Revive en la Asamblea Legislativa un peligroso proyecto de reforma constitucional que otorgaría a las municipalidades la facultad de aprobar impuestos. Bajo la bandera de la “descentralización” y el “fortalecimiento del régimen municipal”, el proyecto surca la corriente legislativa sin encontrar escollos, salvo la valiente oposición del libertario Mario Quirós.
Hasta ahora, nadie más se atreve a objetar una iniciativa con fines tan loables. Además, Gobierno y diputados quieren quedar bien con los concejos. Por eso, el Ejecutivo incluyó el proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
La reforma abandona la sabiduría inspiradora del diseño constitucional vigente, que reserva la materia tributaria a la Asamblea Legislativa. Si llega a aprobarse, la facultad de imponer impuestos quedará repartida entre Cuesta de Moras y las 81 parroquias que sirven de cabecera de cantón.
Compartir la definición de políticas tributarias es compartir, también, la conducción de la política económica y comprometer la capacidad del Gobierno Central para generar ingresos y estimular la producción.
La carga tributaria no es un recurso infinito para el Estado. Tiene un límite, a partir del cual las actividades económicas afectadas dejan de ser rentables y desaparecen. Con ellas se esfuman también las fuentes de ingresos tributarios.
Supongamos que, aprobado el proyecto de ley, las municipalidades se comportan responsablemente en el ejercicio de sus facultades impositivas y ni siquiera se aproximan al límite de la carga tributaria que empresas y ciudadanos pueden soportar. Aun así, habrán cerrado el espacio de que dispone el gobierno para imponer nuevos impuestos que, en determinadas circunstancias, podrían ser indispensables.
Supongamos, ahora, que las circunstancias aconsejan atraer, o promover, determinado tipo de inversiones mediante ajustes en la estructura tributaria. Supongamos, quizá, que al país le interesa impulsar la inversión en general o estimular el consumo para potenciar la producción. Cualquiera de estas estrategias exigirá el consenso de las 81 parroquias y así no se puede gobernar.
Si los recursos hacen falta, los diputados podrían aprobar un impuesto para conseguirlos, pero no deben ceder su potestad exclusiva de legislar en una materia tan delicada.
Armando González, tomado del periódico La Nación
