La columna de Carlos Federico Smith: ¡Sí se puede!

Hace poco leía lo siguiente en un libro de John Micklethwait y Adrian Woolridge, The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State (La Cuarta Revolución: La Carrera Global para Reinventar al Estado): “En algunos casos por haber perdido la esperanza, en otros más bien por tener esperanzas, los burócratas y los políticos están empezando a pensar diferente. La presunción de que el estado debería de hacerlo todo, el amor por la uniformidad, la urgencia de centralizar todo: Usted puede encontrar ejemplos en todas partes de mundo occidental en los cuales empiezan a derrumbarse esos viejos credos. Puede ser que individualmente no equivalgan a mucho, pero juntos significan algo muy grande. Pedacito por pedacito está emergiendo un nuevo modelo.” (Op. Cit., New York: The Penguin Press, 2014, p. 219).

Por ello mi enorme satisfacción al leer en La Nación del 28 de noviembre el artículo titulado “Consorcio abarató el costo de escalar el cerro Chirripó”. Simplemente porque, como lo señalan Micklethwait y Woolridge, las cosas se van haciendo diferente y sus resultados positivos empiezan a relucir. 

Vean ustedes: resulta que se creó una empresa privada llamada Aguas Eternas, la cual fue conformada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo De Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chirripó. Ningún figurón, ¿verdad?; gente sencilla y con deseos de innovar y emprender una aventura empresarial inédita. Ellos participaron en una licitación para gestionar los servicios en el albergue Crestones, que se ubica en el parque del cerro del Chirripó. No fue nada fácil, dice la información periodística, en un proceso que tomo casi siete años (mentís a quienes creen que para que surja una empresa nada más se trata de decir “Ábrete sésamo”). Incluso “la unión de los participantes fue sacudida en dos ocasiones, cuando les rechazaron su oferta. Pero la tercera fue la vencida; entonces se probó que lo imposible al final sí era posible”. Casi que lo adivino: una burocracia aplicando con todo el rigor la ley de contrataciones con el estado a gente que tuvo que aprender a hacerlo bien. Me imagino la resistencia burocrática cuando unos campesinos pusieron todo su esfuerzo en llevar a cabo su proyecto de administración. Pero lo importante es que, ¡lo lograron! ¡Sí se pudo! Y ahora veamos ya algunos de los resultados esperados con esta empresa privada, en contraste con algo que, evidentemente, se hacía con mucha menor eficiencia a como lo harán los nuevos responsables. Es decir, esta nueva empresa desnuda la ineficiencia del estado en hacer cosas que los individuos privados pueden hacerlas mejor.

Desde ya el impacto es notable. Se estimó que el costo de ir de excursión al parque nacional Chirripó durante dos días y dos noches, era de unos ₡250.000 por persona. Con la nueva administración, ese costo se estima que será de ₡95.000. Esto es, un ahorro por persona de ₡155.000. ¿Quieren mejor prueba de cómo es más eficiente una empresa privada en comparación a como lo hace el estado y que nosotros pagamos? Pero no sólo hay esta reducción en los costos por administrar el hospedaje, la alimentación, el alquiler de equipo y el acarreo de suministros para los visitantes. Los cuatro funcionarios de Aguas Eternas “se encargan de todo… si antes la comodidad del albergue obligaba a llevar una bolsa de dormir para los camarotes con espumas cubiertas en tela de vinil, ahora se ofrecen almohadas y tres gruesas y limpias cobijas esperando en cada lecho”. O sea, un mejor producto o servicio a un costo mucho menor que antes. ¿Qué más quieren?

Agrega la información: “También se volvió innecesario tener que llevar los alimentos o contratar quien los cargara y preparara, pues Aguas Eternas se encarga de ofrecer cada tiempo de comida en el sitio.” Es decir, el servicio se adaptó a las necesidades de los clientes, no como era antes, que estos tenían que adaptarse a lo que la burocracia podía ofrecer. Esto es verdaderamente “servicio al cliente” y no “cliente al servicio del negocio”. 

Pero hay más: ya los resultados positivos se empiezan a reflejar. “Otro cambio es que el tiempo para obtener espacio en el albergue pasó de seis a tres meses, ya que aumentó la capacidad de alojamiento de 40 a 52 personas.” Yo me acuerdo de la insatisfacción de amigos que deseaban escalar la montaña, porque no había campo en el albergue cuando lo deseaban y la espera para obtener un lugar era tediosa. Hábilmente, la empresa privada hace un mejor uso del capital físico y lo adapta a las condiciones de la demanda de la clientela. El servicio se dará todo el tiempo porque -y esto para quienes andan proponiendo trabajar menos, creando días feriados por cualquier razón- “Gracias al consorcio tampoco será necesario cerrar el Parque 45 días al año por mantenimiento. ‘Se reciben visitantes siempre, incluido todo feriado en el calendario’, enfatizó Omar Elizondo, presidente de Aguas Eternas”. ¿No notan -y no es casualidad- que en esta empresa privada se está hablando de que trabajarán todo el tiempo que sea necesario para satisfacer los deseos y necesidades de sus clientes? Contrasta, verdad, con las actitudes de los “Albinos”. Esfuerzo, dedicación, servicio, satisfacción de las necesidades de los clientes y no de aquellas de los burócratas. De eso se trata en una empresa privada.

Antes de que alguien me diga que “porecitos, ahora que van a hacer los guardas de los parques que ya no tendrán que atender el albergue”, les señalo lo que dijo el señor Bernal Valderramos, administrador del parque: “los guardaparques ahora pueden dedicar más tiempo a investigar, vigilar especies y mejorar los senderos, para que así nunca se interrumpa el hormiguero constante de caminantes en ruta hacia la meta soñada, la cresta del Chirripó.” Una consecuencia no prevista de la acción de la empresa privada. En busca de su propio beneficio, sirve a los ciudadanos: Adam Smith, una vez más, se hace presente, especialmente cuando cunde la insatisfacción por las cosas como las hace el estado, pudiendo obtenerse un mejor resultado si se llevara a cabo por manos privadas. Lo expuesto me llena de regocijo y esperanza: hay posibilidades de salir del atolladero en que estamos sumidos en estos momentos. ¡Sí se puede!

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna:¿y qué es lo malo de privatizar?

Hay bronca grande entre la CCSS y la UCR por el manejo de 45 EBAIS  (Equipo básico de atención integral en salud) en los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión. La Caja no quiere pagar más y la UCR aduce que se incumple un Addendum.  De paso, han salido el Sindeu y la Feucr a despotricar contra la CCSS. 

Ellos y otros sectores denuncian que se quieren “privatizar” los EBAIS.  Incluso son más puntuales, pues denuncian que se usa el “modelo cooperativo” para privatizar la salud. Cosa curiosa.  ¡Tanta reacción!  La gente se queja de los costos de la medicina privada, no de sus resultados.  La gente también se queja de la deshumanización de la CCSS, no se las ventajas de estar asegurado.

Así que una privatización de los servicios de Enfermedad y Maternidad más bien podría ser algo deseable.   Servicios personalizados y no la anonimia general que cunde en algunos servicios públicos.  

Ahora que la ANEP y otros grupos han salido a despotricar contra los salarios de los médicos (escondiendo los salarios de algunos “administrativos”), se ha desmoronado el mito de que en lo privado prevalecía el “espíritu de lucro” ¡Eso sí! Habría que procurar que la eventual privatización no tenga los visos de corrupción de algunas obras dadas por “concesión de obra pública” o de “trocha de emergencia”.  Para ello es mejor que haya concurrencia y competencia, libre participación y transparencia.

Lo importante es que a la gente la atiendan bien, que el servicio cumpla su cometido y que haya eficiencia y continuidad.  A la gente no le sirve los eternos conflictos entre administraciones públicas sino el interés en el servicio.

Así las cosas, no veo porqué miedo a privatizar.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: privatización de las licencias de conducir

En la gran mayoría de instituciones públicas, sino en todas, existe un desface entre las demandas ciudadanas y la capacidad de aquellas para responderles. El caso más reciente es el de las pruebas de manejo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), donde miles de personas se encuentran a la espera para poder realizar dicha evaluación, con el fin de obtener su licencia de conducir. Este es un caso que no sorprende, como sí lo hace el hecho de que todavía sea el Estado el que se encargue de emitirlas. Por eso, en este Tema Polémico, queremos proponer una opción, a la luz no sólo de este problema, sino también un aporte a la discusión en el marco de la Ley de Tránsito.

En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.

Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.

Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.

Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.

Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.

Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.

Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.

Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?

¡Increíble!

¨Una maraña de trámites y atrasos impide a puerto Caldera estrenar una moderna grúa traída desde Austria para agilizar la carga y descarga de graneles y contenedores.

La mole de acero, valorada en ¢2.500 millones, ya está instalada en el puerto y tiene capacidad para descargar hasta 50 contenedores por hora.
Foto Flotante Relacionada: 1677507

Sin embargo, la grúa no puede operar porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no ha definido la tarifa que se cobrará por el servicio.

La Aresep, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y el concesionario del puerto se echan unos a otros la culpa de este retraso.

Eso significa que la grúa estará varada agosto y setiembre y que los trámites del Incop y la Aresep tardarán al menos 5 meses en total.¨

Las líneas anteriores son un claro ejemplo de la miseria y el sub-desarrollo al cual nos tiene condenado ese monstruo esotérico: el Estado. A pesar de la buena gestión por parte de la empresa privada y su inversión para adquirir una nueva grua del más alto nivel, los engorrosos trámites que el mismo Estado ha creado asfixian la creación de riqueza. Para nadie es un secreto la importancia que poseen los puertos para el comercio, así como la relación que existe entre el comercio y el crecimiento económico, es por esto que este tipo de bromas no pueden seguir sucediendo, si en verdad queremos dar un salto al primer mundo.

Ante estas bochornosas situaciones en la que nos pone el Estado, el camino parece estar muy claro: la privatización. Definitivamente no se le pueden pedir peras al olmo.

¿Una vuelta al futuro?

Gobernantes de América Latina, ¡cuidado! Las renacionalizaciones en nombre del pueblo pueden convertirse en los búmeran, al generar empresas con pérdidas y peores servicios. Pretender que las privatizaciones benefician a los ricos a costa de los pobres es falso, así de sencillo. Los gobiernos que se inspiran en estas premisas terminan perjudicando a aquellos a los que dicen proteger.

Durante los años 90, América Latina estuvo a la cabeza del mundo en desarrollo en la venta de activos propiedad del Estado. Empresas de servicios públicos oficiales pasaron a manos del sector privado en aras de mayor eficiencia, objetivo que se alcanzó en la mayoría de los casos. Al cabo de dos décadas, los datos corroboran que la privatización ha contribuido a mejorar considerablemente la rentabilidad de esas empresas y la calidad y cobertura de los servicios que prestan.

Entonces, ¿por qué dos de cada tres latinoamericanos piensan que las privatizaciones fueron ruinosas? Quizá parte de la respuesta sea la nube de corrupción que flota sobre algunos de los casos más sonados de capitalismo entre compinches. Y otra parte de la culpa le corresponde al desempleo, ya que se perdieron empleos una vez que las compañías privatizadas comenzaron a seguir criterios económicos en vez de cálculos políticos al tomar sus decisiones empresariales.

Lo bueno con lo malo. Algunos gobiernos han reaccionado al descontento generalizado con la privatización, descartando lo bueno junto con lo malo. En vez de considerar cada caso particular, han decidido reinstaurar el control estatal sobre los servicios públicos y las industrias claves. Venezuela acaba de nacionalizar todo el sector eléctrico y CANTV, la empresa nacional de telecomunicaciones, y a comienzo de este año Bolivia reasignó el manejo del sistema de acueductos de La Paz que desde 1997 manejaba una compañía extranjera.

Antes de dejarse arrastrar por esta corriente, a los gobiernos les convendría revisar cuidadosamente los hechos. Si lo hacen, descubrirán que, a fin de cuentas, las privatizaciones han sido, de hecho, más beneficiosas para los pobres. Si bien las empresas de servicios públicos privatizadas aumentaron los precios, también ampliaron su cobertura, incluyendo a hogares pobres. Las investigaciones confirman que en una serie de casos en América Latina la gente de bajos ingresos se ha beneficiado.

En Perú, la privatización de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones ha sido una bendición para las zonas rurales. La gente ha podido economizar tiempo que ahora puede destinar a labores no agrícolas o al esparcimiento, porque ahora disponen de un suministro eléctrico más confiable. El Gobierno exigió a la compañía telefónica privatizada, Telefónica del Perú, que instalara cabinas públicas en pueblos seleccionados al azar. En comparación con los sitios donde no se instalaron cabinas, los pueblos que tuvieron la suerte de contar con ellas gozan de un aumento en sus ingresos. Es cierto que este beneficio resulta de una exigencia del Gobierno, pero el Estado, cuando estuvo al frente de la compañía telefónica, no pudo o no quiso prestar ese servicio.

Privatización y salud. Más impresionantes aún son los beneficios de las privatizaciones en el campo de la salud. En Buenos Aires la privatización permitió que muchas zonas marginales, cuyos habitantes dependían de agua de dudosa calidad distribuida por camiones cisterna o tomada de riachuelos, recibieran agua potable por tubería. Gracias a eso disminuyó la incidencia de diarrea en esas zonas. La privatización de las compañías eléctricas mejoró el servicio eléctrico, los refrigeradores empezaron a funcionar mejor y se evitó la descomposición de los alimentos, lo que a su vez disminuyó los niveles de nacimientos con bajo peso y mortalidad infantil.

Por el contrario, desde que el Gobierno de Argentina volvió a nacionalizar el servicio de agua en Buenos Aires en marzo pasado, casi se ha duplicado el número de quejas por mal servicio de los clientes, según informan los medios y grupos de observadores. Las reparaciones se toman dos o tres veces más tiempo que cuando era un consorcio privado el encargado de manejar el sistema. Según una asociación de derechos de los consumidores, hasta la línea de emergencia para quejas llegó a quedar fuera de servicio en un momento.

Los líderes de América Latina que piensan en volver a nacionalizar los servicios básicos, deberían preguntarse a quiénes desean ayudar de verdad.

Y, de paso, también deberían preguntarles a los ciudadanos de sus países si están dispuestos a renunciar a sus teléfonos celulares, a padecer racionamientos de agua o a vivir con apagones. Ese puede ser el costo de darle marcha atrás al reloj.

Por Alberto Chong y Florencio López de Silanes
Tomado de la Nación