La columna de Carlos Federico Smith: acerca del financiamiento gubernamental de la Caja y los EBAIS recuperados

En estos días, dos situaciones recientes alrededor de la Caja del Seguro Social han llamado mi atención. Una de ellas la recoge el periódico La Nación del 18 de febrero, en el artículo titulado “Deuda de Gobierno con IVM y seguro de salud se dispara,” y la otra que se ha comentado en distintos medios, es el hecho de que la Caja ha “recuperado” una serie de EBAIS ubicados en el este de la ciudad, que previamente eran administrados por una concesión de la Caja a una universidad privada del país.

Lo que ambos tienen en común, al menos para este comentarista, es su relación con los ingresos y gastos de la Caja. En sencillo, por una parte, el gobierno no le está dando los fondos que debería darle a la Caja, tanto para su programa de pensiones IVM, como para el denominado de salud y enfermedad. Y, por la otra, que, en apariencia, los costos para la Caja -que quede claro: para todos los ciudadanos contribuyentes- al ahora administrar esos EBAIS, serán muy superiores a los hasta hace poco pagados por hacerlo a la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Veamos el primer tema de la deuda total del gobierno al 2019 con la Caja. Según el medio citado, asciende a ¢1.67 billones, de los que, el 85%; o sea ¢1.42 billones, es la deuda del gobierno con el programa de la Caja llamado Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 15% restante al programa de pensiones de la Caja (IVM) que asciende a ¢258.630 millones. La deuda total del gobierno casi que se ha duplicado en términos reales durante los últimos 3 años. La deuda con el SEM aquí indicada incluye principal e intereses.

El artículo de La Nación desglosa la deuda total gubernamental con el SEM de ¢1.42 billones de la siguiente manera:

1. Deuda por el traspaso a fines de los noventa a la Caja de los EBAIS por el administrador previo, el ministerio de Salud. El saldo de esa deuda, dice el medio, asciende a ¢468.471 millones e indica que “representan el 33% de la deuda estatal con el seguro de salud” SEM.

2. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el gobierno debe trasladarlo al SEM como pago “por la atención médica que el Estado debe brindar a los menores de edad, principalmente por concepto de vacunación.” La deuda del gobierno con la Caja por esta subpartida al 2019 ascendió a ¢344.974 millones, lo que equivale al “24% de la deuda total del SEM.” Esa cantidad aumentó un 46% con respecto al año pasado.

3. La tercera subpartida de la deuda total que señala el medio es por “la población asegurada por cuenta del Estado, que incluye a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, indigentes, y privados de libertad.” Según informa la Caja, el saldo que le adeuda el gobierno por esta subpartida, a fines del año pasado, es de ¢162.115 millones, que equivaldría a un 11% de la deuda con el SEM.

Aquí me surge un problema serio en cuanto a los números que presenta el periódico: no me cuadran. Esas tres subpartidas suman ¢975.560 millones, por lo que faltaría una hipotética subpartida equivalente al 37% del total que se dice adeudar al SEM y que ascendería a ¢444.440 millones. No tengo ni idea de la consistencia de la suma de las partes de la partida adeudada al SEM.

Todo esto es importante tenerlo claro, pues, como bien dice el medio, en el artículo citado, “La existencia de las obligaciones estatales pendientes con el SEM y el IVM, implica que los patronos y trabajadores [recuerden el sistema tripartito originario del financiamiento de la Caja] asumen, con sus cuotas, parte del peso que corresponde financiar al Estado.” O sea, si, como es lógico pensarlo, lo que aporta el estado de todas formas proviene de personas y empresas contribuyentes, si alguien piensa que el estado nos lo cobrará para pagar esta deuda, pues sepan que, aparte de lo que hemos pagado correspondiente a las cuotas laborales y patronales, de algún lado el fisco sacará esos fondos, y ya sabemos cómo, de dónde y a quiénes.

Termino con una nota aparte, pero relacionada con las finanzas de la Caja. En apariencia, el costo para la Caja de administrar los EBAIS que absorbió en el este de San José va a ser mayor que lo pagado al administrador privado previo (aparte de molestias con la ubicación actual diseminada, con malas aceras en calles nutridas -al menos en Sabanilla- con largas filas, en donde la Caja culpa de ello a la administración anterior- y una atención, en opinión de algunos, poco amable). Pero, desde el punto de vista del verdadero costo que va a significar esta “recuperación” de los EBAIS para los cotizantes de la Caja, eso deberá hacerse conocer pronto a la ciudadanía… máxime con los serios apuros financieros de la Caja. De hecho, un editorial de La Nación al respecto, del 24 de febrero, consigna que “La propia auditoría interna de la Caja lo admite [que serán mucho más caros que antes bajo concesión a la universidad privada]. Según cálculos de esa oficina, el costo de contratar el manejo de los EBÁIS con terceros es un 50% menor.” Debe demostrarse, al menos, que el servicio -que era relativamente bueno- mejorará significativamente, pero las primeras impresiones parecen indicar lo contrario.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un privilegio más

No tenía ni idea de que en la Caja existía un régimen especial de pensiones para sus empleados, adicional al IVM del que formamos parte una mayoría de la población pensionada o que tiene derecho a una pensión futura bajo ese sistema.

Tenía la impresión de que ese régimen adicional (especial) de pensiones existía en instituciones como el ICE o el Banco Nacional (estoy muy seguro de este último), pero, un día de estos, el 12 de agosto, apareció en La Nación la información de que “Pensiones de empleados de CCSS con ‘enorme hueco.’” 
 

Antes de comentar sobre dicho hueco, me permito decirles que nada malo hay que en una entidad de gobierno o privada exista un régimen especial, propio, de los trabajadores de esos entes, siempre y cuando el financiamiento para recibir ese complemento al régimen obligatorio de pensiones -como el tradicional IVM de la Caja- provenga exclusivamente de los beneficiaros de tal régimen. Eso excluye aportes del patrono por ser moralmente incorrectos, pues los presupuestos de la parte patronal, al menos en el caso de los entes públicos, son financiados por impuestos a toda o gran parte de la ciudadanía, la que, por definición, no es beneficiaria de ese régimen especial.
 

Tampoco es correcto decir que ese sistema particular, especial, obtiene financiamiento por parte del estado, pues los fondos que el estado usa para dicho aporte, no son nada más que impuestos a los costarricenses (o por un endeudamiento estatal que será pagado por todos los contribuyentes, o por una inflación que bien sabemos afecta negativamente a las personas).
 

Si se desea tener un régimen especial para el retiro, que sean sus beneficiaros quienes pongan los recursos de sus propios bolsillos, no del resto de ciudadanos pagadores de impuestos.
Dicho esto, veamos ahora en qué consiste, al menos en parte, el problema del régimen especial de los empleados de la Caja y mencionaré si algunas de las soluciones propuestas para resolver el problema, son apropiadas o no.
 

Este régimen especial de la Caja hoy se financia tanto por los trabajadores, como por el patrono (la Caja), lo que significa que es con recursos aportados por los ciudadanos como, también, en última instancia, se financian esas pensiones especiales. Para todos los efectos, hay un traslado claro de recursos desde todos los individuos que pagan impuestos al estado, para que este intermedie dichos fondos en beneficio de unos pocos ciudadanos que laboran en aquella entidad.
 

Señala el medio que un informe elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, de junio de este año, titulado “Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS (FRE),” indica que hay un déficit en dicho sistema que “se ubica en un rango de entre ¢760.000 millones y ¢1.2 billones,” lo que no permitirá financiar “al 85% de las promesas hasta ahora devengadas.”
 

Los problemas se detectaron desde el 2018, cuando ese fondo especial de los empleados empezó a usar “los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.” Según ese informe, para el 2021 “el sistema comenzará a comerse su reserva” y para el 2030 esa reserva “se agotará.”
 

El informe citado indica que debe elevarse “el aporte patronal al régimen, desde el actual 2% del costo de la planilla de la Caja, hasta un 3%,” si bien, con este aumento propuesto el fondo seguiría desequilibrado, pues “el equilibrio real se lograría con una contribución del 7.18% sobre el salario de cada trabajador.”
 

Esa propuesta muestra la naturaleza viciada de la propuesta para ese sistema de financiamiento especial de la Caja: que el faltante lo pague el patrón en un 3%; esto es, nosotros, por medio de la Caja, y no, como debería ser, por los beneficiarios del sistema: los propios trabajadores de esa entidad.
 

Asimismo, el informe interno citado propone modificar el monto de la pensión, que iría del equivalente porcentual de entre el 5 y el 15% del salario promedio de los últimos 24 salarios, a ser igual al del IVM de la Caja (que cobija a la mayoría de los mortales de este país), en donde la base aplicable es el promedio de los últimos 240 sueldos.
 

Y ni siquiera todo eso será suficiente, pues, aunque con esas medidas las reservas existirían hasta el 2057, se mantendría “un déficit actuarial de ¢640.000 millones.”

Es de destacar que el informe interno señala que el Fondo Especial de Retiro (FRE) NO TIENE SOLVENCIA ACTUARIAL, advirtiendo el medio y este servidor, que él énfasis se presenta en el informe original citado.
 

Entre el 2009 y el 2018, la tasa anual promedio de crecimiento de pensionados en este régimen especial fue de 6.6%. El beneficio promedio mensual otorgado por ese régimen especial pasó de ¢54.299 en el 2009, a ¢122.196 en el 2018. De las pensiones otorgadas hasta el último año citado, un 7.26% de las pensiones recibía el máximo vigente mensual de ¢324.120 bajo ese régimen especial. Según el medio, estos últimos trabajaron en la Caja “durante 35 años o más y el monto otorgado como pensión representa el 15% del salario de referencia.”
 

¡Qué tristeza da leer todas estas cosas! Y, si se llegan a aprobar las propuestas para llenar el hueco con nuestros aportes, ¡que Dios nos agarre confesados! No creo que harán una nueva huelga para que sigamos los contribuyentes pagando por este privilegio de una pensión especial, en donde los beneficiarios no aportaron lo suficiente como para recibirla en esos montos. Pero, por lo que se ha visto, no sería nada de extrañar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algunas cosas acerca de las incapacidades laborales en el país

En cierta ocasión, un amigo me dijo que, si él se enfermaba grave, había pedido que no lo metieran al hospital, pues era allí en donde más gente se moría. En cierto grado tiene razón, aunque es posible que, si va al hospital, logre sobrevivir, no así si se queda en su casa. Lo es cierto que todo hospital es un lugar en donde llega todo tipo de enfermedades y con alta frecuencia, además de que es posible que sea un lugar con mayor posibilidad de contagiarse, comparado con ambientes externos (lo vemos al aparecer una infección bacteriana o viral en un hospital, cómo acuden a limpiarlo con rapidez para que otros pacientes no se infecten; ese contagio es casi que, naturalmente, menos posible en el exterior al hospital).
 

Así, tomo con un grano de sal el reciente informe de La Nación del 9 de julio del 2019, titulado “Empleados de CCSS se incapacitan 7 veces más que el promedio nacional,” pues, si bien debe estarse alerta acerca de posibles abusos con las incapacidades, no sorprende que, en la Caja, y particularmente entre los empleados de los hospitales, haya una tasa mayor de incapacidades.
No es extraño que, en números absolutos, la institución pública con más incapacidades sea la Caja, con 128.090 en el 2018. La siguen el MEP con 25.667, la Corte con 10.349, el ICE con 6.859 y el ministerio de Seguridad Pública (MSP) con 4.658 incapacidades, pues están entre los entes gubernamentales que más empleados tienen (56.735, 86.441, 12,792,12.985 y 16.531, respectivamente).
 

Es más interesante ver cuantas boletas de incapacidad por año por trabajador presentan esas instituciones. La Caja 2.26, el MEP 0.30, la Corte 0.81, el ICE 0.53 y el MSP con 0.28. Pero, aun así, uno esperaría que en la Caja hay mayor posibilidad de un porcentaje tan elevado de 2.26 por trabajador al año, mientras que el promedio del país es 0.3 veces al año (en el sector público de 0.65 por trabajador y en el sector privado de 0.2 veces).
 

El artículo citado presenta un cuadro que expone los porcentajes que, del total de incapacidades en el país, presentaron esas entidades de mi interés. En concreto, en el 2018, la Caja tuvo un 29.32% del total, mientras que en el MEP fue un 5.88%, en la Corte un 2.37%, en el ICE un 1.57% y en el MSP un 1.07%. Así, destaca claramente la Caja con el mayor promedio, en el 2018, de boletas de incapacidad anuales por trabajador, así como en términos del porcentaje que representan del total.

El análisis del medio de un posible abuso en las incapacidades, da la impresión de ser más agudo en la Caja, pero, debe tenerse presente lo indicado al principio de que los hospitales son centros de enfermedad y hay proclividad al contagio, así como, por su naturaleza, son obvio foco de transmisión de enfermedades contagiosas, además de tener exigencias laborales intensas de un servicio continuo las 24 horas y que la movilidad de ciertos enfermos exige mucha fuerza física del personal hospitalario. Ello puede explicar esa prevalecía de incapacidades. Incluso los hospitales tienen sistemas de vacaciones profilácticas para personal que labora en actividades muy propensas al contagio, como laboratorios y ciertas especialidades médicas, que incluye no sólo médicos, sino asistentes y personal especializado en manejar los desechos hospitalarios.
 

Pero, y no creo que el medio lo indica con intención malévola, señala que, en el caso de la Caja, de todas las incapacidades en el 2018, “la mayoría, 16.876 (13%) fueron por dolores de espalda (dorsopatías) y 16.045 (12%) por infecciones de las vías respiratorias...” Es razonable lo que indica Patricia Redondo, jefa del área de Salud Ocupacional de la Caja, al decir que “nos contagian con virus, bacterias, hongos; hay mayor tiempo de exposición,” y que, al enfermarse un empleado de la Caja, se “debe sacar” de los trabajos, “porque pueden enfermar a los pacientes,” al ser obvio que, si están en un hospital, es porque su salud es frágil y un contagio puede ser fatal. Dice el director de Bienestar Laboral de la Caja, el señor Luis Bolaños, que hay “ocupaciones muy distintas, la exposición a factores de riesgo es muy alta; hay riesgos biológicos, químicos, psicosociales, físicos, mecánicos y ergonómicos.” Me parecen muy razonables los motivos de una relativamente alta incidencia de incapacidades.
 

No obstante, creo que la institución debería ejercer mayor vigilancia en el manejo de la concesión de incapacidades, para que justificadamente se otorguen las debidas. Pero, es posible pensar que la proximidad laboral cotidiana y la facilidad en el acceso de los solicitantes a quienes aprueban las incapacidades, podría estar aumentando su número. De hecho, es eso no es de extrañar, pues llegan a nuestra memoria médicos que otorgaron incapacidades a personal del MEP que estaba en paro en una de las últimas huelgas, y que se supo que se habían ido de vacaciones fuera del país (nunca se supo si las tomaron internamente, pues no hay el control de los aeropuertos). 

Es natural que esa proximidad física aumente el número de incapacidades, pero si hay abuso, se afecta a los ciudadanos, que son quienes, en última instancia, financian los gastos de la Caja. Esta impresión puede también ser válida en los demás entes estatales que, en comparación con los trabajadores del sector privado, según una muestra de 200 instituciones estatales, resultó, en el 2018, con un promedio de incapacidades de 0.28 de boletas anuales por trabajador, y que el equivalente en el estado es de 0.65. Suele haber médicos que dan incapacidades en esas entidades públicas.

Independientemente de lo dicho, no sobra sugerir que las autoridades supervisen en cada entidad los procedimientos y manejo de las discapacidades, para eliminar cualquier abuso posible, debido al amiguismo lógico que suele darse. Si hay abusos son costos que se le cargan indebidamente a toda la ciudadanía contribuyente. Es legítimo que haya esa seguridad de la salud del trabajador, pero debe evitarse cualquier abuso.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuras perspectivas para el régimen de pensiones de la Caja

Ciertamente, tal vez la noticia no es del todo una novedad, pero sirve mucho como recordatorio de lo esperable del régimen de pensiones de la Caja (el llamado IVM), si no se toman medidas indispensables para su conservación, si es que eso es deseable.

La información que sirve de fuente de información se titula “IVM al borde de la crisis por caída en la cantidad de cotizantes,” contenida en La Nación del 3 de abril.

El comportamiento demográfico de Costa Rica es un elemento primordial en esta crisis, pues ha venido disminuyendo el crecimiento relativo de los cotizantes al IVM, a la vez que aumenta mucho (como era esperable) el número de pensionados de ese régimen. Este fenómeno no es exclusivo -no busco justificarlo con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”- sino que puede ser un error dejar que esa catástrofe simplemente se presente, pues se ocultaría la realidad bajo la alfombra.  Sucede en muchas naciones (con particularidades obvias), como Nicaragua, en donde el gobierno totalitario quiso imponer una solución y provocó un levantamiento popular extenso contra la tiranía en ese país. Asimismo, el régimen de pensiones similar al IVM de Brasil pasa por problemas parecidos, y el gobierno de Bolsonaro, con minoría en el Congreso, hace enormes esfuerzos de diálogo con la oposición, para aplicar dolorosas medidas necesarias para mantener al sistema actual.

No dejo de lado a los Estados Unidos, en cuyo sistema de pensiones tipo IVM hay enormes déficits impagables a mediano. Y de Europa ni se diga… 

Veamos algunos datos esenciales. El primero es que “para el año 2030, sólo habrá 3.9 cotizantes por cada pensionado, con el gran inconveniente de que el mínimo requerido para sostener cada jubilación es de 6 trabajadores.” Según el informe de la Contraloría “Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece,” mientras que “en el 2018 la relación fue de 6.5 afiliados por cada jubilado… en el 2030 bajaría a un 3.9 por cada pensionado” y será de un 3.4 en el 2035, según indica el medio. 

Para Ubaldo Carrillo, alto funcionario de la Caja, “si esa relación… baja a menos de 6, tenemos un serio problema,” y que “cuando se analiza el comportamiento del ingreso de esas 6.5 personas (del 2018), nos da apenas para pagar las pensiones” hoy debidas.
 

Alguien diría que eso no importa si aumentaran los ingresos de los, aunque menos, trabajadores cotizantes por cada pensionado. Eso debe tomar en cuenta dos situaciones. Una, que la economía no ha venido creciendo lo suficiente en los últimos años, ni creo que lo hará por mucho tiempo, ante una seria crisis fiscal financiada con más impuestos. Aunque creciera fuertemente en términos reales (que no lo creo), podría suceder que esos aumentos se traduzcan en mayores pensiones reales en el futuro, pero el problema demográfico seguiría vigente: se daría un descenso real en las pensiones futuras.
 

Asimismo, el gobierno podría verse tentado a seguir una política inflacionaria para generar mayor crecimiento de la economía y así generar ingresos nominales mayores que servirían para mantener el régimen de pensiones. Pero, esa inflación significa que, en términos reales, se reducirían las pensiones futuras (además, la inflación afectaría el crecimiento real de la economía, debido a la serie de distorsiones que introduce).
 

Ante los prospectos del IVM, se han señalado tres medidas que coadyuvarían a evitar su quiebra. Una es elevar las contribuciones obligatorias. De hecho, a partir de junio de este año habrá aumentos en las cotizaciones, como parte de un programa de tres años de los tres cotizantes al IVM -el trabajador, el patrono y el estado (aunque este último, en realidad, pasará tales cobros a los contribuyentes).
 

Las otras dos medidas son elevar la edad de retiro (tal vez sin discriminación por sexo), así como bajar el monto de la pensión. También en tal sentido se ha decidido otra en tal, como es que la autorización para retirarse anticipadamente, no rentable para el fisco por el aumento tan alto en la esperanza de vida, cesará a partir del 1 de marzo del 2021.
 

Quedan dos opciones para dar algún grado de alivio a la sustentabilidad del IVM. Una, antes mencionada, que es lograr un crecimiento real de la economía, pero, soy franco, y reitero mis dudas de que el gobierno actual lo logre, en especial cuando, prosigue el camino de más impuestos y no el de reducir significativamente el exagerado gasto del gobierno y, por el contrario, introduce desincentivos para la producción: un estado cada vez mayor, que crece sacrificando el uso de recursos que deberían estar disponibles para la actividad productiva privada.
 

Y, la segunda opción, es que no siga creciendo una masa laboral informal que no cotiza al IVM formal. En esa economía subterránea en la que, para efectos del IVM, los trabajadores no cotizan, ha crecido mucho, según las estadísticas de los últimos años. Si se pretendiera una mayor coerción -esto es, obligarlos a cotizar a los que laboran en la economía subterránea- tal vez no se logre nada positivo, sino lo contrario, pues esa economía informal existe por los altos costos impuestos por el estado sobre la producción y uno de esos costos está ligado a la planilla formal, entre ellos el del pago del IVM.
 

¿Hará algo el gobierno para inducir que esa economía abandone la informalidad y acuda a la formalidad? Francamente lo dudo mucho, pues no sólo el paquete tributario que hoy está en marcha significará mayores costos para la operación formal, estimulando así que más personas ingresen a la informalidad, sino que tampoco me imagino a este gobierno reduciendo impuestos.
 

Entre las propuestas por solventar al régimen del IVM se menciona un manejo más frugal en la propia Caja Costarricense de Seguro Social e incluso mejores posibilidades de realizar inversiones que sean más rentables (lo que incluso podría reducir la adquisición de documentos de préstamos del propio gobierno).
 

Las cosas se vislumbran difíciles para el IVM y para muchos ciudadanos que dependen de su pensión. Creo que sería peor dejar que el IVM se acabe sin que existan mejores alternativas (me imagino que como las Suiza o de Chile, de cuentas privadas de pensiones). Por eso, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y, en particular, del cambio demográfico “aplastante,” así como que, si el gobierno no cambia sus políticas económicas hacia el logro de un crecimiento, la situación sólo empeorará con mayor rapidez: quedarse tan sólo mirando lo que pasa y ver cómo se va extinguiendo el sistema del IVM, sólo augura un resultado oscuro

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿y quién va a pagar por esto?

Ya lo sé. Habrá quien piense que esta es una pregunta estúpida. Pero, me parece conveniente enfatizar que será usted, que seré yo y que seremos todos los contribuyentes al sistema de la Caja del Seguro Social, quienes tendremos que pagar por las pérdidas provocadas por la huelga reciente en esa entidad. Y no es poca cosa: estimaciones preliminares hechas por ese ente indican que, al momento en que se dio a conocer a los ciudadanos, la pérdida será, como mínimo, de ¢12.000 millones.

La información proviene de un artículo de La Nación del 21 de octubre, titulado “Huelga costó a la Caja al menos ¢12.000 millones,” pero creo que es un título verdadero a medias, pues, en realidad, es un costo que nos fue ocasionado a todos los costarricenses por un grupo de huelguistas en días anteriores (estimación de la huelga que duró del 10 de setiembre al 10 de octubre).
 

Pero, quedemos claros: esas son estimaciones preliminares pues, según lo señaló al medio la Gerencia Médica de la entidad, dicha información tiene que ajustarse por “el dato de los funcionarios participantes en la huelga y con los requerimientos de las diferentes unidades de la Caja para mitigar las secuelas de la protesta de los servidores.” Aquella estimación de ¢12.000 millones “incluye los pagos de horas extra y la contratación de personal adicional”, así como “la compra de servicios de lavandería y nutrición” y lo que la Caja denomina “oportunidades perdidas,” que es “el valor de las consultas y cirugías programadas y que no se pudieron realizar.” 

Según la Caja, el total de citas perdidas fue de 129.935, de las cuales 80.949 eran con médicos generales, 40.567 con médicos especialistas y 8.000 con otro personal como trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas. Hasta el 10 de octubre se habían perdido 3.706 operaciones y se estimó que podrían ascender a 4.000. Gracias al Expediente Digital Único de Salud se atendió a enfermos en los hospitales. Así, las citas perdidas no fueron lo elevadas que podrían haber sido sin ese instrumento de control.

Aquellos datos de costos en que incurrimos los costarricenses por esa huelga en la Caja, obviamente no miden los costos que personalmente experimentaron, incluso en el control de su salud, todos aquellos que no tuvieron los servicios normales de la Caja, costos que van desde adquirir servicios médicos fuera de la Caja, pedir permisos en los trabajos para ir a la nueva oportunidad de cita que se les dio, costos de transportarse a los hospitales y llegar darse cuenta de que no los atenderían, teniendo que volver luego a recibir el servicio, e incluso por dolores que muchos sufrieron durante esa espera del cuido necesario y no me atrevo a pensar que, por la huelga, hasta muertes pueden haberse dado, al no tenerse el servicio de pleno funcionamiento de la Caja.
 

Por eso, aquella pregunta “estúpida” me permitió hacer ver la ausencia de misericordia ante el dolor ajeno que exhiben ciertos huelguistas insensatos, además del costo pecuniario para la Caja; esto es, para los contribuyentes, quienes siempre son los que terminamos pagando esas injusticias.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Política salarial y de incentivos en la Caja (Parte II)

Una impresión inicial que se puede derivar de lo expuesto en la primera parte de mi comentario es que, en cierto momento, la relación laboral en la Caja se comportó como un monopolio bilateral, en donde la Caja era el único (o casi) demandante de los servicios de profesionales de Ciencias Médicas, que a la vez que dio lugar a la existencia o al fortalecimiento de organizaciones sindicales (Colegios de Médicos y otras agrupaciones laborales) de ese grupo de profesionales. Estas asociaciones incorporan una regulación firme en cuanto a una autorización legal de precios mínimos a la prestación de sus servicios, de forma que, de hecho, se tenía el monopolio en la oferta de esos servicios profesionales. Esto hizo que, alrededor de hace 50 años, ante estos dos monopolios enfrentados entre sí, se diera un proceso de arduas negociaciones entre ambos para determinar los precios de esos servicios. Esto particularmente se reflejó en la aprobación en 1982 de la Ley de Incentivos Médicos, que luego fue la base primordial para la determinación, en los años siguientes, del “precio” definido de los servicios de profesionales de las ciencias médicas.

No obstante, aquella naturaleza monopsónica de la Caja (de un único o casi comprador exclusivo de esos servicios) ha ido disminuyendo gradualmente y, en la actualidad, existe un ambiente más competido por servicios médicos de parte de empresas privadas, también demandantes de esos servicios. Esto, sin dejar de reconocer que la Caja sigue siendo la más importante y mayor, pero ya no más el único o casi único comprador de esos servicios de épocas pasadas. Una ampliación de un mercado con un mayor número de demandantes debe verse positivamente desde muchos puntos de vista, pues ha dado lugar a una mejor asignación de los recursos, reflejado en mayores oportunidades para obtener un mejor rendimiento de la inversión en la educación de ciencias médicas.
 

Pero, este avance de un mercado más competido en la definición de los precios de los servicios médicos, todavía hoy se ve impedido por la existencia de regulaciones en cuanto a precios mínimos a los que los médicos pueden dar sus servicios, como sucede con las impuestas por el Colegio de Médicos y similares. Esto hace que el consumidor no reciba el beneficio pleno de servicios médicos en cuanto a calidad y cantidad, pues, de hecho, el Colegio y su influencia sobre el mayor centro educativo en medicina, la Universidad de Costa Rica, ha logrado que la cantidad de profesionales que llega al mercado se restrinja a lo que sería sin esa limitación de obligación de colegiarse para poder ejercer. Afortunadamente, cada vez hay más opciones para educarse en el país, pues antes solía ser en el extranjero (con mayores costos), pero siempre han existido “trabajas y regulaciones” en ese Colegio profesional, para limitar un aumento en la oferta de profesionales médicos provenientes del exterior.
 

Para beneficio de los consumidores y para permitir un aumento en la cantidad de profesionales de esa área de la economía, es necesario que la regulación de esos Colegios se restrinja a ser un ente (o varios entes que compiten entre sí: esto es, que pueda haber más de un Colegio de profesionales iguales o similares y no la exigencia de que, por Ley, sea sólo uno) que sirva de informador o referente a la ciudadanía consumidora, acerca de la calidad de los profesionales en un marco de libre asociación, pero no para fijar precio mínimo alguno por sus servicios.
 

Un segundo aspecto importante que se puede derivar de lo comentado en la primera parte, es cómo, al darse un aumento de salarios o pluses no generalizado, sino sólo para un grupo específico dentro de una institución, con el paso del tiempo se va extendiendo a grupos restantes, más o menos organizados, dentro de esa institución. En otro comentario previo expuse acerca de los pluses en el Poder Judicial, y eso allí se vio claramente: cada sector trataba y lograba no quedarse atrás del grupo que se le había adelantado en salarios o pluses.  Este parece ser también el mismo caso en la Caja, en donde, como se mencionó, en 1982 se aprobó la Ley de Incentivos Médicos por el Congreso, que otorgó una serie de pluses para ese sector profesional específico (anualidades de 5.5% anualizado, carrera profesional de un 11% sobre el salario, otro del 11% por carrera administrativa, un 3% por cada hora, después de la quinta, para los que laboran en consulta externa y de un 10 a un 14% por trabajar en áreas rurales).
 

Ante el aumento para ese sector, algunos de tales beneficios luego se extendieron a otros grupos, como la dedicación exclusiva también para empleados administrativos y profesionales de ciencias de la salud y, posteriormente, otra serie de ellos a profesionales de enfermería. Y eso es entendible, porque, una vez que se le otorga a un gremio de relevancia institucional dentro del ente, es más difícil dejar de dárselos a otros gremios de esa misma entidad. Así, uno observa muchos casos de “solidaridad” entre esos grupos para apoyar aumentos entre ellos, pues luego son base para que su propio grupo los logre, así como para que, tal vez, ante esto, los primeramente favorecidos, bajo el argumento de mantener incólumes diferencias previas, soliciten y obtengan otro aumento diferencial. Y así va el sistema…
 

Esto es interesante, pues este efecto a veces no se circunscribe a un impacto dentro de la misma institución. Por ejemplo, cuando se daban aumentos en los salarios de los contralores de la República, aumentaban las dietas que se pagaban en una serie de instituciones distintas de ese ente, pues el pago en la primera determinaba el pago en las otras. O, también, cuando un grupo profesional dentro de un ente gubernamental obtenía un aumento o nuevos pluses (todo lo que elevara el salario efectivo), eso promovía que, en otras instituciones diferentes, profesionales de ese mismo gremio insistieran en que a ellos también se les diera un trato similar (por ejemplo, para el caso, profesionales de medicina o dentistería o derecho, en entes además de la Caja).
 

Otro caso interesante de esta interdependencia fue el plus de la Caja llamado “enganche salarial,” mecanismo por el cual “se aumentan los salarios de los médicos y demás profesionales de la salud, cada vez que el Gobierno Central le otorgue un incremento o un incentivo a cualquier otro grupo de funcionarios públicos, sean misceláneos, policías, maestros o abogados.” Este plus forma parte de la Ley de Incentivos Médicos de 1982, antes mencionada, beneficio que se extiende a los profesionales en salud -médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos- “de todos los entes públicos,” no sólo de la Caja.  Esto lo consigna La Nación en su artículo del 25 de agosto, titulado “Reforma fiscal anula privilegio que infla salarios de médicos,” pero esa anulación no se aceptó en la comisión que ve la reforma fiscal.
 

Un tercer elemento que surge claramente al analizar el caso de la Caja (no es privativo de ella), es la urgente necesidad de tener una política salarial que dependa definitivamente de un salario base para las diversas categorías sobre el cual no se le adicione pluses, excepto cuando es algo definido por una ley general aplicable a toda la República (por ejemplo, el treceavo mes y similares). Así, es más fácil que se pueda relacionar el desempeño del funcionario por su capacidad, desempeño, habilidad y escasez de sus virtudes profesionales, con el salario, a diferencia, por ejemplo, de cuánto ha sido el tiempo laborado en una institución, haciendo, hipotéticamente, lo mismo.
 

Cualquier política salarial deberá tomar en cuenta las capacidades financieras de la entidad para pagar los salarios, sin que sólo sea resultado de una simple comparación con aquellos de actividades privadas y pagar más porque, si no se lleva a cabo, pierde el personal. Este es un tema delicado al ampliarse la demanda de profesionales en el mercado privado, pero, en tanto que en una empresa privada los resultados son relativamente fáciles de determinar (el valor que agregan a los beneficios de la empresa) para definir el pago debido, en algunas entidades públicas no lo es tan fácil. En todo caso, no hay que incentivar con pluses la permanencia en el trabajo en el ente público, para que no se vaya a laborar al sector privado. Si hay suficiente oferta en el mercado para suplir a algún empleado crucial que busque irse a laborar adonde se le pague mejor, pues es mejor dejarlo que busque un mejor destino en esa otra entidad. La gente vota con los pies: si no le parece o se le presenta algo mejor, se va. Por supuesto, un desafío de la Caja es tener que equiparar sus salarios de personal indispensable para su desempeño, pues obviamente no es aceptable que carezca del personal requerido, si es una obligación legal prestarlo. El equilibrio en la gestión salarial de la Caja es crucial, pero debe ser claramente definido.
 

Tengo un enorme aprecio por los trabajadores de la Caja de muy distintas áreas y creo que la institución, adaptándose a técnicas modernas de desempeño, como podría ser como en Suecia hoy, llegar a acuerdos contractuales para que entes privados puedan dar el servicio a que hoy está obligada a dar la Caja, pero a un costo menor que el actual. Así, la Caja nunca deja de definir el servicio de salud que considera conveniente para los ciudadanos, pero la prestación del servicio sería más eficiente bajo los criterios de una empresa privada. El futuro financiero de la Caja no se vislumbra róseo y aumentos en las cotizaciones posiblemente serán inaceptables para los ciudadanos quienes, en muy justificados casos, sienten que lo que reciben es muy inferior a lo que cotizan.
 

Adicionalmente, como está hoy el sistema, en donde una vez pagado un monto dado por cotizaciones a la Caja de parte del trabajador y la empresa, se usen o no sus servicios, estimula la idea de que se debe demandar todo servicio médico que al usuario pueda ocurrírsele, pues ya ha “pagado” por eso.  Esa demanda “infinita” surge al saber el usuario que, una vez pagado el servicio con las cotizaciones efectuadas, para él usar el servicio médico tiene un precio de cero y eso se refleja en una demanda sobredimensionada que, dada la capacidad de la Caja, da lugar al deterioro del servicio, a filas en espera de recibirlos y otra serie de consideraciones que le molestan al ciudadano. Pensar en el llamado “copago” no es mala idea, para hacer saber que el servicio médico cuesta, y que no es gratuito, aunque ya se hayan pagado las cuotas por el servicio. De esa forma se racionalizaría el uso (demanda) de los servicios de la Caja.
 

O la situación financiera de la Caja se soluciona, empezando por terminar con abusos en pluses como los expuestos, o simplemente termina en su quiebra real: en donde no habrá servicios ni para lo esencial por parte de la Caja o serán sumamente deteriorados. Tengo la impresión de que la ciudadanía no desea eso. Si se quiere mantener la vigencia de la institución, es indispensable introducir cierto grado de racionalidad en su gasto y ámbito de servicios.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: que el que viene atrás pague la cuenta

La frase del título, en mi opinión, resume la situación ante la propuesta hecha recientemente para arreglar el faltante actuarial en el régimen del IVM de la Caja de Seguro Social. “Patear la bola hacia adelante” puede ser un titular alternativo. Lo cierto es que el serio problema estructural de nuestro régimen de pensiones de la Caja no se ha resuelto, sino que se le han aplicado parches porosos para aliviar el mal. 

Hay cosas básicas que se deben tener presentes acerca de nuestro régimen de IVM. El primero, -esto en sencillo- es que quienes, como grupo, actualmente cotizan al régimen se supone que generan lo suficiente como para mantener, como grupo, a los pensionados del futuro. La pensión no depende de cuanto haya aportado el eventual beneficiado, sino de cuánto están aportando otros al momento de su retiro. No hay un ligamen entre cuánto puso usted para su pensión y cuánto recibe. Se supone que es una especie de “solidaridad” intergeneracional. 

En segundo lugar, factores claves inciden en la posibilidad de que no se presenten faltantes en los desembolsos por pensiones futuras. Por ejemplo, si la población deja de crecer gradualmente al ritmo que venía –le suelen llamar envejecimiento de las sociedades, como lo que se está dando en muchos países europeos- posiblemente los que, en ese momento en el futuro se pensionen, serán muchos, comparados con los mucho menos que en ese momento estén en edad productiva para aportar para tales pensiones.

Otro ejemplo de este segundo aspecto: que una nación sea muy exitosa, como creo que es el caso de nuestro país, pues la población vive cada vez más años.  A esto se le llama aumento en la esperanza de vida al nacer. Se relaciona en cuanto a que, al llegar el momento de pensionarse -a una edad determinada-, esa persona vivirá pensionada muchos años más de lo que viviría en el momento en que se definieron los aportes para las pensiones. Obviamente, significaba que las personas no vivirían tanto tiempo recibiendo una pensión, contrario de lo que sucede al aumentar la esperanza de vida.

Estos dos factores son parte crucial en la estructura del régimen de pensiones del IVM (y de todo aquel en donde lo que uno recibe de pensión no depende de lo que uno haya aportado, sino de lo que contribuirán generaciones que le sigan).

Asimismo, otro elemento básico es la tasa que se paga en vida laboral -ya sea tanto por la persona, como por la empresa o por todos nosotros por medio del estado- para la pensión de la Caja.   Usualmente se calcula tomando en cuenta los beneficios establecidos, la edad promedio esperada de años de pensión, cuántos meses de cotización, el costo administrativo del sistema, la edad de la pensión, qué porcentaje del salario se recibe como pensión, traslado del beneficio a descendientes del pensionado, pensiones mínimas y topes, entre otros. Esa tasa, que supuestamente permitiría generar los recursos suficientes, también queda sujeta a los cambios de aquellas variables que cité en párrafos previos. 

También, no debemos olvidar que lo que en cierto momento se consideró era la población beneficiaria cubierta por el régimen de pensiones de la Caja, no fue algo inmutable. Por ejemplo, políticamente se decidió otorgar -si es bueno o malo o es la forma apropiada de hacerlo es otro tema- una pensión a mucha gente pobre, que tal vez nunca había aportado al régimen de pensiones y que ahora reciben una especie de transferencia de toda la sociedad hacia ellos, transferencia que es cargada al IVM.

Este no es un trabajo académico exhaustivo de nuestro régimen de pensiones de la Caja, sino que lo que trato es explicar, lo más claro que me es posible, que un sistema que puede ser diseñado financieramente viable para un momento histórico dado, al darse cambios importantes en variables como las citadas anteriormente, exigen que el sistema se replantee en cuanto a si tendrá los recursos suficientes para enfrentar las nuevas obligaciones con los pensionados del futuro.

Para una transformación impostergable, se estableció una “mesa de diálogo” que supliera a la Junta Directiva de la Caja con propuestas de reformas para lograr esa estabilidad financiera. Bueno, ya se han llegado a conocer las propuestas, entre las cuales se destacan (la fuente de información es La Nación del 7 de noviembre en su artículo “Mesa de diálogo propone 33 remiendos en el IVM: 

Recomendaciones para salvarlo del colapso no tocan ni edad ni cuotas.”):
 

1.- Un aumento proporcional de las cuotas, de forma que cada 3 años aumentará en 0.5% (en proporción entre trabajadores, patronos y estado) hasta llegar a un 12.6% en el 2029.
 

2.- Aprobar ley que traslada del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al IVM recursos por ₡60.000 millones.
 

3.- Aprobar una ley para trasladar ₡25.000 millones del aporte de los trabajadores al Banco Popular (un 0.25% de los salarios) al IVM.
 

4.- Actualmente si el trabajador ha cotizado 240 cuotas y sigue laborando, aumenta su pensión al posponerla. Ahora eso será aplicable sólo después de 300 cuotas.
 

5. Aumentar el rendimiento real del fondo de inversión de las pensiones a un 4.8%.
Quiero hacer un comentario general y luego otros específicos a cada una de estas medidas sugeridas.  

El general es que con la propuesta brindada se sigue encareciendo el costo de la mano de obra formal en la economía, lo que incidirá aún más en una creciente economía subterránea -informal- y, por ende, se abarata relativamente el uso del capital, con lo que, en vez de usarse más el factor relativamente abundante en la economía -el trabajo- se usará más el relativamente más escaso, el capital. Pensemos en el efecto negativo que tendrá en el nivel de empleo. 

En cuanto a aumentar los aportes proporcionales tripartitos un 0.5% cada tres años, lo cierto es que será un tema permanente en la presión de los diferentes grupos involucrados y, entre tanto, en vez de hacer un ajuste debido posiblemente mayor, se escogió el camino de la gradualidad, con lo cual el dolor simplemente ser pospone y que tal vez luego será mayor. (Eso se sí se complace a grupos interesados en que se mantenga el status quo del régimen de pensiones o que la cuenta no la paguen los beneficiados sino la generalidad de los costarricenses).

El traslado de fondos de FODESAF y del Banco Popular al IVM, simplemente es abrir un hueco en otras partes, en donde las presiones políticas probablemente incidirán para crear nuevas cargas que repongan los recursos así trasladados. Premiar la antigüedad con base en un número mayor de cuotas no me parece descabellado.
 

Y, en cuanto al crecimiento real esperado de los fondos de pensión del régimen, me parece que es una claro señal de que no se ha buscado, hasta el momento, el mayor rendimiento posible, tal vez por ineficiencias administrativas, pero lo importante es si es viable obtener ese rendimiento y ojalá mayores, en donde el mercado lo permite. (De paso, las propuestas de la mesa espero que introduzcan propuestas para mejorar la eficiencia del rendimiento del fondo de pensiones).

Lo cierto es que se han dejado intocadas importantes áreas del IVM. Me refiero a la edad de retiro, que se contrapone al hecho de que los costarricenses vivimos cada vez más años, así como al monto de pensión, que obviamente no va a acorde con los aportes personales, sino los que puede brindar el sistema, que incluso castiga a quienes aportan más de lo requerido para las pensiones que se reciben. Tampoco se toma en cuenta los porcentajes que aportan los diversos sectores, trabajadores, empresas y estado.  Sabemos que el estado lo somos todos y es con nuestro aporte, por medio de impuestos, como se financia el estado, para hacer esos pagos.
 

En síntesis: no hay un “arreglo” al problema con el sistema de pensiones del IVM. Sólo se ha aplicado un cataplasma para seguir pateando la bola, para que sean las próximas generaciones las que deban pagar la cuenta verdadera. Mi consejo: que cada trabajador haga lo posible por tener su propio sistema de pensiones voluntarias -por poquito que sea- pues, a cómo está la situación, si no se arregla en serio no habrá pensiones. De paso, se ha dicho que ahora, con las medidas sugeridas, el régimen es estable hasta el 2038. Estoy seguro de que muchos de nosotros y también posiblemente los responsables de haber diseñado esas propuestas, no estaremos vivos para dar la cara cuando las generaciones futuras tengan que pagar las holguras de las actuales y que digan que les cargó el costo de las jaranas de quienes disfrutaron en el pasado pensiones, para las cuales no contribuyeron lo suficiente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sin temor ante un cambio indispensable

A riesgo y casi que poco me importa, de que me tilden de socialista, conservador, enemigo de la Caja, estatista, etcétera, etcétera, pero deseo plantear en esta ocasión una posibilidad que considero es conveniente para mejorar la situación actual de servicios que presta la Caja a la ciudadanía, lo cual tiene, con toda razón, a muchos muy incómodos (para ponerlo en “suavecito”). Obviamente no es una idea original, pero hay un par de acontecimientos que me llevan a plantearla y los mencionaré.

En primer lugar, que es una experiencia ya en marcha en una nación que siempre se ha considerado como ejemplo del socialismo-democrático, si bien en los últimos años sus ciudadanos han electo a partidos liberales como sus gobernantes.  Me refiero a Suecia.  Allá, en el marco de una crisis fiscal -como la nuestra actual- logró reducir su gasto gubernamental de un 67% en 1993 a un 49% en el 2014. Redujo su tasa marginal de impuestos a las empresas en un 27% a partir de 1983, para tener ahora una del 57%, además de eliminar impuestos a la propiedad, a los regalos, a la riqueza y a la herencia.  Su deuda pública se redujo de un 70 por ciento del PIB en 1993, a un 37% en el 2010 y el déficit de su presupuesto se redujo de un 11% a un superávit de 0.3 por ciento en ese mismo lapso.  Pero no me interesa este aspecto general de la economía sueca, aunque debería servir de acicate para quienes estamos proponiendo que no se aumenten los impuestos y que sí se reduzca el gasto para salir de nuestro atolladero fiscal. 

Lo que sí me interesa destacar en esta ocasión es una reforma muy interesante dentro de su aún vigente estado de bienestar.  Específicamente, en lo que podría llamarse el sistema hospitalario de su Seguridad Social. Lo que los gobernantes, con un apoyo generalizado y de múltiples partidos políticos, ante la grave situación que experimentaba la atención médica a los ciudadanos en los hospitales, decidieron hacer debe ser expuesto con toda claridad: acudieron a que el sector privado participara en su seguridad social -en la parte hospitalaria- de manera que así aplicara el instrumental propio de las empresas privadas, a fin de lograr que el sistema hospitalario de su seguridad social fuera más eficiente. Casi nada; una reforma de esta naturaleza al corazón de su estado de bienestar: la salud de la sociedad. Llama la atención, ¿verdad?

Hay un hospital privado en Estocolmo -la capital sueca- llamado St. Göran, que presta los servicios propios de los hospitales estatales del sistema de seguridad social, sólo que es administrado privadamente; es más, es una propiedad privada. Eso sí, en su acuerdo con el estado sueco, el hospital St. Göran acata los lineamientos del contrato que han definido esencialmente las autoridades gubernamentales. Así, por ejemplo, a él pueden acudir los pacientes de cierta área de la ciudad, tal como lo hacen a cualquier otro hospital del estado. Asimismo, no cobra a los pacientes por los tratamientos, aunque, a fin de evitar el abuso con los servicios médicos (algunos creen que son gratis; esto es, que no implican costos), se cobra un monto nominal (no me pregunten de cuánto, pero sí que es un monto fijo y bajo). Obviamente la seguridad social sueca le paga según el acuerdo establecido. 

Este hospital es de propiedad privada desde 1999 y su dueña es una firma llamada Capio, y que, en la actualidad, es poseída por diversos fondos privados de inversión, incluyendo a Nordic Capital y a Apax Partners.  En aquél, los médicos, las enfermeras y el personal en general tienen su jefe y a una junta directiva a los cuales les rinden cuentas, tal como se hace en una empresa privada. En St. Göran han introducido prácticas que denominan “el modelo Toyota de producción”, así como una mejora permanente del “flujo” y la “calidad” en el servicio. En él grupos de médicos se reúnen para tomar decisiones en equipo, medidas que incidan en mejorías del servicio. Como dicen John Micklethwait & Adrian Woolridge, autores del libro del 2014, The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State [La Cuarta Revolución: La Carrera Global por Reinventar al Estado… lo pueden conseguir en Amazon y no sé si ya se tradujo al español]: “La focalización está en reducir los tiempos de espera y en incrementar el rendimiento (en inglés: throughput), que también tiene la ventaja adicional de reducir el número de enfermedades que son objeto de contagio en hospitales.” (P. 172).

En Suecia la información estadística de los hospitales es muy abundante y pública: cosas como las tasas de operaciones exitosas, lo cual incentiva la competencia entre ellos. Al hospital St. Göran le ha ido tan bien -así como a la nación sueca- que en el 2001, el Consejo del Condado de Estocolmo decidió ampliar el contrato con Capio hasta el 2021. Se considera que el sistema de salud sueco, en donde el St. Göran es un ejemplo de las nuevas políticas estatales, "se puede decir que es el más eficiente del mundo de naciones ricas.  La duración de estadía en un hospital en Suecia es de 4.5 días, en comparación con 5.2 días en Francia y 7.5 días en Alemania.” 

En segundo lugar, en Costa Rica hemos ido logrando algo similar, cual es la existencia de una serie de EBAIS que son administrados privadamente, sujetos a los lineamientos contractuales con la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que con el contrato define las políticas que deben cumplir. El mejor servicio ha sido evidente para muchos de los usuarios que los comparan con el que previamente tenían, cuando los EBAIS eran de plena propiedad y ejecución de parte de la Caja. Pero, ¡qué mejor que lo que indica un informe reciente del periódico La Nación del 11 de enero del 2016, bajo el encabezado “Costo de Ebáis de CCSS duplica el de cooperativas: Entidad admite que salarios más altos disparan gastos de operación.”! El estudio hecho por la Gerencia Médica de la Caja en agosto del año pasado, titulado, “Evaluación de costos, desempeño y cobertura general de las áreas de salud administradas por terceros (13 empresas privadas, entre ellas, cooperativas) versus referentes institucionales (6 de la Caja),” llega conclusiones muy importantes, algunas de las cual transcribo: “Los Ebáis (sic) de la Caja tienen una cobertura promedio del 36% de la población meta, mientras que en las cooperativas (empresas privadas) es del 50%... (aquellos; los de la Caja) tienen un indicador de desempeño inferior a los Ebáis en manos de terceros… El análisis de la Caja determinó que 11 áreas de salud administradas por terceros estuvieron calificadas entre los 15 sectores de atención a pacientes más eficientes del país en el 2014….”

Creo que eso es una indicación clara y definitiva de la eficiencia con la cual la empresa privada puede relativamente manejar mejor, los recursos públicos destinados a la salud de la ciudadanía.  

Por ello, expreso mi planteamiento para que la Caja haga el siguiente experimento, con base en los ejemplos del hospital St. Göran de Suecia y de los Ebáis administrados privadamente en Costa Rica.  Que llegue a un acuerdo con algún hospital privado del país, para que a éste lleguen pacientes de la Caja; no se les cobre por los servicios, más que un monto fijo y bajo para evitar los abusos, y que los privados sean quienes lo administren, sujetos a los lineamientos y principios contractuales a que lleguen de acuerdo con hospital. Yo esperaría como resultados una mayor satisfacción de los ciudadanos que somos partícipes del servicio médico de la Caja, reducción significativas de los costos, mejores procedimientos o desempeño en factores de interés y, por supuesto, sujeto a una evaluación constante de lo que tal vez signifique una reforma sustancial positiva de los servicios de salud de la seguridad social del país. Obviamente, nuestra Caja haría bien en obtener una invitación del gobierno sueco para que vayan allá los funcionarios pertinentes y observen in situ cómo es que está funcionado el hospital St. Göran y cuáles son los arreglos institucionalmente hechos que han garantizado su éxito. Me atrevo a afirmar que ésta visita sí sería muy productiva por lo que podemos aprender al respecto.  

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: incentivando las incapacidades

Una información difundida por La Nación del 17 de junio, bajo el encabezado “Empleados públicos se incapacitan cinco veces más que los privados: Diputado Mario Redondo exige cerrar portillos que permiten a funcionarios estatales beneficiarse más”, detalla un problema del cual muchos costarricenses ya habíamos oído hablar: el del abuso que hay por incapacidades en el sector público. Obviamente el tema no es tanto porque haya incapacidades debidamente valederas, lógicas, deseables y necesarias para que las personas recuperen su salud, sino porque, en apariencia, se presenta un claro abuso e inequidad en cuanto a los permisos por incapacidad ¿Estamos claros?

El artículo es interesante, porque brinda datos contundentes de la arbitrariedad. Para ello formula los siguientes cálculos. Primeramente toma el número estimado de empleados públicos en el 2014 -275.000 funcionarios- y luego el número de días en que se incapacitaron en ese mismo período ─1.467.990 días. Esto nos da un promedio aproximado de 5.34 días por empleado público en el 2014.
En segundo lugar, se parte del número de trabajadores privados en el 2014 -1.776.000 empleados- y del número de días que se tomaron como incapacidades en ese año -1.844.000 días-, con lo cual es posible obtener el  promedio aproximado de días por empleado que se tomaron como incapacidad, que es de 1.04 días por empleado.

Es decir, un funcionario público se incapacita por un tiempo de poco más de cinco veces, en comparación a como lo hace uno privado –de hecho 5.13 veces más.  Los datos provienen de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
También el comentario presenta impactantes datos acerca de lo que la CCSS tuvo que pagar por discapacidades en ese año.  Los funcionarios estatales recibieron ₡28.277 millones por esos días (un promedio de ₡102.825 por empleado al año), mientras que los privados recibieron ₡15.200 millones por los días en que se incapacitaron (un promedio de ₡8.559 por empleado en el año). La diferencia se puede explicar, no sólo por el mayor número de incapacidades obtenidas por los empleados públicos en ese año, sino también por los mayores salarios que, en promedio, se ganan en ese sector, en comparación con los de los empleados privados.

En adición a lo anterior, hay otro factor crucial que se debe de tomar en cuenta, en cualquier comparación que se haga de incapacidades de empleados del sector público con las de empleados del sector privado y que, en mi opinión, constituye un incentivo comparativamente mayor para que los primeros tiendan a incapacitarse más que los segundos. Me refiero al pago que, como porcentaje de su salario, recibe un trabajador por el tiempo en que está incapacitado.

Mientras que un empleado público percibe el 100% de su sueldo como incapacidad, con un 60% por parte de la CCSS y un 40% que puede provenir de su patrono -el estado- el empleado privado percibe tan sólo un 60% de su sueldo como incapacidad. Por tanto, en condiciones de igualdad, un empleado público recibe un 40% más de su sueldo como incapacidad, en comparación con un empleado privado. Por lo tanto, hay un mayor “incentivo” monetario para incapacitarse cuando se es empleado público, que cuando se es un empleado privado.

Asimismo, como señala el coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la CCSS, señor Rodrigo Bartels, “los funcionarios estatales se incapacitan más porque pueden cobrar su salario completo, incluso sin pagar por cargas sociales, deudas ni impuestos.” Esto quiere decir que hay otro tratamiento diferencial entre empleados públicos y privados, aparte del monto mayor que los empleados públicos reciben por incapacidad que acabamos de citar, que estimula a que se acuda a obtener una discapacidad. También los empleados del estado no tienen que pagar las cuotas de la CCSS, ni se les practican retenciones por deudas ni por impuestos, en tanto que el empleado privado no tiene tal tratamiento preferencial.

Para fortuna del país, la CCSS ha venido poniendo algún orden en este tema, como lo muestra una menor erogación de ₡3.000 millones en el 2014, comparado con el 2013. Pero la crudeza de la situación; “la verdad verdadera,” como dijo en una ocasión un político nacional, la expone el señor Bartels, cuando enfatiza que “hay un incentivo perverso en el sector público para incapacitarse. Nosotros [CCSS] lo hemos venido denunciando, pero es un tema sensible desde el punto de vista de los derechos adquiridos”, pero que yo más apropiadamente califico de “privilegios adquiridos”. La moda es llamar “derecho” a cualquier prebenda o regalía o privilegio (tal vez subsidios, a los que se les llama derechos) que han sido obtenidos mediante leyes redistributivas que son aprobadas por el estado.

Me explicaré mejor. Un derecho le permite a un individuo actuar, sin que para ello el gobierno sea necesario y sin que pueda intervenir con su fuerza sobre otros individuos. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión no requiere de la acción del estado para que usted pueda ejercerlo, excepto para garantizar su libertad para llevarlo a cabo: no requiere que el gobierno deba intervenir para que usted, forzosamente, lo ejercite, sino que está en su voluntad hacerlo. Son consustanciales al ser humano.

Por otra parte, los privilegios no pueden ser satisfechos más que mediante acciones específicas de un gobierno, las cuales requieren de una intervención forzosa –usualmente mediando impuestos que, por definición, son pagos forzados que se le hacen al estado y que recaen sobre otras personas, además de los beneficiarios de tales “derechos”. Por ejemplo, se suele hablar de derechos a cosas (como a tener una vivienda, a tener un producto específico, o a tener deporte). Por esos no son derechos, sino que mal se les llama así, pues en realidad son subsidios que, de alguna manera, suelen recibir algunos grupos específicos, mediando recursos que provienen de la imposición a las personas. Estos privilegios se otorgan y se revocan por actos del estado. Un privilegio es una excepción a la regla de respetar los derechos de otros individuos en circunstancias específicas: se le extraen obligatoriamente recursos a algunos individuos para dársela a un grupo de otros individuos.

Deseo felicitar al diputado don Mario Redondo, por haber decido entrarle de frente a cerrar los portillos en este asunto de las incapacidades. Ojalá que otros diputados le acompañen en este esfuerzo por ir saneando las finanzas públicas, las de la Caja y para que haya un trato justo e igual a los ciudadanos.

Finalmente, expongo el argumento risible que el diputado del PAC, Marvin Atencio, arguye en defensa del privilegio de los empleados públicos, en comparación con los privados, en el tema de las incapacidades. “Aseguró que las condiciones de trabajo en el sector público son peores que en el privado y adujo que por ello es más frecuente enfermarse.” Pero no comprueba su afirmación, que me parece es gratuita y más bien resalta la incongruencia de diputados de la izquierda -entre otros- que cada rato salen hablando de la explotación de los trabajadores privados, de las malas condiciones en que están e ignoran la realidad de que los empleados públicos, en promedio, perciben salarios mayores que los privados. Pero el papel y la palabrería de señores como esos es lo que abunda y la racionalidad, por contraste, es la que escasea.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: CCSS ¿quo vadis?

La noticia es inefable:  La Caja Costarricense de Seguro Social atrasa estudio clave acerca de la salud financiera del IVM (pensiones). ¿Quién es el responsable de tal desatino?

¿Quién asumirá la responsabilidad de los daños ocasionados con tal atraso? 

Desde que en 1978 se aprobó la Ley General de la Administración Pública, se instituyó la figura de la responsabilidad de la Administración Pública y, en lo específico, la responsabilidad personal del funcionario público  (en los ámbitos civil, administrativo y penal).  ¿Será menester demandar para que en la vía contencioso-administrativa se determine quién debe asumir la responsabilidad?

La sociedad costarricense sufre el drama de regímenes de pensiones con cargo al presupuesto que ahogan la economía pública y promueven la desigualdad y el abuso (privilegios inaceptables).

Ahora, además, de conformidad con la Supervisión de Pensiones, se otea un horizonte nada halagüeño para el régimen común, a cargo de la CCSS.  Desde hace rato se vienen apuntando las falencias del conocido IVM (régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS).    Los administradores de la seguridad social se deshacen en afirmaciones de que todo está bien y no hay porqué alarmarse pero … llegada la hora alguien toma la decisión de no hacer el necesario estudio económico.

No se debe olvidar que el IVM ha ido deteriorándose por causas diversas:  administración e inflación, sumadas a otras cuestiones (que el estudio podría determinar), ponen en peligro el futuro de las pensiones. No hay que olvidar, además, que el IVM también recibe una significativa contribución estatal (además de su contribución como patrono, el Estado debe aportar una tercera parte de los dineros).   Es innegable que es de interés público determinar situación exacta del IVM y ahora resulta que la Administración de la CCSS retrasa tal estudio.  ¡No hay excusa ni justificación válida!  Tal retraso es doloso y pone en riesgo el régimen y las pensiones de la mayoría de los costarricenses.

¿Qué se quiere esconder?  ¿Habrá que ir a los tribunales contencioso-administrativos a dilucidar la situación y las responsabilidades?  ¿Estarán los tribunales en actitud de reconocer la responsabilidad de la administración y la personal de los administradores responsables?

Debemos recordar que el IVM fue concebido como un régimen de capitalización (los aportes se invertirían para generar ingresos) y que los trucos de algunos, la inflación y la administración han terminado convirtiéndole en un régimen de puro reparto.  ¿Hay futuro para las pensiones de la CCSS?  ¿Cuánto nos va a costar sanear el régimen?  ¿Cuáles son las soluciones más racionales y justas?

¡Qué vaina no poder determinar acciones eficaces si la propia Administración de la CCSS retrasa los estudios requeridos!

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: en camino hacia la destrucción del país

Es inconcebible y aberrante la percepción de ciertos gremios sindicales, unidos a algunos grupos políticos, quienes creen que nuestro país nada en la abundancia, de manera que un óleo de dinero de todos nosotros hacia ellos no tendrá consecuencia alguna.

Dicha irresponsabilidad ronda los salones de la Asamblea Legislativa, pues ya está presentado un proyecto de ley, mediante el cual se devolverá a 4.000 maestros al sistema privilegiado de pensiones del magisterio, provenientes del régimen de la Caja, al cual se habían trasladado voluntariamente con anterioridad. Esto así puede sonar muy bonito, como para decir que por qué no habría de aprobarse en la Asamblea Legislativa, especialmente por aquello de hacer “justicia social”. Sin embargo, tiene el “pequeñísimo” inconveniente de que le costará al país, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la “fruslería” de ₡505.000 millones al erario costarricense. ¡Casi nada! Pongamos su plenitud en números; uno tras de otro: 505.000.000.000 colones. Por supuesto que, según los proponentes del proyecto, el monto sería menor, pero, vean cuánto menos: ₡250.000 millones. ¡Por dicha que es tan sólo la mitad de lo que nos dijo Hacienda! Pero, aun así, es un montón de plata que los costarricenses tendremos que sufragar, por medio de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, con impuestos, a fin de amamantar a un gremio que ya de por sí es privilegiado.

En vez de proceder a resolver la grave situación en que se encuentran los regímenes estatales de pensiones, de aprobarse el proyecto de ley de marras, lo que se logrará es su agravamiento, pues, con aquél, tan sólo la Caja Costarricense de Seguro Social dejaría de percibir una suma multimillonaria, pues incluso esa propia entidad señala que la migración no sería de 4.000 maestros, sino de 8.000.

¿Por qué tanto apuro para volver al régimen de pensiones del magisterio, en vez de permanecer en el de la Caja? La posible explicación es que en el régimen del magisterio, cuando los maestros se pensionan, recibirán el 80% del promedio de sus 48 mejores sueldos percibidos, en tanto que en el régimen de pensiones de la Caja -el de la mayoría de los mortales que formamos parte de él- tan solo obtendrán como pensión un 60% del promedio de los mejores 48 salarios recibidos. 

Lo expuesto en el párrafo inmediato anterior debe llamar nuestra atención, porque en la actualidad dos importantes fracciones políticas de la Asamblea Legislativa, la del Partido Liberación Nacional y la del Frente Amplio, han dicho que respaldan ese traspaso de regímenes de pensiones por los educadores, pero ambas son fracciones que todo el tiempo se rasgan sus vestiduras, desjarretándose cada vez que pueden, para decirnos que apoyan el fortalecimiento de la Caja del Seguro Social. Hipocresía y falsedad es lo que demuestran con los hechos y no con las palabras.

El país debe evolucionar hacia un sistema público de pensiones único, universal, sin diferencias, como sucede hoy, entre muchos de ellos (el de la Corte, el del magisterio, el de Hacienda, el de la Asamblea y el de Correos, creo que entre otros). Si los trabajadores de alguna de esas entidades que tienen regímenes especiales de pensiones desean algo diferente (mayores beneficios, por ejemplo), que lo que obtendrían con la Caja, pues que hagan un régimen aparte, sufragado, eso sí, estrictamente por ellos y no con fondos provenientes de todos nosotros. De esa manera obtendrían lo que desean y están dispuestos a pagar por ello. Nada impediría que coticen para el obligatorio de la Caja y que, por otro lado, además aporten lo que corresponda para su propio régimen exclusivo.  De tal manera se evitaría que, por movidas como las que pretenden lograr en la Asamblea Legislativa, se termine por empujar a la quiebra a nuestro ya de por sí frágil sistema de pensiones de la Caja, así como a toda la hacienda pública. 

He señalado que la posición expresada por ciertas fracciones ante este proyecto de ley es simplemente hipocresía manifiesta. Durante el gobierno anterior del Partido Liberación Nacional, como sus autoridades se daban cuenta de que la aprobación del proyecto de referencia ocasionaría un grave daño a las finanzas de su gobierno, se opusieron firmemente a aquél. Ahora, ya en la oposición, la fracción de ese mismo Partido Liberación apoya su aprobación por la Asamblea Legislativa. Es decir, ya no les importa un bledo que cause una seria lesión a las finanzas del estado, sino que, por el contrario, se afecte la gestión financiero-económica de un gobierno que no es de su color político.

Por ello es que creo que hay algo más de fondo en todo este asunto, pero bien podría ser que estoy equivocado. Ese apoyo legislativo del PLN y del FA hacia la presión de los gremios magisteriales para que se les apruebe el retorno hacia su régimen privilegiado de pensiones, lo dan para retribuir a los sindicatos magisteriales por la tan politizada e insensata huelga que llevaron a cabo hace poco tiempo contra el gobierno recién estrenado y oponente de aquellos dos grupos políticos. Es un “pago” por haberse enfrentado al gobierno del señor Solís con la huelga de los maestros y así avanzar sus propios designios políticos en el marco de un gobierno debilitado por dicho paro.

El problema es que, con ese jueguito político de tan baja ralea, los perdidosos terminaremos, como siempre, siendo el resto de la ciudadanía, quien con la aprobación del proyecto en mención tendrá que pagar más y mayores impuestos, simplemente para evitar que con aquella decisión aumente aún más nuestro ya desmesurado déficit gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las facturas falsas de la CCSS

Tal vez el título de arriba no sea el más adecuado, porque el posible fraude a la Caja Costarricense de Seguro Social bien podría ir más allá de un simple intento de cobro indebido, mediante el uso de facturas falsificadas. Lo que por fin sucedió –algo tardíamente como, en mi opinión, suele suceder- fue el allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República de las instalaciones de la firma privada presuntamente involucrada, así como de algunos importantes hospitales nacionales, como el Calderón Guardia y de la misma Caja en el centro de San José, en busca de la documentación necesaria que permita determinar la existencia y naturaleza del posible delito cometido o que se ha intentado cometer. Francamente, no sé si la Fiscalía encontrará toda la documentación requerida, porque ha pasado ya tiempo suficiente desde que se hizo pública la noticia, como para que alguna mano maligna pueda haberse deshecho de la papelería, que podría demostrar la evidencia de un delito. Pero, como que es así la forma en que funcionan estas cosas de investigación y con lo cual yo no estoy familiarizado.

Los montos que se han señalado del posible intento de fraude a la Caja son sumamente elevados. Se ha indicado, de manera pública, que las 1022 facturas presentadas al cobro a la Caja, por servicios que presuntamente prestó a esa entidad la compañía Synthes, son falsas. Se trata de supuestas adquisiciones de tornillos, clavos y placas ortopédicas adquiridas por el Hospital Calderón Guardia, tan sólo en el 2010 y en el 2011. Sobre esto ha salido, en los medios escritos y televisados, que se insertaron en pacientes que nada tenían que ver con asuntos de ortopedia, sino que tan sólo habían sido objeto de tratamientos médicos que no requerían del empleo de esos repuestos metálicos, como es el caso de pacientes de maternidad, de ojos, urología y otras cosas similares, que no están relacionadas de manera alguna con aspectos de la ortopedia. También se han mostrado facturas de pacientes de la Caja inexistentes, quienes incluso han dicho, en vivo y a todo color en la televisión, que no han sido operados en aquel hospital e incluso que allí nunca han sido intervenidos quirúrgicamente. Además, entre los supuestamente operados, en donde se indica que hubo colocación de prótesis, se han brindado nombres de personas que, en el presunto entonces en que recibieron el tratamiento de implantes ortopédicos, ya estaban fallecidas. (Es tan parecido a los pagos que se hizo de sueldos a maestros ya muertos, como sucedió, según las denuncias públicas, en torno a las famosas planillas del Ministerio de Educación ¿Qué está esperando el Ministerio Público para intervenir?).

Observen que el monto que públicamente se ha dicho que se pasó a cobro y que, afortunadamente, no fue pagado, se refiere tan sólo al Hospital Calderón Guardia y para los años 2010 y 2011. La pregunta elemental, de cualquier Watson aficionado, es si también ha sucedido algo similar en otros hospitales, pues la firma que notoriamente se ha mencionado, es también proveedora de todo el sistema hospitalario de la Caja; que creo que comprende a unos 30 hospitales. Pero, asimismo, debe uno preguntarse si el acto cuestionado se dio en épocas diferentes a aquellos dos únicos años por los cuales se le pasó el cobro a la Caja. No hay duda que el trabajo de averiguación va a ser muy grande, pero parece posible que los presuntos montos involucrados resulten ser mucho mayores, que los citados 2.000 millones de colones en cobros aparentemente falsos a la Caja.

Personalmente no conozco al doctor Raúl Valverde Robert, quien ha dicho haber sido la persona que se enteró en diciembre del 2011, del cobro presentado en setiembre del 2011 al Hospital Calderón Guardia, por aquellas 1000 y pico de facturas de los años 2010 y 2011. En una entrevista en el periódico La Nación, del 12 de junio, señala el doctor Valverde Robert, Jefe de Cirugía del Calderón Guardia, que “desde el 2011 le estoy gritando a mi superior” acerca del presunto intento de fraude y que no es sino “hasta el 24 de setiembre (del 2013 cuando se inicia) la investigación” en el Calderón Guardia (casi dos años después). Además, que fue “hasta el 17 de enero” de este año cuando “se pone la denuncia ante el Ministerio Público”. 

Lo sorprendente es que el funcionario, quien aparentemente puso inicialmente la denuncia, fue suspendido en sus funciones el 14 de marzo de este año, por las autoridades del Hospital de ese entonces. Ante la pregunta del periodista de La Nación de “¿Por qué lo suspenden?”, responde el Dr. Valverde: “Habían llegado varias personas y me dijeron: ‘Mirá, estás molestando mucho y te van a suspender (...)’. Eso me dio chance de fotocopiar documentación para evitar que se desaparecieran ciertos documentos.”

Las investigaciones necesarias y por distintos cuerpos públicos especializados están proceso, pero no parece que la mejor medida haya sido la de suspender al funcionario que precisamente ha formulado estas denuncias. Dicha actitud, que sin problema alguien podría calificar como una aparente revancha por las denuncias expuestas por doctor Valverde, nos debe de preocupar mucho a todos los costarricenses, pues no parece ser tan necesaria esa reprimenda de quien podría, por la evidencia surgida, no ser más que un informante que destapa la olla (lo que en inglés llaman “whistleblower”; esto es, “el que toca el pito para avisar que algo incorrecto o ilegal se lleva a cabo”). Todo esto deberá quedar muy claro.

Si lo expuesto por el doctor Valverde es cierto –y al momento no tengo razones de por qué dudar de ello- entonces, el país debe estarle agradecido por haber sacado a la luz un negociado aparentemente indecente, inmoral y objeto de un delito que ocasiona un fuerte daño al erario público por tan elevada cuantía. Como siempre, ello terminará siendo pagado por los bolsillos de todos los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: el drama de Ester

No me refiero a la bíblica Ester o Hadassa, a la Estrella de la Noche que da lugar al “Libro de Ester”. Me refiero a una amiga, quien decidió que debía tomar el seguro voluntario de la CCSS, en razón de que ya no estaba laborando y tenía un nuevo hijo.

Consciente de sus obligaciones, deberes y derechos se dirigió a la más cercana sucursal de la CCSS, la que está ubicada en Tres Ríos, para empadronarse como asegurada voluntaria. Luego de una larga fila (más bien cola) se le indicó que por su domicilio le correspondía hacer la solicitud en las oficinas centrales.  O sea, día perdido.

Al día siguiente se apuntó a la cola correspondiente en las oficinas de la CCSS en San José:  luego de cinco horas obtuvo una cita para otro día. El día de su cita no estuvo exento de filas, también hubo de hacerla y, luego de aportar varios documentos (el formulario no decía que fuesen obligatorios sino “deseables”), el funcionario correspondiente la remitió al Ministerio de Hacienda para que obtuviese otro documento que demostrara que era “digna” de un seguro voluntario. Ester protestó, ya llevaba demasiado tiempo en el asunto.  Él le replicó:  -vea que el Ministerio de Hacienda queda aquí nomás- le dijo.  –Son apenas cien varas, en el antiguo Banco Anglo, vaya por la certificación y la trae. 
Ella insistió en que se trataba de algo “deseable” más no obligatorio.  Él reiteró su argumento de que debía demostrar ser “digna” del seguro voluntario.

Finalmente, Ester subió la cuesta y fue al Ministerio de los Impuestos.  Allí le dijeron que ese trámite no era en esas oficinas sino en el “Outlet”. Se devolvió a las oficinas de la CCSS y luego de varias horas más (mucha paciencia), culminó sus trámites. Entonces falló el sistema (expresión recurrente en la Administración pública) y tuvo que terminar sus vueltas en las cajas del BCR.

Finalmente, cuenta Ester, tuvo que invertir como tres días en las vueltas correspondientes.  Una verdadera ordalía o ejemplo cotidiano del modus burocraticus.  Tramitopatía rampante que mata a nuestro país y que nos condena al perpetuo subdesarrollo.

Once mil empleados de más que funcionan como lastre en la CCSS, que la hunden económicamente y que se ensañan con el administrado.

Cual “Amán” (el enemigo de Dios que ansiaba matar a los judíos) el ejército burocrático se ensaña con los administrados.  Ojalá aparezca un rey Asuero (Jerjes) que vindique a  Ester y a los administrados costarricenses de la opresión y la enfermiza tramitomanía.

Ningún ciudadano debe ser tratado como ha sido tratada Ester.  La situación es grave pues se trata de una madre de dos hijos, uno de ellos de unos pocos meses, que tiene conciencia de sus deberes ciudadanos y de la necesidad de estar asegurada.  

Es obvio que una cosa es lo que dicen los jerarcas de la Administración pública y muy diferente la práctica cotidiana de la burocracia tramitómana.

El vicio, por supuesto, se extiende a toda la Administración, en especial a las áreas en que no hay como aplicar el silencio positivo o la responsabilidad personal.  En administraciones como Conesup o en las que hay temas ambientales, los ciudadanos se cansan de esperar resoluciones oportunas y cabales. 
En otras Administraciones es obvio que están divorciados de los derechos ciudadanos, que no hay oído hablar del derecho de petición, que no tienen conciencia del debido proceso y que no entienden que obstaculizan el progreso.  

¡No vengan luego a pregonar que les interesa la solidaridad, que velan por la salud de todos, que les interesa el progreso de la sociedad!  ¡Obras son amores …!

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el desperdicio de recursos públicos

He dedicado varias columnas previas al desperdicio de recursos de parte del estado costarricense.  En esta ocasión presentaré más casos de expensas públicas, que habrán de ser cubiertas por la ciudadanía, ya sea mediante impuestos, alzas en las tarifas de servicios públicos, el endeudamientos estatal o por inflación.

Primero. Una reciente resolución de la Sala Constitucional. Dicho tribunal fijó un tope de ¢1.4 millones a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, sistema que cubre la mayor parte de las pensiones del país. Es interesante ver que la resolución dejó abierto el tope para las pensiones, en el caso de los empleados del Poder Judicial. Esto es, no afectó “a los de la casa”, a pesar de que algunas de ellas, especialmente de magistrados, que incluye a los de la propia Sala Constitucional, poseen los más elevados montos  de pensión en el país.  Agregue a esto que el fondo de pensiones del Poder Judicial se encuentra en un estado casi de quiebra, a no ser que, como posiblemente sucederá, el faltante será cubierto cargándoselo a los presupuestos del gobierno.  Esto es, seríamos todos los ciudadanos los que terminaremos pagándoles su retiro a los pensionados del Poder Judicial.

Segundo. Habrán notado la publicidad de RECOPE en la televisión.  Se trata de enterarnos a los ciudadanos de lo admirable que ha sido la gestión de esa entidad en los últimos 50 años. En una primera parte de la cargada publicitaria, antes de la limitación impuesta por la Contraloría al proyecto de refinería china, se hacía alusión a ese proyecto, entonces en boga. Después del frenazo legal, en una segunda etapa la publicidad omite referirse a la muestra más reciente de incapacidad mostrada por RECOPE, en sus 50 años de existencia. Me imagino que ese cambio en la publicidad podría deberse a que a sus jerarcas les debe dar algo de vergüenza por la incapacidad con que actuaron.  Lástima que, en su propósito de enmienda disfrazado, no aprovecharon para hablarnos de los privilegios de una convención colectiva que hoy pagamos todos los ciudadanos, ni tampoco de cómo los impuestos sobre los combustibles han hecho de RECOPE una simple caja chica para el estado costarricense, ni tampoco, por supuesto, de cómo es que al consumidor costarricense le afecta la existencia de ese monopolio gubernamental.

Tercero. Es increíble, pero de nuevo tengo que referirme al gasto de reparación de la platina. Ello porque antes, en un comentario escrito hace varias semanas en esta columna, me había referido a que el costo actualizado de la nueva reparación de la platina ascendería, según estimaciones oficiales, a la bicoca de unos $7 millones, a pesar de que las ofertas de reparación recibidas señalaban unos $8.4 millones. Lo asombroso del caso es que ahora se ha descubierto que los ingenieros y economistas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), habían dejado de presupuestar un monto de $400.000 (aproximadamente unos dos mil millones de colones), correspondientes a la partida de imprevistos.  Cualquier funcionario medianamente preparado sabe que, al formular el presupuesto de gastos de un proyecto, siempre se debe considerar una partida para imprevistos, en donde lo usual suele ser un 10% del costo del proyecto. El grosso error ha sido admitido por CONAVI, pero casi que les apuesto que nada les va a pasar a quienes lo cometieron (tal vez una palmadita en la mano, pues seremos todos los ciudadanos los que pagaremos por esa metida de patas).

Cuarto. El obispo policial. La vice Ministra de Seguridad, Marcela Chacón, le pidió al Nuncio Apostólico y a la Conferencia Episcopal, que el Papa nombrara un obispo policial, así como cuatro capellanes más para la policía nacional.  Esto en adición a un vicario general y 17 capellanes ya existentes.  Los gastos de esos nuevos funcionarios serían también cubiertos por toda la ciudadanía, a través del presupuesto de la República. ¿Será que ahora abunda la plata en el Ministerio de Seguridad proveniente del inequitativo impuesto a las sociedades anónimas, cuya recaudación estaba destinada a mejorar la seguridad ciudadana? Me parece que hay necesidades mayores en dicho ministerio o bien en nuestras cárceles, como para dedicar los recursos escasos a un asunto personal religioso.

Quinto. En la ARESEP se hacen mal los cálculos.  Resulta que a los ciudadanos se les había anunciado que en estos días habría una rebaja de ¢4 colones por litro de los diferentes tipos de combustibles, supuestamente como resultado de un estudio realizado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). La rebaja se debía a que, según nos habían dicho, la entidad se había excedido en los márgenes de utilidad regulados de las empresas distribuidoras de combustibles. Ante la justa protesta de los gasolineros por la reducción del margen de ganancias que definió la ARESEP, se descubrió que ésta había calculado mal los márgenes y que, en vez de una rebaja, lo procedente más bien era un aumento en el precio de los combustibles de ¢5 colones por litro. Esto es, el costo para los consumidores dio una voltereta de ¢9 colones adicionales por litro durante 22 meses.  Lo sucedido no es más que una muestra adicional a la chapucería con que se hacen los estudios “técnicos” en la ARESEP.

Ya los jerarcas de esa entidad han dicho que aceptan la responsabilidad por lo sucedido. ¡Qué bueno! Pero allí no deben quedar las cosas, pues los responsables de que ahora todos los ciudadanos tengamos que cargar con la incapacidad de hacer bien los cálculos, deben ser asumidos por quienes los hicieron mal. Se trata, una vez más, de una charlatanería en acción. Simplemente creen resolverla pasándoles la factura a los usuarios.

Jorge Corrales Quesada