en un 21%, lo cual lo elevó a un estimado de ₡4,3 millones de millones en el 2010. En el año siguiente, el gasto descendió en un 0.5%, lo cual redujo el total a un monto aproximado de ₡4,2 millones de millones.  Luego, en su tercer año de gobierno (2012), el gasto se incrementó en un 5%, llevando la cifra estimada a un total de ₡4,5 millones de millones.  Y, en su último año de gobierno, la partida aumentó en un 9%, con lo cual su administración concluyó con un estimado de ₡4,9 millones de millones.

En lo correspondiente a la administración Solís, en su primer año el gasto total se incrementó en un 8.4%, con lo cual el total se estima que ascendió a ₡5,3 millones de millones en el 2014, en tanto que en su segundo año (2015), el incremento fue de un 9.9%, llevando la cifra a un monto estimado de ₡5,8 millones de millones.

Si bien es cierto que, para cada gobierno que empieza, siempre ese primer año está determinado por el presupuesto que le dejó la administración previa, el objetivo aquí es señalar como fueron creciendo los gastos, hasta llevarnos a la difícil situación actual. Podemos claramente deducir que en las tres administraciones citadas, con excepción del 2011 (segundo año de la administración Chinchilla, si bien en el 2010 rigió el presupuesto heredado del último año de la segunda administración Arias), el gasto gubernamental siempre creció en términos nominales. (Casi todo el análisis del periódico lo hace en términos nominales, pero, en todo caso, siempre los cambios nominales fueron superiores a la inflación del período de referencia. Para el objetivo de este análisis no parece existir un problema serio si se hace en términos nominales en vez de reales) 

El comentario periodístico analiza el aumento de gasto del gobierno central de ₡940.000 millones que se dio en los primeros dos años de la administración Solís.  Está compuesto por ₡350.000 millones en transferencias corrientes; ₡296.000 millones en remuneraciones; ₡168.000 millones en el pago de intereses y ₡125.000 millones en gastos de capital.

Aquí hay varias cosas interesantes de resaltar.  Las llamadas transferencias corrientes incluyen el pago de pensiones, así como “salarios y pluses en entidades descentralizadas.” (Un ejemplo de dichas transferencias es la que el gobierno central le hace a las universidades estatales). Las remuneraciones comprenden tanto salarios como cargas y pluses de los empleados cubiertos por el presupuesto del gobierno central. La suma del aumento en estos dos años de la administración Solís por estas dos grandes partidas (remuneraciones y transferencias), que podríamos llamar gasto corriente exceptuando el pago de intereses, sería de  ₡646.000 millones, lo cual es 5,2 veces lo que el gobierno central aumentó en inversión en obras públicas y adquisición de activos, que sería de ₡125.000 millones.

En tanto que el gasto del gobierno actual durante los primeros dos años de su administración, aumentó en aproximadamente ₡940.000 millones (casi un billón de colones, según lo dice el medio), la recaudación de impuestos en ese mismo lapso fue de ₡643.000 millones.  Esto es, hubo un déficit o faltante de aproximadamente de ₡360.000 millones en esos dos años.

El gasto total durante la administración Solís aumentó en ₡415.000 millones en el 2014 y ₡523.000 millones en el 2015, pasando de ₡4,9 billones en el 2014 a ₡5,8 billones en el 2015.

Cabe hacer notar que, en tanto que el presidente Solís pretende aumentar los impuestos en este año para recaudar ₡600.000 millones, en los dos años de su administración el gasto creció en alrededor de ₡940.000, lo cual es una suma que excede en un 63.8% a los impuestos que espera recolectar con su propuesta tributaria.

Es interesante reseñar la opinión que al respecto suministró al periódico el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, como explicación del porqué se dio ese aumento del gasto de ₡940.000 millones en la administración Solís. Indica que “el fenómeno  es culpa del crecimiento vegetativo que tienen las partidas y de la ‘herencia’ presupuestaria que recibieron del gobierno pasado.” De acuerdo con sus cálculos, “un 17% del incremento de ₡1 billón (en los gastos del 2015) corresponde al pago de intereses de la deuda, un 42% al presupuesto para la educación pública, y un 15% a la transferencia para pagar pensiones, gasto que en el 2015 fue de ₡430.000 millones, un 18% del total de las transferencias corrientes de ese presupuesto… Las pensiones tienen vida propia… De cada ₡100 que se pagan por pensiones, ₡90 se financian con endeudamiento y ₡10 con cotizaciones.” Asumo que esto último se refiere a las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno central.

El punto es que las distintas administraciones -aquí analizadas- han aumentado fuertemente el gasto gubernamental.  Por ejemplo, la administración Arias no sólo inició un fuerte incremento por ajustes salariales, sino que puso en marcha dos programas, uno llamado Plan Escudo y el otro, Plan Nacional de Alimentos, para reducir los efectos de la crisis mundial iniciada a finales del 2008. El hecho es que “alimentaron” fuertemente el gasto del gobierno: casi en alrededor de ₡600.000 millones. Un problema grave de dicho aumento es que no tuvo un carácter “temporal”, en el sentido de que el estado creara empleo público para suplantar las pérdidas de empleo en el sector privado, durante la baja del ciclo económico citado. En esencia creó empleo permanente en el sector público, lo cual incuestionablemente tuvo serios efectos en el gasto de los gobiernos que le siguieron.

En los cuatro años de la administración Chinchilla, el gasto gubernamental creció aproximadamente en ₡1.200.000 millones, pues pasó del nivel del último año de la administración Arias de un estimado de ₡3,7 miles de millones a ₡4,9 miles de millones en el cierre del 2013.  No hay duda que, en mucho, heredó el problema de un gasto salarial “permanente” que había formulado la administración Arias, pero también tuvo su parte propia en tal incremento. 

Es factible argüir que la administración Solís también ha experimentado el “legado” o “herencia” de la naturaleza dispendiosa de parte de los dos gobiernos que le precedieron, pero han pasado dos años sin que se tomaran las medidas que condujeran a una reducción impostergable del gasto público, tanto en salarios como en pensiones, cosa que, al momento en que esto se escribe (mayo del 2016), aún no se hecho de manera significativa. Por ejemplo, aumentó en un 14% adicional las transferencias para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) -aumento del subsidio a las universidades estatales que ascendió a ₡51.000 millones en el 2015.

Eso es preocupante, en mi opinión, más que el déficit en sí de un 5.9% del PIB en el 2015 y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Central, en el 2106 podría llegar a un 6.2% del PIB.  El gasto que realiza el gobierno central es una demanda que ejerce sobre los recursos que produce una economía.  De esa especie de “olla” (el PIB) sale la parte que el gobierno toma, dejándole menos para llenar las necesidades de inversión y consumo del sector privado de la economía.  Son recursos que extrae de la economía como un todo, dejándole cada vez menos a la economía no gubernamental; esto es, a la parte privada de la economía. 

Además, en tanto este gobierno argumente que necesita esos ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos, casi que sabemos que la administración actual no va a dejar de gastarlos -ahorrarlos- sino que le servirán para financiar muchos proyectos que usualmente señala como carentes de recursos frescos, para poder llevarlos a cabo.  En otras palabras, los quiere para simplemente gastarlos.  Por eso uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la confusa imaginación tributaria

La propuesta reciente de la ministra de planificación de crear un impuesto es bien clara en su alcance tributario: está contenido en el proyecto de ley “Desarrollo Regional de Costa Rica”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa como un gravamen a las movilizaciones (eufemismo por transacciones) financieras por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Ridículamente en MIDEPLAN escriben las siglas de dicho sistema como SIMPE; con la requerida buena ortografía que exige que “antes de b y p, m pondrás”,  pero, en este caso, se trata de siglas, en donde la M no es la primera letra de la palabra Nacional.  Si es que este proyecto podría servir de algo, lo es si promueve una discusión razonada de lingüistas y filólogos acerca de si se escribe SINPE, como aparece en los documentos del Banco Central para definir el Sistema Nacional de Pagos, o bien SIMPE como lo escribe el culto redactor de MIDEPLAN.  Por lo demás, dicho proyecto asombra por su vaciedad.

La esencia tributaria de la propuesta es la creación de un nuevo impuesto de un 0,02% sobre el monto de cada transacción financiera que se lleva a cabo mediante el SINPE, que es una plataforma tecnológica creada por el Banco Central “para facilitar la transferencia y circulación de dineros entre agentes (personas e instituciones públicas y privadas) en la economía.” Esos agentes la utilizan no sólo porque permite transferir eficientemente dineros entre las partes, sino porque lo hacen de forma segura y por eso su costo ha sido aceptado por quienes la usan ante los beneficios que les suministra

Ese 0,02% -porcentaje que aparece inocentemente como algo chiquito- se aplica a cada transacción financiera mayor a ₡100.000, en el momento en que se hace la transacción por medio de SINPE. De allí provendrán los recursos para crear lo que considero constituye una multitud de JAPDEVAS que se crearían alrededor de todo el país y que la burocracia gubernamental denomina, en su proyecto de ley No. 19959, como “sistema de desarrollo regional de Costa Rica”.

Veamos algunos ejemplos sencillos de casos en que operaría dicho impuesto.  Suponga que usted recibe un salario de un millón de colones al mes.  Si es un empleado del estado o de una empresa privada o de un patrono, que depositan esos fondos por medio del hoy muy utilizado sistema de pagos SINPE, de entrada a ese patrón se le cobrará un 0,02%; esto es, ₡200. 

Similarmente si luego usted paga, digamos ₡400.000, por su tarjeta de crédito utilizando al sistema SINPE (pues así no tendría que ir con un montón de plata a la oficina de la empresa de tarjetas), pagaría ₡80 por ese nuevo impuesto.

También, si usted recibe una pensión de la Caja, de, digamos, ₡800.000 al mes, en cada depósito que se le haga en su cuenta corriente por dicho motivo, la CCSS tendría que desembolsar ₡160 para enriquecer el fondo de desarrollo regional que el gobierno piensa realizar. Igual sería con cualquier pensión diferente de la de la Caja.

Si usted paga a una universidad privada por medio de SINPE, digamos ₡200.000, pues le quitarían ₡40 de entrada.  De la misma forma, si usted es un empresario y paga en impuestos usando SINPE, digamos por un monto de 10 millones de colones, le capan ₡2000 de entrada. 

Igualmente, si usted tiene que pagar a los bancos mensualmente por el préstamo que le dio en el pasado para que pudiera adquirir una casa o un carro, que digamos asciende a ₡500.000 de principal e intereses, pues le quitarán de entrada ₡100 cada mes. ¿Estamos ya claritos de cómo es que funciona el asalto que se nos pretende infringir? 

De acuerdo con una estimación de la recaudación que hizo el ministerio de Hacienda por este impuesto -así consignada en el artículo de El Financiero del 26 de abril titulado “Impuesto a transacciones financieras generaría efectos mixtos,”- que dice que, en cuanto a dicho impuesto, “podría generarle al erario público ingresos frescos equivalentes a un 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB)”, si el  Banco Central estima que en el 2016 nuestro PIB llegaría ser de ₡27.437.498,3 millones, ese “pequeño (e inocente) gravamen” con la “bajita tasa del 0,02%”, podría ascender a la suma de ₡5.487,5 millones. Como ven, aquel pellizquito se convierte en un pellizcote.

No dudo que ese monto obtenido dará lugar a un olio grandioso: todo en nombre de un presunto desarrollo regional, que más bien huele a desarrollo de políticos y de agrupaciones sindicales que sin duda surgirán alimentadas por esas platas “frescas”.

En esencia, este no es un impuesto que vendría a reducir el déficit actual tan elevado del gobierno y que está pretendiendo cubrir con nuevos y mayores impuestos: todo eso se iría en financiar un nuevo sueño de opio de la burocracia dispendiosa; simplemente se usará para financiar un nuevo gasto gubernamental; nunca para reducir un déficit, lo cual sucedería si no se gastara y más bien se utilizara en compensar el desbalance fiscal, que se estima que el año entrante podría ascender a un 6% del PIB.

Adicionalmente, es claro que este impuesto significará una doble imposición: por una parte, a usted se le grava por los ingresos que recibe a cambio de su trabajo (por ejemplo, en un salario pagado por medio de SINPE). Pero, luego, si para sus gastos a partir de dicho ingreso, usted utiliza una tarjeta para pagar tales compras, al cancelar la obligación con la empresa de la tarjeta si lo hace por medio de SINPE, se le pone un impuesto por esa transferencia.  

Por supuesto que el burócrata proponente de impuestos, le dirá que al “ser pagado por el patrono (ya sea el estado o una empresa), usted no lo está pagando.”  Pero eso no es cierto y se le debe responder de inmediato al burócrata, que si no cree que el encarecimiento del salario que paga el patrono no se va a reflejar en una disminución de su demanda de mano de obra. Esto es, de todas maneras usted termina sufriendo el costo cuando disminuye el empleo.

En el análisis económico usual de las alternativas de diferentes impuestos indirectos, siempre se critica a un impuesto que opera “en cascada”. Esto es, que dado que el impuesto se aplica a las diversas fases, tales como productor, minorista y mayorista entre otras, que existen en un proceso productivo, en tanto que para los diversos pagos se utiliza el mecanismo de SINPE, el precio irá incorporando el mayor costo por este nuevo impuesto, conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo. Finalmente, todo ello se refleja en el precio del producto final. El impuesto se aplica conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo, pues en cada una de ellas se incorpora el costo previo mayor ocasionado por ese impuesto, por lo cual la base imponible crece conforme las etapas de producción se van dando una tras otra.

El problema no es tan sólo que se da un aumento mayor del precio final, sino que estimula una concentración de etapas en un proceso productivo, ocasionado por el impuesto, en vez de la estructura productiva por etapas previa, que resultaba de la eficiencia productiva de la especialización. Por tal razón es que los técnicos tributarios preferimos impuestos como el de ventas aplicado sólo en la etapa final o, bien, el llamado impuesto al valor agregado o IVA, el cual se aplica tan sólo al valor que se agrega en cada una de las etapas y no sobre el valor final de cada una de ellas.
  

Sin duda que un grave problema con este estulto impuesto que propone el ministerio de planificación, es que estimula, en el margen, a que haya una expansión del sector informal de la economía. Bien sabemos de la extensión amplia y creciente de nuestra economía subterránea, en donde por diversos costos regulatorios y tributarios impuestos por el estado, ocasiona que el empresario calcule el costo de la informalidad con los beneficios que obtiene de tal situación. Al aumentar dichos impuestos, aumenta la desventaja de la formalidad y, por tanto, más empresarios buscarán operar en la informalidad.

En adición, la idea tonta de un impuesto como éste, se demuestra cuando se tiene presente que una razón primordial para usar el mecanismo del SINPE es que disminuye el riesgo de las personas y las empresas y hasta del mismo estado, de ser objetos de robo cuando los pagos que hacen usando efectivo, que lo trasladamos en los bolsillos o en bolsos o paquetes y similares, en vez de poder hacerlo en la privacidad por medio de una computadora, como es mediante SINPE. Somos conscientes del avance de la delincuencia en nuestro país, la cual, no dudo, celebrará si es que se pone ese impuesto absurdo, pues ahora los ciudadanos andarán en las calles con bolsillos llenos de plata para poder realizar transacciones que hoy hacen con toda la seguridad requerida, por medio de una transferencia bancaria. El incentivo es claro para que, con ese impuesto, se use el efectivo para realizar todo tipo de transacciones, lo cual sin duda que es parte del corazón económico del lavado de dinero.

Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros.  Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por MIDEPLAN- hasta el propio viceministro de ingresos del ministerio de Hacienda, señor don Fernando Rodríguez, con buen tino técnico y mayor político, manifestó que una de las razones para oponerse a ese gravamen es que “se produce un efecto de desbancarización (esto es, dejar de usar esquemas de pagos por medio de los bancos comerciales), en lugar de contribuir con la lucha contra la evasión en IVA (impuesto al valor agregado) y renta, estaríamos incentivándolo.” Bien dicho y mejor señalados los efectos esperados de ese mamotreto tributario. Dicha declaración aparece en La Nación del 17 de mayo (y una corrección vía fe de errores el 18 de mayo en dicho medio), en el artículo titulado “Viceministro contra tributo a transferencias electrónicas: Fernando Rodríguez, de Ingresos, objeta impuesto de ₡20 por giro interbancario de ₡100.000.”

Finalmente, enfatizo y reitero el grado de cinismo al cual se está llegando en nuestro país, cuando el gobierno propone como algo vital aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero, por otro lado, nos propone nuevos impuestos como el descrito, lo cual no se usará para reducir el déficit, sino para financiar un nuevo gasto, que incluso es altamente cuestionable. No habrá con dicho gravamen, ninguna reducción del déficit; lo que le interesa al gobierno es gastar más y más y por ello es que propone mayores impuestos como ese.
 

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Sindicatos y su desconocimiento absoluto de economía

El tema del salario público se ha vuelto muy de moda en estos días. Colocar estos temas en el debate público nos parece muy bien y un ejercicio muy sano en un país democrático como el nuestro. La evidencia de los abusos en salarios en el sector público (gobierno central, empresas e instituciones autónomas del Estado) hay que agradecérselo al diputado Otto Guevara y luego al diario la Nación. Nos parece muy bien que un diputado finalmente haya tenido la valentía de poner esto en evidencia.

Uno de los aspectos que más nos ha impresionado en ASOJOD de la defensa de los sindicatos a estas acusaciones es el casi total desconocimiento de estas personas sobre conceptos básicos de economía y también sobre el ejercicio del emprendedurismo y el trabajo privado en competencia. Algunos de ellos realmente no saben lo que están hablando pero otros estamos seguros están muy conscientes de su equivocación pero deciden ignorar los hechos.

Un ejemplo muy claro es el tema del salario mínimo. Los sindicatos consideran que la mejor forma de disminuir el desempleo en el país es aumentando el salario mínimo. Sucede que esto no solo no sucedería sino que está más que demostrado que hay una relación inversa entre salario mínimo y empleo. Es muy fácil desear que los empleados ganaran más y en ASOJOD también opinamos lo mismo pero definitivamente subiendo el salario mínimo no es la forma. Que fácil imaginarse que de un día para otro todos las personas ganen por lo menos tres millones de colones al mes. Imagínense, todos seríamos millonarios, que alegría. Suena bien pero los efectos negativos son casi evidentes (aunque algunos no quieren verlos). 

Al empresario le dicen tal atrocidad y su reacción inmediata sería una de las siguientes (o una combinación de estas): despedir a cuanta gente sea necesaria hasta que su gasto total en salarios vuelva a su nivel original de modo que su rentabilidad no se vea afectada y esto provocaría un aumento precipitado en el desempleo; irse de inmediato a otro país con condiciones laborales más atractivas y esto nuevamente incrementaría el desempleo; o incrementar los precios de venta para recuperar la rentabilidad por medio del ingreso y esto provocaría una diminución en competitividad y eventual cierre de la empresa que finalmente daría como resultado un incremento en el desempleo. Con cualquiera de las tres consecuencias el resultado es el mismo, un aumento del desempleo. Esto aplica para cualquier aumento en el salario mínimo y su efecto sería más nefasto dependiendo del nivel del aumento. 

La única forma de aumentar salarios sin aumentar desempleo es por los medios naturales del mercado e implica mejorar la calidad del empleo e incrementado la inversión privada en el país generando de esta manera un aumento de la demanda de empleo y, por lo tanto, un aumento de los salaros. Esto solo se puede lograr por medio de más libertades. Es la única forma.

Otro ejemplo clarísimo del total desconocimiento de economía de los sindicatos sobre economía es su oposición  a sistemas de jornadas laborales más flexibles como la famosa jornada cuatro tres que permitiría a los empresarios laborar doce horas cuatro días a la semana en lugar de ocho horas cinco días a la semana. Esto permitiría disminuir costos fijos mejorando la rentabilidad de la empresa, les daría un día libre más a la semana a los trabajadores, se incrementaría la eficiencia energética en las empresas intensivas en maquinaria y otros. 

Es poco creíble que alguien o algún grupo se pongan en contra de esto pues no disminuye de ninguna forma las garantías laborales del trabajador pero los sindicatos están en contra pues alegan que implicaría una disminución en las horas extra. Qué cosa más extraña, los mismos grupos que alegan que los empresarios son explotadores ahora están en contra de leyes que implicarían que el trabajador pueda limitarse a las horas establecidas originalmente en su contrato. Sistemas de jornada de trabajo más flexibles como este permitiría incrementar la rentabilidad de las empresas e incrementaría el ambiente de inversión en el país generando más empleo pero estos grupos retrógrados simple y sencillamente no lo comprenden.

Finalmente, otro ejemplo claro de desconocimiento en economía es el tema de los sobre sueldos y pluses salariales del sector público. El efecto de estos abusos en el déficit fiscal, tasas de interés, competitividad en servicios públicos es más que evidente y lo hemos analizado en muchas ocasiones en nuestro blog así que no entraremos en detalle pero es lamentable que estos grupos sociales no comprendan el daño que le hacen al país con estos abusos. Un nueva ley de empleo público que ponga en el tema de los salarios públicos en niveles más apegados a la realidad es más que necesario.

La columna de Carlos Federico Smith: aumento previsto de la deuda del Gobierno

Los últimos gobiernos han gastado y gastado excesivamente nuestra plata, de manera que han llevado a que el país tenga déficits preocupantes. El pueblo, acertadamente, no ha querido aprobarles mayores impuestos, pues bien sabe que simplemente servirá para que prosigan en el dispendio de los fondos públicos. Me imagino que, en parte, porque se tuvo banqueros centrales relativamente sensatos, quienes no siguieron el camino de la emisión monetaria para financiar al estado costarricense, dando lugar a una dolorosa inflación, los gobernantes, también frenados por la no aprobación de mayores tributos, acudieron al único camino que les quedaba, para no verse obligados a frenar la expansión del gasto público: Acudieron al endeudamiento; esto es, a pedir prestado. 

Podían haberlo hecho en el país; esto es, aumentando lo que se conoce como deuda interna, pero principalmente el estado lo hizo endeudándose con el exterior; es decir, aumentando la deuda externa. Lamentablemente, el artículo del periódico La Nación del pasado 24 de marzo y que lleva por título “Peso de la deuda pública alcanza récord en 10 años: Endeudamiento del Gobierno Central llegó a 39% del PIB en el 2014”, no hizo el interesante desglose del endeudamiento del gobierno central (ni siquiera fue del gobierno total) en sus dimensiones interna o externa a través de esos años. Pero, al fin y al cabo, ya sabemos que es el gobierno central el que más suele endeudarse entre los distintos integrantes del estado. Además de que es conocido que en los últimos años el gobierno central ha acudido a un mayor endeudamiento con el exterior, en comparación con el del propio país, por la obvia razón de la caída relativamente más significativa de las tasas internacionales, experimentadas al menos en los años más recientes: se ha tenido un costo relativamente menor del endeudamiento externo que del interno. 

Debo hacer justicia e indicar que el periódico señala que “la deuda pública total, que incluye también al Banco Central y al resto del sector público, representó un 58.6%” del PIB. Lamentablemente, si bien es muy interesante, este dato es puntual y no hay una serie que nos muestre el endeudamiento total a través de los últimos 30 años, como sí lo hace en el caso del endeudamiento del gobierno central. Pero, un 58.6% del PIB como endeudamiento público, es una cifra que debe obligarnos a pensar en torno a lo que procede ir haciendo, para evitar una crisis en cuanto a tener acceso a fuentes de financiamiento que podrían ser una buena opción (como cuando se usa en proyectos de inversión y no en gastos corrientes, en donde los primeros se espera que tengan un rendimiento superior a su costo de financiamiento).

Lo más importante de destacar es que 2014 fue el año en que la deuda pública del Gobierno Central llegó al nivel más alto de los últimos años, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). Lo lamentable es que, en el 2004, habíamos llegado casi a un porcentaje máximo de un endeudamiento similar, pero, a partir de ese año, se inicia una deseable declinación del porcentaje de endeudamiento del gobierno central, hasta llegar en el 2008 casi al nivel histórico más bajo del período 1984-2014: cerca del 25% del PIB.

Este comportamiento exitoso de reducción del endeudamiento del gobierno central, se revierte a partir del 2008 -año en que, a fines de él, se inicia la denominada crisis global de los últimos tiempos- ascendiendo de un 25% del PIB en el 2008 a un 39.3% en el 2014; esto es, un crecimiento de algo más de un 14% durante los últimos seis años.

Uno de los inconvenientes de una política de endeudamiento gubernamental es que tiende per se a aumentar las tasas internas de interés que se cobran por el financiamiento de inversiones de las empresas, lo cual ocasiona que la producción crezca menos en comparación con una situación de menores tasas. Pero, como bien lo señala el anterior presidente ejecutivo del Banco Central, don Rodrigo Bolaños, “en los últimos años… las tasas no han subido mucho por las ventas de bonos en el exterior, que el Gobierno hizo hasta este año”, según lo indica el informe periodístico. Ciertamente el período recesivo global de los últimos tiempos y la política agresiva del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), han ocasionado que hayan caído las tasas de interés denominadas en dólares en los mercados internacionales. De cierta manera, esa fue una salvada para el gobierno gastón de los últimos años, el cual no tuvo que pagar un costo alto por dicho endeudamiento y, por lo tanto, tuvo un menor efecto interno sobre las tasas de interés. Pero, como ya lo han advertido muchos economistas, el fin de esas políticas monetarias laxas, principalmente de los Estados Unidos, parecen estar próximas a su fin, lo cual causará, sin duda, un efecto negativo mayor en nuestra economía que al experimentado hasta la fecha, si es que proseguimos con nuestra disparada política de endeudamiento externo.

Creo que es un error circunscribirse únicamente al efecto negativo que sobre las tasas de interés internas ocasiona un endeudamiento externo en las circunstancias expuestas. Y es que cualquier endeudamiento, que en su momento incurra el gobierno, deberá ser enfrentado en algún instante -pagado- y para ello se deberá acudir a aumentar los impuestos o a emitir dinero por el Banco Central, pero eso crearía problemas aún mayores. Asimismo, podría encararlo renovando el endeudamiento, algo de lo cual hemos hecho, pero esa “rotación de la deuda” en su momento llega a un límite, como puede hoy atestiguarlo el gobierno griego o nosotros después del 82. El inevitable incremento de los tributos es descontado en la economía nacional, de manera que tendrá presente que, en el largo plazo, las utilidades netas o ingresos netos serán posiblemente menores, a causa de los mayores tributos para pagar aquellas obligaciones. Ello puede incentivar un retraimiento de los planes de inversión del momento.

Este punto es analizado por un estudioso del tema, el profesor James M. Buchanan, quien indica en su obra The Public Finances, que “Si el gasto financiado con endeudamiento resulta ser productivo, el contribuyente de períodos posteriores por supuesto que puede estar mejor, aún en la necesidad de tener que pagar intereses por la deuda, que lo que estaría si no se hubiera emitido la deuda. Pero, esto es irrelevante para el problema de ubicar el verdadero costo de las erogaciones, lo que se conoce como la carga de la deuda. El problema es precisamente ese de ubicar al individuo o al grupo que “paga por” los beneficios obtenidos a partir del gasto público, con total independencia de si el gasto en sí es productivo o improductivo. La emisión de deuda tiende a trasladar esta carga del pago sobre el contribuyente en períodos subsecuentes a la emisión de la deuda –la operación del gasto. Los impuestos, por contraste, tienden a poner la carga sobre los individuos en el período en que el gasto es llevado a cabo. Esta es la diferencia básica entre los dos métodos de financiar el gasto público, y el fracaso de así reconocer este punto puede tan sólo conducir a la confusión.” (Op. Cit., p.p. 304-305)

Desde el punto de vista de la política económica del gobierno, vale la pena tomar en cuenta la observación que formula el exministro de Hacienda, don Edgar Ayales, quien indica que “en la medida que su deuda suba, el Gobierno requiere pagar más intereses y le va quitando al país la posibilidad de invertir en obras estatales.” En sencillo,  podría llegar el momento en que el endeudamiento del gobierno como porcentaje del PIB es tan alto, como para que los prestamistas exijan tasas mayores (pues el país se convierte en un riesgo mayor).

Por su parte, el actual ministro de Hacienda, don Elio Fallas, señala que “para detener dicho crecimiento [la deuda del gobierno central como proporción del PIB], el Gobierno labora en dos áreas: la reducción del déficit, especialmente el primario (ingresos, menos gastos, excluidos los intereses), y el crecimiento económico.” Y es a esto último a lo cual quiero referirme, en especial cuando el señor Fallas señala que “realizan esfuerzos para que la producción crezca este año un poco más del 3.4% que prevé el Banco Central.”

No hay duda de que, con lo que nos dice don Elio, se encuentra metido en un zapato. Primero nos dice que, para lograr reducir el porcentaje del PIB que representa el endeudamiento del gobierno central, es necesario reducir el déficit primario y crípticamente no nos dice cómo lograrlo, sino que tan sólo señala entre paréntesis “(ingresos, menos gastos, excluidos los intereses)”. Pero no indica, con la claridad requerida, lo que ha venido haciendo el gobierno, cual es que ha aumentado su presupuesto de gastos ordinarios del gobierno central para el 2015 en un 19%, con respecto al equivalente del año anterior. Esto pone en seria duda el logro objetivo que señala el ministro Fallas para reducir el déficit, cual es el de “menos gastos”. Aún más, en su obscura frase entre paréntesis, tan sólo nos dice “ingresos”, me imagino que se debe a que no quiere señalar que la mayor claridad de propuestas políticas que ha hecho esta administración para reducir el déficit gubernamental, lo ha sido por la vía de aumentos en los impuestos; es a ello a lo que se refiere cuando dice “ingresos”.

Esto último nos lleva al segundo factor que, en opinión de don Elio, contribuirá a reducir el porcentaje que del PIB representa el endeudamiento del gobierno central. Según él, lo será mediante el crecimiento de la economía. Por supuesto que, si crece la economía -el PIB, el denominador del cociente-, si se mantiene sin crecer el numerador, que es la deuda externa del gobierno, velis nolis, decrecerá el cociente. El ministro Fallas, en una especie de anhelado canto del cisne, nos asevera que se “realizan esfuerzos para que la producción crezca este año un poco más del 3.4% que prevé el Banco Central.”

Don Helio no sólo no nos indica cuánto crecerá este año el endeudamiento del gobierno central, para estimar lo que sucederá con el cociente deuda pública/PIB, sino que su esquema analítico contiene una enorme contradicción. Si se aumentan los impuestos, como lo propone, no va a lograr que aumente la producción, sino todo lo contrario: la única posibilidad de compatibilizar una reducción del déficit con un mayor crecimiento de la economía parece radicar en una reducción del gasto gubernamental y, a la fecha, vemos que eso quedó en promesa de campaña política. Si aumenta los impuestos como medio de reducir el déficit gubernamental, precisamente originado por un gasto excesivo por encima de las recaudaciones del gobierno, no logrará ni siquiera el moderado crecimiento de un 3.4% para este año estimado por el Banco Central. 

A lo anterior debemos agregar lo indicado a La Nación por don Rodrigo Bolaños, con base en un libro de Reinhart y Rogoff, que se resume en lo pertinente que “en el caso de Costa Rica, con base en cifras de 1950 al 2009, cuando la deuda del Gobierno Central estuvo por debajo del 30% de la producción, nuestro país tuvo un crecimiento económico de un 6.9%... Sin embargo, cuando la deuda osciló entre 30% y 60%, dicho crecimiento bajó a 5% y conforme aumentó más del débito, menos creció el país.” 

Debido a que en estos momentos el gobierno está considerando la colocación de mayor deuda en los mercados internacionales y a que no define claramente una reducción sustancial de su gasto, y que, más bien, busca imponer sobre la economía nuevos y mayores impuestos, en un marco caracterizado ya por una amplia incertidumbre en la economía, todo en conjunto hace que las posibilidades optimistas de lograr un mayor crecimiento más se parezcan más a un sueño de opio que a otra cosa. 

Lamentablemente para todos nosotros, los ciudadanos, el desorden en el manejo fiscal tiene que ser debidamente corregido para que se nos cause el menor daño posible. Las cuentas por el desorden habido ya tienen que ser pagadas, pero no es legítimo ni moral acudir a medidas que no contribuyan a sanear efectivamente nuestra economía, sino, por el contrario, a empeorarla aún más.  Si no se frena el gasto estatal, es poca la mejoría que se podrá lograr y, más bien, de no hacerlo ocasionará daños futuros aún mayores.  

Jorge Corrales Quesada