Desde la tribuna: reacciones frente a las políticas europeas de austeridad

En expresión resumida, ¡todo se jodió en buena parte de Europa!

Hay una seria crisis económica que ataca duramente las economías familiares y personales.  En algunos países también se manifestó una grave crisis financiera (muy similar a la de los Estados Unidos de América).  Las consecuencias son graves, pues mucho se vino abajo:  ha subido de forma alarmante el desempleo, se secan las posibilidades, no hay para pagar la vivienda que se compró con hipoteca, hay problemas con el valor de los inmuebles, los bancos no reciben sus pagos y entran en complicaciones.

En pocas palabras, ¡después de un gustazo viene un trancazo!.  Muchos se comieron el jamón y ahora llegó la época de las vacas flacas.  

Lo cierto es que no todos los países están tan mal.  Algunos nórdicos han logrado vadear la situación y Alemania marcha bastante bien.  ¿Fórmula?  Los remedios de mucho trabajo, austeridad y más orden.  Parsimonia en el gasto y prudencia en muchas acciones.  No ha sido fácil, pero van saliendo bien.  

¿Cómo debe comportarse Europa?  Ahí viene el asunto complicado.  Europa ha manifestado su unidad pero ha impuesto normas de austeridad. 

El instrumento escogido es el TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA, hecho en Bruselas el 2 de marzo pasado (2012). 

La esencia de los compromisos europeos es la disciplina presupuestaria.  Se trata de lograr la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.  En palabras de las autoridades europeas, se pretende avanzar en el restablecimiento de la confianza en la Unión Europea y evitar que se repita la crisis de la deuda soberana. 

El texto del Tratado correspondiente dice  que se pretende “reforzar el pilar económico de la unión económica y monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario, a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social.”

La disposición central del Tratado reseñado preceptúa lo siguiente:

“1. Las Partes Contratantes aplicarán, además de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión Europea y sin perjuicio de ellas, las normas establecidas en el presente apartado

a) la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Parte Contratante será de equilibrio o de superávit;

b)  la norma establecida en la letra a) se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado. Las Partes Contratantes garantizarán la rápida convergencia hacia su respectivo objetivo a medio plazo. El calendario para lograr dicha convergencia lo propondrá la Comisión Europea tomando en consideración los riesgos específicos para la sostenibilidad de cada país. Los avances hacia el objetivo a medio plazo y su observancia serán objeto de una evaluación global que tome como referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado;

c) las Partes Contratantes podrán desviarse temporalmente de su objetivo a medio plazo respectivo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo únicamente en las circunstancias excepcionales definidas en el apartado 3, letra b);

d)  cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de 
mercado esté muy por debajo del 60 % y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a medio plazo especificado en la letra b) podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1 % del producto interior bruto a precios de mercado;

e)  en el caso de que se observen desviaciones significativas del objetivo a medio plazo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo, se activará automáticamente un mecanismo corrector. Este mecanismo incluirá la obligación de la Parte Contratante de que se trate de aplicar medidas para corregir las desviaciones en un plazo de tiempo determinado.

2. Las normas establecidas en el apartado 1 se incorporarán al Derecho nacional de las Partes Contratantes a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales. Las Partes Contratantes establecerán a escala nacional el mecanismo corrector mencionado en el apartado 1, letra e), sobre la base de los principios comunes que proponga la Comisión Europea, relativos en particular a la naturaleza, el alcance y el calendario de la medida correctora que se adopte, igualmente en caso de circunstancias excepcionales, y a la función e independencia de las instituciones responsables a escala nacional de supervisar la observancia de las normas establecidas en el apartado 1. Dicho mecanismo corrector respetará plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales.

3. A los efectos del presente artículo, serán de aplicación las definiciones establecidas en el artículo 2 del Protocolo (n.o 2) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo a los Tratados de la Unión Europea.

A los efectos del presente artículo se aplicarán además las siguientes definiciones:

a)  por «saldo estructural anual de las administraciones públicas» se entenderá el saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter temporal;

b)  por «circunstancias excepcionales» se entenderá aquel acontecimiento inusual que esté fuera del control de la Parte Contratante afectada y tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas o aquellos períodos de grave recesión económica a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, siempre que la desviación temporal de la Parte Contratante afectada no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.”

Quien lo quiera leer completo lo podrá encontrar en este link. 

Tales compromisos y remedios han concitado diversas reacciones, sobre todo de organizaciones gremiales, funcionarios y parados, que se han lanzado animosamente a la calle a protestar contra las medidas de orden y austeridad.   Han hecho marchas en la capital francesa convocadas por unas 65 organizaciones sociales, políticas y sindicales.  Hablan de “romper el muro del silencio e imponer un debate público sobre la adopción de esos pactos, aseguró Pierre Laurent, secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF).”

En Grecia hubo toda clase de desmanes, en Italia, Portugal y España han sido también miles de personas las que han protestado contra la austeridad, el orden presupuestario y los recortes.

Algunos manifestantes expresan que quieren enfrentar la crisis con una supuesta solidaridad y cooperación, haciendo de lado los programas de ajuste.  Los enervan los programas de ajuste y recorte presupuestario.  Los irrita la posibilidad de adoptar una  ''regla de oro'' que limite el déficit al 0,5% del PIB, como ya han tenido que hacer algunas legislaciones. 

Algunos autores, como Pierre Charasse por ejemplo, critican la imposición de “medidas de austeridad irreversibles.”

La crítica de Charasse dice así:

“¿Pero a qué precio, y en beneficio de quién? Nos dicen que las conquistas sociales como la seguridad social, las jubilaciones, los servicios públicos, grandes logros del siglo XX, son hoy el mal absoluto y que la única salvación es la destrucción programada del “modelo social europeo” para garantizar un mínimo de estabilidad macroeconómica.”

Charasse culpa a Alemania:

“En primer lugar la Alemania reunificada se volvió el gigante económico de Europa. Con el fin de evitar que el marco alemán se impusiera como moneda de referencia en Europa se decidió con el Tratado de Maastricht en 1992 la creación del euro como moneda única europea. Kohl aceptó, pero puso como condición la autonomía del Banco Central Europeo y se opuso a la creación de un gobierno económico europeo. Hoy vemos las consecuencias de este acuerdo, que deja a Alemania las manos libres para imponer su política a todo el continente, con el apoyo de Francia.”

Por supuesto, también culpa Charasse a los Estados Unidos:

“En segundo lugar, la ampliación precipitada de la Comunidad Europea al este, bajo las presiones de Estados Unidos, cambió radicalmente la esencia del proyecto europeo. Estados Unidos tenía prisa para consolidar su ventaja frente a Rusia. Los países ex comunistas fueron invitados a incorporarse de inmediato a la OTAN en los años 90, y en seguida a la UE en los años 2000: seguridad militar y estabilidad económica eran los dos pilares de esta estrategia trasatlántica concebida en Washington. En este contexto, la incorporación de nuevos miembros en un gran mercado, sin límites geográficos o históricos y sin un verdadero contenido social, marca una ruptura definitiva con la idea original de la integración europea.”

¿Qué quieren?  Al parecer quieren volver a los tiempos de antes, a las prácticas que los hicieron caer en las crisis.  A la manipulación gubernamental de los factores económicos para repartir dineros que luego faltarán y que obligarán a mayores medidas de orden. 

Están en una creencia, según la cual se puede obtener de la vaca carne y leche a la vez.  O sea, quieren seguir con las gollerías y administración que los llevó a la crisis, suponiendo que era sostenible.  Se niegan a entender la realidad.

Hay un marco jurídico, estructural y económico para las llamadas “conquistas sociales”.  Una vez que se excede este marco la cosa se descontrola.

La intervención gubernamental en algunas áreas de la economía es peligrosa.  Buena parte de la burbuja financiera crediticia, compañera de la “burbuja inmobiliaria” se origina en complacientes disposiciones gubernamentales con el crédito.  En la idea de que un poco más de plata hará feliz a la gente, las Administraciones concernidas no midieron las consecuencias de la demagogia en forma de impulso a los créditos “Ninja” (no income, no jobs, no assets, es decir: sin ingresos, sin empleo fijo y sin propiedades) y complacientes autorizaciones y habilitaciones para que las entidades financieras expandieran el crédito.

El reparto de gollerías, el abuso de las “conquistas sociales”, el efecto “buffet” en la seguridad social y legislaciones protectoras, las complacientes decisiones en torno a la expansión del crédito resultaron en unos años riquísimos para algunos:  mucha paga, mucho beneficio, mucho crédito, acceso a muchos bienes aunque no hubiera como pagar.   Ello era insostenible, en cada dimensión de tales disparadores de la crisis.

La culpa, por supuesto, no la tiene Alemania. La tienen los gobiernos demagógicos, el exceso de “conquistas sociales” insostenibles y la corrupción y corruptos que de mil maneras aprovecharon la situación (políticos demagogos, banqueros irresponsables, abusadores de las conquistas sociales y los miedosos que entendiendo lo que pasaba no lo denunciaron ni hicieron como pararlo).

Ahora algunos lloran por los beneficios insostenibles a los que tuvieron acceso:  comieron, bebieron, gastaron y dilapidaron, llegó la hora de pagar y sufrir.  El hecho es que, además, quedaron mal acostumbrados.  A puestos (tal vez no trabajos) con gran paga.  A muchos días feriados.  A vacaciones sin límite.  A crédito que daba acceso a toda clase de bienes.  En algunos de estos países el trabajo raso, rudo y sucio lo siguen haciendo los inmigrantes, pues los “parados” no quieren ni pensar en ensuciarse las manos.  ¡Qué vaina! 

En Francia se tramitan las reformas para la austeridad y la disciplina fiscal, pero … el presidente francés, François Hollande tiene una pretensión que se sumará a las de los que están contra la buena administración de los Estados.  Hollande declara impondrá un fuerte impuesto a los más ricos  (a todos los que ganan más de un millón de euros anuales, se cree que son unas 3.000 personas).  Pretende que paguen el 75% de sus ganancias durante dos años.  Según Hollande recaudará unos 2.250 millones de euros.

Creo que Hollande no recaudará dicha suma.  Lo que sí logrará es espantar a las empresas francesas, obligarlas a disponer de sus ganancias de otra forma, ponerlas a contratar auditores, contadores, asesores fiscales y “creativos” que buscarán cómo evitar tales pagos (con el consiguiente daño para todos). 

¡Qué daño hacen los demagogos, ocurrentes, estatistas y desordenados a las sociedades!  ¡Cuánto engaño y dolor producen!  Algunos no querrán entender nunca más cómo se genera la riqueza, el valor de la libertad, la importancia de la responsabilidad, lo esencial que es la economía de mercado y cuán genial es generar empleos.  Preferirán seguir en paro indemnizado, dejar que los inmigrantes hagan el trabajo, despotricar contra el orden y los ricos y esperar a que vuelvan los demagogos a repartir mentiras, ilusiones y semillas de futuras crisis.   

Federico Malavassi Calvo

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les ofrecemos la entrevista realizada por Russ Roberts al profesor Emanuel Derman, en donde explica el papel de los modelos en los mercados financieros.

Viernes de Recomendación

El día de hoy les presentamos una entrevista con el Premio Nobel de Economía Vernon Smith, donde domenta su trabajo en el campo de la economía experimental, así como su análisis de la crisis.

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la menor calificación de E.E.U.U.

No podía dejar de referirme al tema de la reducción en la calificación de los Estados Unidos que recientemente le impuso la empresa calificadora Standard & Poor’s.

Lo primero que quiero señalar es que tengo poca confianza en el trabajo que, en los últimos tiempos, han desempeñado las empresas dedicadas a calificar la bondad de distintas entidades económicas. En el caso particular de los Estados Unidos, está presente su pésimo desempeño en la valoración que, para potenciales inversionistas, realizaron a empresas financieras de Wall Street pocos días antes de que se entronizara la crisis de fines del 2008. No pudieron darse cuenta de la enorme exposición al riesgo que tenían importantísimas entidades financieras que luego quebraron, tanto de aquellas que el Gobierno Federal estadounidense no impidió que cerraran, así como otras a las que sí se les prestó cuantiosos fondos federales para evitar esa situación de bancarrota, bajo el cuento de “too big to fail”.

Al surgir la crisis, se dio como explicación de esa conducta impropia de las empresas calificadoras, el que ellas efectuaban tales calificaciones mediante el pago por las mismas firmas que iban a ser valoradas. Lo que se conoce como riesgo moral se hizo patentemente presente.

Aparte de todo esto, creo que esa reducción en la calificación de los Estados Unidos, por la cual se redujo su calificación de AAA a AA+, si bien es algo ligeramente menor, sí muy significativa por tener esa nación un récord histórico de haber mantenido por muchos años la más alta calificación. Después de todo, los Estados Unidos han tenido una moneda que básicamente ha sido universalmente aceptada y, aparejada a esta valoración, ha mantenido el mayor aprecio como nación segura en donde invertir fondos de deuda gubernamental.

Antes de observar cuál es la reacción de los principales mercados bursátiles, que no han abierto al momento de escribir este comentario, es difícil predecir qué va a suceder en cuanto a la tenencia universal de bonos estadounidenses, si bien deseo destacar que para invertir no existe una cantidad de deuda gubernamental como la de los Estados Unidos, que potencialmente pueda absorber las apetencias de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros. Por ello, me parece que difícilmente se puede considerar que habrá una huida sustancial de su deuda hacia la de otras naciones, pero posiblemente implique algún costo mayor que compense la reducción de AAA a AA+.

Para mí lo más importante de lo sucedido es que debería de interpretarse como una llamada de atención a los Estados Unidos por el manejo de sus déficit gubernamentales. Debe tenerse presenta que la deuda pública de esa nación ha aumentado sustancialmente porque los déficit del Gobierno lo han hecho igualmente. En cuanto a la deuda federal, al momento es casi un 60% de su Producto Interno Bruto y, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de esa nación, en el 2021 aumentará a un 90% de su PIB. Por su parte, los déficit, si empezamos porque en el último año de la administración de George Bush, hijo, fueron de $460 billones (es decir, según la nomenclatura costarricense, $460 miles de millones), ya con dos años de la administración de Obama aquél se elevó a $1.4 trillones en el 2009 (esto es, en la nomenclatura costarricense $1.4 millones de millones) y para el 2010 se estima en $1.29 trillones (es decir, $1.29 millones de millones aquí). Pero hay más: la administración del Presidente Obama en su presupuesto federal para el 2012 proyectó un déficit de $1.645 trillones (esto es, $1.645 millones de millones en nuestra terminología).

La solución que algunos proponen es aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero el grave problema es que, en una recesión, si me acuerdo de mi amigo Keynes, no se deben aumentar los impuestos, sino más bien reducirlos. Pero, economistas difuntos aparte, lo cierto es que la evidencia histórica ha sido muy fuerte en que, cuando se reducen los impuestos, como en los años 20 con la rebaja tributaria conocida como Mellon-Coolidge o más recientemente cuando la administración Kennedy redujo en los años 60 la tasa impositiva, dio lugar a un fuerte crecimiento de la economía y, en consecuencia, del bienestar de los ciudadanos.

En todo caso, lo que se conoce como economía del lado de la oferta enfatiza que, cuando las tasas marginales impositivas exceden a un 40%, se ejerce una influencia destructiva sobre los incentivos de la gente para trabajar, así como en el uso deficiente de los recursos escasos. Por ello, hay una argumentación legítima en contra de aumentar más los impuestos en los Estados Unidos, a riesgo de que, de llevarse a cabo, afectaría negativamente el crecimiento de la economía, factor crucialmente importante en estos momentos en que esa nación permanece en medio de un ciclo recesivo, caracterizado por una tasa de desocupación ligeramente superior a un 9% de la fuerza de trabajo.

Esto deja como única alternativa para estabilizar los déficit, y con ello poder reducir a mediano y largo plazo el crecimiento de la deuda pública, reducir el gasto público en los diferentes renglones de gasto en ese país. Por supuesto que en esta consideración personal entra el importante gasto en defensa, pero es mi obligación profesional destacar dos factores de enorme impacto en el gasto de esa nación, como son los llamados “bailouts” o programas de salvamento empresarial que llevó a cabo el Gobierno Federal para, supuestamente, evitar la quiebra de empresas en el marco de la crisis citada, así como también el enorme crecimiento que han tenido los rubros conocidos como programas de transferencias sociales, conocidos como la Seguridad Social, el Medicare y el Medicaid, que juntos constituyen un 10% del PIB de ese país y que se estima que, en el año 2052, llegarán a ser el 18.2% del PIB y, si se supone que los ingresos tributarios no varían, terminarán por absorber el total de impuestos que recauda el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

Por todas estas razones, considero que la reducción de la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+ es una llamada de atención para que se ponga orden en la casa, consejo que no debe ser dejado de lado allá ni tampoco en nuestro país. Si lo sucedido se hubiera dado en alguno de nuestros países, ya el Fondo Monetario Internacional estaría metido con todas sus narices, diciéndonos cómo tenemos que lograrlo (posiblemente, como casi siempre, pidiéndonos que aumentemos los impuestos). En este caso, la empresa calificadora Standard & Poor’s pide algo similar, pero, si se le hiciera caso y se elevaran los impuestos, en vez de reducir el elevado y creciente gasto gubernamental, posiblemente resulte mejor que el mensaje no sea escuchado. Parece preferible que, casi que por primera vez, se oigan las voces de quienes piden algún grado de sanidad y disciplina fiscal, reduciendo el desbordado gasto público causante del enorme déficit y también de la enorme deuda del gobierno federal. ¡Aprenderemos algo, los costarricenses, de la lección de la importancia del orden en el gasto público que hoy nos viene desde los Estados Unidos?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Plan Escudo y empleo público

Una importante causa de la crisis financiera actual de la Caja Costarricense del Seguro Social es el desproporcionado aumento de 10.956 puestos de trabajo entre los períodos del 2005 al 2010. Este aumento en plazas responde al famoso Plan Escudo de don Oscar Arias para, supuestamente, combatir las consecuencias de la crisis financiera mundial.

Como ya lo hemos denunciado en ASOJOD en varias ocasiones, la mayoría de las medidas implementadas del Plan Escudo para lo único que sirvieron fue para dejar a al Estado con uno de los déficit fiscales más altos de la región y, como ha quedado en evidencia en las últimas semanas, también las demás instituciones del Estado, como la CCCSS, que ha quedado al borde la quiebra. No entendemos como alguien tan preparado como don Oscar Arias y el resto de su equipo keynesiano nunca logró comprender el simple hecho de que el dinero no crece en los árboles y cualquier aumento en el gasto estatal tiene que salir, tarde o temprano, del bolsillo de todos los costarricenses. Quizá precisamente por ser keynesianos.

Aún muchos analistas defienden el Plan Escudo, aduciendo que si el Estado no hubiera contratado a las personas desempleadas del sector privado a causa de la crisis financiera, los efectos de la misma sobre el país hubiesen sido nefastos. Ciertamente la crisis financiera mundial obligó al sector privado en Costa Rica a disminuir sus planillas. Se perdieron alrededor de 41.000 puestos de trabajo entre setiembre del 2007 y abril del 2009. Pero, como ocurre en todas las crisis, la recuperación viene acompañada de un efecto acelerador (entre setiembre del 2009 y abril del 2010 se recuperaron casi 35.000).

Obviamente, los países con mejor clima empresarial son aquellos que salen ganadores luego de una crisis. En Costa Rica, en lugar de asegurar mejores condiciones para el sector privado, de modo que pudiera salir de la crisis con mayor facilidad, se tomó la decisión de aumentar las planillas en el sector público injustificadamente e incrementar el gasto, al tiempo que se envió un nuevo paquete de impuestos al Congreso que, de ser aprobado, enterrará todo esfuerzo por generar empleo y riqueza.

Ver el trabajo como un fin en sí mismo es el peor error que se puede cometer. Un incremento en el empleo siempre tiene que responder a una necesidad. Por ejemplo, la CCSS aumento su planilla en casi 11.000 empleados, pero esto no se vio reflejado en una mejora en el servicio brindado. Entonces ¿qué beneficio recibieron los costarricenses con esos empleados de más? Ninguno. Por el contrario, se perjudicaron, pues tendrán que pagar, con sus cuotas, los salarios y gollerías que adquieran esos trabajadores.

Claro, en aquel entonces pareció como una buena idea pero es ahora, que el Estado tiene un déficit insostenible y las instituciones públicas están en crisis, que estamos viendo las consecuencias. Lo único que logró don Oscar Arias con su Plan Escudo fue posponer los efectos de la crisis unos cuantos años y tirarle las consecuencias a la próxima Administración. A menos que se reviertan estas medidas por medio de una significativa disminución del gasto público (y sí, lo decimos abiertamente, eso implica disminuir planilla pública vía despidos), el Gobierno tendrá que cubrir esto por medio de impuestos poniendo aún más en riesgo la actividad económica del país. Ahora las consecuencias podrían ser más graves que las que hubieran sucedido si no se hubiera puesto en marcha el Plan Escudo de don Oscar.

La columna de Carlos Federico Smith: rumbo a Costa Rica, desde Grecia e Italia

Empecemos con Grecia, la cual, para aspirar a salir de la crisis económica que espero es conocida por los amables lectores, se vio obligada a congelar las plazas en el sector público, además de reducir los salarios de sus actuales empleados en un 15% y que, de cada diez empleados del sector que se pensionen, sólo podrá reponerse a uno de ellos. Esto es parte de un esfuerzo por lograr que los griegos trabajen.

Asimismo, reflejando la seria crisis en su sistema de pensiones, se vio obligada a aumentar la edad durante la cual los contribuyentes deberán cotizar al sistema a fin de poder pensionarse. Pero también tienen que reducir los gastos de la seguridad social en enfermedad, así como en seguridad pública.

Ante la fragrante evasión tributaria, los griegos deberán pagar más impuestos no sólo por los llamados vicios y lujos, sino también sobre la propiedad y un alza de 4 puntos al impuesto sobre las ventas, el cual así llega a una tasa del 23%. De igual manera, debido a la abundante cantidad de propiedad estatal, se ha decidido poner en marcha un fuerte programa para venderla, a fin de que se le traslade a la actividad privada para evitar que continúen siendo una fuente importante de los déficit del sector público.

Igualmente se introducirá una serie de medidas para poner coto al más variado conjunto de subsidios que la imaginación pueda concebir y que, como en todo lado, son fuente del déficit gubernamental del país. Ello es parte de un programa que Grecia tuvo que aceptar negociarlo con sus socios de la Comunidad Económica Europea, a fin de que ellos le brinden recursos que permitan aliviar el dolor del ajuste, pero, al fin y al cabo, para que Grecia efectúe lo que es un ajuste impostergable. Grecia llegó a una situación extrema por muy diversas razones, siendo la principal el exceso de gasto gubernamental superior a la recaudación de impuestos, lo cual se reflejó, a su vez, en un déficit en la cuenta corriente del sector externo. Pero también a causa de una clara dependencia de todos los sectores para obtener todo tipo de privilegios, lo cual implicó un acceso casi ilimitado a los fondos estatales que no eran infinitos. Así se llegó al grado de que no fue posible que se les mantuvieran por más tiempo. Como dicen: No había más cuero de donde salieran las correas.

Viendo y olfateando lo que se les venía, los italianos se anticiparon a tomar medidas tomando como referencia a los acuerdos que tuvo que negociar Grecia con la Comunidad Económica Europea, pues los problemas que estaba teniendo en su economía eran similares a los de Grecia y sus orígenes también parecidos. El gobierno italiano se decidió a actuar para evitar los costos tan elevados que hoy día experimenta Grecia, por lo cual dispuso asumirlos en algún grado significativo, pero tal vez sin llegar a los extremos en que hoy se encuentra Grecia. Para ello, por ejemplo, Italia privatizará una serie de empresas estatales, tan conocidas como ENI, entre muchas otras. Asimismo, a fin de evitar la quiebra de su sistema de seguridad social en cuanto a la atención de enfermedades, introduce el sistema de copago, mediante el cual los usuarios de consultas médicas de su Caja pagan un porcentaje del costo de ellas. Así se termina con la idea de que el costo del tratamiento de las enfermedades es gratuito; esto es, que la demanda sea infinitamente elástica; que los recursos así empleados no tienen un costo de oportunidad.

La edad para pensionarse se elevará, con lo cual aumentan los años durante los cuales se debe pagar cuotas para el régimen de pensiones. También los salarios de los empleados públicos se van a reducir, al igual que una serie de transferencias que el gobierno central efectúa hacia los gobiernos locales. Asimismo se introduce un impuesto progresivo a la renta en el caso de ingresos provenientes de bonos gubernamentales, que probablemente estaban exentos.

Básicamente con estas medidas el gobierno italiano, para lo cual contó con la aprobación en su Senado de los diputados de la oposición de izquierda, considera que podrá enrumbarse hacia un presupuesto equilibrado en unos tres años. Así se han anticipado a lo que ya antes señalaban los mercados, cual era una desconfianza enorme en el futuro económico italiano.

El rumbo que nos señalan Italia y Grecia debe ser objeto de nuestra meditación. Es cierto que la magnitud del problema de nuestro país, tanto en términos absolutos como relativos, en comparación con los dos primeros, es mucho menor, pero las causas parecen ser las mismas. Un enorme déficit fiscal, producto de un gasto mucho mayor que los ingresos tributarios que se perciben, gastos que han crecido enormemente principalmente en el rubro de las remuneraciones, tanto en sus montos –salarios- como en el número de empleados públicos, así como también por una debilidad creciente y eventual quiebra del régimen de enfermedad y maternidad de la Caja, así como de la parte correspondiente a pensiones. Pero no sólo dicho régimen está desfinanciado; hay algunos otros regímenes especiales de pensiones en el sector público que están plagados de gollerías, como es el caso del sistema del régimen judicial, entre otros.

También son factores importantes en la explicación del déficit en el sector público la evasión tributaria actual y también la evitación tributaria, mediante la cual, legalmente, importantes sectores de nuestra economía, que demandan fuertes gastos estatales, no contribuyen con ingresos al fisco para su financiamiento.

En todo caso, las lecciones de los sucedido en Grecia e Italia deben ser aprendidas y aprehendidas muy pronto, a fin de evitar la enorme magnitud de los ajustes que después se van a requerir. La solución no pasa por captar más fondos de las personas y las familias, sino porque el estado, en toda su amplitud, tome las medidas reductoras del gasto que permitan anticipar quiebras como las sufridas por aquellas naciones.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: burbujas y más burbujas

Los seres humanos no podemos vivir sin el juego ni la oportunidad de especular con las modas financieras, autocreadas o espontáneas, que se nos presentan en el camino, aunque a veces actuemos de manera irracional. De hecho, los sesgos humanos que echan por la borda la teoría de los mercados eficientes –la sobre confianza, el efecto manada y la percepción de una disponibilidad limitada de bienes– intervienen siempre en la generación de las burbujas y en su caída “irracional”.

Pero existen otros factores perversos que conspiran a la hora de procrear las burbujas y dimensionar sus explosiones. La expansión monetaria y la manipulación de las tasas de interés, son, probablemente, las causas más importantes de la distorsión del sistema de precios, con su consecuente efecto en la producción de bienes y servicios. A la vez, la información manipulada de algunos expertos, el exceso de regulación engorrosa y la elaboración de esquemas financieros fraudulentos o simplemente muy complejos para ser entendidos unívocamente, forman parte de las incesantes catástrofes financieras como las experimentadas recientemente.

Los eventos históricos nos dicen que los sesgos humanos intervienen constantemente en las grandes caídas de los mercados. La fiebre de los tulipanes en 1637, por ejemplo, llevó a que tres bulbos costaran lo mismo que una casa en Amsterdam. Isaac Newton, genio científico, perdió 20.000 libras cuando la compañía de los Mares del Sur divulgó rumores de su comercio con el Nuevo Mundo pero no desveló los riesgos del deterioro de las relaciones entre España y Gran Bretaña, causando el desplome de sus acciones de 1.000 a casi cero en unos meses. Sir Newton declaró: “Puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las gentes”. La crisis del petróleo en 1973, la caída de los tigres asiáticos en 1997, el desplome del rublo en 1998, la burbuja de los puntocoms en el 2000 y, por fin, la crisis subprime de 2007-08 son tan solo algunos de los hechos más relevantes de la historia financiera mundial.

Claro que ninguna de esta burbujas será comparable, a la burbuja que se está tomando forma alrededor de los bonos del tesoro de EE.UU y que promete dejarnos a todos asombrados, cuando estalle, ante la imposibilidad de este país de hacer frente a sus obligaciones financieras. Y sin querer jugar de Nostradamus, me adelanto al futuro y añado la crisis de los bonos de carbono en el 2012. La causa de esta caída tendrá sus raíces en el inevitable incumplimiento de los acuerdos del protocolo de Kyoto signado por los países industrializados, debido a sus ridículas metas y a la ignorancia de los políticos de que el CO2 no solo no es causante del cambio climático, que tanto nos preocupa, sino que más bien contribuirá al crecimiento de la masa vegetal en el planeta. Además, el gran Dios Sol volverá a tener su merecido lugar como el único factor influyente en el clima y en nuestro placentero, aunque a veces trágico, vivir.

Pero actualmente, más cercano a nuestro entorno económico - en Costa Rica- se está gestando ya una burbuja crediticia, impulsada por la intervención del BCCR y ayudada por el Congreso. Esta burbuja, tiene sus orígenes en la creencia de que la expansión monetaria, atada a un subsidio para la construcción de vivienda, será el detonador de la reactivación económica tan esperada por el actual Gobierno; mientras, este sigue viendo con grandes celos los años de bonanza económica durante la pasada burbuja financiera, que tanto beneficio dio a la Administración de Oscar Arias Sánchez.

Pero ¡ojo!, que no nos pase lo de Sir Issac. Después de todo, el Estado no tiene la capacidad de generar riqueza y mucho menos de reactivar la economía, dado que todo lo que él hace o posee, lo obtiene del saqueo de los bolsillos de alguien que "ya" participa activamente en la economía. Esto no es reactivación, es simplemente, redistribución de riqueza.

Andrés Pozuelo Arce

ECONOMÍA: El lado oscuro de la crisis económica global

La crisis va llegando a su fin. Eso, al menos, es lo que se desprende de los últimos pronósticos de crecimiento realizados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y de cuanta declaración a los medios brinda uno y otro funcionario, de uno y otro país, en una y otra cita cumbre. Pero, ¿por qué creerles a quienes la negaron cuando aquélla aún no se manifestaba, la minimizaron cuando estalló, y la ahogaron en un océano de liquidez monetaria y gasto fiscal cuando amenazaba ya con tumbarse a economías regionales enteras?

En darle pronta “solución” a esta crisis el mundo ya ha gastado todo lo que gastó en las dos grandes guerras, el New Deal y el Plan Marshall juntos, descontando el factor inflación. Solucionar un problema y posponerlo, sin embargo, son dos cosas distintas. Quien soluciona algo resuelve aquello que impide que se ejecute la acción; quien pospone, empero, pasa para mañana lo que no quiere hacer hoy. Y qué mejor ejemplo de lo que pareja observación implica que darle un vistazo aéreo al sector inmobiliario estadounidense, epicentro del terremoto financiero del 2007. El mercado de valores respaldados por hipotecas —títulos de deuda que permiten que la banca comercial libere recursos y así pueda seguir otorgando préstamos hipotecarios—, en lo que va del año, ha simplemente desaparecido, lo que ha llevado a que la Reserva Federal, el banco central, se vea obligado a crear dinero del aire con el cual comprar el 100% de esta emisión, unos $700 mil millones. No se puede hablar de solución a una crisis mientras en una economía de “mercado” desaparecen los mercados.

El estado de salud de la economía global no sólo no mejora sino que se agrava. En los últimos meses son más y más aquellos países en los que el PBI presenta una divergencia entre el real y el nominal, de tal manera que mientras el primero aumenta, el segundo se desploma, y esto, desde 1971, el fin del sistema monetario de Bretton Woods, es inusual. Un PBI real que crece indica un mayor volumen de producción, y uno nominal que cae, una menor facturación corporativa, es decir, se produce más, pero se vende a cada vez menores precios, lo que lleva a que las utilidades corporativas disminuyan, y, por lo tanto, a que la recaudación tributaria caiga, en países tan distintos como Perú, Chinay EE.UU. A lo dicho en relación a esta inusual y dañina divergencia, súmenle la contracción crediticia y monetaria (M3) que ha empezado a darse en ambos lados del Atlántico, en Europa y en EE.UU., y que habla de saturación sistémica de deuda y de imposibilidad por parte de las autoridades monetarias de reinflar la economía (léase burbuja) global.

Pero China, creen desinformadamente algunos analistas, va en rescate de la economía global. Ignoran que, con todo el potencial de crecimiento que este gran país tiene, por el momento, y según pautas del Consejo Estatal, lejos de aumentar su producción va a verse forzada a reducirla en ocho sectores industriales claves, que años atrás ya presentaban serios problemas de exceso de capacidad instalada —excesos que requieren una pronta “solución” que no puede seguir siendo postergada (aceros, cemento, aluminio y construcción naviera, entre otros).

En el largo plazo, el crecimiento económico acumulativo de la humanidad, no cabe duda alguna, es impresionante. Vaya este único ejemplo: la esperanza de vida de un español del Siglo de Oro (1500-1700) era apenas unos treinta años, pero hoy, y gracias a una mejor alimentación (resultado de una mayor producción) y una buena salud (resultado de innovaciones tecnológicas y descubrimientos en el campo científico), sus descendientes pueden aspirar a vivir ochenta años y más. Las distorsiones y señales falsas que produce la intervención estatal en la economía derivan en que la actividad económica se reduzca considerablemente ¡Ha surgido la crisis! Y dedos acusadores señalan unas veces al inversionista, otras al empresario, como los grandes responsables.

Estos son momentos en los que se olvida que nuestra historia, la de la humanidad, a partir del siglo XIX, es una historia de éxito, de progreso, de avance en todo campo de la acción humana. Una historia en la que, en lo político, la democracia liberal le reserva un papel fundamental al Estado: proteger, garantizar los derechos individuales, en especial, los derechos de propiedad. Sólo y recién entonces, en lo económico, y con esta motivación de por medio, esos dos grandes motores del desarrollo, el inventor y el productor, entran en acción, inventando y produciendo más allá de sus necesidades inmediatas.

Charles Philbrook

Crisis: Los nuevos desequilibrios

La buena noticia: Ben Bernanke dijo el otro día que “es muy probable que, técnicamente, EE.UU. ya haya salido de la recesión”. La mala noticia: acto seguido, dijo “pero dará la sensación de que la economía es débil durante bastante tiempo”. Mi interpretación: el crecimiento económico será diminuto, hay riesgo de recaída y, de momento, no se creará empleo.

¿Por qué es Bernanke tan poco optimista? Pues porque sabe que los gobiernos de todo el mundo no se enfrentaron a los grandes desequilibrios financieros y económicos que causaron la presente recesión corrigiéndolos, sino creando la antesala de una nueva crisis: más desequilibrios.

Desde mi punto de vista, hoy tenemos siete peligrosos problemas. Primero, el monetario. Nada más empezar la crisis financiera, los bancos centrales imprimieron trillones de dólares. En situaciones normales eso hubiera causado una hiperinflación. Esta no se dio porque la velocidad de circulación del dinero cayó en picado. El problema es que, cuando la economía se recupere, el dinero volverá a correr y, si no se elimina todo lo impreso durante la crisis, subirá la inflación. Habrá, pues, que quitar liquidez de una manera quirúrgica porque el dinero es como la pasta de dientes: es muy fácil sacarla del tubo pero es muy difícil volverla a meter porque, para conseguirlo, se deben subir los tipos de interés y eso puede causar nuevas recesiones.

El segundo desequilibrio es el fiscal. Al ver la gravedad de la situación, todos los gobiernos del mundo se lanzaron a gastar cantidades ingentes de recursos. Resultado: déficits extravagantes que superan el 13% del PIB en EE.UU., el 10,5% en España y el 6,5% en la zona euro. La OCDE estima que la deuda alcanzará el 115% del PIB. Lógicamente, esa insostenible voracidad fiscal tiene que acabar (sobre todo teniendo en cuenta que los baby boomers se están empezando a jubilar). El problema es que eso sólo se puede hacer subiendo impuestos o bajando gasto y ambas estrategias conducen hacia una nueva recesión. Habrá que ser creativo y tocar los impuestos que menos distorsionen (y no subirlos alocadamente como se ha hecho en España) y eliminar los gastos menos productivos.

El tercer gran desequilibrio es el internacional. Los déficits exteriores de algunos países (destacan EE.UU. y España) son compensados por superávits gigantes de algunos países asiáticos (sobre todo China). La corrección va a tener dos componentes. El primero, una caída del dólar que puede ser paulatina o puede ser catastrófica. Depende del banco central chino. El segundo, la tentación proteccionista. Recientemente el presidente Obama ya impuso aranceles a los neumáticos chinos, y China respondió con aranceles equivalentes a los pollos estadounidenses. De momento, la guerra comercial es poca cosa y esperemos que no escale y que todo el mundo recuerde que lo que transformó la crisis de 1929 en la Gran Depresión de los años treinta fue el proteccionismo.

Cuarto, el desequilibrio financiero. El pánico de finales del 2008 hizo que todo el mundo desinvirtiera en los mercados financierosypasara a comprar lo único que parecía seguro, unos bonos del Tesoro estadounidense que llegaron a absorber el 80% del ahorro mundial: trillones de dólares que no financiaban inversión productiva. Eso ya se está empezando a corregir y el dinero ya está volviendo a la bolsa. El problema es que si el retorno no se hace de manera ordenada, puede dar lugar a nuevas burbujas que, al explotar, causen nuevas crisis económicas. De hecho, el boom inmobiliario del 2008 se gestó cuando el dinero salió despavorido de la bolsa al reventar la burbuja puntocom en el 2001. Que no nos vuelva a pasar lo mismo.

El quinto desequilibrio es el regulatorio. Los primeros diagnósticos de la crisis apuntaron (en mi opinión, equivocadamente) en una dirección: la falta de regulación del sistema financiero. El resultado fue la aparición de los don quijotes del intervencionismo que quisieron regular no sólo el sector financiero sino, ya puestos, el resto de la economía. ¡Algunos incluso querían “refundar el capitalismo”! Ahora bien, ¡que el sector financiero estadounidense estuviera infrarregulado no quiere decir que el sector de la automoción en España también lo esté! La cordura debe volver pronto a los legisladores. Si no, corremos el riesgo de que el Estado acabe asfixiando la recuperación.

El sexto desequilibrio es sectorial. Países como España dependían excesivamente de unos pocos sectores (construcción, promoción inmobiliaria) que se han hundido sin esperanza de recuperación. Para reequilibrar, no hay que caer en la tentación de que el Estado subsidie unos sectores escogidos a dedo por el funcionariado. Al contrario, el Estado debe poner las bases para que los innovadores decidan, con su creatividad e iniciativa, qué sectores van a tomar las riendas de la economía.

Y el último desequilibrio es, lógicamente, el laboral. Los países con un rígido mercado de trabajo corren el riesgo de convertir el paro temporal causado por una recesión pasajera en una situación permanente para millones de ciudadanos. Si el mercado laboral no se flexibiliza, el ejército de parados de largo plazo puede acabar causando una inestabilidad social insostenible. Nuestros intentos de salir de la crisis han originado siete grandes vulnerabilidades que amenazan el futuro de nuestras economías. Bernanke piensa que lo peor ya ha pasado. Quizá sí. Pero si queremos evitar la recaída, es imperativo que se corrijan… los nuevos desequilibrios.

Xavier Sala-i-Martin

Crisis financiera: ¿crisis del mercado?

En esta breve entrevista el escritor Johan Norberg explica las causas de la presente crisis financiera.

Crisis financiera: En defensa de hacer nada

No hace mucho la economía estadounidense era la envidia del mundo entero. Hasta septiembre de 2007 habíamos experimentado 24 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB. La bolsa de valores estaba en niveles históricamente altos, y las tasas de inflación y desempleo se encontraban bajas y estables.

Las cosas son distintas ahora. La economía estadounidense está en recesión así como lo están las economías de la mayoría de los países en el mundo. Muchos analistas predicen una recesión económica comparable a aquella de 1981-1982; algunos incluso hablan de otra Gran Depresión.

Mientras tanto, hemos experimentado una amplia gama de intervenciones en la economía. Hemos visto el rescate de los bancos en Wall Street y la aprobación de una enorme ley de estímulo. Hemos visto cortes coordinados en las tasas de interés, expansiones en la garantía de los depósitos y la nacionalización parcial de la banca. El objetivo explícito de estas políticas cuando fueron debatidas era evitar una escasez de crédito y una recesión, pero terminamos con las dos cosas de todas maneras. Ahora la aseveración es que estas medidas prevendrán una escasez de crédito o una recesión todavía mayor. No estoy tan seguro.

Hoy voy a presentar el caso a favor de no hacer nada. Más específicamente, argumentaré que si el gobierno federal no hubiera llevado a cabo política alguna en respuesta a la recesión económica, estaríamos mejor de lo que estamos ahora. Además estableceré que si un estímulo fuera necesario, debería haber venido por el lado de recortes en impuestos y un recorte al gasto en programas estatales fracasados, no en nuevo gasto público.

¿Qué salió mal?

¿Qué causó la crisis económica? Aunque la securitización, las fallas de las agencias calificadoras y la ambición en Wall Street contribuyeron al problema, en última instancia las responsables de esta crisis fueron las políticas equivocadas del gobierno federal.

La primera de estas fue el intento de expandir la propiedad de viviendas. Déjenme empezar diciendo que el Estado no tiene por qué tomar una posición acerca de cuántas personas deberían o no ser dueñas de sus casas, así como tampoco tiene por qué tratar de influir cuántas tostadoras u hornos compramos. No hay posibilidad de una falla de mercado en la producción de viviendas o en las decisiones de las personas acerca de si compran o no una casa. Aún así el Estado ha venido interviniendo por décadas.

Una lista parcial de políticas diseñadas para aumentar la propiedad de viviendas incluye la Administración Federal para la Vivienda, los Bancos Federales para Préstamos de Vivienda, Fannie Mae, Freddie Mac, la Ley de Reinversión en la Comunidad, la deducción de intereses sobre hipotecas, la excepción de propiedad en el código de bancarrota personal, el tratamiento tributario favorable de las ganancias sobre capitales invertidos en vivienda, la Ley HOPE para Propietarios de Vivienda, y más recientemente, la Ley de Emergencia para la Estabilización Económica—también conocida como la ley del salvataje.

Las políticas pro-vivienda del gobierno estadounidense no tuvieron efectos perjudiciales importantes durante décadas. La razón, probablemente, es que dichas intervenciones sustituyeron parcialmente actividades que el sector privado hubiese realizado de todas maneras, tales como proveer un mercado secundario para hipotecas.

Con el tiempo, sin embargo, estas leves intervenciones empezaron a concentrarse en aumentar la propiedad de viviendas por parte de hogares de ingresos más bajos. En los noventa el Departamento para la Vivienda y el Desarrollo Urbano aumentó la presión sobre las entidades crediticias para que apoyaran el acceso a viviendas asequibles. En 2003, los escándalos de contabilidad en Fannie Mae y Freddie Mac les permitieron a miembros claves del Congreso presionar a estas instituciones para que llevaran a cabo cuantiosos y peligrosos préstamos hipotecarios. Para 2003-2004, por lo tanto, las políticas federales estaban generando fuertes incentivos para extender las hipotecas a acreedores con malos historiales de crédito. Las instituciones financieras respondieron y crearon gigantescas cantidades de activos basados en una riesgosa deuda hipotecaria.

Esta expansión de crédito riesgoso fue especialmente problemática debido a la segunda política federal equivocada: la vieja práctica de salir al rescate de entes privados que han incurrido en riesgos y luego se encuentran en aprietos. Los salvatajes han sido amplios y frecuentes, especialmente en el sector bancario. En el contexto de la reciente crisis financiera, un ejemplo crucial es el ahora infame “toque Greenspan”, la práctica de la Reserva Federal al mando de Greenspan de bajar las tasas de interés como respuesta a las disrupciones financieras con la esperanza de que una expansión de la liquidez evitaría o moderaría un colapso en el precio de los activos. A principios de 2000, en particular, la Fed parecía haber tomado una decisión deliberada de no reventar la burbuja de bienes raíces y en cambio “arreglar las cosas” si ocurría un colapso.

La experiencia del sector bancario en recibir salvatajes significaba que los mercados financieros podían razonablemente esperar que el Estado amortiguara cualquier pérdida a causa del colapso de una deuda hipotecaria riesgosa. Como el Estado también se encontraba presionando para que esta deuda se expandiera, y como era rentable hacerlo, el sector financiero tenía todas las razones para seguir el juego. Sin embargo, era inevitable que un colapso ocurriera en algún momento. La expansión del crédito hipotecario tenía sentido siempre y cuando los precios de la vivienda siguiesen aumentando, pero esto no podía durar para siempre. Una vez que estos empezaron a caer, el mercado no tuvo otra opción que sufrir el reacomodo de posiciones basadas en presunciones insostenibles acerca de los precios de las viviendas.

Por lo tanto, esta interpretación de la crisis financiera coloca el grueso de la culpa sobre la política federal en lugar de sobre la ambición de Wall Street, una regulación poco adecuada, los fracasos de las agencias calificadoras o la securitización. Estas otras fuerzas jugaron un papel importante, pero es improbable que cualquiera de ellas o todas juntas hubiesen podido producir cualquier cosa parecida a la reciente crisis financiera si no hubiese sido por estas dos políticas federales equivocadas.

Por ejemplo, la ambición en Wall Street seguramente contribuyó a la situación, si por “ambición” uno se refiere al comportamiento que busca obtener ganancias. Muchos en Wall Street sabían o sospechaban que su exposición a riesgos no era sostenible, pero sus posiciones eran rentables en ese momento. Además, los mercados funcionan bien cuando los agentes privados responden a las oportunidades de obtener ganancias, a menos que estas reflejen incentivos perversos creados por el Estado. La manera de evitar crisis en el futuro, por lo tanto, es que el Estado abandone las políticas que generan tales incentivos.

Rescatando a los bancos

El plan de salvataje del Departamento del Tesoro fue un intento por mejorar el balance general de los bancos y así estimular la concesión de préstamos por parte de la banca. La justificación ofrecida fue que, ya para septiembre de 2008, los principales bancos se enfrentaban a una quiebra inminente debido a que el valor de sus activos respaldados por hipotecas había caído rápidamente.

Nadie discute que varios bancos estaban en peligro de quiebra pero eso no justifica un rescate. La bancarrota es un aspecto esencial del capitalismo. Brinda información acerca de las buenas y las malas inversiones y libera recursos para que sean desplazados desde los malos proyectos hacia aquellos más productivos. Como indiqué anteriormente, los precios de las viviendas y la construcción de casas estaban demasiado altos para fines de 2005. Esta situación implicaba un deterioro en el balance general de los bancos y una reducción del sector bancario, así que cierto grado de bancarrota era tanto inevitable como apropiado. Por lo tanto, un argumento económico a favor del salvataje debía demostrar que la quiebra de algunos bancos perjudicaría a la economía más allá de lo inevitable debido a la caída en el precio de las viviendas. El argumento común es que la bancarrota de un banco obligaba a los demás bancos a quebrar, generando un congelamiento del crédito. Ese resultado es posible, pero eso no significa que el plan del Tesoro era la política indicada.

Para entender por qué, nótese que permitir que los bancos quiebren no significa que el Estado no juega papel alguno. La garantía federal de los depósitos hubiese evitado pérdidas por parte de los depositantes asegurados, por lo tanto limitando el incentivo para que se den corridas bancarias. Las cortes y agencias reguladoras federales (tales como la Comisión Federal para la Garantía de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés) hubiesen supervisado los procesos de bancarrota de las instituciones en quiebra. Además, bajo el proceso de bancarrota no habrían necesariamente desaparecido las actividades de los bancos en quiebra. Algunos continúan operaciones durante la bancarrota, y otros las reanudan luego de que se vende la institución en quiebra o sus activos a un banco más saludable. En otros casos, la fusión antes de un colapso evita la bancarrota por completo. Los accionistas privados y los tenedores de deuda asumen las pérdidas requeridas para hacer que estas fusiones y ventas sean atractivas para los compradores. Los fondos de los contribuyentes irían únicamente a los depositantes asegurados.

El salvataje distrajo la atención del hecho de que el Estado fue la causa más importante detrás de la crisis. De manera más general, el salvataje continuará promoviendo acciones contraproducentes por parte de instituciones que califican para recibir el dinero, como por ejemplo la adquisición de activos tóxicos que luego podrían ser comprados por el Tesoro, o la toma de riesgos inmensos con las inyecciones de capital del Tesoro.

El salvataje del Tesoro de 2008 también marcó el inicio de la propiedad estatal en el sector financiero. Esto significa que, de ahora en adelante, es probable que las fuerzas políticas influencien la toma de decisiones en el otorgamiento del crédito y la asignación del capital. El Estado puede que (nuevamente) presione a los bancos para que ayuden a prestatarios con un mal historial de crédito, para que subsidien a industrias con conexiones políticas, o para que presten en los distritos de legisladores influyentes. La presión del Estado es difícil de resistir para los bancos, ya que éste puede amenazar con vender su participación en determinado banco o puede prometer mayores inyecciones de recursos cada vez que quiera modificar el comportamiento de un banco. Además, rescatar a los bancos fija un precedente para rescatar a otras industrias. Por lo tanto, las repercusiones a largo plazo del salvataje son indudablemente malas. Irónicamente, el salvataje en sí puede que haya exacerbado la escasez de crédito. El anuncio de que el Tesoro estaba considerando un rescate probablemente asustó a los mercados al sugerir que la economía estaba peor de lo que pensaban los mercados. De igual manera, el anuncio puede que haya alentado una escasez de crédito porque los banqueros no querían asumir pérdidas y vender sus instituciones a empresas compradoras si el Estado los iba a rescatar. El salvataje introdujo incertidumbre porque nadie sabía qué significaba dicho rescate: cuánto, de qué forma, para quién, con qué restricciones y por cuánto tiempo.

El paquete de estímulo

La Ley para la Recuperación y la Reinversión Estadounidense de 2009—mejor conocida como el “paquete de estímulo”—representa una transferencia masiva de recursos del sector privado hacia grupos de interés con conexiones políticas. Los fondos vendrán de nuestros impuestos y se dirigirán al sector de la educación, la salud, a la creación de “empleos verdes” y contratistas y sindicatos federales.

Algunos defensores del paquete de estímulo argumentan que el gasto era necesario para embarcarse en proyectos que no están siendo respaldados por el mercado pero que deberían serlo. Este es el argumento del “fracaso del mercado” a favor del gasto gubernamental. En realidad, el gasto federal ya es demasiado alto en la mayoría de las áreas. Desde los $15.000 millones que gastamos en el fracasado proyecto del Gran Túnel en mi ciudad de Boston a las decenas de miles de millones que gastamos todos los meses combatiendo en Irak, hay mucho gasto público innecesario que puede recortarse. El gasto que fue incluido en la ley de estímulo en muchos casos fue a parar a sectores que no estaban ni enfrentándose a un desempleo especialmente alto ni experimentando los declives más marcados en su actividad (por ejemplo, la salud, la educación y el desarrollo de energías alternativas).

El estímulo no consistía en mejorar la eficiencia económica sino en distribuir recursos hacia grupos de interés favorecidos. Si la administración Obama en realidad estuviera preocupada acerca de la educación, por ejemplo, debería haber promovido cambios en las políticas que mejoran los resultados al tiempo que ahorran dinero, tales como las reducir las restricciones sobre quién puede convertirse en un profesor. El gobierno en cambio decidió echarle dinero a los sindicatos de profesores. Parte de la ley de estímulo vino en la forma de recortes de impuestos, pero estos eran simplemente recortes de una sola oportunidad, más tendientes a redistribuir que a mejorar la eficiencia económica. Aunque el hecho de que el Estado le devuelva dinero a los ciudadanos es algo bueno, derogar el impuesto sobre las ganancias corporativas habría mejorado los incentivos a largo plazo y creado las bases para el crecimiento económico en el futuro. De igual forma, el estímulo podría haber consistido en la reducción de los impuestos al trabajo, lo cual habría alentado más contrataciones.

Mirando al futuro

El presupuesto del presidente Obama es por lo menos honesto; constituye un intento—sin titubeos—de reestructurar la economía estadounidense y expandir el rol del Estado.

Las proyecciones presupuestarias del gobierno parecen ser extremadamente optimistas. En particular, el ingreso extra que está siendo proyectado al derogar los recortes de impuestos de Bush no enfatiza lo suficiente en la respuesta dinámica de la economía a una tasa tributaria más alta. Enfrentados con impuestos más altos, la gente trabajará menos o se retirará de la fuerza laboral. Por el lado del gasto, las nuevas iniciativas seguramente costarán muchas veces más de lo proyectado: esa es la ley de hierro del gasto público. Estas dos situaciones combinadas significan que si Obama implementa la mitad de lo que ha propuesto, veremos déficits de billones de dólares en los próximos años.

Lo sorprendente del presupuesto es que nada de lo anunciado parece que mejorará la eficiencia de la economía. Nada parece ir en la dirección de la libertad. Nada parece tener fe alguna en los mercados. Todo es acerca de recompensar a los grupos de intereses: los sindicatos, los ambientalistas, los maestros y el sector de atención médica.

Para resumirlo, esta crisis fue—en su nivel más fundamental—el resultado de políticas estatales, no un fracaso del mercado. En el mejor de los casos las políticas públicas adoptadas. La lección para los tomadores de decisiones es por lo tanto clara: es mejor hacer nada que empeorar las cosas. En economía, como en la medicina, el mandato es “primero, no haga daño”.

Jeffrey A. Miron

La crisis actual y la política impositiva

Hay una gran preocupación acerca de las implicaciones fiscales de las decisiones presupuestarias tomadas por la administración Obama como medidas para lograr salir de la actual crisis económica. Si bien la parte fiscal comprende básicamente tres partes fundamentales y relacionadas entre sí, como son los impuestos, el gasto público y la deuda pública, además de que tienen efectos sobre otras y diversas variables macroeconómicas, como lo pueden ser el tipo de cambio, la estructura de las tasas de interés, entre muchas otras, en esta ocasión me referiré a algunos aspectos de los planteamientos tributarios formulados, así como a la experiencia impositiva durante la Gran Depresión de los años treinta, debido a la lección que se puede derivar de ella.

El último paquete fiscal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en realidad es algo confuso en cuanto a la política impositiva; esto es, en lo referente a reducciones o aumentos de diversos impuestos, pues incluye algunas notables decisiones que se plantean como si fueran reducciones en los gravámenes, pero, en realidad, constituyen nuevos subsidios a grupos —independientemente de su merecimiento— en vez de reducciones tributarias efectivas. Ejemplo de esto es el anuncio de que en los próximos días se dará una presunta devolución de impuestos bajo el programa llamado “Haciendo que el trabajo pague por el crédito tributario” (Making Work Pay tax credit), mediante el cual el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos daría $500 a cada trabajador o $1.000 a cada familia trabajadora, todo por un monto total estimado de $116.000 millones de dólares, que forma parte del llamado estímulo tributario que el Presidente Obama ha impulsado recientemente.

Pero en realidad no es que esta “devolución de impuestos” significa en verdad una reducción de los gravámenes por este monto, puesto que muchos de quienes recibirían la devolución (“rebate” en inglés) no pagan impuestos sobre la renta, al estar sus ingresos por debajo de los montos imponibles. Por ello se ha mencionado que la mayor parte de esa “devolución” no es sino un nuevo programa de subsidios, que podrían justificarse como alimento keynesiano que impulse la demanda agregada, pero que no satisface el criterio de reducción impositiva.

También debo manifestar ciertas dudas acerca de la posible eficiencia de dicha política para estimular una supuestamente insuficiente demanda agregada. El profesor Milton Friedman expuso su teoría de la función consumo, la cual, a diferencia de la función de consumo keynesiana que depende del ingreso medido del momento, está en función de las expectativas de ingresos pero a un plazo mucho mayor que el de plazo inmediato que formulara Keynes. Así, de acuerdo con Friedman, variaciones de corto plazo, transitorias, en los ingresos no tienen efecto significativo sobre el consumo; simplemente, lo que hace es variar el ahorro. Una baja en los impuestos que se considera como transitoria, por ejemplo, se reflejaría más que en un aumento en consumo, en un alza del ahorro. Para Friedman el determinante del consumo lo es el ingreso permanente, definido por los activos físicos y humanos que poseen los consumidores y que influyen en su capacidad para obtener ingresos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con esta idea, es de esperar que, en tanto la “devolución” de impuestos, según la propuesta del presidente Obama, sea percibida por sus receptores como un ingreso transitorio, el efecto sobre el gasto total será relativamente pequeño, y más bien se reflejará en un incremento de los ahorros individuales. En efecto, ya hace más de medio año, durante la administración Bush, se intentó una devolución tributaria similar y el resultado fue que no se elevó significativamente el gasto total en la economía, tal como era el objetivo de dicha devolución. Estos resultados se ajustaron a la predicción friedmaniana sobre la naturaleza de la función de consumo.

Tampoco el paquete actual del presidente Obama parece contener importantes reducciones tributarias orientadas a compensar lo que Hayek y Mises denominaron como “recesión secundaria”, en la cual el sector privado inversionista, plagado de incertidumbre y dudas sobre la posible recuperación de sus inversiones, se abstiene de llevarlas a cabo en tanto perdure dicha incertidumbre generalizada. No hay, por ejemplo, una propuesta que reduzca los muy elevados impuestos sobre las utilidades de las empresas en los Estados Unidos. En efecto, entre los países que conforman la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la tasa máxima de impuestos a los ingresos de las empresas en los Estados Unidos es la segunda entre ellos (un 40%, mientras que el deshonroso primer lugar lo posee Japón con un 40,7%), y está un 13% por encima del promedio de los países de la OECD, según lo señala el libro de Chris Edwards y Daniel J. Mitchell, Global Tax Revolution: The Rise of Tax Competition and The Battle to Defend It (Washington D. C.: Cato Institute, 2008, p. 45).

Tampoco el paquete de Obama contempla reducciones de otros gravámenes que actualmente podrían constituir un freno para la inversión privada, como podría ser el elevado impuesto sobre las ganancias de capital. Parece que, de lo poco bueno que desde el punto de vista tributario contiene el último paquete de Obama, es que, por el momento, no echará para atrás algunas reformas tributarias llevadas a cabo por la administración Bush, que efectivamente se pueden considerar como favorables para el crecimiento económico.

La experiencia tributaria sucedida en los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta, que se ha señalado como uno de los factores que prolongó la recesión e impidió una pronta recuperación, podría ser útil tenerla presente. En lo más profundo de aquella, en 1932, el Presidente Hoover aprobó el mayor aumento de impuestos en su país en un período que no fuera de guerra. En el caso del impuesto personal sobre los ingresos, la tasa marginal más elevada pasó de un 25% a un 63% (les apuesto que a ritmo del estereotípico “que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”), mientras que el correspondiente a las empresas se elevó de un 12% a un 14%. Pocos años después y aún en medio de la recesión, el Presidente Franklin D. Roosevelt aumentó más estos gravámenes (en 1936 la tasa máxima del impuesto personal sobre la renta fue incrementada hasta un 79%).

Entre 1933 y 1940 los programas del llamado New Deal de Roosevelt se triplicaron desde $1.600 millones a $5.300 millones, debido a aumentos no sólo de los ya mencionados del impuesto a la renta, sino también a la herencia, específicos de consumo, a “holdings” de empresas, sobre “utilidades excesivas”, entre otros. Deseo mencionar que, en el caso de impuestos específicos, aumentaron los gravámenes a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, la margarina (les apuesto que para proteger a los lecheros productores de mantequilla), jugos de frutas, fósforos, dulces, goma de mascar, refrescos no alcohólicos, llamadas telefónicas, naipes, llantas (incluyendo las de sillas de ruedas), entradas a los cines, electricidad, radios, entre muchos otros. Como señala Jim Powell ("How FDR’s New Deal Harmed Millions of Poor People", Cato Institute, 29 de diciembre del 2003), “Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reconoce que estos impuestos específicos ‘a menudo recayeron desproporcionadamente sobre los menos solventes’”.

Además de los gravámenes específicos referidos, se duplicó el impuesto a la propiedad, se volvió a poner un gravamen sobre los regalos que hacían las personas y, uno muy interesante, un impuesto del 2% a los cheques bancarios, que, por supuesto alentó a que hubiera un traslado desde el dinero bancario hacia el efectivo, contribuyendo a disminuir la oferta monetaria en circulación, si bien posiblemente en un grado menor a lo que fue la absurda política monetaria restrictiva seguida por el Banco de Reserva Federal durante este episodio, pero que, en todo caso, contribuyó en algo a que se profundizara la recesión.

Al igual que en los Estados Unidos, en Costa Rica es necesario estimular la asunción de riesgos por parte de la empresa privada, a fin de que lleve a cabo la inversión necesaria para aprovechar la recuperación esperable de la economía mundial. El empresario nacional está sumido en la incertidumbre proveniente tanto de la situación económica mundial como de las circunstancias nacionales, principalmente derivadas de una política monetaria y cambiaria que incluso ha estimulado una fuerte dolarización de la economía, como forma de protegerse ante dicha incertidumbre. Dentro del llamado Plan Escudo se había mencionado que habría medidas fiscales que estimularan la inversión privada, a fin de que generara empleos (a diferencia de una generación de empleo relativamente improductiva en el sector público) y que permitiera preparar nuestra estructura productiva para el período de recuperación. Sin embargo, la propuesta tributaria lógica hasta el momento ha sido casi nula: un ligero aumento en la deducción tributaria posible para efectos del impuesto sobre la renta de las empresas por la depreciación de los activos. Esto no va a tener efecto alguno en cuanto a estimular la asunción de mayores riesgos por parte de las personas privadas y más bien conforma una promesa incumplida que más bien alimentará la incertidumbre del inversionista.

Es conveniente que nuestras autoridades repasen un poco las erróneas políticas tributarias seguidas por los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta y decidan, de una vez por todas, si es que de verdad quieren alimentar la recuperación y generar empleo en el sector privado, mediante una rebaja de los impuestos tal estimule la asunción de riesgos en nuestra economía. Sin embargo, para nuestra consternación lo contrario parece asomarse en el horizonte. De acuerdo con lo informado por el periodista Mario Bermúdez en el periódico El Financiero del 3 de abril, “la caída en los ingresos tributarios ya motivó una estrategia de emergencia (la negrita está en el original), en la cual destacan los dos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa, autorizaciones temporales para financiar con ingresos extraordinarios el gasto corriente, y para aumentar el endeudamiento interno en dólares”. Esto lo ha anunciado el Ministro de Hacienda, quien posiblemente con esto nos está avisando una salida del cargo actual para lanzarse como candidato a una diputación por la provincia de Heredia. Es bastante extraña dicha estrategia: “aquí propongo más impuestos para que voten por mí”. Por lo que podría anunciarnos una buena dosis de demagogia tipo que “quienes más tienen que paguen más impuestos”, dejando de lado las actuales circunstancias penosas en que transcurre nuestra economía.

En contraste con lo que expuso Keynes como medida anti-recesiva —una disminución de los impuestos— quienes, tal vez sin decirlo explícitamente ahora se declaran keynesianos, están proponiendo hacer lo contrario: aumentar los impuestos. Con ello, tal como sucedió con la Gran Depresión de los treinta en los Estados Unidos, lograrán profundizar y evitar una pronta recuperación de la economía. Quedan advertidos de su potencialmente grave error. Ojalá que la ambición política no nuble los buenos sentidos que se han empleado en el pasado reciente.

Carlos Federico Smith

ECONOMÍA: EE.UU.: ¿Cuál fue el resultado de rescatar a General Motors?

General Motors debería haber aplicado para obtener la protección prevista en el Capítulo 11 de bancarrota en otoño del año pasado o incluso antes. Era obvio en 2008 que GM estaba en rojo, quemando dinero, luchando para cumplir con su deuda, sufriendo marcados declives en sus ventas, enfrentándose a malos prospectos y fracasando en encontrar nuevas fuentes de capital.

En noviembre GM le pidió al gobierno federal un préstamo o salvataje—la única y última alternativa a la bancarrota. Luego de bastantes discusiones y algunos debates profundos, el congreso votó en contra de un salvataje, aparentemente cerrándole la puerta a todas las opciones excepto aquella de la bancarrota. Pero antes de que GM pudiera valerse de la protección de bancarrota, el Presidente Bush tomó la desafortunada decisión de eludir al congreso y desviar $15.400 millones del Programa para Aliviar Activos Tóxicos (TARP, por su sigla en inglés) hacia GM (en el cálido espíritu de evitar malas noticias alrededor de las festividades).

Ese fue el pecado original. George W. Bush es en gran parte culpable de la nacionalización de GM y de la cascada de intervenciones similares que puedan suceder de ahora en adelante. Si Bush no hubiese financiado a GM en diciembre (bajo autoridad cuestionable), la empresa probablemente hubiese aplicado para obtener la protección de bancarrota el 1 de enero, momento en el cual los potenciales compradores, tanto extranjeros como domésticos, hubiesen aparecido y hecho ofertas para obtener activos derivados o porciones de activos en el “Nuevo GM”, tal como está sucediendo ahora.

Por supuesto, un juez de bancarrota, actuando en un ambiente despolitizado, hubiese tenido que determinar si GM podría salir del proceso del Capítulo 11 como una entidad viable. Esa determinación hubiese requerido diferentes concesiones por parte de los diferentes intereses involucrados. Por ejemplo, el sindicato de Trabajadores de Automóviles Unidos hubiese tenido que aceptar cortes reales de salarios (no solamente reglamentos de trabajo reformados) y puede que a los tenedores de los bonos no se los habría forzado a recibir pennies por sus inversiones en dólares. Y, seguramente, los recursos del contribuyente no hubiesen sido tocados. Seguro, hubiesen habido cierres de fábricas, concesionarios de carros y pérdidas de trabajos, de igual manera que los hubo bajo el plan de nacionalización.

Pero el camino que hemos tomado, lamentablemente, atraviesa un campo político minado. Si GM sale de la bancarrota organizado y gobernado por el plan creado por la administración de Obama, es imposible ver cómo los mercados libres tendrán algo que ver con la industria automotriz estadounidense de ahora en adelante. Con el gasto de $50.000 millones del dinero de los contribuyentes (como mínimo), la administración hará lo que sea que tenga que hacer—incluyendo la implementación de políticas que induzcan a los consumidores a comprar GM, hacer las cosas más difíciles para la competencia de GM o subsidiar los costos de GM—para que GM triunfe. Por lo tanto, $50.000 millones es una suma que es más probable que crezca a que sea repagada. También es una suma que servirá como justificación para que hayan más intervenciones del gobierno a favor de GM.

Por lo tanto, ¿qué sucederá con Ford? Con el respaldo del gobierno a GM, ¿estará dificultado el acceso al capital de Ford? ¿Puede competir en contra de una entidad respaldada por la tesorería nacional sin límites? O, ¿será que habrán más bancarrotas patrocinadas por el gobierno en el futuro?

Los fabricantes de autos que no pueden competir deberían desaparecer

Yo odio la política industrial paternalista, bajo la cual las decisiones acerca de quién hace cuánto de qué son tomadas en centros de investigación de políticas públicas en Washington y en oficinas estatales por “expertos” en políticas públicas que se creen ingenieros sociales. Eso es una manera condescendiente de mirar el mundo, la cual busca homogenizar las preferencias individuales hacia una concepción orwelliana del “bienestar social” o del “interés nacional”.

Se ha sugerido que yo veo el destino de GM como un asunto de irrelevancia nacional. Eso es correcto, porque yo no he cometido el error de igualar el estado de GM con aquel de la industria automotriz estadounidense. Estén en juego o no los supuestos “intereses nacionales” en mantener una industria automotriz saludable (y yo no estoy convencido que los hay), creo que la salud viene de un proceso evolutivo en el que las empresas que han tomado las decisiones correctas sobreviven y crecen, y aquellas que han tomado malas decisiones se contraen y algunas veces inclusive desaparecen.

No es solamente justo pero además eficiente y sabio que el mercado recompense a las empresas que hacen mejores productos a mejores precios con ganancias mayores y mayores porciones del mercado, mientras que las empresas que hacen productos no deseados a un costo alto pierdan ganancias y porciones del mercado.

Algunos no están de acuerdo con esa perspectiva al decir que necesitamos una industria automotriz estadounidense para que esta diseñe y construya la próxima generación de carros que sean eficientes en el uso del combustible. Bueno, esa industria existe—en el momento actual. Pero su existencia está amenazada por un gobierno que parece estar dispuesto a mover la balanza a favor de una empresa.

Hay bastantes productores de autos en EE.UU., todos ellos se enfrentan a una demanda en contracción. Pero socavamos el objetivo si Ford, Toyota, Kia, Honda, Volkswagen y todos los demás no pueden competir bajo condiciones iguales con GM para poder diseñar la próxima generación de autos eficientes en el uso del combustible.

Algunos hablan de los peligros de la “administración obsesionada con el costo” rápidamente deshaciéndose de los recursos necesarios para hacer autos mejores y más innovadores. Pero la eficiencia o la obsesión con el costo (como la llaman de manera despectiva) es la esencia de la competencia.

Y no vayamos a endilgarle a aquellos que favorecemos los procesos de mercado el pecado de “destruir la capacidad productiva de nuestro fabricante más grande de autos y de forzar a que miles de proveedores quiebren”. Los administradores de GM y el sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos hicieron eso solos, al ser cómplices en una mala administración y ambición y luego justificar su comportamiento destructivo con la presunción de que ellos eran demasiado grandes para fracasar y que el gobierno estaría ahí para limpiar el desastre.

¿De verdad GM es demasiado grande para fracasar? La pregunta es importante. La demanda de autos ha caído en EE.UU. a lo largo del último año. El mercado se está contrayendo. No todos los productores pueden cubrir sus propios costos y conseguir ganancias. Los más eficientes y valiosos sobrevivirán.

Algunos solamente ven destrucción en este proceso, pero la creación vendrá de las mayores oportunidades, del mayor espacio para las economías de escala y los mayores incentivos para tomar las decisiones correctas que las firmas sobrevivientes enfrentarán—a menos que la política interfiera con el proceso.

CEObama

El plan pre-empacado de bancarrota de la administración de Obama para General Motors es una receta para el desastre. Aún si el Presidente Obama fuese sincero acerca de su aseveración de que el no quiere conducir una empresa de autos, será imposible que evite políticas que favorecen claramente a GM. Con el gasto de $50.000 millones del dinero de los contribuyentes (para empezar), la administración hará lo que sea que tenga que hacer para demostrar que fue sabia su intervención.

Eso requerirá, por lo menos, un retorno positivo por sobre la inversión realizada de manera coercitiva. Pero para simplemente recuperar lo invertido por los contribuyentes en el 60% de las acciones de la empresa, GM tendrá que valer $83.000 millones (60% de $83.000 millones es $50.000 millones). ¿Cómo y cuándo sucederá eso alguna vez? En su cima en el 2000, el valor de GM (basado en su capitalización de mercado) era de $60.000 millones. Por lo tanto, la barra más baja para declarar “éxito” requerirá un aumento de 38% en el valor de GM desde donde estaba en los días felices del 2000, cuando los estadounidenses estaban comprando 16 millones de autos al año. Las proyecciones de demanda en EE.UU. de autos para los próximos años está en alrededor de 10 millones de autos al año. Que los contribuyentes sean dueños de GM es algo a lo que todos nosotros deberíamos acostumbrarnos y la “inversión” solamente crecerá. Considere el caso de Amtrak.

Debería ser obvio que la administración se valdrá de políticas públicas (política tributaria, comercial y regulaciones) para inducir a los consumidores a comprar productos de GM, para subsidiar la producción y de hecho, socavar la competencia de GM. Esto tendrá efectos perversos sobre Ford y otras empresas a las cuales se les hace difícil competir en contra de una Tesorería que gasta sin límites. Y todo esto sucederá aún si el presidente cumple con su promesa de no querer administrar una empresa de autos. Él puede tomar su distancia de la administración de la empresa y al mismo tiempo favorecer a GM.

Pero el presidente quiere administrar esta empresa de autos. Es central para su misión de convertir a EE.UU. de una economía basada en el carbón hacía una basada en energías renovables. “CEObama” ya ha despedido a su antecesor, prometido al sindicato de Trabajadores de Automóviles Unidos que GM no importará carros pequeños de sus fábricas extranjeras y ha prometido convertir a GM en el modelo de la producción verde. Pero el gobierno nunca ha sido bueno para inducir a los fabricantes de autos a producir vehículos que las personas quieran comprar. Si algo logra, es que los fabricantes de autos hagan carros que la gente no quiere comprar. Los estándares de eficiencia en el uso del combustible han inducido a los fabricantes a hacer vehículos costosos de alto millaje a lo largo de los años y para que los vendan sin derivar ganancias de ellos o generando pérdidas debido a la limitada demanda. De acuerdo con esto, la política gubernamental es una de las razones por las cuales GM colapsó.

La única cosa que puede salvar a EE.UU. de este matrimonio apresurado de GM es un juez de bancarrota dispuesto a rechazar el plan de reorganización de la administración. Es posible que el juez insistirá que GM aumente su capital por parte de inversionistas privados en lugar de depender del dinero de los contribuyentes, pero dado que hace poco el juez aprobó el plan de la administración para Chrysler, no esperemos que eso suceda.

Daniel Ikenson

Información sobre la crisis financiera

Hoy deseamos recomendar a nuestros lectores revisar una compliación de material realizada por el Instituto CATO sobre la crisis financiera. Este instituto, de corte liberal, ha venido argumentando que la crisis no fue causada por una falla en el mercado, sino por la intervención del Estado.

La versión en inglés de esta página además de compilar las versiones originales de varios artículos traducidos presentados en la página en español, cuenta con recursos adicionales disponibles sólo en ese idioma.

Esperamos que nuestros lectores revisen estos argumentos ya que lamentablemente muchos políticos, académicos y periodistas dan por un hecho, sin considerar los argumentos en contra, que la crisis ha sido causada por un mal funcionamiento del mercado.