La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 

Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 

El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 

Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 

Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 

Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 

Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 

El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 

Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 

Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 

También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los consumidores siempre terminan pagando los gastos

Los datos que brinda La Nación en su edición del 29 de agosto, bajo un comentario titulado “Abonados de luz pagan $15 millones de más por equipos para la planta Toro III: ICE y JASEC cobran $41 millones por turbinas y generadores que le costaron $25.6 millones”, son preocupantes, pues muestran la imposibilidad de los consumidores de evitar ser cargados con gastos que, por el momento, llamaré dudosos, por quien, de hecho, son suplidores únicos del servicio eléctrico.
 

La historia narrada por el medio es complicada, por lo que haré un esfuerzo para señalar con claridad, en lo posible, cuál es la razón del cobro de más a los abonados del ICE y de JASEC, dado que el órgano regulador de las tarifas eléctricas, la ARESEP, aprobó los presuntos gastos de más, como parte de los costos que les son trasladados a los consumidores por medio de las tarifas eléctricas.
 

1.- “La obra fue desarrollada, en conjunto, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), mediante un fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica.” Este fideicomiso es un arreglo administrativo o contrato por el cual el Banco de Costa Rica, “administraba la consecución y operación del proyecto, así como conseguir el financiamiento, el cual sería cubierto con el dinero de las tarifas eléctricas.” Este fideicomiso se formalizó en el 2010.
 

2.- Pues bien, así se acordó, pero, antes de que entrara en el panorama el Banco de Costa Rica (BCR), tanto “el ICE como JASEC empezaron a desarrollar ciertas obras.” Así, entre el 2008 y el 2009 se adquirieron en $23.9 millones las turbinas, generadores y transformadores del proyecto.  Además, en el 2011, se adquirió un equipo de control por $1.7 millones, cual llevó el costo total del equipo turbogenerador a $25.6 millones.
 

3.- Debido a que, cuando se adquirió aquel primer equipo, aún no existía aquel fideicomiso con el BCR, JASEC tuvo que conseguir un préstamo con el Scotia Bank para hacer aquella compra.
 

4.- La sorpresa fue que, menos de tres años después de acordado aquel fideicomiso -a principios del 2012- en el contrato de construcción de la obra del ICE y de JASEC con el BCR, se consigna un monto de $41 millones, en vez de los $25.6 arriba citados, como parte del contrato de construcción que el ICE firmó con el BCR por $188 millones, firmado en enero del 2012. Obviamente, había un monto de más por $15.4 millones (los $41 millones señalados, menos los gastos totales antes indicados por el equipo turbogenerador por $25.6 millones).
 

Este monto adicional de $15.4 millones fue luego cargado en la fijación de la tarifa eléctrica que hace ARESEP y que es cobrada a los consumidores: estos terminan pagando los platos rotos.
 

El ICE, ante el cuestionamiento, por medio de su funcionario Javier Orozco, director de planificación y desarrollo eléctrico de esa entidad, brindó el detalle de los $41 millones, que incluye, “$28,7 millones (que) corresponden al valor de los equipos, y los restantes $12.4 millones a ‘costos distribuibles del proyecto’, que no forman parte del equipo turbogenerador,” según informa La Nación. Estos ‘costos distribuibles del proyecto’ incluyen los siguientes gastos: “escombreras para el material excavado, gestión socio-ambiental, incluyendo la gestión comuna, caminos de acceso, levantamiento y atención de campamentos, contratación de personal de apoyo en el proyecto, trasporte de quipo y personal de trabajo, servicios de ingeniería y electricidad.”
 

O sea, estos $12.4 millones, más un diferencial de $3 millones en equipos adicionales a los de turbo-generación, son básicamente costos adicionales que no se habían indicado previamente, al firmarse el fideicomiso con el BCR  y por el cual ahora se les pasa la cuenta a los consumidores cautivos.
 

Es afortunada la gestión de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, la cual le ha pedido a la ARESEP que “deje sin efecto una ‘contradicción insalvable’”, pues aumentó la tarifa de generación de JASEC en un 23.4%, sin haber tomado en cuenta los costos cuestionados descritos arriba. Asimismo, la ARESEP aprobó adicionalmente un alza de 2.96% en la tarifa que, supuestamente, pagarían 94.000 abonados de ese ente. Dichos aumentos regirían a partir del 1 de enero del 2017, razón por la que la Comisión le pide a ARESEP que justifique pronto dicho incremento. Todo ello aparece en el artículo de La Nación del 7 de octubre, bajo el título “Legisladores piden parar alza aprobada a JASEC: Tarifas eléctricas.”
 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ambiente y libertad

Como es sabido por todos el medio ambiente es uno de los temas que más preocupación genera hoy en día. Pareciera que es posible afirmar con cierta seguridad, de que es un tema que preocupa a distintos actores sociales, sin importar su “ideología”. Ahora bien, el enfoque que se efectúa para solventar los distintos problemas ambientales, evidentemente se matiza según dichas visiones de mundo. En este sentido, para nadie es un secreto que el medio ambiente ha servido como terreno fértil para distintos grupos contrarios a la libre empresa y al libre mercado, pero esto no debe necesariamente ser así, veamos.

En estos días ha circulado en las redes sociales un video que habla sobre la posibilidad de instalar paneles solares en nuestras carreteras, como un medio para obtener nuevas fuentes de energía. Obviamente, la plausibilidad o no de dicha idea escapa nuestra posibilidad de análisis, pero lo que nos interesa resaltar, es la perspectiva del mismo. Sin duda alguna, la presente es una idea cuya base es una mejor optimización y maximización de los recursos ya existentes, la cual busca generar réditos (no sólo ambientales, sino también económicos y sociales), y no reducir la productividad de los individuos y empresas.
 

Decía sabiamente el mago libertario Penn Jillette, que para todo problema existen dos formas de aproximarse al mismo: 1) buscando resolverlo con menos libertad, o 2) buscarlo resolverlo con más libertad. Como ya sabrán en ASOJOD siempre nos inclinamos por la segunda forma, con ingenio e innovación es posible lograr solventar diversos problemas que nos aquejan, sin tener que sacrificar nuestras libertades. Ese es precisamente el reto de nuestro tiempo.

La columna de Carlos Federico Smith: sequía eléctrica

A pesar de lo difícil que es, desde hace ya su buen tiempo, los expertos en predecir el clima ubicados en instituciones especializadas internacionales, nos han anunciado un nuevo arribo del fenómeno conocido como el Niño, el cual se suele caracterizar por provocar una más intensa sequía en lo que llamamos verano.

Desde tiempos inmemoriales, los ciudadanos de este país sabemos que una característica de nuestro verano es que escasea el agua en los ríos y en los depósitos de agua, ya sean naturales o artificiales.  También sabemos que, ante una demanda dada, si disminuye la producción de electricidad producida con fuentes hídricas, se hace necesario acudir a otras fuentes sustitutas de generación. En Costa Rica una parte significativa de la producción energética dedicada a suplir esos faltantes, se ha hecho mediante la utilización de plantas que emplean combustibles fósiles, derivados del petróleo. Por ello, si se espera que arribe el fenómeno del Niño, con su escasez de aguas, y si a la vez los precios internacionales de los combustibles experimentan un serio aumento, entonces, no se necesita ser un brujo de alto calibre para señalar que enfrentaremos graves problemas. Eso es lo que simplonamente ha hecho el jerarca del MINAET, al indicar públicamente en días recientes que, por la utilización que habrá de darse de combustibles fósiles ante la falta de agua en el Arenal, será necesario aumentar fuertemente el costo de la energía eléctrica. Por supuesto, eso lo terminamos pagando los ciudadanos.

Lo anteriormente expuesto por el Ministro -algo de sentido común- no hubiéramos tenido otra posibilidad más que aceptarlo, de no ser porque esas mismas autoridades, por razones esencialmente ideológicas, se han opuesto sistemáticamente a que el sector privado pueda suplir faltantes de energía eléctrica producida hidráulicamente. Esto es, con sus políticas ha impedido el desarrollo de nuevas fuentes de oferta de electricidad producida con nuestras aguas, pues la sequía que se avecina, que necesariamente las reducirá, no parece llegar a un grado tal como para extinguirla en su totalidad en todos nuestros ríos.  Si la sequía acabara con toda posibilidad de disponer de cauces para generar electricidad, pues no habría posibilidad de suplir lo que realmente parece que se dará, cual es una disminución de la electricidad que actualmente se produce. Lo esencial es enfatizar que se trata de ver cómo se pueden suplir complementariamente los faltantes energéticos producidos con agua, que se avecinan a partir de la actual estructura de producción.

De hecho los productores privados han ofrecido suplir electricidad proveniente de las aguas a un costo mucho menor que el que actualmente deberá pagar el país, al menos en comparación con los de la planta térmica de Garabito. Se ha señalado que el costo de un kilovatio-hora producido privadamente oscilaría entre $0.08 y $0.12, en tanto que el de aquella planta es de $0.46. El caso es claro. Ya sabemos que ese costo mayor, al usar marginalmente las plantas térmicas del ICE, nos será trasladado casi automáticamente por la acción de la ARESEP, ese órgano que lo único que parece mostrarnos es que sirve para hacerlo en detrimento del bienestar de los consumidores y en beneficio de los monopolios públicos.

La ideología contraria a la posibilidad de que numerosas empresas privadas puedan producir electricidad de forma más barata, en comparación a como actualmente lo hacen los entes estatales, no puede seguir así de campante y provocando que ella se refleje en un menor ingreso disponible de las familias costarricenses.  Debemos lograr una mayor eficiencia mediante la competencia. No se vale en esta lucha pensar que, si se abre un poquito el monopolio estatal productor de electricidad, permitiendo que sean algunos pocos que han venido impulsando tal participación, los que puedan entrar a proveer energía más barata, se va a resolver el verdadero problema.  La apertura debe ser total, lo más ampliamente posible, sin que medien subsidios para algunos, a fin de que, compitiendo entre sí, los numerosos oferentes se vean obligados a ser lo más eficientes que puedan, produciendo cada uno de ellos la electricidad de la forma más barata que logren hacerlo.  En su búsqueda de ganancias, los proveedores nos darían un enorme beneficio a los consumidores. 

Parte de lo que muestra esta actitud de las autoridades de gobierno, es la existencia de una política energética que esencialmente descansa en la producción de parte del estado. Debería, en vez de ella, tratar de hacer que el sector privado logre producir lo más posible, de la manera más barata. Sólo una plena competencia lo podría lograr. No lo hará un sistema de producción basado en lo que conocemos como un capitalismo de los amigotes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un planteamiento energético II Parte

Continúo presentando una serie de consideraciones en torno a una propuesta para ampliar la dotación de energía en el país, en vez de insistir en la manipulación de la demanda, como parece ser la opción preponderante de las autoridades gubernamentales. La numeración en este comentario viene del anterior.

(7) La exploración y producción petrolera nacional deberá ser producto de la contratación competitiva y no de algún acuerdo especial directo con país alguno, tal como China, en donde se otorguen derechos especial. Este principio es también aplicable para la eventual refinación de petróleo en el país.

(8) Un tema relacionado con el petróleo y que no deja de tener cierta fundamentación empírica, es la corrupción que se suele asociar entre la producción petrolera que se da en un país y los políticos domésticos. Al respecto se suele mencionar a Venezuela como país en el cual la abundancia de recursos derivados petroleros ha hecho que los políticos de esa nación hayan tomado decisiones de muy dudosa corrección en cuanto a su uso y sobre todo ha conducido a un gigantismo estatal totalmente inconveniente para la libertad ciudadana. Muchos políticos de países árabes también son citados por la corrupción entronizada en sus estados como resultado de su producción petrolera. El contraste a este mal e incorrecto uso de recursos públicos lo encontramos en países como Noruega y Canadá, que poseen un enorme sector petrolero, así como también Chile, si bien se trata de un mineral como es el cobre. En tales naciones el estado no ha cometido el error de dejar que su riqueza mineral quede sin explotar, pero han tenido la previsión de que los ingresos provenientes de ella no queden a la disposición inmediata e indiscriminada de los estados, sino que se administran por un fondo especial objeto de una rigurosa vigilancia. Este se ha instituido deliberadamente con el propósito de que el beneficio llegue a la ciudadanía a lo largo de los años, en especial una vez que tales recursos se hayan extinguido o bien se presente alguna situación catastrófica que requiera su utilización, particularmente como compensación a fluctuaciones de los precios de esos minerales. Propongo que en nuestro país, en caso de que se dé un desarrollo petrolero, la administración de los recursos provenientes de esa actividad se lleve de la mano con la asesoría de entidades tales como las de los gobiernos de Noruega, Canadá o Chile, los cuales, estoy casi seguro, nos brindarían la ayuda externa necesaria para el desarrollo institucional requerido. Así, la justa preocupación por “la maldición del petróleo” puede ser minimizada, en tanto que los recursos no se desperdician, al quedar sin uso bajo la tierra en donde no tienen valor económico alguno (o poco).

(9) Juzgo necesaria la apertura del monopolio de RECOPE (al igual que siempre he propuesto que se haga con cualquier otro monopolio instaurado por el estado). Tengo muy claro que las actuales autoridades gubernamentales no necesariamente están dispuestas a una apertura de dicho monopolio (además de algunos otros grupos políticos que también están a favor del monopolio). La competencia en el área de desempeño de RECOPE creo que eliminaría algunos de los problemas connaturales a cualquier tipo de monopolio, como son una oferta insuficiente, precios más elevados y sobre todo una conjunto de regulaciones que se introducen para que el monopolio efectivamente mantenga su posición de control sobre el consumidor y, sobre todo, de cualquiera que intente competir con aquel.

Sin embargo, me permito hacer algunas sugerencias en el caso de que RECOPE conserve sus condiciones de monopolio, de forma que podría ser posible promover el interés del consumidor mediante una regulación de su monopolio que llevaría cabo el propio estado (claro que no resolvemos el problema de que es el estado quien es el “dueño” de RECOPE, limitando por tanto el incentivo para la regulación).

(10) Una medida reciente que RECOPE nos anunció como parte de su “solución” al aumento en los precios internacionales del petróleo es la utilización de una mezcla de gasolina con alcohol, o gasohol, como se le conoce. Ya se ha tenido alguna experiencia (en Guanacaste y otras áreas del país) y parece indicar que su uso no daña los motores, al menos en vehículos “modernos”, pero si se requiere un gasto fuerte en la adecuación de las bombas distribuidoras para que el gasohol no dañe sus tanques. Si su utilización fuera mejor que el simple empleo de gasolina, es necesario que se den otra serie de condiciones que es necesario señalar.

En primer lugar, el argumento de que así se ahorran divisas (supuestamente porque el gasohol es de producción nacional o usa materia prima nacional) está equivocado, porque si el tipo de cambio se aproxima al de equilibrio (no hay ni subvaluación ni sobrevaluación), como parece ser el caso actual, da lo mismo, desde el punto de vista de la utilización de recursos, que se use gasolina totalmente importada o gasohol. La prueba esencial de la conveniencia del uso del gasohol es que tenga un menor precio al consumidor que la gasolina, sin que medie algún subsidio o impuesto distorsionador. Ello indicaría, al tipo de cambio de equilibrio y con libertad para importar, que el gasohol es mejor opción (todo lo demás constante) que emplear gasolina.

En segundo lugar, la operación de traer alcohol del exterior para mezclarlo con alcohol (lo cual señala problemas con el argumento de ahorro de divisas) requiere de instalaciones de almacenamiento, transporte y de desembarque que hoy no se poseen, por lo que dicho costo deberá tomarse en cuenta.

En tercer lugar, emplear tierras actualmente usadas en producir otros cultivos para producir caña de azúcar y convertirla en alcohol (se supone que las refinerías existen y son capaces de producir en el país) significa que se sacrifican otras actividades económicas posiblemente más rentables, lo cual daría lugar a una pérdida neta para la economía. Además, el cultivo de caña de azúcar no suele ser muy ameno a la calidad de los suelos y eso deberá tomarse en cuenta.

Las reglas de oro al definir la conveniencia de mezclar alcohol con gasolina son dos: primero, que no haya subsidios de ninguna índole y, en segundo lugar, que el costo neto de recursos usados en el gasohol que se vende al consumidor final resulte ser menor que el costo de la gasolina importada.

(11) Es posible que en RECOPE se den ciertas prácticas que, ni más ni menos, significan la presencia de subsidios cruzados -esto es que, de alguna manera, se grava alguna actividad para a su vez favorecer otra dentro de la misma empresa. El caso del tratamiento que RECOPE da al gas licuado (LPG) podría evidenciar tal situación. De acuerdo con la ley del monopolio de RECOPE, este se aplica tan sólo a la importación de petróleo y sus derivados. Por lo tanto, cabe preguntarse si la importación monopólica de RECOPE al gas licuado se hace al amparo de dicha potestad, pues lo cierto es que es posible obtener LPG tanto como un derivado de petróleo o como un derivado del gas natural. Por ello, en el primer caso es posible pensar que el monopolio de RECOPE es aplicable, en tanto que no lo es en el segundo. Es decir, no hay impedimento legal alguno para que alguien diferente de RECOPE pueda importar gas licuado si se obtiene a partir de la derivación del gas natural. No hay duda que una política gubernamental que facilite la importación privada de gas LPG contribuiría enormemente al bienestar del consumidor.

Lo anteriormente expuesto cobra mayor importancia al tomar en consideración que RECOPE, a la hora de la fijación de precios por parte de la ARESEP de sus diferentes tipos de combustibles, suele cargar al costo sobre el cual fija se fija su margen de ganancias, diversos costos que son más bien propios y aplicables a otros combustibles, mas no al LPG. De esta manera, por medio de un subsidio cruzado, RECOPE reduce el costo (precio) a que vende otros combustibles, en tanto que relativamente aumenta el precio a que vende el gas LPG.

Es deseable que se defina una política gubernamental para terminar con este subsidio cruzado, que impacta negativamente el consumo de gas licuado y aumenta el de otros combustibles. Lo más interesante es que uno de los principales grupos consumidores de gas licuado lo forman familias rurales de bajos ingresos; en concreto, en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, principalmente. En ellas es a la vez más prolijo el consumo de leña obtenida de árboles como fuente de energía doméstica. Uno esperaría que si se abarata el gas licuado (tanto al permitir su libre importación privada, como si se acabaran esos subsidios cruzados de RECOPE) redundara en un efecto positivo en cuanto a la conservación de los árboles y más generalmente de los bosques, además de que los más importantes beneficiados serían las familias rurales de menores ingresos. Por supuesto que el beneficio también llegaría a otros consumidores de LPG en general. Tal rebaja de costos también podría traducirse en un uso más eficiente de la energía en el país, dado que la relación producción energética/ precio del LPG es más elevado que el de otros combustibles que vende RECOPE, así como posiblemente también en comparación con la electricidad.

A fin de que este comentario no sea muy extenso, en una tercera parte continuaré presentando sugerencias para ampliar la oferta de energía en el país y favorecer así la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

Invitación a evento

En ASOJOD queremos invitarlos al siguiente evento:

Seminario de Ley General de Electricidad

Fecha: Lunes 8 de noviembre de 2010
Hora: 7 pm-9 pm
Lugar: Sala Magna de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), Cipreses de Curridabat (600 mts norte de la Bomba La Galera)

Expositores:

Ing. Teófilo de la Torre, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Ing. Jesús Castro, Presidente Sindicato ANTTEA
Ing. Mario Alvarado, Director Ejecutivo ACOPE
Lic. Mario Quirós, Ex Diputado Asamblea Legislativa
Lic. Alejandro Barrantes, Director de ANFE

Costo: 5 mil colones (incluye refrigerio)

Para reservaciones: 2253-4460/ 8996-6569/2224-7350
Fax: 2253-4497
Correo electrónico: anfe@anfe.or.cr
Oficinas de ANFE: Barrio Francisco Peralta, contiguo a la Cámara Costarricense de la Construcción, San José de Costa Rica

Invitación a evento

En ASOJOD queremos invitarlos al siguiente evento:

Seminario de Ley General de Electricidad

Fecha: Lunes 8 de noviembre de 2010
Hora: 7 pm-9 pm
Lugar: Sala Magna de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), Cipreses de Curridabat (600 mts norte de la Bomba La Galera)

Expositores:

Ing. Teófilo de la Torre, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Ing. Jesús Castro, Presidente Sindicato ANTTEA
Ing. Mario Alvarado, Director Ejecutivo ACOPE
Lic. Mario Quirós, Ex Diputado Asamblea Legislativa
Lic. Alejandro Barrantes, Director de ANFE

Costo: 5 mil colones (incluye refrigerio)

Para reservaciones: 2253-4460/ 8996-6569/2224-7350
Fax: 2253-4497
Correo electrónico: anfe@anfe.or.cr
Oficinas de ANFE: Barrio Francisco Peralta, contiguo a la Cámara Costarricense de la Construcción, San José de Costa Rica